title: Golpe de Estado en España de 1981

text: El ministro del Ejército, teniente general Félix Álvarez-Arenas Pacheco, declaró que se le había mantenido «sin información y marginado» y envió una nota a todos los oficiales y suboficiales del Ejército en la que se hacía eco de la «profunda y unánime repulsa» del Ejército por la legalización del PCE, «hecho consumado que admite disciplinariamente». Ese mismo jueves, 14 de abril, el Gabinete de Prensa del Ministerio del Ejército hacía pública una nota en la que se daba cuenta de los acuerdos tomados en la reunión del Consejo Superior del Ejército. En ella se decía que «la legalización del PC ha producido una repulsa general en todos las unidades el Ejército. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado». Y a continuación se decía: «El Consejo estima debe informarse al Gobierno de que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas». Al día siguiente, viernes 15 de abril, todos los periódicos publicaban la nota, pero el diario ultraderechista "El Alcázar", que la insertaba en primera página con el titular «La declaración del Consejo Superior del Ejército. Advertencia al Gobierno», le había añadido dos párrafos, que constituían, según el diario, la «versión oficiosa» de lo acordado por el Consejo Superior del Ejército. Los dos párrafos añadidos decían:


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text: Al día siguiente, sábado 16 de abril, la nota publicada por "El Alcázar" era desautorizada por el ministerio del Ejército (y el propio ministro rectificaba la nota interna con un nuevo contenido conciliador). Cuatro días después eran destituidos los dos militares adscritos a la Sección Militar y Técnica del ministerio responsables de haber difundido la «versión oficiosa». Además el diario "El Alcázar" fue obligado a rectificar su información por orden del Ministerio de Información y Turismo. Según Roberto Muñoz Bolaños, los altos mandos militares enviaron una dura nota de protesta al rey y a Adolfo Suárez, algunos de cuyos párrafos coinciden con la «versión oficiosa» publicada por "El Alcázar" («Hacer llegar a S. M. el Rey directamente el disgusto del Ejército y que su figura se está deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno»; «que es inadmisible que por un "error administrativo" se tenga al ministro del Ejército en la ignorancia de una decisión trascendental»; «que se adopten las medidas para que por ningún medio se ataque: LA UNIDAD DE LA PATRIA, LA CORONA Y A LAS FUERZAS ARMADAS, que están dispuestas a defender por todos sus medios»). Tras recibir la nota el rey ordenó al general Alfonso Armada, secretario de la Casa Real, que se informara de lo tratado en el Consejo Superior del Ejército y este tras hablar con los presentes le informó a don Juan Carlos que existía una fuerte desconfianza hacia el Gobierno que también afectaba al monarca. En un documento confidencial elaborado por los servicios de información del Ejército sobre los «estados de opinión» de las unidades militares de la I Región Militar se decía que existía «una total indignación ante la sensación de haber sido engañados» por el presidente del Gobierno.


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text: Como ha destacado Santos Juliá, la legalización del PCE se convirtió en un «punto neurálgico de la transición» porque «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la guerra civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario». El Partido Comunista como contrapartida tuvo que aceptar la monarquía como forma de gobierno y la bandera rojigualda, y las banderas republicanas desaparecieron de sus mítines. El 13 de mayo aterrizaba en Madrid el avión procedente de Moscú que llevaba a bordo a Dolores Ibárruri, la "Pasionaria", que volvía a España después de un exilio de 38 años. Pero tras la legalización del PCE, los militares «nunca volvieron a fiarse de Suárez ni del general Gutiérrez Mellado» y fue a partir de entonces cuando empezó a fraguarse el golpe del 23-F «porque los militares no le perdonaron a Suárez la legalización de los comunistas». Una posición similar es la que sostiene Roberto Muñoz Bolaños («Los militares jamás volvieron a confiar en Suárez… De hecho, las futuras operaciones involucionistas tuvieron su origen en ese momento») pero añade que la decisión de legalizar al PCE «provocó, igualmente, que Suárez se enemistara con la élite política y económica conservadora…».


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text: Para intentar paralizar la transición la extrema derecha neofranquista puso sus máximas esperanzas en que los sectores involucionistas del Ejército se embarcasen en un intento de golpe de Estado. Para ello desarrolló una «estrategia de la tensión» que crease (o acrecentase) la percepción social de inseguridad, desorden e inestabilidad que lo justificara. A diferencia de Italia y de algunos países latinoamericanos donde también se había llevado a cabo para intentar derribar a los gobiernos democráticos, la extrema derecha española no tuvo que recurrir a acciones de tipo terrorista, pues ya existían los atentados del GRAPO y, sobre todo, de ETA. Solo tuvo que instrumentalizarlos «presentándolos como expresión de un supuesto vacío de poder». La otra cara de la «estrategia de la tensión» consistió en presionar a un sector de las Fuerzas Armadas a dar un «golpe de timón» (salida blanda) o, preferiblemente, un golpe de Estado (salida dura).


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text: En la creación del «ambiente» de inseguridad desempeñaron un importante papel los periódicos ultraderechistas, entre los que destacaron "El Alcázar", dirigido desde julio de 1977 por Antonio Izquierdo, muy vinculado al exministro «ultra» y líder de la neofranquista Confederación Nacional de Excombatientes José Antonio Girón de Velasco, quien dijo que "El Alcázar" era «un periódico que asume la honrosa tarea de simbolizar a las fuerzas nacionales» (en 1980 vendía casi 80000 ejemplares diarios); y "El Imparcial", fundado en diciembre de 1977 y cuyo primer director fue Emilio Romero, siendo sustituido casi un año después por Julio Merino, quien en junio de 1979 abandonó "El Imparcial" para pasar a fundar y dirigir en abril de 1980 el semanario progolpista "Heraldo Español" ("El Imparcial" cerró por dificultades económicas en diciembre de 1979 y durante el tiempo que estuvo en la calle se alineó con la neofranquista Fuerza Nueva y se volcó en elogios hacia su máximo dirigente Blas Piñar, «el único líder no marxista que tiene España»; además apoyó las celebraciones del «20N» y también abrió sus páginas a la Asociación Cultural de Mujeres de Militares, Guardia Civil y Policía Nacional, presidida por la esposa del capitán de navío Camilo Menéndez Vives ―involucrado en el 23-F―, y que reclamaba la restauración de la pena de muerte y la competencia de la jurisdicción militar sobre los actos terroristas, como en el franquismo). Otro medio progolpista era la revista militar "Reconquista", cuyo redactor jefe era el comandante Ricardo Pardo Zancada (que participó en el 23-F) y el general Alfonso Armada (uno de los cabecillas del 23-F) formaba parte de su consejo de dirección. La táctica utilizada por estos medios de prensa «abundaba en la manipulación informativa mediante el falseamiento, deformación o simple omisión de la información, haciendo uso de “datos” no demostrados para sembrar el desconcierto, o incluso aprovechando hechos verídicos para deformar deliberadamente su contenido real y provocar en los lectores sentimientos antidemocráticos». Estos medios ultraderechistas no son muchos, pero son importantes porque «son casi los únicos que entran en los cuarteles, persuadiendo a los militares de que la situación es todavía peor de lo que es».


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text: En un informe confidencial de mayo de 1979 dirigido al Gobierno sobre la «estrategia de la tensión» puesta en marcha por la prensa de extrema derecha, concretamente por "El Imparcial", y sobre su impacto sobre los militares se decía:


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text: El primer momento en que se puso en evidencia la «estrategia de la tensión» fue la última semana del mes de enero de 1977 —la "semana trágica" de la transición o los "Siete días de enero"—. Mes y medio antes se había aprobado en referéndum la Ley para la Reforma Política que abría las puertas a la convocatoria de las primeras elecciones democráticas desde 1936. La primera provocación se produjo el 23 de enero en la Gran Vía de Madrid, cuando un estudiante, Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación proamnistía era asesinado por unos matones del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva —el capitán general de Madrid en funciones Jaime Milans del Bosch había ordenado el día antes que se alertase a una compañía de Operaciones Especiales por si las fuerzas de orden público se veían desbordadas—. Al día siguiente, 24 de enero, en la manifestación de protesta por el crimen murió una de los participantes, María Luz Nájera, a causa de un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios, y por la noche se produjo el hecho más grave: pistoleros «ultras» irrumpieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a «comisiones obreras» y al Partido Comunista, sito en la calle de Atocha de Madrid, y pusieron contra la pared a ocho de ellos y a un conserje, disparando a continuación. Cinco miembros del bufete murieron en el acto y cuatro fueron gravemente heridos. Entre los asesinos había dos jóvenes vinculados a Fuerza Nueva. El mismo día de la que sería conocida como la «Matanza de Atocha» los GRAPO, que como la extrema derecha —pero por razones contrarias— también querían detener el proceso de transición política, habían secuestrado por la mañana al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa Quilis —mientras todavía mantenían secuestrado a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado—. El 25 los GRAPO asesinaron a dos policías y un guardia civil.


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text: En el funeral por los policías asesinados, celebrado el 29 de enero, se produjeron unos graves incidentes durante los cuales fue increpado el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno. Cuando salían los féretros del Hospital Militar Gómez Ulla un grupo de civiles y de militares comenzaron a cantar el himno de Infantería, lo que dio lugar a que Gutiérrez Mellado ordenara: «Todo el que lleve uniforme, firmes, y el que sepa y quiera que rece». Lo que fue contestado inmediatamente por el capitán de navío Camilo Menéndez (implicado más adelante en el 23-F): «Por encima de la disciplina está el honor». A continuación se produjo un forcejeo y se pudieron escuchar varios gritos de «¡Gobierno dimisión!» y «¡Traidores!» (la insubordinación del capitán Menéndez solo sería sancionada por falta leve). El 11 de febrero serían liberados los dos secuestrados, Villaescusa y Oriol, en una operación de la policía dirigida por un conocido comisario franquista, Roberto Conesa. El entonces ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa reconoció años después: «Yo tengo que decir que el único momento en el que yo vi el proceso político amenazado fue justamente la semana final de enero».


