title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Pese a que en el pedido de cuestión de confianza, se planteaba, además de un nuevo mecanismo para la elección de los magistrados, que se suspendiera el proceso de elección, la mayoría del Congreso decidió llevarla adelante, así como programar para las cuatro de la tarde el debate de la cuestión de confianza. Uno de los postulantes a magistrado, el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea (primo de Pedro Olaechea), fue elegido con 87 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones. Rápidamente se sometió a votación a un segundo candidato, pero este no llegó a los votos necesarios. El pleno fue nuevamente suspendido.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Durante la elección de Ortiz de Zevallos, se produjo un incidente cuando la congresista María Elena Foronda, de Frente Amplio, denunció que supuestamente otro legislador la había suplantado y votado en su lugar a favor de Gonzalo Ortiz de Zevallos. Al momento de realizarse la votación electrónica, Foronda se hallaba al medio del hemiciclo, protestando junto a los miembros de Frente Amplio y Nuevo Perú contra la elección, por lo que aseveró que ella no había podido dar ese voto. Por tanto, exigió que se declarara nula la votación. Luego se supo que el congresista Manuel Dammert había activado el botón de manera casual. No obstante, el Congreso ratificó la elección, considerando que sí se habían contabilizado 87 votos tomando en cuenta el último voto de la congresista Yeni Vilcatoma, quien votó a mano alzada.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Después de que el segundo candidato no alcanzara los 87 votos, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea solicitó la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar todo lo acordado y comunicar la designación de Ortiz de Zevallos al Tribunal Constitucional. A pesar de que el Congreso votó por mayoría ejecutar las decisiones y culminar con el proceso, diversos congresistas solicitaron la reconsideración de la elección.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Tal como estaba programado, a las cuatro de la tarde de ese mismo día, el pleno del Congreso de la República se volvió a reunir para debatir la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. El debate se desarrollaba de manera pausada, cuando se anunció que se transmitiría el mensaje a la Nación del presidente Vizcarra, que empezó a las 5 y 28 de la tarde. Entonces, la Mesa Directiva del Congreso apresuró la votación y con 50 votos a favor, 31 en contra y 13 abstenciones, aprobaron la cuestión de confianza. Pero el presidente Martín Vizcarra anunciaba ya la disolución del Congreso de la República, pues consideraba que la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional era una «negación fáctica» a la cuestión de confianza presentada por su premier Del Solar. Hizo antes un recuento de las acciones que el Congreso había realizado a lo largo de su gobierno y la desnaturalización de los proyectos de ley que había presentado el Ejecutivo. Dijo finalmente que, como paso siguiente, llamaría a elecciones de congresistas de la República, tal como está previsto en la Constitución.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Luego, pasadas las 8 y 40 de la noche, el pleno del Congreso votó por la suspensión por 12 meses de Vizcarra en el ejercicio de la Presidencia de la República, por "incapacidad temporal" invocando el artículo 114 de la Constitución. Los parlamentarios no pudieron declarar la vacancia del presidente según el artículo 113, pues para ello era necesario 103 votos de aprobación. Acto seguido, juramentó la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina de la República en reemplazo de Vizcarra. Ello considerando que, de acuerdo a la Constitución Política, las leyes y decretos tienen efecto a partir del ída siguiente de su publicación y el decreto de disolución se había publicado en una edición extraordinaria de El Peruano. Sin embargo, esta maniobra fue considerada ilegal, al estar ya el parlamento disuelto. Tampoco generó apoyos masivos de la ciudadanía ni de la comunidad internacional.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 2 de octubre de 2019, se reunió la Comisión Permanente del Congreso, conformada por 28 congresistas, en proporción de todas las ex bancadas y presidida por Pedro Olaechea, tal como estaba previsto en la Carta Magna en caso de disolución constitucional del Congreso. Cabe señalar que la Comisión Permanente tiene funciones muy limitadas y ya no puede legislar, correspondiéndole al Ejecutivo esta función mediante decretos de urgencia. De la misma manera, algunos sectores comenzaron a referirse a Olaechea como presidente de la Comisión Permanente, a pesar de que, de acuerdo al Reglamento del Congreso, continuaba siendo Presidente del Congreso y dentro de sus funciones están las de presidir la Mesa Directiva y la Comisión Permanente.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 10 de octubre de 2019, Pedro Olaechea presentó al Tribunal Constitucional una demanda competencial contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso. Esta demanda consta de cuatro puntos:


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text: Olaechea también presentó ante el TC una medida cautelar para que se suspenda la disolución del Parlamento, y pidió que se oficializara la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como miembro del TC, pese a que dicha elección estaba cuestionada.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El pleno del Tribunal Constitucional se reunió el 17 de octubre de 2019 y luego de un debate, rechazó por mayoría la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos. De los siete magistrados, cinco votaron en tal sentido, al considerar que no había concluido la elección de Ortiz de Zeballos, pues estaban pendientes de resolverse dos recursos en contra: uno de reconsideración presentado por la congresista Patricia Donayre (Unidos por la República) y otro de nulidad por la congresista María Elena Foronda (Frente Amplio).


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: En cuanto a la demanda competencial, el pleno del TC eligió al magistrado Carlos Ramos Núñez como el ponente encargado de presentar el borrador del informe sobre si se admitía a trámite dicha demanda.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 29 de octubre de 2019, tras escuchar el informe favorable de Ramos, el pleno del TC votó, en unanimidad, en admitir a trámite la demanda competencial. Pero rechazó por cinco votos contra dos la medida cautelar que buscaba suspender la disolución del Congreso. Es de señalar que esos dos votos a favor de la restitución del parlamento (algo que habría ocasionado una nueva crisis de impredecibles resultados), fueron del presidente del TC, Ernesto Blume, y el magistrado José Luis Sardón.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 5 de noviembre de 2019, el TC notificó a ambas partes la admisión a trámite de la demanda competencial. Lo interesante de este documento era que precisaba que el recurso no suspendía el cronograma electoral en curso, y que la sentencia que daría sobre la controversia tendría «efectos a futuro». Es decir, quedaba de plano descartado que el Congreso disuelto fuera restituido; el TC solo daría recomendaciones sobre los procedimientos que deberían realizarse en adelante, en caso de presentarse situaciones similares. Lo cual se interpretó como un triunfo del gobierno de Vizcarra.


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text: El 14 de enero de 2020 dicha demanda fue declarada infundada considerándose con cuatro votos favor y tres en contra válida y constitucional la disolución parlamentaria.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 1 de octubre de 2019, Mercedes Aráoz renunció de manera irrevocable a su cargo de vicepresidenta constitucional del Perú. También anunció que declinaba al cargo de presidenta interina que le había conferido el ya disuelto Congreso, al considerar que había sido solo un «acto simbólico político».


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El premier Zeballos saludó la decisión de Aráoz de renunciar a la vicepresidencia de la República, pero luego hizo notar que su renuncia no era válida, pues su carta lo había presentado ante Olaechea, el expresidente del Congreso ya disuelto. Uno de los excongresistas, Marco Arana, denunció a Aráoz ante la fiscalía por usurpación de funciones.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 2 de noviembre, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla sostuvo que Aráoz continuaba siendo Vicepresidenta de la República debido a que su renuncia no ha sido aceptada por el Pleno del Congreso. El 5 de noviembre, Aráoz brindó unas breves declaraciones a la prensa en las que explicó que debido a la falta de un Pleno del Congreso que acepte la renuncia, aún sigue siendo Vicepresidenta y afirmó estar de acuerdo con el planteamiento de la ministra Revilla.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 9 de octubre de 2019, el gobierno de Vizcarra dio su primer decreto de urgencia que autorizaba a los organismos electorales a emitir reglamentos, normas y otras disposiciones necesarias para el buen desarrollo de las elecciones parlamentarias, convocadas para el 26 de enero de 2020.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 10 de octubre de 2019, JNE, ONPE y RENIEC aprobaron el cronograma para los comicios del 26 de enero, según el cual el 18 de noviembre es la fecha máxima para presentar la lista de candidatos. También establecieron que no se aplicarán las reformas políticas promulgadas en agosto de 2019, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones establece la intangibilidad de la normativa electoral hasta un año antes de un proceso electoral.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Además, se permitió que los excongresistas del disuelto parlamento puedan postular en las elecciones de 2020, lo cual causó controversia, pues según un punto de vista, al haberse aprobado la no reelección parlamentaria en el referéndum de diciembre de 2018, no podrían darse dichas postulaciones.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: A inicios de octubre de 2019, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos realizaría una exposición de las políticas generales de gobierno ante la ciudadanía. Ello debido a que por mandato Constitucional, al asumir un nuevo jefe de gabinete se debe presentar ante el congreso para exponer tal plan y solicitar la cuestión de confianza (o también llamada investidura) ante el Pleno. Sin embargo, debido a la disolución del congreso, el gabinete realizaría esta presentación de manera televisada.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 30 de octubre de 2019, el presidente Vizcarra se presentó junto al ministro Zeballos y ambos expusieron las principales políticas que impulsarían en los siguientes meses de gobierno. Contemplaba los siguientes importantes puntos:


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text: El gabinete, según el artículo 135 de la Constitución, se debe presentar ante el nuevo Congreso para exponer los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno y solicitar una cuestión de confianza.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Durante los cuatro meses del interregno parlamentario, el gobierno dio un total de 67 decretos de urgencia, los cuales estarán sujetos a revisión por el nuevo Congreso. Por lo pronto, fueron puestos a consideración de la Comisión Permanente, que se limitará a elevar un informe de cada uno de ellos a la directiva del nuevo parlamento. El presidente del Consejo de Ministros deberá acudir ante el nuevo Congreso para explicar los alcances de estos decretos de urgencia. A pesar de que la Constitución prohíbe que se dicten decretos de urgencia en materia tributaria (artículo 74), el Ejecutivo emitió cuatro decretos sobre impuestos, lo que tendrá que ser revisado por el Congreso de la República.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Tras las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, el Ejecutivo anunció que ya no daría más decretos de urgencia.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 26 de enero de 2020 se realizaron las elecciones congresales extraordinarias, para elegir a los 130 congresistas que deben concluir el periodo congresal de 2016-2021, en los 16 meses que restan luego de la disolución del Congreso del 30 de septiembre de 2019.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Los resultados colocaron a nueve agrupaciones políticas con derecho a bancadas en el nuevo Congreso: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Frente Amplio (FA), Fuerza Popular (FP), Podemos Perú (PP), Partido Morado (PM) y Somos Perú (SP).


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Lo primero que destaca del resultado electoral es la fragmentación del nuevo Congreso. Fuerza Popular, que en el Congreso anterior tuvo 73 congresistas, esta vez solo logró 15. También se dio un repunte de Acción Popular, que obtuvo 25 congresistas, conformando así la «primera minoría».


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 15 de febrero de 2020, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que el gobierno mediante Decreto Supremo regularizaría la seguridad de los altos funcionarios del Estado. El ministro anunció los congresistas ya no tendrán seguridad asignada, salvo los miembros de la Mesa Directiva. Las declaraciones generaron controversia debido a que contravienen el artículo 98 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que el Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso y también al inciso 9 del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, que establece como función brindar seguridad a los congresistas. La asignación de seguridad al Congreso data desde la primera Constitución Peruana (1823) y ha permanecido en las distintas Cartas Magnas que ha tenido la República. Diversos especialistas señalaron que un cambio en la asignación de seguridad a los congresistas no es competencia del Ejecutivo.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: Luego de lo anunciado por el Ministro del Interior, el presidente Martín Vizcarra afirmó que lo dicho por Morán solo constituía una propuesta que sería evaluada conjuntamente con el Poder Legislativo y descartó la comisión de una infracción constitucional. En una entrevista realizada el 18 de febrero, el Presidente fue consultado, por su opinión sobre el caso del Procurador cesado recientemente por su actuación en el proceso de Colaboración Eficaz de la empresa Odebrecht. Ante la pregunta del periodista, quien le recordó su condición de Jefe de Estado, Vizcarra afirmó que él no es el Jefe de Estado, sino es el Jefe de Gobierno; ello en contradicción con el artículo 110 de la Constitución Política de 1993, el cual establece que el Presidente es el Jefe de Estado y personifica a la Nación.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: En la misma entrevista, el Presidente afirmó que en caso el nuevo Congreso acepte la dimisión de la vicepresidenta Mercedes Aráoz y él viaje al exterior, el Despacho Presidencial quedaría encargado al Presidente del Congreso. Esta afirmación contraviene el artículo 115 de la Constitución de 1993, el cual dispone que solo los Vicepresidentes de la República se pueden encargar del despacho en caso de viaje y que el Presidente del Congreso asume el cargo (juramenta y accede a él) en caso de impedimento temporal o permanente del Presidente de la República o de los vicepresidentes.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 7 de marzo, el presidente Vizcarra manifestó se debe “evaluar” una propuesta que contemple la pena de muerte para los violadores como medida que permita reducir los índices de violencia contra la mujer. El Presidente dijo que es un cambio normativo que debe ser realizado por el Congreso; sin embargo, para poder realizar una reforma constitucional sobre la pena de muerte, el Perú tendría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: En el marco de la pandemia por COVID-19 en el Perú, el Congreso de la República comenzó a discutir un proyecto de ley para permitir que los aportantes del Sistema Privado de Pensiones puedan disponer de un 25% de sus aportes para combatir la crisis. Ante ello, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva se mostró en contra de la propuesta del Congreso debido a que para lograrlo, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrían que vender activos para obtener liquidez. Incluso, la ministra dijo que en un extremo, esta medida podría quebrar el sistema financiero. Una vez aprobada la autógrafa, el Gobierno no la promulgó dentro de los 15 días establecidos por la Constitución Política del Perú, por lo cual el Presidente del Congreso, Manuel Merino, promulgó la norma el 30 de abril de 2020.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El viernes 3 de julio, el Congreso comenzó a discutir una reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, la cual solo alcanzó 82 votos, por lo que tendría que ser aprobada en referéndum. En la sesión, que culminó en la madrugada del sábado 4, no se llegó a debatir otra reforma para prohibir la postulación de sentenciados por delitos de corrupción en primera instancia.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El mismo sábado, el presidente Martín Vizcarra, dio una conferencia de prensa en la cual anunció un referéndum para que la reforma sobre la inmunidad parlamentaria sea votada por la ciudadanía. En la misma conferencia, anunció una segunda pregunta en el referéndum para aprobar la reforma para prohibir la postulación de sentenciados. Cabe mencionar que la segunda pregunta del referéndum trataría sobre una norma que no había sido aprobado por el Congreso.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El domingo 5 de julio, el Congreso se reunió y aprobó, en primera votación y con 110 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, la eliminación de la inmunidad para los parlamentarios. Junto a ello, se aprobó la posibilidad de procesar al Presidente de la República por delitos contra la administración pública, la eliminación del antejuicio de los Ministros de Estado, así como la eliminación de inmunidades y prerrogativas del Defensor del Pueblo y de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Cabe resaltar que, de aprobarse en segunda votación, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, podría ser procesado por acusaciones pendientes de supuestos delitos contra la administración pública por su periodo como gobernador Regional de Moquegua. El solo inicio del proceso judicial al Presidente conllevaría a una inmediata suspensión del ejercicio de la presidencia, en atención al artículo 114 de la Constitución Política del Estado.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 4 de junio de 2020, el Congreso de la República aprobó la norma que regula los procesos de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo Indeterminado de los Profesionales, Técnicos, Auxiliares Asistenciales y Personal Administrativos de la Salud. Al día siguiente, la Presidenta Ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, cuestionó la aprobación y manifestó que dicha norma violaba la Constitución Política de 1993 y obligaba a EsSalud, "a asumir un sobrecosto laboral de más de 1,100 millones de soles".


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: La norma fue observada por el presidente Martín Vizcarra el 22 de julio debido a que, según el Ejecutivo, vulneraba los derechos de los trabajadores y sería inconstitucional por generar un gasto al sector Salud. Dicha observación fue descartada por la Comisión de Salud y Población del Congreso. El 24 de agosto de 2020, el Congreso aprobó la ley, por insistencia, con 115 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: En el contexto de la pandemia por COVID-19 en el Perú, en el Congreso se propusieron iniciativas para devolver los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a sus apostantes. El proyecto de ley pasó por las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Trabajo y Presupuesto. Durante la discusión del proyecto, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, manifestó que el retiro de recursos de la ONP afectaría a los pensionistas actuales y que no era posible devolver "plata que no existe". A mediados de agosto, el proyecto fue dictaminado en comisiones y se estipuló un retiro equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), así como un bono especial para los pensionistas. Ante ello, la ministra de Justicia, Ana Neyra, manifestó que de aprobarse la devolución de aportes a la ONP, el Ejecutivo podría interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la norma.


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text: El 24 de agosto de 2020, el Pleno del Congreso debatió el proyecto de ley, el cual fue aprobado con 106 votos a favor, 3 votos en contra y 15 abstenciones.


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text: El 11 de julio de 2018, tras el estallido del escándalo de Lava Juez o CNM Audios (ver más adelante), el presidente Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial, presidida por Allan Wagner Tizón. Ese mismo día, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez anuncio una crisis en el sistema judicial.


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text: El 19 de julio Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y pasó a presidir una de las salas de la Corte.


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text: El 20 de julio de 2018 juró como nuevo Fiscal de la Nación Pedro Chávarry para el periodo 2018-2021, pese a que el día anterior se había difundido un audio en el que se le escuchaba hablando con el juez Hinostroza, quien le pedía ayuda en los procesos que tenía por enriquecimiento ilícito. Ello, para algunos, era una prueba que involucraba a Chávarry en la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto. No obstante, Chávarry se negó a dar un paso al costado, pese a que la opinión pública así lo demandaba.


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text: El 25 de julio, Víctor Prado fue elegido presidente de la Corte Suprema, para concluir el periodo de Duberlí Rodríguez Tineo. A fines de año fue elegido nuevo presidente de la Corte José Lecaros, que juró el 2 de enero de 2019.


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text: El 28 de julio de 2018 el presidente Martín Vizcarra dio su primer mensaje a la Nación desde el Congreso por Fiestas Patrias, para hacer un recuento de su gestión, tal como lo manda la Constitución. Lo más resaltante de su exposición fue su anuncio de que convocaría a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la reforma judicial, la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, así como diversas reformas políticas: la reimplantación de un Congreso bicameral, la prohibición de la reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.


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text: El 9 de agosto de 2018, el presidente Vizcarra, acompañado de su primer ministro César Villanueva, se presentó en el Congreso para entregar los proyectos de reforma constitucional, que incluíanː


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text: Junto con el proyecto de reforma constitucional del CNM se incluyó un paquete de seis proyectos de ley para reformar el sistema judicial, que debían ser aprobados a nivel legislativo. Estos proyectos buscaban:


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text: Por el momento, tenían más prioridad las cuatro reformas constitucionales, las mismas que debían ser analizadas, debatidas y aprobadas por el Congreso, para ser luego sometidos a referéndum, el cual, según lo propuesto por el Ejecutivo, debía realizarse a más tardar en diciembre de 2018, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones regionales. Los voceros de Fuerza Popular, el grupo parlamentario mayoritario (fujimorista), consideraron esto como una presión inadmisible al Congreso, pues el Ejecutivo le imponía plazos; también se señaló que los proyectos presentados por el gobierno tenían algunos errores e incongruencias. Muchos especialistas coincidieron también que algunas reformas precisaban de un debate más extenso, pues implicaban la modificación de varios artículos de la Constitución. El presidente del Congreso Daniel Salaverry dijo que la única reforma urgente era la del CNM, pues las demás reformas políticas recién se aplicarían a partir de 2021. Sin embargo, Vizcarra insistió en la necesidad de apresurar la aprobación de todos los proyectos de reforma constitucional, pues según él, la ciudadanía así lo reclamaba; caso contrario, avisó que tomaría otras medidas, no descartando la recolección de firmas.


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text: Hubo también roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, por el asunto del juez Hinostroza y el fiscal Chávarry. Los voceros del gobierno, así como las demás bancadas del Congreso, acusaron a la bancada fujimorista de “blindar” a Hinostroza, debido a que no agilizaban su destitución e inhabilitación como juez supremo, algo que la opinión pública demandaba. También hubo la impresión de que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry (que ya desde agosto de 2018 fue incluido en un informe de la fiscalía del Callao como parte integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto), recibía el respaldo del fujimorismo en el Congreso.


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text: El tema de Hinostroza pasó por la Comisión Permanente del Congreso, donde, si bien hubo votación favorable para su destitución e inhabilitación por diez años, no ocurrió lo mismo en la votación para denunciarlo como cabecilla de una organización criminal. Los 18 congresistas fujimoristas integrantes de la Comisión (que constituían una mayoría frente al resto de 8 congresistas integrantes de otras fuerzas políticas) votaron en contra y según algunos analistas fue una manera de “blindar” al juez para que no respondiera ante la Fiscalía. Ellos fueron: Leyla Chihuán, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, Percy Alcalá Mateo, Alejandra Aramayo, Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Karina Beteta, Úrsula Letona, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura, Milagros Takayama, Miguel Castro Grández, Nelly Cuadros, Carlos Domínguez, Mártires Lizana y Mario Mantilla (28 de septiembre de 2018). Unas entregas del chat La Botica revelaron precisamente la manera en que los congresistas fujimoristas se ponían de acuerdo para hacer dicho blindaje.


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text: El pretendido “blindaje” al juez Hinostroza causó indignación en la ciudadanía y los congresistas fujimoristas fueron blanco de las críticas. Hubo presión para que se rectificaran en la votación a realizarse en el pleno del Congreso. Efectivamente, el 5 de octubre de 2018, el Congreso en pleno, luego de escuchar la defensa del mismo Hinostroza, aprobó destituirlo e inhabilitarlo de toda función pública por 10 años, así como acusarlo de cuatro delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal. La votación fue unánime. También los miembros del CNM fueron destituidos y acusados de diversos cargos, aunque no el de pertenecer a una organización criminal.


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text: En cuanto al fiscal Chávarry, siguió aferrándose a su cargo de Fiscal de la Nación, aduciendo que el Ministerio Público era un ente autónomo; incluso, al ser criticado por el mismo presidente Vizcarra, le amenazó con investigarlo y hacer tramitar las 46 denuncias que tenía (43 de ellas cuando fue gobernador de Moquegua).


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text: El congresista oficialista Juan Sheput presentó ante al Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso un informe contra el fiscal Chávarry, recomendando su destitución e inhabilitación por diez años. El informe fue rechazado por una mayoría conformada por fujimoristas y apristas. Se justificó esa decisión arguyendo que el informe mostraba falencias (11 de octubre de 2018). También se rechazó un pedido para suspender e inhabilitar al congresista fujimorista Héctor Becerril, involucrado en algunos audios.


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text: Transcurrido más de un mes del anuncio presidencial del 28 de julio de 2018, el Congreso no daba señales de avanzar en el debate de los proyectos de reforma constitucional. Cuando por fin el 14 de septiembre se sometió en la Comisión de Justicia la aprobación del dictamen sobre la reforma del CNM, ella se frustró por la abstención de los representantes de Fuerza Popular. La fujimorista Úrsula Letona, miembro de la Comisión de Justicia, calificó el dictamen propuesto como un «mamarracho». Esto fue lo que colmó la paciencia del Ejecutivo. En la noche del domingo 16 de septiembre, Vizcarra dio un mensaje a la Nación televisado, en el que anunció que plantearía cuestión de confianza, en vista de la demora del Congreso en aprobar los proyectos de reforma constitucional. Para tal efecto, dio una resolución suprema al día siguiente, convocando a una sesión extraordinaria del Congreso para el miércoles 19 de septiembre, en la que se presentaría el primer ministro para sustentar la cuestión de confianza. Según la interpretación del Ejecutivo, si se negaba la confianza al Consejo de Ministros se trataría de la segunda negativa pues la primera había ocurrido con el gabinete Zavala el año anterior, y por ende, el Ejecutivo podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución.


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text: Los voceros de Fuerza Popular dijeron que no era cierto que estaban dilatando u obstruyendo el debate de los proyectos de reforma, y que en realidad lo tenían ya todo programado. Como para dar prueba de ello, el día lunes 17 la Comisión de Justicia aprobó el primer dictamen, sobre la reforma del CNM, que fue discutido y aprobado al día siguiente en el pleno del Congreso. Se cambió el nombre del CNM, que pasó a llamarse Junta Nacional de Justicia.


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text: El 19 de septiembre, el primer ministro César Villanueva se presentó ante el Congreso en pleno para sustentar la cuestión de confianza. Villanueva anunció que el gobierno no aceptaría una aprobación parcial de los proyectos de reforma constitucional, sino de todos en general. Luego de un debate de varias horas, se aprobó la confianza solicitada por el gobierno, con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Quedó establecido el 5 de octubre como el plazo máximo para que el Congreso aprobase todos los proyectos de reforma constitucional.


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text: La comisión de Constitución del Congreso apresuró el debate y la aprobación de los tres dictámenes restantes. El 26 de septiembre, el Congreso en pleno aprobó la reforma sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y finalmente, el 3 de octubre, se aprobaron las dos reformas restantes: sobre el retorno de la bicameralidad y la no reelección parlamentaria. En cuanto a la primera, se acordó que el nuevo congreso bicameral se denominaría Parlamento Nacional, y que constaría de 130 diputados y 50 senadores (es decir, se aumentaría el número de parlamentarios de 130 a 180). En la madrugada del día 4, el Congreso acordó por votación abrumadora que las autógrafas de las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo fuesen remitidas a la Presidencia de la República para que continuaran su trámite y pudieran someterse a referéndum. Como dato anecdótico, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde planteó cuestión previa exigiendo la presencia de los ministros-congresistas César Villanueva y Vicente Zeballos, para que defendieran ante el pleno la posición del gobierno sobre las reformas planteadas. Y efectivamente, Villanueva y Zeballos se presentaron en el hemiciclo del Congreso ya cerca de la medianoche. De esa manera el Congreso cumplió con el plazo dado por el Ejecutivo.


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text: El 9 de octubre de 2018, Vizcarra promulgó el decreto para someter a consulta popular los cuatro proyectos de reforma constitucional, mediante un referéndum, que fue fijado para el 9 de diciembre del mismo año. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, pues según su opinión, el Congreso había desnaturalizado el proyecto original, modificando los aspectos sobre paridad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos para diputados y senadores, e incluyendo modificaciones a la cuestión de confianza para restar de prerrogativas al Ejecutivo.


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text: El 9 de diciembre de 2018 se realizó el referéndum por las reformas constitucionales y la segunda vuelta de las elecciones regionales en 15 regiones.


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text: Las cuatro preguntas claves del referéndum obtuvieron los siguientes resultados, al 95,76% de actas contabilizadas:


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text: Las tres primeras preguntas obtuvieron pues, un abrumador apoyo, mientras que la última, referida a la creación de un Congreso Bicameral, fue rechazada mayoritariamente, todo lo cual se interpretó como un triunfo del gobierno. En la noche del 12 de diciembre, el presidente Vizcarra dio un mensaje televisado a la Nación, que duró treinta minutos. Hizo un balance del resultado del referéndum y dijo ya tener en manos el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia, (redactado por la Comisión de Reforma Judicial y aprobado en el Consejo de Ministros), que sería remitido al Congreso para su debate y aprobación. Exhortó al Congreso para agilizar la reforma judicial, así como la aprobación de siete proyectos de ley complementarios que estaban en compás de espera en las Comisiones del Congreso. Anunció también la creación de una comisión de alto nivel cuya finalidad sería presentar al Congreso de la República propuestas para la reforma política, que se sumaría así a la reforma judicial. Hizo finalmente un recuento de su gestión por sectores. El presidente del Congreso Daniel Salaverry anunció que la legislatura se extendería hasta el 30 de enero de 2019 para atender los casos pendientes, entre ellas la implementación de la reforma judicial.


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text: Luego de que en el referéndum del 8 de diciembre de 2018 se aprobara la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, antes Consejo Nacional de la Magistratura), el gobierno envió el proyecto de ley orgánica para la implementación de dicha Junta, redactado por la Comisión de Reforma Judicial. Se instó al Congreso a que diera prioridad a su debate y aprobación, pedido al que accedió el presidente del Congreso Daniel Salaverry, quien extendió la legislatura hasta enero de 2019.


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text: El debate se dio en primer lugar en las Comisiones de Constitución y Justicia, rechazándose el pedido de que ambos grupos de trabajo sesionaran juntos para agilizar el trámite. En la Comisión de Justicia, presidida por Alberto Oliva (de Peruanos Por el Kambio) el dictamen se aprobó el 18 de enero; en la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (de Fuerza Popular), se aprobó el 29 de enero. Se sometió luego al pleno el 30 de enero, pero surgió un desacuerdo que impidió la aprobación: el dictamen de la Comisión de Constitución no recogía la propuesta original del Ejecutivo acerca de la paridad de género en la selección de los siete miembros de la JNJ, mientras que si lo hacía el de la Comisión de Justicia, que establecía como mínimo tres mujeres. Ello motivo que hubieran varios parlamentarios renuentes a dar su aprobación (como los de Nuevo Perú y Frente Amplio) y no se llegara a los 66 votos requeridos como mínimo. Salaverry instó entonces a los presidentes de ambas comisiones, Bartra y Oliva, para consensuar en el punto en disputa, y convocó al pleno para el día 1 de febrero, al haberse ya cumplido el plazo de la legislatura. Finalmente se acordó que no habría discriminación de ningún tipo en la selección de miembros del JNJ, primando la meritocracia. Una vez superado el inconveniente, el pleno del Congreso aprobó la Ley Orgánica de la creación del JNJ, con 80 votos a favor y 16 en contra. En la escena final, Salaverry felicitó a Oliva y Bartra, diciendo que se acababa de demostrar que los objetivos se logran mediante el diálogo y consenso. Se cerró asimismo la legislatura, hasta el mes de marzo.


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text: El 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley N° 30916 o Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que se creaba oficialmente dicho organismo.


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text: La JNJ estará conformado por siete miembros, elegidos por concurso público y por un periodo de cinco años, sin reelección inmediata. Los requisitos para ser miembro del JNJ son: «ser abogado mayor de 45 años, con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por ese mismo tiempo o la investigación en materia jurídica por al menos 15 años, así como tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral, y no contar con sentencia condenatoria firme por delito doloso». Las funciones de la JNJ serán nombrar, ratificar, realizar evaluaciones parciales y procesos disciplinarios a jueces y fiscales.


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text: Una Comisión Especial es la encargada de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Dicha Comisión empezó a reunirse el 5 de febrero de 2019 y la integran el presidente del Poder Judicial, José Lecaros; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; el contralor Nelson Shack; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y un representante de las universidades públicas y otro de las privadas, siendo designados como tales los rectores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Jorge Alva Hurtado, y de la Universidad de Piura, Antonio Abruña Puyol.


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text: La creación de Junta Nacional de Justicia (ratificada por referéndum) era solo una de los ocho proyectos de reforma judicial que en agosto de 2018, tras el escándalo de los CNM Audios, el gobierno había presentado al Congreso para su discusión y aprobación. Para abril de 2019, es decir, ocho meses después, solo la mitad de ellos habían sido aprobados, uno había sido observado y los otros tres seguían pendientes de definirse en el pleno del Congreso.


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text: La Comisión Especial, a fines de abril de 2019, realizó la convocatoria pública para elegir a los siete miembros de la primera Junta Nacional de Justicia. El proceso evidenció desde el principio una lentitud preocupante. Se inscribieron finalmente 104 candidatos. La primera evaluación fue de conocimientos, en la cual solo tres postulantes la superaron: David Dumet Delfín, Víctor Cubas Villanueva y Pedro Patrón Bedoya. Siendo siete los miembros que debían integrar la JNJ, este resultado acarreó una crisis en el interior de la Comisión Especial, ya que el plazo de dicha elección se iba venciendo. La última etapa de evaluación consistía en entrevistas personales; de los tres postulantes, solo Patrón logró pasarla.


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text: Al menos ya se contaba con un miembro de la JNJ, pero estando ya programada la juramentación de Patrón, se suspendió la ceremonia, al conocerse que este tenía pendiente un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado. Patrón consideró esto como un agravio hacia su persona y renunció irrevocablemente a formar parte del JNJ (26 de junio de 2019).


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text: El 30 de diciembre de 2019, la Comisión Especial anunció a los candidatos a la JNJ que superaron el concurso público. En orden de méritos, los siete miembros titulares eran: Aldo Vásquez Ríos, José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, María Zavala Valladares, Imelda Tumialán Pinto, Marco Tulio Falconí Picardo y Antonio Humberto de la Haza Barrantes.


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text: La ceremonia de juramentación de los miembros fue programada para el 6 de enero de 2020. Pero antes de ello, el diario "El Comercio" publicó un registro de llamadas telefónicas que mostraban que dos de los integrantes elegidos, María Zavala Valladares y Marco Tulio Falconí, sostuvieron diversas comunicaciones con algunos personajes implicados en la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, entre ellos el juez César Hinostroza. Además, se cuestionó que Falconí, obtuviera una bonificación del 10% adicional en su calificación por haber consignado que fue licenciado de las Fuerzas Armadas (siendo solo un egresado de un colegio militar), así como se le acusó de supuestos plagios en su tesis universitaria.


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text: La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, consideró que la juramentación de todos los miembros debería suspenderse, hasta que se absolviesen los cuestionamientos. Pero la Comisión Especial acordó solo suspender la juramentación de los dos miembros cuestionados y procedió a realizar la ceremonia para los cinco restantes (6 de enero de 2020).


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text: Días después, la Comisión Especial para la JNJ procedió a la juramentación de María Zavala Valladares, al considerar que no había mérito suficiente para revisar su nombramiento (9 de enero de 2020). Y el 16 de enero, dejó sin efecto el nombramiento de Marco Falconí, retirándole el 10% de la bonificación que se le otorgó en el concurso, al considerar que no le correspondía ese beneficio. Falconí pasó a ser suplente de la JNJ, siendo reemplazado como titular por Guillermo Thornberry Villarán. De ese modo quedó conformada definitivamente la JNJ, con sus siete miembrosː Aldo Vásquez Ríos (presidente), José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, María Zavala Valladares, Imelda Tumialán Pinto, Antonio Humberto de la Haza Barrantes y Guillermo Thornberry Villarán.


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text: El fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry (sindicado como miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto) se enfrentó abiertamente con el Equipo Especial del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela Barba y conformado por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez y Norma Mori, los cuales, según la opinión popular, venían haciendo una destacada labor en el caso Odebrecht (especialmente en los casos de Keiko Fujimori-Fuerza Popular y Alan García). Chávarry cuestionó la labor profesional de dichos fiscales, en especial del fiscal Pérez, encargado de los casos García, Fuerza Popular-Keiko Fujimori y Kuczysnki. Hubo quienes conjeturaron que Chávarry pretendía sabotear el avance del caso Odebrecht, en colusión con el fujimorismo y el aprismo, cuyos líderes estaban severamente comprometidos en las investigaciones de Lava Jato.


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text: A su vez, el fiscal Pérez dio reiteradas declaraciones a la prensa cuestionando la presencia de Chávarry en la cabeza de la Fiscalía. Incluso llegó a hacer un pedido para que se denuncie a Chávarry por presunto encubrimiento en la investigación del Caso Cócteles. De otro lado, se abrieron numerosos procesos disciplinarios contra Pérez, que se interpretaron como represalias. Por su parte, el fiscal Vela Barba llegó a afirmar que su equipo sufría de constante hostigamiento, desde dentro del mismo Ministerio Público.


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text: El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas antes de celebrarse el Año Nuevo, el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry anunció que no ratificaría a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava Jato. La resolución se oficializó al día siguiente a través del diario "El Peruano". Las razones dadas para tal decisión que ambos fiscales habían atentado constantemente contra el principio de jerarquía dentro del Ministerio Público; que habían vulnerado el principio de reserva de la investigación del caso Odebrecht; y que ante el pedido de Chávarry de ser informado sobre los avances de las investigaciones, no dieron respuesta o solo la dieron de manera incompleta.


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text: El equipo del Caso Lava Jato convocó a una conferencia pública en la que anunció que apelaría la decisión del Chávarry ante la junta de fiscales supremos, aduciendo que las razones expuestas para la remoción de Vela y Pérez eran falsas y que su verdadera intención era sabotear la firma final del acuerdo de colaboración con Odebrecht y el develamiento de nueva información que comprometan a políticos y funcionarios en la corrupción. De hecho, la firma de dicho acuerdo en Brasil, programado para ese mismo mes de enero, quedó suspendido. De otro lado, los fiscales designados como sucesores de Vela y Pérez, Marcial Páucar y Frank Almanza, declinaron ser parte del equipo Lava Jato.


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text: El 31 de diciembre de 2018, el presidente Vizcarra, que se hallaba en Brasil para asistir a la toma de mando del presidente Jair Bolsonaro, adelantó su regreso al Perú al enterarse de la decisión del fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry de remover de sus cargos a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato. Vizcarra anunció que tomaría medidas al respecto, aunque respetando la autonomía de poderes. En efecto, el Consejo de Ministros se reunió de emergencia para redactar un proyecto de ley que declaraba en emergencia al Ministerio Público, proyecto que fue llevado al Congreso por el mismo presidente Vizcarra, para que fuera sometido a su discusión y aprobación. En el recorrido de Palacio de Gobierno hacia la sede del Congreso, Vizcarra recibió el apoyo multitudinario de la población; en ese trayecto se enteró que el fiscal Chávarry dejaba sin efecto su resolución y reponía a los fiscales Vela y Pérez.


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text: De todos modos, Vizcarra llegó al Congreso y presentó su iniciativa legislativa, pues consideró que era necesario declarar en emergencia el Ministerio Público. El proyecto contemplaba declarar en suspensión las funciones del fiscal de la Nación Pedro Chávarry y de los otros cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos; así como la creación de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, compuesta por los fiscales supremos adjuntos titulares. Esta Junta se encargaría de nombrar a un fiscal de la Nación transitorio, así como tendría la facultad para elaborar y aprobar un plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público. Otra de sus atribuciones sería remover a todos aquellos fiscales implicados en la red de los Cuellos Blancos del Puerto, así como en otros actos dolosos. La emergencia duraría hasta que la Junta Nacional de Justicia (aún sin funcionar, pues su creación había sido aprobada en el referéndum de 2018) resolviera la situación de los fiscales supremos. Algunos juristas consideraron que el proyecto del ley presentado por Vizcarra era anticonstitucional.


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text: En Lima y en otras ciudades del país se produjeron multitudinarias marchas de la población para exigir la renuncia del fiscal Chávarry, no bien se supo de la remoción de los fiscales Vela y Pérez, es decir, pocas horas antes del Año Nuevo de 2019. En Lima, el día 3 de enero de 2019 se realizó una concentración nutrida de manifestantes en la Plaza San Martín, que luego se trasladaron al frente de la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, ocurriendo algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden. Fue esta inesperada reacción de la ciudadanía lo que obligó a Chávarry a reponer a los fiscales Vela y Barba en el Equipo Lava Jato, aunque él arguyó que lo hizo al ver que la autonomía del Ministerio Público estaba en peligro y que el mismo desarrollo de la diligencias del caso Lava Jato se veía amenazado, a raíz del proyecto de ley presentado por Vizcarra.


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text: Chávarry se vio obligado a convocar a la Junta de Fiscales Supremos, quienes le solicitaron que renunciara a su cargo de Fiscal de la Nación para superar la crisis (4 de enero de 2019). Chávarry respondió que reflexionaría sobre el asunto y daría a conocer su decisión a más tardar en dos días. En efecto, el 7 de enero anunció que presentaría su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, como en efecto lo hizo. En su reemplazo juró como nueva Fiscal de la Nación la doctora Zoraida Ávalos.


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text: Chávarry fue involucrado en el deslacrado del despacho de su asesor Juan Duarte y el retiro ilegal de documentos. Dicha oficina, cercana a la de Chávarry, había sido intervenida por el fiscal Pérez bajo la presunción de guardar documentos que comprometían a Keiko Fujimori y otros personajes en lavado de activos (caso Cócteles). Pero las cámaras de seguridad registraron que Rosa Venegas, asesora de Chávarry, el día sábado 5 de enero (es decir, cuando Chávarry era todavía fiscal de la Nación) ingresó a la oficina y sustrajo documentos; otras tomas de las cámaras demostraron que el mismo Chávarry se hallaba en su despacho ese mismo día y hora de ocurrido el suceso. Por ese motivo, al haber una presunción de encubrimiento real, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó contra Chávarry nueve meses de impedimento de salida del país. Rosa Venegas, que al principio dijo que había actuado por cuenta propia y que solo extrajo documentos personales, luego se rectificó y dijo haber actuado por presión del mismo Chávarry y su equipo de trabajo, que se hallaban desesperados por retirar documentación que les comprometía con Fuerza Popular.


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text: Atendiendo el pedido del presidente Vizcarra, el pleno del Congreso se reunió el día 7 de enero de 2019, bajo la presidencia de Daniel Salaverry, para evaluar la situación del Ministerio Público. Previamente se convocó a reunión a la Junta de Portavoces para agilizar el debate, pero ello no se concretó debido que no asistieron los representantes de Fuerza Popular y el Apra (ya que estos partidos no estaban de acuerdo en la conformación de las nuevas bancadas y con la presencia de sus voceros en la Junta de Portavoces). Empezado el debate en el pleno, ocurrieron incidentes iniciados por el congresista Alberto de Belaunde, quien afirmó que Fuerza Popular tenía un pacto de impunidad con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Los congresistas de Fuerza Popular pidieron que Belaunde retirara sus palabras, pero este se negó. Ante tal situación, los fujimoristas pidieron a Salaverry que, siguiendo con el reglamento, suspendiera momentáneamente el debate y convocara a Junta de Portavoces para reportar la falta de Belaunde, pero este pedido no prosperó. Los fujimoristas reclamaron también que el Consejo Directivo debía proponer la agenda del debate del pleno y no el presidente de Congreso, y que los temas a discutir se desarrollaran en las comisiones antes de pasar al pleno. Finalmente, al ver que ninguna de sus demandas eran atendidas, acusaron a Salaverry de no conducir el debate ciñendose al reglamento y decidieron abandonar el pleno. Ante ello, se levantó la sesión por falta de quórum. Salaverry lamentó que Fuerza Popular se dedicara a boicotear el debate del proyecto.


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text: La bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura contra Salaverry. Poco después, cuatro congresistas de dicha bancada (Miguel Castro, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Glider Ushñahua) presentaron su renuncia a Fuerza Popular, con lo que esta quedaba con 56 representantes. El mismo Salaverry oficializó su renuncia a dicho partido. Finalmente, la bancada fujimorista anunció el retiro de la moción de censura contra Salaverry, según ellos para no afectar la labor del Congreso; según otros, al constatar que la censura no prosperaría al carecer del número de votos para lograrla, pues las demás fuerzas políticas habían anunciado que no los apoyarían.


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text: Tal como lo había anunciado en su mensaje a la Nación del 12 de diciembre, el presidente Vizcarra oficializó la conformación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estaba integrada por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, como coordinador, y los académicos Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Dongo (Resolución Suprema N.º 228-2018-PCM de 21 de diciembre de 2018). La Comisión se instaló el 5 de enero de 2019 y se reunió con los representantes de todas las bancadas del Congreso, que expusieron sus puntos de vista sobre las reformas que consideraban necesarias.


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text: El 20 de marzo de 2019, la Comisión presentó su informe final ante el Consejo de Ministros presidido por Salvador del Solar. Este informe constaba de 12 proyectos de ley, cuatro de los cuales son reformas constitucionales.


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text: Basándose en el informe de la Comisión de Alto Nivel de Reformas Políticas, el gobierno presentó doce propuestas de reforma política ante el Congreso, tres de reforma constitucional y nueve proyectos de ley. Excluyó el tema de la bicameralidad, por haber sido recientemente rechazado en el referéndum (11 de abril de 2019).


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text: Entre los tres proyectos de reforma constitucional se encuentra el que busca el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos; la reforma que modifica los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, a fin de mejorar la idoneidad de los postulantes; y la reforma que busca ampliar el mandato regional y municipal a cinco años, para que coincidan con las elecciones generales.


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text: Para el Poder Legislativo, se plantea que la elección de los congresistas se realice en la segunda vuelta presidencial; se propone la eliminación el voto preferencial y se establece la paridad y alternancia en la lista de candidatos. De otro lado, para los partidos políticos, se busca promover la democracia interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos, estableciendo elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias organizadas por la ONPE. Otras reformas se refieren a la inscripción y cancelación en el registro de las organizaciones políticas, y los requisitos para mantener la inscripción vigente, así como la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, para evitar la corrupción. Otra propuesta es que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea competencia del Congreso, sino de la Corte Suprema de Justicia.


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text: En la noche del 11 de abril de 2019, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que afirmó que la decisión de su gobierno de impulsar reformas políticas, judiciales y tributarias habían ocasionado ataques sistemáticos de «grandes intereses y grupos de poder» contra él y su gobierno. Anunció que había presentado al Congreso doce proyectos de reforma con el fin de tener partidos más representativos y transparentes, así como un ajuste al mecanismo de la inmunidad parlamentaria para evitar «pactos de complicidad».


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text: Sus críticos, sin embargo, dijeron que, una vez pasada la euforia mediática y popular desatada por la reforma judicial y la lucha anticorrupción, Vizcarra buscaba nuevamente confrontar con el Congreso, a fin de ganar puntos en las encuestas de popularidad, ya que a partir de enero había empezado su bajada.


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text: El 7 de mayo de 2019, la Comisión de Constitución del Congreso, dirigida por Rosa Bartra, aprobó con los votos de Fuerza Popular y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral, pero sin priorizar los 12 proyectos que el Ejecutivo había entregado al Congreso el mes anterior. Esta medida fue criticada por el presidente Vizcarra y su primer ministro Del Solar, así como otros grupos políticos del Congreso, que acusaron a la oposición de no querer que se apruebe a tiempo la reforma política. En respuesta, Bartra afirmó que la comisión desde tiempo atrás había acordado que la organización sobre la reforma estaría alrededor del código electoral. En ese sentido, su grupo había presentado una propuesta que dividía 138 proyectos, entre reformas constitucionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias, en 17 grandes bloques. Se teme que, a ese paso, las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo no logren estar expeditas para las elecciones generales de 2021, ya que los plazos se vencerían: se necesitan dos legislaturas para hacer las reformas constitucionales, a lo que se suma que, según la ley electoral, solo se deben hacerse cambios hasta un año antes de las elecciones.


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text: El 15 de mayo de 2019, el presidente Martín Vizcarra, el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se reunieron en Palacio de Gobierno con representantes de las bancadas del Congreso para dialogar sobre la reforma política propuesta por el Gobierno. La reunión rindió frutos al llegarse como consenso la necesidad de priorizar la reforma política. Fuerza Popular presentó un cronograma alternativo para revisar los proyectos de reforma política del Ejecutivo. Del Solar señaló que el Ejecutivo no espera que se aprueben los proyectos tal como están planteados, sino que el Congreso tiene la facultad de debatirlos y hacer las modificaciones que crea conveniente. Aunque el plazo parece corto, se espera que el cronograma alternativo permita revisar las reformas constitucionales en una primera legislatura para ser ratificadas en una segunda. En cuanto al resto de los proyectos de ley, no necesitan de tal trámite. Y para comenzar, el 16 de mayo de 2019, la Comisión de Constitución mandó al archivo el proyecto que proponía que el levantamiento de inmunidad parlamentaria sea decisión de la Corte Suprema y no del mismo Congreso. Al actuar así, la oposición adujo defender los fueros del Congreso.


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text: En la mañana del 21 de mayo de 2019, el presidente Vizcarra, el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, fueron al Congreso de la República. Los ministros habían sido citados ese día ante la Comisión de Constitución para sustentar la reforma política. Pero Vizcarra anunció que sus ministros no acudirían a la Comisión, pues consideraba que no estaban dadas las condiciones para la reforma política, como lo demostraba el hecho que la Comisión, tras un corto debate, archivara el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, sin esperar que los ministros fueran a la Comisión a sustentar dicha reforma y las otras. Según Vizcarra, el Congreso no estaba cumpliendo el acuerdo que había hecho con el Ejecutivo de debatir en el pleno cada una de los proyectos.


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text: El 29 de mayo de 2019, desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que anunció su decisión de plantear la cuestión de confianza ante el Congreso en respaldo a la reforma política. Ello, luego que la Comisión de Constitución, con mayoría fujimorista, enviara al archivo el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, y la Comisión Permanente, también con mayoría del fujimorismo, archivara prácticamente todas las denuncias que pesan sobre el controvertido fiscal Chávarry. El Presidente, acompañado por los miembros de su gabinete ministerial y los gobernadores regionales, manifestó que la cuestión de confianza se sustentaría en la aprobación, sin vulnerar su esencia, de seis de los proyectos de ley de reforma política, considerados los más medulares, a saber:


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text: Si el Congreso negase la cuestión de confianza, sería la segunda vez que lo haría (la anterior fue al gabinete Zavala del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski), por lo cual, según la Constitución, frente a dos negativas, el presidente quedaría facultado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses.


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text: Al día siguiente, el primer ministro Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para entregar el oficio en el que solicita que se fije hora y fecha de la sesión plenaria en la que sustentará la cuestión de confianza. En dicho documento, Del Solar indicó que plantearía que el plazo máximo para la aprobación de las seis reformas políticas sea al finalizar la legislatura vigente (15 de junio); caso contrario, consideraría que el Congreso negaba la confianza al gabinete ministerial. Atendiendo al pedido, el presidente del Congreso Daniel Salaverry convocó al pleno para el 4 de junio para atender el pedido de confianza del Ejecutivo.


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text: La Comisión de Constitución invitó a los juristas Raúl Ferrero Costa, Natale Amprimo, Ernesto Álvarez, Aníbal Quiroga y Óscar Urviola para recoger sus apreciaciones sobre el planteamiento del Ejecutivo y la constitucionalidad del planteamiento.


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text: El 4 de junio de 2019, Salvador del Solar se presentó en el Pleno del Congreso para exponer y solicitar la cuestión de confianza ante la representación nacional. Previamente, se rechazó una cuestión previa para evaluar la constitucionalidad del pedido de confianza. Varias voces en el Congreso consideraron que imponer un plazo a la aprobación de las reformas constitucionales y obligar a que se respetara su esencia, era anticonstitucional, ya que las reformas de ese tipo eran atribución exclusiva del Congreso y el Ejecutivo carecía de la facultad de observarlas. Debido a estas críticas, Del Solar, en su exposición, aligeró esa parte de su exigencia. Dijo que el Congreso estaba facultado a ampliar la legislatura si fuera necesario, y que no estaba obligado a aprobar los proyectos al pie de la letra, sino que podía enriquecerlos, aunque insistiendo que no debía alterar su esencia. «Esta cuestión de confianza no es una amenaza», concluyó.


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text: Terminada la exposición del primer ministro, se inició el debate parlamentario, que tuvo que ser extendido hasta el día siguiente. Finalmente, al mediodía del 5 de junio de 2019 se realizó la votación. La cuestión fue aprobada con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Los miembros de las bancadas de izquierda (Frente Amplio y Nuevo Perú) y del Apra votaron en contra, mientras que los de Fuerza Popular lo hicieron de manera dividida (33 a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).


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text: El mismo día en que se aprobó la cuestión de confianza, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, anunció que su grupo de trabajo había acordado por unanimidad hacer un nuevo cronograma para priorizar los seis proyectos de reforma política. El nuevo cronograma, según detalló, comenzará a implementarse el 7 de junio, y atenderá en el siguiente orden los proyectos de reforma política:


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text: Dos de ellos (sobre la inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos políticos) son de carácter constitucional y necesitan su aprobación en dos legislaturas del pleno del Congreso, con un mínimo de 87 votos en cada votación.


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text: Por su parte, el presidente del Congreso Daniel Salaverry anunció que se ampliaría la legislatura hasta el 25 de julio de 2019, con “agenda fija”.


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text: La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el primer dictamen de la reforma política planteada por el Ejecutivo: la modificación del artículo 34 de la Constitución, para prohibir que personas sentenciadas en primera instancia por delito doloso puedan postular a un cargo de elección popular. También amplió por iniciativa propia la prohibición a los funcionarios públicos de confianza, a través de la modificación del artículo 39 de la Constitución.


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text: El 26 de junio de 2019, la Comisión de Constitución aprobó el segundo dictamen, referido a la inscripción y cancelación de partidos políticos. Se modificaron artículos de la Ley de Organizaciones Políticas, uno de cuyos puntos es que solo se permitirán las alianzas electorales entre partidos políticos nacionales (y no de un partido con movimientos regionales). También se eliminó la exigencia de que los partidos políticos presenten un porcentaje de firmas como requisito para lograr su inscripción. En su lugar, deberán presentar una lista de unos 20 mil afiliados, equivalente al 0,1 % de los ciudadanos que figuran en el padrón electoral. Hasta entonces, se exigían 750 000 firmas de ciudadanos para lograr la inscripción de un partido, cifra muy alta que obligaba a estos a recurrir a acciones dolosas como la “fábrica de firmas”. Este segundo dictamen pasó al pleno del Congreso, siendo aprobado en primera votación (se necesitan dos votaciones).


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text: El 8 de julio de 2019, la Comisión de Constitución aprobó el tercer dictamen, sobre la participación ciudadana en las elecciones internas de los partidos. La propuesta del Ejecutivo era que todos los ciudadanos, afiliados y no afiliados a partidos políticos, participen obligatoriamente en las elecciones internas o primarias. Pero en la Comisión se acordó que, antes de las elecciones generales de 2021, y por única vez, los partidos políticos ya inscritos hagan las elecciones internas solo con sus afiliados, mientras que los partidos que se inscriban luego de la entrada de vigencia de la ley estarán obligados a realizar las elecciones universales, es decir, con afiliados y no afiliados.


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text: El 15 de julio de 2019 la Comisión de Constitución inició la discusión para aprobar el predictamen sobre el proyecto de ley que tipifica el delito de financiamiento indebido de las organizaciones políticas. Fue aprobada el 20 de julio. La propuesta plantea incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con un castigo que oscila entre los 2 y 8 años de prisión.


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text: El 19 de julio de 2019, se aprobó el quinto dictamen, sobre la paridad y alternancia. La propuesta del gobierno era que las listas de candidatos al Congreso incluyan 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicados de manera alternada, a partir las elecciones de 2021. Pero la Comisión de Constitución acogió la propuesta del congresista Miguel Torres, que establece que las listas de candidatos al Congreso para 2021 incluyan un 40% de hombres y mujeres y que aumente progresivamente en las dos siguientes elecciones generales: 45% en 2026 y 50% para 2031.


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text: El 20 de julio de 2019, se discutió el sexto y último dictamen, sobre el levantamiento de inmunidad de los parlamentarios. La Comisión de Constitución, por mayoría de 9 contra 5, rechazó la propuesta del Ejecutivo de que sea la Corte Suprema la encargada de levantar la inmunidad a los congresistas, disponiendo que el Congreso siga conservando esa prerrogativa. La única variante es que propone plazos definidos para que el Congreso levante la inmunidad una vez que el Poder Judicial haga el pedido respectivo. Además, se plantea que el pedido se dé solo cuando exista sentencia firme.


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text: Consultado el primer ministro Salvador del Solar sobre los dictámenes aprobados, consideró que solo cinco respetaban el espíritu de las reformas planteadas por el Ejecutivo, y que el último, sobre la inmunidad parlamentaria, significaba un retroceso, pues no respetaba la cuestión de confianza, que había surgido precisamente cuando la Comisión de Constitución mandó al archivo el proyecto.


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text: Hasta ese momento, de los seis dictámenes, solo uno, el del referido a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, había sido aprobado en el pleno del Congreso, en primera votación. Ya con el plazo a punto de vencerse, el lunes 22 de julio se iniciaron los debates y aprobaciones pendientes de la reforma política.


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text: El 22 de julio de 2019 empezó en el pleno del Congreso el debate y aprobación de los seis proyectos de reforma política, cuyo plazo dado por el Ejecutivo vencía el 25 de julio. El primer día la sesión se vio plagada por incidentes, principalmente entre el presidente del Congreso Daniel Salaverry y los congresistas de Fuerza Popular. Salaverry quiso incluir en agenda un pedido para el retorno de los suspendidos congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, el cual fue rechazado. Los fujimoristas y miembros de otras bancadas lo acusaron de conducción «personalista y autoritaria», así como de estar sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo, esto último en alusión a la revelación de la congresista Janet Sánchez de la supuesta injerencia del premier Del Solar en la denuncia que Salaverry tenía en la Comisión de Ética. Se promovieron dos mociones de censura contra Salaverry, pero al día siguiente, Salaverry anunció que en la Junta de Portavoces se habían limado las asperezas y dadas las satisfacciones del caso, por lo que las mociones habían sido retiradas.


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text: El 22 de julio, el pleno del Congreso debatió el proyecto referido a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, que había sido aprobado en primera votación. Debido a que se hicieron algunos cambios, se volvió a votar, lográndose nuevamente su aprobación. Fue exonerada de segunda votación. Sobre este proyecto, el pleno aceptó la propuesta de bajar la valla para la inscripción de un partido de 700.000 firmas, a solo las de 20.000 militantes, y si un partido no alcanza los 280.000 votos en unas elecciones, quedaría fuera de la contienda; todo eso se parecía a la propuesta del gobierno.


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text: Sobre la democracia interna o las primarias electorales, el 23 de julio el pleno del Congreso ratificó lo acordado en la Comisión de Constitución, con algunos retoques. Con 70 votos a favor, 23 votos en contra y 16 abstenciones.Fue exonerada de segunda votación. La medida solo alcanzaría a las nuevas agrupaciones que se presenten en las elecciones de 2021 y no a todos los 24 partidos ya inscritos. Solo a partir de 2026 todos los partidos estarían obligados a realizar elecciones primarias a nivel nacional, con voto secreto y obligatorio.


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text: Ese mismo 23 de julio, el Congreso aprobó el proyecto sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, que incorpora sanciones penales para los candidatos que reciban aportes de origen ilícito. Con 81 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación. La controversia es que excluyó la tipificación penal de organización criminal y las rendiciones de cuenta durante las campañas e impidió la cobranza coactiva de multas y la supervisión de las cuentas bancarias de los partidos por parte de la ONPE, tal como la había planteado el Ejecutivo. De esa manera, no se respetaba la esencia de esta reforma, que estaba en las sanciones penales. También ese mismo día, el pleno del Congreso aprobó en primera votación, con 81 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, la reforma política que propone que los condenados en primera instancia no puedan postular a cargos de elección popular. Se acordó que la segunda votación se realizará en la siguiente legislatura.


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text: En el último día del plazo, 25 de julio, se debatieron los últimos proyectos: el de paridad y alternancia, y el de la inmunidad parlamentaria, que fueron los que más confrontación ocasionaron entre los congresistas. Se llegó finalmente a un consenso sobre la propuesta de paridad y alternancia, siendo aprobado con 106 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación. La controversia es que se aplicaría la paridad de manera gradual: 40% en 2021, 45% en 2026 y 50% en 2031. En cuanto a la alternancia, si bien se aprobó que en una lista de candidatos al Congreso se alternaran hombre y mujer, contradictoriamente se mantuvo el voto preferencial para el 2021. Todo lo cual venía a distorsionar la propuesta del Ejecutivo.


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text: De igual manera, se aprobó el proyecto de inmunidad parlamentaria. Una primera votación no sobrepasó los 87 votos (necesarios por tratarse de una reforma constitucional), por lo que, según el reglamento, debía ir a un referéndum para su aprobación. Ante este panorama, los congresistas lograron que se reconsiderara la votación, se presentó un texto sustitutorio y superaron finalmente los votos necesarios: 94 a favor y 23 en contra. Como se trata de una reforma constitucional, necesitará la aprobación en una segunda legislatura. La controversia es que lo aprobado ignoraba totalmente la propuesta del Ejecutivo de que sea un ente ajeno al parlamento (como el Poder Judicial) el encargado de levantar dicha inmunidad, y se mantiene al Congreso con dicha atribución. Se agregó como supuesta concesión, de que si en un plazo de 45 días hábiles el Congreso no respondía a un pedido de levantamiento de inmunidad, la Corte Suprema podía solicitar la intervención del Tribunal Constitucional para que resolviera la petición.


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text: En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias del 28 de julio de 2019, Vizcarra, luego del recuento de su labor en la presidencia, señaló que, en vista que el Congreso había desnaturalizado el proyecto de reforma política sobre la inmunidad parlamentaria, consideraba que no le habían dado la confianza, y por tanto, anunciaba la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para el 2020, es decir un año antes de 2021 en que culminaba su periodo. Se renovarían tanto el Ejecutivo como el Legislativo. «Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir», apuntó el mandatario.


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text: Por tratarse de una reforma constitucional y en vista de que el plazo disponible era muy corto, el adelanto de la fecha de las elecciones generales solo podía proceder si el Congreso aprobaba la realización de un referéndum, para que la ciudadanía decidiera al respecto. Esta aprobación de parte del Congreso solo necesitaba de una mayoría simple del voto de los parlamentarios. Sin embargo, el proyecto finalmente fue archivado por la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra, exacerbando más la crisis política, que desembocó en la disolución del Congreso el 30 de septiembre de 2019.


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text: El 27 de agosto de 2019, el gobierno promulgó las autógrafas que convertían en leyes cuatro de los proyectos de reforma política (inscripción de organizaciones políticas; financiamiento de los partidos; democracia interna; y paridad y alternancia en las listas). Las otras dos reformas pendientes (que, a saber, son sobre la inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos públicos), por ser reformas de tipo constitucional, quedaron en manos del Congreso, pues necesitan de otra legislatura para su aprobación.


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text: Al momento de asumir Martín Vizcarra la presidencia del Perú, los retos en materia económica eran principalmente reactivar el crecimiento, generar empleo y cerrar el déficit fiscal; para esto último los especialistas coincidían en que era necesario hacer una urgente reforma tributaria a fin de elevar la recaudación.


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text: Dos acontecimientos han impactado negativamente en la economía: el escándalo de corrupción pública revelado en el caso Odebrecht (iniciado en el periodo de Kuczynski), y el caso de corrupción judicial o CNM Audios, con la consiguiente crisis política que han desatado. Dicha crisis, empezada bajo Kuczynski, se prolonga en lo que va del gobierno de Vizcarra. Como resultado, el Perú empezó a perder puntos en el ranking de competitividad. La pobreza se incrementó ligeramente, algo que no ocurría desde la década de 1990. El año 2017 se cerró con un 2.5 % de crecimiento económico; para el final de 2018 se avizora un 4 % de crecimiento.


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text: Como consecuencia también de los escándalos de corrupción o del ruido político, grandes obras públicas o megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la línea 2 del Metro de Lima, Olmos y el gasoducto del Sur se hallaban paralizadas o avanzando a paso lento.


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text: No obstante, ha llamado la atención de los especialistas el hecho que pese a las vicisitudes adversas en el plano político-social, en el plano macroeconómico el Perú se ha mantenido firme, con un óptimo control de la inflación (no rebasa el 2 %) y un buen manejo de la deuda pública.


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text: El 19 de junio de 2018, el Congreso delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, financiera, gestión económica y otras. Luego de seis meses de gestión, Vizcarra anunció en septiembre de 2018 que su gobierno había sentado las bases para lograr un crecimiento económico equitativo. Destacó la reducción del déficit fiscal y el repunte de la inversión pública y privada.


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text: El 10 de mayo de 2018 se aprobó la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas y altas en azúcar, así como para vehículos nuevos, cigarrillos y combustible, lo cual generó un amplio debate político-social. Las marchas y contramarchas mostradas por el Ejecutivo en este asunto, originaron la renuncia del ministro de Economía David Tuesta Cárdenas.


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text: El gobierno continuó la política de masificar el uso de los comprobantes de pagos por vía electrónica, a fin de transparentar las transacciones económicas, reducir los costos de cumplimiento y desalentar la evasión. Se estima que para el 2021 la facturación debe ser electrónica al 100 %.


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text: El 6 de mayo de 2019, el gobierno publicó el decreto supremo N° 145-2019-PE que establece los «Parámetros de fondo y forma para la aplicación de la Norma Antielusiva General (NAG) contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario», que permiten poner en operación una herramienta para desalentar el uso de mecanismos de elusión tributaria.


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text: Para generar la inversión, uno de los motores del crecimiento económico, el gobierno consideró necesario poner en marcha o acelerar diversos megaproyectos, como la construcción del aeropuerto de Chinchero, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la reanudación del proyecto Chavimochic y del gasoducto del sur, la modernización de la infraestructura portuaria de San Juan de Marcona, la segunda etapa de Majes-Siguas y el corredor ferroviario Ilo-Desaguadero. También en continuar de manera más dinámica la Reconstrucción con cambios o reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por el Niño Costero de 2016-2017.


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text: El 30 de noviembre de 2018, en la ceremonia de clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el presidente Vizcarra anunció el inicio de la construcción del aeropuerto de Chinchero, megaproyecto paralizado a raíz del escándalo de la adenda al contrato de Chinchero, ocurrido bajo el gobierno de PPK. También señaló que no existía persecución empresarial, tal como había dicho el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides Ganoza.


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text: El 9 de julio de 2019, el gobierno confirmó el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation, que contempla la explotación de dos grandes minas de cobre en la provincia de Islay del departamento de Arequipa. Con una calculada inversión de US$ 1400 millones, se trata de uno de los más grandes proyectos mineros del Perú de los últimos años, con un proyectado canon anual de US$ 270 millones. No obstante lo cual, una parte de la población de la zona, secundada por sus autoridades regionales, se oponen al proyecto, ya que temen que afecten la provisión del agua en una zona que es mayormente agropecuaria. Vista esta situación, la empresa y el gobierno se han comprometido a no poner en marcha el proyecto, hasta que no se logre la «licencia social», es decir, se llegue a un entendimiento con la población.


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text: El 5 de noviembre de 2018, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, y encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato, presentó su informe final ante el pleno del Congreso. Dos días duró la sustentación y tres fueron de debate. El informe señalaba responsabilidades en tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.


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text: El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó un informe en minoría en donde se hallaban responsabilidades en Alan García y Keiko Fujimori, pero fue rechazado por la mayoría. En el debate se produjeron incidentes verbales entre los miembros de la bancada del Apra y de Frente Amplio. No está demás recordar que el informe final es solo de carácter político y no tiene connotación judicial.


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text: La revelación de que el ex primer ministro de Vizcarra, César Villanueva, estaba involucrado en el caso Odebrecht, fue sorpresiva. En el interrogatorio que el Equipo de Fiscales de Lava Jato hizo a Jorge Barata en agosto de 2019, se reveló que el codinome o apodo de Currículum Vita, que figuraba en las planillas de pago de la Caja 2 de Odebrecht, correspondía a César Villanueva, y estaba relacionado con dos pagos de US$30 mil cada uno, que la constructora le habría hecho cuando fue presidente regional de San Martín en el 2008, a cambio de la adjudicación de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa. Un mes después de esta revelación, la prensa dio a conocer que Villanueva no solo habría recibido dos pagos (de US$ 60 mil en total), sino siete pagos por US$ 320 mil en total, todos bajo el mismo codinome de Curriculum Vita, según consta en un acta firmada por Barata.


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text: El 26 de noviembre de 2019, César Villanueva fue detenido y puesto en prisión preliminar de siete días, al ser acusado de los delitos de tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal, por presuntamente haber intentado obstaculizar la investigación del caso de la carretera de San José de Sisa, al descubrirse que había hecho coordinaciones (telefónicas y presenciales) con los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque para influir a su favor en el Equipo Lava Jato. Culminada su prisión preliminar, fue liberado y se le dio impedimento de salida del país, mientras que su otro caso, el de Odebrecht, continúa de manera paralela, anunciándose que la fiscalía Lava Jato pedirá su prisión preventiva. El 11 de diciembre, el Juez Chávez Tamariz ordenó la prisión preventiva de Villanueva y otro funcionario del Gobierno Regional de San Martin, por 18 meses.


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text: El 25 de mayo de 2018, la embajada peruana en Washington entregó el cuaderno de extradición a los Estados Unidos donde se encuentra el expresidente Alejandro Toledo, desde el 2017, año en que se dictó una orden de prisión preventiva en su contra por delitos relacionados con la licitación de la Carretera Interoceánica.


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text: El 2 de febrero de 2019, el Gobierno contrato al estudio de abogados Foley Hoag LLP en Estados Unidos para que revisara el pedido de extradición del expresidente. Desde el 31 de enero de 2019, se reveló que Washington ya revisaba el pedido de extradición por parte del Gobierno Peruano.


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text: El 24 de abril, el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata confirmó que le pagó al expresidente, 31 millones de dólares por la licitación de la Carretera Interoceánica Sur.


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text: El 16 de julio de 2019, el expresidente Alejandro Toledo fue detenido preliminarmente en los Estados Unidos, por mandato de la justicia de dicho país. Ello, en atención a su primer pedido de extradición de parte de la justicia peruana, por delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Toledo actualmente se encuentra en la correccional Maguire, en el condado californiano de San Mateo, donde el sistema de visitas es más flexible.


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text: En febrero de 2020, el fiscal Rafael Vela anunció que Odebrecht había reconocido pagos ilícitos en la obra del Gasoducto. Poco antes, se había revelado de que el 21 de enero de 2020, la empresa Odebrecht había presentado contra el Estado peruano una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con respecto a su reclamo de una indemnización de US$1.200 millones, por supuestos daños y perjuicios luego de que el gobierno de Kuczynski decidiera en 2017 finalizar la concesión al consorcio encargado del Gasoducto Sur.


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text: Los sectores opositores al gobierno arreciaron entonces sus críticas contra el Equipo de Fiscales Lava Jato y el procurador ad hoc del caso, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración con beneficios. Ramírez fue destituido del cargo. El asunto trajo también como consecuencia una crisis ministerial, cuando se reveló que había sido a solicitud de la ministra de Justicia Ana Teresa Revilla, que el procurador Ramírez y los representantes de Odebrecht se habían reunido con el ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen, para tratar sobre la obra del gasoducto, sobre la que la constructora brasileña exigía una millonaria indemnización. Ello había ocurrido días antes de que Odebrecht presentara la demanda arbitral ante el CIADI, al estar por vencerse el plazo en que podía hacerla. Los ministros Liu y Revilla renunciaron, y luego el gobierno procedió a hacer cambios en el gabinete, que fueron cuatro. Los otros dos ministros reemplazados fuero Flor Pablo, de Educación, y Elmer Trujillo, de Transportes y Comunicaciones.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 7 de octubre de 2018 se realizaron en todo el país elecciones regionales y municipales. A las 4 de la tarde de ese día, por medio del sondeo a boca de urna fue confirmado como alcalde electo de toda la ciudad de Lima, de su área metropolitana y la provincia de régimen especial homónima, el alcalde miraflorino Jorge Muñoz Wells, dejando en segundo lugar a Daniel Urresti del partido Podemos Perú y en tercer lugar a Renzo Reggiardo de Perú Patria Segura.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 5 de agosto de 2019, el gobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, fue condenado 4 años y 8 meses de prisión por delito de negociación incompatible, ocurrido en su primera gestión como gobernador de Juní¬n. Tras estar inubicable durante dos semanas, fue capturado el 21 de agosto y trasladado a un penal.


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text: El 14 de agosto de 2019, el Juzgado Colegiado de Puno, en su adelanto de sentencia, condenó al gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, a seis años de prisión efectiva y al pago de 2 millones de soles de reparación civil, al ser declarado coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública durante la revuelta conocida como el Aymarazo, del año 2011. Tras estar prófugo durante unos días, Aduviri fue capturado el 25 de agosto en el centro de Lima.


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text: Al ser ambos gobernadores militantes de la izquierda radical, no faltaron voces que protestaron por una supuesta persecución política y una criminalización de la protesta.


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text: La asunción al poder del presidente Vizcarra implicaba adoptar medidas rápidas para el freno de los consecutivos asesinatos a mujeres en altos grados, alarmantes a la sociedad peruana. Un caso en específico fue el de Eyvi Ágreda Marchena, una joven peruana de 22 años víctima de la violencia de género en Lima. Fue atacada el 24 de abril de 2018 por un individuo, quien le roció combustible y le prendió fuego cuando se encontraba dentro de un bus en el distrito de Miraflores en Lima, Perú. Otras diez personas resultaron heridas. Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guillermo Almenara donde pasó 38 días. Falleció, tras varias intervenciones quirúrgicas, el 1 de junio de 2018. Su caso fue especialmente denunciando en la marchas contra la violencia hacia las mujeres con el lema "Mujeres x Justicia" celebradas en Perú el 11 de agosto de 2018. El agresor, Carlos Hualpa, fue capturado y apresado, siendo posteriormente condenado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio agravado consumado.


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text: Tras el incremento de los feminicidios y las agresiones contra la mujer, Vizcarra anunció que el Gobierno tomaría cinco inmediatas medidas para luchar contra dicho flagelo. Estas eran:


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text: Como última medida, Vizcarra solicitó al Congreso la delegación de facultades para legislar en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados.


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text: En junio de 2019, las Fuerzas Armadas se sumaron a la campaña Fuerza sin violencia, que tiene con gesto simbólico el uso de mandiles rosados, cuya intención es concientizar a la población de que no existen oficios puramente viriles o exclusivamente femeninos. Todo ello en el marco de la lucha contra la violencia contra la mujer. Lo que algunos han criticado por «mancillar» el uniforme militar al estar bajo un mandil rosado, lo cual —para algunos— no deja de ser sino una crítica superficial.


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text: La inmigración venezolana en el Perú, empezó a incrementarse paulatinamente en 2017, bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que otorgó facilidades a los inmigrantes, pidiéndoles solo como requisito la presentación del carnet de identidad y otorgándoles el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) por un año, documento que les permite trabajar en el país de manera legal.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El gobierno de Vizcarra, ante el reclamo de la ciudadanía por actos delictivos y antisociales de algunos inmigrantes, dispuso ejercer un mayor control en su ingreso, exigiendo la presentación del pasaporte a partir del 25 de agosto de 2018. Ello, sumado a una medida similar tomado por el Ecuador, produjo el mayor flujo de inmigrantes hacia el Perú, que ingresaban en número de hasta 5000 por día a través de la frontera peruano-ecuatoriana, antes de que entrara en vigencia el requisito del pasaporte. Los medios informativos cubrieron la gran marcha a Perú, que se realizaba vía terrestre desde Venezuela, atravesando Colombia y Ecuador. Para ese entonces la cantidad de venezolanos en todo el país se contabilizaba ya en 450 000, siendo la ola migratoria más importante del Perú en toda su historia republicana. Es de resaltar también que el Perú es el segundo país del mundo que alberga la mayor cantidad de venezolanos inmigrantes, después de Colombia.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos interpuso un habeas corpus ante el Poder Judicial contra la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que exigía la presentación del pasaporte a los inmigrantes. El 5 de octubre de 2018 una jueza declaró fundado el habeas corpus y se revocó la exigencia del pasaporte; pero Migraciones y el Ministerio del Interior apelaron y el 11 de octubre se suspendió la decisión judicial, hasta que un juez superior confirme o anule la misma.


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text: Sin embargo, a los venezolanos que no contaban con pasaporte se les permitió ingresar al Perú para que solicitaran refugio, algo que hasta entonces solo se daba a inmigrantes de países en estado de guerra. Para principios de 2019, las solicitudes de refugio llegaron a 164 000, de las que solo se aprobaron una ínfima cantidad. Para ese entonces se calculaba en 680 000 los inmigrantes venezolanos en el Perú, rebasando los 860 000 para fines del año. Sin embargo, estas cifras son solo de los inmigrantes que ingresan legalmente, calculándose que, sumado a los que entran ilegalmente, el número sería el doble.


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text: En octubre de 2019, el canciller Gustavo Meza-Cuadra participó en la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela. Meza-Cuadra señaló que el Perú había acogido hasta el momento a más de 865 mil venezolanos, como gesto de solidaridad, pero que la capacidad del Estado peruano para atender a ese flujo de migrantes ya estaba sobrepasada, razón por la cual se requería la cooperación internacional.


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text: Ante el reclamo de la ciudadanía, sensibilizada por los continuos actos delicuenciales protagonizados por inmigrantes venezolanos, el gobierno emprendió la tarea de identificar a aquellos inmigrantes con antecedentes policiales y que ingresaron al Perú falseando información migratoria. En abril de 2019, un primer grupo de 50 venezolanos fueron identificados y expulsados del país.


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text: Durante una rueda de prensa realizada el 26 de mayo de 2019, el ministro del Interior Carlos Morán Soto reconoció que los índices de delincuencia en la ciudad de Lima subieron tras la ola migratoria venezolana. La subida de esos índices empiezan progresivamente en el 2016, coincidiendo con el inicio de la marejada migratoria.


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text: También el general PNP Juan Sotil, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con datos en mano, ha demostrado que la inmigración venezolana ha agravado más los índices de delincuencia en Lima, en especial en Lima Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos), San Juan de Lurigancho y Ate-Vitarte, donde se concentran más los inmigrantes, aunque también en distritos como Santiago de Surco, Pueblo Libre, Lince y Miraflores, donde los índices de delitos contra el patrimonio (asaltos y robos) se han disparado como nunca antes había ocurrido.


title: Gobierno de Martín Vizcarra

text: El 12 de enero de 2020, se realizó un operativo en un hotel de Punta Negra (sur de Lima) dirigido por el coronel de la PNP, Víctor Revoredo Farfán, en la que se detuvo a 124 personas, entre ellos 114 ciudadanos venezolanos. Este operativo se dio en el marco de una investigación sobre organizaciones criminales integradas por extranjeros, involucradas en sicariato y otros delitos, determinando que dicho hotel servía de base de operaciones para esas actividades.


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text: El gobierno anunció la creación de una Brigada Especial para combatir a las organizaciones criminales integrada por extranjeros, principalmente venezolanos. Su jefe designado es el coronel Revoredo. Ante los cuestiomientos de algunos que interpretaban como discriminatoria esta medida, el Ministerio del Interior aclaró que la Brigada solo se enfocará en desbaratar las organizaciones criminales extranjeras, mas no hará redadas contra venezolanos, ni se enfocará en delitos menores.


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text: El 27 de enero de 2020 fueron expulsados 131 ciudadanos venezolanos que se hallaban en situación ilegal en el Perú, la mayoría de ellos capturados en el operativo de Punta Negra.


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text: El 6 de junio de 2019, el presidente Vizcarra anunció que desde el 15 de junio, los ciudadanos venezolanos solo entrarían con pasaporte y visa debidamente reglamentados. Este anuncio lo hizo junto con su ministro del Interior, Carlos Morán, al momento de supervisar una tercera expulsión de venezolanos que habían ingresado falseando sus datos. Precisó que los venezolanos podrán tramitar de manera extraordinaria una visado humanitario en los consulados peruanos de Venezuela (Caracas y Puerto Ordaz), en los de Colombia (Medellín y Leticia) y en los de Ecuador (Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja). La población vulnerable (niños, ancianos y mujeres embarazadas) estarán exoneradas del requisito de visa y pasaporte.


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text: Como era de esperarse, en los días previos al vencimiento del plazo, el puesto fronterizo de Tumbes se vio colapsado de inmigrantes venezolanos que solicitaban su ingreso. El día 14 de junio ingresaron 9000, la más alta cifra registrada hasta entonces en un solo día.


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text: El 27 de noviembre de 2018, miembros de la comunidad nativa de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón en el departamento de Loreto, sabotearon el oleoducto Norperuano a la altura del km 193 en el ramal norte. Acto seguido, bloquearon la zona y no dejaron reparar la rotura del ducto, produciéndose un derrame cuantioso de petróleo, ocasionando millones de soles en pérdidas, así como un atentado al medio ambiente. Luego de 90 días, aceptaron finalmente un acuerdo con el gobierno, representado por el primer ministro César Villanueva, comprometiéndose los mismos pobladores en reparar el ducto, mientras que el gobierno se comprometía a mejorar las condiciones de la comunidad en salud, educación y otros rubros (26 de febrero de 2019).


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text: Para algunos analistas, este episodio resultó un mal precedente y una prueba más de la claudicación del gobierno frente al chantaje camuflado bajo reclamo social. El 19 de junio de 2019 se reportó otra rotura del oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 237, en la comunidad nativa Nuevo Progreso, distrito de Manseriche, a 35 km de Mayuriaga. Aunque Petroperú informó que se trataba de otro acto delincuencial, la comunidad negó ser responsable, achacando el hecho al mal estado del ducto, que es muy antiguo.


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text: Sin embargo, se sabe que de todos los derrames de petróleo ocurridos en los últimos cinco años, el 64% fueron sabotajes, es decir, provocados por personas de la zona que buscan lucrar ya sea robando el combustible o bien para que Petroperú los contrate como operarios en la labor de reparación, habida cuenta de que un jornal es de S/ 150.