title: COMUNICACION DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA A LOS ACUERDOS SOBRE MEDIO AMBIENTE

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EU environmental policy
European industrial area
directive (EU)
environmental law
negotiation of an agreement (EU)

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 27. 11. 1996 COM(96)561 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA A LOS ACUERDOS SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICE Resumen I. Introducción II. Contenido y objetivos de la Comunicación m. Consideraciones generales relativas a los acuerdos sobre medio ambiente en tanto que instrumento de actuación IV. Orientaciones generales para el uso de los acuerdos sobre medio ambiente V. Acuerdos sobre medio ambiente por los que se aplican determinadas disposiciones de directivas comunitarias VI. Acuerdos sobre medio ambiente a nivel comunitario VII. Conclusiones Anexo: Estudio sobre las experiencias nacionales Resumen Tras más de veinte años de legislación comunitaria sobre medio ambiente se halla establecido actualmente el marco reglamentario básico. La aplicación adecuada del acervo comunitario existente es uno de los principales campos de actuación medioambiental destinada a lograr un desarrollo sostenible. Complementar las medidas reglamentarias con otros instrumentos de política medioambiental es asimismo uno de los objetivos principales expuestos en el Quinto Programa de Medio Ambiente. El fomento de acuerdos con la industria forma parte de la labor de ampliación de la gama de instrumentos de política medioambiental. Por consiguiente, la presente iniciativa se ajusta a la estrategia señalada en el Quinto Programa de Medio Ambiente, como lo ha confirmado recientemente la Comisión en su propuesta de revisión de dicho programa. Los acuerdos con la industria constituyen un instrumento versátil que puede emplearse a nivel regional, nacional, comunitario o internacional. Hasta el momento, han sido, fundamentalmente, acuerdos no vinculantes y voluntarios, pero, recientemente, algunos Estados miembros han optado por darles un carácter más formal y vinculante. Los acuerdos sobre medio ambiente pueden hacer que se apliquen medidas eficaces anticipándose a la legislación y, por tanto, que se reduzca el volumen de iniciativas reglamentarias y administrativas. Por esa razón, la presente iniciativa está relacionada con la labor que realiza la Comisión para simplificar la legislación comunitaria y mejorar su calidad. Los acuerdos pueden utilizarse como complemento de la legislación y pueden ser una herramienta adecuada de aplicación. Los acuerdos de carácter vinculante son un instrumento eficaz y apropiado de conseguir los objetivos generales establecidos en las directivas comunitarias, especialmente la aplicación de los programas de reducción. A nivel comunitario, mediante dichos acuerdos la Comisión ocuparse de cuestiones medioambientales sin necesidad de recurrir a los instrumentos reglamentarios tradicionales. Los acuerdos sobre medio ambiente tienen tres ventajas principales. En primer lugar, pueden fomentar una actitud positiva por parte de la industria y aportar soluciones rentables y ad hoc y permiten que se consigan los objetivos correspondientes de manera más rápida y suave. A fin de impulsar su utilización, la presente Comunicación proporciona unas orientaciones generales para garantizar su transparencia, aspecto que es fundamental para que dichos acuerdos sean eficaces. Así pues, en la presente Comunicación se propone que se consulte previamente a las partes interesadas, que los acuerdos tengan carácter vinculante, que los objetivos se cuantifiquen y se gradúen por etapas, que se efectúe un seguimiento de los resultados y que se publiquen tanto el acuerdo como los resultados obtenidos. Con esos criterios se evitará la fijación de objetivos imprecisos, la falta de transparencia y un posible falseamiento de la competencia producido por las empresas que no participen en los acuerdos y se beneficien de los mismos ("aprovechados"). Se envía a los Estados miembros una recomendación con el fin de dar un marco claro de utilización de los acuerdos sobre medio ambiente como herramienta de aplicación de las directivas comunitarias. I. Introducción 1. Con el propósito de que la política de medio ambiente resulte más eficaz, la Comisión ha venido abogando porque se amplíe el abanico de instrumentos utilizados desde la redacción del Quinto Programa de Medio Ambiente en 19921. Justifica esta nueva orientación estratégica el hecho de que, tras más de veinte años de actuación comunitaria en el campo del medio ambiente, se ha conseguido implantar ya un marco reglamentario básico. Sin embargo, las medidas legislativas no bastan por sí solas para desencadenar las drásticas transformaciones de las prácticas y tendencias actuales que resultan necesarias para que el desarrollo sea sostenible. Por ello, el Quinto Programa de Medio Ambiente, sugiere una nueva línea de actuación en cooperación con la industria: "Mientras que las medidas anteriores en materia de medio ambiente solían ser prescriptivas, haciendo hincapié en lo que no se debía hacer, la nueva estrategia se inclina más hacia una filosofía de colaboración. Este hecho se debe a que la industria y el mundo de los negocios están tomando conciencia de que la industria no solo es una parte importante del problema (medioambiental), sino que también debe ser parte de la solución. Esta nueva filosofía implica, en particular, una intensificación del diálogo con la industria y el fomento, cuando las circunstancias resulten favorables, de acuerdos voluntarios y otras formas de autorregulación". 2. El Consejo ha reconocido explícitamente la necesidad de ampliar el abanico de instrumentos utilizados y de conseguir la participación de todas las instancias de la sociedad en un espíritu de responsabilidad compartida2. Sin embargo, esta ampliación ha resultado más difícil de lo que se preveía. Por ello, cuando la Comisión revisó el Quinto Programa, señaló que esta cuestión debía ser una de las cinco prioridades clave3, A tal efecto, debería prestarse especial atención a las tasas relacionadas con el medio ambiente, el fomento de la reforma fiscal, el concepto de responsabilidad en materia de medio ambiente y los acuerdos voluntarios. Los servicios de la Comisión preparan actualmente un proyecto de Comunicación sobre gravámenes relacionados con el medio ambiente en los Estados miembros, cuyo objetivo es facilitar su introducción por parte de ios Estados miembros aclarando las posibilidades y obligaciones que se derivan de la aplicación de esas medidas. La Comisión pretende también fomentar un debate público sobre una mejor aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental mediante una Comunicación al Parlamento y al Consejo. 3. Al recurrir en mayor medida a instrumentos basados en el mercado y mejor adaptados al funcionamiento del mismo, se contribuye a dar las indicaciones adecuadas a los agentes económicos y, por ende, a la desregulación y la reducción de las interferencias COM(92) 23 de 3:4. 1992, punto 31. Resolución 93/C/ 138/0 del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, 1. 2. 1993, DO n° C 138 de 17. 5. 1993, p. l. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la revisión del Programa comunitario en política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible", DO n° C 140 de 11. 5. 96, p. 5 burocráticas"'. Los acuerdos con la industria, sobre todo si se celebran a escala comunitaria pueden hacer innecesaria la actuación reguladora al conseguir que la industria adopte unas medidas eficaces adelantándose a la legislación. Pueden asimismo constituir un medio de alcanzar, de manera rentable, los objetivos reguladores establecidos por las directivas comunitarias y, por último, pueden contribuir a que no sea preciso descender a un gran nivel de detalle en la legislación. Deberá determinarse la conveniencia de celebrar acuerdos según las circunstancias de cada caso. Aun cuando en casi todos los Estados Miembros se han utilizado los acuerdos con la industria, existen grandes diferencias en lo que se refiere a la amplitud con que esto ha sucedido y a la forma que han revestido los acuerdos. II. Contenidos y objetivos de la Comunicación 4. La presente Comunicación se centra en el uso de acuerdos sobre medio ambiente como instrumento de aplicación de la política de medio ambiente en la Comunidad. A los efectos de la presente Comunicación, se entenderá por acuerdo sobre medio ambiente el acuerdo celebrado entre la industria y la administración pública con el fin de lograr objetivos de medio ambiente. Dichos acuerdos sobre medio ambiente pueden ser vinculantes desde un punto de vista jurídico, con obligaciones para las Partes en el acuerdo. Esos acuerdos pueden asimismo revestir la forma de compromisos unilaterales de la industria reconocidos por la administración pública. Tomando en consideración la situación actual en los Estados miembros, la presente Comunicación - da orientaciones sobre el uso eficaz de acuerdos de medio ambiente - expone las condiciones de uso de dichos acuerdos para aplicar determinadas disposiciones de directivas comunitarias - determina el modo en que los acuerdos sobre medio ambiente pueden utilizarse a nivel comunitario. 5. La finalidad global de la presente Comunicación es fomentar y facilitar el uso de acuerdos sobre medio ambiente que sean efectivos y aceptables. Es evidente que esta iniciativa debe considerarse un elemento de una política más amplia sobre compromisos voluntarios cuyos principios, razones y objetivos se enumeran en el Quinto Programa de Medio Ambiente. Los acuerdos sobre medio ambiente formarán parte de un abanico de instrumentos que contribuirá al desarrollo sostenible (véase el capítulo III). Además, es preciso poner especial cuidado en la elaboración de los acuerdos para que resulten eficaces desde el punto de vista de medio ambiente al tiempo que rentables, es decir, para que tengan éxito. A tal efecto, es necesario sentar criterios que garanticen la transparencia, credibilidad y fiabilidad de los acuerdos. Los elementos clave a tal respecto Comunicación de la Comisión sobre "Crecimiento económico y medio ambiente", COM(94) 465 de 3. 11. 1994. son la fijación de objetivos cuantificados, la división en fases con objetivos intermedios, la publicación del acuerdo y el seguimiento y comunicación de los resultados. En la presente Comunicación se establece un marco de criterios relativos a las cuestiones más importantes vinculadas a la eficacia y credibilidad (véase el capítulo IV). El cumplimiento de esos criterios servirá para evitar que haya una serie de formas y sistemas distintos que puedan entorpecer un funcionamiento fluido del mercado interior. El tercer objetivo de la Comunicación es aclarar cuestiones concretas relativas a los acuerdos sobre medio ambiente en lo que se refiere a la aplicación de determinadas disposiciones de directivas comunitarias (véase el capítulo V) y a la utilización de estos acuerdos a nivel europeo (véase el capítulo VI). 6. La legislación seguirá siendo el fundamento imprescindible de la política comunitaria de medio ambiente, pero es necesario complementarla con instrumentos basados en el mercado y compromisos voluntarios. En este contexto, los acuerdos sobre medio ambiente constituyen una herramienta más de aplicación que de desregulación. La Comisión pretende simplificar y mejorar la calidad de la legislación comunitaria. Un paso en esa dirección lo representa el informe del Grupo de expertos independientes sobre la simplificación legislativa y administrativa5. La Comisión ha presentado sus ideas sobre la simplificación en su Informe al Consejo Europeo de Madrid de 1995 sobre la mejora del proceso legislativo6 y en su informe provisional al Consejo Europeo de Florencia de Junio de 1996 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad7. III. Consideraciones generales relativas a los acuerdos sobre medio ambiente en tanto que instrumento de actuaclén Beneficios y problemas críticos 7. El creciente interés por los acuerdos sobre política ambiental y el uso de los mismos se basa en el reconocimiento de que para que el desarrollo resulte sostenible es preciso que los sectores industriales afectados pasen de la reacción a la acción. A continuación se describen esquemáticamente los beneficios potenciales de las medidas voluntarias. Fomentar una actuación anticipadora de la industria,. Cuando se adopta la vía legislativa, lo habitual es que la industria solo tome parte en una fase tardía, la de las consultas más o menos oficiales. Es probable que esto la incline a una respuesta defensiva más que a una actitud abierta y anticipadora. El diálogo y las negociaciones sobre lo que conviene hacer y la manera de hacerlo para mejorar determinados objetivos contribuirá a superar esta actitud defensiva. Además, los procesos de negociación como tales, con independencia del acuerdo alcanzado, pueden propiciar el entendimiento sobre los problemas de medio ambiente y las responsabilidades mutuas. Este entendimiento constituye por si mismo una ventaja que facilita la elaboración de una COM (95)228 y SEC (95) 2121 final. CSE (95) 580. CSE (96) 2 final. política de medio ambiente sensata y que, por lo tanto, no conviene menospreciar. Esto significa también que los acuerdos deben considerarse una continuación de las relaciones entre la administración y la industria, más que el mero resultado de las mismas. la rentabilidad,. 8. Una importante ventaja de los acuerdos sobre medio ambiente es que deja a la industria, a nivel de empresa o de sector, un margen para decidir cuál es la mejor manera de alcanzar los objetivos de medio ambiente superior al que le deja la legislación, que prescribe o implica, por ejemplo, el uso de determinada tecnología. Esto permite a la industria encontrar soluciones rentables adaptadas a sus situaciones concretas teniendo en cuenta, por ejemplo, las inversiones previas. Cuando las empresas participan en acuerdos sobre medio ambiente, las administraciones pueden expedir autorizaciones menos detalladas y basadas en objetivos, quedando la empresa en libertad para encontrar la manera más eficaz de alcanzar dichos objetivos. Además, es posible que la empresa no tenga que solicitar una licencia nueva cada vez que modifique el proceso. La flexibilidad fomenta también las soluciones creativas y la innovación tecnológica, lo cual no solo puede reducir los costes exigidos por el cumplimiento en la legislación, sino también generar beneficios derivados indirectamente de las ventajas competitivas asociadas a las soluciones innovadoras. Cuando la industria se compromete, aumentan las posibilidades de que se cumpla un acuerdo debidamente publicado y vigilado. Aun cuando la responsabilidad siga correspondiendo a la administración, ésta dispone de mejores datos y conoce mejor los problemas que pueden plantearse, lo que puede reducir los gastos necesarios para hacer aplicar la ley. y una consecución más rápida de los objetivos,. 9. Ni la legislación ni los acuerdos se implantan de la noche a la mañana. Sin embargo, sobre todo en aquellas situaciones en que los objetivos afectan a un número limitado de empresas, la celebración de acuerdos puede resultar considerablemente más rápida que la adopción de medidas legislativas, por lo cual las obligaciones medioambientales impuestas a la industria pueden estar vigentes en un plazo relativamente corto. Cuando se trata de fijar objetivos a nivel comunitario, la intervención de los legisladores a nivel comunitario y nacional exige un tiempo considerable. Por ejemplo, el plazo que media entre la propuesta de una directiva de medio ambiente y su adopción supera claramente, en promedio, los dos años, y se requieren normalmente otros dos años para que los Estados Miembros la incorporen a su Derecho interno. Una vez incorporada una Directiva, proceso que en no pocos casos se demora, falta todavía que se aplique. Por esta razón, los acuerdos pueden constituir una forma de actuación mucho más rápida, y por consiguiente más efectiva, aun en el caso de que en su negociación y celebración se inviertan más de un par de meses. pero prestando la debida atención a determinados riesgos. 10. Sin embargo, no todos los acuerdos celebrados hasta el momento han sido satisfactorios. Existen determinadas cuestiones que parecen cruciales para que los acuerdos sobre medio ambiente puedan considerarse un instrumento de actuación creíble. En primer lugar, es condición previa para negociar tales acuerdos que las administraciones inequívoca a alcanzar unos objetivos se comprometan y determinen de forma medioambientales bien definidos. Unas negociaciones sin plazo establecido o un debate sobre compromisos genéricos no puede desembocar en una actuación determinante, y a menudo la opinión pública las considera un modo de aplazar la adopción de medidas efectivas. Sin duda, es útil fijar objetivos generales por medios legislativos, lo que da ocasión a todos los interesados, sobre todo la industria y las personas interesadas, de participar en la fijación de objetivos mediante los procedimientos constitucionales o jurídicos establecidos. Esa participación no sólo contribuirá a una mayor adecuación de los objetivos sino que también garantizará que los objetivos no se hagan menos rigurosos durante las negociaciones. Desde un punto de vista más general, la transparencia y la información al público sobre los objetivos es la mejor garantía para impedir que los acuerdos sean una mera fachada que no correspondan a las expectativas de los ciudadanos. 11. Un segundo problema crucial es la posibilidad de hacer cumplir un acuerdo. Si no existen los correspondientes mecanismos y sanciones, su incumplimiento resultará una opción atractiva. Pero lo cierto es que los acuerdos vinculantes tienen fuerza ejecutoria y pueden incluir sanciones tales como multas u otras penalizaciones. En realidad los Estados Miembros, tras algunas experiencias decepcionantes, han pasado recientemente a favorecer una mayor oficialización. Los compromisos unilaterales que respondan a las orientaciones de la presente Comunicación incorporarán varios mecanismos suplementarios pensados para disuadir de su incumplimiento, desde la presión de la opinión pública a la perspectiva de introducir rápidamente medidas reguladoras. Los acuerdos establecidos y gestionados de forma transparente pueden ofrecer a la población la oportunidad de comprobar la aplicación de las medidas y ejercer una presión efectiva. Estas posibilidades compensan el hecho de que los particulares no siempre pueden hacer cumplir por vía administrativa o judicial los acuerdos sobre medio ambiente. 12. Por último, como los acuerdos sobre medio ambiente sólo obligan ar los que se comprometen, pueden ofrecer ventajas unilaterales a quienes no participan en ellos, ya que estos "free-riders" se ahorran los gastos que tienen sus competidores: el trabajo de los "buenos" beneficia fundamentalmente a los "malos". Sin embargo, las partes firmantes del acuerdo, que saben perfectamente en el momento de negociar quién podría beneficiarse permaneciendo al margen, pueden evaluar por regla general el riesgo de que esto suceda. En algunos casos, la mera amenaza de adoptar medidas reglamentarias puede desanima a los "free-riders". La experiencia de los Estados Miembros demuestra que los beneficios potenciales de esta ausencia no disuaden a la industria de celebrar acuerdos. No obstante, conviene señalar que el riesgo de que haya "free-riders" es mayor cuanto más elevados son los costes marginales de protección del medio ambiente que implica un acuerdo. Por tanto, será más adecuado adoptar medidas reglamentarias cuando los beneficios para los "free-riders" puedan ser tan elevados que corra peligro el cumplimiento del acuerdo o se falsee la competencia. La utilización de una combinación de instrumentos que ofrezca determinadas ventajas a quienes participen en un acuerdo puede asimismo tomarse en consideración a fin de incentivar la participación en el acuerdo y desanimar a los "free-riders". Justificación y características de los acuerdos sobre medio ambiente 13. Existen diversos instrumentos de actuación alternativos, que caben en alguno de los apartados siguientes: 'reglamentarios', 'basados en el mercado' (p. ej. , impuestos o permisos de emisión comercializables), 'de apoyo económico', (subvenciones relacionadas con el medio ambiente) y 'potenciadores del mercado' (tales como la oferta de información o formación). Cada uno de estos instrumentos tiene propiedades diferentes en cuanto a eficacia medioambiental, rendimiento económico y viabilidad de aplicación, propiedades que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un instrumento de actuación para hacer frente de manera rentable a un problema de medio ambiente. 'voluntarios', 14. La adecuación de los acuerdos sobre medio ambiente en tanto que instrumentos de la política de medio ambiente depende en gran medida de su estructura y del contexto en que se utilicen. Es probable que la máxima rentabilidad de este instrumento se obtenga cuando se utiliza en combinación con otros de tipo, por ejemplo, regulador o económico. Los acuerdos pueden servir, por ejemplo, de complemento a la legislación, o pueden utilizarse como complemento transitorio de un impuesto ecológico, con vistas a reducir los costes que supone para la economía la transición a unos modos de producción más limpios (p. ej. , perdida de puestos de trabajo en sectores muy contaminantes en donde la competencia internacional es fuerte sin creación de puestos nuevos equivalentes en los sectores más limpios). En un sector en que un impuesto generaría unos elevados costes macroeconómicos de transición dada la alta contaminación y la fuerte competencia internacional, podría eximirse del pago del mismo a las partes que aceptaran firmar un acuerdo, siempre que se cumplieran las normas comunitarias de competencia y mercado interior. 15. Otra posible aplicación de los acuerdos estriba en la consecución de objetivos generales a largo plazo, que pueden conseguirse más adecuadamente estableciendo una gestión integrada del medio ambiente y unos programas de producción en uno o más sectores de la industria. En estos casos, hay espacio suficiente para soluciones creativas y rentables que difícilmente podrían ser fruto de una legislación general y abstracta. Estos objetivos pueden guardar relación, por ejemplo, con: - objetivos de emisión (p. ej. , C02, S02, NOx, compuestos orgánicos volátiles) - objetivos de calidad del medio ambiente, p. ej. en cuanto al ruido o la calidad del agua o del aire - objetivos de reducción, recuperación o reciclado de residuos - reducción o eliminación de determinadas sustancias o materiales - rendimiento energético - recogida de datos (para confeccionar inventarios de emisiones, etc. ) 16. Existen determinadas condiciones que obviamente deben estar presentes para que un acuerdo pueda tener éxito. Estas condiciones contribuyen a determinar las circunstancias, la forma general y las características de tales acuerdos. En primer lugar, es probable que las negociaciones fructifiquen si el número de partes implicadas es limitado, ya que disminuye el esfuerzo negociador necesario para ponerse de acuerdo sobre el reparto del coste de protección del medio ambiente. En segundo lugar, tiene que existir una cobertura suficiente del sector de que se trate en los acuerdos, porque solo de esta manera es posible establecer unos objetivos globales ambiciosos. Esta es otra de las razones por las que los acuerdos resultan particularmente adecuados cuando unos pocos agentes pueden controlar la mayor parte de las cuestiones contempladas en el acuerdo. Si existe una asociación que puede negociar en representación de un gran número de empresas un acuerdo que estas firmarán también, el número de agentes importa menos. En este caso, sin embargo, es preciso tener también en cuenta las inquietudes de las empresas pequeñas y medianas que no son miembros de la asociación empresarial o comercial. En tercer lugar, es necesario que las administraciones públicas definan claramente su postura en lo que se refiere a los objetivos, para así garantizar que el acuerdo suponga un valor añadido con respecto a la continuación normal de las actividades al amparo de los instrumentos de actuación ya existentes. Esto implicará a menudo una evaluación previa de las posibilidades técnicas de reducción y de los costes asociados, y una previsión de las medidas adoptadas sin intervención ("línea de partida"). En cuarto lugar, el que la población sea consciente de los problemas que hay que resolver estimula a ambas partes a actuar y sirve de acicate para el cumplimiento del acuerdo. Por último, debe tenerse en cuenta el comportamiento de los consumidores. Como los acuerdos sobre medio ambiente no permiten influir directamente en el comportamiento de los consumidores, debe evitarse especificar los compromisos de forma que su cumplimiento dependa en gran medida de la evolución de la demanda. Al mismo tiempo, las administraciones públicas pueden instar, de manera no discriminatoria, a los consumidores a elegir basándose en consideraciones medioambientales. IV. Orientaciones generales para el uso de los acuerdos sobre medio ambiente 17. Los requisitos que figuran a continuación deben considerarse orientaciones aplicables a la hora de elaborar, celebrar y ejecutar un acuerdo a nivel nacional o local en aplicación de una directiva comunitaria o con independencia de la legislación comunitaria. Su objetivo es promover la eficacia, la credibilidad y la transparencia. Sin embargo, es preciso que las orientaciones no sean excesivamente detalladas y rígidas, sino que dejen un margen de maniobra para adaptarlas a las circunstancias concretas y que su flexibilidad permita aprovechar las posibilidades de este instrumento de actuación. Consultas 18. Antes de celebrar un acuerdo sobre medio ambiente, debe darse a todos los círculos interesados la oportunidad de formular observaciones sobre el proyecto. Por ello, además 10 adecuadamente a todas las asociaciones empresariales o empresas afectadas, organizaciones ecologistas y administraciones locales u otras administraciones públicas afectadas, y sus observaciones deben ser tenidas en cuenta en la negociación final y en la aplicación del acuerdo. " vj u ^ u v i u w, WUilV iWi£U i l i i O i l i l CU Uso de contratos 19. Aunque todavía limitado el número de acuerdos celebrados en forma de contrato, la experiencia de los Estados miembros que más han utilizado los acuerdos como instrumento de actuación sugiere que su estatuto jurídico constituye un elemento importante para su éxito. Los contratos son un instrumento jurídico bien conocido y generalmente