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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 18. 6. 1996 COM(95) 520 final 96/0161 (COD) Propuesta de DIRECTIVA PEL PAGAMENTO EUROPEO Y PEL CONSEJO sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo (presentada por la Comisión) Exposición de motivos I Generalidades A. Contexto A partir del primer programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los consumidores*1*, las diferentes instituciones comunitarias solicitaron, en varias ocasiones, a la Comisión que presentara propuestas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las garantías y de los servicios postventa. La realización progresiva del mercado único ha reforzado la necesidad de tratar estos problemas a nivel comunitario. Por esta razón, en la propuesta de Directiva del Consejo sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores(2), la Comisión propuso finalmente una armonización relativa a determinados aspectos de la garantía legal y comercial de los bienes muebles y de la garantía legal de los servicios. Estas propuestas recibieron el apoyo del Parlamento Europeo. No obstante, el Consejo consideró que era mas oportuno tratar estos temas de manera autónoma y con mayor profundidad y rechazó la inclusión de estas disposiciones en la Directiva sobre las cláusulas abusivas, invitando a la Comisión a "examinar las modalidades de aproximación de las normas sobre garantía de los Estados miembros en materia de contratos celebrados con consumidores y, sobre esta base, a someterle, llegado el caso, una propuesta de Directiva relativa a la armonización de las legislaciones nacionales en este campo"(3). Posteriormente, la Comisión realizó un profundo análisis de "la utilidad y la oportunidad de una aproximación del régimen de garantías y de la mejora del servicio postventa de los bienes y de los servicios en el mercado interiorM(4). Este análisis se realizó en el marco de las consultas ampliadas dadas a conocer por la publicación del Libro Verde sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicio postventa(5). La evaluación de las repercusiones anexa a la presente Directiva contiene un resumen del resultado de estas consultas. (1) Resolución del Consejo de 14 de abril de 1975, DO n° C de 25 de abril de 1975, p. 1. (2) Propuesta inicial DO n° C 243 de 28 de septiembre de 1990, p. 2. Propuesta modificada DO n° C 73 de 24 de marzo de 1992, p. 7. (3) Declaración del Consejo en el Acta con ocasión de la adppción de la Directiva sobre cláusulas abusivas el 5 de abril de 1993. (4) Como también le había pedido el Consejo en su Resolución de 13 de julio de 1992 por la que se establecen las prioridades futuras para el desarrollo de la política de protección de los consumidores, DO n° C 186 de 23 de julio de 1992. (5> COM(93)509 de 15 de noviembre de 1993. Este Libro Verde pretendía también responder a la solicitud del Parlamento Europeo que, en la Resolución de 11 de marzo de 1992, invitaba a la Comisión a que "examine las diferentes normativas nacionales en materia de garantía y proponga normas que aseguren un nivel europeo mínimo, pero conserve, además, garantías contractuales más amplias como forma especial de competencia y no las reglamente mediante una legislación europea", DO n° C 94 de 13 de abril de 1992, p. 217. La presente propuesta es además el complemento necesario de la Directiva n° 93/13 relativa a las cláusulas abusivas. Dicha Directiva asegura a todos los consumidores una protección mínima uniforme en toda la Unión respecto de las cláusulas contractuales que regulan cualquier transacción con un profesional. De esa forma, con independencia del lugar donde se efectúe la compra, el consumidor europeo hallará en todas partes la misma protección respecto de las condiciones generales de venta abusivas. En cambio, dicho texto se refiere únicamente a las cláusulas que regulan las modalidades de una transacción, sin hacer mención a los derechos del consumidor en caso de ejecución incorrecta del contrato. Tanto es así que, actualmente, no puede invocarse ante el consumidor una cláusula que figure en el contrato de compraventa por la que se excluya la responsabilidad del vendedor por defectos del bien vendido; sin embargo, los derechos concretos que éste podrá hacer valer en ese caso variarán -considerablemente en ocasiones- según el país en que se haya efectuado la compra. La presente propuesta está dirigida a garantizar a los consumidores una protección mínima uniforme en toda la Unión. También en el dictamen que el Parlamento Europeo emitió sobre el Libro Verde de la Comisión se hacía hincapié en la necesidad de adoptar una Directiva a este respecto(6). En efecto, el Parlamento pidió a la Comisión que presentara lo antes posible una propuesta de Directiva. 2. Los estudios llevados a cabo en los diferentes Estados miembros demuestran que los problemas relacionados con la calidad de los bienes y con el funcionamiento de las garantías son la primera causa de las quejas de los consumidores relativas a la compra de los bienes(7). La misma situación se da en las transacciones transnacionales. La información que llega a la Comisión, concretamente mediante las euroventanillas del consumidor que operan en ciertas regiones trasfronterizas, demuestra que las quejas de los consumidores relativas a la compra de bienes muebles se refieren, en la mayoría de los casos, a problemas relacionados con la aplicación de las garantías legales y comerciales. El análisis de los 100 últimos casos remitidos a la Comisión por una de estas euroventanillas sobre litigios relativos a compras transfronterizas de bienes (Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania) revela un índice aproximado de un 70 % al respecto. (6) Resolución de 6 de mayo de 1994, DO n° C 205, de 25 de julio de 1994, pág. 562. (7) En este contexto, cabe citar como ejemplo las estadísticas publicadas por la Office of Fair Trading relativas a íás quejas de los consumidores dirigidas a las autoridades nacionales del Reino Unido. Estas estadísticas, recogidas trimestralmente y publicadas en la revista Fair Trading, demuestran claramente, en lo que respecta a las quejas referentes a los bienes, este predominio de los problemas relativos a los bienes defectuosos y a las dificultades derivadas de su reparación. Un cálculo basado en las quejas recibidas durante el segundo trimestre de 1994 (revista Fair Trading n° 9, invierno 1994/95) ofrece los siguientes porcentajes desglosados por tipos de bienes: vivienda no amueblada 60,6 %, vivienda amueblada 75,6 %, radio, TV y otros aparatos eléctricos 66,4 %, electrodomésticos 72,2 %, ropa 61,3 %, calzado 81,1 %, perfumería y artículos de aseo 39,9 %, joyas, relojes 66,6 %, coches 59,5 %, coches de segunda mano 61,9 %. Es evidente que, en el caso de las transacciones transfronterizas, los problemas de los consumidores se agravan por el carácter del conflicto: problema de la ley aplicable, divergencia entre leyes nacionales, problemas de aplicabilidad de la garantía comercial, etc. 3. En este contexto general, no es de extrañar que los consumidores europeos vacilen en realizar compras transfronterizas, por mucho que, en teoría, consideren la libertad de comprar productos y servicios en el extranjero como uno de los principales beneficios del mercado único. Según un nuevo Eurobarómetro de 1993<8), el 52 % de los consumidores citan como principal obstáculo para las compras transfronterizas las dificultades que surgen cuando se pretende cambiar o hacer reparar los productos correspondientes. El porcentaje de consumidores que citan este obstáculo es incluso más elevado en determinados países (por ejemplo, el 68 % en Dinamarca, el 63 % en los Países Bajos y el 61 % en Alemania). En segundo lugar aparece el obstáculo de la lengua, citado por el 40 % de los consumidores, y en tercer lugar la dificultad para resolver los litigios, citada por el 34 % de los consumidores. Es igualmente interesante comprobar que el obstáculo citado en cuarto lugar es la incertidumbre relativa a las condiciones de venta: mientras que en 1991 lo citaban el 24 % de los consumidores, en 1993 eran el 31 %. 4 El Consejo, en las conclusiones de carácter general relativas al Libro Verde adoptadas el 17 de mayo de 1994, reafirmó su convicción de que todos los consumidores deben disfrutar de "los beneficios del mercado único; que se les debe animar a participar más activamente en el funcionamiento de este mercado; que cualquier acción en este sentido se sitúe en el marco del esfuerzo necesario para acercar Europa al ciudadano europeo". En su segundo plan trienal sobre la política de los consumidores (1993-1995)(9) la Comisión ya señala que "las compras transfronterizas sólo se desarrollarán en la medida en que se le garantice al consumidor que va a disfrutar de las mismas condiciones de garantía y de servicio postventa, independientemente de dónde se halle ubicado el proveedor del bien en cuestión"; y que para que el mercado interior funcione eficazmente, es "necesario garantizar a los consumidores que, en todo momento y con independencia del país en el que se adquiera un bien dentro del mercado único, puedan beneficiarse de un servicio postventa eficaz y reaccionar ante posibles defectos en el producto comprado(10). La presente propuesta de Directiva se halla dentro de esa línea y está dirigida a garantizar a los consumidores europeos una base común mínima de derechos en toda la Unión Europea. El único camino para ello es la aproximación de las disposiciones nacionales en vigor sobre la garantía legal. La garantía legal constituye, en todos los Estados miembros, la base fundamental de los derechos de los consumidores en lo que respecta a la calidad y la conformidad de los bienes comprados. A estos derechos básicos vienen a añadirse después las garantías comerciales, que por lo general no pueden prever excepciones respecto de aquéllos. La garantía legal es, pues, el telón de fondo sobre el que se desarrollan y funcionan las garantías comerciales. (8) Eurobarómetro n° 39, septiembre 1993. (9) COM(93) 378 final de 28 de julio de 1993. (10) COM (93) 509 final de 15 de noviembre de 1993. El concepto de "garantía legal" incluye toda protección jurídica del comprador contra posibles defectos