title: Propuesta de DECISION DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un programma de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario (Acción Robert SCHUMAN)

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 15. 11. 1996 COM(96) 580 final 96/0277 (COD) Propuesta de DECISION DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario (Acción Robert SCHUMAN) (presentada por la Comisión) Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario (Acción Robert SCHUMAN) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. En tanto que "Comunidad de derecho", la Comunidad Europea no puede alcanzar los objetivos que se fija sin cerciorarse de que las normas comunes adoptadas por sus miembros sean aplicadas de manera eficaz y correcta. La Comunidad no puede desentenderse de la calidad de la aplicación de las normas que produce. La realización del mercado único europeo se ha llevado a cabo tras un 2. considerable esfuerzo legislativo. Este esfuerzo sin precedentes de concepción de las normas comunes ha permitido, en especial, levantar la mayor parte de los obstáculos de todo tipo para la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales entre Estados miembros. 3. A este esfuerzo de producción normativa ha sucedido entretanto una nueva prioridad consistente en garantizar la aplicación efectiva y uniforme de las normas comunes necesarias para un buen funcionamiento del mercado interior. Este mercado constituye la construcción más completa del Derecho comunitario y su buen funcionamiento es tributario, en especial, de una aplicación efectiva y uniforme de las normas que lo regulan. La no aplicación o la aplicación incorrecta de las normas del Derecho comunitario pone en peligro la eficacia del mercado interior y hace retroceder el acervo comunitario. Como ya se subrayaba en octubre de 1992 en el informe Sutherland presentado a la Comisión {Informe Sutherland "El mercado interior después de 1992: responder al desafio"), el buen funcionamiento del mercado interior dependerá en buena medida de que las reglas en que se funda sean conocidas, comprendidas y aplicadas de la misma manera que las disposiciones del derecho nacional. 4. Las disposiciones dotadas de un efecto directo que todo ciudadano puede invocar ante cualquier jurisdicción nacional son particularmente numerosas en el ámbito del mercado interior. Los ciudadanos, consumidores o empresas deben poder confiar en la aplicación correcta y uniforme de las normas del Derecho comunitario y gozar de la totalidad de derechos y garantías que proporcionan cu todas las jurisdicciones de los Estados miembros. Está en juego la seguridad jurídica, la credibilidad del mercado interior y, más aún, la confianza en todo el proceso de construcción europea por parte de todos los sujetos de derecho, que han de poder dirigirse a sus tribunales nacionales, independientemente del procedimiento que se aplique, con la certeza de que gozarán de la protección del Derecho comunitario. -1- 5. La posibilidad de que los sujetos de derecho hagan valer los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario descansa particularmente en la capacidad de los profesionales del derecho de los Estados miembros de recurrir, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, a argumentos tomados del Derecho comunitario. Resulta especialmente ilusorio incitar al ciudadano europeo a hacer valer todos los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico comunitario (éste es, por ejemplo, el objeto de la iniciativa "El ciudadano primero", recientemente lanzada por la Comisión) si los agentes encargados de aplicar y hacer respetar estos derechos en los Estados miembros no conocen su existencia o no están familiarizados con su contenido. 6. La Comisión formuló esta preocupación en 1993 en su programa estratégico "Aprovechar al máximo el mercado interior", en el que se señala a ciertos profesionales del derecho -jueces y abogados- como protagonistas de una buena aplicación de las normas de funcionamiento del mercado interior. El juez nacional, un "juez comunitario de derecho común", y el abogado, encargado de invocar ante este juez los posibles fundamentos tomados del Derecho comunitario, cumplen cada uno a su manera una función eminente de interés general comunitario que ha de ser valorada a la vez que fomentada. 7. El Parlamento Europeo ha destacado en repetidas ocasiones, especialmente en el transcurso de sus debates sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, que la mayor sensibilización de las profesiones jurídicas era una condición previa indispensable para lograr una mejor aplicación de las normas del Derecho comunitario en los Estados miembros. En diciembre de 1994, con motivo de las audiencias previas a la investidura de la actual Comisión, ya se plantearon al Comisario Monti diversas preguntas parlamentarias en este sentido. Una de las singularidades del ordenamiento jurídico comunitario radica en el 8. diálogo organizado entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La calidad de este diálogo depende en parte de la calidad del "reflejo comunitario" de los agentes jurídicos nacionales encargados de juzgar en primera instancia la conformidad de las normas o actuaciones respecto del Derecho comunitario. En este sentido, el escaso número de cuestiones prejudiciales o la mala formulación de éstas, reiteradamente señalados por el Tribunal de Justicia, reflejan, por ejemplo, cierta falta de familiarización de los jueces y abogados de los Estados miembros con el Derecho comunitario. La posesión de una cultura jurídica comunitaria por parte de estos profesionales resulta, sin embargo, especialmente importante en un momento en que empieza a conformarse una jurisprudencia de "segunda generación" del Tribunal de Justicia, que consiste en dar un mayor relieve al papel de las jurisdicciones nacionales en materia de aplicación del Derecho comunitario y que se refiere no tanto a los fundamentos de la primacía del Derecho comunitario como a las consecuencias que de ésta han de sacar las jurisdicciones nacionales en su actividad cotidiana para garantizar la protección de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los particulares. 1 En particular, C-312/93 Peterbroeck, C-430/93 Van Schijndel, C-46/93 y C-48/93 Brasserie du pêcheur. -2- 9. Con arreglo al principio de subsidiariedad, no corresponde a la Comisión asumir la responsabilidad de los Estados miembros en la configuración del contenido o la organización de la formación de las profesiones jurídicas. El artículo 127 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea reserva esta competencia explícitamente a los Estados miembros. 10. En cambio, sí compete a la Comunidad y, en especial, a la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, lanzar aquellas iniciativas que puedan remediar las dificultades existentes para una buena aplicación del Derecho comunitario. En particular, debe tratar de estimular, mediante la instauración de un dispositivo adaptado de apoyo, una dinámica de sensibilización ante el Derecho comunitario destinada a los profesionales encargados de aplicar este derecho, y ayudar a los Estados miembros a solventar las situaciones de déficit de formación o información que afecten, allí donde se presenten, al buen funcionamiento del mercado interior. Si bien es cierto que los Estados miembros cuentan con buenos especialistas en Derecho comunitario, es manifiesto que los profesionales del derecho en su conjunto aún no han desarrollado suficientemente un "reflejo comunitario" consistente en comprobar de forma natural y sistemática si cabe aplicar una solución que emane del Derecho comunitario a los asuntos que tratan en su labor cotidiana. 2 Aumentar la sensibilización de los jueces y abogados de las jurisdicciones 11. nacionales constituye un método de acción no normativo, no vinculante, pero especialmente útil y eficaz a fin de optimizar la aplicación de las normas del Derecho comunitario, lo cual es necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. Esta iniciativa está destinada a completar los mecanismos tradicionalmente empleados a tal fin y a acrecentar su eficacia. Así, para garantizar el control de las infracciones al Derecho comunitario, particularmente numerosas en el ámbito del mercado interior3, la Comisión no puede perseguir sola, a modo de "ministerio público" comunitario, todas las infracciones comprobables. Al juez nacional -a quien el Tribunal de Justicia, por otra parte, reconoce unos medios de actuación eficaces para hacer respetar el Derecho comunitario- corresponde naturalmente apoyar a la Comisión y tomar el relevo de su actuación. Situado al inicio de la "cadena de aplicación del Derecho comunitario", el juez y el abogado disponen cada uno de una capacidad de actuación que se ha de destacar y alentar. Esta valorización del papel de las jurisdicciones nacionales en la aplicación correcta del Derecho comunitario ya ha sido objeto de varios textos comunitarios, como la Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y las jurisdicciones Respecto de esta afirmación, véanse los resultados del sondeo EOS-Gallup Europe "Los abogados y el Derecho comunitario", de febrero de 1995, encargado por la Comisión, así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión "Formación de los magistrados en Derecho comunitario", SEC(95)258, de 15. 2. 1995. Más del 40% -512 expedientes sobre un total de 1252- de las denuncias por infracción al Derecho comunitario registradas en 1995 por la Comisión se referían al mercado interior (Decimotercer Informe Anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario) -3- nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE? o la Resolución sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al ámbito del mercado interior5, que subrayan, cada una a su manera, las vías y los medios de actuación eficaces con que cuentan las jurisdicciones nacionales en el proceso de aplicación del Derecho comunitario. 12. La Acción Robert SCHUMAN ha sido concebida en estrecha concertación con los profesionales del derecho y los protagonistas del ámbito de la formación e información sobre Derecho comunitario. Se propone responder a unas expectativas que se han determinado por medio de contactos permanentes con las organizaciones profesionales representativas, mediante una encuesta realizada en 1995 entre una muestra representativa de más de 2 000 abogados (sondeo EOS-Gallup "Los abogados y el Derecho comunitario", febrero de 1995) y a través de los intercambios de opinión organizados en el seno del grupo de expertos "Profesiones jurídicas y Derecho comunitario", reunido por la Comisión y compuesto de jueces, abogados y universitarios designados por los Estados miembros. Los intercambios de opinión en este grupo de alto nivel han permitido delimitar el alcance de las necesidades existentes y los esfuerzos por acometer y, de esta manera, trazar los contornos de una intervención adecuada por parte de la Comisión. Esta iniciativa completa, en beneficio de un grupo de destinatarios muy concreto y en pro del buen funcionamiento del mercado interior, otras iniciativas lanzadas por la Comunidad, como el Programa Leonardo, la Acción Jean Monnet o el Programa Grotius, adoptado en el marco del artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ROBERT SCHUMAN 1. La Acción Robert SCHUMAN está concebida como una acción de sensibilización dirigida a un público muy concreto y destinada a concienciar a los aproximadamente 100 000 jueces y 450 000 abogados de la Comunidad de la importancia de su papel en la aplicación del Derecho comunitario, imprescindible para el buen funcionamiento del mercado interior, así como a proponerles unos medios específicos complementarios para asumir mejor tal papel. 2. La Acción Robert SCHUMAN está concebida como un programa de estímulo y apoyo a las iniciativas adoptadas en los Estados miembros. En este contexto, podrá concederse un apoyo financiero temporal a las instituciones encargadas de la formación (inicial o permanente) o información de jueces o abogados y que deseen comprometerse en la organización de actividades de sensibilización ante el Derecho comunitario. Estas actividades deberán estar concebidas a largo plazo y la Comisión se comprometerá a prestarles apoyo financiero durante un período de lanzamiento limitado, a condición de que los beneficiarios de la ayuda se comprometan a proseguir estas acciones, tras haber concluido el período de apoyo, durante un lapso de tiempo al menos equivalente a aquél. Comunicación 93/C-39/05 de 13 de febrero de 1993, DOCE C 39, de 13. 2. 93, p. 5. Resolución 95/C-188/01 de 29 de junio de 1995, DOCE C 188, de 22. 7. 95, p. 1. 5 Sin inmiscuirse en la concepción de la formación de los profesionales del 3. derecho, que es competencia de los Estados miembros, la Acción Robert SCHUMAN está concebida como un instrumento de sensibilización ante el Derecho comunitario adaptado a las necesidades específicas de unos destinatarios muy determinados. En este sentido, la acción completa de forma adecuada otras iniciativas comunitarias, como el Programa LEONARDO para la puesta en marcha de una política de formación profesional en la Comunidad, el sistema de cátedras Jean MONNET, destinado fundamentalmente a desarrollar la enseñanza universitaria del Derecho comunitario, o incluso, en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea, el Programa GROTIUS, que, en beneficio de las profesiones jurídicas, persigue una mayor cooperación judicial por medio del conocimiento de las culturas y sistemas jurídicos y judiciales nacionales. La Acción Robert Schuman se desarrollará produciendo una estrecha sinergia con estos programas y velará por explotar al máximo todas las posibilidades de iniciativas comunes que, en su caso, puedan emprenderse con los correspondientes servicios de la Comisión. Tal y como se establece en el Programa de trabajo de la Comisión para 1996, la 4. Acción Robert SCHUMAN se ha lanzado bajo la forma experimental de apoyo a un número limitado de "proyectos piloto" a lo largo del año 1996. El apoyo prestado en este ámbito ya ha permitido a las jurisdicciones, centros de enseñanza y colegios de abogados emprender acciones de formación permanente (seminarios de larga duración o jornadas de sensibilización), descentralizadas, de carácter práctico y a menudo interprofesionales (reuniendo a jueces y abogados), relativas al Derecho comunitario. FUNDAMENTO JURÍDICO 1. El fundamento jurídico de la propuesta de decisión es el artículo 100 A del Tratado CE. La aplicación efectiva y uniforme de las normas del Derecho comunitario que persiguen la aproximación de las legislaciones nacionales es una condición para el buen funcionamiento del mercado interior. La Acción Robert SCHUMAN se inscribe deliberadamente dentro del dispositivo global cuyo objetivo, desde el control de la incorporación correcta de las normas del Derecho comunitario hasta las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del mismo, consiste en garantizar el funcionamiento óptimo del mercado interior. La acción completa este dispositivo al dar cuerpo a la idea de que, más allá de la incoación por parte de la Comisión de procedimientos de infracción -particularmente frecuentes en el ámbito del mercado interior- o de la ejecución de sanciones, la aplicación efectiva y homogénea del derecho comunitario depende de la sensibilización de los agentes jurídicos nacionales con capacidad para aplicar este derecho de forma descentralizada. 2. La formación y la información de los agentes a los que el ordenamiento jurídico comunitario y las sucesivas aportaciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia confieren un papel esencial no constituyen un fin en sí mismo, sino que representan el medio para lograr una aplicación efectiva y uniforme de las disposiciones necesarias para el funcionamiento del mercado interior. En este sentido, la Acción Robert SCHUMAN se diferencia claramente de los objetivos fijados en el ámbito de la política de formación -5- profesional de la Comunidad y no responde a ninguno de los objetivos enunciados en el apartado 2 del artículo 127 del Tratado CE. El objetivo del programa radica en la mejora del funcionamiento del mercado interior, no en facilitar la movilidad, la inserción o la reconversión profesional de las personas implicadas, y la formación en Derecho comunitario prevista a tal fin sólo constituye uno entre varios medios (especialmente la mejora de la información sobre Derecho comunitario) para alcanzar este objetivo. Este enfoque finalista responde a la misma idea que ha presidido la creación de los programas Matthaeus (formación profesional de los funcionarios de aduanas), Matthaeus-Tax (formación profesional de los funcionarios encargados de la fiscalidad indirecta) y Karolus (formación de los funcionarios encargados de la aplicación de la legislación del mercado interior), todos ellos basados en el artículo 100 A. CONTENIDO DE LA PROPUESTA El artículo 1 establece la duración del programa y define sus líneas generales. La Acción Robert SCHUMAN se ha concebido como un instrumento de apoyo financiero a iniciativas destinadas a mejorar la formación y la información de los profesionales del derecho con capacidad para desempeñar un papel directo y privilegiado en el proceso de aplicación del Derecho comunitario. Por consiguiente, este programa está exclusivamente destinado a jueces y abogados, situados en el centro de tal proceso. Si bien es evidente que la actividad de muchas categorías periféricas de las profesiones jurídicas (notarios, agentes judiciales, asesores de empresas o de asociaciones de consumidores, especialistas en derecho mercantil, arbitros y mediadores, etc. ) participan en la buena aplicación del Derecho comunitario, la extensión de la Acción Robert SCHUMAN a todos estos profesionales del derecho pondría en peligro la coherencia del programa y, sobre todo, podría diluir su eficacia habida cuenta de los recursos financieros disponibles. Esta concepción demasiado vasta plantearía, además, serios problemas para la definición y delimitación de los criterios de admisión de candidatos, dado que la pertenencia a profesiones jurídicas distintas de las de juez o abogado no están definidas o reglamentadas en todas partes. De todas formas, la ampliación del grupo de beneficiarios de la Acción Robert SCHUMAN podría contemplarse, llegado el caso, con motivo del seguimiento y la evaluación evocados en el artículo 8. El artículo 2 establece los objetivos del programa de apoyo previsto, que pretende fomentar y apoyar acciones de formación, de información y de acompañamiento en los Estados miembros destinadas a aumentar la sensibilización de los jueces y abogados ante el Derecho comunitario. La formación (inicial y permanente) y la información (acceso y contenido de la información) relativas al Derecho comunitario representan, de hecho, retos complementarios e indisociables. Se hace hincapié en que la Acción Robert SCHUMAN se llevará a cabo sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros en lo que concierne a la definición del contenido y a la organización de la formación de las profesiones en cuestión. En el artículo 3 se precisa que, para alcanzar sus objetivos, la Acción Robert SCHUMAN constituye un instrumento de intervención compuesto de tres vertientes específicas destinadas a apoyar, respectivamente, proyectos de formación, de información y de acompañamiento. -6- El artículo 4 establece las condiciones para optar a las ayudas procedentes de la Acción Robert SCHUMAN. Podrán ser subvencionadas las instituciones encargadas legalmente por el derecho público de los Estados miembros de la formación profesional inicial o permanente de jueces y abogados. En este artículo se ofrece una relación restringida de las instituciones que pueden optar a las ayudas. Las instituciones contempladas ejercen su actividad normalmente a escala nacional y local (jurisdicciones, colegios de abogados, etc. ) o comunitaria (institutos europeos). De esta manera, los recursos disponibles se destinarán a instituciones cuya naturaleza y represetttatividad estén fuera de duda. El artículo 5 establece los criterios de selección de tos proyectos de acción para los que se solicite ayuda. La elección de estos criterios, que han sido objeto de amplias consultas, responde a la doble necesidad de orientar claramente las iniciativas para conferirles la mayor eficacia y de velar, al mismo tiempo, por el respeto a la diversidad de las prácticas consolidadas en materia de formación o información de jueces y abogados en los Estados miembros. a) Los proyectos de acciones de formación o de información deben tener un carácter práctico y estar orientados hacia la transmisión de conocimientos de utilidad inmediata para el ejercicio de la actividad profesional de jueces y abogados. La difusión del conocimiento del Derecho comunitario por medio de la Acción Robert SCHUMAN se ha concebido desde un ángulo profesional y práctico y no en forma de proftindización académica. Este criterio es aplicable, ante todo, al contenido de la formación o de la información perseguida, aunque también abarca los métodos e instrumentos pedagógicos. la elección de b) Desde esa misma perspectiva, las iniciativas previstas deberán ser accesibles y provechosas para el mayor número posible de profesionales, es decir, antes que perseguir el enriquecimiento de la reflexión doctrinal de alto nivel, habrán de dar prioridad a la iniciación y despertar la curiosidad de un público poco o nada familiarizado. La Acción Robert SCHUMAN pretende estimular iniciativas descentralizadas de sensibilización destinadas al mayor número posible de profesionales. No pretende convertirse en una duplicación sino en un complemento de la labor realizada por las redes específicas o los institutos especializados, cuyas actividades están a menudo dirigidas a un público ya "sensibilizado" y fundamentalmente interesado en poner al día o profundizar sus conocimientos. c) Las acciones previstas deberán organizarse conforme a modalidades adaptadas a las exigencias de la práctica profesional. Se dará preferencia, en particular, a las iniciativas de sensibilización compatibles con el horario laboral de los destinatarios, o bien a las iniciativas descentralizadas cuya proximidad geográfica permita vaticinar una mayor repercusión. Los institutos de carácter europeo (Colegio de Europa de Brujas, Instituto Universitario Europeo de Florencia, Academia de Derecho Europeo de Tréveris, Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht/Estrasburgo, Centro Europeo de Estrasburgo, etc. ) que, llegado el caso, soliciten una ayuda también serán invitados a cumplir este criterio. -7- d) Las acciones previstas deberán presentar tanto unos costes razonables como un nivel de calidad suficiente. Las previsiones presupuestarias relativas a las imciativas contempladas deberán recoger, por una parte, unos costes ajustados a los costes normales del mercado y, por otra, las soluciones menos onerosas para alcanzar los objetivos cualitativos perseguidos. Se fomentarán los proyectos de asociación entre instituciones subvencionables, sobre todo con objeto de responder de la mejor manera posible a este criterio. Asimismo, podrán tomarse en consideración, de forma complementaria, otros criterios de evaluación facultativos: a) Se dará preferencia a las acciones de carácter interprofesional. La reunión de jueces y abogados para que confronten sus respectivos puntos de vista en torno al Derecho comunitario constituye un medio de sensibilización particularmente eficaz. Con todo, este criterio de evaluación reviste un carácter facultativo para tener en cuenta las dificultades particulares -en especial, la extraordinaria diversidad en los hábitos de colaboración entre las jurisdicciones y los colegios de abogados- que puede entrañar su aplicación. b) Asimismo, se evaluará favorablemente el carácter transfronterizo de las acciones, que implica un enriquecimiento mutuo. No obstante, hacer de ello un criterio de selección formal sería contrario al propio espíritu de la Acción Robert SCHUMAN, cuyo primer objetivo es estimular y fomentar una "oferta" de formación y de información sobre el Derecho comunitario en los Estados miembros lo más descentralizada y accesible posible y a un coste moderado. En consecuencia, si bien se ha de alentar en lo posible el fortalecimiento de la cooperación o coordinación entre las instituciones de carácter transfronterizo -los institutos de carácter europeo que se han mencionado en la letra c)-, esto no es más que una respuesta parcial a los objetivos establecidos por la Acción Robert SCHUMAN que no podría satisfacer por sí sola las necesidades existentes. Con todo, se apelará a la experiencia acumulada por estos institutos, dado que el artículo 3d) les permite optar a una ayuda y puesto que la asociación de varias empresas en un mismo proyecto prevista en el artículo 4d) también está destinada a fomentar las posibles sinergias entre estos institutos y otros agentes. El artículo 6 establece las modalidades de apoyo previstas en la Acción. Las iniciativas subvencionadas deberán estar concebidas a largo plazo, puesto que el apoyo financiero de la Comisión durante un período de lanzamiento limitado (uno o dos años) se concederá a cambio del compromiso por parte del beneficiario de proseguir su acción, una vez concluido el período de apoyo, durante un lapso de tiempo al menos equivalente a aquél y sin ayuda por parte de la Comisión. El artículo 7 fija las modalidades de puesta en práctica de la Acción Robert SCHUMAN. En particular, se publicará una convocatoria de manifestaciones de interés en el DOCE para informar a los candidatos potenciales de las condiciones concretas de acceso a una posible ayuda. Estas condiciones se detallarán en un "Vademécum del candidato". El artículo 8, sin anticiparse a las posibles adaptaciones que puedan derivarse de estas iniciativas, encomienda a la Comisión la búsqueda de eventuales sinergias entre la Acción -8- Robert SCHUMAN y otras iniciativas emprendidas en otros ámbitos en relación con la formación o información sobre el Derecho comunitario. En materia de formación, se advierte que lá Acción Robert SCHUMAN se lanza sin perjuicio de otros programas comunitarios, como el Programa LEONARDO, la Acción JEAN MONNET o el Programa GROTIUS, sino antes bien a modo de complemento ideal de éstos. Por lo que se refiere a la información sobre el Derecho comunitario, la Acción Robert SCHUMAN estará destinada a tomar el relevo y mejorar, en beneficio de unos destinatarios muy concretos, las iniciativas que la Comisión ya haya iniciado en este ámbito (como el contenido y acceso a las bases de datos, las tareas de codificación, las redes de documentación, etc. ). El artículo 9 confía a la Comisión la ejecución y el seguimiento de la aplicación del presente programa con objeto de introducir, en su caso, las adaptaciones pertinentes. El seguimiento y la evaluación periodica del programa se someterán al dictamen del Parlamento, del Consejo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. A tal fin, se presentará un informe de evaluación antes del 31 de diciembre de 1999. En el artículo 10 se fija la entrada en vigor de la Decisión. -9- Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas ante el Derecho comunitario (Acción Robert SCHUMAN) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado, 1. Considerando que en la Declaración n° 19 relativa a la aplicación del Derecho comunitario, aneja al acta final del Tratado de la Unión Europea y adoptada el 7 de febrero de 1992 por la Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, se subraya que es necesario para el buen funcionamiento de la Comunidad que las medidas adoptadas en los distintos Estados miembros conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con la misma eficacia y rigor que en la aplicación de sus respectivos Derechos nacionales; Considerando que la realización del mercado interior ha requerido un 2. considerable esfuerzo legislativo que conlleva, en particular, una aproximación de las legislaciones nacionales destinada a crear un espacio sin fronteras; Considerando que la aplicación efectiva y uniforme de las normas del Derecho 3. comunitario en dicho ámbito constituye una nueva prioridad indispensable para el buen funcionamiento del mercado interior; 4. Considerando que las normas comunitarias relativas a las libertades del mercado interior que surten efecto directo pueden ser invocadas, según los procedimientos establecidos en el Derecho nacional, ante cualquier jurisdicción nacional, y que los ciudadanos, consumidores y empresas deben poder confiar en la aplicación de estas normas y gozar, en todos los Estados miembros, de los derechos y garantías que confieren; que está enjuego su seguridad jurídica, la credibilidad del mercado interior y, más aún, la confianza en todo el proceso de construcción europea; 5. Considerando que los ciudadanos, consumidores y empresas únicamente podrán hacer valer todos los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario ante cualquier jurisdicción nacional de la Unión, si los profesionales del Derecho que participan de forma más directa en la aplicación de las normas del Derecho comunitario, a saber, jueces y abogados, están suficientemente informados y formados para hacerlo; 6. Considerando que la Comunicación de la Comisión al Consejo, de 22 de diciembre de 1993, titulada "Aprovechar al máximo el mercado interior - programa estratégico"1, insiste en la importancia, tanto para los justiciables como para el buen funcionamiento del mercado interior, de que los tribunales nacionales sean capaces de resolver un mayor número de casos referentes a la conformidad de normas o actuaciones con el Derecho comunitario y, en este sentido, hace hincapié en la mejora de los conocimientos de los medios jurídicos en lo que respecta a dicho Derecho; Considerando que en la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 7. 1996, sobre el Duodécimo Informe Anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario2 se pide a la Comisión que, con objeto de mejorar la aplicación eficaz y uniforme del Derecho comunitario por parte de las jurisdicciones nacionales, presente un programa de formación e información de las profesiones jurídicas en el ámbito del Derecho comunitario; 8. Considerando que una mayor sensibilización de los jueces y abogados de los Estados miembros ante el Derecho comunitario puede mejorar la cooperación, inherente al ordenamiento jurídico comunitario, entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; 9. Considerando que no incumbe a la Comunidad Europea, conforme al principio de subsidiariedad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Tratado, asumir la responsabilidad de los Estados miembros en lo que se refiere a la organización y el contenido de la formación profesional de jueces y abogados; Considerando que es de su competencia proponer la creación de un dispositivo de 10. apoyo destinado a ayudar a los Estados miembros a remediar las situaciones de déficit de formación e información que repercutan, allí donde se presenten, en la correcta aplicación del Derecho comunitario, necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior; Considerando que el objetivo de lograr una mayor sensibilización de jueces y 11. abogados ante el Derecho comunitario ha de formar parte del dispositivo global que, desde el control de la correcta transposición de las normas del Derecho comunitario hasta las sanciones aplicables en caso de que sea infringido, se propone garantizar la aplicación efectiva y uniforme de las normas del mercado interior; 12. Considerando que la realización de este objetivo implica la instauración de medios de acción específicos, adaptados a las exigencias y limitaciones de la práctica profesional; que la instauración de un instrumento específico cuyo objetivo es mejorar el conocimiento del Derecho comunitario por parte de los jueces y abogados de los Estados miembros completa, en beneficio de unos destinatarios muy concretos, los programas e iniciativas comunitarias ya existentes, 1 2 COM(93) 632. DOCE C 65, de 4. 3. 1996, p. 37. // - HAN ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: Artículo 1 Establecimiento de la Acción Robert SCHUMAN 1. La presente Decisión establece el programa de estímulo denominado "Acción Robert SCHUMAN" para el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1999. 2. Mediante este instrumento de apoyo financiero, la Comunidad se propone estimular y apoyar las iniciativas destinadas a lograr una mayor sensibilización ante el Derecho comunitario de los jueces y abogados de los Estados miembros de la Unión. Artículo 2 Objetivos de la Acción Robert SCHUMAN 1. La Acción Robert SCHUMAN perseguirá los siguientes objetivos: a) apoyar el lanzamiento en los Estados miembros de acciones de formación (inicial o permanente) de carácter práctico en Derecho comunitario por las instituciones encargadas de la formación de jueces y abogados o de futuros jueces y abogados; apoyar el desarrollo en los Estados miembros de medios de información (clásicos o b) basados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información) sobre Derecho comunitario destinados a jueces y abogados; apoyar las iniciativas que puedan facilitar la puesta en práctica de los dos tipos de c) apoyo mencionados, completarlos o aumentar sus efectos. 2. La Acción Robert SCHUMAN apoya y complementa la actuación de los Estados miembros en materia de formación e información sobre Derecho comunitario, respetando plenamente su responsabilidad en lo que concierne a la definición del contenido y de la organización de la formación profesional. Artículo 3 Instrumento de intervención comunitaria 1. La Acción Robert SCHUMAN se concibe como un marco de apoyo financiero a las iniciativas emprendidas en los Estados miembros con el fin de realizar los objetivos citados en el artículo 2. 2. A cada uno de estos objetivos corresponde una vertiente específica de la Acción Robert SCHUMAN: vertiente "formación", vertiente "información" y vertiente "acciones de acompañamiento". Artículo 4 Condiciones para optar a las ayudas 1. Podrán optar al apoyo financiero de la Acción Robert SCHUMAN las instituciones encargadas en los Estados miembros -a escala local, regional o nacional- o bien a nivel comunitario de: la formación profesional permanente de jueces o abogados; o la formación profesional inicial de futuros jueces o abogados. 2. Las instituciones contempladas en el apartado 1 son: a) los órganos jurisdiccionales; b) los colegios de abogados y organizaciones profesionales asimiladas; el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial o asimilados; los centros de enseñanza autorizados encargados de la formación inicial o c) d) permanente de jueces o abogados; las universidades encargadas de impartir la formación inicial o permanente de jueces e) o abogados. Artículo 5 Criterios de selección de los proyectos 1. Las instituciones subvencionables solicitarán el apoyo financiero procedente de la Acción Robert SCHUMAN presentando a los servicios competentes de la Comisión un proyecto de acción de formación, de información o de acompañamiento. 2. La selección de los proyectos y la concesión de las ayudas financieras se basarán en la aplicación de los siguientes criterios: a) Carácter práctico Las acciones previstas deberán permitir a sus destinatarios adquirir conocimientos adecuados y de utilidad inmediata para el ejercicio cotidiano de su actividad profesional. _/3 - b) Facilidad de acceso Las acciones previstas deberán perseguir la sensibilización del mayor número posible de jueces y abogados y ser provechosas, en particular, para los que aún no hayan sido sensibilizados en lo que se refiere al Derecho comunitario. c) Adaptación a las limitaciones que impone la práctica profesional Las acciones previstas deberán desarrollarse conforme a modalidades adaptadas a las exigencias de la práctica profesional (especialmente en lo que a horario y proximidad geográfica se refiere). d) Relación coste-eficacia A la hora de evaluar los proyectos presentados en el marco de la Acción Robert SCHUMAN, la Comisión tendrá en cuenta los principios establecidos en los Reglamentos financieros aplicables en la materia, especialmente los principios de buena gestión financiera, de economía y de relación coste-eficacia. Las acciones previstas deberán implicar unos costes razonables con respecto a sus objetivos. Una mejora en la relación coste-eficacia de estas acciones podrá lograrse, en particular, mediante la asociación de varias instituciones subvencionables y la consiguiente utilización conjunta de sus recursos. 3. Criterios facultativos complementarios: Asimismo, se valorarán los siguientes criterios de evaluación facultativos: el carácter interprofesional de las acciones (la presencia de jueces y abogados tanto a) entre sus organizadores como entre sus destinatarios); el carácter transfronterizo de las acciones (la presencia de ciudadanos de varios b) Estados miembros de la Unión tanto entre sus organizadores como entre sus destinatarios). Artículo 6 Modalidades de apoyo 1. Las ayudas financieras de la Acción Robert SCHUMAN, destinadas a incentivar, completar y apoyar la actuación de las instituciones citadas en el artículo 3 de la presente Decisión, constituyen un apoyo adicional a las fuentes de financiación locales o nacionales, y su objetivo es posibilitar la realización de un proyecto. En consecuencia, el apoyo financiero concedido no podrá dar lugar a la realización de un beneficio directo o indirecto. 2. Para garantizar la continuidad de las acciones subvencionadas, el beneficiario de una ayuda de la Acción Robert SCHUMAN se comprometerá a proseguir su acción, al término del período durante el cual haya disfrutado de la ayuda, durante un lapso de tiempo equivalente a dicho período y sin apoyo por parte de la Comisión. Los beneficiarios se comprometerán a reembolsar integramente los importes recibidos, en caso de incumplir tal compromiso. 3. El apoyo financiero de la Acción Robert SCHUMAN se concederá por un período de uno o dos años. 4. El apoyo financiero previsto en virtud de la Acción Robert SCHUMAN se concederá con arreglo a las normas aplicadas por la Comisión en materia de subvenciones. El control del respeto de estas normas estará garantizado por los servicios de la Comisión y por el Tribunal de Cuentas Europeo. Artículo 7 Puesta en práctica 1. La Comisión establecerá las modalidades para la puesta en práctica y ejecución del presente programa. 2. Se publicará una convocatoria de manifestaciones de interés anual en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para informar a los candidatos potenciales de los objetivos y las condiciones de acceso a una ayuda de la Acción Robert SCHUMAN. Artículo 8 Coherencia de la acción comunitaria 1. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, velará por la coherencia entre el presente programa y las demás acciones comunitarias llevadas a cabo en materia de formación o de información. 2. La Acción Robert SCHUMAN completa la acción desarrollada en el marco de otros programas, en particular, el programa Leonardo da Vinci para la aplicación de un política de formación profesional de la Comunidad, la Acción Jean Monnet para el desarrollo de la enseñanza sobre la integración europea en la universidad, o el programa Grotius -una acción conjunta fundada en el artículo K. 3 del Tratado de la Unión- de fomento e intercambio destinado a los profesionales del Derecho. )¿~ Artículo 9 Seguimiento y evaluación 1. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, garantizará el seguimiento y la evaluación periódica del presente programa con objeto de que, llegado el caso, sea reajustado en función de las necesidades surgidas en el curso de su ejecución. 2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, a más tardar el 31 de diciembre de 1999, un informe de evaluación sobre la aplicación del presente programa. Artículo 10 Entrada en vigor La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 1997. Ficha financiera 1. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA Acción Robert SCHUMAN para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas frente al Derecho comunitario 2. LÍNEA PRESUPUESTARIA B 5 300: Mercado interior 3. FUNDAMENTO JURÍDICO Artículo 100A del Tratado CE 4. DESCRDTCIÓN DE LA MEDIDA 4. 1 Objetivo general la aplicación de La Acción Robert Schuman pretende mejorar en los órganos jurisdiccionales de las normas necesarias para el los Estados miembros funcionamiento del mercado interior mediante el perfeccionamiento de la formación y la información relativas ai Derecho comunitario de los miembros de la carrera judicial y de la abogacía. Al reconocer a estos profesionales del derecho un cometido esencial para el buen funcionamiento del mercado interior, la acción pretende ayudarles a asumir sus responsabilidades lo mejor posible. Mediante un apoyo económico temporal y condicional, la Acción Robert SCHUMAN ayudará a las instituciones subvencionables a participar en la organización de actividades de formación e información sobre Derecho comunitario para miembros de la carrera judicial y de la abogacía así como en otras actividades complementarias que puedan multiplicar los efectos de las actividades citadas en primer lugar. 4. 2 Periodo abarcado y modalidades previstas para su renovación La Acción Robert SCHUMAN tiene una duración de tres años. 5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO/INGRESO GNO/CD (% - TIPO DE GASTO/INGRESO - Las subvenciones de la Acción Robert SCHUMAN constituyen un apoyo económico suplementario destinado a posibilitar la realización de proyectos de formación e información o de actividades complementarias para los que los beneficiarios carecen de medios suficientes (propios o procedentes de otras fuentes de financiación). - Con objeto de garantizar la continuidad de las actividades subvencionadas, los beneficiarios de una ayuda con cargo a la Acción Robert SCHUMAN se comprometen a proseguir sin ayuda la actividad subvencionada al término del periodo durante el que haya recibido la ayuda, por otro periodo de una duración equivalente al menos a la de la subvención. 7. INCIDENCIA FINANCIERA 7. 1 Meted© de cálculo del coste total de la acción: A. El coste total de la acción es el resultado de sumar dos tipos de gastos: - tes mlmm£MM£s de IM Acción Robert SCHUMAN son ayudas económicas concedidas para la realización en los Estados miembros de actividades de formación e información y para actividades complementarias. Por actividades de formación se entiende, por ejemplo, seminarios, cursos nocturnos, jornadas de sensibilización u otras actividades destinadas a jueces y abogados que deben responder a los criterios de selección recogidos en la propuesta de decisión por la que se crea la Acción Robert SCHUMAN (carácter práctico, accesibilidad, adaptación a las exigencias de la práctica profesional, relación coste/eficacia). Por actividades de información se entiende, por ejemplo, la creación o dotación de bibliotecas o centros de documentación profesional, la edición de instrumentos prácticos de información. Por actividades complementarias se entiende las iniciativas complementarias susceptibles de incrementar o mejorar ia eficacia de las actividades anteriores, por ejemplo, iniciativas de "formación de los responsables de la formación" de jueces y abogados. SCHUMAN deben servir para aprovechar al máximo y evaluar la eficacia de la misma. ~ie _ Estos gastos cubren: a) la edición de instrumentos prácticos de sensibilización para su difusión a gran escala en los medios profesionales afectados. Estos instrumentos consistirán en cinco recopilaciones de casos prácticos de Derecho comunitario (aplicado al derecho de los consumidores, derecho mercantil, derecho del trabajo, derecho fiscal y derecho de competencia) destinados a los profesionales del derecho, y quince guías sobre el acceso a la información sobre Derecho comunitario en cada Estado miembro, b) la realización de un sondeo de evaluación de los efectos de la acción al término de la misma. B. El coste total de la acción se desglosa de la siguiente manera: - Subvenciones: 3. 600. 000 ecus. Basándose en las evaluaciones de las experiencias piloto iniciadas en 1996, el importe medio de las subvenciones solicitadas sería de aproximadamente 20. 000 ecus. Si se traslada esta cifra al objetivo consistente en subvencionar 3 proyectos por Estado miembro (3x20. 000x15), se obtiene un total de 900. 000 ecus para 1997. Posteriormente cabe establecer el objetivo de subvencionar 4 proyectos por Estado miembro (4x20. 000x15 = 1. 200. 000) en 1998, y 5 proyectos en 1999 (5x20. 000x15 = 1. 500. 000). No obstante, esta evaluación es teórica e indicativa, especialmente si se tiene en cuenta que las necesidades económicas no siempre llegarán a los 20. 000 ecus previstos, lo que debería permitir subvencionar un mayor número de actividades. Por otra parte, la situación inicial y las necesidades en materia de sensibilización frente al Derecho comunitario no son las mismas en Luxemburgo que en Finlandia, por poner un ejemplo, y sería contraproductivo que cada Estado miembro se beneficiase estrictamente durante cada año de funcionamiento de la acción de los 3, 4 y 5 proyectos antes citados. - Animación: 2. 000. 000 de ecus. Para el apartado "Animación y seguimiento", el importe obtenido resulta de sumar tres gastos: a) la edición de quince "Guías de acceso a la información sobre Derecho comunitario" se realizará en dos fases: ya se han encargado a través de una licitación (con cargo al presupuesto de 1996) las correspondientes a Francia y Grecia y deberán publicarse con cargo a los recursos de 1997. Las de los 13 Estados restantes deberán elaborarse mediante licitación en 1997 y publicarse en 1998. - / 9- El coste total de esta operación (impresión de las dos guías ya elaboradas, concepción e impresión de las otras trece), según las estimaciones basadas en los costes de concepción de las dos guías ya encargadas y las cifras facilitadas por la OPOCE, se estima en 1. 450. 000 ecus (13x25. 000, es decir, 325. 000 ecus de concepción y 15x75. 000, es decir, 1. 125. 000 ecus de impresión y difusión). b) La preparación de cinco "Recopilaciones de casos prácticos de Derecho comunitario" referentes a cinco grandes ramas del Derecho comunitario para su traducción a las 11 lenguas de la Unión ya se ha efectuado mediante licitación (presupuesto 1996). Estas Recopilaciones se imprimirán y distribuirán en 1997. El coste total de esta impresión y difusión en 1997 se estima en 400. 000 ecus (5 guías x 80. 000 ecus). c) El coste total de la realización de un sondeo de evaluación al término de la acción se estima en 150 000 ecus, que es aproximadamente el coste de un sondeo similar encargado por la DG XV en 1995. Total gérerai: Se prevé reservar una dotación financiera indicativa de 5. 600. 000 ecus de créditos operativos para la realización de la totalidad de este programa. 7. 2 Desglose por elementos de la acción: Desglose Año 1997 1998 1999 Total CC en millones de ecus (precios corrientes) Subvenciones; Formación Información Act. Complementarias Total Animación; Instrumentos de sensibilización Sondeo de evaluación Total: Total: 0,50 0,35 0,05 0,9 0,70 0,40 0,10 1,2 0,90 0,45 0,15 1,5 2,1 1,2 0,3 3,6 0,7 (1) 0,625 (2) 0,7 1,6 0,625 1,825 0,525 (3) 0,150 0,675 1,85 0,150 2 - 2,175 5,6 (1) Detalle para 1997: - impresión/difusión de 2 guías: 75. 000x2= 150. 000 ecus - impresión/difusión de 5 recopilaciones: 80. 000x5=400. 000 ecus - concepción de 6 guías mediante licitación: 25 000x6=150. 000 ecus Total: 700. 000 ecus. *T¿fe - (2) Detalle para 1998: - concepción de las 7 guías restantes mediante licitación: 25. 000x7 = 175. 000 ecus - impresión/difusión de las 6 guías encargadas en 1997: 75. 000x6=450. 000 ecus Total: 625. 000 ecus. (3) Detalle para 1999: - impresión/difusión de las 7 guías encargadas en 1998: 75. 000x7=525. 000 ecus. 7. 3 Calendario créditos de compromiso / créditos de pago: Año 1997 1,6 0,8 Créditos de compromiso Créditos de pago año n n+1 n+2 y ejercicios siguientes CC en millones de ecus 1998 1999 2000 Total 1,825 2,175 5,6 0,8 1 0,825 1,175 1 1 5,6 Total 8. 0,8 1,8 2 D I S P O S I C I O N ES A N T I F R A U DE P R E V I S T AS El pago efectivo de las subvenciones sólo se realiza al final del ejercicio previa presentación de un desglose financiero pormenorizado y certificado por el beneficiario. Éste se compromete, por otra parte, a conservar todos los documentos contables justificativos correspondientes a la actividad desarrollada durante un periodo de tres años y a someterse a los eventuales controles establecidos en los reglamentos financieros. Las "declaraciones de los beneficiarios de una subvención Robert Schuman" firmadas por los candidatos elegidos contendrán disposiciones antifraude (relativas a los controles y a la presentación de informes de actividad e informes financieros). 9. ELEMENTOS DE ANÁLISIS COSTE-EFICACIA 9. 1 Objetivos específicos y ceantificables, población destinataria: - Objetivos específicos cuantificables: Los objetivos específicos de la Acción Robert SCHUMAN, de índole cu:?''at i va y cuantitativa, consisten concretamente en: - £ /- a) Con respecto a la formación: - suscitar por parte de las instituciones encargadas de la formación inicial o continua de jueces y abogados la puesta en marcha de actividades de formación práctica de calidad que verse en Derecho comunitario destinadas a dichos profesionales (cf creación de nuevos cursos o seminarios específicos, realización de jornadas de sensibilización. ), - permitir así la sensibilización frente al Derecho comunitario de un amplio abanico de jueces y abogados todavía no sensibilizados, - estimular el desarrollo de métodos de formación en Derecho comunitario adaptados a las necesidades de la práctica profesional de los jueces y abogados, - fomentar, cuando sea posible, el diálogo interprofesional entre jueces y abogados relativo a la aplicación del Derecho comunitario, - fomentar, cuando sea posible, el diálogo entre jueces y abogados de distintos Estados miembros en lo referente a la aplicación del Derecho comunitario. b) Con respecto a la información: - fomentar la creación o desarrollo de fuentes y soportes de información accesibles, actualizables y de intención práctica relacionados con el Derecho comunitario (centros de documentación profesional, bases de datos profesionales, boletines de información profesionales. ) dirigidos a jueces y abogados, - mejorar las condiciones de acceso de jueces y abogados a la información sobre Derecho comunitario y mejorar, concretamente, la difusión de información sobre las fuentes y soportes de información disponibles relacionados con el Derecho comunitario dirigidos a dichos profesionales del Derecho, - fomentar el recurso a las nuevas tecnologías de la información en el ámbito de la información de jueces y abogados referente al Derecho comunitario, - acentuar la dimensión práctica y profesional del contenido de la información disponible sobre Derecho comunitario. c) Respecto de las actividades complementarias: - fomentar la constitución de redes de intercambio de experiencias en los ámbitos de la formación e información sobre Derecho comunitario de jueces y abogados, - suscitar la puesta en marcha de actividades de formación de ios formadores de jueces o abogados en materia de Derecho comunitario. -â£~ - Población destinatario: Los destinatarios finales de la Acción Robert SCHUMAN son los jueces y abogados de los Estados miembros (450. 000 abogados y 100. 000 jueces). Los beneficiarios directos de las subvenciones (intermediarios institucionales subvencionables) son los organismos sin ánimo de lucro cuya actividad de formación o información de jueces y abogados esté reconocida por los Estados miembros. En el artículo 3 del proyecto de decisión del Consejo por la que se crea la Acción Robert SCHUMAN se recoge una lista limitativa de estos candidatos elegibles. 9. 2 Justificación de la medida - Necesidad de la intervención presupuestaria comunitaria: El buen funcionamiento del mercado interior depende en gran medida de la capacidad de los profesionales del derecho nacionales para aplicar las reglas de dicho mercado. Esta capacidad se ve obstaculizada por un déficit formativo e informativo que ya ha sido subrayado en varias ocasiones, tanto en el Informe SUTHERLAND de 1992, como en el Programa estratégico "Aprovechar al máximo el mercado interior" de 19931, en un sondeo encargado por la Comisión en 1995 y realizado entre una muestra representativa de los abogados de la Unión2 y también por el Parlamento Europeo con ocasión de los debates anuales sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario3. Este déficit de sensibilización frente al Derecho comunitario se debe tanto ai bajo nivel de concienciación ante las posibilidades y el ámbito de aplicación de dicho derecho por parte de las profesiones afectadas como a la escasez de los medios financieros empleados para poner fin a dicho déficit, escasez que es al mismo tiempo causa y efecto de la falta de concienciación. Con objeto de romper este círculo vicioso, se ha estimado conveniente, especialmente tras las reuniones del grupo tripartita de expertos de alto nivel (jueces, abogados y universitarios) organizadas por la Comisión en 1995 y 1996, instaurar un mecanismo específico de fomento económico enfocado hacia los actores que han de desempeñar un cometido fundamental en el proceso de aplicación del Derecho comunitario. La existencia de esta iniciativa pretende en sí misma reflejar la importancia que la Comunidad concede al papel de los jueces y abogados de cara a la correcta aplicación del Derecho comunitario y, sobre todo, permitir a todas las instituciones subvencionables acceder a los medios económicos necesarios para poner en marcha las actividades de sensibilización en este ámbito. COM (93) 632. Sondeo EOS Gallup-Europe, febrero de 1995. Resolución de 13 de febrero de 1996, DOCE C 65, de 4. 03. 1996, p. 37. ~¿1 - Al intentar que un público esencial asuma su misión de interés general en pro del buen funcionamiento del mercado interior, la Acción Robert SCHUMAN constituye el complemento indispensable de la iniciativa "Ciudadanos de Europa" emprendida por la Comisión para dar a conocer al ciudadano europeo sus derechos en la Unión. En efecto, parece ilusorio incitar al ciudadano europeo a que haga valer sus derechos resultantes del ordenamiento jurídico comunitario si los actores encargados de dar vida a dichos derechos en los sistemas judiciales de los Estados miembros no están familiarizados con su existencia y su contenido. El lanzamiento de esta iniciativa se anunciaba en el programa estratégico "Aprovechar al máximo el mercado interior" y ha sido objeto de peticiones reiteradas por parte del Parlamento Europeo que, el 13 de febrero de 1996, adoptó una resolución al respecto. Elección de las modalidades de la acción: La gran diversidad de la organización de las profesiones destinatarias y, más concretamente, de los sistemas de formación aplicados en los Estados miembros suponía instaurar un programa comunitario de apoyo que pudiese establecer unos criterios cualitativos y un marco de orientación para la iniciativa al tiempo que dejaba a los beneficiarios interesados la elección de ciertas modalidades prácticas de aplicación descentralizadas y respetuosas de las diversidades nacionales. La intervención comunitaria no pretende en lo más mínimo afectar a la organización de la formación o de la información de las profesiones jurídicas destinatarias, con arreglo al principio de subsidiariedad, sino simplemente ofrecer a los operadores que lo deseen un apoyo económico destinado a mejorar el conocimiento del Derecho comunitario. Las ventajas del sistema elegido en comparación con otros sistemas existentes o posibles estriba, concretamente y por lo que a la formación se refiere, en fomentar las iniciativas locales y descentralizadas más que la organización de actividades transnacionales que suponen unos costes de organización o de desplazamiento elevados y se dirigen a un público ya concienciado o la acción consiste, suficientemente motivado. El doble objetivo de simultáneamente, en concienciar, a la escala más local posible, a los profesionales destinatarios frente a la importancia de su función en cuanto a ia aplicación del Derecho comunitario y proponerles los medios de satisfacer la curiosidad suscitada. Las experiencias piloto iniciadas con arreglo a estos principios durante 1996 han sido bien acogidas por parte de los profesionales interesados. Las principales fuentes de incertidumbre que pueden afectar a los resultados concretos de la acción proceden del número de candidaturas que se puedan presentar con ocasión del lanzamiento del programa. Un número excesivo de candidaturas (hipótesis nada desdeñable habida cuenta del éxito de la acción en su fase piloto) obligaría a examinar los proyectos con criterios más selectivos con objeto de evitar el desperdigamiento de los recursos disponibles. ~Ax 9. 3 Seguimiento y evaluación de la medida:. Indicadores de resultados: a) I. os indicadores de resultados disponibles inicialmente serán básicamente indicadores de rendimiento y los instrumentos de evaluación previsibles en la primera fase de funcionamiento (años n y n+1) de los proyectos serán esencialmente datos inmediatos tales como: - el volumen de candidaturas presentadas a la Comisión (solicitudes de expedientes de candidatura), que constituirá un primer indicador de difusión de la acción y de la calidad de su recepción en los medios interesados, - el número de proyectos seleccionados cada año, que será un "indicador de motivación" útil por si mismo, - el número total de beneficiarios finales (público destinatario) de las actividades realizadas, - la percepción por parte del público destinatario de la eficacia de las actividades, evaluada mediante una encuesta realizada entre los beneficiarios de las acciones y un índice de satisfacción. b) En cuanto la acción alcance su "velocidad de crucero" se podrán utilizar unos indicadores de impacto más genéricos: - un sondeo entre el conjunto de profesiones afectadas (grupo más amplio que el de los simples beneficiarios de acciones Robert SCHUMAN), basado en el modelo del realizado en 1995 (véase punto 9. 2) permitirá evaluar la evolución del arraigo del Derecho comunitario entre los profesionales interesados y constituirá, por comparación con los resultados de 1995, un buen indicador de los progresos alcanzados, - también la evolución de las cuestiones prejudiciales que se presenten ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será un indicador adecuado. - Modalidades y periodicidad de la evaluación: La evaluación de las actividades subvencionadas se efectuará al final de cada año de ayuda, con arreglo al informe de actividad y evaluación presentado por el beneficiario, a los resultados de las encuestas directas encargadas por la Comisión y a cualquier otro elemento disponible. Los servicios de la Comisión prepararán un informe de evaluación detallado para cada actividad. - Valoración de los resultados obtenidos: Cada año se elaborará un informe anual de actividad de la Acción Robert SCHUMAN en su conjunto. Asimismo, se preparará un informe final de evaluación al término del programa. Todos estos informes se transmitirán al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. «^f- 10. G A S T OS ADMINISTRATIVOS (PARTE A DE LA SECCIÓN HI D EL PRESUPUESTO) La movilización efectiva de los recursos administrativos necesarios se derivará de la decisión anual de la Comisión en lo que respecta a la asignación de los recursos, habida cuenta especialmente de los efectivos y de los importes suplementarios que habrán sido concedidos por la autoridad presupuestaria. Los recursos necesarios para cubrir los gastos administrativos citados a continuación se obtendrán mediante redistribución de los recursos financieros existentes y no requieren recursos suplementarios. 10. 1 Incidencia sobre el número de puestos de trabajo Tipos de puestos de trabajo Personal destinado a la gestión de la medida de los cuales duración puestos permanentes puestos temporales por utilización de los recursos existentes en la DG o servicio afectado por utilización de recursos suplementarios Funcionarios o agentes temporales Otros recursos 10. 2 Incidencia financiera global de los recursos humanos suplementarios: (ecus) Importes Método de cálculo Funcionarios Agentes temporales Otros recursos (indicar línea presupuestaria) Total 1 I -Se 10. 3 Aumento de otros gastos de funcionamiento derivados de la iniciativa: Línea presupuestaria (n° y denominación) (ecus) Importes Método de cálculo Reimtoses A 250 30. 000 I Total 30. 000 Reuniones anuales de expertos estimadas en 3 x 10. 000 ecus (1) Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante los tres años de duración total ék te mima (1) Bale kwp©rte corresponde al coste de la reuniones del Grupo de expertos "Formación e Hrfbrmeeiófi áe las profesiones jurídicas para la aplicación del Derecho comunitario" organizadas harta ta fecha por ta DG XV. • ^7 ~ ISSN 0257-9545 COM(96) 580 final DOCUMENTOS ES 10 06 16 01 N° de catálogo : CB-CO-96-579-ES-C ISBN 92-78-11531-2 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxembufgo •â?


title: REGOLAMENTO (CE) N. 2195/96 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1996 che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantunesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 2002/96

eurovoc_concepts:
award of contract
beef
intervention buying
maximum price
product quality
quantitative restriction


title: Resolución sobre el programa de la Comisión para la mejora de la gestión financiera (Sound and Efficient Financial Management 2000 = S.E.M. 2000).

eurovoc_concepts:
European Commission
administration of the Institutions
budgetary assessment
budgetary control
financial management
fraud against the EU
implementation of the budget
management accounting


title: Reglamento (CE) nº 2196/96 de la Comisión de 15 de noviembre de 1996 por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas

eurovoc_concepts:
export licence
export refund
food aid
fruit
third country
vegetable

formats: html pdfa1b print


title: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2195/96 av den 15 november 1996 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det etthundrasjuttioförsta delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordningarna (EEG) nr 1627/89 och (EG) nr 2002/96


title: Regulamento (CE) nº 2230/96 da Comissão de 15 de Novembro de 1996 que altera o anexo do Regulamento (CEE) nº 3846/87, que estabelece a nomenclatura dos produtos agrícolas para as restituições à exportação

eurovoc_concepts:
Combined Nomenclature
agricultural product nomenclature
common customs tariff
customs regulations
export refund
tariff nomenclature