aceptado, son vinculantes para ambas partes y proporcionan un marco inequívoco que puede incluir sanciones en caso de incumplimiento y cuya ejecución puede exigirse en los tribunales. En general, los acuerdos de carácter vinculante ofrecen mayores garantías de que se vayan a conseguir objetivos medioambientales. Esa forma de acuerdo es la más adecuada para aplicar determinadas disposiciones de directivas comunitarias mediante acuerdos sobre medio ambiente (véase el capítulo V). Lo habitual será que las obligaciones contractuales sustantivas correspondan a la industria, ya que el objetivo de los acuerdos es orientar el comportamiento de la industria en lo que se refiere al medio ambiente. Sin embargo, determinados cometidos importantes pueden corresponder a las administraciones públicas. Por ejemplo, a menudo convendrá que se ocupen de establecer una base de datos estadísticos, facilitar el intercambio de información, coordinar la investigación o la elaboración de informes o prever una consulta previa en caso de dudas con respecto al cumplimiento del acuerdo. Con frecuencia queda sobreentendido que no se propondrán medidas legislativas si el acuerdo funciona satisfactoriamente y en tanto persista esta situación. De hecho, si la industria está segura de los objetivos que deben alcanzarse y las medidas que deben adoptarse, estará más dispuesta a cumplir objetivos más ambiciosos de protección del medio ambiente. A fin de que darle esa seguridad, podría dejarse constancia explícita de que no se adoptarán disposiciones administrativas en el ámbito objeto de un acuerdo válido (p. ej. , el decreto flamenco relativo a los acuerdos sobre medio ambiente), siempre que las constituciones nacionales lo permitan. Sin embargo, en la mayor parte de los casos no será necesario un compromiso oficial de este tipo, dado que la administración pública que firme un acuerdo sobre medio ambiente se contradiría a sí misma si adoptase medidas reguladoras siendo que el acuerdo resulta eficaz. Objetivos cuantificados 20. La ausencia de objetivos cuantificados es, en cierta medida, uno de los puntos débiles de algunos acuerdos del pasado y causa de su mala reputación, pues hace sospechar que se utilizaron para evitar o demorar una actuación eficaz. Es preciso cuantificar los objetivos y no limitarse a cláusulas del tipo "todo lo posible", es decir, hay que expresarlos en cifras absolutas (por ejemplo, un límite máximo de emisiones) o relativas (por ejemplo, el porcentaje en que se reducirán las emisiones existentes en un momento dado). La ventaja que tienen las cifras absolutas es que se sabe con certeza la contribución del sector al 11 objetivo medioambiental global, mientras que, si se fijan objetivos relativos, se evita el riesgo de que factores exteriores, como, por ejemplo, el comportamiento de los consumidores, produzcan un aumento de los costes de protección del medio ambiente. Hay que procurar que la cuantificación sea inequívoca. Por ejemplo, cuando se describa el porcentaje de reducción que se pretende alcanzar, no sólo hay que indicar el año que se toma como base, sino también cómo calcular el valor de referencia para el objetivo. Especificación de etapas 21. Es necesario establecer objetivos intermedios. Para ello, hay que definir un calendario y cuantificar los objetivos en función del mismo. Gracias a estos objetivos intermedios todas las partes pueden darse perfecta cuenta de si el acuerdo funciona o no y, por consiguiente, es posible decidir enseguida cómo hacer frente a las dificultades que surjan. Además, permite a las partes demostrar que el acuerdo es eficaz y que se eligió el instrumento adecuado. Estos objetivos intermedios, que también pueden tener carácter indicativo, no generarán obligaciones adicionales, limitándose a describir las diferentes etapas necesarias para alcanzar a tiempo el objetivo global. Sin embargo, hay que plantearse si conviene especificar en qué etapas y en qué circunstancias adoptarán las administraciones medidas legislativas que complementen o sustituyan al acuerdo. Seguimiento de los resultados 22. Es preciso efectuar un seguimiento, que debe definirse en el acuerdo, de los resultados obtenidos. Es importante contar con unos datos suficientemente completos, comparables y objetivos, es decir, la organización del seguimiento debe proporcionar unas garantías suficientes de fiabilidad y precisión. En muchos casos, existen ya mecanismos de seguimiento adecuados, basados en las directivas comunitarias o en las disposiciones nacionales. Además, el reglamento sobre un régimen voluntario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) puede servir de mecanismo para que las empresas vigilen su propio comportamiento en materia de medio ambiente. La Agencia Europea de Medio Ambiente podría participar en la evaluación y comprobación de los resultados conseguidos a nivel comunitario. Información pública y transparencia 23. Otros de los motivos por los que algunos acuerdos han fracasado en el pasado es el desconocimiento de su contenido y sus compromisos. El eslógan "no confíe en nosotros, vigílenos" quiere ser una respuesta a esta inquietud. La primera medida para conseguir la transparencia es publicar el acuerdo en el diario oficial o en un documento igualmente accesible a la población. Las administraciones públicas, incluida la Comisión, podrían también estudiar la posibilidad de establecer un registro de acuerdos para que los Reglamento (CEE) n° 1836/93 del Consejo por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, DO n° L 168 de 10. 7. 1993, p. l. 12 interesados pudieran conocer su importancia global. En este contexto, puede ser útil recurrir a la tecnología de la información para proporcionar a los interesados, y en particular a los consumidores, una información completa sobre el contenido y la aplicación de los acuerdos. Es preciso, además, que los participantes informen periódicamente a la autoridad competente acerca de los resultados, para que pueda darse la publicidad adecuada tanto al acuerdo como a los esfuerzos realizados y a los resultados conseguidos. Los informes deben corresponder a los objetivos intermedios establecidos e incluir por lo menos una descripción de las medidas ya adoptadas y que van a adoptarse a continuación, los resultados conseguidos hasta el momento y una explicación que no sea de carácter técnico sobre la forma en que se han conseguido. Dado que la transparencia resulta fundamental para garantizar ante terceros el cumplimiento de las obligaciones no reglamentarias, las partes firmantes del acuerdo podrían comprometerse a poner la información pertinente a disposición de quienes la soliciten. La forma más fácil de garantizar este acceso a la información es que el acuerdo prevea que las empresas aplicarán los artículos correspondientes de la Directiva 90/313/CEE o las disposiciones nacionales que incorporen dicha Directiva, como si se tratara de administraciones públicas. Estas obligaciones no deben considerarse cargas suplementarias, ya que pueden conferir a las empresas firmantes de un acuerdo una reputación "verde" que tiene su importancia de cara a empleados y clientes. Comprobación independiente de los resultados 24. En algunos casos, podría resultar de interés establecer un comité u órgano independiente encargado de recoger, evaluar o comprobar los resultados. Es algo que tiene particular importancia cuando existen diferentes métodos de medida o cuando conviene evitar la divulgación de secretos de empresa. A tal efecto, el acuerdo definirá un mecanismo y un procedimiento de evaluación de los resultados. Esto dependerá en gran medida de las circunstancias de cada caso, y en particular de las normas y métodos existentes, que deben utilizarse para facilitar la comprobación y evitar gastos innecesarios. Garantías suplementarias 25. Como garantía suplementaria de su cumplimiento, las partes de un acuerdo vinculante pueden acordar sanciones de tipo disuasor como, por ejemplo, multas y penalizaciones en caso de incumplimiento. Los compromisos unilaterales pueden traducirse en obligaciones exigibles cuando se vinculan a procedimientos de concesión de licencias, por ejemplo en relación con procesos industriales. Las licencias nuevas o renovadas pueden incluir entre sus condiciones los elementos pertinentes del compromiso. Directiva 90/313/CEE del Consejo sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, Do n° L 58 de 23. 6. 1990, p. 56; Artículos 3 y 5. 13 Otro estímulo importante para el cumplimiento del acuerdo lo constituye la determinación de las administraciones públicas de introducir medidas reguladoras o un impuesto si no se consiguen sus objetivos. Disposiciones generales 26. Son varias las cuestiones de índole general de que deben ocuparse los acuerdos sobre medio ambiente. Debe indicarse expresamente quiénes son las partes de un acuerdo sobre medio ambiente. Cuando participan asociaciones empresariales, hay que indicar si actúan por cuenta propia o en representación de sus miembros. Es necesario especificar el objeto del acuerdo. Esto contribuirá a comprender mejor sus consecuencias y a resolver los problemas de interpretación que pudieran plantearse con posterioridad. Deben traducirse los objetivos en obligaciones para cada una de las partes. Tiene que quedar claro quien hará qué para conseguir los objetivos. Por ejemplo, cuando participen en el acuerdo asociaciones empresariales es necesario distinguir, claramente entre sus obligaciones (p. ej. recogida de datos) y las obligaciones de sus miembros. Cuando se trate de acuerdos sectoriales, es recomendable indicar en términos más generales la aportación de cada empresa. En el caso de los compromisos unilaterales, que se utilizan actualmente en varios Estados miembros, la administración, al reconocer dichos compromisos, puede comprometerse a su vez a realizar determinadas actividades, como fomentar la investigación o participar en el seguimiento o la verificación de los resultados. El acuerdo tiene que definir los términos más importantes, en particular los términos técnicos, teniendo en cuenta las definiciones que constan en la legislación pertinente. Como los acuerdos sobre medio ambiente son de interés público y forman parte de la política de medio ambiente, conviene que los terceros, incluidos los que no sean miembros de una asociación empresarial o comercial, tengan derecho a adherirse. Por consiguiente, deberán determinarse las condiciones y el procedimiento de adhesión. Cuando se hayan establecido objetivos concretos (rendimiento medioambiental unitario), la adhesión no afectará a las obligaciones de las partes. Sin embargo, si los objetivos se refieren a todo el sector, puede resultar necesario llegar a un acuerdo sobre un nuevo reparto de los compromisos. Debe indicarse asimismo la duración del acuerdo sobre medio ambiente. Los acuerdos deben concluir una vez alcanzados todos los objetivos. Si no se ha conseguido en el plazo estipulado, podrá preverse en el acuerdo, por ejemplo, una prórroga o la posibilidad de que la parte que haya respetado sus obligaciones ponga fin unilateralmente al mismo. Tiene que resultar posible modificar el acuerdo sobre medio ambiente para que sea posible tener en cuenta los nuevos descubrimientos, la adaptación al progreso técnico o la 14 modificación de las condiciones del mercado (p. ej. , la preferencia de los consumidores por los productos ecológicos). Debe permitirse que cualquiera de las partes denuncie unilateralmente un acuerdo vinculante en caso de incumplimiento. Se podría estudiar la posibilidad de que la industria pudiera retirar su compromiso si, en contra de lo que se pensaba cuando se firmó el acuerdo, se introdujeran medidas suplementarias o impuestos directamente relacionados con el objeto del acuerdo. En el caso de un acuerdo en forma de contrato, deben considerarse dos aspectos adicionales. Dado que las administraciones públicas son parte del acuerdo, y según cual sea el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, es necesario definir si se trata de un contrato amparado en el derecho civil o en el público. La naturaleza jurídica del contrato decide, por ejemplo, cuál es el derecho contractual aplicable, el régimen de responsabilidades y la jurisdicción competente. Sin embargo, no afecta al contenido general del acuerdo ni a su carácter vinculante. Por lo tanto, la naturaleza jurídica del contrato, que también puede depender de la tradición de cada Estado miembro, pueden definirla el ordenamiento jurídico nacional o las propias partes contratantes. Por otra parte, debe designarse la jurisdicción competente o, cuando proceda, un tribunal de arbitraje encargado de resolver los litigios. Además, el acuerdo puede establecer un arbitraje previo entre las propias partes antes de que se recurra al tribunal competente. Conformidad con el Tratado CE Huelga decir que los acuerdos sobre medio ambiente tienen que ajustarse no sólo a las disposiciones aplicables del Derecho de cada país sino también al Tratado CE y a la legislación derivada del mismo. Con el fin de describir el marco establecido por el Tratado, se recuerdan brevemente a continuación las disposiciones de interés para los acuerdos sobre medio ambiente. 