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text: Tras los «siete días de enero» el proceso de transición continuó y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las ganó Unión de Centro Democrático, encabezada por el presidente Suárez, aunque no consiguió la mayoría absoluta. Las Cortes surgidas de esas elecciones comenzaron a elaborar la nueva Constitución. Entre el 13 y el 16 de septiembre se reunieron en Játiva (o en Jávea, según otras versiones) varios generales convocados por el exvicepresidente del Gobierno, teniente general Fernando de Santiago —que dimitió por su desacuerdo con la «reforma política»—, aprovechando que todos ellos veraneaban por la zona. Según Paul Preston, asistieron dos exministros franquistas del Ejército, tenientes generales Antonio Barroso y Sánchez Guerra y Francisco Coloma Gallegos, y el único de la monarquía, Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, y tres generales «ultras»: Carlos Iniesta Cano, Ángel Campano López y Jaime Milans del Bosch. Charles Powell, por su parte, afirma que asistieron «media docena de generales en la reserva de ideología ultraderechista, entre ellos varios ex ministros» (de los que solo da el nombre de Álvarez-Arenas). En lo que sí coinciden Preston y Powell (y también Francisco Alía Miranda) es en que en la reunión se redactó un memorándum que pretendían hacer llegar al rey y al conjunto de las Fuerzas Armadas en el que mostraban su descontento con la evolución política. Según Preston, el documento pedía al rey que pusiera «el espíritu de orden, disciplina y seguridad nacional por encima del mal llamado orden constitucional», y que formara un gobierno de «salvación nacional» presidido por De Santiago, o cuando menos que cesara a Adolfo Suárez y suspendiera el Parlamento durante dos años. El memorándum contenía una amenaza de golpe militar incruento «incluso contra la Corona». Desde el Ministerio de Defensa se negó que tal memorando se hubiera presentado al rey e incluso se puso en duda su existencia. Sin embargo, poco tiempo después Milans del Bosch era sustituido por Antonio Pacual Galmés al frente de la estratégica División Acorazada Brunete (DAC), y como compensación fue nombrado capitán general de la III Región Militar con sede en Valencia —desde donde dirigiría el golpe del «23-F»—. Simultáneamente, Guillermo Quintana Lacaci tomó posesión de Capitanía general de Madrid, de la que dependía la DAC, lo que se demostraría como un gran acierto durante el «23-F».


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text: Roberto Muñoz Bolaños considera que la reunión de Játiva no tuvo lugar, pero sí que hubo varias reuniones en Jávea «en el verano de 1977» en las que participaron de forma regular los generales de Artillería Álvaro de Lacalle Leloup, Esquivias Franco y Víctor Castro Sanmartín —«que se caracterizaban por su posición crítica con el proceso de cambio político y tenían una estrecha relación con otro artillero, Alfonso Armada»— y a las que asistieron ocasionalmente Jaime Milans del Bosch y el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Miguel Vega Rodríguez.


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text: La tramitación por las Cortes de la Ley de Amnistía, que sería aprobada en octubre de 1977, provocó un grave conflicto con los militares cuando se conoció que el proyecto de ley incluía el regreso al Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática. La presión del Ejército fue tan grande que finalmente no se aprobó esa medida. En el artículo 6 se decía: «Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación». Según Roberto Muñoz Bolaños, fueron tres las razones por las que en la ley de amnistía no se permitió, como ya había sucedido en la amnistía parcial aprobada en julio de 1976, que los miembros de la UMD que habían sido condenados y expulsados de las Fuerzas Armadas pudieran reingresar: el rechazo generalizado de los militares a tal medida, la palabra dada por Gutiérrez Mellado de que la reincorporación no se produciría y el empeño del Gobierno en mantener la unidad de las Fuerzas Armadas, «evitando cualquier problema que pudiese ponerla en peligro». Charles Powell ha destacado que «ésta fue la única vez que los militares ejercieron con éxito una presión concertada, oponiéndose a una decisión emanada del poder civil; si tuvo el efecto deseado, ello se debió a que afectaba a un asunto que consideraban propio, y a la existencia de un consenso interno casi unánime al respecto».


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text: Tres años más tarde, en junio de 1980, todos los grupos parlamentarios, excepto Coordinación Democrática, presentaron una proposición de ley que rectificaba la Ley de Amnistía de 1977 y permitía el reingreso en el Ejército de los militares condenados de la UMD. La reacción en contra de los militares fue fulminante —«se decía que la indignación en los cuartos de banderas era aún mayor de lo que había sido tras la legalización del PCE»—, pero la respuesta más contundente fue la del vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado que amenazó con dimitir si se aprobaba. En una carta que dirigió al propio Gobierno y al partido que lo sustentaba, Unión de Centro Democrático (UCD), expuso sus argumentos y finalmente su opinión prevaleció y la proposición de ley fue retirada. En la carta decía lo siguiente:


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text: Un par de semanas antes del 6 de diciembre de 1978 en que se iba a celebrar el Referéndum para la ratificación de la Constitución española la policía desarticulaba la «Operación Galaxia», una intentona golpista contra el Gobierno de Adolfo Suárez, la primera operación golpista de la Transición. Su principal responsable, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero (quien dirigiría el asalto al Congreso de los Diputados en el 23F), solo fue condenado a siete meses de arresto, por lo que recobró inmediatamente la libertad, ya que los había cumplido mientras se celebraba el consejo de guerra. Según Paul Preston, «fue un intento malamente improvisado de reforzar los planes inicialmente planteados en la reunión de generales de Játiva/Jávea catorce meses antes».


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text: La «Operación Galaxia», llamada así por el nombre de la cafetería del barrio madrileño de Moncloa donde los dos principales cabecillas (el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez) se reunieron el sábado 11 de noviembre de 1978 con tres oficiales del Ejército destinados en la Policía Nacional, consistía en el asalto por una fuerza de unos doscientos hombres del Palacio de la Moncloa, nueva sede de la Presidencia del Gobierno, el viernes 17 de noviembre cuando el Consejo de Ministros estuviera reunido (y aprovechando que el rey se encontraría de viaje oficial en México; y también que el general Gutiérrez Mellado estaría de visita en la III Región Militar y que gran cantidad de fascistas iban a congregarse en la capital con motivo del «20-N»). Paralelamente se ocuparían los puntos neurálgicos de Madrid. El vacío de poder creado por el secuestro del presidente Suárez y de su gobierno sería el pretexto para que se formara un Gobierno de salvación nacional, que paralizara el proceso constituyente. El plan se desbarató porque uno de los tres oficiales del Ejército que asistieron a la reunión lo denunció a sus superiores el 15 de noviembre. Al día siguiente, tras reforzarse la seguridad del Palacio de la Moncloa, Tejero e Ynestrillas eran detenidos mientras la prensa relataba el plan golpista. El 19 de noviembre el diario "El País" informaba de la reunión que habían mantenido la noche del 16 al 17 el rey, Suárez y Gutiérrez Mellado para evaluar la gravedad de la situación y decidir si Juan CarlosI debía suspender su viaje a México, lo que finalmente no se produjo (allí el rey se encontró con Dolores Rivas Cherif, viuda de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República). El impacto en la opinión pública fue enorme, pero la prensa de extrema derecha le restó importancia aduciendo que solo había sido «una charla de café», versión a la que recurrieron Tejero e Ynestrillas en su declaración ante el tribunal, cuando no una patraña inventada por el Gobierno, argumento al que también recurrieron las defensas. Ynestrillas dijo que todo había sido «una especie de juego» para demostrar la vulnerabilidad de la sede de la Presidencia del Gobierno. Tejero en tono desafiante dijo que el plan era «un deseo, más que una hipótesis» y que en caso de haberse realizado habría ofrecido al rey, a su vuelta de su viaje de México, «una nueva situación para que decidiera lo más conveniente».


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text: El 31 de agosto de 1978, dos meses y medio antes de su detención, Tejero había escrito un artículo en el ultraderechista "El Imparcial" en forma de carta al rey Juan Carlos I —que el periódico publicó en primera página— en el que decía: «En este proyecto de Constitución no van incluidos algunos de los valores por los que creemos vale la pena arriesgar nuestras vidas. […] Necesitamos, señor, una buena y ágil ley terrorista, con facilidades para los actuantes y castigo rápido y ejemplar para los asesinos». También le pedía al rey que acabase «con los apologistas de esta farsa sangrienta, aunque sean parlamentarios y se sienten entre los padres de la Patria». Terminaba afirmando que «mi Dios, mi patria, mi Bandera y mi honor me han obligado a hablar». Por este artículo solo fue arrestado catorce días, y sin pérdida de destino, lo que «no hizo sino acrecentar los planes golpistas que tenía "in mente" desde hacía tiempo».


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text: La sentencia de la «Operación Galaxia», hecha pública el 8 de mayo de 1980, no creyó la versión de la «charla de café», sino que consideró que se había cometido «un delito de conspiración y proposición para la rebelión militar», por haber tramado «un "golpe de mano" que habría de ocupar [sic] el palacio de la Moncloa en el momento en que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros, para, posteriormente, someter la nueva situación a S.M. el Rey», pero a pesar ello condenó a los dos acusados a penas muy leves: Tejero a siete meses y un día de arresto y a Ynestrillas a seis meses y un día. Como ya habían cumplido esos tiempos de arresto mientras se celebraba el juicio, recobraron la libertad inmediatamente y celebraron el fallo con sus familiares, amigos y militares allegados en un bar cercano al Gobierno Militar de Madrid. «Brindaron con champán por un fallo que permitía el regreso de los condenados al servicio activo, pronto se vio con qué intenciones». «Fue entonces cuando empezó a preparar el 23 de febrero». «Cambiaría de objetivo: el Palacio de la Moncloa (poder ejecutivo) por el palacio de las Cortes (poder legislativo)».


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text: La clave de que la sentencia fuera tan sumamente benévola se encuentra quizás, según Roberto Muñoz Bolaños, en el primer resultando de la misma en el que parecía justificarse la operación golpista. En él se decía que Tejero e Ynestrillas, «profundamente preocupados por los progresivos ataques a los componentes de las Fuerzas Armadas y del Orden Público perpetrados principalmente en las provincias del norte por el terrorismo separatista, pensaron en la posibilidad de poner fin a tal estado de cosas, por lo cual, previo diversos contactos entre ambos… llegaron a preparar un "golpe de mano" que había de ocupar el Palacio de la Moncloa en el momento en que estuviera reunido el Consejo de Ministros, para posteriormente someter la nueva situación a S.M. el Rey». El capitán general de la I Región Militar Guillermo Quintana Lacaci no confirmó la sentencia al considerarla demasiado benigna y solicitó al Consejo Supremo de Justicia Militar que triplicase las penas, pero este organismo superior de la jurisdicción militar solo las elevó un mes, y eso para no dejar en mal lugar a Quintana Lacaci delante de sus subordinados. Por aquel entonces ya se sabía que la «Operación Galaxia» había tenido unas dimensiones mayores de las que se había dicho inicialmente. Sus instigadores habían contactado con cerca de doscientos oficiales, ninguno de los cuales había informado a sus superiores, y al parecer, varias unidades de Burgos, Valladolid, Sevilla y Valencia se encontraban en estado de alerta la noche antes de la fecha fijada para el asalto al Palacio de la Moncloa. «Solo la enérgica intervención del general liberal Antonio Pacual Galmés evitó que se sumara la decisiva División Acorazada Brunete (DAC)», afirma Paul Preston.


