title: Reglamento (CE) nº 2325/96 de la Comisión de 4 de diciembre de 1996 por el que se modifican los Reglamentos (CE) nos 1598/95 y 1600/95, como consecuencia de la modificación de la nomenclatura combinada de determinados productos lácteos

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CCT duties
Combined Nomenclature
cheese
common customs tariff
milk product
tariff quota


title: Reglamento (CE) nº 2326/96 de la Comision de 4 de diciembre de 1996 por el que se fija para el año 1996 la contribución comunitaria y la contribución de los Estados miembros afectados a los fondos de desguace que figuran en el Reglamento (CEE) nº 1101/89 del Consejo relativo al saneamiento estructural de la navegación interior

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development plan
fund (EU)
industrial restructuring
inland waterway fleet
inland waterway shipping
vessel

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title: QUESTION ECRITE no 3422/96 de Amedeo AMADEO au Conseil. Travail d'enfants mineurs

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International Labour Office
International Labour Organisation
World Trade Organisation
action programme
child labour
developing countries
international aid
labour standard
restriction on competition
textile industry


title: KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2322/96, annettu 4 päivänä joulukuuta 1996, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1464/96 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 18. osittaista tarjouskilpailua varten

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award of contract
export refund
white sugar


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EU environmental policy
EU programme
environmental impact
impact study
town and country planning

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 04. 12. 1996 COM(96) 511 final 96/0304 (SYN) Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Presentadas por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Antecedentes 1. 1 En la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ("Directiva El A"), se exige una evaluación del impacto ambiental previa a la autorización de los proyectos que puedan tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente. Sin embargo, dicha Directiva no dispone ninguna evaluación previa a la adopción de los planes y programas que establecen el marco de tales decisiones de autorización. Así pues, la legislación comunitaria no recoge, por ejemplo, la obligación de efectuar una evaluación de impacto ambiental antes de aprobar un plan regional de ordenación territorial. La presente propuesta tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente obligando a que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental y se tomen en consideración sus resultados en la preparación y adopción de tales planes y programas importantes desde el punto de vista ambiental. Así se complementará la evaluación ambiental de proyectos según la Directiva EIA, que se realiza en una fase posterior del proceso decisorio. Ámbito de aplicación de la propuesta 1. 2 1. 3 La propuesta establece el procedimiento de evaluación ambiental respecto a los planes y programas públicos a que se refiere el artículo 2 de la Directiva. Se aplica, por tanto, al nivel de la planificación y programación pero no al nivel político, más general, de la toma de decisiones en la cumbre de la jerarquía de dicho proceso. Si bien es importante tener en cuenta el medio ambiente en las decisiones políticas generales, los requisitos de procedimiento de la presente propuesta pueden no ser los adecuados para lograr ese objetivo. Tales decisiones se elaboran de forma muy flexible y podrían requerir un enfoque distinto para integrar las consideraciones ambientales en el proceso. La Comisión sigue estudiando este asunto. La propuesta se limita a los planes y programas sobre usos del suelo y a los planes y programas adoptados como parte del proceso de toma de decisiones relativas a la ordenación territorial con el fin de establecer el marco para posteriores decisiones de autorización que permitan a los promotores continuar con sus proyectos. Los planes y programas sobre la ordenación territorial determinan los usos del suelo e incluyen disposiciones sobre la naturaleza, el tamaño, la ubicación y las condiciones de explotación de las instalaciones y actividades en distintos sectores relacionados con la ordenación territorial. La propuesta va a regular los planes y programas sobre usos del suelo, incluidos los planes de usos del suelo en sectores tales como el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la industria, las telecomunicaciones, el turismo o la energía. No obstante, la propuesta sólo va a regular los planes y programas adoptados por un órgano competente según un procedimiento oficial, lo cual no quiere decir que los Estados miembros vayan a tener que elaborar procedimientos oficiales de adopción para cumplir la propuesta sino que ésta sólo va a regular los planes y programas que son objeto de procedimientos oficiales de adopción existentes. Un ejemplo de plan que puede quedar incluido en el campo de aplicación de la Directiva puede ser un plan de extracción de minerales que incluya, entre otras cosas, disposiciones sobre la naturaleza, las dimensiones, la ubicación y las condiciones de la extracción de minerales en una zona dada. Un ejemplo de plan no incluido en ese campo de aplicación puede ser un plan energético global que se refiera a temas generales tales como los recursos energéticos o la demanda y la oferta de energía, o planes y programas relativos a subsidios económicos o al ahorro de energía. La propuesta constituye otro paso importante para garantizar que las consideraciones ambientales se integran en el proceso decisorio en los Estados miembros. No obstante, es poco probable que sea el último paso de este proceso. El funcionamiento de la Directiva tendrá que revisarse a los siete años de su entrada en vigor (artículo 11). Para aclarar el ámbito de aplicación de la propuesta, se ofrece una lista indicativa de algunos de los planes y programas que pueden incluirse en él. Alemania: Landesraumordnungsprogramme/plane; Austria: Landesentwicklungsprogramme/plûne; Regionalprogramme/plàne; Fláchennutzungspláne Landesentwicklungsplâne/programme; Sektorale Entwicklungs programme; ôrtliche Raumordnungsprogramme; Fláchenwidmungsplane Bélgica: Región valona: Plan Secteur; Plan Particulier d'Aménagement (PPA); Schéma structurel; Bruselas: Flandes: Dinamarca: España: Finlandia: Francia. Grecia: Irlanda: Italia: Luxemburgo: Países Bajos: Portugal: Reino Unido: Suecia: Schéma directeur Plan de Développement Régional; Plan Régional d'affectation du Sol (PRAS Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; Gewestplan; Provinciaal Structuurplan Regionalplaner; Kommuneplanex Plan nacional de ordenación; Plan director territorial de coordinación; Plan general municipal de ordenación urbana (PG); Programa de actuación urbanística (PAUj Asemakaava; Rakennuskaava Contrat de plan Etat-région; Directive territoriale d'aménagement (DTA); Chorotaxiko Schedio; Rythmistiko Schedio; Geniko poleodomiko schedio (GPS); Schedio poleos - Poleodomiki meleti Development plans Piano territoriale di coordinamento & Piano territoriale Paesistico; Piano regolatore genérale; Piano di recupero (Pdre); Piano degli insediamenti produttivi (PIP) Plan d'aménagement général; Plan d'aménagement partiel; Plan d'aménagement particulier Vierde Nota Over de Ruimtelijke Ordening Extra; Streekplan; Stuctuurplan Piano Regional de Ordenamento do Territorio (PROT); Pianos Municipais de Ordenamento do Territorio (PMOTs); Plano Director Municipal (PDM); Pianos de Urbanizaçâo Structure plans & unitary development plans part one; Local plan & unitary development plan (UDP) part two ôversiktsplan (ÔP); Detaljplan (DP); Omradesbestâmmelser 1. 4 La restricción de la propuesta a planes y programas que formen parte del proceso de elaboración de decisiones de autorización implica que la nueva Directiva no se aplicará a los planes presentados a la Comisión según los Reglamentos sobre los fondos estructurales (Reglamento (CEE) n° 2052/88, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2081/93) ya que tales planes se preparan con respecto a la cofinanciación de prioridades de desarrollo regional y no con fines de autorización de proyectos. No obstante, los Reglamentos sobre los fondos estructurales ya requieren que los planes presentados con arreglo a ellos vayan acompañados por una evaluación ambiental. Además, la realización de las actividades descritas en los planes de los fondos estructurales por los Estados miembros tiene que conformarse a la legislación ambiental de la Comunidad, incluidos los eventuales requisitos de evaluación ambiental según la Directiva EIA y, en el futuro, la nueva Directiva. El resultado es que el medio ambiente tendrá que ser considerado tanto por la Comisión al estudiar los planes de los fondos estructurales como por los Estados miembros al adoptar planes y programas de autorización y al aprobar proyectos con el fin de realizar actividades relacionadas con los fondos estructurales. Así debe conseguirse un elevado nivel de protección ambiental. 1. 5 La propuesta sólo se aplica a los planes y programas que son objeto de un procedimiento de adopción oficial, es decir, a los planes y programas que son adoptados por las autoridades públicas o mediante un acto legislativo. En las consultas a los Estados miembros quedó patente que pocos eran los planes y programas importantes que se adoptan por un acto legislativo. En el caso de esos planes y programas, la autoridad competente completa la evaluación ambiental antes de que se adopte una decisión. Asi pues, la propuesta no va a afectar al proceso legislativo. La evaluación ambiental estratégica tiene la ventaja de que el órgano responsable está mejor informado antes de adoptar una decisión. Ventajas desde el punto de vista del medio ambiente 1. 6 1. 7 La presente propuesta va a constituir un importante avance hacia la consecución de un desarrollo sostenible en la Comunidad. Va a servir para aumentar la integración de las consideraciones medioambientales en la formulación de planes y programas. Aportará una valiosa contribución para la realización de los tres primeros objetivos establecidos en el apartado 1 del artículo 130 R del Tratado, a saber, preservar, proteger y aumentar la calidad del medio ambiente (véase el apartado 2. 1). Lo mismo puede decirse con respecto al principio de acción preventiva a que se refiere el apartado 2 de ese mismo artículo del Tratado. El hecho de realizar una evaluación ambiental en el nivel de planes y programas quiere decir que las metas ambientales van a fijarse en una fase más temprana del proceso y que van a ser evaluadas con carácter interactivo y global al nivel adecuado. Esto, por su parte, permitirá que los planificadores y los responsables de la decisión conozcan y consideren los impactos ambientales. Cuando la autoridad competente estudia una solicitud de autorización para realizar un proyecto, ya se han tomado muchas decisiones importantes que determinan en parte el desenlace del proceso de autorización. Por ejemplo, la localización general de un tipo concreto de proyecto puede determinarse aprobando un plan regional de ordenación territorial. La evaluación de impacto ambiental en la fase de proyecto se produce demasiado tarde en el proceso decisorio para afectar a las decisiones en la fase de plan. Si no se exige la evaluación ambiental en la fase de plan y programa de dicho proceso de autorización, las decisiones se tomarán sin tener en cuenta globalmente las consecuencias ambientales. La presente propuesta tiene por objeto evitar esa situación estableciendo la evaluación de impacto ambiental previa a la adopción de tales planes y programas que puedan tener repercusiones ambientales importantes. 1. 8 1. 9 El sistema de evaluación de planes y programas permitirá, entre otras cosas, valorar adecuadamente las soluciones alternativas (elección entre distintas localizaciones para un proyecto concreto o entre medios de transporte diferentes), valoración que sólo puede llevarse a cabo de forma apropiada en las fases de plan y programa. Asimismo, gracias a la evaluación ambiental de planes y programas, podrán valorarse las repercusiones ambientales sinérgicas y acumulativas de numerosos proyectos de pequeño alcance. Por ejemplo, la localización general de viviendas nuevas podrá considerarse en el contexto de un plan regional de ordenación territorial, y así se evaluarán las repercusiones ambientales de diversas localizaciones de viviendas y se tendrán presentes en la preparación del plan. Este tipo de evaluación no está recogido en modo alguno en la Directiva EIA. Quinto programa de medio ambiente "Hacia un desarrollo sostenible" 1. 10 El Quinto programa de medio ambiente requiere la aplicación de una estrategia de desarrollo sostenible, para cuyo fomento existen varias vías. Es evidente que una de estas vías es fomentar y mejorar los procedimientos de evaluación ambiental actuando en la fase adecuada. En el apartado "Planificación sectorial y espacial" del Quinto programa de medio ambiente se señala que, dado el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible, resulta lógico, por no decir esencial, hacer una evaluación de las implicaciones ambientales de todas las políticas, planes y programas pertinentes. La presente propuesta contribuirá a lograr dicho objetivo extendiendo la evaluación ambiental más allá de la fase de proyecto. Ventajas económicas 1. 11 Una de las ventajas más importantes es la creación de un marco de planificación más eficaz que tendrá efectos positivos y estabilizadores sobre el desarrollo y la inversión porque las decisiones centrales se adoptarán en una fase más temprana del proceso. El Quinto programa de medio ambiente afirma que "la integración de la evaluación ambiental dentro del proceso de planificación a gran escala no sólo reforzará la protección del medio ambiente, fomentando una óptima gestión de los recursos, sino que contribuirá a reducir aquellas disparidades en la competencia internacional e interregional por los nuevos proyectos de desarrollo que surgen en la actualidad debido a las discrepancias en las prácticas de evaluación de los Estados miembros". Al realizarse una evaluación ambiental estratégica, además, el proceso de planificación se hace más transparente , y puede obtenerse ayuda pública ya a nivel de planificación para la estrategia o la opción preferida. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica, una vez ultimado convenientemente, va aumentar la aceptación de las actividades económicas a nivel de proyecto. Por último, va a haber más garantías y menos plazos y costes adicionales a nivel de proyecto porque las condiciones en que pueden realizarse las actividades económicas en el marco del plan o programa estarán claramente determinadas. Informe de la aplicación de la Directiva EIA 1. 