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Belgium
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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 05. 02. 1997 COM(97) 42 final Propuestas de DECISIONES DEL CONSEJO autorizando a loz 15 Estados miembros a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentadas por la Comisión) Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Reino de Bélgica a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) i - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 10 de septiembre de 1996, el Gobierno del Reino de Bélgica solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Reino de Bélgica, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Reino de Bélgica desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). 5 Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. <\ Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. ^ Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL REINO DE BÉLGICA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 10 de septiembre de 1996, el Reino de Bélgica solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Reino de Bélgica; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que seria conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Reino de Bélgica a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es el Reino de Bélgica. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente 1 FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. & Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Reino de Dinamarca a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) ^ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Gobierno del Reino de Dinamarca solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Reino de Dinamarca, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Reino de Dinamarca desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). [O - Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. n Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en fijnción del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL REINO DE DINAMARCA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Reino de Dinamarca solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Reino de Dinamarca; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. \-b HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo No obstante lo dispuesto en el apartado I del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Reino de Dinamarca a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es el Reino de Dinamarca. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente 14- FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. - ¡s Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República Federal de Alemania a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) - it> EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Gobierno de la República Federal de Alemania solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República Federal de Alemania. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República Federal de Alemania desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). I> tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido Hiera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es is indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. - n Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, la República Federal de Alemania solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República Federal de Alemania; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. 7x) HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado I del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República Federal de Alemania a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. Artículo 2 La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. El destinatario de la presente Decisión es la República Federal de Alemania. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente x\ FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. 22 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República Helénica a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) 25 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 2 de septiembre de 1996, el Gobierno de la República Helénica solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República Helénica. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República Helénica desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96. pág. 89). ¿4 Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. ¿s" Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. l(c> Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA HELÉNICA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 2 de septiembre de 1996, la República Helénica solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República Helénica; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fiaera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. - r\ HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República Helénica a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es la República Helénica. Articulo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente 22> FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. T\ - Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO i* por la que se autoriza al Reino de España a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) 2,0 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Gobierno del Reino de España solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Reino de España, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el lin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Reino de España desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. I. Directiva modificad;) en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). 3>\ Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. s ~> Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. - 33> - Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL REINO DE ESPAÑA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Reino de España solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Reino de España; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano. comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. ?>H HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Reino de España a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es el Reino de España. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente - 35" FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. <2£, - Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República Francesa a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) £1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Gobierno de la República Francesa solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República Francesa. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República Francesa desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). ÜS Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. 3f\ Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA FRANCESA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, la República Francesa solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República Francesa; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. - Í +\ HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República Francesa a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatanos no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es la República Francesa. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente ^2 FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. 4-3 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Irlanda a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) i\-i\ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Gobierno de Irlanda solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de Irlanda. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, Irlanda desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. %, pág. 89). (J^b Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. Orí Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A IRLANDA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS JMf UESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, Irlanda solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por Irlanda; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. L* HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a Irlanda a incluir en el ámbito de aplicación dé la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es Irlanda. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente - Lt°l- FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. ts o Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República Italiana a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) - Si EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de deciembre de 1996, el Gobierno de la República Italiana solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República Italiana. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República Italiana desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. ^ 3 >' Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. :^i Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA ITALIANA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS • • - (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, la República Italiana solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República Italiana; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. ss- HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República Italiana a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no (establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es la República Italiana. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. s'}- Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) 5K- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de deciembre de 1996, el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Gran Ducado de Luxemburgo, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Gran Ducado de Luxemburgo desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento pemianente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en ultima instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). - SV Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido ruera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. A-. , o -•-• Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. - 41 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Gran Ducado de Luxemburgo solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Gran Ducado de Luxemburgo; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. Artículo 2 La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. El destinatario de la presente Decisión es el Gran Ducado de Luxemburgo. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente 43 FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. Prepuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Reino de los Países Bajos a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) 4. S EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 30 de septiembre de 1996, el Gobierno del Reino de los Países Bajos solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Reino de los Países Bajos, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Reino de los Países Bajos desea poder aplicar normas diferentes en lo ?ue atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la. de de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomi micaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L B8, de 28. 12. 96, pag. Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido íiiera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una nomia específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. - &\~ Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 30 de septiembre de 1996, el Reino de los Países Bajos solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se infonnó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Reino de ios Países Bajos; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. é>i HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Reino de los Países Bajos a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. Articulo 2 La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. El destinatario de la presente Decisión es el Reino de los Países Bajos. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente ~ f c~ FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. ^H Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República de Austria a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) - 'i 2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de septiembre de 1996, el Gobierno de la República de Austria solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República de Austria. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscai en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República de Austria desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva %/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). ^ 3- Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las nomias previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. %t~ Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. - TC- Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA DE AUSTRIA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EÑ MATERIA DE. ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de septiembre de 1996, la República de Austria solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República de Austria; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar él IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 3 I de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. •=t4> - HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República de Austria a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es la República de Austria. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente n- FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República de Portugal a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) - ~^\- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de deciembre de 1996, el Gobierno de la República de Portugal solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República de Portugal. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República de Portugal desea poder aplicar nonnas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). - < § £ >- Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las nonnas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de nonnas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. s\ Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. •%-> A* Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA DE PORTUGAL A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, la República de Portugal solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República de Portugal; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. ^3 HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República de Portugal a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es la República de Portugal. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente «4. FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. - 8S- Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a la República de Finlandia a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) - Sfc, - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de deciembre de 1996, el Gobierno de la República de Finlandia solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud de la República de Finlandia. La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, la República de Finlandia desea poder aplicar nonnas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338, de 28. 12. 96, pág. 89). 81 1 Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. 8s Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA A LA REPÚBLICA DE FINLANDIA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, la República de Finlandia solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por la República de Finlandia; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de pennitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. ^O - HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza a la República de Finlandia a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. Artículo 2 La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. El destinatario de la presente Decisión es la República de Finlandia. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente - S i- FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. _ C| o _ Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Reino de Suecia a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) 'te- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de deciembre de 1996, el Gobierno del Reino de Suecia solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Reino de Suecia, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Reino de Suecia desea poder aplicar normas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO ii° L 145, de 13. 6. 77, pág. I. Directiva modificada en última instancia por la Directiva %/95/CE (DO ii° L 13S, de 2K. 12. 96, pág. X9). t+ Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las normas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de nonnas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. °\£ Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. Ib Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL REINO DE SUECIA A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Reino de Suecia solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Reino de Suecia; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. TV HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo 1 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Reino de Suecia a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 El destinatario de la presente Decisión es el Reino de Suecia. Artículo 3 Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. T I- Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (presentada por la Comisión) - IQO - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 6 de deciembre de 1996, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte solicitó autorización, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Sexta Directiva, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme1, para poder aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Directiva. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 27 de la Sexta Directiva, por carta de 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, La citada solicitud se inscribe en el contexto de una modificación de las normas relativas al lugar de imposición en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con arreglo a la legislación vigente, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, se considera que el lugar de prestación de servicios de telecomunicaciones es aquel en el que el proveedor tenga la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta norma plantea problemas a la hora de gravar en la práctica los servicios de telecomunicaciones cuyo consumo tiene lugar dentro de la Comunidad, pues su aplicación supone que las prestaciones de servicios de telecomunicaciones facilitadas por un proveedor establecido fuera de la Unión Europea no entran en el ámbito de aplicación del impuesto, incluso aunque el consumo efectivo de tales prestaciones se haya producido dentro de la Unión. Son cada vez más los consumidores comunitarios que optan por proveedores de servicios radicados fuera de la Unión Europea, con el fin de no pagar IVA. El problema de lograr una imposición eficaz de los servicios de telecomunicaciones ha surgido al hacerse técnicamente posible prestar servicios sin que el proveedor necesite ya disponer de una red propia o de otro tipo de establecimiento permanente en el país de su cliente. Esta situación tiene como consecuencia que las Haciendas públicas de los Estados miembros pierdan ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, afecta a la competitividad de las empresas europeas de telecomunicaciones; no cabe sino hablar de evasión fiscal en este sector de actividad. Para solucionar el problema, el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte desea poder aplicar nonnas diferentes en lo que atañe al lugar de imposición, esto es, el lugar en el que el proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o un establecimiento permanente desde el que se efectúe la prestación de servicios, o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual. De este modo, el objetivo del IVA, es decir, gravar el conjunto del consumo que tenga lugar dentro de la Comunidad, podría cumplirse en lo que atañe a los servicios de telecomunicaciones. DO n° L 145, de 13. 6. 77, pág. 1. Directiva modificada en última instancia por la Directiva 96/95/CE (DO n° L 338. de 28. 12. 96, pág. 89). KM Dado que la excepción solicitada tiene por objeto modificar el lugar de imposición, y puesto que solicitan esa misma excepción todos los Estados miembros, la autorización del Consejo tendría un efecto equivalente a una modificación de la propia Sexta Directiva. Ahora bien, esa modificación sólo puede realizarse conforme a las nonnas previstas en el Tratado, respetando los derechos del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. En esas circunstancias, sólo puede otorgarse la excepción como medida provisional en atención al legítimo interés de los Estados miembros, esto es, la lucha contra la evasión fiscal, y a la espera de que se apruebe una propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, presentada al Consejo con esta misma fecha. En este mismo orden de cosas, debe ponerse límites a la duración de la excepción, teniendo en cuenta, para ello, el plazo necesario para la aprobación de normas comunitarias y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Se considera suficiente un plazo de dos años, de manera que la validez de la excepción se extendería hasta el 31 de diciembre de 1998. Tratándose de una medida de salvaguarda, procede circunscribirla a lo estrictamente necesario para luchar contra la evasión fiscal y, con independencia de la propuesta de directiva de modificación de la Sexta Directiva, recurrir a un mecanismo fiscal sobradamente conocido y, por tanto, de fácil aplicación. De este modo, resulta oportuno, en primer lugar, limitar los efectos de la autorización únicamente a los servicios prestados por un proveedor establecido fuera de la Comunidad, puesto que son sólo esos servicios los que, actualmente, escapan a la imposición y provocan la evasión fiscal. En lo que se refiere al lugar de imposición, procede optar por un mecanismo que cree el menor número posible de obligaciones fiscales específicas a los proveedores establecidos fuera de la Comunidad, evitando sentar precedentes contrarios al régimen fiscal que se establezca al modificar la Sexta Directiva. Lo más conveniente para lograr los objetivos perseguidos es aplicar la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la Sexta Directiva, de manera que el responsable del pago del impuesto sea el sujeto pasivo destinatario del servicio. Sin embargo, no basta con prever una solución con arreglo a la cual se graven sólo los servicios prestados a sujetos pasivos. Esta solución sólo afectaría al consumo final de los sujetos pasivos que no tengan pleno derecho a deducción, esto es, en particular, a los bancos y las empresas de seguros, pero no a los servicios contratados por particulares. Para colmar esta laguna, resulta oportuno imponer la aplicación obligatoria de la letra b) del apartado 3 del artículo 9 en relación con los servicios de telecomunicaciones prestados a personas no sujetas al impuesto. Para introducir una norma específica que sirva para determinar la localización de los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores establecidos fuera de la Comunidad, es indispensable definir esos servicios. Lo mejor es recurrir a una definición aceptada a escala internacional como es la del Convenio de Melbourne. 1 02 Pese a que actualmente son cada vez más los servicios prestados a través de redes de telecomunicaciones (por ejemplo, servicios de publicidad, de información, de entretenimiento y ocio, etc. ), no resulta oportuno incluirlos en la definición de servicios de telecomunicaciones. Son servicios que pueden prestarse utilizando otros medios que no sean las redes de telecomunicaciones; si se previeran normas impositivas distintas, en función del medio de transmisión empleado, se correría el riesgo de falsear la competencia. Es, pues, preferible hacer una distinción entre la transmisión de los mensajes y su contenido. La presente propuesta de decisión del Consejo es idéntica a las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo, en esta misma fecha, en favor de los otros catorce Estados miembros. - 103- Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE AUTORIZA AL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA Y DE IRLANDA DEL NORTE A APLICAR UNA EXCEPCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA SEXTA DIRECTIVA (77/388/CEE) EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LOS IMPUESTOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS (presentada por la Comisión) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Sexta Directiva (77/388/CEE) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, y, en particular, su artículo 27, Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de la citada Directiva, en orden a simplificar la percepción del impuesto o a evitar determinados fraudes o evasiones fiscales; Considerando que, mediante carta registrada en los servicios de la Comisión el 6 de diciembre de 1996, el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte solicitó autorización para establecer una excepción al artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE; Considerando que el 20 de diciembre de 1996 se informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte; Considerando que se trata de una medida necesaria para contrarrestar los efectos de evasión fiscal que han hecho que cada vez sean más las personas que en la Comunidad, ya sean o no sujetos pasivos del impuesto, recurren a la prestación de servicios de telecomunicaciones fuera de la Comunidad con el único fin de no pagar el IVA; Considerando que sería conveniente que la excepción se otorgue hasta el 31 de diciembre de 1998, al objeto de permitir al Consejo adoptar una solución general y definitiva en el plano comunitario, basándose en la propuesta presentada por la Comisión. lOq- HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION: Artículo No obstante lo dispuesto en el apartado I del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones prestados por prprestatarios no establecidos en la Comunidad a destinatarios de los mismos establecidos en la Comunidad. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE. Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o datos de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. A efectos de la presente disposición, se considerarán también servicios de telecomunicaciones la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción. La autorización contemplada en la presente Decisión expirará el 31 de diciembre de 1998. Artículo 2 Artículo 3 El destinatario de la presente Decisión es el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Hecho en Bruselas Por el Consejo, El Presidente - vos - FICHA FINANCIERA La presente propuesta de Decisión del Consejo, una vez aprobada, comportará una modificación al alza de la base de recursos propios del IVA de la Comunidad, dado que, al modificar el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, podrá abarcarse mejor el consumo de ese tipo de servicios dentro de la Unión Europea. No obstante, es imposible dar cifras sobre ese aumento de recursos propios. lOG - ISSN 0257-9545 COM(97) 42 final DOCUMENTOS ES 09 06 10 N° de catálogo : CB-CO-97-038-ES-C ISBN 92-78-15517-9 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo - \ol