de los bienes adquiridos resultante directamente de la ley, como efecto secundario del contrato de compraventa. El elemento esencial de la garantía legal es que está dirigida a proteger la confianza del comprador en el marco del contrato de compraventa, sus expectativas legítimas respecto del producto comprado, y que existe con independencia de cualquier manifestación de voluntad de las partes, produciendo los efectos establecidos por la ley. En cambio, en el concepto de "garantía comercial" interviene la manifestación de voluntad de una persona (el garante), que se autorresponsabiliza de algunos defectos que pudiera tener el bien vendido. La garantía comercial se materializa en una promesa escrita que acompaña al producto o que se entrega en el momento de la compra, en virtud de la cual el garante se compromete a reparar o a sustituir el producto en caso de que presentara algún defecto en un período de tiempo determinado. Las divergencias de las leyes nacionales conciernen tanto a la definición del concepto de defecto como a los derechos concedidos a los consumidores y a las condiciones de su aplicación. Son bastante evidentes en lo que respecta a los plazos de la garantía legal, que van desde un período indeterminado no fijado (F, B, L, NL, FIN) hasta un corto plazo de 6 meses (D, E, P, G, A), o 6 años (UK, IRL), 2 años (S) y 1 año (DK, I). Además, gran parte de las disposiciones nacionales en vigor proceden de una época en que las condiciones de producción y comercialización de los bienes eran muy diferentes a las actuales. Las disposiciones tradicionales del Derecho civil sobre el contrato de compraventa se redactaron tomando como base el paradigma de dos ciudadanos que en condiciones de igualdad celebran un contrato mediante el cual el primero transfiere al segundo la propiedad de un bien que le pertenece. En este sentido, no se adaptan a las actuales realidades económicas de producción y de comercialización masivas. Por ejemplo, los efectos tradicionales de la garantía legal - derecho de anulación del contrato y derecho de obtención de una reducción del precio- resultan a la vez demasiado rígidas e insuficientes y pueden no satisfacer al consumidor ni al vendedor. A este respecto, es necesario saber que los medios tradicionales de la garantía comercial -la sustitución o la reparación del bien - sólo están previstos en el marco de la garantía legal en la mitad de los Estados miembros e incluso dentro de unos estrictos límites. Por otra parte, los Estados miembros parecen ser conscientes de la necesidad de modernizar sus leyes internas. En varios de ellos se advierten movimientos en este sentido. Pueden citarse algunas iniciativas recientes. En el Reino Unido se han aprobado recientemente algunas modificaciones de la ley general sobre la compraventa encaminadas a conceder una protección expresa a los compradores contra los defectos menores y la falta de duración de los productos. En Grecia se ha aprobado asimismo en fecha reciente una nueva ley general de protección de los consumidores que contiene disposiciones especialmente importantes sobre los servicios postventa: en adelante, los suministradores están obligados a entregar con sus productos las correspondientes instrucciones de empleo y a informar al consumidor de la duración previsible de los mismos, así como a mantener a su disposición, durante ese período, servicios de reparación y mantenimiento. En Finlandia se ha modificado también la ley de protección de los consumidores, estableciéndose la responsabilidad solidaria del productor y del vendedor en el marco de la garantía legal. En Alemania no se ha presentado ningún proyecto de modificación de las disposiciones en vigor, pero una comisión de expertos, que ha trabajado durante varios años sobre el proyecte ** refundición del derecho de obligaciones, ha considerado claramente obsoletas dichas disposiciones y ha propuesto concretamente que el período de garantía se fije en tres años, en lugar de los seis meses actuales. En cambio, en Austria se debate actualmente un proyecto de ley encaminado a modificar las disposiciones en vigor sobre la garantía legal, en el que se prevé la fijación de un plazo de tres años En Suecia, el período de dos años actualmente en vigor parece considerarse insuficiente, puesto que un proyecto legislativo propone reemplazarlo por otro de cinco años. Se prevén asimismo iniciativas de otros Estados miembros en el importante ámbito de la protección de los consumidores en la venta de bienes. La presente propuesta de Directiva contribuirá a simplificar las normas nacionales existentes, aproximándolas al Derecho internacional en vigor en las compraventas internacionales de mercancías entre profesionales (Convenio de Viena de 1980) y reduciendo las distorsiones de la competencia que puedan resultar de las divergencias de las leyes nacionales. La propuesta de Directiva se integra asimismo en el marco de las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo acerca de la necesidad de realizar a nivel comunitario un esfuerzo para armonizar el Derecho privado de los Estados miembros(11). 6. El análisis de la tipología de las quejas de los consumidores y de las prácticas comerciales de las empresas demuestra que la armonización mínima de la garantía legal debe compaginarse con el establecimiento de determinadas normas marco relativas a las garantías comerciales. Con demasiada frecuencia, la redacción dada a las garantías comerciales lleva a la confusión entre éstas y la garantía legal e induce a los consumidores a error sobre sus derechos. Con demasiada frecuencia, asimismo las garantías comerciales son insuficientemente explícitas sobre su alcance y su contenido o imponen condiciones poco razonables para su aplicación, vaciando de contenido los derechos que conceden. 7. En la presente exposición de motivos, a efectos de claridad se utilizarán los términos "garantía legal" y "garantía comercial". No obstante, en el cuerpo de la propuesta de directiva, no se utilizan plenamente estos términos, a fin de evitar dificultades en el caso de algunas tradiciones jurídicas en las que no existe el término de "garantía legal". En consecuencia, el término "garantía" queda reservado únicamente a las garantías comerciales, lo cual, por otra parte, corresponde a la forma en que, por lo general, el consumidor entiende este término. Los 4 primeros artículos (aproximación del derecho de venta) se refieren a la "garantía legal", sin citar este término, mientras que el artículo 5 se refiere a la "garantía comercial", a la que se designa únicamente con el término "garantía". (11) Resoluciones de 26 de mayo de 1989 y de 6 de mayo de 1994, respectivamente, DO n° C 158 de 26 de junio de 1989, p. 400, y DO n° C 205 de 25 de julio de 1994, p. 518. B. Aspectos esenciales de la propuesta La propuesta de Directiva contiene dos partes: la primera, que es la principal, se refiere a la garantía legal y la segunda trata de la garantía comercial. En lo que respecta a la garantía legal, el texto de la presente propuesta de Directiva tiene un alcance muy preciso: regular los aspectos estrictamente relacionados con la protección del consumidor en caso de adquisición de un bien que no sea conforme con el contrato. No pretende en absoluto armonizar por completo el derecho de la compraventa. Por tanto, no se tratan en el texto, y siguen rigiéndose plena y únicamente por las leyes nacionales, las cuestiones referentes a la formación del contrato entre las partes, a los vicios del contrato, a los efectos del mismo, a su cumplimiento o incumplimiento, o a las formas de incumplimiento distintas de la disconformidad del producto. Por otra parte, la propuesta sólo pretende obligar al garante a la resolución concreta del problema, es decir, el reembolso o la reducción del precio, la sustitución o la reparación del producto. No se aborda en absoluto la cuestión de la responsabilidad por los posibles daños directos o indirectos producidos por el defecto. El texto, que garantiza al consumidor una base mínima de derechos en toda la Unión Europea, también intenta mantener un cierto equilibrio entre las obligaciones de cada una de las partes; de esta forma, impone determinadas obligaciones que el consumidor deberá cumplir so pena de perder sus derechos. La segunda parte de la propuesta de Directiva se refiere a la garantía comercial, aunque sin pretender regularla en su conjunto. Tan sólo se enuncian algunos principios referidos a su transparencia y a su relación con la garantía legal y se establecen determinadas disposiciones encaminadas a dotarla de un marco legal. Todo lo demás, en cuanto elemento de política comercial estrechamente vinculado al juego de la competencia, sigue dependiendo de la empresa. Por tanto, aun cuando algunas legislaciones nacionales sigan este enfoque, no se establece ninguna obligación de prestación de garantías comerciales. El contenido de éstas, su duración y las modalidades de aplicación se dejan asimismo a discreción de los que las ofrecen. Por razones ligadas a la aplicación del principio de subsidiariedad, la presente propuesta de Directiva no contempla los servicios postventa como tales, es decir las prestaciones de servicios relativas a la utilización, el mantenimiento y la reparación de bienes, con independencia de la aplicación de cualquier garantía legal o comercial. Se trata de un campo complejo que se presta mejor a ser tratado, a escala comunitaria, mediante instrumentos voluntarios (por ejemplo códigos de conducta que deberán establecerse de forma sectorial) que a ser objeto de una reglamentación normativa. C Coherencia con otras políticas comunitarias Considerando que los consumidores y los agentes económicos deben tener la certeza de que pueden beneficiarse plena y equitativamente del mercado único, el Consejo ha destacado su determinación de conseguir que el mercado único funcione eficazmente en beneficio de todos los ciudadanos de la Comunidad garantizando el respeto de las cuatro libertades(12), ofreciendo a los consumidores la ventaja de una mayor selección de bienes y servicios de calidad y mejorando la competitividad de las empresas comunitarias(13). Estas declaraciones del Consejo demuestran claramente la interacción de la política de establecimiento y funcionamiento del mercado único con las otras políticas comunitarias y, en general, con el conjunto de los objetivos de la Unión Europea. El papel que puede desempeñar en este contexto la mejora de la protección de los consumidores ha sido señalado ya por la Comisión. Por una parte, debe tenerse en cuenta que el mercado interior no ha sido creado sólo para las empresas, y no podrá funcionar correctamente sin la participación activa y real de los consumidores. Por otra parte, los consumidores prevenidos pueden acelerar, a través de sus decisiones comerciales, los efectos económicos positivos de un mercado integrado(14). La Comisión considera que la presente propuesta se integra perfectamente en el marco de los objetivos perseguidos por el conjunto de las políticas comunitarias, en particular los relativos a la política en materia de calidad y a la política de competencia. Justificación de la propuesta a la luz del principio de subsidiariedad n a) ¿Cuáles son los objetivos de la acción prevista con relación a las obligaciones que pwan sobre la Comunidad? El artículo 129A del Tratado impone a la Comunidad la obligación de contribuir a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores a través de medidas que adopte en virtud del artículo 100A en el marco de la realización del mercado interior y mediante acciones concretas que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los Estados miembros a fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y de garantizarles una información adecuada. (12) A este respecto, cabe recordar que, según el Tribunal de Justicia, la libre circulación de los productos implica igualmente que "(. ) los consumidores que residan en otro Estado miembro puedan desplazarse libremente al territorio del otro Estado miembro, para aprovisionarse en él", sentencia GB-INNO-BM de 7 de marzo de 1990, asunto C-362/88, Recopilación 1990, p. 667, punto 8. (13) Resolución del Consejo de 7 de diciembre de 1992 relativa al funcionamiento del mercado único, DO n° C 334 de 18 de diciembre de 1992, p. 1 (i4) «Aprovechar al máximo el mercado interior: programa estratégico", COM(93)632 de 22 de diciembre de 1993. En este documento, la Comisión indica ya que considera el ámbito de las garantías legales y comerciales como un ámbito prioritario para una acción legislativa a nivel comunitario, con objeto de hacer de la Unión un verdadero mercado único desde el punto de vista del consumidor. La acción de la Comunidad permite aproximar los elementos fundamentales de las legislaciones nacionales, en lo referente a la venta de bienes de consumo, con objeto de mejorar el funcionamiento del mercado interior y de reducir las distorsiones de la competencia que pueden resultar de las divergencias de las legislaciones, asegurando a los consumidores europeos una protección mínima uniforme, con independencia del lugar donde se hayan comprado los bienes. Más concretamente, los beneficios derivados de la acción prevista son los siguientes: - Reforzar la confianza de los consumidores europeos en el mercado único. - Facilitar las compras transfronterizas y consolidar el papel de los consumidores como agentes activos en el mercado. - Simplificar las normas nacionales existentes. - Aproximar el Derecho comunitario a los ciudadanos europeos aportándoles beneficios directos y muy concretos. De esta forma, reforzar la adhesión del ciudadano común a la integración europea. Inducir efectos positivos sobre la competencia, la competitividad de las empresas y la economía europea. - b) La acción prevista, jes competencia exclusiva de la Comunidad o se trata de una competencia compartida COP tos Estados miembros? La acción prevista es competencia exclusiva de la Comunidad: el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. c) ¿De qué modalidades de acción dispone la Comunidad? El objetivo perseguido sólo podrá alcanzarse con una directiva comunitaria en la que se establezcan unas normas mínimas. La adopción de medidas independientes por parte de los Estados miembros no podrá garantizar una protección mínima uniforme de los consumidores en todo el territorio de la Unión, ni una protección adecuada de éstos en sus transacciones transfronterizas. El objetivo principal de la Directiva - aproximación de las legislaciones nacionales relativas a la garantía legal - es incompatible con soluciones basadas en el "soft-law" o en códigos de conducta. Además, los sectores en cuestión son demasiado heterogéneos para que sea fácilmente previsible la creación de códigos de conducta a escala europea. d) ¿Es necesaria una reglamentación uniforme o basta con una directiva que plantee los objetivos generales, dejando que sean los Estados miembros remitiendo la ejecución a tos Estados miembros? Dadas las diferencias existentes entre las disposiciones nacionales, tanto en el plano de los principios como en el de las técnicas legislativas utilizadas, se necesita una armonización parcial. Considerando las exigencias del principio de subsidiariedad, la propuesta de Directiva se limita, sin embargo, estrictamente a los aspectos esenciales referentes a la garantía lega! y a las garantías comerciales. En este sentido, la propuesta se refiere tan sólo a los derechos de los consumidores en relación con la "reparación" directa del defecto: deja íntegramente a los Estados miembros la tarea de definir el régimen de indemnización de los daños, directos o indirectos, que resulten para el consumidor de la compra de un bien que presente un defecto(15). Evita asimismo cualquier pronunciamiento sobre las normas generales aplicables a los contratos de compraventa, como las referentes a la formación del contrato, a los vicios del consentimiento, etc. No se regula el contenido de las garantías comerciales y no se impone ninguna obligación general de prestación de garantías. Además, dentro de los estrictos límites de una armonización parcial, la propuesta de Directiva prevé tan sólo una armonización mínima; los Estados miembros tendrán, pues, libertad para adoptar o mantener normas más estrictas con objeto de proteger a los consumidores. El margen de discreción nacional es, por tanto, muy amplio Finalmente, el propio carácter del texto - normas aplicables en relación con los contratos de compraventa de bienes de consumo * implica que se deje la ejecución práctica de la mayoría de sus disposiciones correrá a cargo de los tribunales nacionales, los cuales aplicarán dichas normas a cada caso concreto. DI Comentario detallado de tos artículos Artículo 1 A través de las definiciones que contiene, el presente artículo delimita el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva con carácter general. En él se conjugan el criterio de las partes que intervienen en el contrato (contratos celebrados entre profesionales y consumidores) y el criterio del objeto del contrato (bienes de consumo). Apartado 2,ft) La definición de consumidor se corresponde con las definiciones clásicas ya existentes en otras directivas. En este contexto, se incluye en el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva toda venta de un bien de consumo realizada por un vendedor profesional a un consumidor. (I5) A diferencia de lo previsto en la propuesta modificada de Directiva sobre las cláusulas abusivas (COM(92) 66 de 4 de marzo de 1992, DO n° C 73 de 24 de marzo de 1992), en la que este aspecto se incluye expresamente en el artículo 6. Apartado, 2,1?) Como se sugiere en el Libro Verde, quedan excluidos los bienes inmuebles. En cambio, la definición de bienes de consumo no se limita a los bienes nuevos y duraderos. Una gran mayoría de las respuestas al Libro Verde considera que dicha limitación no seria acertada. De hecho, las legislaciones nacionales no hacen distinción entre estos tipos de bienes en cuanto a los regímenes de garantía legal. Además, sería muy difícil definir un bien duradero: ¿es el que se destruye (total o parcialmente) al utilizarlo?, ¿o el que tiene un período de utilización (¿corto?) preestablecido?, etc. Las normas previstas por la presente propuesta ofrecen todas las posibilidades para adaptarse a una aplicación adecuada a los diferentes tipos de bienes. Apartado 2,c) La presente propuesta contempla únicamente las ventas realizadas por vendedores profesionales. Las ventas privadas quedan totalmente excluidas de su ámbito de aplicación y, por tanto, plenamente sujetas a los regímenes nacionales aplicables. Apartado 2,d) Este apartado, que se inspira en cierta medida en la legislación irlandesa, tiene como objetivo definir lo que en el Libro Verde se denomina "garantía comercial". Se refiere a cualquier garantía comercial sobre un bien, independientemente de la persona que la ofrezca. Asimismo, incluye las garantías comerciales onerosas y las ampliaciones onerosas de garantías gratuitas. Esta definición se relaciona directamente con el artículo 5 de la presente propuesta. Artículo 2 Este artículo establece el principio -bastante simple- de que los bienes deben ser conformes al contrato. Este punto de partida, establecido como principio general, permitirá abarcar todo un conjunto de situaciones, sin basarse esencialmente en el criterio de "conformidad a las previsiones legítimas del consumidor" sugerido en el Libro Verde. De hecho, a pesar de su buena acogida en los medios de protección del consumidor, este criterio suscita muchas objeciones entre los profesionales. Apartado 1, El principio de conformidad al contrato puede considerarse común a las diferentes tradiciones juridicas nacionales. Es asimismo el criterio adoptado por el Convenio de Viena de 1980 sobre la compraventa internacional de mercancías entre profesionales. La conformidad al contrato implica no sólo la conformidad a los términos explícitos del contrato, sino también a determinados criterios, que se establecen en el apartado 2. En los Derechos continentales, estos criterios pueden considerarse como normas imperativas aplicables al contrato de venta de bienes de consumo, mientras que en los Derechos del common law, pueden incluirse en el concepto de "implied terms" del contrato que las partes no pueden omitir. 10 Le , üfv naucid con los sistemas jurídicos más modernos (nuevo Código civil neerlandés, legislaciones de los países nórdicos) y COR el Convenio de Viena, se suprime la distinción tradicional en ciertos Derechos entre la obligación de entrega y la garantía legal por vicios ocultos, en beneficio del concepto nuevo y común de conformidad de los bienes al contrato. En este sentido, las dificultades teóricas y prácticas causadas por la mencionada distinción pueden ilustrarse con la jurisprudencia francesa que, a lo largo de los años, ha asimilado y distinguido alternativamente esas dos nociones sin llegar a una conclusión definitiva. Apartado 2, A la iuz de las diferentes tradiciones nacionales, en este segundo apartado se han tenido en cuenta diferentes elementos para explicar el principio de conformidad. Sü redacción se inspira, en gran medida, en el apartado 2 del artículo 35 del Convenio de Viena. Apartado 3. El Libro Verde planteaba el tema de la ampliación de las normas sobre garantía legal a las prestaciones de servicios relativos a bienes (instalación, reparación, mantenimiento, etc. ). Una gran mayoría de las respuestas al respecto ha sido positiva. Sin embargo, la Comisión considera que la complejidad y diversidad de las prestaciones de servicios se presta mal a una simple ampliación a éstos de las normas aplicables a la venta de bienes. En cambio, en lo referente a las instalaciones de bienes vinculadas a la venta, esta ampliación puede realizarse sin dificultad y es incluso necesaria, dada la dificultad de distinguir, en la práctica, las dos prestaciones del profesional y la necesidad de proteger de manera homogénea al consumidor. Artículo 3 Apartado 1- La primera frase del presente apartado establece la responsabilidad del vendedor por las faltas de conformidad y determina el momento en el que se evalúa la conformidad de las mercancías al contrato. Se inspira directamente en el apartado 1 del artículo 36 del Convenio de Viena, pero, contrariamente a éste y al Derecho de determinados Estados miembros, establece que la conformidad de las mercancías se evalúa en el momento en que el consumidor recibe el bien y no en el momento de la celebración del contrato. En realidad sólo esta respuesta es adecuada a las relaciones de consumo. En este sentido, una aplastante mayoría de las respuestas al Libro Verde ha sido unánime al respecto. Si el consumidor conocía o no podía ignorar la falta de conformidad en el momento de la compra (defecto claramente visible en el bien que el consumidor examinó previamente a la compra), no hay, propiamente hablando, falta de conformidad al contrato, puesto que el consumidor ha aceptado el bien tal cual y éste es "conforme al contrato". La exclusión de la responsabilidad del vendedor en estos casos sería, pues, en principio, el resultado de la simple aplicación del concepto de conformidad con el contrato. No obstante, se ha considerado preferible establecer expresamente esta solución. El período de dos años parece adecuado para hallar cierto compromiso entre los períodos establecidos por los distintos Estados miembros. 11 Apartado 2, Se trata de limitar la responsabilidad del vendedor por las declaraciones públicas realizadas por terceros, según el criterio de conformidad establecido en la párrafo d) del apartado 2 del artículo 2. El vendedor estará exento de responsabilidad en los casos previstos en los distintos guiones. Apartado 3. La definición de normas relativas a la carga de la prueba seguirá siendo, por lo general, competencia de los Derechos nacionales. Con arreglo a las normas tradicionales relativas a la prueba, normalmente debería ser el consumidor el que demostrara que la falta de conformidad del bien al contrato ya existía, al menos en estado embrionario, cuando recibió el bien. No obstante, cuando la falta de conformidad consista en la existencia de un defecto que se manifieste después (y en ocasiones mucho después), aportar la prueba de que el defecto ya existía en el momento de la recepción del bien puede ser un obstáculo insalvable para el consumidor. En efecto, generalmente es mucho más fácil para el profesional demostrar que la falta de conformidad no existía en el momento de la entrega sino que se debe, por ejemplo, a una utilización incorrecta por parte del consumidor. Por esa razón, la jurisprudencia de varios Estados miembros ha desarrollado a lo largo del tiempo una práctica dirigida a invertir la carga de la prueba en el caso de compras de los consumidores a profesionales. En ese sentido, el presente apartado prevé una inversión parcial de la carga de la prueba en lo concerniente al momento en que existía la falta de conformidad en favor del consumidor durante un corto período de tiempo de 6 meses después de la entrega. Apartado 4, Cuando las faltas de conformidad no son menores, el consumidor tiene derecho a elegir entre los cuatro medios tradicionales: la rescisión del contrato o la reducción del precio, la sustitución o la reparación del bien. Estos cuatro medios existen también en el Convenio de Viena y en las legislaciones nacionales más modernas. Las legislaciones más tradicionales sólo contemplan los dos primeros: añadiendo los dos últimos el Derecho se acerca más a la realidad económica. Normalmente, el primer medio (la rescisión del contrato, con devolución del bien y reembolso del precio) no gusta a los profesionales, que con frecuencia piensan que debería eliminarse cuando el bien puede repararse o sustituirse. Esto se corresponde además con la realidad económica y social: normalmente el consumidor, salvo cuando ha perdido la confianza en el producto o en el vendedor, queda satisfecho con la sustitución o la reparación del producto. Sin embargo, debe mantenerse este medio porque: - habida cuenta de la amplitud del concepto de falta de conformidad, en determinados casos este medio es el único adecuado; constituye un buen medio de presión a disposición de los consumidores para obtener la rápida reparación o sustitución del producto; constituye el medio clásico común en todas las tradiciones jurídicas. - - 12 No éëyç temerse una utilización abusiva de este medio por parte de los consumidores. En primer lugar, cuando no se solicita el reembolso del precio en un corto plazo después de la venta, el importe del reembolso se reducirá normalmente para tener en cuenta el valor del uso realizado por el consumidor. En segundo lugar, el consumidor debe comprar un bien nuevo para sustituir al que ha devuelto al profesional. Por último, las experiencias de los profesionales que venden con arreglo al principio "si no queda usted satisfecho, le reembolsamos el dinero" demuestran que los consumidores se comportan normalmente de una manera razonable. En este marco, cabe recordar que incluso los coches se venden aplicando este principio durante un mes. El plazo de garantía se fija en dos años (apartado 1); este plazo coincide con el plazo fijado por el Convenio de Viena. No obstante, el consumidor no podrá recurrir durante todo ese período a todos los medios que se le otorgan: el derecho a la rescisión del contrato de compraventa o a la sustitución del bien sólo le será otorgado durante el primer año a partir de la fecha de entrega. Esta solución diferenciada se basa en la idea de que la rescisión de la compraventa y la sustitución son medios que son cada vez menos adecuados a medida que pasa el tiempo, ya que el período de utilización aumenta. Además, esta solución está dirigida a establecer un compromiso con las tradiciones de los países del common law que tienen un período de garantía bastante largo (6 años) en lo concerniente a la posibilidad de exigir daños y perjuicios, pero que limitan a un período bastante breve la posibilidad de devolver el producto y pedir el reembolso del precio del mismo. Siempre con vistas a alcanzar un compromiso, y a fin de permitir una transposición de la Directiva adaptada a las distintas tradiciones nacionales, se admite que los Estados miembros limiten la elección del consumidor en el caso de las faltas de conformidad menores. Apartado 5. Las disposiciones nacionales aplicables a las ventas entre profesionales son normalmente menos estrictas que las aplicables a las ventas entre un profesional y un consumidor. En este sentido, los vendedores pueden, con frecuencia, incluir en sus contratos cláusulas de exención de su responsabilidad por la garantía legal. Estas cláusulas serán válidas para el Derecho comunitario, puesto que la Directiva n° 93/13 sobre las cláusulas abusivas limita su ámbito de aplicación a los contratos celebrados entre "un consumidor y un profesional". Esta situación puede hacer que recaiga injustamente en los vendedores finales toda la responsabilidad por los defectos de los bienes resultantes de un acto u omisión de otra persona. Así ocurrirá especialmente en el caso de los defectos de fabricación, de los defectos provocados por una mala utilización de un intermediario anterior o incluso de las faltas de conformidad resultantes de las declaraciones citadas en el párrafo d) del apartado 2 del artículo 2. Aunque la presente propuesta de Directiva se refiere a la venta final de bienes de consumo, resulta también necesario establecer en su texto, en favor del vendedor final, el derecho a entablar acciones judiciales contra las personas responsables, a fin de repercutir sobre ellas los gastos causados por los defectos que les sean imputables. Las modalidades de ese derecho a entablar acciones judiciales se determinarán en los Derechos nacionales. 13 Artículo 4 El artículo 4 fija un plazo, que comenzará a contar a partir de la constatación de la falta de conformidad, cuya observancia constituye una condición formal para el ejercicio de los derechos concedidos por los artículos anteriores. Apartado 1, La obligación del comprador de denunciar al vendedor las faltas de conformidad en un determinado plazo a partir de la constatación de las mismas existe ya en algunas legislaciones nacionales (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) y aparece recogida asimismo en el apartado 1 del artículo 39 del Convenio de Viena. Esta obligación refuerza la seguridad jurídica y estimula al comprador a una cierta diligencia teniendo en cuenta los intereses del vendedor. Al igual que én el Convenio de Viena, el plazo comienza a partir del momento en que el consumidor haya descubierto la falta de conformidad (o normalmente debiera haberlo hecho). La última frase remite a cierta exigencia de diligencia normal, teniendo en cuenta las circunstancias, por parte del consumidor en cuanto al examen de los bienes antes de la recepción, sin establecer la obligación estricta de efectuar una inspección minuciosa del bien o de realizar pruebas para evaluar su funcionamiento o sus resultados. Apartado 2, La opción de un plazo único, tanto material como de procedimiento, obliga a adoptar el principio de la interrupción de la prescripción mediante el ejercicio de la denuncia prevista en el apartado 1. No establecer dicho principio equivaldría a obligar a los consumidores a litigar ante los tribunales para evitar perder sus derechos y no fomentaría un arreglo rápido y amistoso entre los responsables y los consumidores. Los Derechos nacionales establecerán las modalidades de aplicación de la interrupción de la prescripción (en particular en lo concerniente a la determinación del momento err que comienza a contar el plazo). Artículo 5 Apartado i, El presente apartado establece el principio, que parece evidente, de que toda garantía ofrecida vincula jurídicamente al garante con arreglo a las condiciones establecidas en el documento de garantía. Esto no supone realizar ningún tipo de calificación jurídica de la garantía (contrato, promesa unilateral, etc. ), que, por otra parte, podría variar en función de la persona del garante y de las tradiciones jurídicas nacionales. Pero el presente apartado también asimila la publicidad relativa a las garantías a las condiciones mismas de esas garantías. En efecto, en la práctica, el consumidor nunca tiene acceso a los documentos de garantía antes de la compra. De hecho, el consumidor únicamente tiene con las garantías el contacto que le ofrece la publicidad. Su confianza y sus expectativas se basan en esa publicidad. Hay que considerar, por tanto, que las declaraciones publicitarias forman parte de las condiciones de garantía. En el ámbito comunitario se ha establecido ya un principio análogo en la Directiva n° 90/314 del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, que establece en el apartado 2 del artículo 3 que "la información contenida en el folleto será vinculante para el organizador o el minorista". 14 Eí presents apartado establece además el principio de que las garantías deberán situar al beneficiario en una posición más ventajosa que la resultante del régimen establecido por los artículos precedentes. No es necesario que todos los elementos de la garantía comercial ofrecida superen lo previsto por las disposiciones imperativas de la Directiva: es suficiente con que la posición resultante del consumidor sea mejor de alguna manera. Apartado 2. Con objeto de garantizar la transparencia y una información adecuada de los consumidores, cada garantía debe redactarse por escrito y contener determinados datos mínimos. No obstante, aún en el caso de que se infrinjan las normas establecidas, tales como las contenidas en el apartado 1 del artículo 5, la garantía conserva su validez: el consumidor podrá siempre invocar la garantía ofrecida y exigir su aplicación. Ahora bien, los Estados miembros deben prever medios eficaces para impedir que se ofrezcan dichas garantías en el mercado con miras a garantizar el logro de los objetivos previstos y disminuir las fuentes de posibles litigios. Con objeto de garantizar la total transparencia, el presente apartado pretende afirmar el derecho de los consumidores que lo deseen a consultar los documentos de garantía antes de la compra de los bienes. Artículo 6~ Apartado i, Esta disposición, de carácter "clásico", señala con claridad el carácter imperativo de las normas establecidas por la presente propuesta en favor del consumidor. Tales normas no pueden suprimirse ni aun con su consentimiento. Apartado 2. En las Directivas n° 93/13 (cláusulas abusivas) y n° 94/47 (régimen de tiempo compartido) figura ya una disposición parecida. Artículo 7 Apartado 1. las faltas de conformidad, Según se desprende con claridad del texto de la presente propuesta y se explica ampliamente en la exposición de motivos, la Comisión sólo pretende abarcar con este texto una parte muy limitada de las cuestiones planteadas por la venta de bienes de consumo. En lo que respecta a la Comisión, respetando plenamente el principio de proporcionalidad, sólo contempla la necesidad de resolver por los medios establecidos en el artículo 4 los problemas relativos a los propios bienes resultantes de las faltas de conformidad. Las normas generales (o, evidentemente, específicas) de los Derechos nacionales suelen ir mucho más allá y amplían especialmente, en algunos casos, la responsabilidad del vendedor (o de otras personas, como el productor) a la compensación de otros perjuicios sufridos por el consumidor como consecuencia de la falta de conformidad. Es lo que ocurre con la alfombra estropeada por una máquina limpiadora defectuosa, con el alquiler de un coche de sustitución, etc. Evidentemente, la presente propuesta se entiende sin perjuicio de la aplicación acumulativa de estas normas nacionales. 15 Apartado 2. Esta disposición es tradicional en las directivas para la protección de los consumidores. Artículo 8 Habida cuenta de que la propuesta de Directiva se refiere principalmente a la garantía legal y se limita a fijar una base mínima común de derechos para los consumidores, un plazo de transposición de 2 años parece adecuado. 16 Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto di Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión(1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado(3), Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; que la libre circulación de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a los particulares; que la libre circulación implica que los consumidores residentes en un Estado miembro puedan abastecerse, con pleno conocimiento, en el territorio de otro Estado miembro con arreglo a un fondo mínimo de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo; Considerando que las legislaciones de los Estados miembros sobre la venta de bienes de consumó presentan numerosas disparidades, como consecuencia de los cuales existen diferencias entre unos y otros mercados nacionales en materia de Veritas de bienes de consumo y pueden surgir distorsiones de la competencia entre los vendedores; Considerando que el consumidor que trata de beneficiarse de las ventajas del gran mercado adquiriendo bienes en un Estado miembro distinto del de su residencia desempeña un papel fundamental en la realización del mercado interior, en cuanto impide la reconstrucción artificial de nuevas fronteras y la compartimentación de los mercados; que esas posibilidades se incrementan considerablemente con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten acceder fácilmente a sistemas de distribución de otros países miembros o internacionales; que si no existe una armonización mínima de las normas relativas a la compra de bienes de consumo, puede entorpecerse el desarrollo de la venta de bienes a través de las nuevas tecnologías de comunicación a distancia; Considerando que la creación de una base mínima común de derechos para los consumidores, válida independientemente del lugar de la compra de los bienes en la Comunidad, reforzará la confianza de los consumidores y permitirá a éstos aprovechar mejor las ventajas derivadas del establecimiento del mercado interior; (1> (2) 17 Considerando que las principales dificultades de los consumidores y la principal fuente de conflictos con los vendedores se refieren a la falta de conformidad del bien con eí contrato; que, en consecuencia, es conveniente aproximar las legislaciones nacionales sobre la venta de bienes de consumo en lo relativo a este aspecto, aunque sin afectar a las disposiciones y principios de los Derechos nacionales aplicables a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual; Considerando que los bienes deben ante todo corresponder a las cláusulas contractuales; que el concepto de conformidad con el contrato puede considerarse como una base común a las diferentes tradiciones jurídicas nacionales; que el vendedor debe ser el responsable directo ante el consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato; que ésta es la solución tradicional establecida en los Derechos de los Estados miembros; que, no obstante, el vendedor debe poder recurrir contra su propio vendedor o contra el productor cuando la falta de conformidad resulte de un acto o de una omisión de éstos; Considerando que, en caso de que el producto no sea conforme al contrato, es conveniente otorgar al consumidor el derecho a pedir la reparación o la sustitución del bien, o, en concepto de indemnización, una reducción del precio pagado por él, o la rescisión del contrato de venta; que, no obstante, es preciso limitar en el tiempo el ejercicio de estos derechos y fijar los plazos en que éstos podrán ejercerse ante el vendedor; Considerando que, para garantizar la seguridad de las transacciones y la lealtad en las relaciones entre las partes, es conveniente que sea el consumidor quien deba indicar al vendedor, en un breve plazo, cualquier falta de conformidad comprobada; que, para que las partes puedan hallar soluciones amistosas sin tener que recurrir inmediatamente a los tribunales para salvaguardar sus derechos, conviene establecer que la denuncia de la falta de conformidad del bien por el consumidor interrumpirá el plazo de prescripción; Considerando que es práctica corriente, en lo que respecta a determinadas categorías de bienes, que los vendedores o los productores ofrezcan a los consumidores garantías sobre sus productos contra cualquier defecto que se manifieste en un plazo determinado; que esta práctica puede contribuir a un incremento de la competencia en el mercado; que, no obstante, estas garantías pueden ser un simple instrumento publicitario y resultar engañosas para el consumidor; que para asegurar la transparencia del mercado es conveniente establecer algunos principios comunes aplicables a las garantías ofrecidas por los operadores económicos; Considerando que los derechos concedidos a los consumidores no deben poder eludirse mediante acuerdos entre las partes, so pena de vaciar de contenido la protección legal; que el consumidor deberá poder siempre invocar derechos resultantes de la presente Directiva o de cualquier otra disposición nacional vigente, aun cuando acepte la aplicación de la garantía; que la protección del consumidor resultante de la presente Directiva no podrá reducirse alegando que el Derecho de un tercer país es aplicable al contrato; Considerando que la legislación y la jurisprudencia en este ámbito demuestran, en los distintos Estados miembros, una preocupación creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de protección; que a la luz de esta evolución y de la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva, podrá ser necesario prever una mayor armonización, en particular estableciendo una responsabilidad directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable; 18 Considerando que los Estados miembros han de tener la facultad de adoptar o mantener, en el ámbito de la presente Directiva, disposiciones más estrictas con objeto de garantizar un nivel de protección más elevado de los consumidores; HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Ámbito de aplicación v definiciones 1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la venta y a las garantías de bienes de consumo, con objeto de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior. 2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) Consumidor: toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva, que actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional. b) Bien de consumo: cualquier bien destinado normalmente a un uso o consumo final, con exclusión de los inmuebles. c) Vendedor: la persona física o jurídica que venda bienes de consumo en el marco de su actividad profesional. g) Garantía: todo compromiso adicional, con respecto al régimen legal de la venta de los bienes de consumo, asumido por un vendedor o productor, de reembolsar el precio pagado por un bien, de cambiarlo, de repararlo o de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que éste no fuera conforme al contrato. Artículo 2 Conformidad con el contrato 1. Los bienes de consumo deberán ser conformes al contrato de compraventa. 2. Los bienes se considerarán conformes al contrato si, en el momento de ser entregados al consumidor: a) se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor como muestra o modelo; b) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo; c) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor y que éste, haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no se atuvo a las explicaciones del vendedor; 19 d) su calidad y sus prestaciones son satisfactorias, habida cuenta de la naturaleza del bien y del precio pagado y de las declaraciones públicas sobre el mismo hechas por el vendedor, el productor o su representante. 3. La falta de conformidad que resulte de una mala instalación del bien se considerará como falta de conformidad del bien con el contrato, cuando la instalación haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad. Artículo 3 QMgacjpftës dd vendedor 1. El vendedor responderá ante el consumidor de toda falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien al consumidor y que se manifieste durante un periodo de dos años a partir de ese momento, salvo cuando, en el momento de la celebración del contrato de compraventa, el consumidor conociere o no pudiere ignorar la falta de conformidad. 2. El vendedor no será responsable de la falta de conformidad que resulte de declaraciones públicas realizadas por el productor o por su representante si: - el vendedor desconocía o no estaba razonablemente en condiciones de conocer dicha declaración; - el vendedor demuestra que corrigió dicha declaración en el momento de la venta al consumidor; - el vendedor demuestra que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar. 3. Hasta que se demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en un periodo de seis meses a partir del momento de la entrega ya existían en esa fecha, salvo cuando esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o el carácter de la falta de conformidad. 4. Cuando se ponga en conocimiento del vendedor la falta de conformidad, con arreglo al artículo 4, el consumidor podrá pedir a éste la reparación gratuita del bien en un plazo razonable, o la sustitución de dicho bien, siempre que sea posible, o una reducción adecuada del precio, o bien la rescisión del contrato. El ejercicio del derecho a la rescisión o a la sustitución estará limitado a un año. Los Estados miembros podrán prever que, en caso de faltas de conformidad leves, se limite la gama de derechos mencionados en el párrafo primero. 5. Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por una falta de conformidad resultante de un acto u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podrá siempre recurrir contra la persona responsable, en las condiciones establecidas en los Derechos nacionales. 20 Artículo 4 Obligaciones del consumidor 1. Para poder beneficiarse de los derechos contemplados en el apartado 4 del artículo 3, el consumidor deberá denunciar al vendedor cualquier falta de conformidad en el plazo de un mes a partir del momento en que el consumidor comprobó dicha falta o hubiera normalmente debido comprobarla. 2. La denuncia formulada de conformidad con el apartado 1 interrumpirá la prescripción de los derechos previstos en el apartado 4 del artículo 3. Artículo 5 Garantías 1. Cualquier garantía ofrecida por un vendedor o un productor obligará jurídicamente a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la publicidad correspondiente y deberá situar al beneficiario en una posición más ventajosa que la que resulte del régimen relativo a la venta de bienes de consumo establecido en las disposiciones nacionales aplicables. 2. La garantía deberá figurar en un documento escrito que deberá poder consultarse libremente antes de la compra y deberá indicar con claridad los elementos básicos para su aplicación, en particular la duración y el alcance territorial de la garantía, así como el nombre y la dirección del garante. Artículo 6 Carácter imperativo de las disposiciones 1. Las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de la denuncia de la falta de conformidad, que excluyan o limiten los derechos que resultan de la presente Directiva no vincularán al consumidor. 2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, sea cual fuere la ley aplicable al contrato, y siempre que éste presente un estrecho vínculo con el territorio de los Estados miembros, el consumidor no se vea privado de la protección resultante de la presente Directiva. Artículo 7 Derecho national y proteccüón mínima 1. Los derechos que resultan de la presente Directiva se ejercerán sin perjuicio de otros derechos que pueda invocar el consumidor en virtud de otras normas nacionales relativas al derecho de la responsabilidad contractual o extracontractual. 2. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas -compatibles con el Tratado- para garantizar al consumidor un nivel de protección más elevado. 21 Artículo 8 Transposición 1. Los Estados miembros adoptarán reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar dos años después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. las disposiciones legales, Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comumcarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 9 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 10 PestmatariQs Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, Por el Parlamento Europeo, Por el Consejo El Presidente El Presidente 22 EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de bienes de consumo 1. a. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué son necesarias medidas legislativas comunitarias y cuáles son sus principales objetivos? Los principales objetivos de la propuesta son: - mejorar el funcionamiento del mercado único; - reforzar la confianza de los consumidores en el mercado único y permitirles que se beneficien plenamente de la abolición de las fronteras y contribuyan activamente a una mejor integración de la economía europea; - garantizar a los consumidores europeos una base mínima de derechos que puedan proporcionarles un nivel elevado de protección en los casos de compra de bienes de consumo independientemente del territorio del Estado miembro en el que se efectúen éstas; Estos objetivos no pueden cumplirse de manera suficiente por los Estados miembros y por tanto, dadas las dimensiones y los efectos de la acción prevista, puedan alcanzarse mejor a escala comunitaria mediante una Directiva dirigida a aproximar las legislaciones nacionales existentes y a crear una base mínima de derechos para los consumidores en el conjunto de la Unión. b. ¿Presenta la propuesta ventajas suplementarias o inconvenientes? La propuesta presenta ventajas suplementarias en lo que se refiere a sus principales objetivos. Estas ventajas corresponden a la mejora global de la calidad de los productos presentes en el mercado europeo, al incremento de la competitividad de la economía europea y a la ampliación de la duración de los productos, con las consiguientes repercusiones beneficiosas sobre el medio ambiente (debido a la menor sobreexplotación de los recursos naturales y la disminución de los residuos) y sobre el empleo (debido a la mayor utilización de los servicios de reparación y control, que son por definición grandes consumidores de mano de obra). Además, la propuesta contribuye a simplificar el actual marco legislativo en materia de bienes de consumo y garantías comerciales, facilitando así la actividad de las empresas. 23 c. ¿Se han tenido en cuenta otras soluciones (por ejemplo códigos de conducta, autorregulación del sector)? ¿Con qué resultados? El objetivo principal de la Directiva —la aproximación de las legislaciones nacionales relativas a la garantía legal— es incompatible con soluciones basadas en códigos de conducta. Además, el sector de que se trata es demasiado heterogéneo para que pueda considerarse viable la aplicación de códigos de conducta de ámbito europeo. Las consultas llevadas a cabo en el marco del Libro Verde así lo han demostrado. Aunque la Comisión solicitó en el Libro Verde a los agentes económicos que presentaran cualquier propuesta de autorregulación conveniente e incluso ha publicado, como ejemplo, un código de conducta sobre las garantías comerciales adaptado por el comercio minorista británico, no ha recibido hasta el momento ninguna propuesta o iniciativa concreta. No obstante, la propuesta de Directiva deja un enorme margen a la posible autorregulación. Por otra parte, las disposiciones sobre las garantías comerciales se limitan a enunciar determinados principios básicos que ganarían mucho si se concretasen y desarrollasen en el marco de la autorregulación. La Comisión no dejará de apoyar firmemente cualquier iniciativa al respecto. 2. a. ¿A quién afectará la propuesta? ¿A qué sector de actividad? ¿Cuál es la dimensión de las empresas y del empleo total en el sector? La propuesta afectará al sector de la venta de bienes de consumo. La dimensión de las empresas es, evidentemente, muy variada: coexisten grandes empresas con pequeñas y medianas empresas. b. ¿Presenta este sector características específicas, por ejemplo una posición dominante de un pequeño número de grandes empresas? No. c. ¿Cuál será su repercusión para las empresas muy pequeñas, la artesanía y las profesiones independientes? En relación con las empresas muy pequeñas del ámbito de la venta minorista, la propuesta garantiza la posibilidad de recurrir contra los proveedores en la cadena de distribución. d. ¿Están estos centros de actividad concentrados en zonas geográficas específicas de la Comunidad? No. 24 3. a. ¿Qué obligaciones impone la propuesta a las empresas? ¿Cuáles serán los costes de adecuación? Los costes de adecuación son mínimos. En la medida en que la propuesta aumente, en relación con el ordenamiento jurídico de determinados Estados miembros, los plazos de la garantía legal y facilite al consumidor el recurso contra los agentes económicos responsables en caso de fallo de los productos, cabe esperar un cierto aumento limitado de los costes derivados de la responsabilidad para los productos defectuosos. Estos costes son, sin embargo, muy limitados y pueden evaluarse previamente sobre la base de la tasa de fiabilidad del producto. Cabe recordar que la propuesta de Directiva sólo prevé la responsabilidad para el bien defectuoso (reparaciones, recuperación, etc. ), excluyendo cualquier otro daño que éste cause directa o indirectamente al consumidor. Para evitar el hipotético aumento de los costes, los agentes económicos tendrán posiblemente que mejorar o adaptar sistemas de control de calidad a fin de localizar y corregir internas de ineficacia, contribuyendo de esta forma sustancialmente a la reducción progresiva de los costes. Según los especialistas, la reducción de los costes que puede conseguirse con una gestión adecuada de la calidad puede superar el 10 % de la facturación. Además, al aclarar el régimen aplicable a la responsabilidad, la propuesta puede contribuir a la disminución de los litigios y de los costes correspondientes. las fuentes La aproximación de las legislaciones nacionales sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo constituye asimismo una simplificación del marco jurídico en vigor a nivel europeo y en este sentido puede contribuir, en general, a la disminución de los costes de los agentes económicos vinculados a la comprensión y aplicación de las diferentes leyes nacionales. b. ¿Hay otros procedimientos administrativos que deban seguirse u otros documentos que deban cumplimentarse? No. c. ¿Se exigen licencias o autorizaciones de comercialización? No. d. ¿ Se deducirán gastos? No. 4. a. ¿Cuáles son los efectos económicos previsibles de la propuesta (costes, ventajas, etc. )? ¿Cuáles serán los efectos sobre el empleo? Puesto que la propuesta de Directiva se centra en la reparación de bienes y puede favorecer la producción de bienes más duraderos, aumentará el interés por los servicios de reparación y de control, que son por definición grandes consumidores de mano de obra. 25 b. ¿Cuáles serán los efectos sobre la inversión y sobre la creación o la puesta en marcha de nuevas empresas? Por la razón mencionada en el apartado anterior, la propuesta puede incentivar la creación de nuevas empresas centradas en la prestación de servicios vinculados a la reparación y el mantenimiento de bienes. c. ¿Cuales serán los efectos sobre la competitividad de las empresas, tanto en el mercado comunitario como en el de terceros países? La propuesta tiene un efecto beneficioso sobre la competitividad de las empresas. En primer lugar, contribuirá a aumentar significativamente la confianza de los consumidores en el mercado único y les impulsará a sacar de ello el mayor provecho posible. La intensificación de las compras transfronterizas contribuirá a romper los obstáculos a los intercambios y la compartimentación artificial de los mercados. Aumentará la competencia, aumentando así la competitividad de las empresas. En segundo lugar, la propuesta fomentará la mejora de las relaciones de colaboración entre agentes económicos situados en diferentes niveles con relación a la comercialización de los bienes, a fin de garantizar la satisfacción final de los consumidores. En tercer lugar, la propuesta puede impulsar a los agentes económicos, sobre todo los productores de bienes de consumo, a aplicar sistemas adecuados de gestión de calidad, con la correspondiente mejora de la competitividad de las empresas. En cuarto lugar, la propuesta estimulará a los agentes económicos a un mayor rigor en las declaraciones relativas a los bienes y a evitar el empleo de afirmaciones dudosas o incluso engañosas. La transparencia del mercado se verá reforzada y los consumidores podrán comparar más fácilmente los productos, reforzándose así la competencia. Por último la Directiva permitirá a los consumidores tener una idea clara de sus derechos en caso de adquisición de productos defectuosos y facilitará acceso a esos derechos. Dada su obligación de notificar en un corto plazo cualquier defecto descubierto (con la consiguiente pérdida de derechos en otro caso), podrán actuar como el eslabón final de la cadena de "control de calidad", y aportar a los agentes económicos la retroinformación necesaria para localizar y corregir las fuentes de ineficacia. d. ¿Cuáles serán los efectos sobre los órganos competentes para la aplicación de las disposiciones? La propuesta no supondrá costes especiales para las autoridades nacionales. e. ¿Habrá otros efectos indirectos? No. 26 í. ¿Cuáles serán Sos costes y las ventajas de la propuesta?. Costes: En determinados casos, sobre todo en las empresas con menos capacidades técnicas que operan en el territorio de Estados miembros cuyo régimen en materia de garantía legal es actualmente menos protector que el previsto en la propuesta de Directiva, puede producirse un ligero aumento de los costes derivados de la responsabilidad por los bienes defectuosos. Ventajas: - Impulso al refuerzo de las políticas de calidad, que pueden conducir a una reducción de los costes. Refuerzo de la competitividad. - Mejora de la transparencia del mercado. Refiíerzo de la competencia. - Aumento de la confianza de los consumidores en el mercado único. Crecimiento de las compras transfronterizas. Refuerzo de la integración económica. Refuerzo de la competencia y de la competitividad. - Efectos positivos sobre el empleo y el medio ambiente. Balance: Las ventajas son superiores a los costes. 5. a. Repercusión sobre las PYME. ¿Contiene la propuesta medidas que tengan en cuenta su repercusión específica sobre las PYME? Si no es así, ¿por qué? ¿Son apropiadas exigencias menos estrictas o diferentes? La propuesta no contiene medidas específicas para las PYME. No obstante, dado que uno de los puntos débiles de las PYME consiste en su dificultad para superar la complejidad del entorno legislativo, la propuesta puede influir positivamente en ellas, al simplificar ese entorno. La mayor claridad del régimen en materia de responsabilidad puede contribuir asimismo a la disminución de los litigios entre las PYME y los consumidores, ya que éstos estarán en condiciones de evaluar el alcance real de sus derechos y tendrán menos alicientes para presentar reclamaciones sin fundamento legal. Además, el fomento de la creación de empresas de reparación y mantenimiento de los productos beneficiará, ante todo, a las PYME. En este sentido, es probable que, con mayor frecuencia, el vendedor e incluso los productores prefieran subcontratar los servicios postventa a empresas independientes especializadas. b. ¿Se prevén umbrales más elevados, excluyendo las PYME, sin comprometer la eficacia de las medidas? No. 27 6. a. Consulta. Indíquese en qué fase se iniciaron las consultas y la fecha en la que se publicó la notificación del proyecto de aplicación de las medidas reglamentarias. Los servicios de la Comisión organizaron durante los meses de enero y febrero de 1993 dos audiencias, una con los Estados miembros y la otra con los agentes económicos implicados. En el mes de abril del mismo año se realizó en el C. C. D. (Comité del Comercio y Distribución) una presentación de los trabajos pendientes seguida de un debate. Estas consultas se completaron con contactos bilaterales con todos los agentes sociales que manifestaron interés por el tema. En el segundo Plan de acción trienal relativo a la política de los consumidores (1993-1995), "Poner el mercado único al servicio de los consumidores europeos" (COM(93)378 de 28 de julio de 1993), la Comisión anunció oficialmente la próxima publicación de un Libro Verde sobre el tema. El 15 de noviembre de 1993, la Comisión publicó el Libro Verde sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicios postventa (COM(93)509). En él se hace un profundo análisis del régimen aplicable, directa o indirectamente, en cada Estado miembro y a escala comunitaria, a las garantías y los servicios postventa, y se examinan las prácticas comerciales referentes a la garantía ofrecida por los agentes económicos. Asimismo, se hace la síntesis de los principales problemas que se plantean a los consumidores y a los agentes económicos en el marco del mercado único y se desarrolla una serie de propuestas concretas de actuación comunitaria encaminadas a la resolución de dichos problemas. Estas propuestas se centran en la posible armonización de la garantía legal, proponiéndose al respecto un régimen específico. Se fijó un plazo de consulta hasta el día 30 de abril de 1994. Mediante comunicación publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 338 de 15 de diciembre de 1993, la Comisión invitó a todas las personas interesadas, especialmente a los agentes sociales implicados, a que les facilitasen toda la información y los datos de carácter económico, social y/o jurídico que considerasen pertinentes, le propusieran cualquier acción que consideraran adecuada para mejorar el funcionamiento de las garantías y servicios postventa en el marco del mercado único y, más específicamente, expresasen sus puntos de vista sobre las soluciones presentadas en el Libro Verde. La Comisión anunció también que cualquier persona que hubiera presentado una oferta escrita podría ser invitada, en su caso, a una audiencia. Por otra parte, se organizaron varias conferencias sobre el tema. Los servicios de la Comisión participaron en una jornada de estudio organizada por la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, y en una conferencia de 2 días en Buxton, organizada por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, que reunió al mundo universitario con representantes del mundo del consumo y agentes económicos interesados. La audiencia de las personas que respondieron al libro verde tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Participaron en ella unas cincuenta personas en representación de los principales grupos de interés. 28 El primer Foro europeo del consumo, que se desarrolló en Bruselas el 4 de octubre de 1994, tuvo como uno de los principales temas de debate el Libro Verde. En él intervinieron a 350 personas procedentes de 19 países y en representación de diferentes medios profesionales (productores, distribuidores, representantes de las organizaciones de consumidores y del mundo judicial, universitarios expertos en Derecho de consumo, miembros de las instituciones comunitarias, etc. ) b. Lista de organismos que, previa consulta sobre la propuesta, han dado a conocer su opinión general de manera detallada, incluso comunicando las inquietudes u objeciones suscitadas por la propuesta final. ¿Por qué no es posible - o deseable - acceder a sus solicitudes? El número de respuestas formales al Libro Verde fue de 77, repartidas así: 5 respuestas de "Instituciones" (Parlamento Europeo. - Comisión de Asuntos Jurídicos del P. E. , Comité Económico y Social, Consejo consultivo de los consumidores y Comité del Comercio y Distribución). 36 respuestas de organizaciones profesionales. 13 respuestas de asociaciones de consumidores. 12 respuestas de Estados o instituciones estatales. 1 respuesta de un grupo universitario (E. C. L. G. - European Consumer Lawers Group). 2 respuestas de empresas a título individual. 8 respuestas de personas a título individual (profesores de Derecho o juristas de empresa). c. Estados miembros Solamente cuatro Estados miembros respondieron oficialmente mediante carta enviada a través de la Representación Permanente. Además algunos ministerios u Órganos paraestatales de otros cuatro Estados miembros respondieron directamente a la Comisión. Los Estados de la AELC (tres de los cuales se han convertido entre tanto en miembros de la Unión) se pusieron de acuerdo para la presentación de una posición común, a excepción de Suecia, que prefirió presentar una contribución autónoma. Los Estados miembros respondieron en general de forma bastante positiva y alentadora. Algunos recomiendan claramente la adopción de medidas comunitarias en el sentido de una armonización de la garantía legal y la adopción de un marco jurídico comunitario relativo a las garantías comerciales (ésta es también la posición de los países de la AELC). Otros se muestran más reservados, aun cuando se declaran dispuestos a apoyar iniciativas en al menos uno de estos ámbitos (garantía legal y garantía comercial). 29 d. Parlamento Europeo Las dos comisiones del PE que trabajaron sobre el tema (Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor; Comisión de Asuntos Jurídicos: competente para opinión) presentaron informes muy positivos. El Parlamento Europeo adoptó su resolución el 6 de mayo de 1994. Esta resolución es de carácter bastante detallado: solicita a la Comisión la elaboración hasta finales de 1994 de una propuesta de Directiva encaminada a la realización de una armonización mínima de la garantía legal y al establecimiento de un marco jurídico para las garantías comerciales. Invita asimismo a la Comisión a que trate más en profundidad la cuestión de los servicios postventa, no abordados en el Libro Verde. e. Comité Económico y Social El dictamen del CES fue votado en sesión plenaria el 1 de junio de 1994. El informe es globalmente muy positivo, aunque de carácter muy general y poco detallado. El CES se muestra favorable a una armonización progresiva en materia de garantía legal; asimismo se pronuncia a favor de una reglamentación marco y de un código europeo del consumidor en materia de garantía comercial y recomienda, para los servicios postventa, instauración de códigos de conducta con preferencia a una reglamentación. la f. Asociaciones de consumidores Estas entidades conceden un apoyo claro y firme a las iniciativas comunitarias. En las audiencias y en el Foro, pusieron mucha energía y vigor en la defensa de sus puntos de vista. Algunas de las propuestas de la Comisión contenidas en el Libro Verde fueron criticadas por estimar que debe irse más lejos en la protección de los consumidores. En general, las asociaciones de consumidores señalan su preferencia por una acción prioritaria de la Comunidad encaminada a una armonización de la garantía legal, destacando su deseo de una acción lo más amplia posible también en lo que se refiere a las garantías comerciales y a los servicios postventa. g. Organizaciones profesionales La posición de las organizaciones profesionales puede resumirse en tres casos: - Organizaciones profesionales que rechazan cualquier iniciativa comunitaria. - Organizaciones profesionales que apoyan una armonización mínima de la garantía legal y admiten que sería deseable mejorar la situación de las garantías comerciales mediante códigos de conducta. - Organizaciones profesionales que rechazan, en principio, la armonización de la garantía legal, pero admiten la posibilidad de una acción comunitaria referente a las garantías comerciales, por lo menos a través de códigos de conducta. Las principales organizaciones profesionales contrarias a las iniciativas comunitarias se basaron en la inexistencia de problemas sensibles y en lo innecesario de una acción comunitaria. Por lo demás, expresaron pocas criticas concretas sobre los aspectos específicos de las propuestas, e incluso manifestaron en algunos aspectos un acuerdo general sobre el fondo (p. ej. , en relación con el régimen propuesto en el Libro Verde para el marco jurídico de las garantías comerciales). 30 Por lo demás, el mundo profesional se mostró muy dividido ante las propuestas de h Comisión. Es interesante constatar que las grandes organizaciones horizontales representativas a nivel europeo tomaron a menudo posiciones en principio bastante contrarias a una armonización de la garantía legal (UNICE, Eurocomercio, Comité del Comercio y Distribución, Orgalime), mientras que las organizaciones nacionales, a menudo miembros de dichas federaciones europeas, tomaron posiciones más matizadas o incluso de claro apoyo, así lo hicieron la CNPF. (Confédération National des Patronat Français), la Cámara de Comercio y la Industria de Paris, la C. G. P. M. E. (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises - Francia), el British Retail Consortium y la AMADEA (Association of Manufacturers of Electrical Appliances - Reino Unido). Se manifestó asimismo una tendencia favorable a la armonización de la garantía legal en las tomas de posición de las organizaciones profesionales, nacionales o europeas, de carácter más sectorial, tales como la Fédération d l'Horlogerie (Francia), la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles), la Britsh Photographie Importers Association, del Software Publishers Association Europe o la FESDA ( Federation of European Direct Selling Association). En general, las organizaciones profesionales se mostraron mucho más dispuestas a aceptar una armonización de la garantía legal que una intervención comunitaria de fondo en materia de garantías comerciales y servicios postventa. h. Consideración de los comentarios y sugerencias realizados Las sugerencias y observaciones de los participantes interlocutores en el proceso de consulta han sido ampliamente tomadas en cuenta al elaborar la propuesta de Directiva. Pueden citarse como ejemplos la definición del ámbito de aplicación de la Directiva, el concepto de falta de conformidad, la propia circunstancia de que la Directiva se centre en la garantía legal, el abandono de la idea de creación de una etiqueta "Eurogarantía", etc. i. ¿Han sido formalmente consultadas las organizaciones profesionales de las PYME? Si no es así, ¿cuates han sido las razones? Se consultó a las organizaciones profesionales de las PYME en el marco general del Libro Verde. En este sentido, antes y después de la adopción de este último, la Comisión debatieron propuestas con representantes de representantes de las PYME en diversas reuniones organizadas por la propia Comisión o por las organizaciones. los servicios de 7. Seguimiento y nuevo examen. Indíquense cuáles serán las modalidades de seguimiento y nuevo examen de la propuesta en lo que respecta sus efectos y a los costes derivados de su aplicación. Una vez adoptada la propuesta, ¿podrá ser fácilmente modificada? No se ha previsto ningún sistema formal de seguimiento y nuevo examen. Sin embargo, la Comisión llevará a cabo los estudios y encuestas necesarios para evaluar la correcta aplicación de la Directiva, una vez que haya sido adoptada. En ausencia de un procedimiento de comitología, cualquier modificación de la Directiva se realizará por la vía legislativa normal. 31 ISSN 0257-9545 COM(95) 520 final DOCUMENTOS ES 10 N* de catálogo : CB-CO-95-632-ES-C ISBN 92-77-96650-5 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo il