title: Presidencia de Mauricio Macri

text: Félix Díaz declaró que al 3 de febrero de 2016, la situación de los pueblos indígenas no había cambiado en nada pese a la reunión que tuvo con el Presidente, salvo que algún funcionario eventualmente realiza alguna visita a los referentes indígenas. Díaz dijo tener aún alguna esperanza por el compromiso escrito de Macri. Sin embargo, Díaz junto a otras comunidades volvieron a realizar un acampe el 15 de marzo, pero esta vez en la ex ESMA a la espera de ser recibidos por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, además Díaz explicó que: "Aunque el Gobierno nos llamó al diálogo, siguen incumpliendo la ley". Luego de algunas acusaciones cruzadas entre Díaz y Avruj, a finales de marzo la Secretaría de Derechos Humanos elevó un proyecto al Poder Ejecutivo para crear un Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, tras un acuerdo logrado con los distintos líderes de los pueblos originarios. Claudio Avruj, quien preside la secretaría, afirmó que el acuerdo se logró luego de una reunión con la Mesa de Trabajo y Diálogo de Pueblos Indígenas y el Estado Nacional, en donde referentes prometieron levantar la protesta que estaban realizando en la ex ESMA, además —según el gobierno— el mismo Félix Díaz "se comprometió a abstenerse de realizar cualquier protesta como la recientemente desarticulada mientras se mantengan las vías de diálogo".


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text: El 15 de julio de 2016 se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. El consejo del nuevo organismo designó a Relmu Ñamku como secretaria general, mientras que Félix Díaz fue nombrado presidente, además se nombraron cuatro vicepresidentes por cada región: Faustino Lencina por la zona Centro, Jorge Palomo por el NEA, Margarita Mamani y Rolando Flores por el NOA, y Rubén Huanque, por la zona Sur.


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text: En septiembre de 2016 se realizó un encuentro nacional de organizaciones de Derechos Humanos donde se hicieron eco de estos reclamos.


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text: En enero de 2017 el pueblo mapuche Pu Lof comenzó una protesta en Cushamen por un reclamo de tierras ancestrales a la empresa textil Benetton. La protesta que se había desarrollado pacíficamente fue reprimida por Gendarmería, quienes atacaron a niños y mujeres que estaban en la protesta. Amnistía Internacional repudió la represión, a su vez que condenó la "falta de control judicial eficaz sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en su territorio". Díaz condenó la represión de los mapuches en Chubut, culpó de ello al Presidente y al gobernador provincial diciendo: "el gobierno provincial de (Mario) Das Neves y el nacional de (Mauricio) Macri son responsables". Unos días después se volvieron a repetir hechos violentos cuando Gendarmería ingresó al predio en disputa y reprimió a disparos, habiendo un indeterminado número de heridos y un mapuche detenido.


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text: Los conflictos con algunas comunidades mapuches estuvieron presentes durante la presidencia de Mauricio Macri.


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text: Durante su gobierno existió un aumento en la conflictividad con distintas comunidades mapuches que habitan en el sur del territorio, principalmente en la provincias de Neuquén y Río Negro, quienes ocupan terrenos que reclamaban como ancestrales que en la actualidad son propiedad de magnates como Bennetton, Joe Lewis y Ted Turner.


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text: En enero de 2017 un grupo de 200 gendarmes reprimió una protesta mapuche que cortaba las vías del tren La Trochita. El caso fue denunciando por la organización Amnistía Internacional que consideró desproporcionado el uso de la fuerza estatal en relación con el conflicto existente.


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text: En los meses siguientes, varios medios de comunicación informaron que estos grupos mapuches fueron autores de numerosas acciones violentas, entre las cuales se pueden nombrar vandalismo, incendios intencionales, ataques a civiles, amenazas y ocupación ilegal de terrenos.


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text: El 1 de agosto de 2017, en cercanías de la localidad chubutense de Cushamen, efectivos de la Gendarmería Nacional entraron sin orden judicial a una estancia propiedad del Grupo Benetton donde la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen estaba ocupando tierras a modo de protesta por la recuperación de territorios ancestrales. Como resultado de esa represión, se produce la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció casi tres meses más tarde. Las pericias posteriores a su muerte determinaron que el fallecimiento se produjo por ahogamiento por sumersión en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia. También se determinó que Santiago Maldonado no fue torturado.


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text: El 26 de noviembre, efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina reprimen con disparos de arma de fuego una ocupación en el parque nacional Nahuel Huapi, en las proximidades del Lago Mascardi. Como resultado de ello fue muerto de un disparo por la espalda el joven Rafael Nahuel.


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text: El 1 de agosto de 2017 la Comisión Provincial por la Memoria de Chubut denunció la detención ilícita y desaparición de Santiago Maldonado, durante la represión de una protesta en el lof mapuche de Cushamen, llevada a cabo por la Gendarmería Nacional encabezada por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. La denuncia fue realizada ante el juez Guido Otranto de Esquel, quien intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido. El 6 de agosto, el Juzgado Federal de Esquel brindó un comunicado a la prensa en el que señalaron que no hay indicio que confirme que el joven haya sido detenido por Gendarmería. Si bien Prefectura Naval realizó un rastrillaje en la zona, los miembros de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen negaron la posibilidad de hacer un rastrillaje con drones y no permitieron la búsqueda en ciertas zonas al personal policial con perros guías que utilizaban ropas de Maldonado para el rastrillaje, lo que fue parcialmente desmentido por el Defensor Público ante el juzgado federal, que afirmó que la comunidad solo rechazó el uso de drones. Asimismo, hasta ese momento no habían sido aportados datos de los testigos presenciales que hayan visto cuando Santiago Maldonado era capturado por la Gendarmería Nacional.


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text: El gobierno argentino fue demandado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para que tome medidas para encontrar a Santiago Maldonado. El 7 de agosto el Comité expresó su "preocupación por la integridad física y psicológica del joven" y requirió al Estado argentino que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización", tomando "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”. El organismo de las Naciones Unidas exigió también que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición” y que el gobierno argentino resguarde las pruebas que permitan identificar a los responsables. El mismo día, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa para quienes ""sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero"".


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text: El 23 de agosto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dictó una medida cautelar para que el Estado argentino «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado» y que «informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos».


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text: El 29 de noviembre de 2018, el juez federal Gustavo Lleral cerró la causa por la muerte de Santiago Maldonado y confirmó que el artesano murió ahogado y no hubo desaparición forzada.


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text: Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, Gendarmería Nacional de Argentina realizó tareas de espionaje a su familia. Estas acciones se conocieron luego de que fueran analizados los teléfonos celulares de algunos miembros de dicha fuerza.


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text: El 25 de noviembre de 2017, fuerzas de la Prefectura Naval Argentina mataron al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, en el marco del desalojo violento de la comunidad Lafken Winkul Mapu. La causa de la muerte de Nahuel fue un disparo por la espalda con un arma de fuego de 9 mm.


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text: La ministra Bullrich, acompañada por el ministro Garavano, sostuvieron en conferencia de prensa que la muerte de Nahuel y las heridas de bala sufridas por las otras dos personas constituyeron actos legítimos realizados por miembros de la Prefectura Naval, debido a que las víctimas eran parte de un "grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio", armado con "armas de grueso calibre", con las que atacaron a las fuerzas de seguridad. Mencionó que los autores de los disparos fueron cuatro prefectos y que el Ministerio de Seguridad no iba a tomar medidas tendientes a probar lo que había sucedido. Respecto de la armas supuestamente en poder del grupo al que combatió la Prefectura, sostuvo que seguramente ya no estarían más en el lugar en que se produjo la represión. La ministra Bullrich también cuestionó al juez federal con jurisdicción en el caso y envió su pésame a la familia del joven que murió baleado por la Prefectura. En conferencia de prensa la ministra identificó al "grupo" con el que afirmó que se habían enfrentado las fuerzas de seguridad, denominándolo "comunidades RAM", en referencia a una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche, de identidad incierta, y al que las comunidades mapuche y otros observadores han acusado de ser en realidad agentes de inteligencia.


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text: El presidente Macri, por su parte, respaldó los actos de los prefectos en Villa Mascardi y a la ministra Bullrich, sosteniendo que el gobierno estaba realizando un "cambio cultural" respecto de las fuerzas de seguridad, con el fin de "volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse".


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text: La muerte, la represión y la actitud del gobierno fueron objeto de cuestionamientos por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, políticos y sociales, y motivaron un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En el ámbito internacional, Amnistía Internacional emitió un parte de prensa en el cual expresó el repudio de la organización por "la muerte de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años en un contexto de represión en Villa Mascardi".


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text: En diciembre de 2017 el periodista Marcelo Bonelli reveló que Mauricio Macri ordenó realizar informes de inteligencia sobre los cacerolazos contra su gestión.


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text: Durante el episodio de la desaparición del ARA San Juan (S-42) comenzó una campaña de hostigamiento contra los familiares de las víctimas luego de que expresaran críticas al presidente Mauricio Macri. Padres, hermanos y hermanas de los tripulantes sufrieron todo tipo de insultos y acusaciones en la red social Twitter. Según diferentes medios, los ataques fueron realizados por un grupo de "trolls" que tiene el gobierno macrista en las redes sociales y que cuenta con un presupuesto de 160 millones de pesos. Diferentes fuerzas políticas, organizaciones sociales, periodistas y famosos denunciaron que el Gobierno estaba detrás de los ataques que sufrieron diariamente en las redes y acusaron a Marcos Peña de haber construido un call center en Casa Rosada para llevar a cabo estas amenazas a opositores y críticos. Según declaró uno de los arrepentidos quienes estarían detrás de las operaciones de los trolls fueron Lucho Bugallo, un delfín de Elisa Carrió, y Mariana Laura Torres, una militante del partido de Patricia Bullrich "Unión por la Libertad" quién es consejera escolar por Cambiemos. La vicepresidenta Gabriela Michetti y el asesor Jaime Durán Barba, entre otros funcionarios, habían sido denunciados penalmente meses antes por el supuesto montaje de una red de "trolls" oficialistas presuntamente financiada con fondos públicos del Senado. A fines de 2016 se presentó una denuncia penal para investigar el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno y hostigar a políticos y artistas opositores. Según informes periodísticos Marcos Peña, el Jefe de Gabinete, ha sido señalado como ejecutor de un equipo de "trolls" en las redes sociales para operar contra paros y movilizaciones y atacar y agredir opositores y famosos críticos. Este equipo estaría integrado por 40 personas que trabajan dentro de la Casa Rosada. Entre otros han sido víctimas de dichas campañas de hostigamiento Marcelo Tinelli, cuando este realizó críticas al gobierno, y Mirtha Legrand quién declaró sus simpatías por el gobierno, pero pese a ello la acusaron de golpista tras decirle a Mauricio Macri que los "políticos no ven la realidad". También fue agredido el periodista Ernesto Tenembaum, a quien se scusó de ser funcional al kirchnerismo, y el actor turco Ergün Demir tras criticar por TV la represión a la carpa docente. Dicha modalidad también fue utilizada contra sindicalistas como Roberto Baradel. Además fueron atacados Nelson Castro y Luciana Geuna (periodistas del Grupo Clarín) por haber firmado una solicitada donde denunciaban una embestida del oficialismo contra el Grupo Octubre, donde trabajaba el periodista Horacio Verbitsky. El actor Diego Reinholds denunció agresiones y las atribuyó a "los mismos que atacaron a Marcelo Tinelli". En 2018 la organización "Reporteros sin fronteras", que elabora todos los años un informe en el que clasifica a los países de acuerdo a la situación de libertad de prensa, destacó que Argentina cayó dos puestos respecto al ranking anterior y describió la situación como "preocupante", resaltando que "Los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y comparecen ante tribunales civiles. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, varios reporteros fueron agredidos violentamente por la policía".


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text: En junio de 2018 un grupo de 29 eurodiputados de España, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Finlandia e Irlanda expresaron su preocupación por los ataques a la libertad de expresión en la Argentina bajo el gobierno de Macri, en una declaración conjunta en la que se expresaba la “preocupación ante los ataques a la libertad de expresión que se viven en Argentina desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos está en el poder” exigiéndole “al gobierno de Mauricio Macri que desista de la persecución a periodistas opositores y garantice la libertad de expresión”. En una declaración conjunta en la Embajada Argentina en Bruselas pidiendo al gobierno de Mauricio Macri que "se abstenga de perseguir a los periodistas de la oposición".


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text: Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra reconocidos periodistas y activistas por los derechos humanos críticos al gobierno. La organización publicó un trabajo de investigación bajo el título "El debate público limitado. Trolling y agresiones ala libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina". En él se añalizan 354 000 tuits generados por la interacción de 9 periodista y 2 defensores de los derechos humanos en las semanas entre 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre de 2017. En ellos, casi la mitad "tuvieron vínculo directo con acciones previas de cibertropas identificadas discursivamente con el gobierno nacional". Las cuentas analizadas corresponden a los periodistas Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O ́Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, Nelson Castro y Carlos Pagni y a los defensores de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y Mariela Belski.


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text: En 2018 Greenpeace Argentina denunció al empresario Alejandro Peña Braun, primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, por amenazas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con la denuncia "personas de estrecho vínculo con el gobierno de Mauricio Macri habrían perpetrado una serie de ataques" contra los principales dirigentes de esa organización con el propósito amedrentarlos y dificultar sus actividades. El empresario Alejandro Peña Braun aseguró que iba a destinar "2 o 3 palos verdes para joderlos". Desde entonces un ejército de trolls lleva adelante un campaña difamatoria en su contra. Las amenazas y amedrentamientos. Los hostigamientos comenzaron cuando Greenpeace protestaba contra Alejandro Peña Braun, convertido recientemente en uno de los empresarios más ricos del país y dueño de uno de los terrenos de la llamada "Finca Cuchuy", en Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos. Marcos Peña es señalado por estar detrás del ejército de trolls que operan en las redes sociales en favor del gobierno de Cambiemos y que llevan adelante una violenta campaña sucia contra sus detractores, meses antes se presentó una denuncia penal para investigar el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" ubicado dentro de la misma Casa de Gobierno que se dedicaría a hostigar a políticos, defensores de derechos humanos, intelectuales, políticos y artistas opositores.


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text: En diciembre de 2015, Macri designó ministro de Comunicaciones a Oscar Aguad. Dos días después de asumir su cargo Aguad declaró públicamente que el gobierno estaba contra la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley ponía límites a la concentración de medios y disponía a las AFSCA como su autoridad de aplicación. Aguad declaró que la modificarían para asegurar "la libertad de expresión" y dejar "que los medios compitan entre sí en el mercado de la manera tradicional".


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text: El segundo día de su mandato, Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) disponiendo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) pasaran a depender del Ministerio de Comunicación. Varias organizaciones y sindicatos denunciaron que la creación de la nueva cartera busca eliminar la autarquía de la AFSCA, constituyendo una intervención encubierta y convocaron a un abrazo simbólico en defensa a la AFSCA y la preservación de su autonomía.


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text: El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir por decreto de necesidad y urgencia la AFSCA y la AFTIC. Los organismos estaban conducidos según lo ordena la Ley de Medios, por directorios cuyo mandato finalizaba en 2017, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Universidades, que fueron depuestos de sus cargos. En su lugar Macri designó a un militante del PRO Agustín Garzón. El Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa y justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión", que el presidente Martín Sabbatella era un "militante político" y que "la razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios".


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text: Sabbatella por su parte, con mandato en su cargo hasta 2017, afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.


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text: Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación para expresar su oposición a la medida, a la que concurrieron no militantes y también militantes y dirigentes sindicales, de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y de artistas entre otras organizaciones. Seguidamente el gobierno denunció penalmente a Martín Sabbatella por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder".


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text: A favor de la intervención se pronunció el dirigente peronista y exinterventor del COMFER Julio Bárbaro, quien sostuvo que "una sociedad democrática no puede tener a Sabbatella al frente de AFSCA porque es un personaje que no representa a ninguna mayoría. Si lo dejamos no tenemos sociedad". También apoyó la medida el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre perteneciente a Unidos por una Nueva Alternativa, sostuvo que la intervención era "completamente legítima", y que "la unificación de los organismos es algo que se da en el mundo desarrollado. Los medios y las telecomunicaciones son dos caras de una misma moneda", "la AFSCA como la AFTIC funcionaban más que respetar, para la violación de la ley. Allí era todo arbitrariedad" y "eran organismos de persecución de quienes pensaban de modo distinto".


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text: En contra de la intervención se pronunció el Sindicato de Televisión (SATSAID) sosteniendo que "implica la violación flagrante de dicha ley (de Medios) votada por el parlamento y consensuada con todas las organizaciones representativas de la comunicación audiovisual". La intervención también fue rechazada por la Asociación Argentina de Actores, considerando que "un grave avasallamiento a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y a las normas democráticas". La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió la intervención diciendo que "pone en vilo la calidad institucional de nuestro país" y exhortó a Macri a derogar el decreto. También repudiaron la decisión la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los sindicatos de prensa de Río Negro, Buenos Aires, y Rosario (FETRACCOM-CTA). El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis repudió la intervención y cuestionó al ministro Aguad atribuyéndole vínculos con la dictadura. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que "este nuevo avasallamiento a la voluntad popular se suma al intento de imponer dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto y a la represión violenta a los trabajadores de la empresa Cresta Roja, e indica una muy preocupante tendencia autoritaria de la actual gestión nacional".


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text: El 24 de diciembre el juez Julián Ercolini ordenó desalojar el AFSCA, luego de la decisión del fiscal Carlos Stornelli de imputar a su titular Martín Sabbatella. Sabbatella cuestionó la decisión judicial, sosteniendo que la misma implicaba suspender la Ley de Medios y que la intervención era una actitud de "gobierno de facto" que debía ser urgentemente resuelta por el Poder Judicial.


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text: En enero de 2016 se dispuso la fusión de AFSCA y AFTIC en un nuevo organismo que lleva el nombre de Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante el decreto número 7/2016. También se oficializó a Miguel de Godoy como presidente de directorio del ENACOM con rango y jerarquía de secretario de Estado, y fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional, Heber Martínez, Alejandro Pereyra y Agustín Garzón.


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text: En mayo de 2016, una de las primeras medidas del ENACOM fue facilitar una orden de allanamiento contra Barricada TV, un canal televisivo comunitario. También se denunció en 2016 que tres canales comunitarios ganaron concursos y licencias legales pero no se les asignaron señales, mientras que Canal Trece (Grupo Clarín) seguía operando con su licencia vencida, según la denuncia.


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text: La Resolución 9435 y la Resolución 2064-E/2017 del ENACOM motivaron el cierre de varias emisoras en todo el país. Incluso se iniciaron acciones penales contra los responsables de las emisoras y algunos periodistas bajo el argumento de que las radios interferían las comunicaciones aéreas. En todos los casos se trataba de emisoras con una línea editorial crítica del gobierno nacional.


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text: Los cierres se extendieron a radios de todo el país, a las que en muchos casos se le decomisaron sus equipos. Esto incluye a la radio comunitaria FM Ocupas de Moreno, Radio M de La Matanza y FM Fórmula de Merlo, Radio Comunitaria del Sur de Santiago del Estero, FM Popular, FM La Torre y FM Milenium de Formosa, FM Popular de Córdoba, FM Coiron de Comodoro Rivadavia, FM Radio Mix de Diamante y FM Rosicler de la ciudad de Salta.


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text: Estas medidas fueron criticadas por diversas agrupaciones. La Defensoría del Pueblo de Formosa que advirtió sobre la “vulneración de los derechos amparados por la Constitución Nacional”. La Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza denunció que Cambiemos busca "cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación populares" y vía comunicado pidió cesar de inmediato con estas prácticas violentas y arbitrarias que buscan acallar las voces de la diversidad.


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text: Luego de 500 días de vigencia del decreto que permitía la clausura y secuestro de material de radios, se organizó un microfonazo frente a la sede del Ente, convocado por la Cadena Nacional de Medios Populares Interredes y participarán la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CNTA), AReCIA Revistas Culturales Independientes Autogestivas, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red PAC Productoras Audiovisuales Comunitarias, RED Colmena, FARCO, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC) y Red Com.


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text: En 2017 se dio la autorización a Nextel, del Grupo Clarín, para prestar 4G sin licitación y sin pagar por las frecuencias. Telefónica advirtió que iría al CIADI por trato discriminatorio debido a que debió pagar las bandas para dar 4G, mientras que Nextel iba a poder hacerlo sin pagar. Mientras que Telefónica, Telecom y Claro participaron de la licitación en 2014 pagaron en total más de 1.500 millones de dólares por las frecuencias, en cambio a Nextel se le asignaron frecuencias para dar 4G sin licitación y sin pagar por las mismas.


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text: En diciembre de 2016 el Gobierno emitió una resolución en la cual estableció que los cableoperadores de alcance nacional debían incluir en su programación la señal del canal La Nación +, por calificarlo de "interés nacional". Dicho diario ha sido considerado afín a las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional, y se inauguró con una entrevista que Mauricio Macri concedió al ciclo.


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text: El 12 de diciembre de 2015, dos días después de su asunción, Mauricio Macri, ordenó la suspensión inmediata de la señal del canal Senado TV, que transmitía en vivo las sesiones del Senado, los discursos y votaciones. A poco de asumir, los trabajadores de Infojus, —portal que recoge las noticias judiciales—, denunciaron que desaparecieron del portal unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales, desapareciendo coberturas enteras sobre casos de corrupción que comprometían a funcionarios del nuevo gobierno. Entre las notas e informes judiciales que dejaron de ser accesibles, figuraban temas que involucran al presidente Mauricio Macri, como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, la responsabilidad en el incendio intencional del depósito de documentos vinculados a lavado de dinero de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas, o la supuesta relación de la primera dama Juliana Awada con talleres de costura clandestinos con mano de obra esclava, entre otros. Finalmente acusaron al Ministro de Justicia Gérman Garavano de haber ordenado borrar las notas.


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text: El 7 de junio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció oficialmente que sacaba la señal Telesur de la televisión digital terrestre argentina, siendo dada de baja el día 29. El 9 de junio de 2016, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos anunció la suspensión de la señal de RT en Español en la TDA. Victoria Vorontsova, directora de emisión del canal ruso, declaró que el gobierno argentino se había acercado a Estados Unidos y que no le sorprendería que «en esa frecuencia apareciera la CNN en vez de un canal regional». Tras varios meses la señal sería repuesta.


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text: En octubre de 2016 los periodistas del Grupo Indalo Gustavo Sylvestre y Mauro Federico denunciaron haber sido blanco de hackeos por parte de una unidad dependiente del Agencia Federal de Inteligencia.


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text: Ese mismo año, días antes del estreno de la novela "La Leona", un grupo de internet, que Miguel Ángel Solá atribuyó a punteros políticos del gobierno nacional, llamó a un boicot contra la novela, debido a la posición tomada a favor del kirchnerismo de Pablo Echarri y Nancy Dupláa. El presidente Mauricio Macri deseó suerte a la novela en su estreno, y criticó los boicots. Pese al intento de boicot, el día de su estreno superó ampliamente a sus competidores. Tras ganar el premio Martín Fierro, algunos medios denunciaron que funcionarios del macrismo se habrían comunicado con miembros de APTRA para sugerir que los protagonistas de la ficción La Leona, —opositores al macrismo—, no sean distinguidos en la ceremonia. El periodista especializado en espectáculos Jorge Rial reveló que varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se acercaron a APTRA para sugerir que figuras críticas al gobierno no ganen los Martín Fierro. Una semana antes de los premios, Macri había invitado a la residencia de Olivos a varios periodistas del espectáculo, entre ellos miembros de Aptra incluido el presidente de la asociación, fuera de la agenda oficial, por lo que no saldría en el Boletín Oficial donde se enumeran las reuniones que mantiene el presidente. Se iba a tratar de una reunión absolutamente secreta y "off the record", según la revista Pronto. Uno de los temas tratados fue que en la entrega de los premios Martín Fierro no exista ningún discurso en contra del macrismo, y que, de existir, ellos no le den repercusión en sus respectivos programas de televisión.


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text: El 20 de agosto de 2019, la diputada nacional Elisa Carrió, una de los líderes de la coalición de gobierno, afirmó como "vocera oficial" de Cambiemos, en el programa "Desde el llano", del canal TN del Grupo Clarín, que el gobierno condenaría a los periodistas que comuniquen reuniones falsas para debilitar al presidente Macri. La frase exacta fue la siguiente:La amenaza mereció el repudio inmediato de amplios sectores.


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text: Según los informes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se determinó que el gasto en publicidad oficial se cuadruplicó de diciembre de 2015 a junio del 2016. En tanto en su segundo año de gobierno aumentó un 205% el gasto en publicidad. Coincidiendo con el año electoral, el presupuesto en publicidad y pauta oficial pasó de 1.881 millones en 2016 a 4.130 millones de pesos en 2017.


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text: En diciembre de 2015 el presidente Macri designó a Susana Malcorra como ministra de Relaciones Exteriores y Culto, quien venía de trabajar en las Naciones Unidas. Malcorra había sido señalada por una investigación interna de Naciones Unidas por el rol que cumplió en el ocultamiento de denuncias por abusos sexuales a menores de edad perpetrados por Cascos Azules de la ONU y fuerzas de paz de Guinea, Chad y Guinea Ecuatorial en misiones en África. También fue denunciada junto a otros funcionarios del organismo en silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, un especialista en derechos humanos de Suecia, Anders Kompass, quien presentó la denuncia ante autoridades de Francia.


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text: La política exterior de Mauricio Macri fue caracterizada como "pragmática" durante la gestión de Susana Malcorra y a partir de la asunción de Jorge Faurie, hacia mediados de 2017, como "unilateralismo periférico concesivo".


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text: Malcorra renuncia en 2017 para postularse al cargo de Secretaria General de Naciones Unidas, para suceder a Ban Ki-moon al frente del organismo. La candidatura tuvo un costo de más de un millón de pesos, provenientes de fondos del estado. La canciller dedicó gran parte de su tiempo solo a impulsar su candidatura, viajando por varios países y teniendo a su disposición 13 funcionarios.


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text: Ambos cancilleres coincidieron en una clara orientación hacia el alineamiento con Estados Unidos y organismos supranacionales como la OMC, en detrimento de alianzas regionales como la UNASUR. La política exterior enfocada casi exclusivamente en el mercado norteamericano ha sido calificada como «exitosa "en el juego corto"» por el ex vicecanciller Andrés Cisneros (1992-1996), quien señaló que «Hay un riesgo: el de hipotecar toda la política exterior en nombre de una facturación hipotéticamente un poco mayor. Parecemos demasiado enfocados en el mercado norteamericano».


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text: Durante sus primeros meses de mandato produjo un giro de la política exterior caracterizado por el acercamiento a Estados Unidos. Pese a ello se desató un conflicto con la importación de limones a principio de 2017 y más tarde EE. UU. anunciaba la aplicación de un arancel del 57% a la importación del biodiésel argentino, el producto más exportado de Argentina hacia EE. UU. Posteriormente lo elevó nuevamente hasta el 72%. El biodiésel era, hasta ese momento, el principal producto de exportación a los Estados Unidos, con 1,5 millón de toneladas, y una ganancia de 1.140 millones de dólares en 2016. Paralelamente EE. UU. eliminó facilidades que beneficiaban a los argentinos y limitó el ingreso de profesionales, endureciendo los requisitos para el otorgamiento de la Visa estadounidense para ciudadanos argentinos.


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text: En 2018 Estados Unidos impuso nuevos aranceles a la industria argentina, y anunció aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio. En 2017 la Argentina había vendido más de US$ 500 millones en aluminio y US$220 millones de acero al país norteamericano, lo que fue calificado por la prensa argentina como un "golpe comercial al país".


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text: A mediados de 2018 el gobierno de Mauricio Macri dejó de pagar las cuotas obligatorias en decenas de organismos internacionales. El resultado es que puso a la Argentina como blanco de reclamos y al borde de perder el derecho al voto. A fines de 2019 una nota del subsecretario general de la ONU y encargado del contralor presupuestario exigió a la Argentina un pago mínimo de 17 millones de dólares como parte de los 106 millones de dólares adeudados con la ONU durante el régimen macrista. El 4 de octubre de 2019 el subsecretario Chandramouli Ramanathan recordó en una carta a la Cancillería argentina que para votar en la Asamblea General de 2020 el país debía efectuar el pago mínimo, invocando el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas: “El miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”. Según diversas fuentes el gobierno de Macri le dio importancia a la ONU solo en su primer año, para promover a Malcorra, tras el fallido intento de Malcorra de presidir la ONU a partir de 2017, ya sin la esperanza del triunfo, dejaron de abonar los compromisos con el organismo. El riesgo de perder el derecho a voto y a recibir sanciones por las deudas acumuladas entre 2017 y 2019 obligaron a modificiones presupuestarias último momento en el último día hábil de 2019, el 30 de diciembre siendo abonadas las deudas heredadas por el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores Felipe Solá. El Gobierno de Macri dejó una deuda de casi 150 millones de euros en impagos a organismos como la ONU, MERCOSUR, o la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que situo a Argentina en riesgo de perder su derecho a voto en dichos organismos.


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text: Además se acumularon deudas con otros organismos internacionales: Argentina dejó de pagar la parte que le corresponde en el dragado del Río Uruguay y del Río de la Plata, según los acuerdos con Uruguay. Ya en 2017 comenzó a acumular deuda por no pagar la cuota en la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). Al mismo tiempo se desarrolló una política de quitar atención a la ONU y a los organismos regionales. Por otro lado otros organismos fueron abandonados progresivamente por el presupuesto fueron el Parlasur con la decisión macrista de no convocar a elecciones específicas en el 2019 como acordaba la ley, el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Política Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración.


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text: Al finalizar el gobierno de Mauricio Macri Argentina adeudaba sus cuotas obligatorias a los siguientes organismos: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Corte Penal Internacional, Aladi.


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text: Mantuvo una tensa relación con organismos internacionales de derechos humanos entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sugiriendo que la misma se entrometía en asuntos internos de los Estados. Según France Press el gobierno de Mauricio Macri estuvo detrás de la avanzada para limitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; tras una declaración de los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia y Paraguay, que cuestionaban el Sistema Interamericano de DDHH y pretendían limitar seriamente sus funciones. En una carta José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, criticó la resolución porque "pretende ejercer presión indebida ante el Sistema Interamericano de DD.HH para delimitar gravemente sus funciones e introducir consideraciones políticas en las decisiones de los órganos de control". Más de cien individuos, organizaciones de derechos humanos y organismos de la sociedad civil difundieron una carta en respuesta en la que acusan al gobierno macrista de "demostrar la intención de debilitar el mecanismo de protección regional que se evidenciara con la presentación sucesiva de dos candidatos absolutamente inidóneos para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". También fueron criticados el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Ministro de Justicia y Derechos humanos, Germán Garavano, el secretario de DDHH, Claudio Avruj, el Canciller Jorge Faurie y la Embajadora Argentina en la ONU, Paula Bertol, señalando que es “esencial y urgente” que las autoridades argentinas “reviertan este camino y, en cambio, procuren resguardar a los órganos del Sistema frente a cualquier amenaza a su efectividad como mecanismo de protección de los derechos humanos”.


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text: El 19 de enero de 2016, Macri en el marco del Foro Económico Mundial en Davos tuvo reuniones con varios representantes de empresas, políticos, periodistas, etc, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, el fundador de Virgin Group, Richard Branson, el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, la Reina Máxima de los Países Bajos, el CEO de Coca Cola, Muhtar Kent, entre otros. El último presidente en asistir había sido Eduardo Duhalde, en enero de 2003.


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: El 16 de febrero recibió al primer ministro italiano Matteo Renzi y el 24 de febrero recibió al presidente François Hollande de Francia. El 27 de febrero se reunió con el Papa Francisco en Roma, y el 23 de marzo recibió al presidente Barack Obama. El 17 de noviembre recibió al primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el 21 de noviembre recibió al primer ministro de Japón Shinzo Abe.


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text: El 20 de septiembre de 2016 Mauricio Macri anunció al hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante la prensa internacional, que Gran Bretaña había aceptado iniciar el diálogo con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, tal como lo mandan las resoluciones de la propia Naciones Unidas. Al día siguiente el gobierno británico negó que las afirmaciones de Macri fueran ciertas y sostuvo que la primera ministra Theresa May nunca habló con el presidente argentino de soberanía. Macri sin embargo ratificó ese mismo día sus dichos y confirmó que la primera ministra británica le había dicho que el Reino Unido había aceptado incluir el tema de soberanía en el diálogo entre ambos países. En una tercera declaración, Macri admitió que no habló de soberanía con la premier británica.


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text: En 2018 se firmaron una serie de acuerdos ratificados con el canciller británico Boris Johnson, en la reunión del G20; que dejaba en manos de los kelpers y el gobierno británico el manejo de más de 3 millones de kilómetros de plataforma marítima argentina. En el acuerdo se transfirió al gobierno colonial de las islas Malvinas la propiedad y el control de los recursos desde el paralelo 48.3 al paralelo 60, junto con el control pesquero, el manejo las licencias. El Consejo Asesor el Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, pidió a la gobernadora fueguina Rosana Bertone que inicie acciones penales contra el Ejecutivo Nacional encabezado por Mauricio Macri y el canciller Faurie "por el delito de desintegración territorial y por la sesión territorial de la jurisdicción de Tierra del Fuego y de la Argentina".


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text: Macri adoptó posiciones activas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y Chile de 2017, algo inusual en el protocolo diplomático.


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text: En el caso de Estados Unidos, Macri manifestó expresamente su apoyo a Hillary Clinton debido a su postura dialoguista, cuestionando a Trump porque "levanta muros". La primera ministra de Relaciones Exteriores de Macri, Susana Malcorra, también expresó públicamente su favoritismo por Clinton y consideró que el eventual triunfo de Trump era un «riesgo», criticándolo por el «contenido de xenofobia» de sus propuestas electorales.


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text: En el caso de Chile, Macri grabó un video para la campaña electoral de Sebastián Piñera, en el que le habló al «pueblo chileno» siendo una actitud bastante inusual en términos diplomáticos, lo que llevó a reprimendas por parte de diferentes sectores chilenos. El hecho motivó un pedido de explicaciones del canciller chileno Heraldo Muñoz al gobierno argentino y una advertencia, recordando el «ejercicio electoral (de la segunda vuelta del domingo) les compete exclusivamente a los chilenos». Durante la campaña presidencial en Uruguay el gobierno de esa república a cargo de Tabaré Vázquez envió una queja formal a la Argentina solicitando que la ministra de seguridad Patricia Bullrich no se entrometa en los asuntos internos de ese país. Al respecto el ministro de relaciones exteriores de Uruguay afirmó que “Es grave que un ministro, parte del Ejecutivo, analice como voz del gobierno los asuntos de otro país y calificó como “muy graves” las apreciaciones de la ministra de Mauricio Macri, ya que no recordaba antecedentes de ministros extranjeros que opinan y tratan de intervenir en asuntos de otros países”.


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text: En 2019 el juez argentino Ramos Padilla expuso ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados pruebas de una supuesta red de espionaje ilegal, político, judicial y periodístico, organizada desde el gobierno de Mauricio Macri con el supuesto objetivo perseguir y encarcelar a opositores. Según las pruebas presentadas por el juez ante el congreso muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas”.


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text: En su exposición el juez también sostuvo que el gobierno había realizado tareas de espionaje que involucraban a otros países como Estados Unidos, Israel, Irán, Uruguay y Venezuela. Entre ellos reveló el intento de utilizar al exjefe de PDVSA, para socavar los vínculos con Venezuela. También se habrían realizado tareas de espionaje contra el Frente Amplio, partido que gobernaba Uruguay. El legislador uruguayo Gerardo Núñezal planteó que existía "una continuidad en el espionaje desde la dictadura cívico-militar y que tuvieron la certeza de que el gobierno de Cambiemos espió a diputados del país oriental". Días después los legisladores Núñez y Puig se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Leopoldo Moreau, con el objetivo de conocer los detalles de la red de espionaje y su extensión a Uruguay donde se habría espiado a integrantes del Frente Amplio y a empresarios.


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text: Tras la presentación del juez ante el Congreso argentino, Elisa Carrio, diputada de la alianza gobernante Cambiemos calificó de delincuente al juez por sus investigaciones, añadiendo "lo voy a ver preso, la justicia lo va a aniquilar". También dijo que Ramos Padilla “está muerto. Solo falta que entre a un depósito". José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch advirtió que “pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.


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text: El 8 de julio de 2021 el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Rogelio Mayta afirmó que el entonces presidente argentino Mauricio Macri envió a Bolivia, en noviembre de 2019, pertrechos anti-tumultos en el marco de la crisis política en Bolivia de 2019, que derivó en un golpe de Estado que puso fin a la presidencia de Evo Morales.


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text: De acuerdo a los dichos de Mayta: "Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia que el gobierno de Macri en Argentina aportó con material para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno de facto de Añez". Dicho documento es una carta, con fecha de 13 de noviembre de 2019, enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, donde le agradece al embajador argentino en Bolivia "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". En la carta se detalla el material recibido: 40 mil cartuchos AT12/70 (AT significa Antitummultos), 18 gases lacrimógenos en spray MK-9 y 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN y 19 granadas CS y 52 granadas de gas HC- . Este material corresponde a elementos disuasivos que suele utilizar las fuerzas de seguridad argentinas para reprimir manifestaciones sociales.


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text: Jorge Santisteban, abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros que está detenido en Bolivia desde hace una semana, afirmó que la firma de la carta publicada por las autoridades de Bolivia está “falsificada” e indicó que el material detallado en la carta nunca lo podría haber pedido un comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) porque no le serviría. Por su parte la excanciller Karen Longaric dijo que la fecha que figura en la misma es la del día posterior a la asunción de la presidencia por Jeanine Áñez, de modo que “Si el pedido y el envío ocurrió, fue durante el gobierno de Evo Morales”.


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text: Una investigación realizada por el portal de internet Bolivia Verifica, indicó que el mismo día que aparece en la carta (13 de noviembre) se realiza la jura de Ciro Orlando Álvarez Guzmán reemplazante de Terceros Lara en el cargo. Los comandantes de las fuerzas armadas habrían puesto a disposición sus cargos en un documento y la firma de Terceros Lara diferiría de la obrante en la carta ahora publicada. Bolivia Verfica es un sitio de internet de verificación de noticias falsas y del discurso público de Bolivia que forma parte de un proyecto de la Fundación para el Periodismo.


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text: El gobierno del Bolivia afirmó a través del Comandante General de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, que descubrieron en depósitos varios [pertrechos]], entre estos, de calibre 12/70, granadas de gas de tipo béisbol, granadas de triple fragmentación, gases pimienta y otros que forman parte de los elementos recibidos de Argentina en noviembre de 2019 , mientras se desarrollaba el golpe de Estado contra Evo Morales. En ese sentido, afirmó que la institución recibió de forma irregular balas de goma, granadas y gases lacrimógenos hallados sin documentación de respaldo en depósitos de la Policía de Bolivia.Agregó que el día 14 de julio reconstruiría qué funcionarios han acudido al aeropuerto, porque sabemos que habría arribado un avión C-130 de la República Argentina del cual descienden funcionarios vestidos de uniforme militar, ellos estaban [con] sus propios pertrechos y parte de estos habrían sido entregados sin documentación a la Policía boliviana".


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text: De acuerdo a un informe del Ministerio de Seguridad de Argentina, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó, el 11 de noviembre de 2019, el envío a Bolivia de pertrechos para la agrupación "Alacrán" de la Gendarmería Nacional, entre los que se encontraban: 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos; dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12/70. Un día después se autorizó también el envío de 70.000 cartuchos antidisturbios, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano "de gas hostigamiento".


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text: En ese sentido, la ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic realizó una denuncia ante la Justicia argentina por el presunto "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (...) La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las Fuerzas Armadas que días antes habían derrocado [a Evo Morales]."


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text: De acuerdo a documentos oficiales de Argentina, el 11 de noviembre de 2019, la Dirección Logística de la Gendarmería Nacional Argentina, mediante nota oficial con la firma del comandante mayor Rubén Carlos Yavorski le hizo el pedido de autorización a la ANMAC para “la salida temporal de armamento, municiones y los elementos que se adjuntan como archivo embebido. El material y equipamiento descripto será utilizado por parte del personal (...) dentro del marco y la protección del Señor Embajador Argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, así como el personal que se encuentre dentro de la misma” y el 12 de noviembre de 2019, Yavorski amplió el pedido de autorización a ANMAC y agregó a la lista 70.000 cartuchos AT 12/70 Anti Tumulto de Fabricaciones Militares y 100 spray gas pimienta. El 15 de julio de 2020, cuando Alberto Fernández llevaba siete meses en la presidencia, el Director de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina comandante mayor Carlos Miguel Recalde mediante la la nota NO-2020-45257466-APN-DIROPER-GNA dijo que se utilizaron los 70.000 cartuchos antidisturbios en prácticas de tiro dentro de la Embajada con las únicas 2 escopetas que se enviaron a la Embajada Argentina en Bolivia. Expresó que "Dada la conmoción que se vivía en ese entonces en dicho país y a los efectos de cumplir con la misión y funciones asignadas para el normal desarrollo de las actividades diplomáticas, fue necesario que el personal mantuviera la capacidad operacional y suficiente destreza al más alto nivel (...) Por lo expuesto precedentemente, a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70 mil cartuchos calibre 12,70 MM A/T".


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text: El 16 de julio de 2021, el fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación judicial por contrabando agravado, en el cual incluyó, además de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, al entonces Ministro de Defensa argentino Oscar Aguad, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, al exdirector de la Gendarmería Nacional Argentina Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.


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text: En su edición del 27 de julio de 2021 el diario La Nación afirmó que el gobierno a través de dos resoluciones de la ANMAC de enero y de mayo de 2020 –esto es cuando ya había asumido la presidencia Alberto Fernández- había prorrogado la autorización para la salida temporaria del país de los 70000 cartuchos antidisturbios.Inmediatamente, el gobierno desmintió la información calificándola de “fake news” y asegurando que las municiones fueron enviadas por el gobierno de Macri en forma clandestina para ayudar a la represión del golpe de Estado y los gendarmes se mantuvieron en 2020 para proteger bienes y personal de Argentina amenazados por el gobierno de facto.Al día siguiente el gobierno amplió su versión de los hechos y reconoció la veracidad de la información acerca de las prórrogas pero agregó que el Ministerio de Seguridad y el de Justicia no estuvieron al tanto de esas prórrogas, que “fue una parte del intento de encubrimiento de la entrega ilegal de material bélico”. Por su parte en el Ministerio de Justicia dijeron que el encubrimiento “se terminó de consolidar en julio de 2020, cuando un Gendarme informó que las 70.000 municiones habían sido consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.


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text: El 24 de noviembre, dos días después del balotaje, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se reunieron y acordaron el protocolo de traspaso del mando a realizarse el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. El propio Macri fue el encargado de anunciar lo acordado en la reunión, a la que calificó como protocolar y "cordial":


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text: Con posterioridad Macri cambió de opinión y consideró que el juramento debía hacerse en el Congreso Nacional, pero luego del juramento ambos debían trasladarse a la Casa Rosada para que allí Cristina Kirchner le hiciera entrega de la banda y el bastón. Macri explicó que pretendía preservar la tradición anterior a 2003, mientras que los voceros de Cristina Kirchner explicaron que se debía cumplir lo acordado según lo que establece la Constitución. Las razones de fondo del cambio de opinión por parte de Macri ha dado lugar a especulaciones periodísticas, así como también las supuestas intenciones de ambos de humillar al otro.


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text: Mientras se estaban realizando las negociaciones, Macri realizó una presentación judicial solicitando que se estableciera que el mandato de la presidenta Cristina Kirchner finalizaría el 9 de diciembre a la medianoche.


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text: La presentación del reclamo judicial interrumpió definitivamente las negociaciones. Conocida la decisión del fiscal de hacer lugar al reclamo de Macri, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli cuestionó por irregular la decisión judicial por acortar el mandato constitucional de Cristina Kirchner, dejar al país sin presidente titular y obligar a poner en funcionamiento la ley de acefalía, sosteniendo ante una afirmación de un periodista que «si hay acefalía como usted dice eso para mí es un golpe». Parrilli anunció que debido a que la justicia había establecido que el mandato presidencial de Cristina Kirchner había finalizado el día anterior al acto de toma de posesión del mando por parte del nuevo presidente, no correspondía legalmente que se hiciera presente en el Congreso Nacional.


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text: Al día siguiente la jueza María Servini de Cubría hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Macri y dispuso que el mandato de la presidenta Kirchner debía finalizar a la medianoche del día 9 de diciembre, doce horas antes de la ceremonia de traspaso del mando y jura en el Congreso. La decisión judicial generó una situación anómala, ya que el mandato de la presidenta Kirchner terminaría antes de que Macri pudiera cumplir con los requisitos constitucionales para asumir el mando.


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text: Frente a esa situación el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, anunció que él sería presidente de la Nación a partir de las 00:01 del día 10 de diciembre, desempeñando el cargo hasta que realice el juramento constitucional Mauricio Macri.


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text: Simultáneamente el bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró que el fallo judicial constituía un "avasallamiento a las instituciones" y que no asistiría al acto de asunción como presidente de Mauricio Macri.


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text: Pinedo asumió efectivamente el ejercicio al Poder Ejecutivo al cesar el mandato de Cristina Kirchner, aplicando al caso la ley de acefalía.


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text: Luego de ser elegido presidente de la Nación, Macri confirmó que pretendía que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal renunciara, a pesar de que se trata de una funcionaria y un órgano constitucional que son independientes del Poder Ejecutivo para el que fue elegido.


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text: La procuradora general Gils Carbó por su parte consideró que el presidente Macri no tenía facultades legales para exigir su renuncia y que se trataba de una violación de la institucionalidad y el orden constitucional.La Procuradora recibió el apoyo de más de 80 fiscales y funcionarios judiciales.Unos 120 fiscales del Ministerio Público de la Nación manifestaron su apoyo a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, al señalar "su profunda preocupación" por las manifestaciones que realizaron distintos actores políticos "en plena campaña electoral" y que ejercen una "indebida presión" sobre la funcionaria al exigirle su renuncia.


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text: En ese contexto la procuradora general Gils Carbó no fue invitada a la jura presidencial, debido a que la invitación fue enviada a una dirección incorrecta. Varios organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideraron que el presidente Macri estaba presionando indebidamente al Ministerio Fiscal, y declararon su solidaridad en apoyo de continuidad de la Procuradora General.


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text: El lunes 14 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo informó que Macri designó por decreto de necesidad y urgencia, y sin aprobación del Senado, dos jueces en comisión para los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo “"nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto."” La gacetilla de prensa justifica dicha designación sin acuerdo en base al inciso 19 del mismo artículo: “"19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura."[…]" "” Complementariamente el decreto 222/03 establece un sistema previo de impugnaciones y audiencias públicas para poder nombrar a los integrantes de la Corte Suprema.


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text: El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio la "bienvenida" a los jueces. Lorenzetti afirmó, refiriéndose a los gobiernos anteriores, peronistas:


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text: El radical Ernesto Sanz dijo que Macri hizo lo que tenía que hacer, y que la medida garantizaría la gobernabilidad. El periodista Adrián Ventura opinó que "el procedimiento puede ser riesgoso, extraño, políticamente criticable por la oposición, pero es válido".


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text: Meses después Mauricio Macri envió al senado un listado de diez conjueces para la Corte Suprema, que incluían desde la abogada del Grupo Clarín, al exabogado personal de Macri imputado en el escándalo del Correo Argentino, junto a militantes macristas y radicales, Macri también pidió que nombren cojueza de la corte a la hija de la magistrada que tiene en sus manos la causa Correo Argentino, por la que se encuentra imputado por condonar a una empresa familiar 70.000 millones de pesos de deuda, quién a su vez trabaja con el ministro Garavano, al abogado de la vicepresidenta Gabriela Michetti en el escándalo por los bolsos de dinero en su casa, y una exjueza que convocaba a timbreos a favor de Macri, entre otros.


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text: La medida fue criticada por políticos, juristas y periodistas de la mayoría del arco político, incluyendo varios importantes figuras de Cambiemos, criticando desde lo poco republicano a directamente tachándola de inconstitucional. Entre las principales críticas, la excandidata presidencial Margarita Stolbizer calificó de "inadmisible" la decisión y de "un retroceso institucional"; el también excandidato Sergio Massa sostuvo que "los nombres son impecables, la forma horrible"; el senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que era "un disparate"; el jurista León Arslanián lo consideró "impropio"; el periodista de Joaquín Morales Solá declaró que "no me parece conveniente, ni oportuno ni un acierto"; el exgobernador de la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota le reprochó que la construcción de una república "no se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto". El exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni cuestionó la decisión diciendo que "esto afecta a la República y la democracia sin República puede ser un caos. Me parece una barbaridad, es un abuso de autoridad". El periodista Mario Wainfeld sostuvo que "la jugada le pasa por arriba al Senado" y que la intención de Macri es "formatear en parte un tribunal a su gusto". El constitucionalista Daniel Sabsay calificó la medida como "de terror", "inconstitucionalidad manifiesta" y "retroceso fenomenal", sosteniendo que se estaba "sentando un precedente nefasto para las instituciones argentinas que prometió mejorar" y contrastando la actitud del presidente Macri con la del expresidente Néstor Kirchner que autolimitó su facultad de designar los miembros de la Corte mediante el Decreto N.º 222/03. El presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires Raúl Rizzo manifestó su disconformidad diciendo "empezamos mal Mauricio". El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que "es una medida autoritaria inédita en democracia". El senador radical de Cambiemos Julio Cobos afirmó que la designación de los jueces de la Corte por Decreto de necesidad y urgencia "me ha sorprendido y es innecesario", sosteniendo que no ve "razones para que sea por decreto y no por envío al Senado". El jurista de Cambiemos Gil Lavedra calificó la medida como un “precedente muy funesto”, agregando que “la norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”. Ricardo Alfonsín de Cambiemos, también criticó el decreto debido a que “deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”. El gobernador socialista de Santa Fe lo calificó como "un error".


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text: Beatriz Sarlo señaló que Macri se había reunido pocos días atrás con las principales figuras de la oposición para buscar consensos básicos y no mencionó que estaba preparando un nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto y en comisión:


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text: Por su parte la excandidata por Progresistas Margarita Stolbizer y el excandidato por Unidos por una Nueva Alternativa Sergio Massa, realizaron una declaración conjunta solicitándole al presidente Macri que revea su decisión de nombrar a los miembros de la Corte por decreto.


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text: Sobre los miembros de la Corte designados, la prensa ha dado a conocer antecedentes de los mismos. En el caso de Carlos Rosenkrantz, el periodista Luis Bruschtein ha dado a conocer que fue abogado del "Grupo Clarín" en sus acciones contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Página/12" a su vez señaló que Rosenkrantz en 2007, publicó un artículo cuestionando los fallos de la Corte Suprema dictados en los autos "Simón" y "Mazeo", por medio de las cuales se declararon inconstitucionales las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos de Menem a los crímenes de lesa humanidad.


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text: La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cuestionó los méritos de los candidatos "designados". Con respecto a Rosatti dio a conocer que mientras se mantuvo en el cargo de la secretaría de gobierno de la Provincia de Santa Fe y en el municipio, más de 80 personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad que controlaba y que en 2005, fue acusado de presionar a la Oficina Anticorrupción nacional, para que se archivara la investigación contra su exjefe, Carlos Reutemann, sobre la malversación de fondos públicos con motivo de la inundación de 2003, que causó decenas de muertos. Con respecto a Carlos Fernando Rosenkrantz cuestionó su vinculación con empresas que incluyen a grandes medios (América TV, La Nación, Grupo Clarín y Cablevisión), cadenas de venta de alimentos, medicina prepaga, telecomunicaciones, energía, "y un enorme etcétera del mundo de los negocios y las finanzas".


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text: El día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos. La represión, que consistió en dos cargas separadas por algunas horas, incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes. Cristian Villalba, delegado de los trabajadores, denunció que las agresiones no fueron iniciadas por los trabajadores de Cresta Roja sino por activistas políticos infiltrados en la manifestación. Esta situación provocó una disputa entre el gobierno y el Partido Obrero puesto que el ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, incriminó directamente a esta organización política de intentar ocupar el aeropuerto de Ezeiza y desatar el conflicto. Lo que valió una denuncia penal contra la funcionaria por parte de la organización de izquierda «por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, de servirse de la mentira para pavimentar la persecución política.» Al día siguiente de esta presentación, el ministerio se retractó por lo que la demanda fue retirada.


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text: Macri figura entre los políticos implicados en la investigación internacional sobre corrupción a través de paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma. El portavoz oficial de Macri, Ivan Pavlovsky, dijo que el presidente argentino no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella . El periodista Joaquín Morales Solá considera improbable que el caso llegue a judicializarse, ya que Mauricio Macri figura personalmente en el directorio de la empresa (y no utilizando un testaferro), Franco Macri declaró la cuenta ante la AFIP, el movimiento de dinero fue insignificante, y fue cerrada un año después de que Mauricio Macri fuera electo jefe de gobierno. El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado. El juez Sebastián Casanello es el encargado de investigar el caso, y le solicitó al Banco Central que informe sobre todas las cuentas que tengan a Macri como titular o apoderado. También le pidió a la AFIP las declaraciones juradas del padre y los hermanos del presidente y envió exhortos a cinco países.


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text: Meses después, se conoció la existencia de otra empresa, —Kagemusha S.A., radicada en Panamá—, en la que presidente Macri era vicepresidente y director.<br>


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: En septiembre de 2017 el juez a cargo de la causa determinó que Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" de ninguna de las dos compañías, las que habían sido creadas por su padre Franco Macri, quien fue el responsable de ambas firmas. Investigaciones posteriores, dadas a conocer en junio de 2018, dan cuenta de una serie de gestiones realizadas por representantes legales de Mauricio Macri, con el objeto de obtener los documentos que lo desvincularon de la causa, incluido un documento con fecha adulterada que adjudica la total responsabilidad de Fleg Trading a su padre Franco Macri.


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: Durante el primer año de gobierno se desató un escándalo por la alteración y filtración con fines políticos de datos secretos de la AFIP. La investigación involucra a un grupo de funcionarios de la AFIP, acusados de «filtrar» información confidencial sobre contribuyentes, con objetivos políticos. A su vez, se denunció que se están borrando pruebas en AFIP que involucran a políticos de la alianza Cambiemos. El fiscal Eduardo Taiano denunció la confección de «dossiers» de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación. Inclusive, en la causa se pide investigar si el titular de la entidad Alberto Abad y el subdirector General de Operaciones Impositivas en el Interior, Jaime Mecicovsky ayudaron a la empresa IECSA, —propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri—, para «readecuarse» ante una posible «insolvencia fiscal fraudulenta».


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: Según la investigación, desde Cambiemos habrían utilizado información sensible de rivales del gobierno y protegida por el secreto fiscal para elaborar informes que luego eran filtrados a Carrió con el fin de realizar denuncias periodísticas. Así, declaraciones juradas, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito, entre otros, quedaban bajo la posibilidad de ser divulgados, que fueron utilizados para la campaña electoral de Mauricio Macri, a través de una fuerza especial dentro de AFIP para recopilar datos de sus «enemigos». <br>


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: El fiscal Eduardo Taiano imputó al jefe de la AFIP, designado por Mauricio Macri por el delito de violación de secreto junto con la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió.


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: En 2016 investigaciones periodísticas revelaron casos de graves irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, con denuncias sobre empresas contratistas que fueron aportantes, donantes "fantasmas" o sin capacidad económica y empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad que sumaron millones para la campaña presidencial de Mauricio Macri. Asimismo, la alianza Cambiemos designó a dos jubiladas como máximas responsables de manejar los 36 millones de pesos que utilizó en las PASO. Según publicó La Nación, Stella Maris Sandoval, de 68 años, fue la encargada legal de administrar esos fondos aunque ella le negó al diario haber ocupado ese cargo como así también ser militante del PRO. "Yo nunca firmé nada", confesó. Otra jubilada, María Armanda Inza, de 82 años, también aseguró a La Nación que no estaba enterada de ello.


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: El 16 de febrero de 2018 el diario "El País" de España publicó en tapa una noticia titulada "Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra". La noticia afirmaba que el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, había ocultado 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta "offshore" en la Banca Privada d'Andorra, sin declararlo en su declaración jurada. El funcionario reconoció la titularidad de la cuenta, pero sostuvo que el dinero pertenecía al empresario del fútbol uruguayo Francisco Casal, que le había pedido el favor de depositar ese dinero en su cuenta, con el fin de evadir al fisco.


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: Frente al escándalo internacional, el jefe de Gabinete Marcos Peña, dio al día siguiente una conferencia de prensa en la que defendió a Díaz Gilligan y sostuvo que “No estamos hablando de fondos públicos”. Pese a ello Díaz Gilligan renunció al día siguiente, en medio de una generalizada condena del hecho en los medios de comunicación y ámbitos políticos, incluso por parte de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, socios del PRO en Cambiemos.


title: Presidencia de Mauricio Macri

text: La renuncia de Díaz Gilligan puso también sobre el tapete la situación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, a quien se le atribuyó ser titular de las acciones de dos empresas "offshore" en Islas Caimán y dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, que no incluyó en su declaración jurada al asumir como ministro.


title: John Paul Getty III

text: John Paul Getty III (4 de noviembre de 1956 – 5 de febrero de 2011), era nieto del magnate estadounidense del petróleo J. Paul Getty, que durante un tiempo fue el hombre más rico del mundo. Mientras vivía en Roma en 1973, fue secuestrado por la 'Ndrangheta, que pidió 17 millones de rescate. Su abuelo era reticente a pagar, pero después de que su oreja derecha fuera recibida por un periódico, negoció el pago de 2,2 millones de dólares, y Getty fue liberado —después de cinco meses de secuestro. Getty desarrolló posteriormente adicción al alcohol y los fármacos, sufriendo finalmente un derrame cerebral que le dejó gravemente discapacitado para el resto de su vida.


title: John Paul Getty III

text: Getty nació en Minneapolis, Minnesota. Pasó la mayor parte de su niñez en Roma, mientras su padre dirigía la división italiana del negocio petrolero de la familia Getty. Sus padres se divorciaron en 1964, cuando tenía ocho años. Getty permaneció en Italia con su madre, Gail Harris, y asistió a la escuela Internacional británica St. George en Roma.


title: John Paul Getty III

text: Su padre se volvió a casar con la actriz y modelo Talitha Pol en 1966. El matrimonio adoptó un estilo de vida hippie, pasando mucho tiempo en Gran Bretaña y Marruecos a finales de los años 1960.


title: John Paul Getty III

text: A principios de 1972, Getty fue expulsado de St. George por hacer una pintada ofensiva de 1,80 m de altura en uno de los pasillos de la escuela, dirigida al director. En julio de 1971 su madrastra había muerto de una sobredosis de heroína en Roma, y su padre se había mudado al Reino Unido, en parte para huir de los cargos de posesión de drogas que afrontaba en Italia. Paul quedó en Italia donde se sumergió en un estilo de vida bohemio, viviendo de okupa con el alquiler impago, frecuentando cabarets, discotecas y clubes nocturnos y participando en manifestaciones de izquierda. Tenía considerable talento artístico y según los informes se ganaba la vida haciendo joyas, vendiendo sus pinturas e historietas, y apareciendo en películas como extra. La revista para adultos italiana "Playmen" le pagó 1.000 dólares por aparecer desnudo en una campaña de publicidad impresa y en su portada de agosto de 1973, publicándose un mes después de ser secuestrado.


title: John Paul Getty III

text: Getty fue secuestrado mientras cruzaba a pie la Piazza Farnese en Roma a las tres de la madrugada del 10 de julio de 1973, contando 16 años. Según su entonces novia, Martine Schmidt, había jugado con la idea de ser secuestrado por delincuentes comunes cómplices cuando la pareja luchaba por llegar a fin de mes, pero había cambiado de idea porque ambos habían conseguido trabajo como modelos para fotógrafos. Declaró que "Paul ya no quería ser secuestrado, pero [los secuestradores] le seguían." Le vendaron los ojos y fue conducido y encarcelado en una cueva en Calabria. Los secuestradores emitieron una nota de rescate reclamando 17 millones de dólares (equivalente a  de dólares en 2019) a cambio de entregarlo con vida. Sin embargo, la familia sospechó que fuera una treta de adolescente rebelde para sacar dinero de su abuelo tacaño.


title: John Paul Getty III

text: John Paul Getty Jr. pidió el dinero a su padre J. Paul Getty, pero este rechazó entregar ninguna cantidad argumentando que sus otros 13 nietos también podrían convertirse en objetivos de secuestro si pagaba. Los secuestradores enviaron una segunda demanda, pero su llegada fue retrasada por una huelga postal italiana. A medida que el tiempo pasaba, el trato a Paul por parte de sus captores empeoró; le quitaron la radio, mataron un pájaro que había tomado como mascota, y empezaron a jugar a la ruleta rusa contra su cabeza.


title: John Paul Getty III

text: En noviembre de 1973, un periódico recibió un sobre que contenía un mechón de cabello, una oreja humana y un aviso de los secuestradores amenazando con mutilar más a Paul si no se les pagaban 3,2 millones de dólares (equivalente a 18,4 millones en 2019). En la carta se leía: "Esta es la primera oreja de Paul. Si dentro de diez días la familia todavía cree que ésto es una broma montada por él, entonces llegará la otra oreja. En otras palabras, llegará en pedacitos." La salud de Paul empezó a declinar rápidamente porque su herida se infectó, a lo que se añadió una neumonía causada por las frías temperaturas al llegar el invierno. Su captores se alarmaron por ello y le suministraron grandes dosis de penicilina para tratar la infección, lo que le provocó una alergia al antibiótico, afectando más su salud. El biógrafo de Getty, John Pearson atribuyó su alcoholismo posterior a las grandes cantidades de brandy que le obligaron a consumir en su último mes de cautividad para mantenerle caliente y atenuar su dolor.


title: John Paul Getty III

text: Después de que la oreja de Paul fuera enviada, su abuelo acordó pagar no más de 2,2 millones (equivalente a 12,7 millones en 2019)— la cantidad máxima que era deducible de impuestos— y le prestó el resto a su hijo, que era responsable de pagar la suma con un interés del cuatro por ciento. Paul fue encontrado vivo el 15 de diciembre de 1973, en una gasolinera de Lauria, en la provincia de Potenza, poco después de que el rescate fuera pagado. A sugerencia de su madre, el joven llamó a su abuelo para darle las gracias por pagar el rescate, pero J. Paul Getty rechazó ponerse al teléfono.


title: John Paul Getty III

text: Nueve de los secuestradores fueron aprehendidos, incluyendo a Girolamo Piromalli y Saverio Mammoliti, miembros de alto rango de la 'Ndrangheta, la organización mafiosa en Calabria. Dos de los secuestradores fueron condenados y enviados a prisión; los otros fueron absueltos por falta de pruebas, incluidos jefes de la 'Ndrangheta. La mayor parte del dinero del rescate nunca fue recuperado. En 1977, Getty se sometió a una operación para reconstruir la oreja que sus secuestradores le habían cortado.


title: John Paul Getty III

text: En 1974, Getty se casó con la alemana Gisela Martine Zacher (de soltera, Schmidt), que estaba embarazada de cinco meses. La conocía a ella y a su hermana gemela Jutta desde antes de su secuestro, y tenía 18 años cuando su hijo Balthazar nació en 1975. La pareja se divorció en 1993.


title: John Paul Getty III

text: Getty actuó en algunas películas europeas interpretando a secundarios en la película "El territorio" de Raúl Ruiz y en "El estado de las cosas" de Wim Wenders. Él y su mujer vivieron durante un tiempo en Nueva York, donde formaron parte del círculo social de Andy Warhol.


title: John Paul Getty III

text: Getty quedó permanentemente afectado por su secuestro y sufrió adicción al alcohol y los fármacos en los años siguientes. En 1981, bebió un cóctel de alcohol, valium y metadona que le provocó un fallo hepático y derrame cerebral, quedando tetrapléjico, parcialmente ciego, e incapaz de hablar. Su madre lo cuidó, y demandó a su padre exigiéndole 28.000 dólares al mes para cubrir sus necesidades médicas. Nunca se recuperó por completo y quedó gravemente discapacitado por el resto de su vida. En 1987, sin embargo, fue capaz de recuperar cierto grado de movilidad, y pudo volver a esquiar sujeto a un armazón especial de metal.


title: John Paul Getty III

text: En 1999, Getty y muchos otros miembros de la familia se convirtieron en ciudadanos de la República de Irlanda a cambio de inversiones de aproximadamente un millón de libras cada uno, según una ley que desde entonces ha sido derogada.


title: John Paul Getty III

text: Getty murió en la propiedad de su padre en Wormsley Park, Buckinghamshire, el 5 de febrero de 2011, a los 54 años, después de una larga enfermedad. Su salud siempre había sido pobre desde su sobredosis de 1981.


title: John Paul Getty III

text: A. J. Quinnell utilizó el secuestro de Getty como inspiración para su libro "Man on Fire". El libro de 1995 "Painfully Rich: the Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty" de John Pearson incluye contenido significativo sobre Getty y el calvario sufrido durante el secuestro. El libro fue adaptado a película en 2017 con el título "Todo el dinero del mundo", dirigida por Ridley Scott. En la película, J Paul Getty es interpretado por Christopher Plummer y John Paul Getty III es interpretado por Charlie Plummer (como adulto) y Charlie Shotwell (a los 7 años). El secuestro fue también ficcionalizado en la serie de televisión de 2018 "Trust", producida por Simon Beaufoy y Danny Boyle, con Harris Dickinson como John Paul Getty III.


title: Reforma constitucional argentina de 1860

text: La reforma constitucional argentina de 1860 fue una reforma de la Constitución de 1853 realizada luego de la Batalla de Cepeda y antes de la Batalla de Pavón, en el contexto de la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que tuvo como consecuencia la adhesión de este último al texto constitucional de 1853 y su integración como provincia a la República Argentina. Ambas partes habían firmado el Pacto de San José de Flores en el cual Buenos Aires se declaró parte de la Confederación Argentina y en el que se estableció que la provincia porteña podría proponer reformas a la Constitución Nacional de 1853, que establecía la forma de gobierno federal, para que fueran evaluadas por la Convención Constituyente "Ad Hoc" reunida en 1860.


text: Para comprender cabalmente las reformas realizadas en 1860 al texto constitucional de 1853, resulta de utilidad visualizar las supresiones y agregados, tal como se encuentra en el .


text: Las provincias argentinas habían estado virtualmente en guerra desde que iniciaron su independencia de España en la década de 1810, enfrentadas por el tipo de organización que debía tener la nueva nación. Los caudillos provinciales y las masas gauchas tendían a formar una federación de provincias y se nucleaban en el Partido Federal. Del otro lado, las clases altas de Buenos Aires, llamadas porteñas porque controlaban el único puerto de importancia que tenía el país y su aduana, pretendían un Estado unitario, sin autonomías internas, y se nucleaban en el Partido Unitario.


text: El enfrentamiento había impedido sancionar una constitución y organizar el país durante más de cuarenta años, hasta que en 1852 la provincia de Buenos Aires al mando de Juan Manuel de Rosas fue derrotada por la provincia de Entre Ríos al mando de Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros.


text: El resultado inmediato de la batalla fue el Acuerdo de San Nicolás en 1852, comprometiéndose a sancionar una constitución que se concretó al año siguiente con la Constitución de 1853, adoptando la organización federal del país, estableciendo la autonomía de las provincias, la capital en la ciudad de Buenos Aires y la nacionalización de los ingresos aduaneros (derechos de exportación e importación), de modo tal que fueran compartidos por todo el país.


text: Pero la provincia de Buenos Aires volvió a rebelarse. El 11 de septiembre de 1852, los grupos unitarios contrarios al Acuerdo de San Nicolás, dieron un golpe de Estado, desalojando del poder al propio Urquiza. El gobierno de la provincia pasó entonces al Partido Unitario liderado por Valentín Alsina y Bartolomé Mitre -quienes liderarían las dos alas del partido-, mientras que el gobierno nacional fracasó en su intento de reprimir la rebelión.


text: El resultado fue que la provincia de Buenos Aires no integró el grupo de provincias que aprobaron la Constitución de 1853, manteniéndose al margen de la federación, aunque sin declarar su independencia. Mientras tanto las restantes trece provincias organizaron la Confederación Argentina de acuerdo al texto constitucional y constituyeron los poderes ejecutivo y legislativo, siendo elegido Urquiza como primer presidente en 1854.


text: En Buenos Aires la gobernación fue tomada por Alsina, líder del ala "localista", partidaria de declarar la independencia de la provincia y formar una nueva nación. La otra ala, denominada "nacionalista", fue liderada por Mitre y tenía como fin reorganizar la Argentina, pero esta vez bajo el liderazgo de Buenos Aires.


text: La tensa convivencia entre la Confederación Argentina y las trece provincias que la integraban, por un lado, y el Estado de Buenos Aires por el otro lado, condujo a una nueva guerra entre ambos bandos que se definió en la Batalla de Cepeda del 23 de octubre de 1859, en el que las fuerzas confederadas derrotaron a la provincia de Buenos Aires. Como resultado de la misma y pese a la resistencia de Alsina que se vio forzado a renunciar como gobernador, la Confederación Argentina y la Provincia de Buenos Aires firmaron el Pacto de San José de Flores el 11 de noviembre de 1859, estableciendo que:


text: La batalla de Cepeda debilitó al "alsinismo" en el poder de la provincia y fortaleció al "mitrismo", llevando al propio Mitre a la gobernación de la provincia el 3 de mayo de 1860. Pocos meses después, en cumplimiento del Pacto de San José de Flores, se realizó la reforma constitucional de 1860, con el fin de incorporar la provincia de Buenos Aires a la federación establecida por la Constitución de 1853.


text: La guerra entre porteños y el resto de las provincias sin embargo no finalizaría allí y tendría una segunda fase luego de sancionada la reforma constitucional, que tendría su desenlace con el triunfo porteño en la Batalla de Pavón del 17 de septiembre de 1861, el derrocamiento de las autoridades nacionales y la toma del poder de facto por Bartolomé Mitre, desde donde organizó las elecciones que lo llevaron a ser presidente constitucional en 1862.


text: Los artículos 2 a 5 del Pacto de San José de Flores (11 de noviembre de 1859) establecían que en el plazo de veinte días, la provincia de Buenos Aires debía convocar a elecciones para formar una convención que examinara la Constitución de 1853. Si la convención no encontraba objeciones a la misma, la provincia procedería a aceptarla, pero si consideraba que debían realizarse reformas al texto de 1853, dichas propuestas de reforma serían tratadas en un convención nacional "ad hoc". La Convención Provincial comenzó a sesionar el 3 de enero de 1860 y finalizó sus tareas el 12 de mayo de, seis meses después del Pacto de San José de Flores, demora que generaría la protesta del gobierno de la Confederación Argentina.


text: El 25 de diciembre de 1859 se realizaron las elecciones provinciales para elegir 75 representantes para integrar la Convención Provincial Revisora, 36 de ellos en representación de la Ciudad de Buenos Aires y 39 en representación de la campaña. Finalmente resultaron elegidos 71 convencionales, debido a que dos de ellos fueron elegidos dos veces (como candidatos en la Ciudad y la campaña) y que en la sección 12 de la campaña solo se eligió uno de los tres cargos; de los 71 convencionales, solo 68 asumieron efectivamente sus cargos. Inició sus sesiones preparatorias el 5 de enero de 1860, y sus sesiones ordinarias el 6 de febrero, que se extendieron hasta el 5 de mayo del mismo año, proponiendo varias reformas al texto constitucional.


text: Los tres aspectos que más preocupaban a la provincia porteña eran la pérdida de la Ciudad de Buenos Aires, el destino de las rentas aduaneras, que hasta entonces le pertenecían casi en su totalidad, y el grado de autonomía de las provincias frente al poder central, que no le parecía suficiente. Otros aspectos tenían que ver con el nombre del país, el principio jurídico sobre el que se establecía la nacionalidad de las personas ("ius sanguinis" o "ius soli"), los costos del derecho a la educación gratuita que garantizaba el art. 5 original, los alcances de la abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta, los derechos democráticos implícitos, etc.


text: Con 68 convencionales que asumieron, el cuerpo sesionó con un promedio de dos tercios de las bancas. La mayoría estaba alineado con el oficialista Partido Unitario, popularmente conocido como "los pandilleros", liderado por Adolfo Alsina y Bartolomé Mitre, pero en su seno ya se avizoraban las diferencias entre el sector "alsinista" -que se oponía terminantemente a la federalización de Buenos Aires y era partidario de mantenerse al margen de la Confederación Argentina-, y el sector "mitrista", partidario de federalizar la ciudad de Buenos Aires e ingresar a la confederación con el fin de imponer sobre la misma una nueva hegemonía porteña. Dos años después ambos sectores se separarían definitivamente: el "alsinismo" crearía el Partido Autonomista, mientras que el "mitrismo" crearía el Partido Nacionalista, con el que ganaría las elecciones nacionales de 1862 que lo legitimaron como presidente constitucional de la Nación, luego de que tomara el poder de facto en 1861, al vencer por las armas a la Confederación en la Batalla de Pavón. En el curso de la Convención Provincial, Mitre sería elegido gobernador de Buenos Aires, sucediendo en el cargo a Alsina.


text: Además de Alsina y Mitre, los convencionales unitarios que más se destacaron en la Convención fueron el sanjuanino Domingo F. Sarmiento (por entonces "mitrista" que ocho años después llegaría a la Presidencia de la Nación), el cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield ("mitrista", futuro autor del Código Civil), José Mármol ("alsinista"), Rufino de Elizalde ("mitrista"), Pastor Obligado ("alsinista" exgobernador de Buenos Aires) y José Barros Pazos, entre otros.


text: Un sector minoritario de la convención, estaba integrado en parte por miembros del Partido Federal, conocidos como "los chupandinos" (Nicolás Calvo) y por políticos no federales como Marcelino Ugarte, Félix Frías, Vicente Fidel López, Miguel Cané, Bernardo de Irigoyen y Roque Pérez. Este sector era partidario de no realizar reformas al texto de 1853, con el fin de evitar que la demora y los eventuales conflictos que pudieran desatar las mismas, frustrara la reunificación de Buenos Aires con las demás provincias argentinas.


text: Como presidente de la Convención fue elegido por unanimidad Francisco de las Carreras, mientras que Domingo Olivera fue elegido como vicepresidente primero, y Benito Carrasco como vicepresidente segundo.


text: En la primera sesión ordinaria del 6 de febrero, la Convención designó una Comisión Examinadora de siete miembros, con la misión de examinar la Constitución de 1853 y proponer las reformas que considerara necesarias. Sus miembros fueron Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Dalmacio Vélez Sarsfield, Pastor Obligado, José Barros Pazos, José Mármol, José Domínguez y Antonio Cruz Obligado, todos pertenecientes al Partido Unitario. Su presidente fue Bartolomé Mitre.


text: La Comisión finalizó su tarea el 3 de abril. El 25 de abril, Mitre leyó el extenso informe al plenario, y una semana después asumió como gobernador del Estado de Buenos Aires, el último antes de su reingreso como provincia a la federación. Desde ese cargo, Mitre impulsaría una política de presiones sobre la Confederación Argentina presidida por Santiago Derqui, que le permitió lograr el Convenio del 6 de junio de 1860, complementario del Pacto de San José de Flores, donde la Confederación aceptó que la aduana de Buenos Aires continuara en poder de la provincia de Buenos Aires, a cambio de entregar una suma fija al gobierno nacional.


text: La Convención Provincial aprobó en general el proyecto de reformas de la Comisión, por 32 votos contra 17, y luego pasaría a tratar en particular cada una de ellas, finalizando sus tareas el 12 de mayo de 1860, seis meses después del Pacto de San José de Flores.


text: El informe de la Comisión Examinadora partió de la convicción de que la Constitución de los Estados Unidos era la máxima obra jurídica que había dado la humanidad y la única que debía ser tomada como modelo, sin alteraciones improvisadas, defecto este último que le achacaba a la Constitución de 1853:


text: Terminada la lectura del informe, fue Dalmacio Vélez Sarsfield, de actuación jurídica decisiva en el Acuerdo de San Nicolás y en todo el proceso de reforma de la Constitución de 1853, quien tomó la palabra para explicar el espíritu general adoptado por la Comisión Examinadora para decidir cuáles serían las reformas que consideraba necesarias. En su discurso descalificó a los autores de la Constitución argentina, acusándolos de "ignorantes" por no respetar el "texto sagrado" estadounidense y recurrir al derecho constitucional europeo, de naturaleza monárquica y ajeno al federalismo y la democracia, para concluir diciendo:


text: En sentido coincidente, Domingo F. Sarmiento también tomó la palabra para cuestionar la Constitución de 1853 debido al desmedido poder que atribuía al presidente de la Nación, que según él "tenía así más poder que Napoleón".


text: Luego de aprobar en general el informe de la Comisión Examinadora, los convencionales pasaron al análisis en particular de cada una de ellas, aprobando las propuestas de reformar la capitalización de Buenos Aires, la supresión de la educación primaria gratuita, la limitación de las facultades de la Nación para intervenir las provincias, controlar sus constituciones y enjuiciar a las autoridades provinciales o sus representantes, la prohibición de que el gobierno nacional dictara leyes de imprenta y el reconocimiento de los derechos y garantías implícitos en la soberanía popular.


text: No hubo en cambio consenso en el plenario sobre las reformas económicas propuestas, particularmente la que sostenía que los impuestos a la exportación no debían ser percibidos por la Nación, sino por la provincia en la que se realizaba, tal como sucedía en Estados Unidos. La cuestión fue reenviada a la Comisión, pero sus miembros insistieron en que los impuestos a las exportaciones debían ser percibidos por las provincias y no por la Nación. Frente a la preocupación de varios convencionales sobre el impacto en las finanzas del Estado nacional, el plenario finalmente aprobó una propuesta de reforma que establecía la supresión del impuesto a las exportaciones a partir de 1866.


text: La Constitución de 1853, firmada por trece provincias entre las que no estaba Buenos Aires, había establecido en su artículo 3 que la capital del país sería la Ciudad de Buenos Aires -capital de la provincia de Buenos Aires-, concediéndole un estatus equivalente a las demás provincias, bajo el mando exclusivo del gobierno nacional (arts. 32, 64 inc. 27, 83 inc. 3, y concordantes).


text: Buenos Aires se oponía a la federalización o cualquier otra forma de separación de la Ciudad de Buenos Aires de la provincia y la cuestión -junto a la cuestión de las rentas aduaneras y la forma de gobierno unitaria o federal-, fue una de las razones centrales de las guerras civiles.


text: Luego del triunfo de la Confederación en la Batalla de Cepeda, Urquiza, en lugar de exigir la rendición incondicional de Buenos Aires, aceptó firmar el Pacto de San José de Flores, una de cuyas cláusulas principales, la quinta, establecía que "el territorio de Buenos Aires que no podrá ser dividido, sin el consentimiento de su legislatura":