title: Caso Odebrecht en Perú

text: La investigación también alcanza a Gerardo Sepúlveda, empresario chileno señalado como exsocio de PPK, y se refiere a los negocios entre Odebrecht y Westfield Capital, empresa unipersonal de Kuczynski. Odebrecht firmó un contrato de asesoría financiera con Westfield, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Credibolsa S.A.B. para que realicen una “evaluación financiera del proyecto IIRSA Sur”. La Fiscalía dice que el acuerdo es del 1 de abril de 2005 y “fue suscrito por Gerardo Sepúlveda” como representante de Westfield por asesorías financieras, a pesar de que “no consta ningún mandato o poder otorgado” a este de parte de la empresa de PPK.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Ministerio Público indica luego que el acuerdo entre Odebrecht y Westfield tenía una cláusula que condicionaba la segunda parte del servicio y el pago de una comisión por US$ 100 mil “a la adjudicación de la buena pro”. Es decir, este pago dependía de que el Gobierno le otorgue la concesión de la obra a la empresa brasileña. Cabe recordar que por entonces PPK, el dueño de Westfield, seguía siendo ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión.


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text: Por todo esto, la Fiscalía cree que hay “elementos que hacen presumir que este contrato solo tuvo como propósito estrechar vínculos” con el propio PPK, ya que “el objetivo de Odebrecht era contratar a Westfield Capital”. Esto, continúa el documento, “garantizaba que las utilidades percibidas por esta empresa Westfield lleguen a manos de su único titular, Pedro Pablo Kuczynski”. “Si no fuera así, Odebrecht pudo haber contratado directamente con Gerardo Sepúlveda Quezada, quien manejaba directamente First Capital”. First Capital es una empresa que también hacía asesorías financieras y que era propiedad del empresario chileno.


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text: Fernando Zavala fue viceministro de Economía (2002-05) y ministro de Economía de Alejandro Toledo (2005-06), además de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de PPK (2016-17). La Fiscalía también le imputa haberse coludido con Odebrecht al considerar que “tenía pleno conocimiento de los actos denunciados” y que “desarrollaba actos con intensidad en coordinación” con Toledo, quien buscaba que se cumpla lo presuntamente pactado con Jorge Barata y beneficiarse “con el pago de los 35 millones de dólares” de Odebrecht. Para esto se citan, entre otras cosas, declaraciones del propio Barata.


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text: En el caso de Fernando Olivera, este fue un aliado de Alejandro Toledo durante la mayor parte de su gobierno, en el cual ocupó los cargos de ministro de Justicia (2001-02), embajador en España (2002-05) y ministro de Relaciones Exteriores (2005). Igual que PPK y Fernando Zavala, el fiscal José Domingo Pérez le imputa el delito de colusión agravada en calidad de cómplice al “haber presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas”.


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text: El fiscal Pérez Gómez sostiene que Fernando Olivera “realizó gestiones para levantar las observaciones que presentó la Contraloría durante el control previo” de la obra, con el objetivo de que se “proceda a la firma de los contratos de las empresas” que ganaron la concesión la Interoceánica: Odebrecht y sus consorciadas peruanas. Se le atribuye que, a pedido de Alejandro Toledo, “habría realizado actos ajenos” a su cargo como embajador para viajar al Perú y realizar estas “gestiones” en respuesta a lo observado por la Contraloría.


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text: El 4 de diciembre de 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 18 meses para los ejecutivos de las empresas socias de Odebrecht (consorcio CONIRSA) en la concesión de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, involucrados en el pago de una coima al presidente Alejandro Toledo. Los afectados fueron José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero; Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de Graña y Montero; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el delito de lavado de activos y colusión. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, ex gerente de Infraestructura de Graña y Montero, que se hallaba internado en una clínica, se decidió su arresto domiciliario.


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text: Sin embargo, el 19 de enero de 2018, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, y se anuló el arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro Rey, quien lo cumplía desde una clínica. En cuanto a José Graña y Hernando Graña, quedó pendiente la revocación.


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text: El 28 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de prisión preventiva contra Hernando Graña, quien pasó a afrontar el proceso con comparecencia simple. Posteriormente, el 2 de abril, mientras juramentaba el primer gabinete del presidente Vizcarra, se hizo lo mismo a favor de José Graña, de modo que actualmente no hay ningún directivo de las empresas consorciadas que estén en prisión preventiva.


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text: El 19 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Sergio Nogueira Panicalli, exsecretario general del consorcio CONIRSA, declaró que se pagaron US$ 45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Nogueira detalló que Odebrecht pagó el 70% del soborno, mientras que el 30% restante fue cubierto por las empresas peruanas socias: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reafirmó que los principales ejecutivos de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA tenían conocimiento de los pagos de sobornos por la Interocéanica Sur y el Metro de Lima, aunque sin conocer los detalles. Según Barata, los directivos de dichas constructoras aceptaron poner su parte en los sobornos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según una versión periodística, Barata habría dicho que Graña y Montero pagó US$3 millones en sobornos por el Metro de Lima. Sin embargo, la constructora rechazó esa versión, aduciendo que lo que realmente dijo Barata fue que solicitó el reembolso de lo que habían pagado e incrementó en US$3 millones lo que supuestamente le correspondía a Odebrecht. Y que, en todo caso, esperaría las transcripciones del interrogatorio para aclarar los hechos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para José Graña y Hernando Graña, pero en agosto de 2019 desistió en su pedido, debido a que ambos se acogieron a la colaboración eficaz, renunciando a la reserva de sus identidades. La colaboración se circunscribe al caso de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, el Fiscal Pérez pidió comparecencia con restricciones con impedimento de salida del país por 36 para José Graña y Hernando Graña, también se pidió este requerimiento para Oswaldo Plascencia (Exdirector de Contratos de la ATM), Raúl Torres (Ex Director de Provias Nacional), y el ex gerente general de Graña y Montero, Manuel Lambarri Hierro. El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido fiscal e incluyó una caución económica para cada uno, e incluso días después de haber ordenado el impedimento de salida del país para los empresarios, el juez ordenó el embargo de las acciones de José Graña en la Constrcutora, Graña y Montero para garantizar un eventual pago de reparación civil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En agosto de 2020, el Fiscal José Domingo Pérez pidió 20 años de cárcel para los ex ejecutivos de Graña y Montero; JJ Camet e IGCSSA: José Graña, Fernando Camet y José Castillo Dibos. Mientras para los ex directivos de Graña y Montero Hernando Graña y Gonzalo Ferrari Rey se pidió 12 años de cárcel. Esto por los delitos de Lavado de Activos y Colusión en el Caso Interoceánica. Ese mismo mes, el juez Santos Benites Burgos ordenó incautar más de S/30 millones en acciones de la compañía Graña y Montero de Hernando Graña; ex directivo de la Constructora, así como acciones valorizadas en S/ 166 mil de Gonzalo Ferraro Rey; ex gerente de relaciones internacionales de la empresa, quienes acusados por el presunto delito de lavado de activo en el caso de la Carretera Interoceánica.


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text: En marzo de 2017 el entonces fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Ello en referencia al Caso del Metro de Lima, en el que presuntamente, desde su alta investidura de presidente de la República, García habría favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, mediante decretos de urgencia y otros dispositivos legales.


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text: Es de señalar que, en un principio, nadie, ni Barata ni ningún otro sujeto a la colaboración eficaz, había involucrado directamente a García en la recepción de coimas en el caso del Metro de Lima o en algún otro caso. Inicialmente, solo fueron sindicados funcionarios de tercer nivel, como el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba. Sin embargo, ya desde temprano, la prensa apuntó como presuntos indicios de cohecho de parte de García, el hecho que las iniciales AG aparecieran en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, así como las reiteradas reuniones que el entonces presidente de la República sostuvo con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.


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text: García se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas con la Fiscalía anticorrupción; siempre negó haber recibido coimas u otros beneficios para favorecer a las empresas en obras públicas y ha recalcado que nadie le ha imputado directamente a él, a diferencia de lo que ocurre con otros expresidentes o exfuncionarios. «Otros seguramente estarán implicados, yo no», solía decir. Cuando se le inquirió sobre sus ingresos, dijo que provenían en buena parte de las conferencias que le solicitaban a nivel internacional.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la entrega de un aporte de doscientos mil dólares para la campaña electoral de Alan García de 2006 (en la que ganó la presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, que había sido su ministro de Estado, en sus dos gobiernos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez dispuso reactivar la investigación sobre Alan García por el presunto delito de lavado de activos, en el caso de la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para financiar sus campañas electorales. En el mismo sentido se abrió investigaciones preliminares a los expresidentes Toledo y Kuczynski.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de abril de 2019, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el juez Richard Concepción Carhuancho dio impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Alva Castro, por presunto lavado de activos. Según la investigación de la fiscalía, Alva Castro había gestionado personalmente que Odebrecht apoyara económicamente en la campaña electoral aprista de 2006, habiendo recibido US$ 200 mil de manera ilícita.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 15 de noviembre de 2018, Alan García acudió a una cita con la fiscalía por lavado de activos, lo que se percibía como una interrogación rutinaria de parte de fiscal José Domingo Pérez. Pero este decidió suspender la diligencia y amplió la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y lavado de dinero, alegando haber recibido nueva información de Brasil que lo obligada a elaborar una «teoría suplementaria» del caso. Simultáneamente, IDL-Reporteros reveló que la empresa Odebrecht, a través de un operador convertido en delator premiado, había pagado 100.000 dólares a García por una conferencia que este dio a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo en mayo de 2012, dinero que había salido de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa, la misma que era usada para el pago de coimas. La tesis acogida por la fiscalía es que los pagos por conferencias a García serían la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima por la obra del Metro de Lima y otras más. Todo ello fruto de un pacto colusorio.


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text: El siguiente paso del fiscal José Domingo Pérez fue solicitar al Poder Judicial que diera la orden de impedimento de salida del país por 18 meses para García. Uno de los sustentos para esta medida fue que García se presentaba ante la fiscalía como domiciliado en Miraflores, Lima, pero era de notorio conocimiento que su lugar de residencia era Madrid, España. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena aprobó el pedido del fiscal (17 de noviembre de 2018).


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text: Horas después, en la puerta de su casa, García dijo a los periodistas que para él no era una un castigo permanecer 18 meses en su país y que siempre estaría a disposición de la justicia. Pero en la noche del mismo día, acudió a la casa del embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, donde pasó la noche. Al día siguiente, el gobierno uruguayo anunció que el expresidente peruano había solicitado asilo, al considerarse un perseguido político. Como sustento a tal afirmación, García afirmaba no haber cometido ningún delito y mencionaba como prueba el informe final de la Comisión Lava Jato, que no le imputaba de algún ilícito. Acusó al fiscal José Domingo Pérez de no llevar a cabo un debido proceso y de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos políticos. Representantes de su partido salieron también a decir que fue la misma dirigencia del aprismo que le aconsejó tomar tal decisión, ya que se habían enterado, a través de un informante, de que el fiscal Pérez ya tenía preparada una orden de arresto preliminar, que se ejecutaría el día 20. Ello fue desmentido por el fiscal Rafael Vela Barba (el coordinador del Equipo Especial Lava Jato), pues el proceso no estaba aun lo debidamente avanzado como para tomar tal medida.


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text: El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y no existía persecución política. Señaló también que no procedía el asilo político a alguien que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Poco antes de dicha declaración, Alan García ya se había retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 18 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de Odebrecht en Brasil, Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, confesó que el mismo Jorge Barata le pidió que pague US$ 100 mil a García, simulándolo como si fuera el pago por una conferencia que el expresidente dio en Brasil en mayo de 2012. El dinero de dicho pago provenía de la Caja 2, que estaba destinada exclusivamente para el pago de coimas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de marzo de 2019, el abogado brasileño José Américo Vieira Spinola, durante un interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José Domingo Pérez, confirmó que su estudio jurídico fue usado por Odebrecht para pagar los US$ 100 mil a Alan García. Por dicho servicio, el estudio recibió U$ 15 mil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht, en febrero de 2019, anunció la revelación de más detalles de la trama de corrupción armada por Odebrecht en el Perú. Se esperaba que Jorge Barata, exdirectivo de la empresa brasileña en Perú y acogido a la delación premiada, diera por primera vez información que apuntara directamente a García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación del caso a Luis Nava Guibert, exministro y exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de García (2006-2011); y a su hijo José Antonio Nava Mendiola, gerente de Transportes Don Reyna, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht que estarían destinados a Alan Garcia. Es decir, tanto Nava padre como hijo habrían sido los testaferros del expresidente.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De acuerdo con la investigación de IDL-Reporteros, basada en documentos de la Caja 2 del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (proporcionados por esta misma empresa), Nava Guibert recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones. De esta cantidad, US$1.3 millones fueron depositados a la empresa “offshore” Ammarin Investment Inc., de propiedad de Miguel Atala Herrera, que fuera vicepresidente de Petro-Perú, durante el segundo gobierno de García de 2006-2011.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Atala indicó que el dinero entregado por la constructora fue por la compra de un terreno en El Agustino para el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, según los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, estos pagos realmente fueron por la carretera Interoceánica Sur.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según los documentos, los US$1,3 millones transferidos a Atala a la Banca Privada de Andorra por medio de la “offshore” Kleinfeld Services Limited (perteneciente al Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht) fueron destinados a una persona con el nombre clave ‘Chalán’. Tras firmar el acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, la empresa realizó una búsqueda en su sistema e identificó que el seudónimo de ‘Chalán’ correspondía a Nava Guibert.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realizó otros 19 pagos a Nava. Seis de estas transferencias estuvieron cargadas al proyecto de la carretera Interoceánica Sur. La mayoría de estos pagos fueron ordenados por Jorge Barata.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y gerente de Transportes Don Reyna, también recibió pagos de la Caja 2 de Odebrecht por casi medio millón de dólares, en siete depósitos realizados entre enero y octubre de 2010. El nombre clave de Nava Mendiola era ‘Bandido’. Estas transferencias fueron cargadas al proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En resumen, de acuerdo con la tesis de la fiscalía, la concesión de la construcción del Metro de Lima a Odebrecht fue fruto de una “concertación ilegal” entre Alan García y Jorge Barata; que los sobornos ascendían a US$24 millones, y no a US$8 millones como en un principio se dijo; que US$10 millones habrían sido usados para “aceitar” a funcionarios de rango intermedio, como Jorge Cuba (viceministro de Transportes), y que los 14 millones restantes habrían sido remitidos a Alan García, quien usó como testaferros a Luis Nava Guibert, Luis Nava Mendiola, Miguel Atala, Samir Atala y el empresario Gonzalo Monteverde (este último prófugo desde febrero), aunque presumiendo que existan otros más.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Tanto Luis Nava como Miguel Atala formaban parte del entorno más cercano a Alan García. Al momento de producirse las transferencias del dinero de Odebrecht a sus cuentas, ambos no tenían ningún poder de decisión sobre el proyecto del Metro de Lima o el de la carretera Interoceánica Sur. Nava era solo secretario de la presidencia, y Atala directivo de Petro-Perú. Por tanto, no eran funcionarios que, actuando de manera personal, hubiesen cobrado coimas a cambio de beneficiar a Odebrecht en dichos proyectos. Ello abonaría a favor de la tesis que eran solo testaferros de alguien que si tenía poder decisorio en esos proyectos, y ese otro no podía ser sino Alan García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 16 de abril de 2019, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, en el marco de la investigación preliminar del caso Odebrecht sobre la Línea 1 del Metro de Lima, ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, además de otras ocho personas. Estos eran:


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text: La decisión la tomó el juez al acoger el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que investigaba a Alan García y su entorno por el presunto delito de lavado de activos, colusión y cohecho para favorecer a Odebrecht en la licitación de los proyectos IIRSA (tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur) y el Metro de Lima (tramo 1). Según la tesis de la fiscalía, Alan García sería el líder de una organización criminal.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 17 de abril de 2019, a las 6 y 25 de la mañana, el fiscal Henry Amenábar, del despacho del fiscal José Domingo Pérez, llegó a la puerta del domicilio de Alan García en la calle Manuel de Freyre Santander, del distrito de Miraflores, junto a seis policías de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), comandados por Guillermo Castro. La intervención, que tenía por objeto detener a Alan García y allanar su casa, era de carácter reservado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Amenábar tocó el intercomunicador. Al ser inquirido por la empleada, dijo: «Soy fiscal, mi nombre es Henry Amenábar y traigo una orden de allanamiento». La mujer le pidió que aguardara un instante, ya que tenía que despertar a su jefe. Enterado de la presencia del fiscal, Alan García llamó por su celular a su secretario personal Ricardo Pineda, quien le aconsejó que permitiera el allanamiento.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: García, que se encontraba en el segundo piso de la casa, ordenó que dejaran entrar al fiscal para que esperara en la sala del primer piso, mientras él se vestía. Ya listo, García bajó, pero se detuvo en medio de la escalera y preguntó a Amenábar para qué había venido. El fiscal le pidió que bajara. García insistió y preguntó si se trataba de su detención. Como el fiscal le insistiera en que se aproximara, García dijo que haría una llamada telefónica a su abogado y subió raudamente. Entró a su habitación y cerró la puerta, mientras que el comandante Guillermo Castro corría tras él e intentaba forcejear la puerta. Instante después, se escuchó un disparo. Eran las 6 y 37 de la mañana. Los agentes de la diviac y los custodios del expresidente que se encontraban en el primer piso subieron para ayudar a Castro, pero no pudieron tumbar la puerta de la habitación. Pidieron entonces que la empleada la abriera con la llave, tras lo cual, encontraron al expresidente sentado y con la cabeza inclinada y ensangrentada. Se había disparado en la cabeza con un revólver, apuntándose a la sien derecha; la bala había salido por el lado izquierdo.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Los policías, de inmediato, evacuaron al expresidente al hospital más cercano, el Casimiro Ulloa. Lo hicieron en el vehículo de la policía que se encontraba en la casa (ya que, como exjefe de Estado, tenía resguardo policial). Finalmente, estando en sala de urgencias, Alan García falleció a las 10 y 5 de la mañana, producto de una hemorragia cerebral causada por un proyectil de arma de fuego y tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Mientras que el exmandatario estaba siendo atendido en el hospital y aún después de su fallecimiento, se continuó la diligencia de allanamiento en su casa, lo que provocó la protesta de su abogado, que exigía que se pusiera fin a la misma. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que la muerte del exmandatario no anulaba la orden de allanamiento de la vivienda, ya que el caso por el que era investigado implicaba a otras personas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De otro lado, el exministro Enrique Cornejo y los demás mencionados en la orden de detención se entregaron a la justicia, a excepción de Luis Nava Guibert (que días antes se había internado en una clínica) y su hijo José Antonio Nava Mendiola (que el día 11 de abril había salido del país rumbo a los Estados Unidos).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al fallecer Alan García, todo la investigación en su contra queda archivada, tal como lo determina el Código Penal, aunque continúan la de los demás implicados en el caso, sin afectar que se sepa cuál fue la participación que tuvo el exmandatario en la presunta trama de la corrupción.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 24 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó la tesis de la fiscalía con respecto al caso García, y dio más detalles de los hechos. Todo ello según los trascendidos periodísticos, ya que aún no se conoce la versión oficial de la Fiscalía.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Barata confirmó haber dado US$ 200 mil a Luis Alva Castro, quien se presentó ante él como representante de Alan García para solicitarle aportes para la campaña electoral de 2006. Alva Castro aparece en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) con el nombre código ‘Laque’. Barata dijo también que fue Alva Castro quien le presentó a Luis Nava Guibert, quien tendría un papel importante en el cobro de las coimas bajo el segundo gobierno de Alan García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Barata indicó que Nava actuaba como intermediario o testaferro de Alan García, ya que, como es obvio, este no podía pedir directamente las coimas. De manera figurada, Barata dijo que Luis Nava y Miguel Atala, eran los 'Maiman' de Alan García, aludiendo al testaferro de Alejandro Toledo, Josef Maiman. Es necesario reiterar que Nava no tenía ningún cargo ejecutivo en el segundo gobierno alanista, pues solo era Secretario de la Presidencia, cargo de mucha confianza (solo en los últimos meses fue ministro de la Producción), de modo que la tesis aprista de que actuaba a espaldas de Alan García, es insostenible.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Barata aseguró que inicialmente le entregó a Nava US$3 millones, para que el gobierno de García garantizara la continuación de las obras que Odebrecht había empezado en el gobierno de Toledo, entre ellas la Interoceánica Sur. Nava exigió los pagos en efectivo y con celeridad; cuando Barata le sugirió que creara una cuenta offshore para agilizar los pagos, Nava se negó, aunque después surgió una salida. Fue cuando entró en escena Miguel Atala, quien a solicitud de Nava abrió la cuenta offshore de Ammarin Investment en la Banca Privada d'Andorra, en la que recibió US$1.3 millón que provenían de la empresa Odebrecht camuflada bajo el nombre de Kleinfeld Services.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Otra revelación de Barata fue que Alan García conocía de las coimas cobradas por Alejandro Toledo a Odebrecht, y que pese a ello, permitió que la empresa brasileña continuara laborando en el Perú. Y más aún, decidió continuar cobrando los dineros ilícitos a la empresa.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Y, como anécdota, Barata explicó el significado de los nombres código de CHALAN y BANDIDO, que se les asignó a Nava padre e hijo, respectivamente, en el sistema informático de la Caja 2: Chalán es un nombre que en el Perú se aplica a los que crían caballos de paso. Y como en una época el apodo de Alan García había sido 'Caballo loco', Nava sería, en un sentido jocoso, el 'cuidador del caballo'. Y el apelativo de 'Bandido' de José Antonio Nava, era porque portaba armas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 30 de abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez anunció ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, que Atala se había acogido a la confesión sincera y había revelado que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en su cuenta de la Banca Privada de Andorra, no era para él, ni para Nava, sino que pertenecía en realidad al expresidente Alan García.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Atala dijo que en 2007 había creado la empresa offshore Ammarin Investment INC a pedido de Luis Nava, y que el mismo Barata le visitó para indicarle lo que debía hacer y a quien debía contactar para abrir una cuenta offshore en la banca de Andorra donde recibiría los depósitos. La banca solo admitía a clientes exclusivos con recomendación y Odebrecht presentó a Atala como un socio “estratégico”. Atala dijo que en un principio ignoraba el origen del dinero, que supuso que era de Nava, pero posteriormente, Nava le reveló que se trataba de dinero de Alan García. Los depósitos se sucedieron de 2007 a 2008, hasta sumar US$1.312.000. Luego, en 2010, el mismo Alan García le llamó concertando una reunión personal, y allí le confirmó que se trataba de su dinero, pidiendo que le entregara en varias armadas, que Atala fue cumpliendo hasta 2018. Las entregas las hizo en efectivo, en varios lugares, como en Palacio de Gobierno, en el domicilio del expresidente de Las Casuarinas y en el de Miraflores, y en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, donde García ejercía la docencia.


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text: Dada así la confesión, el fiscal Pérez reformuló su pedido de prisión preventiva de 36 meses para Miguel Atala y su hijo Samir Atala, y pidió detención domiciliaria para el primero y comparecencia restringida para el segundo. Consideró necesario ese régimen para Miguel Atala, ya que, según este mismo, dentro del APRA se estaría formando una fuerza de choque para atentar contra los testigos de los casos que involucraban al expresidente García, por lo que corrían riesgo en caso de ser internados en centros penitenciarios. El juez admitió la solicitud del fiscal.


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text: El 25 de septiembre de 2019, Luis Nava Guibert, hasta entonces cumpliendo prisión preventiva en el penal Castro Castro, confesó ante el Equipo de Fiscales de Lava Jato que Jorge Barata hizo entregas de dinero en efectivo a Alan García a partir de mayo de 2006, es decir, cuando este era todavía candidato a la presidencia. Según Nava, las entregas de dinero a García fueron de manera directa, dentro de loncheras de tipo escolar y de maletas, y que en cada una de las entregas había por lo menos US$ 60 mil. Las entregas habrían continuado cuando García ya era presidente de la República, realizándose dentro de Palacio de Gobierno y llegando a la suma total de US$ 680 mil.


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text: Nava dio también información sobre el uso que García habría dado a dicho dinero. Aseguró que entre 2012 y 2013, el expresidente adquirió un terreno en Las Casuarinas, donde planeaba construir una residencia, pero el estallido del caso Ecoteva así como la investigación de la Megacomisión en el Congreso le obligaron a dar marcha atrás. También habría financiado con ese dinero los estudios de sus hijos en el extranjero y una casa de playa de Asia, que está a nombre de Roxanne Cheesman, entonces pareja de García. También adquirió un embarcadero de lujo en el Lima Marina Club de la Costa Verde para yates. El despacho del Fiscal Pérez ha pedido a la Fiscalía de Perdida de Dominio que proceda a incautar las propiedades de Alan Garcia, (El terreno de las Casuarinas, la Casa de Playa en Los Cocos y el Embarcadero en el Lima Marina Club).


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text: Nava también entregó evidencia documental que probaría que el exmandatario preparó esquema legal para adjudicar a Odebrecht la construcción del Metro de Lima.


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text: Luego de dichos testimonios, el Poder Judicial ordenó cesar la prisión preventiva de Nava, para que continúe su proceso bajo arresto domiciliario con impedimento de comunicarse con los involucrados del Caso, al mismo tiempo comunicarse con dirigentes o afiliados del Partido Aprista. Según Nava, el recibía amenazas en la cárcel para que no hable acerca del fallecido exlíder Aprista, o de miembros del partido involucrados en actos de corrupción.


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text: El 22 de octubre de 2019, Roxanne Cheesman Rajkovic, última pareja de Alan García, empezó a ser investigada de manera preliminar por el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. Según la tesis de la fiscalía, Cheesman «coadyuvó» en el blanqueo de dinero ilícito proveniente de la empresa Odebrecht durante el segundo gobierno de García, al estar involucrada en la compra de predios que el exmandatario habría hecho sin declarar.


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text: El fiscal José Domingo Pérez mencionó específicamente la casa del balneario Los Cocos, en Asia, que está a nombre de Cheesman, pero que según el testimonio de Nava, fue adquirida por García. Al respecto, Cheesman negó esa versión y dijo que el inmueble lo adquirió con su dinero, proveniente de la venta de otros inmuebles suyos. Sin embargo, el fiscal Pérez considera que esas transacciones forman parte de la trama del blanqueode dinero, típico en dichas situaciones.


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text: El 17 de abril de 2019, día en que Alan García se quitó la vida, su entonces pareja Roxanne Cheesman se comunicó con Jorge Henrique Simoes Barata vía WhatsApp para informarle sobre el hecho y pedirle que “diga la verdad”.


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text: De acuerdo con las conversaciones que Cheesman entregó a “Cuarto poder”, el exsuperintendente de la constructora le respondió que nunca habló de García “porque nunca hubo nada de qué hablar y él sabía de eso”.


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text: Cheesman, quien se encontraba en Estados Unidos, decide llamar a Barata. Al no obtener respuesta, le escribe por WhatsApp. Lo primero que hace la pareja de García es identificarse, de esta manera: “Roxanne Cheesman, la mamá del hijo de Alan. Quien se acaba de disparar en la cabeza. Alan nunca le pidió nada. Lo trató con deferencia y usted sobornó a tanta gente a su alrededor”.


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text: Barata le responde: “Qué tragedia, cuánto lo siento. No consigo contestar ahora, llamaré enseguida”. Cheesman le replica: “Usted nos ha hecho sufrir dos años. Nunca se imaginará cuánto, pero que Dios lo castigue y que usted cargue con toda la culpa posible. Solo le pido que cuando Alan esté muerto usted diga la verdad”. Es ahí cuando Barata responde: “Siempre diré la verdad y tengo por él la mayor admiración y respeto. Nunca he hablado nada de él porque nunca hubo nada qué hablar y él sabía de eso. Los enemigos de él son otros, yo no”.


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text: Más tarde, la expareja de García vuelve a escribirle para darle la noticia de la muerte del expresidente. “Confío en su palabra que lo va a reivindicar con la verdad”, le dice. Barata le responde: “Así será”.


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text: El Fiscal José Domingo Pérez, dijo a los medios -tras la revelación de dichos chats- que el equipo especial no se equivoco al pedir la detención de Alan Garcia, para algunos analistas esto complica un poco la situación de Roxanne Cheesman quien viene siendo investigada y además esta un proceso pendiente de perdida de dominio sobre los inmuebles que tiene el expresidente de la República.


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text: El portal IDL-Reporteros difundió unas conversaciones de WhatsApp entre el expresidente Alan García y el empresario José Antonio Nava Mendiola, hijo del exsecretario de general de Presidencia Luis Nava Guibert. Allí, el exmandatario se referiría a la constructora brasileña Odebrecht y a su exrepresentante Jorge Barata como “los amigos”.


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text: Además, IDL-Reporteros da cuenta de una declaración del propio Nava Mendiola en la que indica que al mencionar a “los amigos”, García se refería a los exdirectivos brasileños. “García por algún motivo creía que yo tenía una comunicación con [Jorge] Barata, y quería que le haga llegar el mensaje”, se le cita.


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text: Como se recuerda, a inicios de 2019, José Antonio Nava Mendiola, quien fuera gerente general de Transportes Don Reyna, admitió ante la fiscalía que su padre recibió sobornos de Barata y que él mismo le llevó en algunas ocasiones le llevó mochilas de dinero a pedido del exdirectivo de Odebrecht. Algunas de las conversaciones publicadas este viernes datan de marzo de 2019.


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text: “Esto le pasé a Aurelio para que lo hiciera llegar a los amigos, pero no sé si pasó”, le indicó García, por ejemplo, a Nava Mendiola el 4 de marzo de ese año. “Leí su consejo. Lástima por la situación, porque los amigos son los únicos que podrán hacer la Línea II elevada y soy el único que podría impulsarlo”, prosiguió el exjefe del Estado. “Ojalá pasara. Es posible lograrlo”.


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text: Poco más de hora y media después, su interlocutor, Nava Mendiola, le responde con un “ok, señor”. “Así terminará, voy a tumbar a los españoles”, le replica Alan García.


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text: Asimismo, el 18 de marzo se vuelve a mencionar a “los amigos” en la conversación. “¿En qué andarán nuestros amigos? El Gobierno anda dando señales contradictorias”, señala García. El 28 de marzo, el expresidente vuelve a señalar: “¿En qué andarán los amigos?”.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La Defensa legal del exministro, Luis Nava Guibert presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la existencia de una presunta organización criminal conformada por allegados al expresidente Alan García, con el objetivo de manipular el testimonio de Jorge Barata.


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text: Según detalló el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. “No estamos afirmando que el partido en sí es una organización criminal, pero a partir del reportaje de Cuarto Poder donde se evidenció no solo el chat de Roxanne Cheesman con Jorge Barata, sino un grupo de Whatsapp con personas vinculadas a otros crímenes, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante la existencia de una organización criminal al interior del partido”, afirmó.


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text: El letrado señaló que se configuraría la conformación de una organización criminal en tanto se evidencia la existencia de “una forma de repartija de funciones y tareas” entre los integrantes del grupo de WhatsApp, entre quienes se encuentran la expareja de Alan García, Roxanne Cheesman; el abogado investigado en el caso Odebrecht, Humberto Abanto; el exsecretario de García, Ricardo Pinedo; el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna; el abogado aprista Wilber Medina, y los excongresistas Aurelio Pastor y Luciana León. “Encontramos en el informe periodístico que Pastor se encargaría de conseguir documentos, a un elocuente Humberto Abanto afirmando que ‘no disparemos el arma letal’, a Pinedo y Reyna participando de la estrategia, a Luciana León que parece muda pero participa de la conformación”, agregó.


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text: En septiembre del 2020, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima rechazó por unanimidad los recursos de apelación presentados por la ex primera dama, Pilar Nores y los hijos del expresidente: Carla, Josefina, Gabriela y Alan Simón García.


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text: De esta manera, la primera medida de inhibición es sobre la mansión familiar en Miraflores por lo que no se podrá vender; la segunda es la medida de no innovar o de no modificar la membresía que tenía Alan García en el Lima Marina Club y de un espacio para embarcación en la playa Los Yuyos. En tanto, la tercera es un embargo en forma de retención sobre un derecho a crédito ascendente a unos 840 mil dólares.


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text: Como se recuerda, la ex primera dama y los hijos del expresidente solicitaron al Poder Judicial repatriar los bienes que tenía el expresidente. Con esta decisión, la Fiscalía de Pérdida de Dominio podría pedir la incautación de los bienes del expresidente con el fin de asegurar el pago de una reparación civil al Estado.


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text: El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo (cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la presidencia de 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un oficio a la comisión Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que podría ser consultado, y que respondería por escrito.


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text: La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisión, se debía a que, según su versión, cuando en febrero de 2017 recibió a la Comisión de Fiscalización (presidida por Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos. Sin embargo, la bancada fujimorista exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto de ley para que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las comisiones del Congreso, lo cual, según los expertos constitucionalistas, no tiene sustento en la Constitución.


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text: En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica. Esta declaración tuvo mucha resonancia y alimentó la exigencia de que el presidente debía responder en persona ante la comisión del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de la misma para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.


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text: En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de ultimátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra hizo la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006 a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas al presidente Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado. Cabe destacar sin embargo, que ninguno de esos pagos eran coimas, sino que eran todos legales; lo que se cuestionaba era el hecho de Kuczynski los recibiera a través de su empresa unipersonal siendo ministro de Estado, algo prohibido constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski aceptó haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa brasileña, en 2012. Ello no hizo sino más que aumentar la tensión política por las supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski.


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text: Sobrevino así el primer pedido de vacancia presidencial, sustentada por una supuesta incapacidad moral permanente de Kuczinsky, en el sentido de que había mentido constantemente sobre su vínculo laboral con Odebrecht y que la misma empresa lo había desmentido. Kuczynski salió airoso en la votación del Congreso realizada el 21 de diciembre de 2018. Pero en marzo del año siguiente se volvió a presentar un segundo pedido de vacancia presidencial, pues sus promotores argüían que se habían descubierto nuevos indicios contra Kuczynski, indicios que los partidarios del gobierno achacaron que estaban respaldados solo con investigaciones periodísticas. El 15 de marzo fue aprobada la moción de vacancia en el Congreso y se programó para el 22 de marzo el debate y la votación para decidir la suerte de Kuczynski. Pero antes de que ello ocurriera, Kuczynski renunció a la presidencia (21 de marzo), tras revelarse unos videos que mostraron a sus allegados intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso.


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text: El 16 de marzo, cuando todavía era presidente de la República, Kuczynski recibió por fin a la Comisión Lava Jato, respondiendo por siete horas un interrogatorio. Además del asunto de las relaciones contractuales entre sus empresas de consultoría con las empresas del grupo Odebrecht, se le interrogó por el asunto del financiamiento de su campaña electoral de 2011, cuando postuló por la agrupación Alianza por el Gran Cambio. Esto último, debido a que el 28 de febrero Barata había revelado el aporte de Odebrecht de trescientos mil dólares para dicha campaña. La intermediaria de dicha recepción fue, según la misma fuente, Susana de la Puente, persona de confianza de Kuczynski, y que al momento de esa revelación se hallaba ejerciendo como embajadora del Perú en el Reino Unido.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: A Kuczynski se le siguió investigando por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. Fue impedido de salir del país y se le allanaron sus dos viviendas (una en San Isidro, y la otra en Cieneguilla); ello ocurrió a poco de haber renunciado a la presidencia de la República. Estos allanamientos permitieron a la fiscalía recabar indicios importantes de la vinculación estrecha de Kuczynski con Jorge Barata, algo que el expresidente siempre había negado. Según los datos encontrados en agendas, documentos y correos electrónicos, Kuczynski mantuvo relaciones con varias empresas del grupo Odebrecht durante y después de su paso por el gobierno de Toledo, y antes y durante la campaña electoral de 2011. La fiscalía también cuenta con información de hasta tres grupos de transferencias de dinero de Odebrecht y empresas relacionadas, en las que el beneficiario final es Kuczynski, que va de los años 2004 a 2015.


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text: El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial ordenó el congelamiento de la vivienda de Kuczynski en San Isidro, a fin de que el exmandatario no pueda vender o transferir el inmueble y de esa manera se asegure el eventual pago de una reparación civil futura. De otro lado, la fiscalía de la Nación le abrió dos investigaciones, una por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori y otra por la presunta compra de votos para evitar su vacancia.


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text: El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar de Kuczynski por diez días, por un presunto delito de lavado de dinero. La misma orden recayó sobre su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Luis Bernaola Ñuflo. Asimismo, se ordenó el allanamiento de sus viviendas y oficinas. Kuczynski fue internado en la carceleta de la Prefectura de Lima.


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text: Kuczynski apeló su detención preliminar, pero su pedido fue denegado por el juez. Mientras que la fiscalía anunciaba que solicitaría su prisión preventiva por 36 meses, así para su socio chileno, Gerardo Sepulveda, por presunto lavado de activos a través de su empresa, First Capital, por vínculos laborales con Odebrecht.


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text: La tesis del Ministerio Público es que el presunto lavado de activos, bajo la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, se dio cuando Kuczynski fue ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo, pues habría ayudado a materializar el acuerdo ilícito entre Barata y Toledo para favorecer la concesión a la empresa Odebrecht del proyecto de la carretera Interoceánica Sur o IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Otra obra que se menciona es el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos. Esa ayuda se habría traducido en la suscripción de decretos supremos que allanaban el otorgamiento de esas concesiones. A cambio, la empresa Odebrecht habría contratado a las empresas personales de Kuczynski para que le hagan asesorías, una de ellas relacionadas con el proyecto Olmos.


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text: Todo lo anterior dicho era la tesis que el Equipo Especial de Lava Jato venía sosteniendo desde tiempo atrás, pero lo que le impulsó a solicitar la detención preliminar (y luego preventiva) de Kuczynski fue un informe del Departamento de Análisis Operativo (DAO) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Según dicho informe, Kuczynski hizo transferencias de dinero desde una cuenta suya (la misma que había creado para recibir los pagos de Odebrecht por asesorías), hacia las cuentas de su chofer (por US$528.003) y su secretaria (por US$ 77.376). Como la Fiscalía presume que los pagos por asesorías fueron la compensación que Odebrecht dio a Kuczynski por haberle favorecido con normas legales que agilizaron los proyectos de IIRSA Sur y Olmos, dichas transferencias constituirían lavado de activos y demostrarían el intento del expresidente de poner a buen recaudo su dinero.


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text: En la noche del 16 de abril, Kuczynski fue internado en la clínica Angloamericana (San Isidro) por un cuadro de presión arterial alta. Fue sometido a un procedimiento de cateterismo. La audiencia programada para determinar su prisión preventiva fue suspendida. Esta se realizó finalmente el 19 de abril de 2019 (viernes santo), al final del cual, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, aceptó imponer prisión preventiva a Kuczynski por 36 meses, pese a que se esperaba que se le aplicara solo detención domiciliaria, debido a su edad avanzada y a su estado de salud. Previamente, la fiscalía, al evaluar el informe médico, consideró que no correspondía darle la detención domiciliaria. El juez desestimó en cambio, el pedido de prisión preventiva contra la secretaria Gloria Kisic Wagner y el chofer José Luis Bernaola. Todo este proceso coincidió con el suicidio y funeral de Alan García.


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text: El 25 de abril de 2019, se dio a conocer un informe médico de la clínica Angloamericana, el cual reveló que Kuczynski padece de fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de paro cardíaco y muerte súbita. Al día siguiente se realizó la audiencia en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia para evaluar la situación legal de expresidente. El Ministerio Público anunció que desistiría en la prisión preventiva por 36 meses y se allanaría a la prisión domiciliaria. La Sala dejó al voto su resolución.


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text: El 27 de abril de 2019, el Poder Judicial dejó sin efecto la prisión preventiva contra Kuczynski y dispuso su arresto domiciliario por 36 meses, que deberá cumplir en su vivienda de San Isidro, así como le impuso el pago de una caución de US$100 mil. Ese mismo día, Kuczynski, que seguía internado en la clínica Angloamericana, fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le instaló un marcapasos para estabilizar las arritmias y atenuar el riesgo de infarto. El 2 de mayo, Kuczynski fue dado de alta y retornó a su vivienda de San Isidro para cumplir su detención domiciliaria.


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text: En agosto de 2019, el fiscal José Domingo Pérez solicitó que se le revocara la detención domiciliaria y se le aplicara la prisión preventiva por 18 meses, aduciendo que PPK había recibido visitas de carácter político, con lo que habría incumplido las reglas del arresto domiciliario. El juez Chávez Tamariz rechazó el pedido bajo el argumento de que no se había probado la afirmación del fiscal, así como señaló que la restricción opera solo para testigos y peritos vinculados a la investigación que se le sigue al expresidente.


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text: El Empresario Chileno, Gerardo Sepulveda, llegó a Lima para cumplir las reglas de conducta que le impuso el Juez Jorge Chávez Tamariz, esto después de que se rechazara el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva. Tras ello, el fiscal José Domingo Pérez pidió su impedimento de salida del país, en su calidad de testigo en la investigación por el caso Interoceánica, solicitud que fue aceptada por el juez Richard Concepción Carhuancho.


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text: El Juez ordenó 2 meses de impedimento de salida del país, el empresario apelo la decisión judicial. Debido a la Pandemia de COVID-19, se amplió el impedimento de salida del país de manera frecuente durante varios meses, hasta que en julio de 2020, el Poder Judicial ordenó 6 meses de impedimento de salida del país para el empresario chileno por el Caso de la Carretera Interoceánica. A finales de diciembre del 2020, el empresario regresó a Chile tras vencerse el plazo de impedimento de salida del país que existía en su contra.


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text: José Miguel Castro declaró ante el equipo especial que recibió en agosto de 2013 a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, acompañado del empresario Gerardo Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero.


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text: “Ambos solicitaban beneficios adicionales a la Concesionaria Rutas de Lima, que se materializarían en la Adenda de Bancabilidad”, dijo José Miguel Castro tras indicar que el municipio dejó abierta la posibilidad de elevar la tarifa para financiar las obras adicionales y posibles expropiaciones. Castro agregó que en abril de 2013, después del proceso de revocatoria, Gilbert Violeta visitó la Gerencia Municipal para invitarlo a un desayuno en casa de Pedro Pablo Kuczynski. “El señor PPK se mostró muy interesado en la concesión y en su forma de financiamiento”, acotó.


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text: Según su testimonio, Pereyra planteó la necesidad de implementar el concepto de “Puesta a punto” en las vías Panamericana Norte y Sur, lo que implicaba una inversión adicional de US$200 millones que serían ejecutados por Odebrecht, y así el monto pasaría a US$700 millones, “beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecución de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepúlveda, Westfield Capital y Pedro Pablo Kuczynski que eran los comisionistas del cierre financiero”.


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text: Precisó que Westfield Capital recibió el 0.5% como comisión, “de los cuales aproximadamente US$700 mil fueron pagados a PPK bajo concepto desconocido”. La fiscalía sostiene que “este hecho punible entre Raúl Pereyra y Gerardo Sepúlveda tuvo el único propósito de implementar el concepto de “punto a punto”, para así obtener beneficios adicionales para el proyecto Rutas de Lima”.


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text: “Todos los hechos, con contenido penal, anteriormente señalados, son los que permiten entender por qué se pagó como comisión de éxito la suma de US$ 3,510.000.000, a través de una compleja estructuración de operaciones que implicaron “asesorías financieras”, independientemente si con estos montos se benefició a los investigados Gerardo Sepúlveda y Pedro Pablo Kuczynski y a la empresa Westfield Capital”, agrega el fiscal Pérez en la disposición.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La investigación por lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia se remonta a la campaña electoral de 2006, por los presuntos aportes del chavismo, ocasión en que fue archivada en segunda instancia. Pero el 29 de enero de 2015, la Fiscalía abrió una nueva investigación a Nadine Heredia, que incluía a su madre Antonia Alarcón, sus hermanos y otros personajes, por el presunto delito de lavado de activos. La defensa quiso invalidar la investigación, aduciendo que una persona no podía ser investigada dos veces por el mismo hecho. La investigación estaba a punto de ser archivada nuevamente, hasta que intervino el Tribunal Constitucional, que determinó que existían nuevos indicios que debían ser evaluados e investigados por la fiscalía, y que la investigación de 2006 había sido deficiente.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La fiscalía prosiguió con la investigación, y en agosto de 2015, recibió de la procuraduría para casos de lavado de activos unas agendas y libretas con anotaciones de cifras de dinero realizadas por Nadine Heredia, que alcanzaban la suma de US$3.600.000. Estos fueron los primeros indicios sólidos sobre los aportes de dinero ilícito proveniente del Brasil, como aporte a la campaña electoral de 2011. Nadine Heredia y el entonces presidente Ollanta Humala, trataron de descalificar las libretas indicando que habían sido adulteradas. Pero una pericia grafotécnica ratificó que las anotaciones de las agendas correspondían a Heredia.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso se fortaleció en diciembre de 2016 cuando se firmó un primer acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía, por el cual, la empresa brasileña se comprometió a brindar información no solo de las coimas que entregó a autoridades y funcionarios por obras públicas, sino sobre sus aportes ilícitos a las campañas electorales.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según las primeras declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado US$ 3 millones para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala de 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala. La entrega del dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el exministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En mayo de 2017, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó la entrega de ese dinero.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa, hasta que terminen las investigaciones.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar donde se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue internada en el penal Virgen de Fátima, anexo al penal de Mujeres de Chorrillos. Ambos presentaron sendos recursos de apelación para que se revocasen sus respectivas prisiones preventivas, lo que fue rechazado por la Sala de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017. Como fundamento de la prisión preventiva, se adujo que había una probabilidad de obstrucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso contra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos) y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Humala y Heredia presentaron un "habeus corpus" ante el Tribunal Constitucional, que después de evaluar el caso, decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar la libertad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en comparecencia restringida. Dicho dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se sustentaba en que no hubo una adecuada fundamentación del riesgo procesal para que el juez dictara la prisión preventiva.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Una semana después, la Fiscalía ordenó la incautación de los inmuebles de la expareja presidencial, entre ellas la casa familiar del matrimonio, además de cuentas bancarias y autos de lujo comprados supuestamente con dinero ilícito. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de incautación de las viviendas.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Jorge Barata y Marcelo Odebrecht ratificaron su versión hasta en dos oportunidades ante el fiscal Germán Juárez Atoche, encargado del caso. Ambos coincidieron en que los pagos a Humala se hicieron bajo el nombre de Proyecto OH; así había quedado registrado en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. La empresa brasileña entregó también documentos que probaban las transferencias de dinero realizadas al Partido Nacionalista. Incluso, muchas de estas se habrían realizado cuando Ollanta ya ejercía la presidencia del Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 7 de mayo de 2019, luego de cuatro años de investigación, el fiscal Germán Juárez formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, perpetrado durante las campañas electorales de 2006 y 2011 (con dinero venezolano del chavismo y con dinero brasileño de Odebrecht, respectivamente). El fiscal pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años y 6 meses para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos, familiares y allegados a la pareja: Rocío Calderón (amiga de Nadine Heredia), Martín Belaunde Lossio (ex asesor presidencial y actualmente preso por otro caso), Antonia Alarcón Cubas (madre de Nadine Heredia), Ilan Heredia (hermano de Nadine Heredia y ex Tesorero del Partido Nacionalista); Cristina Velita Arroyo, ex embajadora del Perú en Francia; Eladio Mego, quien supuestamente simulo un contrato con Nadine Heredia; Santiago Gastañaduí, ex congresista por el Partido Nacionalista; Maribel Vela, expresidenta de la ONG Prodin; Julio Torres, ex tesorero del Partido Nacionalista y Carlos Arenas; pareja de la Madre de Nadine Heredia. Causó controversia que el fiscal solicitara también la disolución del Partido Nacionalista, por haber sido “instrumentalizado” para realizar el lavado de activos.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Unos 130 elementos de convicción contra Humala y más de 230 contra Heredia, sustentan la acusación del fiscal Juárez. Con todo ello, la fiscalía buscará demostrar en el próximo juicio oral que la pareja «estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito» y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales de 2006 y 2011.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En mayo de 2017 se reabrió el proceso de investigación preliminar contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, por presunta corrupción ocurrida bajo su gestión municipal, enmarcada en el Caso Lava Jato, y que involucraba a las dos más importantes contratistas de la Municipalidad de Lima: las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2017, Villarán fue relacionada directamente con el caso por el consultor brasileño Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, que declaró a la fiscalía peruana que las empresas Odebrecht y OAS financiaron la campaña por el No a la revocatoria en 2013 por un monto de US$ 3 millones, y que en esa transacción sirvió de intermediario del gerente general municipal José Miguel Castro, brazo derecho de la entonces alcaldesa de Lima. Toda esa revelación fue confirmada después por el mismo Jorge Barata.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 24 de noviembre de 2017, el Equipo Especial del Caso Lava Jato, por entonces al mando del fiscal Hamilton Castro, abrió investigación preliminar a la exalcaldesa Villarán, a José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y a Gabriel Prado, exfuncionario municipal, por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. Asimismo, se solicitó impedimento de salida del país para Villarán y Castro.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 5 de octubre de 2018, Raúl Ribeiro Pereira Neto, exrepresentante de Odebrecht para la concesión Rutas de Lima, declaró en Curitiba ante el fiscal Germán Juárez Atoche, afirmando que la constructora brasileña había entregado un aporte de tres millones de dólares a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reconoció una vez más el aporte de US$ 3 millones a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán. Sostuvo que la empresa brasileña tomó esa decisión debido a que la alcaldesa tenía el apoyo de la prensa, y porque quería mejorar su relación con el municipio de Lima. Barata dijo que de esos US$ 3 millones, US$ 2 millones fueron destinados para pagar a la empresa del publicista Valdemir Garreta; y el millón restante lo entregó a José Miguel Castro, el gerente municipal, cuyo codiname asignado en la Caja 2 era budián, en alusión a un pez de boca alargada. Dijo también que la alcaldesa Villarán lo llamó telefónicamente para agradecerle. Negó, sin embargo, que ese aporte estuviera condicionada a la ejecución del proyecto Rutas de Lima; asimismo, negó haber financiado la campaña de reelección de la alcaldesa. Los fiscales de Lava Jato aprovecharon también el viaje a Brasil para interrogar a los exdirectivos de OAS, empresa con la que se acababa de firmar un acuerdo de colaboración eficaz.


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text: El 9 de mayo de 2019, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava Jato, pidió al Poder Judicial que se imponga la prisión preventiva de 36 meses para Susana Villarán, que estaba con impedimento de salida del país desde 2017. La misma medida se solicitó para José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y para Gabriel Prado, exfuncionario municipal. Así como para Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga, quienes habrían fungido de intermediarios en los pagos ilícitos. La solicitud contemplaba la investigación relacionada con los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria de 2013 y la reelección de Villarán de 2014, así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla-Vía Parque Rímac).


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text: Haciendo más precisiones sobre los pagos, Odebrecht confesó que había entregado US$ 3 millones para la campaña del NO a la revocatoria de 2013, aunque negó haber aportado en la campaña de reelección de Villarán de 2014. OAS, por su parte, confesó haber aportado US$ 3 millones para la campaña del NO y US$ 4 millones para la campaña de reelección.


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text: La tesis de la fiscalía es que OAS y Odebrecht dieron esa suma total de US$ 10 millones, a cambio de beneficios en las concesiones de los dos proyectos viales más importantes de la capital peruana: Vías Nuevas de Lima (en manos del consorcio Rutas de Lima, de la que forma parte Odebrecht) y Línea Amarilla-Parque Rímac (a cargo de OAS, que posteriormente lo vendió al grupo Vinci Highways, que formó la empresa concesionaria LAMSAC).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, en manos de OAS, consistía en la construcción, operación y mantenimiento de una nueva vía urbana en paralelo a la Vía de Evitamiento. Este proyecto había empezado en 2009, bajo la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio. El negocio para OAS era el millonario cobro de peaje, que Castañeda le otorgó por 30 años. Pero el 13 de febrero de 2013, ya bajo la gestión de Villarán, y un mes antes de la consulta de revocatoria, la Municipalidad de Lima y OAS suscribieron una adenda del contrato, que ampliaba la concesión de 30 a 40 años. Otro beneficio insólito para OAS fue el adelanto del cobro del peaje a partir del 10 de octubre de 2013, cuando el contrato original estipulaba que ese cobro solo debía hacerse cuando estuviera la obra avanzada en un 75%; en ese momento solo lo estaba en un 25%.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Cuando el Equipo Lava Jato interrogó a los directivos de OAS y preguntó la razón de su aporte de US$ 4 millones para la campaña de reelección de la alcaldesa (suma aparentemente elevada, teniendo en cuenta que Villarán nunca fue favorita en las encuestas de intención de voto), la respuesta fue que Castro, el gerente municipal, exigió ese monto aduciendo que era lo que se debía pagar por el tamaño del proyecto que estaba en juego. Se refería a la continuidad del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, que OAS no podía perder por ningún concepto. Según esos mismos testimonios, Castro designó a César Meiggs, un empresario constructor, contratista de la Municipalidad de Lima, como el intermediario para que OAS hiciera los pagos. Villarán perdió la reelección, pero se sospecha que ella y sus colaboradores más cercanos se quedaron con US$ 3 millones de lo aportado por OAS a su campaña.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de mayo de 2019, días antes de la audiencia donde se definiría su detención preventiva, Susana Villarán, a través de las redes sociales y de una emisora de radio local, confesó que siempre supo de los aportes de US$ 4 millones de Odebrecht y OAS para la campaña por el NO a la revocatoria, dos de los cuales fueron para el publicista Luis Favre. Aunque afirmó que nunca supo que se trataba de dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht o de la Controladoría de OAS, con las que dichas empresas hacían pagos ilícitos. Admitió haber cometido un error, mas no un delito, y que lo hizo para evitar que las mafias organizadas impidan la reforma y el reordenamiento de la ciudad de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 12 de mayo de 2019, el programa televisivo "Cuarto Poder" reveló el audio de unas conversaciones que datan de septiembre de 2017, en las que se escucha a Villarán conversando con sus exdirectivos municipales José Miguel Castro y Gabriel Prado. Se escucha a la exalcaldesa mencionar que una persona de Brasil habría manifestado a los fiscales que ella y Castro habían pedido tres millones de dólares («tres palos verdes») a Odebrecht. El audio fue grabado por Prado, interesado en demostrar su inocencia. Según Prado, él mismo organizó esa reunión con Villarán y Castro, luego que el diario "El País" de España lo mencionara como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada para recibir pagos de Odebrecht (aunque esos depósitos no se llegaron a concretar). Prado siempre negó haber dado autorización para la creación de esa cuenta a su nombre y aducía que Castro le hizo firmar unos papeles y le pidió sus documentos, aparentemente para buscarle un puesto de trabajo, pero que en realidad habría usado para ese fin doloso. En el audio se escucha que Castro le pide a Prado que niegue ante la Fiscalía que sabía de la existencia de la cuenta de Andorra. Castro también se muestra rotundo al afirmar que en esa cuenta no se había depositado nada, lo que probaría que estaba involucrado en el hecho.


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text: La versión de Prado resultó al principio inverosímil, pero la fiscalía, al recabar más testimonios, empezó a considerarla. El mismo Barata dijo que no conocía a Gabriel Prado y que su trato había sido siempre con Castro, quien habría sido el creador de la mentada cuenta de Andorra, a la que nunca llegó el dinero de Odebrecht al retrasarse en demasía los trámites, debiendo hacer el pago por otros medios. Prado entregó el material del audio a la fiscalía y se mostró dispuesto a colaborar en las investigaciones.


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text: El 14 de mayo de 2019, el juez Jorge Chávez Tamariz, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, ordenó la prisión preventiva por 18 meses para la exalcaldesa de Lima, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos en agravio del Estado. De esa manera el juez consideró fundado el requerimiento del Ministerio Público, aunque considerando que 18 meses eran suficientes para terminar la investigación, que se hallaba bastante avanzada. Villarán fue internada en el penal de mujeres de Chorrillos.


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text: El 15 de mayo de 2019, el mismo juez resolvió la prisión preventiva por 18 meses para José Miguel Castro, a quien se imputa haber solicitado dinero a las empresas Odebrecht y OAS para financiar las campañas de Villarán, hasta por la suma de US$ 10 millones. Según el juez, existen graves y fundados elementos de convicción de la responsabilidad de Castro en estos hechos, así como indicios de que trató de cambiar la versión de varios implicados en el caso. Castro fue recluido en el penal Castro Castro. En cuanto a Gabriel Prado, si bien inicialmente la fiscalía había pedido también su prisión preventiva, desistió luego y le mantuvo la comparecencia restringida, en vista de los nuevos elementos de convicción aparecidos. Prado reiteró su deseo de seguir colaborando con la investigación. También se desestimó el pedido de prisión preventiva para César Meiggs y Óscar Vidaurreta, quienes buscan acogerse a la colaboración eficaz; al otro imputado, Luis Gómez-Cornejo, se le dictó 18 meses de prisión preventiva.


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text: El 6 de agosto de 2019, Jorge Barata reveló que el codinome de ‘Careca’, que aparece en unas planillas de pagos ilícitos de la Caja 2 de Odebrecht, correspondía a Susana Villarán, y estaba relacionada con el pago de US$500.000, a favor de la exalcaldesa por concepto de la obra de Vías Nuevas de Lima. El pago se habría efectuado el 28 de agosto de 2014; es decir, cuando Villarán era ya alcaldesa. El ex gerente de la municipalidad José Miguel Castro también aparece en dichas planillas como ‘Budian’ con un pago por US$350 mil bajo el concepto de Rutas de Lima, que se habría concretado el 12 de noviembre de 2014.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La empresa Graña y Montero aportó US$ 200 000 a la campaña por la No revocatoria de la exacaldesa de Lima, Susana Villarán, de acuerdo con el testimonio brindado por José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, al equipo Especial Lava Jato.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El exfuncionario de confianza de Susana Villarán señaló que los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7,2 millones. "De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero", indicó en su declaración realizada entre el 15 y 22 de junio al fiscal Carlos Puma.


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text: Los aspirantes a colaboración eficaz, Hernando y José Graña también confirmaron el aporte económico en el año 2013 ante el equipo especial Lava Jato antes que la constructora peruana se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, inició una investigación preliminar contra la excongresista Marisa Glave, el exministro Jorge Nieto, la exportavoz del No, Anel Townsend, el exregidor Jaime Salinas, entre otros, por el caso del No a la revocatoria.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La indagación “de naturaleza compleja” será por el plazo de ocho meses contra ocho exfuncionarios, por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado. Los otros investigados son: los ex ejecutivos de OAS, Augusto Cesar Ferreira y Valfredo de Assis Ribeiro; el empresario Carlos Juscamaita y la ex regidora Zoila Reátegui.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro brindó detalles de las entregas de dinero que se hicieron con fondos de Odebrecht y OAS a políticos cercanos a la administración de Susana Villarán por el No a la revocatoria.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso «Rutas de Lima», que involucra al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio con la empresa Odebrecht en presuntos pagos ilícitos, ha sido uno de los que más tardíamente se ha ido desarrollando. En las primeras investigaciones del caso, que datan de 2017, apareció el proyecto vial «Rutas de Lima», junto a otras obras por las que se habrían pagado sobornos durante los gobiernos municipales de Susana Villarán (2010-2014) y Luis Castañeda (2014-2018). Además, una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de la empresa brasileña se escribió «Concessão (concesión) Rutas de Lima» al lado de un monto por US$ 291.700 y a alguien identificado con el código Budian. Más adelante se reveló que Budian es el codinome de José Miguel Castro, el gerente municipal de la administración Villarán.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: También en 2017, versiones periodísticas revelaron que OAS, la otra empresa brasileña del caso Lava Jato, tuvo una relación muy amical con Luis Castañeda, y que habría hecho un aporte a su campaña electoral, además del favorecimiento que el exalcalde habría dado a la constructora brasileña por la obra Línea Amarilla (antes Vía Parque Rímac). Se filtraron también conversaciones que el ex mandamas de OAS, Leo Pinheiro, habría tenido con su entonces gerenta de Inversión durante la gestión de Castañeda, Giselle Zegarra. Este caso empezó a avanzar en 2019, y actualmente Castañeda cumple una medida de impedimento de salida junto a varios funcionarios de su gestión entre ellos, Martín Bustamante y Giselle Zegarra. (ver más detalles en Caso OAS).


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text: Hasta ese momento solo se hablaban de los aportes a las campañas de Castañeda a la alcaldía por parte de Odebrecht y OAS, pero no había todavía pruebas y testimonios directos que involucraran al exalcalde con pagos o coimas para favorecer a la constructora Odebrecht en la obra de Rutas de Lima.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 6 de agosto de 2019, el Equipo de Fiscales Lava Jato interrogó a Jorge Barata sobre la identidad de unos codinomes o seudónimos que aparecen en unas planillas de pagos de la Caja 2 de Odebrecht, relacionados con la entrega de sumas de dinero ilícitas por diversas obras realizadas por la constructora en el Perú. Uno de los codinomes era ‘Bigode’ (bigote), a cuyo lado figuraba el monto de US$75.527.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según Barata, la identidad de Bigode correspondía a Martín Bustamante, el exfuncionario del gobierno municipal de Castañeda. También dijo que le asignó otro codinome, ‘Cabelo Boneca’ (Cabello de Muñeca), con el cual se le entregó US$36.842, también por Rutas de Lima. Este personaje, que había sido amigo y mano derecha del exalcalde, ya había sido sindicado por Leo Pinheiro, el dueño de OAS, de haber sido el intermediario en la entrega de US$ 100 mil de parte de esta empresa a favor de la campaña del exalcalde en 2014.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al verse acorralado por las pruebas y ante una inminente prisión preventiva, Martín Bustamante se acercó al fiscal Carlos Puma para solicitar ser un colaborador eficaz. Confesó que, efectivamente, había recibido dinero de Odebrecht y OAS destinados a Castañeda. En lo que respecta a Odebrecht (que es lo que interesa en este artículo), dijo que el pago fue para continuar la ejecución de la obra Vías Nuevas de Lima (o Rutas de Lima), que fue adjudicada durante la gestión de Villarán (2014). Bustamante demostró, con documentación, que existieron esos desembolsos Además, renunció voluntariamente a la reserva de su identidad como colaborador eficaz, anunciándola públicamente el 8 de agosto de 2019. Para la fiscalía, con esta declaración, el círculo de la investigación contra Castañeda quedaba cerrado.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó impedimento de salida del país contra el exalcalde Luis Castañeda Lossio.


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text: Esta medida se da dentro de las investigaciones que se le siguen por los contratos suscritos con OAS durante su gestión y los aportes de la constructora en su campaña municipal del 2014. De esa manera, la jueza Álvarez Camacho aceptó el requirimento del fiscal Carlos Puma sobre la aplicación de dicha medida, pero solo por 18 meses y no por los 36 meses que había solicitado el representante del Ministerio Público en la audiencia.


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text: Una similar disposición se aplicará para el excongresista José Luna Gálvez, al igual que para Martín Bustamante, ex teniente alcalde de Miraflores. Lo mismo para el caso de Giselle Zegarra, ex gerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima; así como los ex funcionarios ediles, Jaime Villafuerte y Bruno Lucchetti.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La fiscal del Equipo Lava Jato, Milagros Salazar, solicitó ante el juez Jorge Luis Chávez Tamariz autorización para el allanamiento y registro de la vivienda de Luis Castañeda, en el distrito de Surco. También de viviendas de siete involucrados en el caso, como la de Giselle Zegarra y la de José Luna Gálvez, así como de dos oficinas de la Universidad Privada Telesup. El juez concedió la autorización y la diligencia se realizó el 15 de octubre de 2019. Otras viviendas allanadas fueron la de Martin Bustamante, Alfieri Luchetti y Jaime Villafuerte.


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text: En la resolución de la jueza se detallaban los argumentos de la fiscalía. Un colaborador eficaz aseguró que para la campaña edilicia de 2014, Castañeda recibió US$ 480 mil de OAS, y US$ 500 mil de Odebrecht, y que los intermediarios en esa transacción fueron Martín Bustamante y José Luna Gálvez. Este último fue dirigente y financista de Solidaridad Nacional, hasta antes de que se separara de dicho partido y fundara uno propio. También es fundador y dueño de la Universidad Privada Telesup. Existe sospecha de que el dinero de las empresas brasileñas fue canalizado a través de esta universidad, que llegó a Castañeda por medio de cheques que fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera.


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text: En septiembre de 2020, un equipo de fiscales y policías acudieron hoy a la vivienda del líder del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, para incautar bienes “relevantes” por la investigación que se le sigue al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Según las fuentes, esta intervención fue la culminación de una diligencia anterior en la que se lacró el cuarto de servicios del inmueble. Los cuatro policías decomisaron cajas con equipos móviles que pertenecerían a la Universidad Telesup y documentación.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El colaborador eficaz N°155-2019 relató que meses antes de una reunión con OAS realizada a inicios de agosto de 2014, hubo una cita en la que participaron Luis Castañeda, el exejecutivo de Odebrecht Raymundo Serra y Martín Bustamante, quien fue el anfitrión.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: A los pocos días, un emisario de Serra le entregó a Bustamante US$50.000. Luego, Bustamante, a pedido de Castañeda, entregó este dinero al congresista José Luna Gálvez, que le dijo que el monto sería usado para realizar una encuesta. Luego Bustamante recibió de Odebrecht US$ 150 mil, en dos partidas. Todo ello, según el testimonio del colaborador eficaz.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según el colaborador 155-2019, cerca del cierre de la campaña de 2014, se celebró una reunión en la casa de Bustamante Castro, en la cual participaron Pedro Arbulú Seminario, exdirector de Panamericana Televisión, y Raúl Ribeyro Pereira, representante de Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: De acuerdo con este testimonio, Ribeyro Pereira «indicó a Bustamante Castro que parte del aporte ofrecido, esto es alrededor de US$ 300,000.00 (Trescientos mil dólares) fueron canalizados directamente por Odebrecht a Panamericana Televisión para el pago de publicidad y neutralizar la campaña a favor de Castañeda […]».


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text: El exministro Luis Nava Guibert, declaró que fue testigo de cómo el expresidente García se contactó con Jorge Barata para solicitar que la constructora brasileña apoyara a Castañeda en su campaña electoral de 2014 al municipio limeño. García consiguió que la constructora se comprometiera con un abono de US$200 mil.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Dicha versión fue ratificada por el hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola. Este, en su testimonio, dice que García le pidió a Jorge Barata que Odebrecht apoyara con el financiamiento de la campaña presidencial de Castañeda en 2011. También reveló que en la campaña de 2014, Castañeda reclamó que OAS y Odebrecht aportaran a la campaña de Villarán en 2014, y que entonces habló con Alan García para que este interceda ante él con Jorge Barata para que Odebrecht aporte a su campaña al sillón municipal.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En febrero de 2020, la Fiscal, Milagros Salazar, del equipo especial solicitó 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde, Luis Castañeda; el excongresista, José Luna Galvez; y la ex gerente edil, Giselle Zegarra. Esto por aportes irregulares de Odebrecht y OAS a la campaña de Luis Castañeda en 2014. Se dice que el exalcalde habría liderado una organización criminal desde 2011 hasta 2018, tiempo en que dejó de ocupar el sillón municipal.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 14 de enero de 2020, el Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda. Mientras que a sus ex colaboradores, el excongresista, José Luna Gálvez y la exfuncionaria edil, Giselle Zegarra, se les impuso comparecencia restringida por 36 meses con ciertas reglas de conducta y una caucion económica a cada uno. Ese mismo día Castañeda fue internado en el Penal Miguel Castro Castro.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El fiscal Hamilton Castro acusó ante el Poder Judicial al gobernador del Callao, Félix Moreno, y el empresario israelí Gil Shavit, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, relacionado con la recepción de una coima de 4,2 millones de dólares por la concesión a la empresa Odebrecht de un tramo de la Costa Verde.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Se dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras durasen las investigaciones. Gil Shavit fue apresado y se acogió a la colaboración eficaz. Pero algunos meses después, la Primera Sala Penal de Apelaciones, a cargo de los jueces Sonia Torres Muñoz y Carlos Carcausto Calla, revocó la prisión preventiva a Félix Moreno, señalando que la fiscalía no había corroborado las declaraciones de los colaboradores Gil Shavit y otro identificado como N° 03-2016, que supuestamente se contradecían. Moreno pasó así a afrontar el proceso en libertad, con comparecencia restringida (7 de junio de 2017).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2018 se hizo un nuevo pedido de prisión preventiva, por la fiscal Geovana Mori ante la jueza de investigación preparatoria Elizabeth Arias, aduciendo que se habían agravado las imputaciones contra Moreno. La jueza tardó más de tres semanas en evaluar el pedido de la fiscal, hasta que el 14 de diciembre de 2018 decidió rechazarlo, limitándose a dar a Moreno impedimento de salida del país por tres años. Esta jueza es la misma que después fue designada para el caso Cócteles en reemplazo de Concepción Carhuancho.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso Odebrecht es uno de los tantos casos en que se encuentra procesado el exgobernador del Callao. El 17 de enero de 2019 el Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente del Callao lo sentenció a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión, a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m², ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla. Moreno está como no habido, con orden de ubicación y captura, al ser considerado reo contumaz. Fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ofreciéndose 20.000 soles a quien dé información que lleve a su ubicación y captura. Vista esta situación, el fiscal del equipo Lava Jato Reggis Oliver Chávez Sánchez ha solicitado ante la Primera Sala de Apelaciones que se aplique a Moreno la prisión preventiva, que la jueza Arias denegó en diciembre de 2018. El 31 de enero de 2019, el Poder Judicial acogió el pedido del fiscal y dictó 18 meses de prisión preventiva contra Moreno, que se haya prófugo desde el 17 de enero. La fiscalía hizo presente que al ser allanada la casa de Moreno, se halló una agenda con anotaciones sobre las reuniones que habría mantenido con el exjuez supremo César Hinostroza, quien es sindicado como cabecilla de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Al existir la sospecha de que Moreno se haya fugado del Perú, la Interpol activó la Notificación Roja para su búsqueda y detención.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 20 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de la empresa Odebrecht en Brasil, el ex apoderado de Odebrecht Igor Braga Vasconcelos Cruz confirmó que la constructora entregó US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De ese monto, US$2.4 millones habrían sido para Félix Moreno. El resto fue destinado al empresario Gil Shavit, que era el enlace entre Odebrecht y Moreno. También detalló que de los US$2.4 millones de Moreno, US$2 millones fueron transferidos directamente al publicista brasileño Luis Favre, que fue el asesor de Moreno en la campaña electoral de 2014 para la gobernación del Callao.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 20 de marzo de 2019, la fiscal Geovana Mori dirigió el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y Callao pertenecientes a exfuncionarios del gobierno regional del Callao involucrados en el caso.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En junio de 2019, la fiscal Mori pidió la prisión preventiva de nueve exfuncionarios del Callao y cercanos a Felix Moreno, por haber favorecido a Odebrecht con esta licitación. El juez dictó prisión preventiva para dos implicados y al resto les mantuvo la comparecencia restringida con reglas de Conducta. La fiscalía Apelo e hizo que se ratificara la prisión de estos dos implicados pero a cuatro funcionarios que tenían orden de comparecencia restringida, se les impuso prisión preventiva por 18 meses. En total solo tres funcionarios del Gobierno Regional del Callao se quedaron con comparecencia restringida, mientras que los otros seis funcionarios actualmente cumple cárcel preventiva por supuestamente pertenecer a la organización criminal de Félix Moreno.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, Félix Moreno fue capturado por la policía en un inmueble de Cieneguilla, y al día siguiente fue trasladado al Penal Ancon I, para cumplir dos condenas de 5 años cada una (por otros casos) y los 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En mayo de 2017, la Fiscalía acusó a Jorge Acurio Tito, el exgobernador del Cuzco, de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en el Cuzco (2013). Con Acurio fue involucrado el abogado José Zaragozá Rebaza, director secretario del Club Regatas de Lima y exsocio de "Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría actuado como intermediario en el pago de los 3 millones de dólares a Acurio. Zaragozá se acogió a la colaboración eficaz, y fue puesto en libertad, mientras que a Acurio se le dictó 18 meses de prisión preventiva.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Según el testimonio de la colaboración eficaz, el exgobernador cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa ‘offshore’ "Wircel S.A" y que sería Gustavo Salazar Delgado, ex gerente de "La Positiva Seguros" y en ese momento presidente del Club Regatas de Lima, quien quedaría a cargo del movimiento, por lo que la fiscalía y el poder judicial ordenaron 18 meses, mientras que se encuentra refugiado en los Estados Unidos, con un pedido de extradición.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los exdirectivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, reveló que la constructora financió con 20 mil dólares la campaña electoral de Acurio en 2010, cuando este ganó la gobernación de Cusco.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que autorizó el pago de US$ 3 millones a Acurio, aunque solo lo entregaron US$ 1,2 millones por la construcción y remodelación de la avenida Evitamiento de Cusco.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En noviembre de 2019, el Ministerio Público, luego que se venciera por dos veces el plazo de prisión preventiva a Acurio, quiso ampliarla a 90 días, achacando al imputado haber alargado la investigación con información falsa, pero el juez desestimó el pedido y le impuso arresto domiciliario por un año, que Acurio pasó a cumplir en un inmueble ubicado en el distrito limeño de Lince. Mientras que el expresidente del Club Regatas, Gustavo Salazar, sigue prófugo de la justicia en Estados Unidos, y se le han confiscado la mayoría de sus inmuebles y cuentas en el Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Ha sido implicado también el parlamentario andino y exministro de Defensa Cosme Mariano González Fernández, por pagos que recibió de un contrato ficticio con una empresa subsidiaria de Odebrecht, por la Via Evitamiento del Cusco. Pese a que el fiscal pidió su prisión preventiva, el juez encargado la rechazó pues González goza de inmunidad por su condición de parlamentario andino, inmunidad que González solicitó que se la levantaran, cosa que sucedió en 2018.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Luego del pago ilícito que recibió Mariano González, a través de su cuenta bancaria, él realizó un aporte a la campaña electoral de Peruanos por el Kambio de 2016 por la suma de S/ 69,000. Según el Ministerio Público, Samuel Campusano y su hermano Carlos José Campusano Dulanto –quien también es investigado– habrían recibido unos 500 mil soles de Odebrecht para interceder ante el Ministerio de Economía para que emita bonos soberanos por una obra licitada a favor de la firma brasileña a mediados de 2015.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El que fuera gobernador regional de Áncash entre 2007 y 2014, César Álvarez, ha sido también involucrado en el pago de coimas de Odebrecht. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción, a cargo de Elmer Chirre Castillo, halló indicios de que Álvarez recibió 2 400 000 dólares de parte de Odebrecht para acceder a la licitación de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Según la fiscalía, los pagos de habrían hecho en cuatro entregas de 600 000 dólares cada una, desde Klienfeld e Innovations (cuenta off shore usada por Odebrecht para pago de sobornos) a una cuenta off shore de la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong-Kong. El monto total terminó en la cuenta a la cual Álvarez habría tenido acceso a través de uno de sus testaferros, Dirsse Valverde Varas. Esto se trataría de un episodio más de la presunta red criminal encabezada por el exgobernador, que está en proceso abierto y que se conoce como el Caso La Centralita, en la que se hallan más de 80 implicados bajo la acusación de asociación ilícita, colusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El mismo Álvarez se halla en prisión preventiva desde 2014, acusado de asesinato y corrupción.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que autorizó el pago de US$ 2,6 millones a César Álvarez por la construcción de la Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. La coima se concretó en un banco de Hong Kong. El que negoció la coima a nombre de Álvarez fue Dirce Valverde, el ex gerente del Gobierno Regional de Áncash, cuyo codiname en la Caja 2 de Odebrecht era Darth Vader (sin duda por el lejano parecido en las grafías de ambos nombres).


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El 11 de junio de 2019, la jueza Nayko Coronado Salazar, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, condenó a 8 años y 3 meses de prisión a César Álvarez por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en el marco del caso Odebrecht. Se impuso también el pago de una reparación civil por S/10 millones de forma solidaria entre todos los imputados. Se trata de la primera sentencia del caso Odebrecht en Perú.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: La Investigación por el Caso de la Carretera San Luis Chacas pasó a manos del equipo especial Lava Jato, y se designó a la Fiscal Norma Geovana Mori como la responsable de la investigación, quien ordenó prisión preventiva para Dirce Valverde, el ex hombre de confianza de César Álvarez, quien también está involucrado en el pago de sobornos por la carretera en Ancash.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: En el mundo empresarial, un árbitro es alguien designado por las partes, al cual se somete una controversia existente entre una empresa y el Estado en un asunto de contratación pública. Este caso se refiere a la investigación a los árbitros que presuntamente favorecieron a la empresa Odebrecht a través de laudos arbitrales, que permitieron a esta empresa recibir millonarios pagos del Estado Peruano. De acuerdo con el Ministerio Público, estos árbitros, al recibir presuntamente un donativo para favorecer a Odebrecht, habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita. El caso se halla a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche y se encuentra todavía en etapa preliminar.


title: Caso Odebrecht en Perú

text: El caso se inició al descubrirse que la empresa Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, actualmente con orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales. En mayo de 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, exfuncionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.