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text: Mayor perplejidad aún si cabe causó la sentencia hecha pública a finales de mayo de 1979 sobre la insubordinación del general de brigada de la Guardia Civil Juan Atarés Peña (superior del teniente coronel Tejero en el País Vasco en 1976) que lo absolvió de todos los cargos, fallo que fue ratificado por el Capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch tras resaltar las «virtudes humanas y militares» del procesado. Los hechos se habían producido en Cartagena el viernes 17 de noviembre de 1978, el día previsto por la «Operación Galaxia» para el asalto del Palacio de la Moncloa —esa misma mañana "Diario 16" había dado la noticia de la detención de Tejero y de Ynestrillas por la "Operación Galaxia". La reunión había sido convocada por el general Gutiérrez Mellado en un enorme hangar de aviación para explicar a varios centenares de jefes y oficiales de la guarnición y de la Armada el alcance de las reformas militares que estaba poniendo en marcha el Gobierno y aclarar sus dudas sobre la Constitución, que iba a someterse en referéndum el 6 de diciembre. También pretendía elevar la moral de las unidades en un momento en que arreciaban los atentados terroristas de ETA contra los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden Público. El vicepresidente del Gobierno ya había celebrado reuniones similares en otros lugares sin que se produjeran incidentes —Gutiérrez Mellado las denominaba visitas «apostólicas»—, pero la de Cartagena derivó en un tumulto —iniciado por las preguntas en forma de arengas contrarias a la Constitución por parte de varios oficiales de la Armada— en el que hubo gritos en contra del general Gutiérrez Mellado. El que más destacó fue el general Atarés, «hombre de muy corta estatura pero ardiente defensor del franquismo», quien «con gritos destemplados y desabridos» acusó al vicepresidente del Gobierno de mentiroso, de traidor, de masón y de espía (esto último debido a que había sido miembro de la quinta columna durante la guerra civil). Gutiérrez Mellado ordenó su arresto inmediato —según algunos testimonios Atarés respondió con el grito de «¡Viva Franco! ¡Viva España!»— y puso fin al acto. Enseguida el general Atarés recibió numerosas muestras de solidaridad, que la sentencia absolutoria pronunciada por un consejo de guerra confirmó.


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: Durante la conmemoración del 20-N celebrada en la Plaza de Oriente de Madrid el 19 de noviembre, dos días después del incidente de Cartagena, se desplegaron pancartas a favor del general Atarés y con insultos al Rey, a Gutiérrez Mellado y a Adolfo Suárez. En los discursos que pronunciaron los neofranquistas José Antonio Girón de Velasco y Blas Piñar pidieron la intervención del Ejército. Al día siguiente, 20-N, unos quinientos oficiales rindieron homenaje al general Franco ante su tumba en el Valle de los Caídos en una «ceremonia fascista».


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text: En esos meses habían aparecido pintadas y se habían distribuido panfletos en los cuarteles que estaban firmados por grupos clandestinos autodenominados Unión Patriótica Militar, Movimiento Patriótico Militar, Juntas Patrióticas, Movimiento de Resistencia Patriótica o Unión Militar Española (esta última retomaba el nombre de la Unión Militar Española, que había tenido un papel muy destacado en el golpe de Estado de julio de 1936). En un panfleto de esta «nueva UME» se calificaba a «los partidos políticos y [a] las instituciones democráticas» como «entelequias surgidas para afincamiento de la lucha de clases y de la proliferación de grupos sin otra filosofía que la del enfrentamiento». En otros panfletos se exigía que la lucha antiterrorista fuera encomendada al Ejército.


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text: La aprobación de la Constitución no solo no detuvo la «estrategia de la tensión», sino que se incrementó e involucró a sectores más amplios del Ejército, gracias sobre todo a la instrumentalización de los atentados terroristas de ETA que había puesto en su punto de mira a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado —en 1978 ETA había asesinado a 64 personas; en 1979 asesinó a 84 y en 1980 a 93, la inmensa mayoría de ellas militares y miembros de las fuerzas de orden público—. En los funerales por las víctimas se solían producir incidentes en los que se atacaba al gobierno y a la democracia y se invocaba la intervención del Ejército. Incidentes que eran amplificados por la prensa de extrema derecha. «Por lo general, el gobierno se mostró impotente ante estos casos de indisciplina debido a la permisividad de las propias autoridades militares, que en algunas ocasiones rozó la connivencia», ha afirmado Charles Powell.


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text: Uno de los casos más graves se produjo tras al asesinato por ETA el 3 de enero de 1979 del gobernador militar de Madrid, general Constantino Ortín. Al terminar el funeral, celebrado en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, un numeroso grupo de militares profirió gritos de protesta e insultó a las autoridades que presidían el acto. En un momento de gran confusión varios militares insultaron, zarandearon y golpearon al vicepresidente, general Manuel Gutiérrez Mellado —«¡Guti, masón, irás al paredón!»—, y a continuación un grupo numeroso de uniformados y de civiles, entre gritos de «¡Gobierno asesino!» y «¡Ejército al poder!», se apoderaban del féretro y lo paseaban a hombros en manifestación por el centro de Madrid. Uno de los que participaron en el tumulto fue el comandante Ricardo Pardo Zancada, implicado en el «23-F». «En el trayecto a pie hasta el cementerio se produjeron avalanchas en torno al féretro, agresiones a la prensa, rotura de cristales, quema de ikurriñas y nuevos gritos sediciosos, que se repitieron en el cementerio». El rey Juan Carlos se refirió a lo que calificó de «espectáculo bochornoso» en su discurso por la Pascua Militar que se celebró dos días después: «Un Ejército que ha perdido la disciplina… ya no es un Ejército».


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text: La reacción de la prensa y de los militares «ultras» fue bien diferente. El mismo día 4 de enero en que se había celebrado el funeral, el diario "El Alcázar" había titulado «El asesinato del gobernador militar de Madrid, una agresión contra España. La ETA marxista, responsable. El Gobierno, culpable». Por su parte "El Imparcial" publicó en portada una fotografía de la viuda del general asesinado con el titular «¡Silencio, españoles! LAS MUJERES DEL EJÉRCITO ESTÁN LLORANDO», al que seguía un texto que decía: «Al gobierno Suárez no le que queda ya más que una solución: DIMITIR». El día 5 "El Alcázar" publicaba un artículo en el que se decía que el general Ortín había sido «asesinado a un mismo tiempo por las milicias irregulares y cipayas de la Unión Soviética y por una política concesiva y amnistiadora». Y añadía: «el pueblo español sabe que estamos en guerra. Lo conocen también los hombres de la Fuerzas Armadas». El 13 de enero el capitán de navío Camilo Menéndez, que ya había participado en varios incidentes protagonizados por militares involucionistas, publicaba en "El Alcázar" un artículo en el que decía: «En ocasiones críticas en las que el error del poder amenazaban gravemente a España, siempre hubo hombres que pusieron por encima de todo el Honor» (por este artículo el capitán Menéndez solo fue arrestado quince días).


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text: Los incidentes se reprodujeron, aunque con menor gravedad, tras el asesinato por ETA el 25 de mayo, dos días antes del día de las Fuerzas Armadas, del general Luis Gómez Hortigüela y otros dos militares. De nuevo el funeral tuvo lugar en el Palacio de Buenavista. Al salir el féretro a la calle y recibir honores militares, un grupo numeroso de civiles que ocupaban las aceras comenzó a cantar el himno falangista "Cara al Sol" y a lanzar insultos contra el Gobierno, especialmente contra Gutiérrez Mellado. Se coreó de forma insistente el grito «¡Gutiérrez Mellado, tú los has matado!». Unas horas después del funeral estallaba una bomba en la cafetería California 47, cercana a la sede de Fuerza Nueva, en el barrio de Salamanca de Madrid, que se encontraba atestada de gente porque era sábado por la tarde. Ocho personas murieron y otras cincuenta resultaron heridas. El atentado fue atribuido al GRAPO.


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text: Pocos días antes de los incidentes del funeral del general Hortigüela, se había producido una gran conmoción entre los militares por el nombramiento del general José Gabeiras como jefe del Estado Mayor del Ejército, ya que para que pudiera acceder al puesto había sido ascendido precipitadamente a teniente general y con él los cinco generales de división que le precedían en el escalafón. Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno para la Seguridad Nacional y Defensa, no se fiaba de los dos tenientes generales que por antigüedad y prestigio acumulaban más méritos para ser nombrados para el puesto, Jaime Milans del Bosch, capitán general de III Región Militar, y González del Yerro, capitán general de Canarias, y prefería a un militar que como Gabeiras fuera leal, como lo demostraría durante el 23-F. Sin embargo, como ha señalado Charles Powell, «el resultado fue que Gabeiras jamás gozó de la autoridad imprescindible para desarrollar satisfactoriamente su función».


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: Cuatro meses después, los dos militares postergados, González del Yerro y Milans del Bosch, mostraron su indignación con motivo del asesinato por ETA de dos militares en Bilbao el 19 de septiembre realizando unas duras declaraciones. El primero afirmó que «España se nos está muriendo», insistiendo en la «falta de autoridad»; el segundo, después de hacer un balance negativo de la Transición («terrorismo, inseguridad, inflación, crisis económica, paro, pornografía») e insistir en la «crisis de autoridad», afirmó: «El Ejército deberá intervenir cuando se evidencie que las leyes, la acción policial y la judicial son insuficientes». Por estas declaraciones fueron amonestados por el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún —el primer civil en ostentar el cargo desde 1936— quien no aceptó la dimisión como capitán general de Canarias de González del Yerro, ya que este lo que pretendía era que su renuncia fuera seguida por la de los otros diez capitanes generales, lo que hubiera provocado una grave crisis política. El capitán general de la II Región Militar Pedro Merry Gordon, por su parte, se refirió a «una serie de enanos asesinos, ratas de alcantarilla, que nos atacan por la espalda» y amenazó con la intervención del Ejército. Las opiniones de González del Yerro y de Milans del Bosch (y de Merry Gordon) coincidían con la expresada dos meses antes, con motivo del aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por el líder ultraderechista y neofranquista José Antonio Girón en "El Alcázar": «Son muchos los compatriotas que piensan que las circunstancias de erosión o destrucción que hoy advertimos en el edificio del Estado» son «infinitamente más graves, más duras, más trágicas, más angustiosas» que las de la «década de los treinta».