27. Los acuerdos sobre medio ambiente no deben crear obstáculos que se opongan al normal funcionamiento del mercado interior. Por ejemplo, los que se refieren a productos sólo pueden imponer restricciones a la libre circulación de mercancías si éstas estuvieran justificadas por motivos de protección de la salud humana o del medio ambiente y si no constituyeran una forma de discriminación arbitraria o una restricción solapada del comercio entre los Estados miembros. Dados sus efectos potenciales sobre el mercado interior, las especificaciones técnicas de productos, que se refieran, por ejemplo, a su calidad o empaquetado, deben someterse por anticipado al examen de la Comisión. Desde julio de 1995, este procedimiento es también aplicable a los proyectos de acuerdo en los que sea parte contratante una administración pública10. Por consiguiente, los Estados miembros deben comunicar dichos proyectos de 10 Directiva 83/189/CEE del Consejo por las que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentos técnicos (DO n° L 109 de 26. 4. 1983), modificada por la Directiva 88/182/CEE del Consejo (DO n° L 81 de 26. 3. 1988) y por la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO n° L 100 de 10. 4. 1994, p. 30). 15 acuerdo a la Comisión, la cual, a su vez, debe notificarlos a los demás Estados miembros. Tanto la Comisión como los demás Estados miembros pueden realizar observaciones o emitir un dictamen motivado en caso de que consideren que el proyecto de acuerdo de que se trate puede obstaculizar la libre circulación de mercancías en el mercado interior. 28. La libertad de cooperación de las empresas está limitada por la exigencia de mantener una competencia efectiva. En la práctica, está limitada por la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado. El apartado 1 del artículo 85 establece que serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Sin embargo, el apartado 3 de dicho artículo 85 admite que estas disposiciones no se apliquen a las restricciones que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante. No obstante, es necesario que tales restricciones sean indispensables para alcanzar tales objetivos y que no ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. Cuando analiza un caso con arreglo al apartado 3 del artículo 85, la Comisión, en aplicación del principio de proporcionalidad, sopesa las restricciones de la competencia resultantes del acuerdo frente a los objetivos medioambientales que se pretende alcanzar con él. En la práctica, esto implica, por una parte, determinar si las restiieciones son indispensables para conseguir los objetivos medioambientales y, por otra, cerciorarse de que los consumidores se benefician adecuadamente del acuerdo. En particular, puede considerarse que la protección del medio ambiente es un elemento que contribuye a mejorar la producción o distribución de los productos y a fomentar el progreso económico y técnico. Para beneficiarse de una excepción con arreglo al apartado 3 del artículo 85, las partes deben notificar el acuerdo a la Dirección General de Competencia de la Comisión \ La Comisión es la única competente para aplicar el artículo 3 del artículo 85. Por lo tanto, si se acude a un tribunal nacional, éste no podría efectuar un análisis sobre la base de dicho apartado del artículo 85. Por último, si la legislación nacional delega competencias en una esfera económica a los operadores privados y esto se traduce en una restricción apreciable de la competencia, se produciría una doble infracción de las normas del Tratado (los Estados miembros infringirían la letra g) del artículo 3 y el artículo 5 y las empresas infringirían los artículos 85 u 86 del Tratado CE). El artículo 86 prohibe la explotación abusiva de una posición dominante. íi Artículo 4 del Reglamento 17/62/CEE por el que se aplican los artículos 85 y 86 del Tratado, DOn° 13 de 21. 2. 1962, p. 204. 16 29. Cuando se estipule en un acuerdo que las administraciones públicas efectuarán aportaciones tales como exenciones de impuestos o una financieras o concederán beneficios redistribución de los ingresos procedentes de gravámenes, será preciso garantizar el cumplimiento del artículo 92 del Tratado. Con el objeto de cubrir un abanico más amplio de medidas financieras, la Comisión ha publicado nuevas orientaciones sobre las ayudas estatales destinadas a proteger el medio ambiente, indicando en qué casos están prohibidas dichas ayudas y en qué casos pueden concederse exenciones12. Cumplimiento de las normas de la OMC 30. Resulta asimismo esencial que los acuerdos cumplan las normas de la Organización Mundial de Comercio relativas a la libre circulación de mercancías y a los obstáculos técnicos que se oponen al comercio. Y es necesario respetar, lo que todavía es más importante, el principio del trato nacional del artículo III del GATT, que exige que las mercancías importadas reciban el mismo trato que las producidas en el país. Por ello, si un acuerdo tiene repercusiones sobre el comercio internacional, conviene cerciorarse de que los productores extranjeros puedan participar en condiciones no menos favorables que la industria nacional. Además, las especificaciones técnicas de los productos, sean "reglamentos técnicos" obligatorios o meras "normas" no obligatorias, deben ajustarse a las normas que regulan las consultas y la no discriminación en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. Podrían también resultar aplicables las disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, cuya finalidad es combatir, entre otras cosas, las subvenciones que favorezcan el uso de productos nacionales o apoyen las exportaciones. V. Acuerdos sobre medio ambiente por los que se aplican determinadas disposiciones de directivas comunitarias 31. El Tratado CE no especifica el modo en que deben aplicarse las directivas, que son vinculantes en lo que respecta a los resultados que deben obtenerse y dejan a las administracionales nacionales la decisión de la forma y los medios para conseguirlos. Únicamente el acuerdo sobre política social hace referencia expresa a un modo de aplicar las directivas aprobadas en ese campo, a saber, los acuerdos entre los empresarios y los trabajadores. Dicho acuerdo dispone asimismo que los Estados miembros deben estar en todo momento en condiciones de garantizar los resultados establecidos en las directivas correspondientes. El carácter vinculante de las directivas supone que los Estados miembros deben garantizar la incorporación de las directivas a su Derecho interno y la aplicación de las mismas de manera completa y dentro de los plazos fijados. Con ese fin, es fundamental que la 12 13 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, DO n° C 72 de 10. 3. 1994, p. 3. Acuerdo sobre la política social, DO n° C 224 de 31. 8. 1992, p. 127, artículo 2. 17 legislación nacional establezca un marco jurídico claro y ofrezca, por tanto, seguridad jurídica. Esto no exige necesariamente una incorporación oficial y literal de las directivas a una legislación específica preparada al efecto; puede bastar un contexto jurídico general en función del contenido de la directiva. En realidad, las directivas dejan "a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios". Sin embargo, cuando se trata de directivas por las que se pretende crear derechos y obligaciones para los individuos, por ejemplo estableciendo unos valores límite de aplicación general con objeto de proteger la salud de las personas, los actos por los que se incorporen tienen que ser vinculantes y ser publicados adecuadamente. Sólo de esta manera podrán los afectados conocer el alcance pleno de sus derechos y ampararse en ellos, cuando proceda, ante los tribunales nacionales14. Además, el hecho de que una práctica se ajuste a la protección proporcionada por una Directiva no justifica el incumplimiento de esa Directiva en el ordenamiento jurídico nacional15. Por tanto, los Estados miembros están obligados a adoptar medidas vinculantes y no pueden limitarse únicamente al reconocimiento de compromisos unilaterales de la industria. En el caso de determinadas disposiciones de directivas comunitarias, los acuerdos vinculantes pueden ser un medio suficiente de aplicación. Por ejemplo, la Directiva 85/339/CEE relativa a los envases para alimentos líquidos obliga a los Estados miembros a establecer programas de reducción del peso y el volumen de dichos envases16. industriales celebraron acuerdos con Las autoridades correspondientes a fin de establecer dichos programas de reducción. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que dichos acuerdos contenían compromisos para las autoridades francesas, por lo que, en principio, podían considerarse programas a los efectos de dicha Directiva1. francesas sectores los 32. Por consiguiente, cuando las directivas pretender crear derechos y obligaciones para los individuos, por regla general no es posible aplicar las correspondientes disposiciones mediante acuerdos, ya que los Estados miembros no podrían garantizar que dichas disposiciones se aplican a todo el mundo ("aprovechados", empresas que se incorporan al mercado)18. Por otra parte, cuando las directivas prevén el establecimiento de programas generales o la consecución de objetivos generales, la plena consecución de los objetivos fijados no precisa necesariamente medidas reglamentarias. De hecho, un buen número de directivas sobre medio ambiente disponen que los Estados miembros, entre otras cosas, deben establecer programas de reducción y lograr objetivos generales. A este respecto, los acuerdos 14 15 16 17 18 Jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por primera vez en el caso C 29/84, RJCE 1985, p. 1661. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-339/87, RJCE 1990, p. 851. Directiva 85/339/CEE del Consejo relativa a los envases para alimentos líquidos (DOL 176 de 6. 7. 1985, p. 18), derogada por la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365 de 31. 12. 1994, p. 10). Sentencia de 5. 10. 1994, asunto C-225/93, RJCE 1994, p. 4949. Sin embargo, el Tribunal dictaminó asimismo que los acuerdos no cumplían la Directiva en cuanto al fondo, ya que no incluían objetivos cuantificados ni calendario de realización de los programas. Sólo cuando pueden declararse de aplicación general los acuerdos (DK), parece aceptable la incorporación mediante un acuerdo de aplicación general. 18 vinculantes son un medio adecuado y suficiente de aplicación, ya que contienen compromisos de la administración pública, por lo que pueden constituir la medida adecuada de aplicación adoptada por los Estados miembros para cumplir las obligaciones correspondientes establecidas en las directivas comunitarias. 33. En determinados casos, el legislador comunitario puede dar a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre acuerdos sobre medio ambiente o legislación nacional como medio de lograr los objetivos. Por ejemplo, si una directiva prevé el establecimiento de valores límite para conseguir una reducción definida de las emisiones de determinadas sustancias, podría permitirse a los Estados miembros que consiguieran dichos objetivos mediante acuerdos en lugar de mediante valores límite. Esta posibilidad resulta especialmente adecuada si se trata de acuerdos establecidos por un Estado miembro antes de la adopción de la directiva, No obstante, el legislador comunitario debe limitar esa posibilidad a casos concretos y supeditarla al cumplimiento de condiciones declaradas y comprobables a fin de que haya seguridad jurídica y se cumplan de manera eficaz las directivas comunitarias en la Comunidad, 34. Sin embargo, el requisito de la seguridad jurídica suele implicar que, cuando se utilizan, los acuerdos sobre medio ambiente se combinan con la incorporación formal de una directiva al Derecho nacional. La legislación de incorporación podría eximir a las partes en un acuerdo del cumplimiento de las disposiciones pertinentes, siempre que cumplieran lo dispuesto en el acuerdo. Ese "repliegue" legislativo es un buen medio de evitar que se beneficien los "aprovechados" y constituye una garantía de cumplimiento de la legislación comunitaria. Además, dado que la aplicación de todas las disposiciones de una directiva requiere legislación nacional, la legislación "de repliegue" puede aprobarse fácilmente junto con la incorporación de la directiva al Derecho nacional. 35. A fin de aclarar la medida en que pueden utilizarse acuerdos sobre medio ambiente en relación con una directiva determinada, las disposiciones pertinentes en sus propuestas de directiva. Esa referencia específica a la posible utilización de acuerdos ofrece seguridad jurídica respecto a la forma y los medios de aplicación y permite a las instituciones comunitarias examinar a fondo la conveniencia de los acuerdos sobre medio ambiente de que se trate, sobre todo en lo que se refiere al funcionamiento del mercado interior. la Comisión señalará expresamente 36. En caso de que un Estado miembro utilice un acuerdo sobre medio ambiente, dicho Estado debe garantizar que el acuerdo quede establecido dentro del plazo fijado en la directiva correspondiente. Por tanto, las negociaciones de un acuerdo sobre medio ambiente deben finalizar antes de expire el plazo de incorporación, de manera que pueda aprobarse la legislación correspondiente a tiempo en caso de que fracasen dichas negociaciones. Por otra parte, los Estados miembros deben garantizar que se cumplan realmente ios acuerdos sobre medio ambiente de que se trate a fin de lograr los objetivos establecidos en la directiva correspondiente. Un modo eficaz de garantizar el cumplimiento podría consistir, por ejemplo, en supeditar cada permiso al cumplimiento del acuerdo. 19 En caso de que resulte claro que un acuerdo no se celebrará a tiempo, que no se puede garantizar el cumplimiento de un acuerdo o que se corre el riesgo de que no se cumpla una directiva a causa de "aprovechados", es indispensable adoptar medidas legislativas. Aun cuando es cierto que en estos casos (excepcionales) puede haber dilaciones en la introducción y aplicación de medidas vinculantes, los conocimientos adquiridos durante la negociación del acuerdo permitirán elaborar propuestas legislativas en breve plazo y el contexto político será más favorable para llegar a un consenso suficiente con respecto a estas medidas. Sin embargo, en ese caso está en juego la responsabilidad jurídica de los Estados miembros, ya que no cumplen a tiempo la legislación comunitaria. 37. Al igual que ocurre con todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas para dar cumplimiento a una directiva, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión los acuerdos sobre medio ambiente celebrados a tal efecto y a facilitar cualquier otra información pertinente para evaluar los acuerdos como medio de incorporación de una directiva al Derecho interno, lo que permitirá a la Comisión examinar a fondo el acuerdo y cumplir con su misión de custodia del Tratado y favorecerá la transparencia de las medidas de aplicación en toda la Comunidad. 38. Por último, conviene dejar constancia de que, cuando lo permite el legislador comunitario, la aplicación de una directiva mediante acuerdos sobre medio ambiente es una opción y no una obligación. Corresponde a cada Estado miembro decidir si procede o no entablar negociaciones para llegar a un acuerdo sobre medio ambiente. Esta decisión se corresponde con la responsabilidad de los Estados miembros de conseguir los resultados que la directiva prescribe. 39. Las orientaciones del capítulo IV son válidas asimismo para los acuerdos sobre medio ambiente por los que se apliquen directivas comunitarias, siempre que, a los efectos de aplicar las directivas correspondientes, dichos acuerdos tengan carácter vinculante. A fin de dar a los Estados miembros un marco claro y definido para la utilización de acuerdos sobre medio ambiente, la Comisión combina la presente Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo con una Recomendación dirigida a los Estados miembros. En dicha Recomendación se exponen las orientaciones señaladas en los capítulos anteriores. Según la experiencia que se adquiera en la utilización de los acuerdos sobre medio ambiente, la Comisión, en caso necesario, revisará la Recomendación. VI. Acuerdos sobre medio ambiente a nivel comunitario 40. A nivel europeo sólo se han celebrado hasta la fecha un número limitado de acuerdos, no vinculantes que han adoptado la forma de compromisos unilaterales fomentados o reconocidos por la Comisión. Tras una resolución del Consejo, la Comisión dirigió varias recomendaciones a distintos sectores de la industria con vistas a la reducción de los clorofluorocarburos y los halones19. La Comisión, con arreglo al artículo 155 del Tratado 19 Resolución 88/C/285/01 del Consejo (DO n° C 285 de 9. 11. 1988) y recomendaciones de la Comisión sobre la industria de aerosoles, la industria de espumas de plástico y la industria de la refrigeración (Recomendaciones 89/349/CEE, 90/437/CEE y 90/438/CEE, DO n° L 144 de 27. 5. 1989, p. 56, DO n° L 227 de 21. 8. 1990 p. 26 y p. 30). 20 CE, publicó también una recomendación sobre el etiquetado de los detergentes y productos de limpieza. 41. Sin embargo, no se han celebrado acuerdos vinculantes de ios que la Comunidad Europea forme parte. Aunque la Comunidad, representada por la Comisión, firma regularmente contratos con arreglo a la legislación de los Estados miembros, dichos contratos no son, en sentido estricto, medidas de aplicación de políticas. Los instrumentos de aplicación de políticas que figuran expresamente en el Tratado son los reglamentos, las directivas y las decisiones. Por consiguiente, por el momento la Comisión debe recurrir a acuerdos no vinculantes para fomentar una respuesta activa de la industria y una actuación eficaz de protección del medio ambiente. Dichos "acuerdos" pueden adoptar la forma ya utilizada en el pasado (compromiso de la industria reconocido por la Comisión) o cualquier otra forma de compromiso no vinculante (p. ej. canje de notas, cartas de intenciones, declaraciones firmadas en presencia de un miembro de la Comisión. o acuerdos no vinculantes). La Comisión determinará en cada caso si se pueden utilizar compromisos de la industria como medida medioambiental eficaz. 42. Deben considerarse los cuatro aspectos clave siguientes: condiciones favorables a un acuerdo sobre medio ambiente a nivel comunitario, posibles ámbitos de aplicación, marco institucional y requisitos aplicables a su diseño y su contenido. Ante todo, es fundamental que el número de partes firmantes sea fácil de controlar y que las partes puedan negociar a través de asociaciones empresariales. Únicamente en esas circunstancias podrán los agentes económicos negociar de manera eficaz y con bajos costes de transacción. Además, unas asociaciones empresariales fuertes podrán contribuir al reparto de la carga entre las empresas participantes, tarea que es probable que sea más difícil realizar a nivel comunitario que a nivel nacional y, lo que es más importante, podrá evaluarse con rapidez el riesgo potencial de que haya "aprovechados" y, por tanto, la conveniencia del instrumento. 43. Por otra parte, la adecuación de los acuerdos al nivel comunitario depende de la capacidad para ocuparse satisfactoriamente de la cuestión medioambiental de que se trate, ya que tiene poco o ningún interés ponerse de acuerdo sobre medidas de medio ambiente anticipándose a la legislación si, además del acuerdo, resulta necesario adoptar medidas legislativas a nivel comunitario; además, esas medidas legislativas no impedirán que los Estados miembros adopten medidas nacionales en el mismo ámbito. 44. Las consideraciones generales sobre el segundo aspecto, a saber los posibles ámbitos de aplicación, ya se han expuesto en el capítulo III. Los acuerdos son especialmente adecuados para conseguir objetivos globales y a largo plazo o como complemento transitorio de un instrumento económico. Por tanto, los posibles ámbitos que podrían tratarse a nivel comunitario son, por ejemplo, la reducción de las emisiones de C02 de los automóviles, de S02 y NOx de los proveedores de electricidad y de las pérdidas de energía en la fase de espera de aparatos tales como los de televisión y de vídeo. 20 Recomendación 89/542/CEE, DO n° L 291 de 10. 10. 1989, p. 55. 21 45. Respecto al marco institucional, es necesario que los acuerdos no vinculantes se basen en objetivos ya aprobados por las instituciones comunitarias mediante, por ejemplo, el Quinto Programa de Medio Ambiente, resoluciones del Parlamento y del Consejo o convenios internacionales. El mantenimiento del equilibrio institucional no sólo es una garantía de la exactitud de los resultados sino que, además, supone un factor de estabilidad para la industria. Si el Consejo y el Parlamento fijan objetivos claros y la Comisión negocia el mejor modo de lograr dichos objetivos, es poco probable que sea necesario adoptar medidas reglamentarias adicionales en el mismo ámbito. 46. Por último, en lo que se refiere a la redacción de acuerdos a nivel comunitario, son de aplicación los criterios y requisitos indicados en el capítulo IV, con la única excepción, como es lógico, de los acuerdos en forma de contrato. La Comisión garantizará la presentación periódica al Parlamento Europeo y al Consejo de informes sobre la aplicación y eficacia de las medidas adoptadas por la industria, al igual que ocurre con buen número de directivas. De esta manera la transparencia será mayor y, si resulta necesario, podrá modificarse el acuerdo no vinculante o sustituirse por medidas vinculantes. VII. Conclusiones 47. Como se desprende del anexo adjunto, desde principios de los años 90, la utilización de acuerdos con la industria en la política de medio ambiente ha sido una práctica cada vez más extendida en casi todos los Estados miembros. Entre los instrumentos de política medioambiental buscados por la Comisión desde la aprobación del Quinto Programa de Medio Ambiente, los acuerdos sobre medio ambiente con la industria son un instrumento importante. Esos acuerdos pueden ser modos rentables de conseguir los objetivos medioambientales y pueden hacer que se apliquen medidas eficaces anticipándose a la legislación o como complemento de la misma. Para que sean eficaces, es fundamental garantizar su transparencia y fiabilidad. En general, los acuerdos vinculantes ofrecen mejores garantías de que vayan a lograrse objetivos medioambientales, por lo que, cuando sea posible y adecuado, los acuerdos sobre medio ambiente deberán tener carácter vinculante. 48. Por consiguiente, la Comisión saca las siguientes conclusiones: - Teniendo en cuenta las respuestas que surjan a la presente Comunicación, la Comisión estudiará en cada caso si un acuerdo determinado sobre medio ambiente es un instrumento adecuado para conseguir los objetivos medioambientales correspondientes. - En la lista de control adjunta se indican los requisitos necesarios para utilizar de manera eficaz los acuerdos sobre medio ambiente. La lista sirve de orientación a cualquier administración pública que tenga la intención de celebrar un acuerdo sobre medio ambiente. - En lo que se refiere a los acuerdos sobre medio ambiente celebrados a nivel de Estado miembro, la Comisión, en su calidad de encargada de la custodia del Tratado, velará por que se ajusten a éste y, en particular, a las normas sobre competencia y mercado interior. 22 En los casos en que resulte necesaria para la Comunidad una actuación reguladora, la Comisión estudiará detenidamente si determinadas disposiciones de las medidas legislativas correspondientes pueden aplicarse mediante acuerdos vinculantes sobre medio ambiente y, si es conveniente, incluirá dichas disposiciones en sus propuestas. La Comisión envía a los Estados miembros una recomendación en la cual se da un marco claro para el uso de acuerdos sobre medio ambiente como medio de aplicar determinadas disposiciones de directivas comunitarias. Al reconocer los acuerdos sobre medio ambiente a nivel comunitario, la Comisión garantizará su transparencia y credibilidad. Para ello, obligará a que los objetivos se cuantifiquen y haya un programa por etapas, un seguimiento adecuado y una presentación adecuada de informes. La Comisión publicará dichos compromisos e informará al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados que se consigan. 23 Lista de control relativa a los acuerdos sobre medio ambiente La presente lista de control es válida para los acuerdos sobre medio ambiente sea cual sea el nivel a que se celebren. Elementos tales como la naturaleza jurídica y la jurisdicción competente sólo serán pertinentes en el caso de los acuerdos que revistan la forma de un contrato I. Razones para elegir el instrumento 1. Ventajas que presenta con respecto a las medidas legislativas y económicas (en relación con el medio ambiente, la rentabilidad o la viabilidad) 2. Cobertura del sector, peso de las asociaciones de empresas 3. 4. Sensibilidad de la población con respecto al problema de que se trata intervención previa del legislador en la fijación de objetivos II. Contenido Partes firmantes del acuerdo (asociaciones y/o empresas a título individual) 1. 2. Asunto 3. Definición de términos 4. Objetivos cuantificados 5. Especificación de las etapas 6. Especificación de las obligaciones Seguimiento de los resultados 7. 8. Informes periódicos 9. Acceso a la información 10. Arreglos de recogida, evaluación y comprobación de resultados 11. Sanciones 12. Adhesión de terceros 13. Duración 14. Revisión 15. Terminación 16. Naturaleza jurídica del acuerdo 17. Jurisdicción ni. Conformidad con el Tratado CE 1. 2. 3. 4. 5. 6. ¿Es preciso notificar a la Comisión? ¿Queda afectada la libre circulación de mercancías? ¿Queda afectada la competencia (exclusión de competidores, fijación de precios, etc. )? ¿Son aplicables y se respetan las normas relativas a ayudas estatales? ¿Está justificado el falseamiento de la competencia por motivos relacionados con el medio ambiente? ¿Guarda este falseamiento proporción con el objetivo propuesto? IV. Publicación 24 Anexo: breve presentación de la experiencia de cada Estado miembro La finalidad del presente estudio es describir los casos y el modo en que los Estados miembros han utilizado acuerdos sobre el medio ambiente. El estudio se basa en consultas previas entre la Comisión y representantes de los Estados miembros y en un estudio puesto en marcha por la Comisión. La utilización de acuerdos en los Estados miembros ha dado una idea del modo en que pueden utilizarse dichos acuerdos para aplicar políticas de medio ambiente en la Unión Europea. Bélgica Son un total de 14 los acuerdos firmados en Bélgica desde finales de los años 80 en materia de reutilización, valorización y reciclado de residuos (envases y residuos domésticos), eliminación progresiva de los CFC (aerosoles, frigoríficos y plásticos) y sustitución de las sustancias contaminantes contenidas en productos tales como las baterías. Se han firmado dos acuerdos sectoriales ("accords de branche") para reducir las emisiones producidas por los generadores de electricidad (S02 y NOx, mediante los que se aplica satisfactoriamente la Directiva 88/609/CEE sobre grandes instalaciones de combustión) y la industria del vidrio. Como en este campo las competencias se reparten entre el Estado federal y las regiones, este acuerdo sectorial fue fumado por el Estado federal y las tres regiones. Las regiones, por su parte, han celebrado asimismo acuerdos regionales. La Región de Bruselas (Ministerio de Medio Ambiente) ha establecido acuerdos con oficinas comerciales relativos a la clasificación, reciclado y valorización de los residuos de las oficinas. En Valonia, los acuerdos se refieren a la conservación de los recursos naturales y a la reducción de los residuos sólidos. En F landes las experiencias con acuerdos desprovistos de carácter vinculante arrojaron un saldo negativo. Por ello, en 1994 la Región flamenca aprobó un decreto relativo a los acuerdos sobre medio ambiente que define exhaustivamente y de forma jurídicamente vinculante los criterios que deben reunir estos acuerdos: adoptar la forma de contrato (contrato sui generis) en el que intervengan unas partes que tengan un estatuto jurídico, sean representativas del sector y tengan un mandato explícito para firmar acuerdos. El proyecto de acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial, siendo necesaria la consulta de determinados organismos públicos ("Sociaal-Economische Raad", "Milieu en Natuurraad"). La duración máxima de un acuerdo es de cinco años. Mientras esté en vigor un acuerdo válido, la Región no puede establecer una reglamentación más estricta. Hasta el momento no se ha firmado ningún acuerdo al amparo de este decreto y no se ha manifestado interés alguno al respecto. Dinamarca En Dinamarca se han firmado 16 acuerdos voluntarios sobre medio ambiente a partir de 1987, referidos al ahorro de energía, la gestión de residuos (p. ej. , eliminación o reciclado controlados e hidroclorofluorocarburos (HCFC), equipos de protección contra incendios, baterías, envases y neumáticos), la eliminación progresiva de determinadas sustancias (p. ej. , disolventes orgánicos utilizados en pinturas y barnices, compuestos orgánicos volátiles, PVC e clorofluorocarburos refrigerantes contienen (CFC) que de 25 hidrocarburos pesados en el gasóleo) y el saneamiento de parajes contaminados. Nuevas iniciativas tratan asimismo de la gestión de residuos (material electrónico, vehículos y residuos de demolición). Las partes de los acuerdos suelen ser el Ministerio de Medio Ambiente y Energía o la Agencia de Protección del Medio Ambiente y los sectores industriales afectados (empresas o asociaciones de empresas). Los acuerdos suelen adoptar la forma de una declaración de intenciones o un plan de actuación que, aun no siendo jurídicamente vinculantes, son considerados obligatorios por las partes. Un aspecto importante de los acuerdos firmados en Dinamarca es el de llevar aparejados incentivos económicos tales como reducciones de impuestos o fondos de depósito. La Ley de Protección del Medio Ambiente de 1991 creaba la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente firmara acuerdos con empresas o asociaciones de empresas tendentes a satisfacer los objetivos nacionales de reducción de la contaminación. El Ministerio puede también establecer las normas reguladoras y las condiciones generales de los acuerdos, incluidas las sanciones por retrasar la aplicación del acuerdo o violarlo. El Ministerio es competente también para establecer unos requisitos similares a los de los acuerdos para las empresas no firmantes del mismo, es decir, puede hacer frente a quienes pretendan "ir por libre". Antes de aplicar un acuerdo de este tipo, hay que negociarlo con las organizaciones profesionales y medioambientales más importantes del país, con las organizaciones de autoridades locales y con otras autoridades estatales afectadas. El primer acuerdo firmado al amparo de la Ley de Protección del Medio Ambiente en abril de 1996 se refiere a la recogida y valorización de acumuladores de plomo. Se está preparando otro acuerdo sobre residuos eléctricos y electrónicos. Alemania En Alemania la industria ha aceptado unos 80 compromisos voluntarios en materia de medio ambiente desde finales de los años 70. Afectan fundamentalmente a la gestión de residuos (p. ej. , baterías, papel, envases y vehículos de desguace), la eliminación progresiva de determinadas sustancias (amianto, CFC en determinados aparatos, algunos componentes de los detergentes), vertidos de sustancias peligrosas en el agua (amonio, seguridad en las instalaciones clínicas) y emisiones de C02 (consumo de combustible en los automóviles y en diversos sectores de la industria). Sólo en algunos casos aislados adoptaron estos acuerdos la forma de contrato. Baviera ha firmado reciente un contrato con las asociaciones industriales, sectoriales y comerciales en el que se contemplan cuestiones generales tales como la participación de las empresas en el sistema de gestión y auditoría ecológica, la reducción de los residuos, el rendimiento energético y el incremento de la utilización del ferrocarril como medio de transporte. 26 Si exceptuamos este último acuerdo, los poderes públicos no han intervenido oficialmente en estos compromisos, que adoptan la forma de declaraciones unilaterales. Sin embargo, estas declaraciones suelen ser resultado de conversaciones en profundidad con los ministerios competentes (Medio Ambiente y Economía) y suelen gozar de un reconocimiento informal, por ejemplo a través de una nota de prensa o una conferencia del prensa del ministerio de que se trate. La práctica totalidad de los acuerdos obliga a la industria a presentar informes. Estos acuerdos informales han ganado popularidad recientemente, aunque el margen de que disfrutan las partes a la hora de elaborar sus compromisos quede limitado por ia legislación que combate las limitaciones a la competencia. En 1996 se han hecho públicos diversos compromisos (vehículos de desguace, industria química, industria del papel y mundo editorial). Recientemente se ha ampliado y aclarado (más participantes, objetivos inequívocos y evaluación independiente de los resultados) el compromiso de la industria con la reducción de las emisiones de CQ2, contraído con motivo de la Conferencia sobre el Clima celebrada en Berlín en 1995. El compromiso así modificado afecto al 80% de la energía consumida por la industria alemana. Este compromiso, junto con el acuerdo de Baviera, parece demostrar la existencia de una tendencia hacia un planteamiento más oficial y público en Alemania. España Hasta la fecha se han establecido en España un total de seis acuerdos. Oíros muchos se encuentran actualmente en fase de discusión, y parece que adquirirán una mayor importancia como medio de alcanzar los objetivos de medio ambiente. Los acuerdos firmados por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA) se refieren a la eliminación progresiva de los clorofluorocarburos en los aerosoles (para el año 1989) y a la gestión de residuos. Estos últimos pretenden facilitar la aplicación del plan rector nacional de gestión y eliminación de residuos del ministerio. La industria y las comunidades autónomas deben aplicar el plan a nivel regional, y los ayuntamientos son los responsables en última instancia de la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos. Se cuenta con la oportuna financiación a cada nivel administrativo. Otros acuerdos recientes se refieren a los vehículos de desguace y a los neumáticos usados. Mediante una tasa sobre los neumáticos nuevos vendidos se pretende reunir fondos para la recogida, reciclado y eliminación de los neumáticos. Existen nuevas iniciativas referidas a los equipos eléctricos y electrónicos, habiéndose llegado a la conclusión de que es posible aplicar acuerdos a 12 tipos de equipos. Otros campos, tales como los disolventes, los productos derivados del cloro, las pinturas y los residuos de la construcción, se encuentran en fase de estudio. En el Real Decreto 484/1995 sobre regularización y control de vertidos se hace referencia directa a la utilización de acuerdos. Tras tomar nota de las deficiencias existentes en el tratamiento y control de las aguas residuales industriales, la nueva normativa autoriza a las autoridades competentes (Confederaciones Hidrográficas) a negociar y firmar planes sectoriales de control de las aguas residuales con las asociaciones industriales. El decreto 27 incluye también la prestación de una ayuda financiera a la industria para facilitar la consecución de estos objetivos. En su Estrategia en materia de Energía y Medio Ambiente para 1995-2000, el Ministerio de Industria y Energía señala que los acuerdos constituyen una de las herramientas a través de las cuales pueden alcanzarse los objetivos de medio ambiente a corto y medio plazo. Mediante estos acuerdos se procurará crear un marco que fomente la inversión ecológica para promover la adecuación de las industrias desde el punto de vista del medio ambiente. Estos acuerdos no limitarán la aplicación de la normativa existente. En varios programas destinados a financiar la adecuación ambiental de la industria (PITMA, PAE) se considera que los acuerdos entre la industria y los poderes públicos constituyen la forma preferible de obtener aportaciones financieras. Francia Al parecer, Francia fue el primer Estado miembro que firmó un acuerdo en materia de protección del medio ambiente: en agosto de 1971 se celebró un "accord de branche" entre el Ministerio de Medio Ambiente y el sector cementero. El acuerdo establecía un calendario para la adopción de medidas correctoras a través de un programa sectorial aplicable a las instalaciones ya existentes ("programme de branche"). Se exigía que las instalaciones nuevas cumplieran las normas sobre emisiones. A lo largo de la década siguiente se firmaron unos veinte acuerdos que afectaban a los sectores industriales más contaminantes. Los acuerdos tuvieron funciones y denominaciones diferentes (p. ej. , contrat de branche, programme de branche, contrat d'entreprise, programme d'entreprise, plans sectoriels antipollution). De los requisitos jurídicos que protegen la autoridad del Estado y los derechos de terceros se desprenden determinadas limitaciones. Por ejemplo, el Conseil d'Etat declaró ilegal un contrato vigente a partir de 1975 entre el Ministerio de Medio Ambiente y un fabricante de papel ai considerar que limitaba la autoridad del Estado y la necesario protección de terceros. En última instancia, la mayor parte de estos primeros acuerdos sirvieron de base para la elaboración de la legislación nacional y de las normas sobre emisiones que vinieron a sustituirlos. Los acuerdos más recientes se refieren a los residuos de envases y a los vehículos de desguace. Están preparándose en tomo a diez acuerdos sobre las emisiones de C02 procedentes de los sectores industriales (fundiciones, productos químicos, papel, soldaduras, vidrio, yeso, azúcar y cemento), y con el sector del aluminio se ha firmado ya un acuerdo recientemente. Grecia No existen actualmente acuerdos sobre medio ambiente en Grecia. Los poderes públicos y la industria parecen ser de la opinión de que las medidas reguladoras son necesarias y suficientes para proteger el medio ambiente. Sin embargo, dado que los acuerdos pueden favorecer la asociación entre la industria y los poderes públicos, algunos representantes de la industria están comenzando a darse cuenta de las posibilidades de los acuerdos. 28 Irlanda En Irlanda los acuerdos suelen revestir la forma de "iniciativas" empresariales que el gobierno acoge favorablemente, aunque no se comprometa a firmarlas. En febrero de 1996 se firmó un acuerdo sobre residuos de envases, denominado REPAK, entre el Departamento de Medio Ambiente y asociaciones empresariales (la Irish Business and Employers Confederation, junto con asociaciones de tiendas de ultramarinos, embotelladores de cerveza y refrescos, industria del plástico, alimentación, bebidas, tabaco, vino y bebidas alcohólicas). Este acuerdo comenzó a gestarse en 1994, momento en que el Departamento de Medio Ambiente hizo pública una estrategia de reciclado que incluía objetivos de reciclado de residuos tales como envases, recipientes de bebidas y residuos orgánicos vegetales. Dicho documento invitaba a la industria a proponer acuerdos. La Irish Business and Employers Confederation (IBEC) creó un grupo operativo que remitió un informe al ministerio en diciembre de 1995 en el que se proponía, entre otros elementos, el acuerdo REPAK. La Society of the Irish Motor Industry elabora actualmente un acuerdo sobre baterías de automóviles. Entre los sectores en los que es posible llegar a acuerdos en el futuro figuran los residuos de periódicos, detergentes, productos farmacéuticos y productos químicos. El proyecto de ley sobre gestión de residuos, que se espera sea aprobado a mediados de 1996, otorgará al ministerio amplias facultades para especificar el reciclado de los envases, su identificación, el funcionamiento de los sistemas de reembolso y los mecanismos de recogida que puedan resultar necesarios. Al firmar el REPAK, la industria podrá evitar estas normas prescriptivas, ya que la ley faculta al ministerio para aprobar un acuerdo que exima a los participantes de otras obligaciones. Italia Hasta el momento se ha firmado 11 acuerdos en Italia, tanto a nivel federal como regional. A finales de la década de los 80, el Ministerio de Medio Ambiente y el grupo Fiat intercambiaron una carta de intenciones relativa a la contaminación de la atmósfera y a la reducción de las emisiones sonoras en las zonas metropolitanas. Tras esta iniciativa, se firmó un protocolo sobre "medio ambiente y desarrollo" en el que se abordaba no sólo la descontaminación de las zonas metropolitanas sino también la reducción de los residuos, el desarrollo de vehículos no contaminantes y los programas de investigación sobre el medio ambiente. El el sector de los residuos existe REPLASTIC, en sus inicios un consorcio voluntario que luego adquirió carácter obligatorio y que aborda la recogida por separado, la clasificación y la reutilización de los envases plásticos de líquidos. La valorización de las baterías de plomo usadas fue objeto de un acuerdo firmado en 1995 por el Ministerio de Medio Ambiente, los municipios (ANO - Associazione Nazionale Comuni d'Italia) y Federambiente (Federación de Servicios Públicos de Higiene Ambiental) por un lado y las asociaciones de la industria por otro. Entre los acuerdos firmados a nivel regional cabe citar los relativos a la recuperación de los cartuchos de tóner (Lombardia) y a la recogida de papel y cartón. 29 Luxemburgo Se han firmado cinco acuerdos en el campo del medio ambiente y la energía. El primero de ello, relativo a los residuos industriales, data de 1989. Acaba de firmarse (1996) un acuerdo sobre rendimiento energético en la industria, y entre los que se firmarán próximamente figuran los relativos a los sectores de banca, seguros, salud y comercio. Los acuerdos sobre gestión de residuos derivan del programa rector del Ministerio de Medio Ambiente y se refieren a los residuos de la construcción, residuos peligrosos, envases de bebidas y residuos industriales. Países Bajos Son más de cien los acuerdos firmados en este país. Se refieren fundamentalmente a la gestión de residuos (p. ej. , envases, recuperación del amianto y los plásticos), la reducción de emisiones (p. ej. , compuestos orgánicos volátiles, S02 y N0X procedentes de la generación de electricidad y amoníaco procedente del ganado), limpieza de suelos contaminados (gasolineras), ahorro de energía o estrategias de reducción del ruido industrial. Algunos de los acuerdos especifican programas generales de control integrado de la contaminación en diversos sectores de la industria (metalurgia básica, productos químicos, imprenta, productos lácteos). Nuevas iniciativas más recientes abordan, por ejemplo, la industria del papel y el cartón. Lo normal es que estos acuerdos, redactados por escrito y firmados, que constituyen un instrumento de la política y en los que participan los poderes públicos, se denominen pactos, aunque pueden también revestir la forma de declaración de intenciones o código de conducta. La justificación del mayor recurso a los pactos se encuentra en el plan nacional de política de medio ambiente (NEPP) y en el NEPP Plus, publicados en 1989 y 1990 respectivamente, Estos planes establecen estrategias para la consecución de un desarrollo sostenible en el año 2010. Establecen objetivos de calidad referidos a diversos problemas de medio ambiente y los traducen en más de 200 objetivos cuantificados. En este contexto, los sectores industriales se comprometen a través de los pactos a desempeñar el papel que les corresponde en el logro de los objetivos medioambientales establecidos. Hasta la fecha, se han establecido objetivos medioambientales a través de declaraciones de intenciones para 16 sectores industriales, que afectan a unas 12. 000 empresas responsables de más del 90% de la contaminación industrial en los Países Bajos. Aunque el cumplimiento de la mayor parte de los pactos de la primera generación no puede exigirse jurídicamente, los más recientes adoptan la forma de contrato al que puede aplicarse el Derecho civil y forman parte de una estrategia global del gobierno. Aunque la ley no define un procedimiento concreto, los pactos suelen celebrarse con arreglo al siguiente: el ministerio competente informa a ambas Cámaras de ios Estados Generales de su intención de firmar un pacto. Se establece un plan integrado de objetivos para el sector correspondiente tras las negociaciones celebradas entre los poderes públicos (incluidas las autoridades provinciales y municipales) y el sector industrial (con participación en ocasiones 30 de los sindicatos y asociaciones de empleadores). Si en el sector se utilizan procesos similares que hacen posible un enfoque normalizado sobre la base de dicho plan, se redacta un pacto sectorial. Si el sector es heterogéneo, se preparan planes de medio ambiente por empresa en estrecha cooperación con la autoridad que concede las licencias. Los pactos firmados se publican en el Diario Oficial (Staatscourant). El Ministerio de la Vivienda, Planificación del Espacio y Medio Ambiente ha publicado orientaciones para la celebración de los pactos que adoptan la forma de un código de conducta. Una directiva administrativa publicada por el primer ministro en diciembre de 1995 orienta sobre el contenido y los procedimientos de los pactos en general. Austria Desde principios de los años 80 se han firmado unos 25 acuerdos. La mayor parte de ellos se refieren al reciclado de residuos (vehículos de desguace, papel, neumáticos, material de construcción, baterías de automóviles, material electrónico, plásticos y envases). Otros tienen por objetivo la introducción de unidades de recuperación del vapor en las gasolineras (para reducir las emisiones de hidrocarburos) o la reducción de las importaciones de maderas tropicales. Un acuerdo voluntario especial es la "coalición sobre el clima", fundada en 1994. Consta fundamentalmente de compromisos de los municipios y los estados relativos a la prestación de servicios públicos y a las compras públicas, pero está abierta también a la industria. Cabe distinguir dos tipos de acuerdos: los compromisos adquiridos por la industria, en los que no participan explícitamente los poderes públicos, aunque normalmente sean resultado de intensas negociaciones con el ministerio competente, y los acuerdos firmados por la industria y el gobierno. Predominan los primeros. Suelen ser partes de los acuerdos el ministerio competente y la asociación nacional de la industria (Cámara Económica Federal) o las asociaciones nacionales sectoriales (subdivisiones de dicha cámara), e incluso, en algunos casos, empresas concretas. Casi siempre los acuerdos voluntarios se han publicado o firmado a nivel nacional. Portugal La primera experiencia con acuerdo voluntarios se remonta a 1984, momento en que se establecieron objetivos sobre vertidos a las aguas, contaminación atmosférica y reducción de residuos para el sector de la celulosa. En total se han firmado unos diez acuerdos, relacionados fundamentalmente con la reducción de residuos y la eliminación de sustancias. En 1994 el gobierno reivindicó la aplicación de los acuerdos mediante la publicación del Protocolo Global sobre Acuerdos en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este documento resume la orientación del gobierno con respecto a los desafíos medioambientales a que debe hacer frente y presenta las grandes líneas de una metodología capaz de resolverlos. 31 Basándose en dicho protocolo, el gobierno ha publicado un marco para los acuerdos sectoriales voluntarios. Este marco es fruto de las negociaciones celebradas entre los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura e Industria, del lado de la adrninistración, y diversas confederaciones nacionales y regionales de los sectores agrario e industrial. El protocolo sectorial exige que la industria prepare un plan de medio ambiente para dar cumplimiento a las leyes sobre medio ambiente con arreglo a sus situaciones concretas. Dicho plan debe ser aprobado por los poderes públicos. El gobierno se compromete a no imponer nuevas normas medioambientales mientras persista la vigencia del acuerdo. Si se publican nuevas normas comunitarias, el gobierno las aplicará de forma gradual. El protocolo sectorial prevé la renegociación del acuerdo en tal caso, así como la propuesta de medidas específicas si resulta necesario una vez efectuados estudios de diagnóstico. Prevé asimismo la creación de un comité de dirección, en el que estarán representadas las partes firmantes, que se encargue de vigilar el cumplimiento de los objetivos y, si resulta necesario, de formular nuevas medidas. También se ocupará de resolver los problemas que surjan, uno de los cuales probablemente será el hecho de que determinadas instalaciones industriales carezcan de permiso medioambiental. Los acuerdos firmados en el marco del protocolo sectorial concluirán a finales de 1999, prevén la presentación de informes periódicos al gobierno e incluyen disposiciones destinadas a combatir a quienes, permaneciendo al margen de los acuerdos, pretendan aprovecharse de ellos. Finlandia Los acuerdos se refieren a la eliminación progresiva de los clorofluorocarburos y al ahorro de energía. Los acuerdos más recientes se basan en el Consejo de Programas Estatales sobre Conservación de la Energía establecido por el gobierno en 1992 en el marco de sus esfuerzos para reducir el consumo de energía. El objetivo fundaimental de estos acuerdos es conseguir que disminuya el consumo de energía en un 10-15% (le aquí al 2005. En diciembre de 1995 se presentó un nuevo programa sobre conservación dt; la energía. Dicho programa estimula los acuerdos encaminados a favorecer el control del rendimiento energético, la preparación de planes de conservación, las auditorías energéticas, las inversiones en conservación, ia introducción de nuevas tecnologías y los mecanismos de información y orientación al consumidor sobre el consumo de energía que realiza. Suelen firmar los acuerdos el ministerio competente y 1 as asociaciones empresariales; dos de los acuerdos relativos a la conservación de energía han sido firmados por el Ministerio de Comercio e Industria y los municipios (la ciudad de Helsinki y la Asociación de Autoridades locales finesas). El Ministerio de Medio Ambiente ha firmado recientemente (1995) un acuerdo con la industria de envases. Se han iniciado negociaciones relativas a determinados grupos de productos (automóviles, neumáticos, baterías de automóvil, productos electrónicos y electrodomésticos), dentro de una estrategia global de fomento de los acuerdos voluntarios en el campo de la gestión de residuos. 32 Suecia Los trece acuerdos firmados se refieren a la gestión de residuos (neumáticos de automóvil, productos y materiales de construcción, papeles de revistas y materiales de envasado), conservación de la energía (automóviles y empresas individuales), eliminación progresiva de deterrninadas sustancias (el plomo en la gasolina y las pinturas), investigación y desarrollo (combustibles alternativos para los vehículos) y el contenido en metales pesados de los lodos procedentes de las depuradoras de aguas residuales. En la práctica, la mayor parte de estos acuerdos deben considerarse pactos de caballeros o declaraciones de interés hechas públicas por la industria. Una industria concreta no puede considerarse responsable si la organización empresarial que elabora y gestiona el sistema no consigue alcanzar los objetivos fijados. Cuando la industria no consigue alcanzar un objetivo, lo más frecuente es que se introduzcan impuestos o que se compartan las responsabilidades de reglamentación con las autoridades locales. En los acuerdos relativos al sector energético participan empresas concretas, lo que permite imponer sanciones en caso de incumplimiento. Reino Unido En el Reino Unido se ha utilizado una Í amplia gama de acuerdos voluntarios con bastante éxito, que han revestido la forma de programas de mejores prácticas relativas al rendimiento energético (p. ej. , Making a Corporate Commitment - "MACC"), tecnología del medio ambiente, iniciativas relacionadas con la responsabilidad de los productores o iniciativas destinadas a fomentar el diálogo entre el. gobierno y las empresas (p. ej. , comité consultivo sobre la empresa y el medio ambiente y c lubes locales de empresas "verdes"). Se han firmado unos ocho acuerdos a partir de principios de los 70, relativos al almacenamiento y transporte de plaguicidas ("BASIS", habiendo sido reconocidas oficialmente sus normas y la certificación del personal vendedor de plaguicidas por el Reglamento de control de plaguicidas de 1986), la prohibición de deterrninadas sustancias en los productos de lavado doméstico e imdustriales (fenoletoxilatos de alquilo y, para uso doméstico, ácido nitrilotriacético), la recogida de películas plásticas de las explotaciones agrarias y el empleo y las emisiones de hidrofluorocarburos (HFC). Para reducir los HFC, que constituyen una alternativa import :ante a los clorofluorocarburos (CFC) pero pueden también contribuir al calentamiento planetario, el gobierno británico firmó en enero de 1996 tres acuerdos independientes y una declaración de intenciones con asociaciones de las industrias de aerosoles, aire acondicionado y refrigeración, protección contra incendios y espumas. 33 ISSN 0257-9545 COM(96) 561 final DOCUMENTOS ES 14 10 06 N° de catálogo : CB-CO-96-626-ES-C ISBN 92-78-12840-6 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo SI


title: Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento (CE) do Conselho que cria o Instituto Europeu de Inspecção Veterinária e Fitossanitária»

eurovoc_concepts:
Food and Veterinary Office
application of EU law
institutional activity
plant health control
veterinary inspection

formats: html pdfa1b print


title: Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus»

eurovoc_concepts:
bus
carriage of passengers
international transport
public transport
transport policy


title: Kommissionens beslut av den 27 november 1996 om godkännande av programmet för övervakning av klassisk svinpest för 1997, utarbetat av Österrike och om fastställande av gemenskapsnivån för finansiellt stöd (Endast den tyska texten är giltig.)

eurovoc_concepts:
Austria
EU financing
action programme
animal plague
national implementing measure
swine


title: Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili», e - al «Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla parità di opportunità per i disabili»

eurovoc_concepts:
EU policy
disabled person
equal treatment
reintegration into working life
social integration


title: Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 93/383/EEG van de Raad van 14 juni 1993 met betrekking tot de referentielaboratoria voor de controle op mariene biotoxines"

eurovoc_concepts:
fishery product
health control
mollusc
research body
toxic substance


title: Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem "Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine harmonisierte Sicherheitsregelung für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr"

eurovoc_concepts:
fishing vessel
harmonisation of standards
maritime safety
occupational safety
safety standard


title: COMMISSION REGULATION (EC) No 2261/96 of 27 November 1996 fixing the maximum export refund for white sugar for the 17th partial invitation to tender issued within the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1464/96

eurovoc_concepts:
award of contract
export refund
white sugar


title: Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «Las relaciones entre la Unión Europea y Canadá»

eurovoc_concepts:
Canada
EU relations
cooperation policy
international relations
trade relations


title: Decision of the EEA Joint Committee No 65/96 of 27 November 1996 amending Annex XIV (Competition) to the EEA Agreement

eurovoc_concepts:
European Economic Area
agreement (EU)
air freight rate
air transport
competition
transport planning

text: L_1997071EN. 01003801. xml 13. 3. 1997    EN Official Journal of the European Communities L 71/38 DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 65/96 of 27 November 1996 amending Annex XIV (Competition) to the EEA Agreement THE EEA JOINT COMMITTEE, Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as adjusted by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as the Agreement, and in particular Article 98 thereof, Whereas Annex XIV to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 46/96 (1); Whereas Commission Regulation (EC) No 1523/96 of 24 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1617/93 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning joint planning and coordination of schedules, joint operations, consultations on passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports (2) is to be incorporated into the Agreement, HAS DECIDED AS FOLLOWS: Article 1 The following shall be added in point 11b (Commission Regulation (EEC) No 1617/93) in Annex XIV to the Agreement: ‘, as amended by: — 396 R 1523: Commission Regulation (EC) No 1523/96 of 24 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1617/93 (OJ No L 190, 31. 7. 1996, p. 11). ’ Article 2 The texts of Regulation (EC) No 1523/96 in the Icelandic and Norwegian languages, which are annexed to the respective language versions of this Decision, are authentic. Article 3 This Decision shall enter into force on 1 December 1996, provided that all the notifications under Article 103 (1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee. Article 4 This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Communities. Done at Brussels, 27 November 1996. For the EEA Joint Committee The President H. HAFSTEIN (1)  OJ No L 291, 14. 11. 1996, p. 39. (2)  OJ No L 190, 31. 7. 1996, p. 11