12 En 1993 la Comisión presentó al Parlamento y ál Consejo un informe sobre la aplicación y eficacia de la Directiva EIA. El informe ponía de manifiesto los progresos considerables que los Estados miembros habían realizado en la aplicación de la Directiva, así como la mejora de la información transmitida a los responsables durante el procedimiento de autorización en la fase de proyecto. No obstante, en una de las conclusiones del informe se señalaba que las evaluaciones en esa fase se producían en un momento demasiado avanzado de la toma de decisiones para abordar todos los problemas importantes: ". se desprende que la evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos se lleva a cabo demasiado tarde en los procesos de planificación y decisorio, lo cual hace que no se considere la posibilidad de adoptar alternativas de los proyectos concretos que se estén estudiando ni de su emplazamiento o trazado (en el caso de infraestructuras lineales). Esta limitación es inevitable porque se trata de un instrumento que se limita a evaluar el impacto ambiental de proyectos concretos, mientras que antes de él ya se han adoptado algunas decisiones importantes de política que, por lo tanto, limitan el espacio de maniobra a nivel de proyecto aislado. " 1. 13 En resumen se llegó a la conclusión de que en la mayoría de los Estados miembros sólo existían disposiciones limitadas para la integración de un proceso de evaluación ambiental en los procesos decisorios relativos a planes y programas. La presente propuesta pretende abordar esa limitación inherente a la Directiva EIA completándola mediante una directiva que establezca la evaluación de los planes y programas sobre usos del suelo. Desde este punto de vista, la propuesta puede considerarse la segunda fase del proceso iniciado en 1985 al adoptarse la Directiva EIA. Relación entre la Directiva de EIA v la presente propuesta 1. 14 La ampliación del sistema de evaluación ambiental para incluir el componente de planes y programas del proceso decisorio producirá un sistema de evaluación más eficaz porque va a ser necesario realizar el tipo apropiado de evaluación en la fase adecuada dentro del proceso decisorio. Con arreglo a la propuesta sobre evaluación ambiental estratégica se van a evaluar asuntos estratégicos a nivel de plan y programa, dejando a la evaluación de impacto ambiental de proyectos el estudio de temas específicos inherentes al proyecto propuesto. Así se conseguirá una evaluación más racional a nivel de proyecto. Al llevar a cabo una evaluación global a nivel estratégico, pueden utilizarse algunas de las informaciones exigidas por la Directiva de EIA en relación con la declaración de impacto ambiental, incluso con menor grado de detalle remitiéndose a la evaluación ya realizada a nivel estratégico. Desde el punto de vista del procedimiento, los requisitos de la Directiva vigente sobre EIA y la presente propuesta son muy parecidos. Por consiguiente, los Estados miembros estarán familiarizados con el procedimiento que debe seguirse. De este modo la nueva directiva se aplicará oportunamente en los Estados miembros. Por último, una evaluación ambiental estratégica correctamente desarrollada aclarará las condiciones ambientales necesarias para la aprobación de proyectos. Así pues, el procedimiento de EIA será más fácil en algunos casos y, en otros, puede resultar incluso innecesario. Esto puede ocurrir, presumiblemente, en el caso de la mayoría de los proyectos con respecto a los cuales, según la Directiva de EIA modificada, los Estados miembros deben proceder a un examen selectivo antes de decidir someterlos a un procedimiento de EIA. No obstante, seguirá siendo necesario realizar una evaluación ambiental global en el caso de los proyectos que deben someterse obligatoriamente a EIA según la Directiva EIA en su versión modificada. Iniciativas internacionales v comunitarias 1. 15 En el Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, firmado el 25 de febrero de 1991 por la Comunidad y 29 países -incluidos todos los Estados miembros- en Espoo, Finlandia, se reconoció la necesidad de llevar a cabo una evaluación ambiental previa a la fase de proyecto. El Convenio dispone que las Partes se esforzarán, en la medida que proceda, en aplicar los principios de la evaluación del impacto ambiental a las medidas, planes y programas. 1. 16 En la Comunidad, la necesidad de realizar una evaluación ambiental de los planes y programas se reconoce en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los habitat naturales y de la fauna y flora silvestres. En el apartado 3 del artículo 6 de la misma se establece que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una zona especial de conservación clasificada conforme a la Directiva debe someterse a una evaluación adecuada. De este modo se reconoce la importancia de garantizar que los objetivos de conservación de las zonas clasificadas se toman debidamente en consideración tanto en la fase de plan como en la de proyecto. La obligación de tener presentes los objetivos ambientales en todas las fases del proceso decisorio se aplica asimismo a las situaciones que no se refieren a las zonas especiales de conservación. Iniciativas de los Estados miembros 1. 17 En marzo de 1995 se efectuó para la Comisión un estudio sobre la legislación y los procedimientos de evaluación de planes y programas en la Comunidad, en el cual quedó patente que los Estados miembros habían realizado progresos considerables en ese sector desde 1988 y que todos ellos tenían cierta experiencia en la elaboración de dichas evaluaciones. No obstante, el estudio señalaba dos deficiencias principales en los sistemas aplicados actualmente en la Comunidad: "1) 2) aunque los Estados miembros tienen algunas disposiciones para evaluar las consecuencias ambientales probables de la realización de planes y programas adoptados de cara a la autorización, la cobertura de éstos es incompleta, incluso en los casos en que existe algún sistema de evaluación ambiental, éste no siempre cumple los requisitos básicos de tales sistemas; así, por ejemplo, la información presentada para la evaluación no siempre cubre todos los impactos ambientales importantes y puede que no haya obligación oficial de consultar la opinión pública". Por tanto, los sistemas aplicados actualmente en la Comunidad son deficientes, respecto tanto a su cobertura de planes y programas como a sus requisitos de procedimiento. La inmensa mayoría de Estados miembros no disponen de legislación en materia de evaluación ambiental estratégica. Únicamente tres Estados miembros han promulgado legislación de esas características, que en general cumple los requisitos mínimos de la propuesta. Dos Estados miembros cuentan con legislación en la materia en relación con algunas de sus regiones, legislación que cumple, en general, los requisitos mínimos de la Directiva. Ninguno de los sistemas de planificación de los usos del suelo existentes en los demás Estados miembros cubre todos los requisitos mínimos de una evaluación de las características de la directiva de evaluación ambiental estratégica. Hay que señalar, sin embargo, que la mayoría de los Estados miembros ha instaurado procedimientos de consulta de la población afectada y de las autoridades ambientales en la preparación de programas de planificación de los usos del suelo. Metodología actual 1. 18 Al estudiar las metodologías existentes para la evaluación del impacto ambiental de planes y programas, la Comisión ha examinado la práctica vigente en este campo (por ejemplo los estudios SEA Existing Methodology, 1994 o SEA Case-studies, 1996). Las conclusiones de esos estudios, apoyadas también por publicaciones recientes (por ejemplo, SEA: Status, Challenges and Future Directions del Ministerio de medio ambiente de los Países Bajos, 1996, o The Practice of Strategic Environmental Assessment, Therivel and Partidario, 1996) indican que ya se está aplicando una serie de métodos y técnicas a la evaluación ambiental de planes y programas. Esos métodos suelen estar basados en los que se utilizan para la evaluación ambiental de proyectos o en la planificación y valoración de políticas. Así, métodos sencillos (mapas, listas de comprobación, matrices, etc. ) han resultado frecuentemente un éxito, aunque también se ha informado de técnicas más complejas (análisis multicriterios, Sistemas de Información Geográfica, etc. ), cada vez más utilizadas. De todas formas, la selección de los métodos adecuados depende de factores tales como los objetivos y escala de la acción, los condicionamientos de tiempo y presupuesto o la disponibilidad de datos medioambientales. En consecuencia, la disponibilidad de instrumentos no va suponer un obstáculo para la realización de evaluaciones ambientales de planes y programas. Esos instrumentos se están desarrollando a gran velocidad, y es evidente que una directiva comunitaria, como ocurrió con la Directiva 85/337/CEE sobre evaluación ambiental de proyectos, va a impulsar la investigación y el intercambio de experiencias en este campo, y llevará a que se elaboren metodologías más complejas. Costes 1. 19 Los costes de la evaluación ambiental de un plan o programa son soportados generalmente por las autoridades públicas correspondientes. La Comisión organizó la preparación de un estudio sobre dichos costes, incluyendo los costes financieros directos de una evaluación (por ejemplo, los honorarios pagados a los consultores) y los costes asociados con el uso de recursos de personal. Los casos tratados en el estudio revelaron una gama de costes relativamente amplia. No obstante, como conclusión general puede decirse que el aumento de los costes debido a este tipo de evaluación es marginal respecto a la escala de la inversión necesaria para la realización global del plan o programa evaluado. Las beneficios ecológicos de dichas evaluaciones, según se comenta anteriormente, deben compensar ciertamente estos costes. 2. NECESIDAD DE UNA ACTUACIÓN A ESCALA COMUNITARIA ¿Qué relación guardan los objetivos de la propuesta con las obligaciones comunitarias? 2. 1 El apartado 1 del artículo 130 R del Tratado establece que la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente debe contribuir a la conservación, la protección y la mejora de la calidad de éste, la protección de la salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Un sistema completo de evaluación ambiental, que exija evaluaciones tanto en las fases de plan y programa como de proyecto, contribuirá de forma considerable a alcanzar dichos objetivos al integrar los aspectos ambientales en los procesos decisorios pertinentes. ; El ámbito de la propuesta es competencia de la Comunidad exclusivamente o también de los Estados miembros? 2. 2 El ámbito de la propuesta no es competencia exclusiva de la Comunidad. Dimensión comunitaria del problema v soluciones aportadas hasta la fecha 2. 3 2. 4 2. 5 La Directiva 85/337/CEE del Consejo establece un sistema comunitario de evaluación ambiental en la fase de proyecto. La experiencia ha demostrado que el sistema plantea un problema importante, pues sólo exige una evaluación al final del proceso decisorio. Ello significa que el sistema es incompleto y que es necesario completarlo estableciendo una evaluación ambiental en las fases de plan y programa. La carencia de un sistema eficaz y exhaustivo de evaluación ambiental en las fases de plan y programa afecta a todos los Estados miembros y da lugar a que en la Comunidad no se integren plenamente las consideraciones ambientales en el proceso de elaboración de decisiones de autorización. Por otra parte, en la Comunidad surgen dificultades cuando la realización de un plan o programa en un Estado miembro afecta de forma considerable al medio ambiente de otro. En esos casos es importante que se lleve a cabo una evaluación ambiental real en el Estado miembro autor del plan o programa, previa a la adopción de éste, y que se efectúen también las consultas transfronterizas pertinentes. Dichas consultas han de garantizar que se tienen presentes todas las repercusiones ambientales significativas de la aplicación de un plan o programa y no únicamente las que afectan al territorio del Estado miembro que lo elabora. La presente propuesta tiene como objetivo garantizar la realización de una evaluación ambiental real de tales planes y programas, incluidas las consultas transfronterizas. 2. 6 Los Estados miembros se esfiierzan en afrontar estos problemas introduciendo determinados elementos de evaluación ambiental en algunos de los procedimientos de adopción de planes y programas. Este hecho es alentador, pues significa que todos los Estados miembros tienen cierta experiencia y conocimiento de la evaluación en esa fase. Pese a lo anterior, un estudio preparado para la Comisión (citado en el punto 1. 17) ha detectado dos deficiencias importantes en los sistemas de evaluación ambiental existentes en la Comunidad. En primer lugar, la cobertura de los principales planes y programas es incompleta. En segundo lugar, incluso en los casos en que existe algún sistema de evaluación ambiental, éste no siempre cumple los requisitos básicos de procedimiento de tales sistemas. ;. Cuál es la solución más eficaz, si se comparan los métodos de los Estados miembros v los de la Comunidad? 2. 7 Es necesaria la intervención comunitaria para resolver las dos deficiencias antes citadas. En particular, con la propuesta se desea garantizar que el sistema de evaluación de cada Estado miembro incluya los planes y programas fundamentales de autorización de proyectos y que el procedimiento de evaluación sea satisfactorio; de ese modo se garantiza un grado mínimo de integración del medio ambiente en el proceso de elaboración de decisiones de autorización en todos los Estados miembros. Mediante el establecimiento de un procedimiento marco básico, se obtiene un sistema comunitario mínimo para la evaluación ambiental de planes y programas. La Comunidad cumple las obligaciones que le impone el Tratado, pero lo estrictamente necesario. Se cumple el principio de subsidiariedad y los requisitos de la Directiva son suficientemente flexibles para que los Estados miembros puedan elaborar las disposiciones detalladas para aplicar la Directiva. Esta deja margen a los Estados miembros, que pueden integrar los requisitos de la Directiva en los procedimientos nacionales vigentes o establecer procedimientos nuevos para cumplir la Directiva. Coste de la falta de intervención comunitaria 2. 8 Si la Comunidad no interviene en este sentido, el sistema de evaluación ambiental establecido en la legislación comunitaria permanecerá incompleto y seguirán dándose las dos deficiencias antes citadas, lo que significa que no se logrará la completa integración de las consideraciones ambientales en los planes y programas de usos del suelo adoptados en la Comunidad con el fin de influir en las decisiones de autorización. Se adoptarán planes y programas cjue tendrán consecuencias negativas imprevistas sobre el medio ambiente. Si se tienen en cuenta las auténticas ventajas medioambientales de la propuesta, la falta de intervención hará difícil conseguir los objetivos a que se refiere el apartado 1 del artículo 130 R del Tratado: conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, protección de la salud de las personas, y utilización prudente y racional de los recursos naturales. ;A qué medida puede recurrir la Comunidad (recomendación, financiación, legislación, etc. )? 2. 9 Es necesaria una Directiva nueva que establezca un marco comunitario para la evaluación ambiental de planes y programas de usos del suelo y amplíe el sistema recogido en la Directiva 85/337/CEE del Consejo. Una recomendación no vinculante seria insuficiente para corregir las deficiencias observadas. Esta corrección sólo se logrará mediante el establecimiento comunitario de disposiciones de obligado cumplimiento. Así se conseguirá que todos los Estados miembros evalúen adecuadamente los planes y programas a que se refiere la propuesta y, en particular, que exista un marco conveniente para la realización de consultas transfronterizas cuando sea probable que un plan o programa sobre usos del suelo de un Estado miembro tenga un efecto ecológico importante en otro Estado miembro. ;Se requiere una normativa uniforme o es suficiente una directiva que fiie los objetivos generales v deie la forma de cumplirlos a discreción de los Estados miembros? 2. 10 La propuesta constituye una Directiva marco por la que se establecen los requisitos básicos de la evaluación de impacto ambiental en las fases de plan y programa sobre usos del suelo y se deja a discreción de los Estados miembros la forma de cumplirlos con arreglo a sus sistemas nacionales. El procedimiento de preparación y adopción de planes y programas varía de un Estado miembro a otro, de manera que unas disposiciones pormenorizadas de 10 aplicación de la Directiva pueden ser apropiadas en algunos de ellos, pero no en otros. Por consiguiente, ha de dejarse a los Estados miembros la posibilidad de elegir la forma de cumplir con lo establecido en la Directiva. En particular, es importante que éstos puedan optar entre integrar los requisitos nuevos en procedimientos vigentes o crear otros procedimientos. Tales decisiones pueden variar de un Estado miembro a otro, así como de un sector a otro. Este tratamiento de marco general se adoptó también, por razones similares, en el caso de la Directiva EIA y se ha comprobado que es adecuado en este contexto. 3. CONSULTAS 3. 1 3. 2 El 28 de abril de 1995 se debatió el primer proyecto de propuesta con los Estados miembros, con quienes se celebró una segunda reunión el 24 de julio del mismo año. Estas reuniones contribuyeron a delimitar el tipo de planes y programas que se adoptan en los Estados miembros. Dicha información ha sido muy útil para definir el ámbito de la propuesta y, en concreto, para elaborar la definición de "plan o programa" del artículo 2. La Comisión ha consultado asimismo a representantes de las autoridades regionales, de organizaciones ambientales no gubernamentales y de diversas entidades sociales y económicas. La mayoría de los consultados han acogido favorablemente la propuesta, aunque algunos han considerado que el ámbito de la propuesta debía ser más amplio (por ejemplo, que incluyera políticas generales, además de planes y programas). En los apartados 1. 2 a 1. 5 se da la justificación del ámbito de la propuesta. 3. 3 Uno de los consultados se mostró preocupado porque la propuesta podría aumentar los costes de preparación y adopción de planes y programas y provocar retrasos. En el apartado 1. 19 anterior se trata sobre los costes. En cuanto a las fases del procedimiento, la Comisión considera que las fases establecidas en la propuesta son las mínimas que deben seguirse en cualquier sistema de evaluación ambiental y también opina que, si el sistema se transpone eficazmente, no debe provocar retrasos innecesarios o inaceptables en la preparación y adopción de planes y programas. 4. FUNDAMENTO JURÍDICO 4. 1 La presente propuesta, basada en el principio de acción preventiva, está destinada a realizar los objetivos recogidos en el apartado 1 del artículo 130 R del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, es decir, conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, contribuir a la protección de la salud de las personas y garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales. Con esta perspectiva, la propuesta establece un procedimiento de evaluación ambiental que debe seguirse antes de adoptar una decisión sobre planes y programas que puedan tener un impacto ambiental en el marco de la planificación de los usos del suelo. 4. 2 El objetivo principal de la propuesta consiste en que durante un procedimiento administrativo y antes de adoptar una decisión definitiva, la autoridad competente estudie y tenga en consideración el impacto que puede tener la decisión definitiva sobre el medio ambiente. A este respecto, la declaración sobre el estado del medio ambiente elaborada por la autoridad competente, así como la consulta con las autoridades de medio ambiente y la población afectada sirven de ayuda en el proceso decisorio. Fundamentalmente, pues, la meta directa de la presente propuesta es, únicamente, la protección de algunos intereses medioambientales por medio de la sensibilización de las autoridades con poder de decisión. 11 Hay que señalar, además, que la naturaleza de la presente propuesta es de procedimiento, es decir, que establece la evaluación y la celebración de consultas durante el procedimiento preparatorio, y obliga a tener en cuenta en la decisión definitiva los resultados de esa evaluación y esas consultas con vistas a la protección del medio ambiente, sin atribuir en consecuencia un efecto vinculante a esos resultados en relación con la adopción de la decisión, dado que la potestad evaluadora y la decisión definitiva corresponden totalmente a la competencia exclusiva de las autoridades competentes. Los posibles efectos de las medidas establecidas en la propuesta sobre la planificación de los usos del suelo pueden, por consiguiente, considerarse indirectos. 4. 3 Con esta perspectiva, el fundamento jurídico de la propuesta es el apartado 1 del artículo 130 S del Tratado. 5. EXPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PROPUESTA 5. 1 52 El artículo 1 establece el objeto de la propuesta, que consiste en garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente imponiendo la realización de una evaluación de impacto ambiental y obligando a tomar en consideración los resultados en la preparación y adopción de determinados planes y programas importantes para el medio ambiente. El artículo 2 define diversos términos empleados en la propuesta. Reviste especial importancia la definición de los términos "plan" y "programa", ya que determina el ámbito de la propuesta. Debe señalarse que la propuesta sólo es aplicable a planes y programas oficiales, es decir, adoptados por unas autoridades competentes o por un acto legislativo con objeto de establecer el marco para decisiones posteriores sobre la autorización de proyectos. El presente artículo se refiere a planes y programas de usos del suelo generales, así como a planes y programas en sectores tales como el transporte, la energía, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la industria, las telecomunicaciones y el turismo. La Directiva se aplicará, por ejemplo, a un plan de usos del suelo en el sector de la gestión de residuos, que se refiera a la necesidad y al emplazamiento de instalaciones de tratamiento de residuos y a planes y programas de telecomunicaciones que incluyan disposiciones sobre la naturaleza, dimensiones o condiciones de explotación de instalaciones de telecomunicaciones tales como estaciones base para teléfonos móviles e instalaciones de radiodifusión. Además, las definiciones de "autoridad competente" y "autorización" coinciden con las dadas en la Directiva de EIA 85/337/CEE. Esos conceptos son ya bien conocidos en los Estados miembros, lo cual facilitará la aplicación. Por último, se define también "evaluación ambiental". 5. 3 El artículo 3 recoge algunos requisitos de procedimiento para aplicar la Directiva. 5. 4 Artículo 4: En su apartado 1 dispone que debe realizarse una evaluación ambiental antes de la adopción de un plan o programa por parte de una autoridad competente o antes de la presentación al procedimiento legislativo de un plan o programa a que se refiere el artículo 2. En virtud del apartado 2, la Directiva se aplica sólo a los planes y programas cuyo primer acto de preparación oficial sea posterior al período de transposición a que se refiere el apartado 1 del artículo 12. 12 El apartado 3 es una disposición en materia de selección en el caso de modificaciones mínimas de planes y programas existentes que no tienen en ningún caso efectos ambientales significativos. En esos casos, los Estados miembros pueden optar por examinar esas modificaciones de planes o programas para determinar si tienen un impacto ambiental negativo. El apartado 4 es una disposición en materia de selección en el caso de planes y programas a nivel local que determinan el uso particular de zonas pequeñas. Esos planes o programas pueden ser, por ejemplo, un plan de edificación que da una idea de cómo pueden construirse los nuevos edificios, al determinar la altura o anchura de los mismos. Dado que tales planes y programas no tienen en ningún caso efectos negativos sobre el medio ambiente, los Estados miembros tienen la opción de proceder al examen de esos planes y programas. 5. 5 El artículo 5 y el Anexo describen la información que ha de facilitarse en los casos en que la evaluación sea necesaria. La autoridad competente (es decir, la autoridad competente responsable de la adopción del plan o programa o la autoridad encargada de su presentación en el procedimiento legislativo) deberá proporcionar los datos recogidos en el Anexo, de forma tan detallada como se considere necesario para evaluar las repercusiones ambientales del mismo. El artículo 5 tiene en cuenta la posible jerarquización de planes y programas cuando reconoce que la información que se considere razonablemente necesaria variará con arreglo al grado de detalle del plan o programa y en la medida en que determinados aspectos se evalúen de manera más adecuada y exhaustiva en momentos distintos del proceso decisorio. Las autoridades competentes habrán de focalizar la declaración ambiental. Así, por ejemplo, habrán de señalar los efectos ambientales importantes que pueda tener la aplicación del plan o programa y decidir sobre el grado de detalle que debe presentar la declaración ambiental para describir tales efectos. Al decidir sobre esta focalización, las autoridades las autoridades u organismos ambientales competentes habrán de consultar con correspondientes. De esta forma se introducirá el grado necesario de independencia en el proceso de focalización. 5. 6 El artículo 6 establece que ha de brindarse a las autoridades u organismos ambientales correspondientes y a la población afectada la posibilidad de presentar observaciones sobre la información facilitada conforme al artículo 5, así como el plan o programa de que se trate. La consulta es una parte fundamental de cualquier procedimiento de evaluación ambiental. Por lo que se refiere a las definiciones de "autoridades ambientales correspondientes" y de "población afectada", se trata de conceptos ya utilizados en la Directiva EIA 85/337/CEE y se aplican en todos los Estados miembros sin dificultades; en consecuencia, se han recogido también en la presente propuesta. Puesto que los sistemas administrativos de los Estados miembros varían considerablemente, éstos tienen libertad para determinar, de acuerdo con sus sistemas administrativos nacionales, las autoridades u organismos ambientales y la población afectada, así como para encargarse de las disposiciones detalladas para tales consultas. 5. 7 5. 8 El artículo 7 dispone que cuando la realización de un plan o programa elaborado en un Estado miembro pueda tener repercusiones importantes en el medio ambiente de otro, ambos deben consultarse si el Estado miembro afectado así lo solicita. El artículo 8 exige que la autoridad competente tome en consideración los resultados del proceso de evaluación antes de adoptar o presentar al procedimiento legislativo el plan o programa de que se trate. El objetivo de la evaluación ambiental es garantizar que las 13 autoridades decisorias tengan en cuenta las oportunas consideraciones ecológicas. En ciertos casos, esto puede hacer que la autoridad decisoria modifique su propuesta. No obstante, la decisión final sigue correspondiendo a la autoridad decisoria. 5. 9 Según el artículo 9. debe informarse a las autoridades u organismos ambientales correspondientes y a la población afectada de la adopción o presentación al procedimiento legislativo de un plan o programa y de la forma de tomar en consideración los resultados de la evaluación ambiental. Esta medida es importante porque garantiza que los interesados podrán examinar las decisiones. 5. 10 El artículo 10 se refiere a la relación entre la propuesta y otras medidas legislativas comunitarias. Establece claramente que los Estados miembros no pueden omitir la evaluación en la fase de proyecto según la Directiva 85/337/CEE sólo porque se haya realizado una evaluación en la fase de plan o programa, lo cual es coherente con la intención de que en cada fase se realice un tipo apropiado de evaluación. Esto no provocará una innecesaria duplicación de evaluaciones. La adecuada focalización según el artículo 5 debe hacer que la declaración ambiental en la fase de plan o programa contenga sólo la información necesaria para considerar las consecuencias ambientales de la realización del plan o programa de que se trate. Los promotores en la fase de proyecto podrán concentrar sus recursos en el aporte de información que sea pertinente para los detalles específicos del proyecto propuesto. El artículo 10 excluye también de la Directiva los planes de gestión de zonas especiales de conservación incluidas en la Directiva de "habitat" (Directiva 92/43/CEE), que contiene medidas de conservación destinadas a proteger las zonas correspondientes. En el apartado 3 se explica que nadie tendrá derecho a cuestionar decisiones adoptadas en el proceso legislativo. La directiva propuesta no pretende interferir en los procedimientos legislativos que se siguen para adoptar planes o programas. Por consiguiente, la propuesta se autolimita a la fase prelegislativa, que termina cuando un proyecto de plan o programa se presenta a un órgano legislativo. La finalidad de este apartado es evitar que el descontento con respecto a una evaluación ambiental estratégica en la fase prelegislativa de pie al cuestionamiento jurídico del procedimiento legislativo posterior. 5. 11 En el artículo 11 se exige que los Estados miembros y la Comisión intercambien información sobre la aplicación de la Directiva y que ésta remita al Parlamento y al Consejo un informe relativo a la aplicación y eficacia de la misma. El informe deberá presentarse a los 7 años de la entrada en vigor de la Directiva. Asimismo, la Comisión deberá presentar una propuesta de modificación de la Directiva si, a la luz del informe, se considerara conveniente. 5. 12 El artículo 12 recoge las disposiciones de entrada en vigor de la Directiva. Incluye, además, una disposición que obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión una lista de los tipos de planes y programas que van a someter a evaluación ambiental con arreglo a la presente Directiva. 5. 13 El artículo 13 dispone que la Directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación oficial y el artículo 14 establece que va dirigida a los Estados miembros. 14 Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 130 S, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen del Comité Económico y Social2, Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado4, en cooperación con el Parlamento Europeo, Considerando que el artículo 130 R del Tratado establece que la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente debe contribuir a la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, a la protección de la salud de las personas y a la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y que debe basarse en el principio de cautela; que esto requiere en particular la integración adecuada de los aspectos ambientales en los planes y programas adoptados por los Estados miembros en el proceso de toma de decisiones relativas a la ordenación territorial con el fin de establecer el marco de las autorizaciones posteriores (especialmente aquellas a las que se aplica la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente)5; Considerando que la presente Directiva tiene como objetivo conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente meidante la consecución de los objetivos establecidos en el apartado 1 del artículo 130 R, y que por su carácter equivale a un procedimiento, ya que establece un procedimiento de evaluación ambiental que debe seguir la autoridad competente antes de adoptar una decisión definitiva respecto de planes y programas que puedan tener un impacto ambiental; Considerando que la evaluación del impacto ambiental constituye un instrumento importante para la integración, de los aspectos ambientales en dichos planes y programas pues garantiza que las autoridades tendrán en cuanta las posibles repercusiones ambientales que resultan de la realización de tales planes y programas antes de su adopción; DOn°C DOn°C DO n° C Dictamen del Parlamento Europeo de de DO n°L 175 de 5. 7. 1985, p. 40. y Decisión del Parlamento Europeo de 15 (DO n° C ), posición común del Consejo Considerando que en el Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible6 se reconoce la importancia de evaluar los posibles efectos de los planes y programas en el medio ambiente; Considerando que los diferentes sistemas de evaluación ambiental vigentes en los Estados miembros son deficientes porque no incluyen todos los planes y programas fundamentales que establecen el marco de las posteriores decisiones de autorización y porque no siempre contienen los requisitos de procedimiento mínimos, necesarios para garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente; Considerando en particular que los sistemas de evaluación ambiental de los planes y programas vigentes en la Comunidad no garantizan la celebración de consultas transfronterizas adecuadas cuando la aplicación de un plan o programa preparado en un Estado miembro pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro; Considerando que, por tanto, es necesario actuar a nivel comunitario con el fin de establecer un marco general de evaluación ambiental que subsane estas deficiencias y contribuya así al logro de los objetivos relativos al medio ambiente que establece el Tratado; Considerando que, conforme al principio de subsidiariedad y a fin de garantizar la necesaria uniformidad y transparencia, conviene que la presente Directiva establezca los principios generales del sistema de evaluación ambiental, dejando que los Estados miembros determinen los pormenores del procedimiento; Considerando que los planes y programas que deben evaluarse conforme a la presente Directiva son los planes y programas que se adopten en el proceso decisorio relativo a la ordenación territorial con el fin de establecer el marco para posteriores decisiones de autorización, con inclusión de los planes y programas estratégicos adoptados en los sectores de la energía, los residuos, los recursos hídricos, la industria (incluida la extracción de minerales), las telecomunicaciones y el turismo, así como ciertos planes y programas de infraestructuras de transporte; Considerando que dichos planes y programas se adoptan según dos tipos de procedimientos y que la presente Directiva debe aplicarse a los planes y programas adoptados con arreglo a ambos procedimientos, a saber, a los planes y programas adoptados por las autoridades competentes, en cuyo caso la evaluación debe realizarse antes de que la autoridad competente correspondiente adopte dicho plan o programa, y a los planes y programas adoptados mediante un acto legislativo, en cuyo caso la evaluación debe realizarse antes de someter dicho plan o programa al procedimiento legislativo correspondiente; Considerando que las evaluaciones necesarias en virtud de la presente Directiva deben realizarse basándose en una declaración sobre le medio ambiente que contenga la información necesaria, habida cuenta de la fase del plan o programa dentro del proceso decisorio, para evaluar los efectos significativos que pueda tener la aplicación del plan o programa en el medio ambiente; Considerando que, a fin de garantizar la transparencia en el proceso decisorio y de que la información presentada para la evaluación sea exhaustiva y fidedigna, es necesario que las autoridades y/o los organismos responsables en materia de medio ambiente y la población sean consultados durante la evaluación de los planes y programas; DOn°C 138 de 17. 05. 1993, p. 5. 16 Considerando que debe preverse la celebración de consultas entre Estados miembros, cuando la ejecución de un plan o programa elaborado en un Estado miembro pueda tener repercusiones ambientales importantes en otros Estados miembros; Considerando los resultados de la evaluación deben ser tenidos en cuenta por la autoridad competente antes de adoptar el plan o programa o de someter éstos al procedimiento legislativo correspondiente, quedando entendido que el poder de evaluación y la decisión definitiva sigan siendo de la competencia exclusiva de dicha autoridad; Considerando que a los siete años de la entrada en vigor de la presente Directiva deberá examinarse su aplicación y su eficacia, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La presente Directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, garantizando la realización de una evaluación ambiental de determinados planes y programas y que se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación durante la preparación y adopción de tales planes y programas. Artículo 2 A efectos de la presente Directiva se entenderá por: (a) "plan" y "programa" (i) únicamente los planes y programas de ordenación territorial cuya preparación y adopción corresponda a una autoridad competente, o que una autoridad competente prepare para su adopción mediante un acto legislativo; que formen parte del proceso decisorio en relación con la ordenación territorial con el objetivo de establecer el marco para futuras autorizaciones; que incluyan disposiciones sobre la naturaleza, dimensiones, localización y condiciones de explotación de proyectos. (ii) las modificaciones de planes y programas existentes, tal como se describen en el inciso i); en la presente definición hay cabida para planes y programas en sectores tales como el transporte (incluidos los corredores de transporte, las instalaciones portuarias y los aeropuertos), la energía, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la industria (incluida la extracción de recursos minerales), las telecomunicaciones y el turismo; b) c) "autoridad competente", la autoridad que los Estados miembros designen para la realización de las tareas que resultan de la presente Directiva; "autorización", la decisión de la autoridad competente que permite al promotor llevar a cabo un proyecto; 17 d) e) "proyecto": - la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, - otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo; "evaluación ambiental" la preparación de una declaración sobre le medio ambiente, la celebración de consultas y la consideración de la declaración sobre el medio ambiente y de los resultados de las consultas con arreglo a los artículos 5 a 8. Artículo 3 Los requisitos de la presente Directiva se incorporarán bien a los procedimientos vigentes en los Estados miembros para adoptar o someter al procedimiento legislativo los planes y programas, bien a los procedimientos que se establezcan para cumplir lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 4 1. 2. 3. 4. Se realizará una evaluación ambiental de un plan o programa antes de ser adoptado o sometido al procedimiento legislativo por parte de la autoridad competente con arreglo a los artículos 5 a 8. La obligación establecida en el apartado 1 se aplicará únicamente a los planes y programas cuyo primer acto oficial de preparación sea posterior a la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 12. Las modificaciones de menor importancia de planes y programas existentes sólo deberán someterse a una evaluación ambiental cuando los Estados miembros consideren que dichas modificaciones pueden tener un impacto negativo significativo sobre el medio ambiente. Los planes y programas que determinen el uso particular de zonas pequeñas a nivel local sólo deberán someterse a una evaluación ambiental cuando los Estados miembros consideren que pueden tener un impacto negativo significativo sobre el medio ambiente. Artículo 5 Cuando sea necesaria una evaluación ambiental de conformidad con el artículo 4, la autoridad competente preparará una declaración sobre el medio ambiente con la información contemplada en el Anexo. La información incluida en la declaración sobre le medio ambiente preparada con arreglo al apartado 1 se facilitará de forma tan detallada como se considere razonablemente necesario para evaluar las repercusiones significativas, directas e indirectas, de la ejecución del plan o programa sobre los seres humanos, la fauna, la flora, el suelo, las aguas, la atmósfera, el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, teniendo presente el grado de especificación del plan o programa, la etapa en que se encuentra en el proceso decisorio y la medida en que determinados aspectos se evalúan de manera más adecuada en momentos distintos de dicho proceso. 18 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. La autoridad competente consultará a las autoridades y/o organismos responsables en materia de medio ambiente a que se refiere el apartado 3 del artículo 6 a la hora de decidir el ámbito y el grado de detalle de la información que debe incluirse en la declaración sobre el medio ambiente. Las declaraciones sobre el medio ambiente incluirán un resumen, sin carácter técnico, de la información incluida en ellas. Artículo 6 Se pondrá a disposición de las autoridades y/o organismos responsables en materia de medio ambiente y de las personas interesadas un ejemplar del proyecto de plan o programa y de la declaración sobre el medio ambiente preparada de conformidad con el artículo 5. Se brindará a las autoridades y/o organismos responsables en materia de medio ambiente y a las personas interesadas la posibilidad de expresar su opinión sobre el proyecto de plan o programa y la declaración sobre el medio ambiente que lo acompañe antes de que el plan o programa sea adoptado o sometido al procedimiento legislativo. Los Estados miembros designarán las autoridades y/o organismos que deban ser consultados y que, debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio ambiente; tengan probabilidades de verse afectados por los efectos de la ejecución de los planes y programas en el medio ambiente. Los Estados miembros designarán las personas que deban ser consultadas habida cuenta de la fase en que se encuentre el plan o el programa dentro del proceso decisorio. Los Estados miembros determinarán las modalidades de información y consulta a las autoridades u organismos responsables en materia de medio ambiente y a las personas interesadas. Artículo 7 Cuando un Estado miembro considere que la ejecución de un plan o programa previsto para su territorio puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se prepare el plan o programa transmitirá al otro Estado miembro un ejemplar del proyecto de plan o programa y la declaración sobre el medio ambiente correspondiente, antes de que el plan o programa sea adoptado o sometido al procedimiento legislativo por una autoridad competente. Cuando un Estado miembro reciba el ejemplar del proyecto de plan o programa y la declaración sobre el medio ambiente de conformidad con el apartado 1, comunicará al Estado miembro remitente si desea entablar consultas antes de que el plan o programa se adopte o se someta al procedimiento legislativo. En caso afirmativo, los Estados miembros interesados iniciarán consultas sobre los posibles efectos ambientales trartsfronterizos de la ejecución del plan o programa y las medidas previstas para reducir o suprimir tales efectos. 19 3. Cuando, con arreglo al presente artículo, los Estados miembros deban entablar consultas, deberán acordar, al comienzo de las mismas, un calendario razonable sobre la duración de dichas consultas. Artículo 8 La autoridad competente para adoptar o someter al procedimiento legislativo el plan o programa de que se trate tomará en consideración antes de adoptar o someter al procedimiento legislativo el plan o programa, la declaración sobre el medio ambiente preparada de conformidad con el artículo 5, las opiniones expresadas en virtud del artículo 6 y los resultados de las consultas celebradas de conformidad con el artículo 7. La autoridad competente puede, en particular, introducir en el plan o programa las modificaciones que considere convenientes en función de la declaración sobre el medio ambiente, de las opiniones expresadas y de las consultas. Artículo 9 1. Cuando se adopte un plan o programa, la autoridad competente deberá informar a las autoridades u organismos responsables en materia de medio ambiente, a las personas interesadas y a todos los Estados miembros consultados en virtud del artículo 7, y les enviará la siguiente documentación: a) un ejemplar del plan o programa adoptado b) una declaración sobre cómo han sido tomadas en consideración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, la declaración sobre el medio ambiente preparada de conformidad con el artículo 5 y las opiniones expresadas de conformidad con el artículo 6 y los resultados de las consultas celebradas en virtud del artículo 7. 2. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la información contemplada en el apartado i. Artículo 10 1. 2. 3. La evaluación ambiental realizada de conformidad con la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los requisitos de la Directiva 85/337/CEE ni de cualquier otra norma comunitaria. La presente Directiva no se aplicará a los planes de gestión específicamente destinados a zonas especiales de conservación y adoptados con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo7. Ninguna disposición de la presente Directiva dará derecho a la interposición de un recurso judicial contra un acto legislativo mediante el cual se haya adoptado un plan o programa. DO n° L 206 de 22. 7. 1992, p. 7. 20 1. 2. 3. 1. Artículo 11 Los Estados miembros y la Comisión intercambiarán información sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación y la eficacia de la misma. La Comisión podrá presentar al Consejo, si procede y a la luz del informe a que se refiere el apartado 2 una propuesta de modificación de la presente Directiva. Artículo 12 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Informarán inmediatamente a la Comisión acerca de las medidas adoptadas. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión una lista de los tipos de planes y programas que vayan a someter a evaluación ambiental con arreglo a la presente Directiva. Artículo 13 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Artículo 14 Hecho en Bruselas, Por el Consejo El Presidente 21 Anexo Información a que se refiere el artículo 5 Información sobre los siguientes aspectos. a) b) c) d) e) f) g) h) contenido y objetivos principales del plan o programa; características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa por el plan o programa; cualquier problema ambiental existente relacionado con el plan o programa, incluidos los relativos a las zonas que revistan particular importancia ambiental, como las zonas designadas con arreglo a las Directivas 79/409/CEE8 y 92/43/CEE; objetivos de protección ambiental establecidos a escala internacional, comunitaria y nacional (incluidos los establecidos en otros planes y programas de igual nivel jerárquico), que guarden relación con el plan o programa y la forma en que dichos objetivos y cualquier otra consideración ambiental se han tenido presentes en la elaboración del mismo; repercusiones ambientales importantes que pueda tener el plan o programa; todas las formas alternativas de alcanzar los objetivos del plan o programa que se hayan considerado durante su elaboración (como otros tipos de proyectos u otras localizaciones para el mismo proyecto) y los motivos por los cuales no se han adoptado; medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier repercusión negativa importante del plan o programa en el medio ambiente; dificultades (deficiencias técnicas, falta de conocimientos, etc. ) a la hora de recabar la información solicitada. DO n°L 103, de 25. 4. 1979, p. 1. 22 FICHA DE FINANCIACIÓN 1. 2. 3. 4. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA: Propuesta de Directiva del Consejo sobre la evaluación del impacto ambiental de determinados planes y programas LÍNEA PRESUPUESTARIA: B4-3040 FUNDAMENTO JURÍDICO: Apartado 1 del artículo 130 S del Tratado DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: 4. 1 Objetivo general: Ampliar el sistema de evaluación ambiental a los planes y programas de ordenación territorial 4. 2 Período abarcado y forma prevista para su renovación: Indefinido 5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO O INGRESO 5. 1 Gasto no obligatorio 5. 2 Crédito no disociado 5. 3 Naturaleza del ingreso: ninguno 6. NATURALEZA DEL GASTO O DEL INGRESO Subvención para una financiación conjunta con otras fuentes del sector público o privado: 50 % - 75 % (talleres, actividades piloto) Otros: Estudios / Publicaciones 7. INCIDENCIA FINANCIERA 7. 1 Método de cálculo del coste total de la medida (relación entre cada coste y el coste total) - coste de los talleres, estudios y publicaciones relativos a la aplicación de la Directiva 7. 2 Desglose por elementos de la medida 23 CE en millones de ecus (precios corrientes) Desglose Año n n +1 n + 2 n + 3 n + 4 | Total n + 5 y ejerci cios siguien tes Estudios, etc. 2. 3. 4. 4. 4. 4 2. 1 Total. 2. 3. 4. 4. 4. 4 2. 1 7. 3. Vencimiento de los créditos de compromiso/ créditos de pago CE en millones de ecus Año n n +1 n + 2 n + 3 n + 4 Total n + 5 y ejerci cios siguien tes. 2. 3. 4. 4. 4. 4 1. 2. 1. 1. 1. 2. 125. 275. 125. 275. 125. 275. 125. 275 Crédito de compromiso | Créditos de pago añon n+ 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 y ejerc. siguientes Total. 2. 3. 4. 4. 4. 4 1. 2 8. DISPOSICIONES ANTIFRAUDE PREVISTAS - Medidas específicas de control previstas: mediante contratos previa licitación 24 9. ELEMENTOS DE ANÁLISIS COSTE-EFICACIA 9. 1 Objetivos específicos y cuantificables. población destinataria - Objetivos específicos - relación con el objetivo general: Publicación de estudios, guías, etc. para ayudar a los Estados miembros en la aplicación de la Directiva - Población destinataria - en su caso, distinguir según el objetivo, precisar quienes son los beneficiarios finales de la intervención presupuestaria de la Comunidad y intermediarios: gestores, ejecutores y formadores responsables de los planes y programas de ordenación territorial en los Estados miembros los 9. 2 Justificación de la medida Las actividades facilitarán la aplicación de la Directiva mediante la ampliación y el intercambio de experiencia Necesidad de una comunitaria, fundamentalmente por lo que respecta al principio de subsidiariedad intervención presupuestaria Determinación de las formas de intervención * ventajas respecto a otras medidas posibles (ventajas comparativas) * estudio de actividades similares que se hayan llevado a cabo a escala comunitaria o nacional en la Unión Europea * efectos derivados y multiplicadores esperados -Factores principales de incertidumbre que pueden incidir en los resultados específicos de la medida 9. 3 Seguimiento v evaluación de la medida La Directiva y Indicadores las actividades financiadas * de los resultados (valoración de las actividades realizadas) con éxito se revisarán a los cinco años * del impacto conforme a los objetivos perseguidos - Formas y periodicidad de la evaluación prevista - Apreciación de los resultados obtenidos (si se continúa o se renueva una actividad en marcha) 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO GENERAL) (PARTE A DE LA SECCIÓN m DEL La movilización efectiva de los recursos administrativos necesarios resultará de la decisión anual de la Comisión referente a la asignación de recursos, teniendo en cuenta en concreto los recursos humanos y las cantidades adicionales que serán concedidas por la autoridad presupuestaria. 25 10. 1 Efecto en el número de puestos Tipos de puesto Personal que se asignará a la gestión de la medida De los cuales Duración Puestos permanentes Puestos temporales Mediante recursos existentes en la DG o en el servicio afectado Mediante recursos humanos adicionales Funcionarios A B opersonal C temporal Otros recursos Total 1,5 0. 5 0,5 2,5 1,5 0,5 2,0 0. 5 0. 5 Si se precisan recursos adicionales, se indicará el ritmo al que deben proveerse. 10. 2 Implicaciones financieras globales de los recursos humanos adicionales (ecus) Las cantidades indican el coste total de los puestos adicionales correspondientes a la duración total de la medida, si está definida, y para 12 meses si no lo está. 10. 3 Aumento en otros gastos de funcionamiento derivados de la medida Linea presupuestaria (n° y título) 2500 Cantidad Método de cálculo (ecus) Total 21,000 21,000 1 reunión anual de 32 expertos Las cantidades corresponden al gasto total de la medida si su duración está definida y al gasto de 12 meses si no lo está. 26 ISSN 0257-9545 COM(96) 511 final DOCUMENTOS ES 14 N° de catálogo : CB-CO-96-666-ES-C ISBN 92-78-13250-0 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 27


title: 97/610/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 1996, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi (Asia N:o IV/M.774 - Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM) (Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

eurovoc_concepts:
competition law
dominant position
economic concentration
heat-resisting materials
merger control
restriction on competition


eurovoc_concepts:
CIS countries
Central and Eastern Europe
EU programme
European integration
regional cooperation

text: COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS Bruxelas, 04. 12. 1996 COM(96) 601 final RELATÓRIO DA COMISSÃO AO CONSELHO sobre a cooperação da União Europeia com a Iniciativa Centro-Europeia Relatório da Comissão ao Conselho sobre a cooperação da União Europeia com a Iniciativa Centro-Europeia RESUMO A Comissão apresenta o presente relatório na sequência de um pedido do Conselho Europeu de Segurança. A Comissão deseja favorecer o desenvolvimento da cooperação regional entre países parceiros, nomeadamente, no contexto actual, entre os países que participam na Iniciativa Centro-Europeia. Ao promover as relações de boa vizinhança, ao incentivar a estabilidade política, ao reforçar os direitos do Homem e a democracia, incluindo no domínio social, e ao desenvolver a cooperação económica e comercial, a Comissão deseja estreitar as relações entre a União e os países da Iniciativa, e igualmente entre os países da Iniciativa entre si. Diversos programas comunitários existentes (PHARE, TACIS, INTERREG) poderiam dar um apoio complementar a projectos apresentados e financiados no âmbito da Iniciativa. Alguns domínios afiguram-se especialmente interessantes, como é o caso dos respeitantes a actividades destinadas a reforçar a democracia e da estabilidade na região, a incentivar o desenvolvimento económico e a liberdade das trocas comerciais, a apoiar o desenvolvimento das redes transeuropeias e a protecção do ambiente, a favorecer as relações entre operadores económicos, em especial as PME e as suas organizações profissionais representativas, e a permitir a expressão dos direitos individuais e colectivos em matéria social, a assegurar a cooperação em matéria de assuntos internos e de justiça, a ampliar a cooperação transfronteiriça, especialmente entre as instituições locais e regionais de diferentes países. INTRODUÇÃO 1. Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Florença, a Comissão apresenta o relatório sobre as iniciativas que será adequado tomar para intensificar a cooperação com a Iniciativa Centro-Europeia. No espírito das conclusões do Conselho Europeu de Essen, o objectivo deste exercício consiste em identificar os domínios de interesse comum entre a União e a Iniciativa Centro-Europeia, em apresentar uma primeira análise de conjunto dos domínios de cooperação possíveis entre a União e a Iniciativa Centro-Europeia e em indicar os meios disponíveis para desenvolver esta cooperação com base em realizações concretas. 2. A Comissão considera útil incentivar as cooperações regionais nesta parte da Europa, dado entender que estes mecanismos de cooperação permitem reforçar a estabilidade entre países. Por meio da sua Iniciativa Báltica elaborada para a cimeira dos Chefes de Governo do Conselho dos Estados do Mar Báltico, que se realizou em Visby em Maio de 1996, a Comissão Europeia já propôs acções destinadas a reforçar a cooperação nesta região setentrional da Europa. A Comissão entende que o Mar Negro constitui, ao sul da Europa, um outro pólo estrategicamente essencial para a União e deseja que se possa desenvolver uma cooperação regional entre os países ribeirinhos desse Mar. 3. O valor acrescentado das organizações já criadas, bem como das decisões e dos projectos adoptados por essas cooperações regionais, deve ser o principal critério por que se pautará qualquer intervenção adicional. A Comissão deseja avaliar estes agrupamentos, tendo em conta a homogeneidade geográfica e económica da zona em causa, o apoio político de que estes mecanismos de cooperação beneficiam, tanto no interior da região como no seio da União, e as realizações, quer as já existentes quer as potenciais. A participação activa dos países nesses mecanismos, incluindo através de financiamentos, é um elemento importante para exprimir a solidez da cooperação e permitir o seu desenvolvimento ulterior. 4. A Iniciativa Centro-Europeia reúne 16 países da Europa Central e do Sul (ver mapa). Alguns desses países pertencem à União Europeia (Áustria, Itália), outros assinaram acordos europeus com as Comunidades Europeias e os seus Estados-membros, sendo candidatos a uma adesão (Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Polónia, República Checa, Roménia) outros têm relações contratuais com a Comunidade Europeia, estabelecidas de acordo com diversas modalidades (Albânia: acordo de comércio e de cooperação de 1992, antiga República Jugoslava da Macedónia: acordo de cooperação rubricado em Junho de 1996, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia: acordos de parceria e de cooperação) ou ainda não têm qualquer acordo com a Comunidade Europeia (Bósnia- Herzegovina, Croácia). A Comunidade Europeia mantém, pois, relações contratuais muito diversificadas com os países da Iniciativa Centro-Europeia. Por outro lado, os países da Europa Central beneficiam do programa Phare, ao passo que os países da Comunidade dos Estados Independentes são elegíveis para o Tacis e que certos países pertencentes à ex-Jugoslávia recebem financiamentos específicos. A Iniciativa Centro-Europeia é um mecanismo de cooperação regional com vocação geral nos domínios político, cultural e económico. As suas actividades abrangem numerosos domínios (ver anexo). As estruturas de concertação associam estreitamente os aspectos políticos e institucionais às questões de carácter mais económico e operacional. O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) assegura um secretariado para os projectos. Deste modo, a Iniciativa Centro-Europeia criou em alguns anos uma estrutura complexa de cooperação regional e instituiu mecanismos de execução de operações concretas com base em propostas sérias em numerosos domínios (agricultura, pescas, silvicultura, comércio, turismo, serviços sociais e comunitários, construção, energia, indústrias extractivas, finanças, indústria, telecomunicações, transporte e armazenagem). Actualmente, a Comunidade Europeia não mantém relações 5. institucionais permanentes com a Iniciativa Centro-Europeia. A Comissão é convidada a participar nas reuniões quando o seu tema é um domínio de competência comunitária. Numerosos projectos de cooperação regional apoiados pelo orçamento comunitário têm uma finalidade próxima dos que a Iniciativa Centro-Europeia elabora nos seus próprios grupos de trabalho. 6. A Iniciativa Centro-Europeia reúne todos os anos uma cimeira dos Chefes de Governo. Por ocasião dessa cimeira, que se realizou durante a presidência austríaca em Graz, em 8 e 9 de Novembro de 1996, a Iniciativa Centro-Europeia tomou a decisão de autorizar a sua Troïka a estabelecer os contactos adequados para uma participação na Iniciativa Centro-Europeia da República Federal da Jugoslávia, como um dos dos Estados sucessores da República Socialista Federal da Jugoslávia. A Comissão acolhe favoravelmente esta decisão que vem reforçar a estabilidaade na região e que corresponde plenamente à abordagem regional que a União está a desenvolver com base em condições específicas. A Comissão considera que a Iniciativa Centro-Europeia é um instrumento útil 7. tendo em vista: promover as relações de boa vizinhança, incentivar a estabilidade política, reforçar os direitos do Homem e a democracia, incluindo no domínio social, desenvolver a cooperação económica e comercial. PRINCÍPIOS DE ACÇÃO 8. A Iniciativa Centro-Europeia, compreendendo um grande número de países que abrangem uma superfície importante do continente europeu, com uma população próxima dos 200 milhões de habitantes, não pode associar a cada acção concreta a integralidade dos seus habitantes. Consequentemente, não se afigura necessário que todos os membros da Iniciativa Centro-Europeia sejam obrigatoriamente envolvidos em cada tipo de actividade. Estas acções sub-regionais deverão contudo ser aprovadas pela Iniciativa Centro-Europeia, de acordo com os seus mecanismos de decisão habituais. A Comissão favorece as cooperações transfronteiriças e considera que deve ser dedicada uma atenção especial aos projectos apresentados pelos protagonistas no terreno. Na zona geográfica abrangida pela Iniciativa Centro-Europeia, o orçamento 9. comunitário já apoia projectos com vocação regional por meio dos fundos estruturais e dos fundos pluridisciplinares e plurinacionais dos programas Phare e Tacis. A cooperação entre a Comunidade Europeia e a Iniciativa Centro-Europeia pode, pois, ser desenvolvida graças aos instrumentos e aos meios já existentes. 10. A fim de favorecer a emergência de acções de qualidade, os financiamentos comunitários poderão actuar como apoio complementar dos recursos próprios mobilizados pelos promotores do projecto. É de notar o papel importante que pode ser desempenhado para este efeito pelo secretariado operacional da Iniciativa Centro- Europeia, assegurado pelo BERD, tanto no domínio da construção financeira como na garantia da viabilidade dos projectos. SECTORES DE ACTIVIDADE Certos domínios afiguram-se especialmente interessantes, sobretudo os que dizem 11. respeito a actividades: que reforcem a democracia e a estabilidade na região, que promovam o desenvolvimento económico e a liberdade das trocas comerciais, que apoiem o desenvolvimento das redes transeuropeias e a protecção do ambiente, que favoreçam as relações entre operadores económicos, em especial as PME e as suas organizações profissionais representativas, que permitam a expressão dos direitos individuais e colectivos em matéria social e de consumo, que assegurem a cooperação em matéria de assuntos internos e de justiça, que ampliem a cooperação transfronteiriça entre as instituições locais e regionais de diferentes países. 12. O apoio à democracia e à estabilidade na região e a protecção dos direitos do Homem são elementos essenciais da acção comunitária. O objectivo da União deveria ser o de os reforçar na região. A defesa das minorias, a sua integração económica e social, o desenvolvimento da sociedade civil através do apoio às ONG e aos seus agrupamentos regionais e sub-regionais, o estabelecimento de contactos directos entre as instituições públicas e privadas e o diálogo entre os diferentes níveis de administração em vários países correspondem a orientações políticas que a União Europeia pode promover. 13. A Comissão entende que o desenvolvimento das relações comerciais entre países da região favorece a integração económica e tem efeitos benéficos para cada país considerado individualmente, para a região no seu conjunto e igualmente para a própria União Europeia. As trocas comerciais entre países da Europa Central em transição conheceram uma diminuição média anual superior a 20% entre 1990 e 1993. Esta tendência parece estar actualmente a inverter-se, incluindo com os países da Comunidade dos Estados Independentes, parecendo esboçar-se uma retoma das relações comerciais entre países da região. A tendência actual corresponde a uma expansão anual superior a 30% desde 1994 para certos países da Iniciativa Centro-Europeia associados à União. Parece desenhar-se uma orientação semelhante para os outros países em transição que participam na Iniciativa Centro-Europeia. Os efeitos positivos da transição económica em que estes países estão empenhados começam a fazer-se sentir com a retoma do crescimento em numerosos membros da Iniciativa Centro-Europeia, o que provoca um aumento do comércio externo. As redes transeuropeias desenvolvem-se nos países da Europa Central, 14. necessitando de uma estreita colaboração entre os diferentes parceiros e constituindo um momento essencial para reforçar a cooperação regional e favorecer o desenvolvimento das infra-estruturas. Tendo em conta a importância das necessidades de financiamento para assegurar o desenvolvimento dos projectos incluídos nas redes transeuropeias, é necessária a contribuição das Instituições Financeiras Internacionais (IFI) e do sector privado. A Iniciativa Centro-Europeia representa uma estrutura importante de concertação para promover, com o apoio de outros parceiros, entre os quais as IFI ocupam um lugar primordial, projectos que concretizem essas redes. A protecção do ambiente constitui uma prioridade importante tanto para a União Europeia como para os países da Iniciativa Centro-Europeia. A dimensão regional destas cooperações considerável, permitindo actividades transfronteiriças sobre projectos concretos de interesse comum. o desenvolvimento de é 15. O crescimento, para poder ser mantido a longo prazo, tem necessidade de ser apoiado por uma acção conjugada dos poderes públicos, através da sua política econónr. ca e das empresas cujo dinamismo permite renovar permanentemente o tecido económico. O desenvolvimento de uma economia com um bom desempenho necessita em especial da emergência de pequenas e médias empresas sólidas e activas. Essas empresas, para desempenharem plenamente o seu papel na criação de emprego e de valor acrescentado, devem poder evoluir num contexto económico e jurídico estável e contar com o apoio da administração, mas igualmente de organizações profissionais representativas. A aprovação de legislação económica coerente entre os diferentes países, garantindo em especial a criação e o desenvolvimento das empresas e a sua cooperação mútua, o acesso das PME a um sistema bancário adaptado às suas necessidades, que promova a difiisão da informação económica, jurídica e comercial e desenvolva os laços comerciais, as parcerias transnacionais e a representação das PME, correspondem aos objectivos partilhados pela Comunidade Europeia. Os países da Iniciativa Centro-Europeia encontram-se em estádios diferentes de 16. desenvolvimento social e poderiam, graças a mecanismos de cooperação destinados a acentuar o papel do direito e da protecção social, trocar experiências tendo como objectivo favorecer a democratização e a coesão das suas sociedades. 17. A justiça e os assuntos internos constituem um domínio em que os Estados mostram reticência em cooperar entre si, dado porem em jogo a competência nacional. A experiência adquirida pela União nesta matéria pode, contudo, ser útil para os Estados da Iniciativa Centro-Europeia e favorecer a emergência de uma cooperação regional. A Comissão considera eficaz a troca de informações e de experiências em matéria de controlo nas fronteiras, de tráfico de droga e de crime organizado, e acompanhará com interesse a evolução que se verificar neste domínio, a qual será tida em conta na elaboração de programas de cooperação destinados a esses países, bem como no contexto do diálogo estruturado. A cooperação regional não deve ser da competência exclusiva das autoridades 18. centrais dos países participantes, devendo igualmente associar todos os níveis de decisão no interior de cada país. As vantagens desta cooperação serão mais evidentes se as administrações regionais e locais participarem estreitamente na concepção dos projectos. Deverá ser dada uma atenção especial às cooperações transfronteiriças que permitam o desenvolvimento de relações entre comunidades separadas por fronteiras e favoreçam a circulação entre indivíduos duma mesma região. Ao facilitar os intercâmbios e os encontros, ao melhorar a passagem das fronteiras, ao assegurar a transparência das regras e dos procedimentos e ao apoiar a extensão das infra-estruturas transfronteiriças, a Iniciativa Centro-Europeia permitirá o desenvolvimento de cooperações sub-regionais que envolvam os diferentes protagonistas dos espaços em causa. A Comissão considera que a intervenção comunitária só poderá ser eficaz se a Iniciativa Centro-Europeia for capaz de associar o maior número possível de agentes aos seus mecanismos e aos seus projectos. MEIOS DE ACÇÃO As duas principais fontes de financiamento comunitário provêm dos programas 19. Phare e Tacis, em especial dos programas horizontais, transfronteiriços e plurinacionais. Em complemento das verbas nacionais que estão à sua disposição no âmbito do Phare, do Tacis e da "Cooperação ex-Jugoslávia", os países elegíveis para estes programas podem assim beneficiar de recursos importantes que podem ser completados por financiamentos de programas comunitários sectoriais, como por exemplo o SINERGY. Tendo em conta a particição de dois Estados-membros da União na Iniciativa Centro- Europeia, os fundos estruturais e, designadamente, o programa INTERREG co-financiam programas transfronteiriços com o Phare. Poderiam participar em programas de cooperação transnacionais, por exemplo com a nova iniciativa INTERREG IIC sobre o ordenamento do território. Estas acções permitiriam apoiar cooperações entre regiões da Iniciativa Centro-Europeia no âmbito de um plano de conjunto que poderia ser desenvolvido pela Iniciativa Centro-Europeia. Por outro lado, o novo programa PHARE CREDO permitirá financiar projectos transfronteiriços apresentados pelos países da Europa Central nas regiões limítrofes de um outro país da Europa Central ou de um estado-membro da Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade Europeia dispõe, pois, de instrumentos capazes de apoiar as diferentes acções que a Iniciativa Centro-Europeia desenvolve. CONCLUSÕES A Comissão esforça-se por desenvolver a cooperação regional a fim de reforçar a 20. segurança e a estabilidade e de dinamizar o crescimento económico e o desenvolvimento. As relações de boa vizinhança fazem parte integrante do vasto processo de integração europeia. A Comissão está disposta a apoiar os projectos apresentados no âmbito da Iniciativa Centro-Europeia, mobilizando instrumentos financeiros da União tais como o Phare, o Tacis e o Interreg. O desenvolvimento dessa cooperação proporcionará aos operadores económicos de todos os Estados-membros uma oportunidade para, caso o desejem, participarem plenamente nos projectos de cooperação realizados através de programas e instrumentos comunitários, no âmbito da acção prevista. Compete aos países que participam na Iniciativa Centro-Europeia conceberem eles próprios formas concretas de cooperação, às quais a União poderá dar um apoio complementar. Conjugando os seus esforços, a Iniciativa Centro-Europeia e a União podem evitar duplicações e produzir um real valor acrescentado que seja benéfico para o desenrolar do processo de transição na região. ~Y Anexo Iniciativa Centro-Europeia: descrição sintética Instrumento constitutivo Decisão dos Primeiros-Ministros, Viena, 17-18 de Julho de 1992 Estados participantes Principais organismos Comités a nível dos Primeiros-Ministros (cimeiras), dos Ministros (em especial dos Negócios Estrangeiros), e a níveis técnicos (incluindo coordenadores nacionais de projectos); um secretariado permanente para os projectos é assegurado pelo BERD. Grupos de trabalho reúnem-se regularmente em numerosos domínios (agricultura, cultura, defesa civil, energia, ambiente, informação e meios de comunicação, migrações, minorias, pequenas e médias empresas, recuperação da Bósnia-Herzegovina, ciências e tecnologias, estatísticas, telecomunicações, turismo, transportes, etc. ). Certos grupos de trabalho podem ser divididos em subgrupos (grupos de projectos ou sectoriais). Albânia, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Moldávia (foi admitida em Novembro de 1996), Polónia, República Checa, Roménia, Ucrânia; UE: Áustria, Itália; o "Land" alemão da Baviera participa nas actividades dos grupos de trabalho como observador. A Itália apoiou activamente a fundação da "Quadragonal", criada em Novembro de 1989 com a Hungria, a Áustria e a Jugoslávia. Alargada por diversas vezes e na sequência da guerra na ex-Jugoslávia, a "Quadragonal" gerou a Iniciativa Centro-Europeia de 1992. A Áustria assegura a sua presidência no ano e 1996. A Comissão é convidada regularmente a participar nas suas reuniões. Na sequência de reuniões recentes, o sistema dos grupos de trabalho deverá ser progressivamente transformado para assumir a forma de sessões orientadas para projectos. A Iniciativa Centro-Europeia deverá conceder a sua chancela aos projectos concretos que incluam no mínimo três Estados participantes na Iniciativa Centro-Europeia. Estas reformas deverão permitir conservar apenas as estruturas mínimas que correspondam aos objectivos, mantendo uma flexibilidade no trabalho no seio desta cooperação regional. Observações adicionais 3 ISSN 0257-9553 COM(96) 601 final DOCUMENTOS PT 11 N. ° de catálogo : CB-CO-96-595-PT-C ISBN 92-78-11697-1 Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias L-2985 Luxemburgo AO


title: Регламент (ЕО) № 2325/96 на Комисията от 4 декември 1996 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1598/95 и (ЕО) № 1600/95 в резултат на изменение на Комбинираната номенклатура за някои млечни продукти

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text: 03/т. 20 BG Официален вестник на Европейския съюз 103 31996R2325 L 316/11 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 5. 12. 1996 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2325/96 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 1996 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1598/95 и (ЕО) № 1600/95 в резултат на изменение на Комбинираната номенклатура за някои млечни продукти КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, Член 1 като взе предвид Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1587/96 (2), и по-специално член 13, параграф 3, член 15, параграф 4 и член 16, параграфи 1 и 4 от него, като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1734/96 на Комисията от 9 септември 1996 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и относно Общата митническа тарифа (3) предвижда изменения по отношение на някои млечни продукти, считано от 1 януари 1997 г. ; като има предвид, че следователно следните регламенти, които са засегнати от измененията на споменатите подпозиции от кодове по КН, трябва да бъдат изменени: — Регламент (ЕО) № 1598/95 на Комисията от 30 юни 1995 г. за определяне на подробни правила за прилагането на режима за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1756/96 (5), — Регламент (ЕО) № 1600/95 на Комисията от 30 юни 1995 г. за определяне на подробни правила за прилагането на режима на внос и относно откриването на тарифни квоти в сектора на млякото и млечните продукти (6), последно изменен с Регла- мент (ЕО) № 1170/96 (7); като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти, (1) ОВ L 148, 28. 6. 1968 г. , стр. 13. (2) ОВ L 206, 16. 8. 1996 г. , стр. 21. (3) ОВ L 238, 19. 9. 1996 г. , стр. 1. (4) ОВ L 151, 1. 7. 1995 г. , стр. 1. (5) ОВ L 230, 11. 9. 1996 г. , стр. 6. (6) ОВ L 151, 1. 7. 1995 г. , стр. 12. (7) ОВ L 155, 28. 6. 1996 г. , стр. 10. Приложението към Регламент (ЕО) № 1598/98 се изменя, както следва: — Кодовете по КН 0406 90 07, 0406 90 08 и 0406 90 09 се заменят съответно със следните кодове по КН: 0406 90 13, 0406 90 15 и 0406 90 17, — Кодовете по КН 0406 90 12, 0406 90 14 и 0406 06 16 и данните, свързани с тях, се заличават. Член 2 Регламент (ЕО) № 1600/95 се изменя, както следва: — в приложение II: — в пореден номер 40 кодовете по КН 0406 90 07 и 0406 90 12 се заменят с кода по КН 0406 90 13, — в пореден номер 41 кодовете по КН 0406 90 08 и 0406 90 14 се заменят с кода по КН 0406 90 15, — в пореден номер 47 кодовете по КН 0406 90 09 и 0406 90 16 се заменят с кода по КН 0406 90 17; — в IV, пореден приложение по КН ех 0406 90 07, ех 0406 90 08 и ех 0406 90 09 се заме- нят съответно с кодове по КН ех 0406 90 13, ех 0406 90 15 и ех 0406 90 17, номер 4, кодовете — в приложение VI, точка Б, кодовете по КН ех 0406 90 07, ех 0406 90 08 и ех 0406 90 09 се заменят съответно от кодо- вете по КН ех 0406 90 13, ех 0406 90 15 и ех 0406 90 17, — в приложение VII, в частта от таблицата, отнасяща се до Швей- цария, кодовете по КН ех 0406 90 07, ех 0406 90 08 и ех 0406 90 09 се заменят съответно от кодовете по КН ех 0406 90 13, ех 0406 90 15 и ех 0406 90 17. Член 3 Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1997 г. 104 BG Официален вестник на Европейския съюз 03/т. 20 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. Съставено в Брюксел на 4 декември 1996 година. За Комисията Franz FISCHLER Член на Комисията