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: En enero de 1980 el Gobierno abortó un plan para tomar el Palacio de la Moncloa, como en la «Operación Galaxia». Su instigador era el general Luis Torres Rojas, jefe de la División Acorazada Brunete (DAC), la unidad más importante del Ejército de Tierra situada en las inmediaciones de Madrid. Torres Rojas, un militar «profundamente franquista», pretendía que la Brigada Paracaidista (que había estado bajo su mando entre 1975 y 1979) realizara el asalto y una vez ocupada La Moncloa —y los puntos neurálgicos de la capital «neutralizados» por los carros de combate de la DAC— imponer un Gobierno presidido por un militar «de prestigio», presumiblemente el general Fernando de Santiago o el general José Miguel Vega Rodríguez, este último amigo de Torres Rojas. A continuación las Cortes serían disueltas, el Partido Comunista de España prohibido y se interrumpiría el proceso autonómico. El general Torres Rojas, que negó los hechos, fue destituido de forma fulminante del mando de la DAC el 24 de enero y destinado al gobierno militar de La Coruña. Sin embargo, el Gobierno no informó de los verdaderos motivos del cambio de destino de Torres Rojas y negó que tuviera alguna relación con actividades golpistas. Un año después Torres Rojas sería uno de los principales protagonistas del 23F —lo mismo que el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la DAC, que continuó en su puesto, a pesar de su estrecha relación con Torres Rojas—. El plan fue descubierto gracias a un oficial de la Brigada Paracaidista que informó a Fernando Reinlein, antiguo miembro de la UMD, quien a su vez avisó al ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún. Según Charles Powell, quien alertó al ministro fue Julio Busquets, fundador de la UMD. Busquets, según Powell, o Reinlein, según Paul Preston, informaron a Miguel Ángel Aguilar, director de "Diario 16", de cuál había sido el verdadero motivo de la destitución de Torres Rojas como comandante de la DAC y su traslado a la Coruña. Aguilar publicó la noticia y esto le supuso ser procesado por injurias al Ejército y finalmente tener que dejar la dirección del diario. «La salida de Torres Rojas neutralizó efectivamente la DAC y con ello eliminó un elemento crucial del arsenal golpista».


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text: El 30 de mayo de 1980 el teniente general «ultra» Carlos Iniesta Cano, amigo del teniente coronel Antonio Tejero que había sido condenado por la «Operación Galaxia», se entrevistó en El Saler (Valencia) con el capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch, quien «desde la legalización del PCE se había convertido en el polo de atracción para todos los sectores involucionistas del Ejército». Iniesta Cano le pidió a Milans que liderara el golpe de Estado que estaban preparando y que consistía en crear un vacío de poder mediante la toma del Congreso de los Diputados lo que propiciaría una intervención en masa del Ejército. Milans puso como condición que el rey Juan Carlos apoyara la operación. Acordaron que seguirían en contacto a través del ayudante de Milans, el teniente coronel Pedro Mas Oliver.


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text: El 15 de junio —en julio, según Javier Cercas— Mas Oliver almorzó en Madrid con el teniente coronel Tejero y con el ultraderechista Juan García Carrés, muy amigo de este y que fue quien los puso en contacto. La misión de Mas Oliver era comprobar el «grado de seriedad» de la operación de la que había hablado Iniesta Cano —«Tejero causó una grata impresión a su colega del Ejército, como así lo manifestó a su general»; por su parte Tejero consideró que la operación «se pondría en marcha bajo el liderazgo de Milans del Bosch»—. Fue el primer contacto, aunque indirecto, que mantuvieron Tejero y Milans. Inmediatamente Tejero reunió a varios capitanes y tenientes de la Guardia Civil de su confianza para pedirles el apoyo al plan golpista —en aquel momento Tejero no tenía fuerzas bajo su mando porque se encontraba en la situación de disponible forzoso—, pero no lo logró. Días o semanas más tarde volvieron a reunirse Tejero y Mas Oliver y en esta ocasión este le comunicó a Tejero la conformidad de Milans a que estudiara la operación para tomar el Congreso de los Diputados, cuando se estuviera celebrando una sesión parlamentaria con la presencia del Gobierno. Según Javier Cercas, Tejero escogió como modelo la toma del Palacio Nacional de Managua por el comandante sandinista Edén Pastora que tuvo lugar el 22 de agosto de 1978. En las semanas siguientes Tejero estudió el objetivo y sus medidas de seguridad y compró seis autobuses de segunda mano para transportar a la fuerza que llevaría a cabo el asalto, así como gabardinas y anoraks para camuflar sus uniformes. Para guardar los autobuses alquiló una nave industrial en Fuenlabrada. Tejero nunca reveló el origen del dinero —unos dos millones y medio de pesetas—, pero todo parece indicar que procedió de alguno o de varios de sus amigos «ultras»: Juan García Carrés, José Antonio Girón o el general en la reserva Carlos Iniesta Cano.


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text: Paralelamente a los primeros contactos entre Tejero y Milans, nacía la «Solución Armada». Javier Cercas sitúa su inicio en el mes de julio de 1980 cuando el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa Real, entregó en La Zarzuela un informe redactado por un catedrático de derecho administrativo —posiblemente el exministro franquista Laureano López Rodó— en el que, tras señalar la inconstitucionalidad de los proyectos de estatuto de autonomía vasco y catalán, se proponía como salida a la crisis política que estaba viviendo el país desalojar del poder a Adolfo Suárez mediante una moción de censura y sustituirlo por un gobierno unitario presidido por una personalidad independiente, posiblemente un militar. «En muy poco tiempo la hipótesis de un gobierno de unidad presidido por un militar como salvavidas contra el hundimiento del país había llegado a todos los rincones del pequeño Madrid del poder». El propio Suárez hizo mención a ello en una declaración a la prensa: «Sé que el PSOE está barajando la posibilidad de llevar a un militar a la presidencia del gobierno. Me parece descabellado». Mientras tanto, el general Armada mantenía reuniones con políticos, militares, empresarios y financieros y en ellas siempre dejaba caer de forma velada que contaba con el respaldo del rey.


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text: Roberto Muñoz Bolaños retrotrae a finales de 1979 los orígenes de la «solución Armada», cuyo principal ideólogo sería el periodista Luis María Ansón, director de la agencia oficial de noticias Efe, que proponía aplicar en España el modelo del acceso al poder del general De Gaulle en 1958 que dio nacimiento a la V República Francesa (en lo que coincide Muñoz Bolaños con Javier Cercas). Fue entonces cuando los sectores conservadores políticos y económicos promotores de lo que Muñoz Bolaños llama la "transición paralela" —que a diferencia de la Transición se proponía instaurar en España una democracia limitada—, llegaron a la conclusión de que el «golpe de timón» —expresión acuñada por el expresidente de la Generalidad de Cataluña Josep Tarradellas y empleada por diversos líderes políticos como Manuel Fraga, presidente de la derechista Alianza Popular— no podía ser liderado por un civil, sino por un militar. Y el escogido fue el general Alfonso Armada, quien «desde el primer momento estuvo apoyado por un "staff" de técnicos e intelectuales que elaboraron numerosos informes sobre diferentes ámbitos que deberían reordenarse». Así pues, según Roberto Muñoz Bolaños, la «Solución Armada» «fue una operación civil, diseñada por miembros de la élite económica y política conservadora, con un componente militar subordinado».


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text: Javier Cercas afirma, por el contrario, que «tras los militares rebeldes no hubo trama civil alguna… porque Armada, Milans y Tejero no tenían necesidad de que ningún civil inspirara una operación militar y porque no permitieron que ningún civil se inmiscuyera en sus planes más que de forma anecdótica» (como fue el caso del ultraderechista Juan García Carrés, amigo de Tejero). Cercas reconoce la existencia de «una serie de extrañas maniobras políticas con el objeto de derribar el gobierno de Adolfo Suárez», pero estas maniobras «fueron el contexto que propició la operación militar; fueron la placenta del golpe, no el golpe». Le suministró «argumentos y coartadas, al discutir sin disimulo la posibilidad de ofrecer el gobierno a un militar o pedir ayuda a los militares», con lo que «la clase dirigente entreabrió la puerta de la política a un ejército que clamaba por intervenir en política para destruir la democracia». Esa idea se fue extendiendo «con profusión por el pequeño Madrid del poder y apenas había partido político que no considerase la hipótesis de situar a un militar al frente de un gobierno de coalición o concentración o unidad como una de las formas posibles de expulsar a Suárez del poder» (la excepción fue Santiago Carrillo, secretario general del PCE). Charles Powell también señala que «a partir del verano se intensificaron los rumores sobre una intervención militar, así como la posible creación de un gobierno civil presidido por un general de prestigio… Con notable irresponsabilidad, dirigentes de los principales partidos políticos mantuvieron conversaciones con miembros destacados del estamento militar contribuyendo a la confusión reinante». Powell también advierte que el golpe militar en Turquía del 12 de septiembre fue seguido con atención por algunos sectores militares.


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text: Además Cercas destaca (y lamenta) que el rey Juan Carlos I participara en «las maniobras destinadas a sustituir a Suárez que formaron la placenta del 23 de febrero». «Quiso volver a intervenir en la política del país más allá de los límites impuestos por las reglas recientes de la monarquía parlamentaria. […] No se limitó el Rey a incentivar con el peso de su autoridad el acoso a Suárez; también discutió con unos y con otros la forma de sustituirlo». Según Paul Preston, «no faltaron personas, desde directores de periódicos a generales destacados, que insinuaran al Rey que únicamente él podía dar dicho golpe de timón», del que hablaba Tarradellas.


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text: La primera mención pública a la «solución Armada» data del 7 de agosto de 1980. Ese día el progolpista "Heraldo Español" publicó en portada un dibujo de un caballo encabritado sin jinete con el titular «¿Quién montará este caballo? Se busca general». En las páginas interiores un artículo firmado por «Merlín» (seudónimo del periodista Fernando Latorre) aludía de forma aparentemente críptica al general Armada cuando finalizaba diciendo: «Pero ¿dónde está el HOMBRE [que ponga orden en el país y tenga la confianza del Rey]? ¡Que venga pronto! ¡Que venga ese HOMBRE de las Fuerzas Ar…ma…das…». En ese mismo número aparecía un artículo con tonos amenazadores del colectivo «Sertorio» titulado «Los agravios al Ejército». Según Roberto Muñoz Bolaños, "Merlín" recibía la información del comandante del CESID José Luis Cortina (procesado por el 23-F, pero finalmente absuelto por el tribunal). Según este autor, Cortina era uno de los impulsores de la «solución Armada» (su hermano Antonio Cortina, concejal de AP en el Ayuntamiento de Madrid, mantenía una estrecha relación con el general Armada) y como tal estaba muy interesado en crear un clima de miedo que favoreciera el proyecto. Quince días después "Merlín" volvió a insistir en el mismo tema con otro artículo, titulado «De Gaulle o la pechuga».


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text: A lo largo del verano Armada había hablado con políticos de UCD y de la derecha, pero no conocía a los dirigentes socialistas. Fue el 22 de octubre cuando contactó con algunos de ellos. Ese día tuvo lugar una comida en casa del alcalde socialista de Lérida Antoni Siurana a la que asistieron además de Armada, entonces gobernador militar de esa provincia, los líderes socialistas Joan Reventós y Enrique Múgica Herzog (este último había estado manteniendo reuniones regulares con el entonces secretario de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo). Lo que se habló en esa comida, cuya sobremesa duró cuatro horas, sigue siendo objeto de polémica, ya que los testimonios de los asistentes son contradictorios. Mientras Armada le restó importancia a lo tratado, Enrique Múgica le trasladó a su secretario general Felipe González que Armada se había postulado discretamente para presidir el gobierno (y Felipe González se lo comunicó al rey y también a Suárez). Cuando el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún se enteró de la comida telefoneó inmediatamente al general Armada para reconvenirle por haberse reunido con los líderes socialistas. Por otro lado, el líder de Alianza Popular Manuel Fraga Iribarne anotó en su diario, a finales de diciembre, que tenía «información segura» de que el general Armada «estaría dispuesto a presidir un gobierno de concentración». De hecho el presidente Suárez había recibido un informe reservado, fechado el 9 de octubre, en el que se planteaba la posibilidad de la formación de una «coalición de salvación nacional» presidida por una «personalidad independiente», con apoyo de los socialistas. Según Javier Cercas, el encuentro con los socialistas en Lérida y «los movimientos y rumores a que dio lugar constituyeron un respaldo a las inclinaciones golpistas de Armada y una buena coartada para que en los meses previos al golpe el antiguo secretario del Rey insinuara o declarara aquí y allá que los socialistas participarían en un gobierno unitario presidido por él».


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text: El 17 de noviembre de 1980 el general Armada se reunió en Valencia con el Capitán General de la III Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, quien en aquellas fechas ya mantenía una relación fluida con Tejero. Armada le informó de lo que había hablado con los líderes socialistas en Lérida y también intentó matizar lo que venía publicando la prensa de extrema derecha sobre la existencia de una «Operación De Gaulle» que encabezaría un general en activo ("El Alcázar" afirmaba que ese general era «el hombre de Múgica», en referencia poco velada al propio Armada). Una semana antes el general Armada había mantenido un largo encuentro con el rey en un refugio de montaña del Valle de Arán, en la provincia de Lérida de la que Armada era el gobernador militar. Al parecer Armada le habló al monarca del malestar que existía en las Fuerzas Armadas y este le pidió que se enterara mejor y que le informase. Ese habría sido el motivo inmediato de que Armada fuera a Valencia para entrevistarse con Milans, «consciente de que no había en el ejército un militar más descontento que Milans y de que cualquier intriga golpista partía o desembocaba en Milans, o lindaba con él». En la entrevista es probable que Armada le hablara a Milans de su proyecto de constituir un gobierno de unidad presidido por él, que contaría con el respaldo del rey, y que le ofreciera el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército. También le dijo que «se temen acciones violentas y debemos reconducirlas». Según Javier Cercas, «Milans aceptó el trato, y de esa forma la Operación Armada se dotó de un ariete militar».


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text: Ese mismo mes de noviembre el Rey y el Gobierno recibieron un informe de los servicios de inteligencia (atribuido al CESID, pero que según Javier Cercas y Paul Preston fue obra del teniente coronel Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Defensa y un antiguo miembro de los servicios de información, aunque también se ha afirmado que fue elaborado por el comandante del CESID Santiago Bastos Noreña) que llevaba por título «Panorámica de las operaciones en marcha» —según Javier Cercas, «se trata del documento más útil de que disponemos para entender los antecedentes directos del golpe»—. En el informe se decía que estaba en curso una «operación de ámbito cívico-militar» y tres estrictamente militares, aunque sin relación entre sí: la de los tenientes generales (cuyo modelo era el golpe militar que se acababa de producir en Turquía, pero el informe no daba ningún nombre), la de los coroneles y una tercera, denominada «de los espontáneos», a la que relacionaba con la «famosa Operación Galaxia», y que el informe la consideraba como la más peligrosa, ya que podía fracturar la unidad de las Fuerzas Armadas, con peligro real de guerra civil. La más radical de las tres conspiraciones militares, según el informe, era la «operación de los coroneles»: «No tienen convencimiento monárquico de ninguna clase y por ello piensan más en una “república de tinte presidencialista” con tintes muy nacionalistas». Aunque el informe no daba ningún nombre, Roberto Muñoz Bolaños señala al coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, al coronel José Ramón Pardo de Santayana, antiguo miembro del CESID, y al coronel José Luis Carrasco Lanzós, como tres de sus principales promotores. Este mismo autor destaca que dentro del grupo de los coroneles había uno específico denominado de los «Técnicos» que sería el protagonista del 27-O de 1982.


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text: En cuanto a la «operación de ámbito cívico-militar», que Roberto Muñoz Bolaños identifica con la «Solución Armada», el informe decía que su objetivo era forzar la dimisión de Adolfo Suárez y que a continuación el rey propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno a un general que contara «con respaldo del resto de la estructura militar». Este una vez investido formaría un «gobierno de gestión o de salvación nacional» que emprendería la reforma de la Constitución y daría marcha atrás en determinadas políticas de Suárez. El informe decía que la operación «podría culminar para antes de la primavera de 1981 (salvo imponderables)». La operación mixta civil y militar era un golpe blando destinado a conjurar los tres golpes duros estrictamente militares y sus promotores eran grupos de civiles sin militancia y un grupo de generales en activo «de brillantes historiales y capacidad de arrastre». En conclusión, según Javier Cercas, «el servicio de inteligencia poseía en noviembre de 1980 información tan solvente sobre las tramas golpistas como para ser capaz de predecir sin demasiado margen de error lo que acabaría sucediendo el 23 de febrero». Por su parte, Juan Francisco Fuentes ha destacado que «sorprende la falta de reacción del Gobierno, que recibió, lo mismo que el rey, copia del documento».


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text: El informe atribuido al CESID coincide en gran medida con las memorias inéditas del ultraderechista Juan García Carrés, el único civil condenado por el 23-F. En ellas menciona la existencia de tres movimientos golpistas: el de los coroneles; la «solución Armada»; y «el nuestro», encabezado por el teniente general Jaime Milans del Bosch y por José Antonio Girón. El objetivo de este último, según García Carrés, no era «instalar una dictadura militar», sino «acabar con la guerra del norte» y «pacificada esta zona, proceder a la reconstrucción moral, social y económica de España… Todo esto, en los comienzos se haría sin la intervención de los partidos políticos, éstos y las centrales sindicales serían congelados». En sus memorias García Carrés dejó constancia de la intensa actividad que desplegó en los meses finales de 1980:


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text: El 17 de diciembre el diario "El Alcázar" publicaba el primero de los tres artículos del colectivo «Almendros», grupo que había surgido por una iniciativa de la dirección del diario a la que se habían sumado militares involucionistas como los generales Fernando de Santiago y Carlos Iniesta Cano, el coronel José Ignacio San Martín, el capitán de navío Camilo Menéndez, y el comandante Ricardo Pardo Zancada (los tres últimos implicados en el 23F), y exministros franquistas como Gonzalo Fernández de la Mora o Federico Silva Muñoz y el «falangista franquista» Jesús Fueyo Álvarez. Sin embargo, Roberto Muñoz Bolaños considera que quien se encontraba detrás del colectivo era el comandante José Luis Cortina del CESID, que quería «crear una auténtica psicosis golpista en la opinión pública española, principalmente en la élite política» para impulsar la «Solución Armada» que él promovía. Este primer artículo llevaba por título «Análisis político del momento militar» en el que, tras criticar la política del gobierno Suárez en relación con las Fuerzas Armadas, se daban una serie de consejos amenazadores al posible sucesor del presidente: «El sucesor debería reunir las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares que, ante todo y sobre todo, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio de España, de todos los españoles y de un sistema de libertades que respete la pluralidad en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe o ensombrezca la innegable unidad de la Patria». El segundo artículo del Colectivo Almendros se publicó el 22 de enero de 1981, también en "El Alcázar". En él se defendía la formación de un «Gobierno de amplios poderes» para resolver los problemas del país (paro, terrorismo, seguridad ciudadana), entre los que incluían «la razonable reconducción del proceso autonómico y la reforma de la Constitución». Y si esta opción no era aceptada se amenazaba con un golpe de Estado militar: «Ni nos abruma el fracaso del ensayo democrático actual ni carecemos de vigor y fuerza para resolver nuestros males».


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text: En Navidad el presidente Suárez le dijo al miembro de su partido Fernando Álvarez de Miranda, quien había acudido al Palacio de la Moncloa alarmado por lo que se decía por los círculos madrileños: «Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza. Ese es el mensaje que mandan hasta los socialistas: un Gobierno de coalición presidido por un militar, el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd». Por esas fechas el socialista Múgica Herzog sondeaba al ministro de Sanidad, Alberto Oliart, sobre si apoyaría un gobierno presidido por el general Armada. Por su parte Armada se reunía a finales de diciembre con el embajador de Estados Unidos en España, Terence Todman, en Santa Cruz de Ribadulla (La Coruña), encuentro al que también asistió Pío Cabanillas, hombre fuerte de la UCD en Galicia y ministro sin cartera del Gobierno de Suárez (a principios de noviembre Todman había enviado un informe a Washington en el que decía que el rey Juan Carlos le había manifestado «su pesimismo sobre la situación interna de España, particularmente como resultado de la aparente ineficacia del primer ministro Suárez para afrontar los problemas domésticos»).


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text: El 3 de enero, unos días después de que el rey hubiera desautorizado veladamente al presidente Suárez en el tradicional mensaje de Navidad, el general Armada se entrevistó con el monarca en Baquiera Beret, donde la familia real estaba pasando las vacaciones navideñas. En esa «trascendental conversación», en palabras de Juan Francisco Fuentes, Armada le expuso el descontento de las Fuerzas Armadas y le informó de la existencia de militares de alta graduación dispuestos a tomar medidas radicales (es probable que entonces el rey le prometiera que le encontraría un destino en la capital). Don Juan Carlos, alarmado, telefoneó al presidente Suárez, que se encontraba en Ávila disfrutando de unos días de descanso, y le dijo que fuera inmediatamente a Baqueira. Cuando llegó al día siguiente, el rey no le pidió la dimisión, pero sí le echó en cara su mala gestión en relación con el Ejército.


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text: El día 10 Armada viajaba a Valencia para informar a Milans del Bosch (sería la última vez que los dos militares hablaran cara a cara antes del golpe). Trataron sobre «la posibilidad de que se produjesen acciones violentas» promovidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de evitarlo colocando a un «presidente neutral» al frente del Gobierno. Según les contó después Milans a sus ayudantes, Armada había llegado a la conclusión de que el rey «quería que diese un "golpe de timón" a la situación». Milans se convenció de que don Juan Carlos «está harto de Suárez», tal como lo manifestó unos días después. Según uno de los condenados por el 23-F, de la reunión celebrada en Valencia el 10 de enero salió una dirección bicéfala de la conspiración, Milans-Armada, y de la que también formaba parte el teniente coronel Antonio Tejero, en contacto con Milans desde julio.


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text: La reunión clave de la conspiración tuvo lugar un mes antes del golpe, el domingo 18 de enero de 1981, en el domicilio madrileño del teniente coronel Pedro Mas Oliver, ayudante del teniente general Milans del Bosch. No hay acuerdo sobre los militares que estuvieron presentes, además de Milans del Bosch y de Tejero. Según José Luis Rodríguez Jiménez, estuvieron los generales Carlos Iniesta Cano y Manuel Cabeza Calahorra, este último integrante del Colectivo Almendros. Juan Francisco Fuentes da por segura la presencia del general Luis Torres Rojas y como probable la del general Carlos Alvarado Largo, además de Iniesta Cano y de Cabeza Calahorra. Por su parte, Javier Cercas afirma que asistieron Iniesta Cano y Torres Rojas, y Roberto Muñoz Bolaños menciona a Iniesta Cano, a quien Milans del Bosch le pidió que abandonara la reunión porque no estaba en activo, y a Torres Rojas, además de los generales Alvarado Largo y Francisco Dueñas Gavilán. Paul Preston nombra a Carlos Iniesta, a Manuel Cabeza Calahorra y a Luis Torres Rojas. En lo que coinciden todos es en que no asistió el general Armada. Según el ultraderechista Juan García Carrés, que afirmó haber estado presente en la reunión, pero al que Milans del Bosch le obligó a que se marchara, ya que era un civil, Milans dijo:


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text: Aunque no estuvo presente (pero, según Juan Francisco Fuentes, «bebió de las mejores fuentes para narrar lo ocurrido»), el comandante Ricardo Pardo Zancada contó, en un libro que publicó en 1998, que en la reunión también se acordó que el general Torres Rojas se desplazaría desde La Coruña a Madrid para hacerse cargo del mando de la División Acorazada Brunete, clave para controlar la capital una vez se hubiera producido el asalto al Congreso dirigido por Tejero. También se refirió a las discrepancias que mantuvieron Milans y Tejero sobre el papel del general Armada. Tejero prefería la formación de una Junta Militar a un Gobierno de concentración presidido por este, pero Milans aparentemente lo convenció alegando que Armada era el enlace con el rey. Según Roberto Muñoz Bolaños, en la reunión asimismo se acordó congelar el asalto al Congreso que iba a comandar Tejero a la espera de si el general Armada llegaba a alcanzar la presidencia del Gobierno por la vía «constitucional», mediante la moción de censura que se estaba preparando contra Adolfo Suárez. Terminada la reunión Milans volvió a Valencia y allí ordenó a su ayudante el coronel Diego Ibáñez Inglés que viajara inmediatamente a Lérida para informar al general Armada de lo que se había acordado. Ibáñez Inglés también cumplió con otro encargo de Milans: entrevistarse con el coronel San Martín, para que este paralizase las operaciones golpistas que estuviese preparando. Se reunieron en el Parador Nacional de Alarcón el 31 de enero, dos días después de la dimisión de Suárez. También trataron de la movilización de la DAC en caso de que fuera necesaria. Cuando el 23 de enero se encontraba cazando en la sierra de Cazorla los servicios de inteligencia informaron al rey de que había habido una reunión de generales en la que se había hablado de la necesidad de una intervención militar, «ante lo cual regresó apresuradamente a Madrid».


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text: Por aquellas mismas fechas —concretamente el 22 de enero— el rey intentó que el general Armada fuera nombrado 2º jefe del Estado Mayor del Ejército (2º JEME), pero Suárez se negó en redondo —«surgió una seria discusión entre ellos»— y don Juan Carlos aceptó su decisión. Sin embargo, acabaría siendo nombrado para el puesto el 3 de febrero, cuatro días después de la dimisión de Suárez, y el rey se lo comunicó personalmente por teléfono. Cuando Suárez, entonces ya presidente en funciones, se quejó del nombramiento el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún le dijo: «Me lo ha pedido el rey». A lo que Suárez contestó: «Me parece que estamos cometiendo un error histórico».


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text: El 29 de enero de 1981 Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno y como presidente de su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). En su intervención televisiva —en la que no hizo ninguna referencia explícita al rey— dijo: «Me voy porque no quiero que por mi causa la democracia sea una vez más, un paréntesis en la historia de España». Se ha especulado mucho sobre las razones de la dimisión, ya que nunca llegaron a aclararse del todo. Años después dijo: «Nunca olvidaré el año 80». Suárez siempre negó que la dimisión tuviera algo que ver con el posterior intento de golpe de Estado. «Si hubiera sabido algo, no hubiera dimitido», afirmó rotundamente cuando ya estaba retirado de la política.


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text: El distanciamiento con el rey fue un factor importante —«definitivo», según Javier Cercas—. La pérdida del apoyo del rey se puso en evidencia con motivo del tradicional mensaje navideño, ya que Suárez tras leer una copia del mismo antes de ser emitido lo consideró una clara desautorización de su política y por eso encargó al ministro de la Presidencia Rafael Arias-Salgado que lo modificara, aunque no consiguió suavizarlo del todo. En el mensaje navideño se decía que se debían asumir los errores propios sin echarle la culpa a los demás («Es urgente que examinemos nuestro comportamiento en el ámbito de responsabilidad que a cada uno es propio, sin la evasión que siempre supone buscar las culpas a los demás»). También se decía: «Quiero invitar a reflexionar a los que tienen en su manos la gobernación del país. Han de poner la defensa de la democracia y del bien común por encima de sus limitaciones y transitorios intereses personales, de grupo o de partido». Por primera vez desde que era rey, don Juan Carlos compareció ante las cámaras sin la presencia del resto de la familia real. En relación con el papel de la Corona circuló la historia de que el 23 o el 24 de enero Suárez fue víctima de una «encerrona» en el Palacio de la Zarzuela a donde había acudido para un almuerzo invitado por el rey. Allí se encontró con varios tenientes generales que le exigieron que dimitiera. Suárez se negó y en un momento de máxima tensión uno ellos puso su arma reglamentaria encima de la mesa. Suárez siempre calificó de falso «todo el relato, de arriba abajo».


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text: La dimisión de Suárez no canceló los planes golpistas, aunque sí congeló momentáneamente la «solución Armada» (así se lo comunicó Milans del Bosch a los conjurados en una nueva reunión celebrada en el domicilio madrileño del coronel Mas Oliver). El ultraderechista "El Alcázar" publicó un artículo titulado «Suárez se va, pero apenas nada cambia»: «todo lo que no sea cambiar el sistema, congelar la Constitución y emprender el intento honesto de construir una democracia a la española, se traducirá en un apresuramiento hacia la catástrofe inapelable». El 1 de febrero el Colectivo Almendros publicaba su tercer artículo también en el "El Alcázar", titulado «La decisión del mando supremo» y en él se volvía a insistir en la formación de «un Gobierno de regeneración nacional» «cuya única viabilidad se fundamentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiera» y que en caso de no constituirse (porque los partidos siguieran «obcecados más en sus cuestiones internas que preocupados por la decadencia nacional») «instauraría la posibilidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas».


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text: Ese mismo día 1 de febrero Emilio Romero, el antiguo director del diario de la Organización Sindical franquista "Pueblo", defendió en un artículo publicado en "ABC" la necesidad de «un golpe de timón» y para encabezarlo propuso al general Armada. El 12 de febrero le respondía Antonio Izquierdo, director de "El Alcázar", quien daba por seguro que si Leopoldo Calvo Sotelo, el candidato propuesto por Suárez (y aceptado por el rey el día anterior) para ocupar la jefatura del ejecutivo, no conseguía la investidura, «gobernaría un general, por supuesto,… pero no precisamente aquél a quien señaló Emilio Romero en un reciente comentario en "ABC"». Sobre Armada el expresidente de la Generalidad de Cataluña Josep Tarradellas comentó tras entrevistarse con él en Lérida el 1 de febrero: «¡Este hombre está lanzado! Me preocupa» (pretendía presidir un gobierno de salvación que evitara la «catástrofe» a la que estaba abocado el país). El 3 de febrero era nombrado a propuesta expresa del rey 2º jefe del Estado Mayor del Ejército, tal como se había asegurado en la reunión que habían mantenido los conspiradores el 18 de enero en Madrid. Al enviado de Milans del Bosch, el coronel Ibáñez Inglés, Armada le dijo ese mismo día que ya contaba con el visto bueno de todos los partidos políticos y de las organizaciones sociales (patronal, Iglesia católica) para presidir el gobierno y que por eso lo destinaban a Madrid (esto fue lo que afirmó Ibáñez Inglés en el juicio por el 23-F). De hecho este convencimiento se puso de manifiesto dos días después durante una cena ofrecida por el presidente de la Generalidad de Cataluña cuando Armada le dijo a la esposa de Jordi Pujol: «No creo que Calvo Sotelo llegue a ser presidente del Gobierno».


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text: El 4 de febrero se producían los incidentes de la Casa de Juntas de Guernica de 1981 (los diputados de Herri Batasuna interrumpieron el discurso del rey Juan Carlos I cantando con el puño en alto el himno "Eusko Gudariak"). Era el primer viaje que hacían los reyes al País Vasco. Dos días después, el 6 de febrero, aparecía asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, que había sido secuestrado el 29 de enero por ETA militar. El 13 de febrero moría en el hospital penitenciario de Carabanchel el miembro de ETA Joseba Arregui, a causa de las torturas a las que había sido sometido. Era la primera vez que ocurría desde la muerte de Franco.


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text: Sobre los incidentes de la Casa de Juntas el general Fernando de Santiago, que había sido vicepresidente del gobierno, publicó un artículo en "El Alcázar" titulado «Situación límite» en el que decía:


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text: El 8 de febrero el mismo diario publicaba un nuevo artículo del teniente general De Santiago (en cuya redacción también había intervenido el ultraderechista Juan García Carrés) titulado «Jornadas de meditación» en el que decía que «nunca el orgullo o la dignidad de los españoles había llegado a menos, aceptando con resignación y pasividad los asesinatos constantes del terrorismo, la quiebra económica, el paro creciente, la inseguridad ciudadana, el servilismo y la desorientación exterior y la incapacidad y la irresponsabilidad verbalista de los políticos. […] Se hace por ello necesario un colectivo enérgico, valeroso, desinteresado y solidario para que sea escuchado y atendido».


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text: Dos días antes, el 6 de febrero, el general Armada, que ya había sido nombrado 2º jefe del Estado Mayor del Ejército, cenó a solas con el rey en Viella (Valle de Arán) y la sobremesa, según el testimonio del secretario de la Casa Real Sabino Fernández Campo, se prolongó hasta las tres de la madrugada (Javier Cercas sitúa la cena en el Palacio de la Zarzuela). Armada le sugirió al monarca que lo propusiera a él como candidato a la presidencia del gobierno, sometiéndose a continuación a la votación de investidura del Congreso de los Diputados, tal como establecía la Constitución. No se sabe lo que le contestó el rey —Paul Preston sugiere que le recordaría a Armada que estaba obligado a escuchar las recomendaciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios—, pero no hay que descartar que dudara como lo probaría que tardara once días en presentar la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo, el elegido por UCD para sustituir a Suárez. Fue el 10 de febrero. Paul Preston comenta: «Si en efecto [el rey] hubiera estado decidido a promover un gobierno de coalición presidido por el general Armada, este hubiera sido el momento para orientar a la élite política en tal dirección».


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text: La designación de Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno «fue el final de la Operación Armada, el final de la operación solamente política», afirma Javier Cercas. Roberto Muñoz Bolaños coincide con Cercas: la designación de Calvo Sotelo puso fin a lo que él llama la fase «constitucional» de la «Solución Armada» (y que Cercas denomina «la operación solamente política»). Comenzó entonces la fase «pseudoconstitucional» (en la terminología de Muñoz Bolaños) que desembocaría en el 23-F. Como ha destacado Cercas, ninguno de los conjurados renunció a sus expectativas por lo que «descongelaron» la operación militar usándola «a modo de ariete para imponer por la fuerza una receta política que no había podido imponerse por medios solamente políticos».


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text: De hecho, el general Armada aún hizo un último intento para salvar la «operación solamente política», como la llama Cercas. Consiguió reunirse con el Rey el 13 de febrero para intentar persuadirle de que se retractara de su decisión de designar a Calvo Sotelo. Según Paul Preston, «Armada llegó incluso al extremo de decir al Rey que su prestigio en las Fuerzas Armadas estaba en su punto más bajo desde su acceso al trono». Don Juan Carlos lo remitió al vicepresidente Gutiérrez Mellado y este recordó posteriormente que cuando Armada fue a verle estaba lleno de ira. Decía que el rey estaba cometiendo un inmenso error al aplicar mecánicamente la Constitución y proponer a un civil en el lugar de Suárez. Gutiérrez Mellado concluyó que Armada «por salvar la Corona, según sus criterios» estaba dispuesto a «aceptar soluciones contrarias a la persona de Su Majestad el Rey». Durante el juicio el general Armada pidió permiso al rey para poder desvelar lo que hablaron entonces, sólo en lo que le atañía personalmente, pero Juan Carlos no le contestó, lo que ha sido presentado por algunos autores como Roberto Muñoz Bolaños como una «prueba» de la implicación del rey en el 23-F. Paul Preston ofrece otra explicación: «Sabino Fernández Campo sabía que otorgarlo [el permiso] permitiría a Armada decir lo que quisiera sin ninguna posibilidad de negarlo».


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text: El 16 de febrero —el 13 de febrero, según Juan Francisco Fuentes; en algún momento entre el 14 y el 16 de febrero, según Paul Preston—, un enviado de Milans del Bosch, el coronel Diego Ibáñez Inglés, visitaba al general Armada en su nuevo despacho de 2º jefe del Estado Mayor del Ejército. «Fue una conversación breve, interrumpida por otras visitas, y más bien insustancial para lo que había en juego y la proximidad del golpe», según Fuentes. En ella, según Preston, «Armada accedió a regañadientes a dar luz verde a los planes urdidos en Madrid el 18 de enero pero aparcados durante un mes». Tejero, por su parte, se mostraba impaciente por actuar —el 18 de febrero telefoneó a Ibáñez Inglés para decirle que el plazo de treinta días que le había dado Milans para que triunfase la «Operación Armada» ya se había cumplido—. Además Tejero había contactado, a través del capitán Vicente Gómez Iglesias de los servicios de inteligencia, a quien había conocido cuando estuvo destinado en el País Vasco, con el comandante José Luis Cortina, jefe de la Unidad Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID. El mismo día 18 en que habló por teléfono con el ayudante de Milans —el 12 de febrero, según Roberto Muñoz Bolaños—, Tejero cenó con los capitanes de la Guardia Civil con los que ya se había reunido anteriormente, para pedirles de nuevo que se sumaran a la operación del asalto al Congreso de los Diputados y aportaran las fuerzas que estaban bajo su mando (a la reunión también asistieron un grupo de tenientes que estaban a las órdenes del capitán Abad). Poco después Tejero se puso en contacto con Valencia para informar de que estaba preparado para tomar el Congreso de los Diputados, a pesar de que ninguno de los capitanes con los que se había reunido se había mostrado dispuesto a participar en la operación. La fecha que tenía prevista era el lunes 23 de febrero, según Muñoz Bolaños, partiendo del hecho prácticamente seguro de que Calvo Sotelo no obtendría los votos necesarios en la sesión de investidura que se iba a celebrar el viernes 20.


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text: En el juicio Tejero dijo que el viernes 20 de febrero se entrevistó con Cortina en su casa, pero este lo negó. Según Tejero, Cortina se presentó como «el hombre de confianza de Armada» y le aseguró que no encontraría «mucha oposición» en el asalto del Congreso de los Diputados. Tejero también declaró en el juicio que, gracias a la mediación del comandante Cortina, se reunió con el general Armada en la tarde-noche del sábado 21 de febrero, pero tanto Cortina como Armada negaron siempre que el encuentro se hubiera producido. En la reunión, según Tejero, Armada le dijo que cuando se produjera el asalto al Congreso de los Diputados él estaría en el Palacio de La Zarzuela junto al rey, «sujetándolo» porque «es voluble, aunque respalda esto».


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text: El viernes 20 de febrero había tenido lugar en el Congreso de los Diputados la votación para investir a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, pero no consiguió la mayoría absoluta necesaria, por lo que debía producirse una nueva votación cuarenta y ocho horas después, el día 22 de febrero, tal como establece el artículo 99.3 de la Constitución española. Como el 22 de febrero era domingo, el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, decidió aplazar la segunda votación al lunes, 23 de febrero. Este último es el día que elegirán los conjurados para su tentativa de golpe de Estado. Ese mismo viernes 20 de febrero el corresponsal en Madrid de "Paris Match" había escrito: «En el aire se huele el golpe de estado, el pronunciamiento». Ya antes del verano Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, había advertido: «si no se toman medidas, el golpe será inevitable».


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text: El domingo 22, el comandante Ricardo Pardo Zancada, destinado en la Brunete, viajó a Valencia y se entrevistó con Milans del Bosch. Este le dijo que estaba todo preparado y que el asalto al Congreso de los Diputados se produciría al día siguiente entre las seis y las seis y media de la tarde. Inmediatamente Milans declararía el estado de guerra en la III Región Militar y se pondría en contacto con el general Armada, que estaría en el Palacio de la Zarzuela junto al rey don Juan Carlos. Entonces informarían al resto de Capitanes Generales de que la operación se hacía en nombre del rey. Este nombraría al general Armada presidente del Gobierno y a Milans jefe del Estado Mayor del Ejército (o jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, según Paul Preston). Para que el plan funcionara era necesario que la División Acorazada Brunete controlara los puntos neurálgicos de Madrid, y vencer así la posible resistencia del Capitán General de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci. De comandar la Brunete se encargaría el general Luis Torres Rojas, que se desplazaría a la capital desde su destino en La Coruña. En medio de la conversación sonó el teléfono. Pardo Zancada dedujo que el que llamaba era el general Armada porque cuando descolgó el aparato Milans dijo: «¿Sí? Soy yo, Alfonso; puedes hablar». A Pardo Zancada le pareció entender que estaban confirmando el plan dispuesto para el día siguiente (aunque existen ciertas dudas sobre si la llamada tuvo realmente lugar y no fue en realidad una invención de Pardo Zancada). Milans se despidió del comandante diciéndole que cuando llegara a Madrid se pusiera en contacto con el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la Brunete. El encuentro tuvo lugar a medianoche. Tanto Pardo Zancada como San Martín estaban preocupados por el grado de improvisación con que se había preparado el golpe.


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text: Ese mismo domingo 22 de febrero el diario "El Alcázar" había publicado en portada una enorme fotografía del hemiciclo vacío del Congreso de los Diputados con una gruesa flecha señalándolo que contenía la frase «Todo dispuesto para la sesión del lunes». Según Javier Cercas, esta portada probaría que «al menos el director de "El Alcázar" y alguno de sus colaboradores» conocían lo que iba ocurrir.


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text: Según Ricardo Muñoz Bolaños, el golpe no solo estaba escasamente preparado, «sino que tenía errores de diseño. El primero, la utilización de la acción de Tejero para alcanzar la Presidencia del Gobierno. Este era partidario de una Junta Militar [presidida por Milans del Bosch]… Esto significaba que no tenía ningún respeto por la democracia ni por sus representantes, como quedó patente durante el golpe de Estado. […] El segundo error era el tipo de operación elegido. […] Armada optó por "monitorizar" el plan de Tejero, que suponía la retención ilegal de los representantes populares con el objetivo de que posteriormente le eligiesen a él como presidente para salvar la democracia. Pero dicho nombramiento siempre estaría bajo sospecha, pues se habría producido bajo la amenaza de las armas. […] Por tanto, Armada diseñó mal la operación, y en ese errático diseño estuvo una de las causas de su fracaso. Sin embargo, y esto resulta paradójico, la suma de acontecimientos que se sucedieron en la tarde-noche del 23 de febrero estuvieron a punto de hacerla triunfar».


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text: El golpe de Estado comenzó a las 18:23 horas del lunes 23 de febrero con el asalto al Congreso de los Diputados por los guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, que fue seguido de la proclamación por el capitán general Jaime Milans del Bosch del estado de excepción en la III Región Militar con sede en Valencia. Pero los siguientes tres pasos planificados por los golpistas fueron neutralizados por la intervención de La Zarzuela: ningún capitán general secundó a Milans del Bosch y proclamó el estado de excepción (el rey Juan Carlos I habló con todos ellos para que no secundaran el golpe); la División Acorazada Brunete no se movilizó (el capitán general de Madrid Guillermo Quintana Lacaci, siguiendo las órdenes del rey, hizo volver a las unidades que ya se disponían a ocupar Madrid); y el general Alfonso Armada no consiguió el permiso del rey para ir a La Zarzuela y estar junto a él, lo que pretendía servir de coartada al golpe. Se creó así una situación de ‘’impasse’’ que se rompió hacia las 21:00 h. cuando Milans habló con Armada y le propuso una variante del plan inicial: que fuera al Palacio de las Cortes y consiguiera que los diputados aprobaran el gobierno de concentración previsto presidido por él a cambio del fin del secuestro del Congreso de los Diputados y de la retirada de los tanques que, siguiendo sus órdenes, ya ocupaban Valencia.


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text: El general Armada obtuvo el permiso para entrevistarse a «título personal» con Tejero, pero este rechazó la propuesta del gobierno de concentración que calificó de «chapuza» cuando conoció que lo integraban representantes de todos los partidos (él esperaba que se constituyera una Junta Militar). Así que no permitió que Armada pudiera dirigirse a los diputados. A la 1,14 de la madrugada del martes 24 de febrero, cuando Armada aún se encontraba discutiendo agriamente con Tejero, TVE emitía el mensaje del rey Juan Carlos (grabado una hora antes) en el que este manifestaba su radical oposición al golpe («La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum», decía el final del mensaje). Milans entonces ordenó retirar los tanques de Valencia, aunque aún tardó varias horas en levantar el estado de excepción. A primera hora de la mañana se negociaban las condiciones de la rendición de las fuerzas que ocupaban el Congreso (a las que se había unido una columna de la Brunete al mando del comandante Ricardo Pardo Zancada) y a las 11,25 se firmaba el «pacto del capó». Media hora después comenzaban a abandonar el Palacio de las Cortes los diputados y los miembros del gobierno secuestrados. «Eran las doce en punto de la mañana de un martes helado y brumoso. Acababan de transcurrir las diecisiete horas y media más confusas y decisivas del último medio siglo de historia de España y el golpe del 23 de febrero había terminado», escribió Javier Cercas en 2009.


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 9,00 h. "Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid)" Tejero consigue los seis conductores que necesita para trasladar en autobús a los guardias civiles que van a participar en el asalto del Congreso de los Diputados


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 9,00 h. ("circa") "Capitanía de la III Región Militar (Valencia)" Milans del Bosch prepara la declaración del estado de excepción


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text: 15,00 h. "Cuartel General de la División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid)" El general Torres Rojas llega desde La Coruña


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text: 16,30 h. "Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid)" Tejero recluta los guardias civiles para el asalto al Congreso


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text: 16,50 h. "Cuartel General de la División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid)" La División Acorazada Brunete se suma al golpe


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text: 17,30 h. "Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid)" / "Primera Comandancia Móvil de la Guardia Civil (Valdemoro, Madrid)" El grupo de Tejero sale hacia el Congreso de los Diputados


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 17,30 h. "Capitanía General de la IIIRegión Militar (Valencia)" Milans del Bosch da las últimas instrucciones


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text: 18,23 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)". Asalto al Congreso de los Diputados encabezado por Tejero. Empieza el golpe


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 18,30 h. ("circa") "Capitanía General de la III Región Militar (Valencia)" Milans proclama el estado de excepción en la III Región Militar e intenta que el resto de capitanes generales le secunden


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 18,40 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" Esperando la llegada de la «autoridad competente, militar por supuesto»


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 18,40 h. "Cuartel General de División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid)" / "Capitanía General de Madrid" Quintana Lacaci ordena la vuelta a los cuarteles de la Brunete


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 18,40 ("circa") "Palacio de la Zarzuela (Madrid)" El rey se pone en contacto con los capitanes generales para asegurarse que no secundan el golpe


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 18,45 h. ("circa") "Palacio de la Zarzuela (Madrid)" El general Armada fracasa en su intento de acudir al Palacio de la Zarzuela


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text: 19,15 h. ("circa") "Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid)"/"Palacio de la Zarzuela (Madrid)" La diputada Anna Balletbò habla por teléfono con el rey


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text: 19,15 h. "Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid)" Fracasa el intento del director general de la Guardia Civil para que Tejero depusiera su actitud


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text: 19,35 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" El presidente Suárez es sacado del hemiciclo por Tejero


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text: 19,47 h. "Palacio de la Zarzuela (Madrid)" / "Capitanía de la III Región Militar (Valencia)" El rey llama a Milans del Bosch y este se niega a retirar las fuerzas que ha desplegado en Valencia


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 19,48 h. "Instalaciones de TVE en Prado del Rey (Madrid)" Ocupación de Televisión Española por una unidad de la Brunete


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 20,10 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" Son sacados del hemiciclo el vicepresidente del Gobierno, el ministro de Defensa y tres destacados diputados (González, Guerra y Carrillo)


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 20,30 h. ("circa") "Congreso de los Diputados (Madrid)" Tejero anuncia lo que le ha comunicado un enlace: las regiones militares II, III, IV y V están sublevadas (aunque en realidad solo lo estaba la III)


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text: 20,40 h. "Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid)" Abandona el Congreso el primer civil y "El País" saca a la calle una edición extraordinaria


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 21 h. "Ministerio del Interior (Madrid)" Se anuncia la formación de un gobierno interino formado por los Secretarios de Estado y los subsecretarios


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 21,50 h. "Cuartel General de la División Acorazada Brunete (Madrid)" El general Torres Rojas cumple la orden de volver a su destino en La Coruña


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text: 21,50 h. ("circa") "Cuartel General del Ejército (Madrid)" El general Armada consigue ser autorizado por La Zarzuela para acudir al Congreso "a título personal"


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text: 23,30 ("circa") "Hotel Palace (Madrid)" Armada explica su «plan» para acabar con el secuestro del Gobierno y del Parlamento a Aramburu, a Sáenz de Santamaría y a Mariano Nicolás


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 0,30 ("circa") "Congreso de los Diputados (Madrid)" El general Armada se presenta en el Congreso y mantiene una agria discusión con Tejero


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text: 1,14 h. "Palacio de la Zarzuela (Madrid)" Discurso del rey Juan CarlosI difundido a toda España por televisión


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text: 1,20 h. "Capitanía de la III Región Militar (Valencia)" Milans del Bosch cumple la orden del rey de retirar los tanques de Valencia, pero no levanta el estado de excepción


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text: 1,25 h. "Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid)" El general Armada sale del Palacio de las Cortes sin que Tejero haya aceptado su «plan»


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text: 1,45 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" Una columna comandada por Pardo Zancada se une a las fuerzas de Tejero


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text: 5,10 h. "Capitanía General de la III Región Militar (Valencia)" Milans comunica al Palacio de la Zarzuela el levantamiento del estado de excepción


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text: 5,20 h. ("circa") "Congreso de los Diputados (Madrid)" / "Capitanía de la III Región Militar (Valencia)" Pardo Zancada habla con Milans y este se desentiende de lo que suceda en adelante


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text: 7,30 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" Manuel Fraga, tras provocar un incidente, es conducido fuera del hemiciclo


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 9,50 h. ("circa") "Congreso de los Diputados (Madrid)" Se pactan las condiciones de la rendición del comandante Pardo Zancada


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text: 10,00 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" Huida de un grupo de guardias civiles y salida de las mujeres diputadas


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 10,30 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" / "Hotel Palace (Madrid)" Tejero exige que acuda el general Armada al Congreso como una de las condiciones de su rendición


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 11,25 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" El general Armada firma el documento con las condiciones para la rendición de Tejero (el «pacto del capó»)


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: 12,00 h. "Congreso de los Diputados (Madrid)" Los miembros del Gobierno y los diputados salen del Palacio de las Cortes. El golpe de Estado había terminado


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text: Javier Cercas ha destacado que cuando se produjo el golpe nadie salió a la calle en defensa de la democracia, y ello se debió, según él, al recuerdo todavía vivo de la guerra civil. «El país entero se metió en casa a esperar que el golpe fracasase. O que triunfase». Pero hubo algunas «escasísimas salvedades» como el diario "El País" que sacó una edición especial a las dos horas de haberse iniciado el secuestro del Congreso de los Diputados. El editorial nítidamente antigolpista que aparecía en primera página había sido escrito por Javier Pradera, una persona que demostró «estar dispuesta a jugarse el tipo por la democracia», en palabras de Javier Cercas. Otra excepción fue "Diario 16" que sacó una edición especial hacia las 12 de la noche y entre los políticos el presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol —y el PSUC, el partido comunista catalán—. Solo tras el mensaje del rey emitido por televisión a las 01,14 h. del martes comenzaron a caer «en cascada las condenas al golpe de las organizaciones políticas, sindicales y profesionales, de los gobiernos autonómicos, de las alcaldías, de las diputaciones, de la prensa y de un país entero que había permanecido en silencio hasta que vislumbró el fracaso de los golpistas».


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: El día 23 el episcopado español se encontraba reunido en asamblea plenaria, pero no realizó declaraciones hasta el día 24, cuando el golpe ya había fracasado. Según Santiago Carrillo, un asistente a la asamblea, que no era obispo, sino cura, trató de conseguir que ese mismo día la asamblea hiciera una declaración contra el golpe y a favor de la Constitución, pero no lo logró. Según relató años después, José María Martín Patino, obispo auxiliar de Madrid, se pasó toda la noche intentando que la jerarquía eclesiástica condenara el golpe e hiciera una declaración a favor del sistema democrático —así lo habían pedido reiteradamente desde el Ministerio de la Presidencia y diversos medios de comunicación—, pero no lo logró. «Yo todavía tengo remordimientos y sentimiento de culpa», afirmó. Cuando finalmente se redactó el comunicado algunos obispos se opusieron a que se incluyera la referencia a la Constitución, aunque acabó prevaleciendo la opinión del sector «progresista» liderado por el cardenal Tarancón y sí apareció: «Queremos expresar a Su Majestad el Rey, a las autoridades y al pueblo, nuestro firme propósito de contribuir como pastores de la Iglesia a la serenidad y a la responsabilidad de todas las instituciones y personas del país, dentro del respeto a la Constitución, y con voluntad de concordia por parte de todos». Sin embargo, en el comunicado no se condenaba de forma expresa el golpe ni aparecía la palabra democracia. Por otro lado, la patronal CEOE tampoco hizo ningún comunicado a favor del sistema democrático, a pesar de la petición expresa que les hizo a sus dirigentes Alberto Recarte, asesor económico de Suárez adscrito al Ministerio de la Presidencia.


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text: Poco después de las doce y media de la mañana del martes 24, cuando todos los diputados y miembros del gobierno ya habían salido del Palacio de las Cortes, Televisión Española emitió las imágenes de lo que había sucedido en el hemiciclo del Congreso de los Diputados desde la entrada del teniente coronel Tejero pistola en mano a las 18,23 h. del lunes 23 hasta treinta y cuatro minutos y veinticuatro segundos después. Aunque no se estaba emitiendo en directo, había cuatro cámaras enviando su señal a la unidad móvil de TVE. Las dos centrales fueron inutilizadas por los asaltantes, pero las dos laterales siguieron funcionando hasta que en un momento determinado dejaron de emitir. El impacto de las imágenes fue enorme. Era «el único golpe en la historia grabado por televisión».


title: Golpe de Estado en España de 1981

text: Por la noche de ese mismo martes 24 de febrero, tras la reunión de la Junta de Defensa Nacional, el rey recibió en el Palacio de la Zarzuela a los principales líderes políticos (Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga). Les entregó un documento en el que se decía que había que extraer «meditadas consecuencias para determinar futuras normas de conducta» y en el que se pedía a los partidos que actuaran con «serenidad y prudencia» y que limitaran las exigencias de responsabilidades por el golpe a quienes «cometieron los actos de subversión de las últimas horas» evitando generalizarlas al conjunto de las Fuerzas Armadas. Según Juan Francisco Fuentes, el mensaje que quiso transmitir el rey a los dirigentes políticos fue que «la salud de la democracia y la estabilidad del país requerían una mayor unidad entre todos». El documento que entregó el rey a los líderes políticos decía lo siguiente: