title: Proteccion de los intereses financieros de la Comunidad - Lucha contra el fraude - Informe anual 1996

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Community budget
EU control
fraud
fraud against the EU
sanction (EU)

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 06. 05. 1997 COM(97)200 final I PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD LUCHA CONTRA EL FRAUDE Informe anual 1996 (presentado por la Comisión) LISTA DE LOS NUMEROS DEL TELÉFONO VERDE EN LOS ESTADOS MIEMBROS Deutschland ôsterreich Belgique/Belgïe Danmark España Suomi/Finland France 0130820595 06605845 080012426 80018495 900993295 0800112595 0800917295 Elláda Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom Sverige 008003212595 1800553295 167878495 08003595 060224595 0505329595 0800963595 020791695 L&i INTRODUCCIÓN INDICE 1. ESTRATEGIA CONTRA EL FRAUDE, BALANCE Y PERSPECTIVAS 1. 1 Los resultados obtenidos in situ: ¿Cómo detectar mejor los fraudes? 1. 1. 1 Estructuración de la misión operativa de la Comisión 1. 1. 2 Medios de ayuda y de orientación de las actividades contra el fraude in situ 1. 1. 3 La cooperación judicial in situ 1. 2 Evolución del seguimiento financiero: ¿cómo mejorar la protección de los contribuyentes europeos? 1. 3 Mejora de la normativa comunitaria: ¿cómo adaptar el proceso de toma de decisiones y el marco legal para lograr una prevención más eficaz? 1. 4 Endurecimiento de las sanciones: ¿cómo disuadir más eficazmente? 2. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS 2. 1 La situación en 1996. 2. 2 Tendencias 2. 2. 1 Los recursos propios tradicionales 2. 2. 2 Los gastos 2. 3 Fuentes de información 2. 4 Análisis sectoriales 2. 4. 1 Los recursos propios tradicionales 2. 4. 1. 1 El régimen de tránsito 2. 4. 1. 2 Los regímenes preferenciales. 2. 4. 2 Los gastos. 2. 4. 2. 1 El FEOGA-Garantía 2. 4. 2. 2 Las acciones estructurales 2. 4. 2. 3 Los gastos directos 2. 5 La recaudación 2. 5. 1 Recursos propios tradicionales 2. 5. 2 FEOGA-Garantía 2. 5. 3 Acciones estructurales 3. INVESTIGACIONES 3. 1 Grandes fraudes transfronterizos organizados <• 3. 2 Grandes fraudes en el ámbito de las políticas comerciales (productos industriales, productos pesqueros y productos textiles) 3. 3 Fraudes nacionales en el sector agrícola 3. 4 Fraudes en el ámbito de las políticas estructurales 1 5 6 6 7 9 9 11 12 14 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 21 24 30 32 34 1 b 3. 5 Fraudes en el ámbito de los gastos directos 4. ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS 4. 1 Organización de los Estados miembros para la protección de los intereses financieros de las Comunidades 4. 2 Política de formación 5. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES / HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES 5. 1 Sector de los recursos propios 5. 2 Sector agrícola „ 5. 3 Regímenes de tránsito e iniciativas aduaneras 5. 3. 1 Los regímenes de tránsito 5. 3. 1. 1 El seguimiento de la comunicación de la Comisión del 29 de marzo de 1995 5. 3. 1. 2 La Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo 5. 3. 2 El programa "Aduana 2000" 5. 3. 3 Los regímenes preferenciales 5. 4 El sector de los gastos directos 5. 5 Asistencia mutua administrativa y asistencia técnica 5. 5. 1 A nivel comunitario 5. 5. 2 Entre la Comunidad y los terceros países 6. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS / INICIATIVAS LEGISLATIVAS HORIZONTALES 6. 1 El Reglamento sobre los controles y las verificaciones in situ 6. 1. 1 Ámbito de aplicación del Reglamento 6. 1. 2 La aplicación de los controles 6. 1. 3 Resultado de las inspecciones '. ¡ 6. 2 Las actividades en el marco del Título VI del TUE. 6. 2. 1 Primer protocolo sobre la corrupción de funcionarios 6. 2. 2 El Protocolo en materia de protección penal de los intereses financieros ANEXOS GLOSARIO • • 26 38 38 39 40 41 42 42 42 42 44 45 45 45 46 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51 52 61 / O INTRODUCCIÓN El VIII Informe anual de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros y la lucha contra el fraude sirve de balance de todas las acciones iniciadas en estos ámbitos. Este informe 1996 también se ha propuesto como objetivo recordar brevemente todo el camino recorrido desde la puesta en práctica en 1994 de la nueva estrategia de la Comisión, y de destacar las perspectivas y las prioridades que hay que observar en el futuro. Se han registrado resultados importantes, tanto a nivel operativo como legislativo. El presupuesto anual de la Comisión Europea para 1996 se eleva a 82. 000 millones de ecus. Se ha financiado por recursos propios de la Comunidad, esencialmente el IVA (39. 800 millones de ecus, 49% de los recursos presupuestarios totales), así como los derechos de aduana y los derechos agrícolas (13. 600 millones de ecus, 18% de los recursos presupuestarios) percibidos sobre las mercancías que entran en la Comunidad procedentes de países terceros. La estructura de los gastos presupuestarios se caracteriza por tener una parte mayoritaria de créditos destinados al apoyo de las políticas comunitarias. Algo menos de la mitad de los gastos son agrícolas, casi un tercio se consagra a las políticas estructurales y cerca del 15% de los gastos, directamente gestionados por la Comisión, se dedican a la investigación y al desarrollo, a la protección de los consumidores, al medio ambiente o a las ayudas a países terceros. En el ámbito de los recursos propios tradicionales (derechos de aduana y exacciones agrícolas), el impacto de las irregularidades se eleva al 5,8% (787 millones de ecus) del importe de los ingresos percibidos por dicho concepto en 1996 por los Estados miembros, por cuenta de la Comunidad. El número de casos ronda los 2. 000. Este impacto, en aumento, era del 3,6% en 1995. Por lo que se refiere a los gastos que se efectúan por los Estados miembros (más del 80% de los gastos del presupuesto comunitario, incluyendo la política agrícola común y las acciones estructurales), la incidencia global de las irregularidades es del 0,7% (498 millones de ecus) del total de las financiaciones concedidas, es decir, unos 2. 400 casos. También aquí se detecta un ligero aumento de dicha incidencia frente a 1995 (0,6%). Esta incidencia es del 0,1% (16 millones de ecus) del importe de las prestaciones concedidas por lo que se refiere a los gastos directamente gestionados por la Comisión, frente a la cifra de 0,3% para 1995. El volumen global de las irregularidades detectadas por los Estados miembros y la Comisión en 1996 es de 1. 300 millones de ecus (irregularidades que afectan a los ingresos y a los gastos). Esta cifra era de 1. 100 millones de ecus en 1995. Consta que, en el sector de la agricultura, la evolución de las políticas comunitarias hacia más ayudas directamente concedidas a los agricultores se ha traducido en un aumento de los casos detectados y en un relativo estancamiento de los importes comunicados. i A. En cuando a las políticas estructurales, la evolución es notable. En 1996, el establecimiento de normas prácticas de comunicación por los Estados miembros de las informaciones relativas a las irregularidades y a los fraudes implicó, en relación con 1995, no sólo un sensible aumento de la actividad de la Comisión y del número de asuntos, sino sobre todo la cuadruplicación de los importes afectados. Por otra parte, en cuanto a las acciones estructurales, las malversaciones de subvenciones no solamente afectan a la contribución comunitaria, sino también ponen en peligro la cofinanciación nacional, y por ello, tienen una incidencia en los presupuestos de los Estados miembros. Tampoco en el ámbito de los recursos propios carece de incidencia el impacto de los fraudes para el contribuyente europeo, y ello en la medida en que los ingresos perdidos deben compensarse mediante el cuarto recurso1, basado en el PNB de los Estados miembros y soportado por los contribuyentes. Los fraudes que perjudican las finanzas de la Comunidad también tienen un impacto directo en los intereses financieros nacionales. Por ejemplo, en relación con el tráfico de cigarrillos, el impacto global constatado en 1996, en particular en materia de elusion del régimen de tránsito, es de 800 millones de ecus (derechos de aduana, impuestos especiales, IVA), de los que el 25% constituyen los derechos de aduana en beneficio de la Comunidad Europea. La mayor parte (75%) está a cargo de los presupuestos nacionales. En cuanto al alcohol, la elusion de los sistemas de impuestos especiales, durante los tráficos intracomunitarios (desaparición de cargamentos), ocasiona una pérdida de ingresos fiscales considerable en detrimento de los intereses nacionales (en 1996, 450 millones de ecus). Esto arroja un total, para estos dos tráficos, de más de 1 millón de ecus, lo que equivale, en términos de impacto financiero, a los fraudes comunitarios detectados por los Estados miembros y comunicados a la Comisión en 1995. Pero hay que interpretar las cifras con prudencia. Las variaciones registradas pueden proceder tanto de una mejora del tipo de detección de las irregularidades, como de un aumento de los comportamientos irregulares o de las actividades fraudulentas en determinados ámbitos específicos, o por la presencia en el presente ejercicio de casos espectaculares. Los asuntos más importantes y la mayoría de los importes en juego (más de dos tercios) corresponden a un pequeño número de casos (2 a 3%). Este fenómeno revela la existencia de una gran delincuencia bien organizada. Es manifiesto que hay ayudas comunitarias que se desvían en provecho exclusivo de traficantes, sin beneficiar a los sectores económicos correspondientes. De igual modo, las políticas comerciales de la Unión y de los Estados miembros se ven en peligro por la amplitud de los tráficos que perjudican los intereses del presupuesto comunitario y de los presupuestos nacionales. Los datos comunicados por los Estados miembros, por muy fiables que sean, reflejan los resultados de los controles efectuados, pero no pueden por sí solos traducir la realidad del fraude. La manera en que las organizaciones delictivas fraccionan sus tareas dificulta mucho la aprehensión global de los comportamientos ilícitos. La complejidad de las operaciones, que mezclan actividades legales, raramente deja entrever clandestinas en su totalidad la estructura deiincuencial que imparte las órdenes. 1 Se recuerda que los otros tres recursos presupuestarios son los derechos agrícolas, los derechos de aduana (que constituyen los recursos propios tradicionales) y el IVA. 2 Esta gran delincuencia burla las fronteras, organiza redes, monta operaciones financieras, multiplica las ventajas y destruye las pistas, en particular recurriendo a diferentes empresas presentes en el mercado (depositarios, transformadores, transportistas, comerciantes). Blanquean el producto de sus negocios, al igual que los cartels de la droga, a través de sociedades pantalla que utilizan redes bancarias diseminadas en numerosos centros financieros, tanto dentro como fuera de la Comunidad. El recurso a tales métodos permite instalar una serie de obstáculos que imposibilitan casi completamente el trabajo del inspector y del juez nacional. Contra los fraudes transnacionales, la intervención a nivel comunitario es más adecuada para recabar información y lanzar las operaciones necesarias. El establecimiento de "task- groups" en los sectores más sensibles al fraude, con "puntos de contacto" en los Estados miembros, concreta la estrategia global de lucha contra el fraude y permite aprehender mejor la amenaza que representa la delincuencia organizada. El acceso privilegiado a la información, el aumento de competencias y la organización de acciones específicas in situ son indispensables para contrarrestar las prácticas de la delincuencia financiera organizada. Así, el fraude organizado necesita la movilización de un nivel apropiado de medios de acción, para proteger al contribuyente europeo, a los profesionales, beneficiarios de las políticas, y a los destinatarios de los fondos comunitarios. Los progresos realizados, tanto en el plano legislativo como en el del conocimiento del fenómeno in situ, permitirán en el futuro aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude. En el marco de esta problemática de conjunto, debe quedar claro que, si bien debe hacerse hincapié en el combate operativo, la acción de prevención sigue siendo un punto fuerte de la protección de las finanzas públicas. Es un requisito imprescindible de la protección de los intereses financieros de las Comunidades2. El marco jurídico común para la protección de las finanzas comunitarias se apoya esencialmente en: • el Reglamento horizontal relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, que trata de los controles, medidas y sanciones administrativas, adoptado el 18 de diciembre de 1995; • el Reglamento relativo a las inspecciones de verificaciones efectuadas in situ en los Estados miembros por los agentes de la Comisión para investigar fraudes e irregularidades, adoptado el 11 de noviembre de 1996; • el Convenio relativo a la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades, firmado el 26 de julio de 1995, y su primer Protocolo relativo a la lucha contra la corrupción, firmado el 27 de septiembre de 1996. Para que produzcan efectos, dichos textos deben ser ratificados por los Parlamentos nacionales y efectivamente incorporados en las legislaciones nacionales. El Reglamento horizontal define de una manera muy amplia el concepto de irregularidad. Este concepto cubre tanto la mera omisión, por error o negligencia, que puede causar un perjuicio al presupuesto de las Comunidades, como los comportamientos intencionados o deliberados que, por su parte, corresponden al concepto más restrictivo de fraude, tal como se define en el convenio penal. Las investigaciones que se presentan en dicho informe se refieren a expedientes en que ha intervenido la Comisión. Dichos expedientes Junto a la operación SEM 2000 (véase el capítulo 1 a partir de la página 9), cuyas orientaciones se proponen claramente el refuerzo del aspecto preventivo, en el ámbito aduanero por ejemplo, la prevención también constituye una prioridad del programa "Aduana 2000", recién adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Véase el capítulo 5. 3. 2, página 45. sólo se refieren a irregularidades que ofrecen un interés particular a nivel comunitario, cuyo carácter intencional aún no está necesariamente demostrado. Por tanto, dichas irregularidades no pueden considerarse globalmente como casos de fraude en el sentido penal del término. Lo mismo ocurre con los datos recogidos en la parte estadística del informe. Los resultados obtenidos in situ por el trabajo de los equipos comunitarios (en particular, los task-groups) benefician tanto a las finanzas comunitarias como a las nacionales. En 1996 se han registrado unas 4. 000 llamadas en el teléfono verde; 42 de ellas dieron lugar al inicio de investigaciones. Hay que recordar que la lucha contra el fraude es competencia en primer lugar de los Estados miembros, que, a través de sus distintos servicios de policía financiera, son los únicos disponen de los medios necesarios para luchar contra el fraude. No obstante, es esencial que la Comisión ejerza plenamente su función de coordinación e intervención, in situ, en los ámbitos en que pueda aportar un valor añadido, en particular, en casos de fraude transnacionales y de gran delincuencia financiera. El esfuerzo sostenido en el ámbito de la recuperación de los importes desviados, en particular en el ámbito del FEOGA-Garantía, permite atenuar los perjuicios al presupuesto europeo. En los casos comunicados por los Estados miembros antes de 1993, se saldaron un tercio de los importes. No obstante, todavía queda mucho por hacer, en materia de colaboración entre los Estados miembros y con la Comisión, para mejorar aún más la situación de la recuperación. Debe quedar bien claro que las irregularidades y los fraudes que afectan al presupuesto comunitario no implican irremediablemente la pérdida de los importes para el contribuyente, en la medida en que la detección de los casos mejora y siempre que los procedimientos de recaudación se pongan en marcha de manera efectiva. 1. ESTRATEGIA CONTRA EL FRAUDE, BALANCE Y PERSPECTIVAS La realización del mercado único y la puesta en marcha del Tratado de la Unión Europea llevaron a la Comisión a concebir una nueva estrategia de lucha contra el fraude3, estrategia que fue adoptada en 1994. Tras tres años de aplicación, y puesto que la Conferencia intergubernamental que finalizará con el Consejo Europeo de Amsterdam (junio 1997) incluye la lucha contra el fraude en su orden del día, conviene hacer un balance con objeto de concentrar el trabajo sobre las cuestiones esenciales: • ¿Cuál es la mejor manera de detectar el fraude y combatir la delincuencia financiera? • ¿Cuál es la mejor manera de proteger los intereses financieros de las Comunidades y de los contribuyentes europeos? • ¿Cómo se podría adaptar mejor el marco jurídico de la lucha contra el fraude y contra la gran delincuencia financiera? • ¿ Cuál es la mejor manera de asegurar un debate eficaz y una represión equivalente? Los resultados obtenidos hasta ahora deben aprovecharse para hacer frente a los retos del próximo milenio, en especial con la vista puesta en la ampliación de la Unión. Objetivos que se inscriben en la lógica de las cuatro grandes directrices estratégicas adoptadas en 1994: • la presencia in situ • el refuerzo de la cooperación con los Estados miembros • • la mejora de la normativa comunitaria la convergencia de los sistemas represivos de los Estados miembros. La experiencia adquirida in situ ha permitido detectar un número creciente de casos importantes, sobre todo en los sectores más propicios para la comisión de fraudes. La situación in situ debe mejorarse, tanto a escala comunitaria como nacional. También debe mejorar el cobro de las sumas defraudadas o desviadas y el seguimiento financiero de los casos detectados. La calidad de las normas comunitarias y sus medidas represivas destinadas a sancionar administrativa y penalmente a los defraudadores deben ampliarse a todos los sectores. El éxito de una estrategia de este tipo depende también de importantes medidas en materia de prevención. La Comisión ha creado nuevos procedimientos internos4 dirigidos a garantizar la "impermeabilidad" al fraude de los textos a lo largo de todo el procedimiento legislativo y de toma de decisiones. Una iniciativa de estas características en materia de prevención sólo será fructífera si los propios Estados Miembros se comprometen a este respecto. Además, todas estas tareas se inscriben plenamente en la programa SEM 20005, que consiste fundamentalmente en mejorar la gestión financiera de los gastos de la Unión. 3 Doc. C0M(94) final. 4 5 Doc. SEC(96) 1802. "Sound and Efficient Management" (gestión útil y eficaz). Los resultados obtenidos desde 1994 demuestran la pertinencia de utilizar un enfoque integrado a la hora de abordar el fenómeno del fraude comunitario. Este enfoque constituye el modelo estratégico de referencia para la lucha contra la gran delincuencia a escala de la Unión y contempla todos los elementos de una gestión global (presencia sobre el terreno, mejora de los sistemas de información y de análisis, fortalecimiento de la colaboración y de la cooperación entre todos los actores, refuerzo del marco jurídico comunitario, aproximación de las legislaciones penales). Este enfoque comunitario se ha traducido en un trabajo en común, tanto con las autoridades judiciales especializadas en la lucha contra los delitos monetarios como con los servicios represivos financieros tradicionales (policía, servicios de vigilancia aduanera y fiscal, control económico, etc. ). El Consejo Europeo de Dublin preconizó una estrategia global análoga para, en general, combatir más eficazmente todas las formas de delincuencia organizada. 1. 1 Los resultados obtenidos in situ: ¿Cómo detectar mejor los fraudes? 1. 1. 1 Estructuración de la misión operativa de la Comisión La UCLAF es el servicio operativo contra el fraude de la Comisión. Creada en 1988, esta estructura central de la lucha contra el fraude se ha ido desarrollando a partir de 1994 en torno a la actual estrategia contra el fraude, habiendo sido reforzada estructuralmente, atribuyéndosele medios adicionales en 1995. En 1996 se llevaron a cabo más de 300 misiones de inspección. El enfoque global ha llevado a la Comisión a organizar su estructura central, basándola en la naturaleza pluridisciplinar de las investigaciones periciales (financiera, policial, aduanera, judicial, fiscal, etc. ). La adaptación de la organización interna de los servicios de la Comisión facilitó la realización de los objetivos interdisciplinares, tanto en el plano normativo como en el operativo6. La protección eficaz del dinero del contribuyente europeo, pasa por un conocimiento de la realidad del terreno, así como por un análisis preciso del fenómeno, complejo y especialmente variable, del fraude, y de su dimensión a escala de la Unión. Es precisamente ese conocimiento preciso del terreno y de los riesgos a los que se debe hacer frente, el que permite adecuar, con regularidad, la respuesta de las instituciones comunitarias a la amenaza a la que se pretende hacer frente. El nuevo Reglamento sobre los controles y las verificaciones in situ efectuados por los agentes de la Comisión7 permitirá adquirir este conocimiento preciso del terreno, en todos los ámbitos de actividad de la Unión. El Reglamento, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, tiene un objetivo preciso: la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la detección e investigación de las irregularidades. Este dispositivo permite por primera vez a la Comisión intervenir en las mismas condiciones, tanto en el plano de los ingresos como en el de los gastos. El Reglamento dota de un contenido concreto a la 6 7 Véase los informes anuales "Lucha contra el fraude" de 1994 y 1995. Véase el Capítulo 6. 1, página 48. colaboración con los Estados miembros, precisando las condiciones en las que la Comisión puede intervenir, dentro del respeto del principio de subsidiariedad. La Comisión puede efectuar inspecciones in situ para investigar: • Las irregularidades graves o transfronterizas, o aquéllas en que estén implicadas redes de delincuencia organizada que operan en varios Estados miembros. • Las irregularidades cuando la situación en un Estados miembros requiera un refuerzo de los controles con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros y un nivel de protección equivalente dentro de la Comunidad. • A instancias de un Estado miembro. El Reglamento precisa asimismo: • Las condiciones de acceso a la información, a la documentación y a los terrenos, locales, medios de transporte de los agentes económicos, así como a otros lugares de uso profesional. • La obligación de los agentes económicos de facilitar a la Comisión la realización de controles. • Las condiciones en que debe desarrollarse la ayuda de las autoridades nacionales. • La obligación, de las autoridades nacionales de proporcionar, en caso necesario, toda la ayuda necesaria. Por último, el citado Reglamento establece asimismo una estrecha conexión entre los controles administrativos in situ y el tratamiento penal del fraude, puesto que confiere a las comprobaciones de los agentes de la UCLAF el carácter de medio de prueba en los procedimientos judiciales. Este nuevo Reglamento, conforme con la estrategia contra el fraude que la Comisión defiende desde 1994, confiere a esta última nuevas responsabilidades, garantizando un seguimiento permanente de los asuntos y una asistencia continua a las autoridades nacionales encargadas de las diligencias penales. 1. 1. 2 Medios de ayuda y de orientación de las actividades contra el fraude in situ El carácter transfronterizo y bien organizado de los fraudes comunitarios8 implica la creación de grupos de intervención in situ, multidisciplinares y plurinacionales. Estos "task-groups", fuerzas de apoyo y de intervención, creados con el propósito de concentrar las investigaciones en sectores muy propicios para el fraude, se han desarrollado con esta perspectiva. Compuestos de autoridades nacionales y de agentes de la Comisión, se organizan en equipos muy flexibles, en torno a puntos interés común, para hacer frente a la amenaza que representan las organizaciones criminales. El trabajo de estos equipos deberá, cada vez más, sacar provecho de las informaciones de que dispone la Comisión, basándose en una movilidad operativa adaptada a las dimensiones de la Unión, poniendo en común los conocimientos periciales de los diferentes Estados miembros para luchar eficazmente contra los peligros que supone el desarrollo de la delincuencia financiera organizada en todo el mundo. Los Estados miembros, por su parte, ya han adoptado algunas iniciativas encaminadas a crear servicios especializados en la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto Véase el Capítulo 3. 1, a partir de la página 24. comunitario (caso de Italia y Francia, por ejemplo), o a establecer relaciones privilegiadas con la Comisión en este ámbito (caso de Bélgica y de España en particular9). Esta colaboración se da también entre la Comisión y las restantes instituciones. Sin insistir sobre el importante papel que juega la Autoridad presupuestaria (Parlamento Europeo y Consejo), cabe señalar que la Comisión (UCLAF) celebró un acuerdo específico con el Tribunal de Cuentas en virtud del cual, el Tribunal ha facilitado a la Comisión informaciones que han permitido a ésta última iniciar investigaciones en el ámbito de la lucha contra el fraude. Resulta indispensable reforzar las medidas in situ. Hay que contar con un cierto número de medios técnicos y operativos ("Inteligencia") para poder delimitar el fenómeno de la delincuencia financiera y para mejorar la detección de irregularidades y fraudes. La Comisión se está dotando de esos medios, que deben desarrollarse y estar permanentemente a disposición de los equipos de inspectores de la UCLAF y de las autoridades nacionales. Es la primera vez que a escala europea se cuenta con tal abanico de medios. Todos los sectores están cubiertos por dispositivos legales que definen las obligaciones de los Estados miembros y de la Comisión en materia de comunicación de los casos de fraude e irregularidades10. Este nuevo conjunto de información recíproca proporciona la trasparencia adecuada e indispensable para el seguimiento financiero, administrativo y judicial de los expedientes. También ayuda a la realización de investigaciones in situ. La recogida de estas informaciones permitirá el análisis regular del fenómeno del fraude, de sus desplazamientos y evoluciones, así como de los peligros a que están expuestas las haciendas públicas europeas, tanto para los Estados miembros como para las Comunidades. En este contexto, la Comisión tiene intención de crear, con la asistencia científica del Centro Común de Investigación, un verdadero centro de recogida de informaciones para su aprovechamiento y análisis^. Asimismo, prevé crear vínculos particulares entre la UCLAF y Europol^. Se han adoptado una serie de medidas, en general de índole aduanera, especialmente dirigidas a la creación de un sistema de intercambio de informaciones. • El "sistema de información previa", que funciona entre las aduanas de partida y de destino sobre las mercancías "sensibles" (operaciones de tránsito aduanero)^. ^ Véase el Informe anual "Lucha contra el Fraude" de 1995, páginas 45 y 46. 10 Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo para los recursos propios tradicionales (DO L 155 de 7. 6. 1989); Reglamento (CEE) n°595/91 del Consejo para el FEOGA-Garantía (DO L 67 de 14. 3. 1991); Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo para las políticas estructurales (DO L 374 de 31. 12. 1988) y Reglamento (CE) n° 1681/94 de la Comisión (DO L 178 de 12. 7. 1994) que establece en detalle las modalidades de información, Reglamento (CE) n° 1164/94 del Consejo (artículo 12) por el que se crea el Fondo de Cohesión (DO L 130 de 25. 5. 1994) y Reglamento (CE) n° 1831/94 de la Comisión (DO L 191 de 27. 7. 1994) por el que se fijan en detalle las modalidades de comunicación; Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo sobre las modalidades de comunicación de informaciones relativas a los ámbitos aduanero y agrario, marco de la asistencia mutua (DOLÍ 44 de 2. 6. 1981). 11 Como preconiza, por otra parte, el Parlamento Europeo en las recomendaciones de su comisión de investigación temporal sobre los regímenes de tránsito ("Informe final y recomendaciones" doc. PE 220895/def). Véase asimismo el Capítulo 5. 3. 1. 2, página 44. 12 Convenio de 26. 7. 1995 por el que se crea una oficina europea de policía, DO C 316 de 27. 11. 1995. 13 Véase el Capítulo 2. 4. 1. 1, página 16. • El sistema informático de intercambio de informaciones aduaneras entre los servicios de inspección de los Estados miembros^. • La introducción de cláusulas contra el fraude en los nuevos acuerdos de asociación celebrados con países terceros (protocolo tipo sobre la cooperación aduanera15), en especial con los países candidatos a la adhesión, habida cuenta de la proliferación de los fraudes y de la participación de redes de delincuentes internacionales, a menudo establecidas fuera de las fronteras de la Comunidad. 1. 1. 3 La cooperación judicial in situ El fraude es a menudo transfronterizo. Ello implica una dispersión de las investigaciones y de los medios de prueba, debido a la existencia de 15 procedimientos nacionales, mientras que los autores del fraude pueden actuar rápidamente, apoyándose en las redes de delincuencia internacionales y utilizando los medios tecnológicos más avanzados en materia informática y telemática. En tales circunstancias, no se puede estar satisfecho de las condiciones en que actualmente se desarrollan los procedimientos. La asistencia de la Comisión, con sus especialistas en materia penal, los intercambios de información entre sus servicios competentes y las autoridades judiciales de los Estados miembros constituyen el esbozo de una solución que, en estos asuntos, pasa necesariamente por una coordinación a escala de la Unión (coordinación penal). El Parlamento Europeo, por su parte, ha relanzado, con ocasión de la Conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra el fraude, organizada a iniciativa de la comisión de control presupuestario los días 23 y 24 de abril de 1996, y a través de su Presidente, Klaus Hânsch, la idea de un espacio judicial europeo, con unos objetivos claros y limitados, que tenga en cuenta la responsabilidad especial de las instituciones en materia de protección del dinero del contribuyente europeo. Es en este contexto en el que el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión la realización de un estudio sobre la constitución de un Corpus Juris de las disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea16. Sobre esta base, el Parlamento Europeo ha previsto organizar en el primer trimestre de 1997 una serie de iniciativas para un gran debate sobre el tema "hacia un espacio judicial europeo"17. 1. 2 Evolución del seguimiento financiero: ¿cómo mejorar la protección de los contribuyentes europeos? El reparto de competencias entre los diferentes gestores y responsables en la Comisión y la carencia de un marco jurídico único aplicable a las comunicaciones de las autoridades nacionales, plantea el problema de la realización de un seguimiento financiero sistemático y eficaz a nivel comunitario. La adopción de los nuevos reglamentos en materia de comunicación y la aplicación de las recomendaciones formuladas por el 14 Sistema SCENT, véase el Capítulo 5. 5. 1, sobre la asistencia mutua administrativa, página 46. 1 ^ Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera. 16 Un grupo de científicos de alto nivel acaba de remitir a la Comisión las conclusiones de dicho estudio. 17 Esta hipótesis es compartida por un grupo de siete magistrados europeos, especialmente preocupados por las cuestiones relacionadas con la lucha contra la delincuencia financiera internacional. La tesis de dichos magistrados pretende demostrar la total falta de adecuación de los instrumentos actuales (de la ayuda mutua en materia penal fundamentalmente) en relación con la amenaza que representa este tipo de delincuencia (véase "La Justice ou le Chaos. L'appel de Genève", libro de entrevistas de Denis Robert, ediciones Stock, octubre de 1996). GRP18 en el marco del programa SEM 2000, permitirán mejorar la trasparencia y la coordinación de todos los responsables de la recuperación de las sumas defraudadas. Esta obligación recíproca, entre los Estados miembros y la Comisión, en materia de trasparencia, deberá permitir a todos y cada uno asumir con garantías su propia responsabilidad financiera, tanto en lo que atañe a los recursos propios tradicionales como a los gastos. La Comisión y los Estados miembros estarán de esta manera en mejores condiciones de garantizar un seguimiento regular de las obligaciones definidas, con miras a determinar las responsabilidades financieras y, en su caso, de prever las medidas legales necesarias para una recuperación efectiva y más homogénea de las sumas indebidamente percibidas o defraudadas. La recaudación constituye una obligación fundamental, siendo la continuación lógica e indispensable del trabajo realizado in situ de detección de un fraude o irregularidad. También es uno de los parámetros para medir el éxito de la lucha contra el fraude. Es una simple medida reparadora. En efecto, el contribuyente europeo no comprendería que los defraudadores conservaran los frutos de las sumas no abonadas o indebidamente percibidas, teniendo que soportar el perjuicio causado a la hacienda pública. A partir de ahora, en todos los sectores, no sólo tienen los Estados miembros la obligación de comunicar las irregularidades que detecten, sino que también se cuenta con una serie de disposiciones que garantizan el que aquéllos asuman correctamente sus obligaciones en materia de recaudación. • En el ámbito de los recursos propios La modificación del Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo incluye la puesta al día permanente del estado de las recaudaciones efectuadas por los Estados miembros en los casos defraude e irregularidades. A partir de ahora la Comisión^ debería estar en condiciones de conocer en todo momento la situación de los recursos defraudados y de proponer las medidas que, a su juicio, podrían la Comisión ha previsto proponer algunas completar modificaciones al Reglamento las disposiciones relativas a la recaudación y las responsabilidades de los Estados miembros. (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo con objeto de clarificar las acciones nacionales insuficientes. Además, La Comisión aplica asimismo un sistema de seguimiento mediante muestreo de ciertos casos defraude y de irregularidades en el ámbito de los recursos propios tradicionales en los que están en juego sumas importantes1®, casos que, globalmente, suponen más de tres cuartas partes de las sumas especialmente afectadas en los casos comunicados por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo21. 18 La Comisión sugirió reunir a un grupo de representantes personales de los Estados miembros (GRP), iniciativa respaldada por el Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995. Los EM se mostraron dispuestos a asumir su parte de responsabilidad. El grupo sometió sus primeras conclusiones al Consejo Europeo de Dublin en diciembre de 1996 que las aprobó casi en su totalidad. Las recomendaciones que conllevan la adopción de medidas legales serán objeto en 1997 de una consulta a los comités de los fondos estructurales (que reúne a las delegaciones de los Estados miembros y a la Comisión). 19 Que deseaba esta mejora del contenido de las comunicaciones de los Estados miembros a partir del 11. 12. 1992, fecha de la presentación de su propuesta de texto. 20 Método de seguimiento mediante muestreo ( muestreo "B1994"), véase el Informe anual "Lucha contra el Fraude" de 1994, páginas 66 y siguientes. Véase asimismo el Capítulo 2. 5. 1, página 19. 21 Véase el Capítulo 5. 1, página 41. 10 • En el ámbito del FEQGA-Garantia A raíz de una clarificación de los mecanismos internos, el procedimiento de liquidación de cuentas ha sido reforzado, haciéndose más trasparente. De esta forma se garantizan mejor la realidad y la regularidad de las operaciones financiadas por el Fondo. Las cantidades en juego en los casos de fraude o de irregularidades se tienen en cuenta, y cuentan con un mejor seguimiento. Por ello, el procedimiento de liquidación incita a la adaptación de los mecanismos nacionales de control, con lo que se asegura una mejor prevención. Además, la Comisión ha previsto el establecimiento de una contabilidad específica en materia agraria, a imagen y semejanza de la que existe en el ámbito de los recursos propios tradicionales en relación con los derechos pendientes de cobro. • En el ámbito de las acciones estructurales La Comisión y los Estados miembros acometieron un trabajo minucioso para aclarar determinadas confusiones o divergencias de interpretación a propósito de los criterios de imputabilidad de los gastos a los programas de financiación comunitaria. Según el Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo, la obligación de los Estados miembros tanto de comunicar los casos de irregularidades como de recaudar las sumas afectadas esta claramente establecida. Falta sin embargo por precisar las condiciones en las que los Estados miembros, una vez cumplidas estas obligaciones fundamentales, pueden disponer de los importes recuperados para reafectarlos a otros proyectos libres de toda sombra de irregularidad. De la misma manera, resulta imprescindible clarificar y divulgar más eficazmente las responsabilidades y las obligaciones de los Estados miembros a lo largo de todo el procedimiento de afectación, de gestión y de control de los fondos estructurales, recordando que la responsabilidad recae en primer lugar en la esferas nacionales. Con este objetivo, la Comisión decidió preparar un reglamento de aplicación con arreglo al apartado 1 del artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo sobre las condiciones del control que deben realizar los Estados miembros. Queda asimismo por ver qué medidas deberían adoptarse en relación a todo Estado miembro que no cumpla con sus obligaciones (algo que se inscribe en la misma línea de la petición del Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 de ampliar el principio de la liquidación a otros sectores, al igual que sucede en el sector agrario). En este contexto, la Comisión indicará las condiciones en las que piensa efectuar correcciones netas, eventualmente globales, aplicando plenamente en este punto las posibilidades que ofrecen los artículos 23 y 24 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo. El resultado de estas disposiciones se calibrará con el tiempo. Una dificultad adicional radica no obstante en el hecho de que las diferentes acciones de recaudación llevadas a cabo por los Estados miembros pueden verse comprometidas por la variedad de recursos, o lo que es lo mismo, por la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales. La aplicación de las medidas encaminadas al cobro efectivo de las cantidades adeudadas resulta, si cabe, aún más delicada en los casos transfronterizos. Estas medidas reparadoras no tienen el efecto disuasorio de las sanciones. Es necesario realizar una evaluación más correcta de la legislación, con objeto de mejorarla en aquellos puntos que la hacen vulnerable al fraude, así como reforzar la recaudación y el conjunto de medidas represivas. 1. 3 Mejora de la normativa comunitaria: ¿cómo adaptar el proceso de toma de decisiones y el marco legal para lograr una prevención más eficaz? Junto con la creación de unos instrumentos de control y de sanción más homogéneos es importante mejorar previamente la gestión financiera y la resistencia de los textos al fraude, tal y como se propone en el análisis comparado de las disposiciones nacionales 11 adoptadas para aplicar el artículo 209A CE, presentado al Consejo Europeo de Madrid en 199522. • Este análisis comparativo ha subrayado que la lucha contra el fraude debe ir acompañada de una prevención eficaz. En el contexto del programa SEM 2000, la Comisión adoptó en 1996 nuevas medidas internas, con el objetivo de ejercer una mayor "vigilancia" sobre la permeabilidad de los textos legales y de las decisiones que tienen directa o indirectamente repercusiones financieras. La impermeabilidad al fraude debe aplicarse a los textos ya existentes y a las nuevas propuestas23. El GRP ha insistido en el hecho de que estos intentos resultarían inútiles si el Consejo y el Parlamento Europeo no ejercen una mayor vigilancia durante las fases de toma de decisiones del procedimiento legislativo. Las modificaciones que puedan debilitar los textos o introducir en ellos elementos que hagan directa o indirectamente posibles los fraudes e irregularidades, por ejemplo, con ocasión de la elaboración de los compromisos finales, deben evitarse. La Comisión ha señalado que dará la más alta prioridad política a esta preocupación antes de la adopción final de un texto jurídico. • La iniciativa destinada a simplificar y hacer más transparentes los procedimientos de toma de decisiones, de seguimiento, de gestión y de pago a los beneficiarios contribuye a reducir las posibles fuentes de mala utilización de los fondos, de falta de trasparencia y de aparición de irregularidades que de todo ello podrían derivarse. Estos esfuerzos necesitan la participación de los Estados miembros. Algunas otras recomendaciones del GRP también repercuten en la prevención de las irregularidades y los fraudes. Por ejemplo: - La mejora de la gestión de las políticas de la Unión en cuanto tales, en particular de aquéllas cuya gestión se delega en los Estados miembros. - La continuación de los trabajos que han permitido mejorar las actividades de control (control financiero) llevadas a cabo por la Comisión, el Tribunal de Cuentas y los Estados miembros. • Más específicamente en el ámbito aduanero, el programa Aduana 2000 contribuye a la realización de acciones destinadas a acabar con las actuales deficiencias en la gestión de la deuda aduanera. Estas acciones consisten en lo siguiente: - Mejorar la aplicabilidady la aplicación correctas de la legislación. - Desarrollar, como elemento indispensable de la política aduanera, relaciones sólidas respecto de los países terceros. 1. 4 Endurecimiento de las sanciones: ¿cómo disuadir más eficazmente? En ningún caso, el reembolso de las cantidades reviste carácter de sanción. Simplemente repara la injusticia que recae sobre el contribuyente, haciendo soportar la carga financiera de los fraudes y de las irregularidades a aquellos agentes económicos que los cometieron. 22 Doc. C0M(95) 556 final. Véase el Informe anual "Lucha contra el Fraude" de 1995, páginas 35 y siguientes. 23 Establecimiento de un control ex ante para el examen de los textos antes de su presentación al Consejo y organización de un control ex post, sobre los textos considerados como sumamente propicios para el fraude. 12 Estas medidas reparadoras no tienen carácter punitivo y deben ir acompañadas de sanciones represivas, administrativas o penales, cuyo efecto disuasorio resulta evidente. Para alcanzar el objetivo de una protección homogénea de los intereses financieros de las Comunidades en todo el territorio comunitario y evitar la constitución de zonas de menor represión, es necesario, por lo que a las sanciones se refiere, alcanzar un nivel comparable en toda la Unión. El Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, establece un marco único para promulgar sanciones administrativas comunitarias, lo que refleja la acción que se ha llevado a cabo en el marco de la política agrícola común. En el ámbito aduanero, el estudio de la situación, actualmente en curso, se plasmará en un sistema más homogéneo de sanciones administrativas en materia aduanera. Los resultados de los trabajos complementarios sobre el estado de la aplicación del artículo 209A del Tratado CE permitirán enriquecer el análisis comparado solicitado por el Consejo y el Parlamento Europeo, y orientar las iniciativas de la Comisión en todos los sectores de gastos24. Junto a este aspecto de las "sanciones administrativas", la evaluación de la compatibilidad de las sanciones penales nacionales ha permitido a la Comisión darse cuenta de la magnitud de las divergencias existentes. La Comisión ha propuesto una serie de iniciativas en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea para aproximar las disposiciones penales de los Estados miembros. La firma del Convenio relativo a la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades, en 1995, así como la del primer Protocolo a dicho Convenio, relativo a la corrupción, suponen un importante paso adelante. Estos instrumentos prevén la tipificación penal del fraude en detrimento del presupuesto de la Unión, en toda la Comunidad. Para que estos progresos no pierdan su sentido, esos instrumentos deben ser ratificados por los parlamentos nacionales. Esto, junto con la creación de un tipo penal, común y efectivo del fraude, facilitará el establecimiento de una cooperación judicial eficaz y la imposición de sanciones penales equivalentes en los Estados miembros. Sobre esta base y en virtud del Reglamento sobre los controles y verificaciones in situ (valor de medio prueba de las constataciones efectuadas por la Comisión en los procedimientos penales), el Protocolo adicional al Convenio relativo a la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades25, en vías de negociación, ofrecerá un marco legal para la asistencia de la Comisión en pos de un tratamiento penal homogéneo de los expedientes, en toda la Comunidad. 24 Véase la nota de pie de página n° 22, página. 12. 25 Véase el Capítulo 6. 2. 2, página 51. 13 2. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS" El objeto de este capítulo es presentar un análisis pormenorizado de los datos en posesión de la Comisión, con el fin de descubrir elementos concretos que permitan apreciar la amplitud del fenómeno y extraer las enseñanzas oportunas para acciones futuras. 2. 1 La situación en 1996 En el ámbito de los recursos propios tradicionales, el número de casos de irregularidades y fraudes detectados en 1996 disminuyó en relación con el año anterior, mientras que aumentaba su incidencia presupuestaria. En 1996, los Estados miembros y la Comisión detectaron aproximadamente 2. 060 casos de irregularidades o fraudes por un valor aproximado de 787 millones de ecus (cuadro 1). Estas cifras se basan en los resultados de las investigaciones realizadas por la UCLAF en cooperación con los Estados miembros, en las comunicaciones de los Estados miembros correspondientes al primer semestre de 1996, así como en una extrapolación de estas comunicaciones al segundo semestre de 1996. En efecto, según el Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo, todavía en vigor en 1996, los Estados miembros sólo comunicaban los casos detectados dos veces al año. Sólo a partir de 1997, con la modificación de este Reglamento27, se impone a los Estados miembros la obligación de comunicar a un ritmo trimestral (los casos detectados y actualización), lo que permitirá ejercer en el futuro un seguimiento más eficaz, así como dar cuentas de las cifras relativas a todo un año. En el ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, tanto el número de los casos detectados por los Estados miembros y la Comisión como su repercusión presupuestaria aumentaron en relación con el año anterior. En 1996, se detectaron más de 2. 100 casos; siendo su incidencia presupuestaria de 346 millones de ecus (cuadro 2). En el ámbito de los gastos para acciones estructurales, el aumento en relación con el año 1995 es aún más importante. En 1996, los Estados miembros y la Comisión detectaron 385 casos; siendo su repercusión presupuestaria de 152 millones de ecus (cuadro 3). Por último, en el ámbito de los gastos directos28, la Comisión detectó 42 casos por un valor de 16 millones de ecus (cuadro 4). 2. 2 Tendencias 2. 2. 1 Los recursos propios tradicionales Si se compara la situación de 1996 con la de años anteriores, se pone de manifiesto que el número de casos detectados está en ligera regresión en relación con los años 1994 y 1995, mientras que la incidencia financiera de estos casos sigue aumentando. De nuevo, la incidencia financiera media (alrededor de 140^000 ecus en 1996 frente a 130. 000 ecus en 1995) de los casos comunicados por los Estados miembros, que son responsables en Todos los cuadros y gráficos figiuran en Anexo. 27 Véase el capítulo 5. 1, página 41. 28 "Los gastos directos" son gastos que benefician a sus destinatarios en forma de contratos directamente administrados y controlados por la Comisión (por ejemplo los sectores de la investigación, de la energía, del medio ambiente. ), sin que ello implique obligaciones reglamentarias para los Estados miembros. 14 primera instancia de la recaudación de los recursos propios tradicionales, es claramente inferior a la de los casos gestionados por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, incidencia que pasó de 1,6 millones de ecus en 1995 a 2,3 millones de ecus en 1996. Esto refleja la concentración de los trabajos de la Comisión en los grandes casos de delincuencia que, fundamentalmente, sustraen los productos "sensibles", es decir, los que soportan elevados gravámenes e impuestos, como los cigarrillos. con participación transfronterizas organizada redes de Si se comparan los importes defraudados con los flujos financieros (cuadro 5), resulta que el impacto es mucho más elevado en lo que atañe a los recursos propios tradicionales (que representan alrededor del 17% del total de los recursos presupuestarios) que en lo que se refiere a los gastos "acciones estructurales y FEOGA-Garantía" (que representan más del 80% del total de los gastos presupuestarios). 2. 2. 2 Los gastos En el ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, el número de casos detectados aumentó de manera significativa, mientras que su incidencia presupuestaria global permanece por debajo del nivel de 1994, aunque se registra un aumento en relación con 1995. Esto confirma que los sistemas de detección de los Estados miembros son cada vez más eficaces y refleja los resultados de las medidas adoptadas en el marco de la reforma de la política agrícola común. Por otra parte, esta evolución demuestra que un número limitado de casos muy importantes (como los registrados en 1994 en el sector de los cereales) puede influir decisivamente en esas cifras. El incremento más importante en el número de los casos comunicados por los Estados miembros (+ 50%) y en la incidencia financiera global (que aumento más del doble en relación con 1995) se da en el ámbito de las acciones estructurales. Conviene señalar a este respecto que el sistema de comunicación sólo entró en vigor en 1994 y que fue en ese mismo año cuando se iniciaron las actividades in situ del servicio responsable de la Comisión. 2. 3 Fuentes de información Las comunicaciones oficiales de los Estados miembros, realizadas con arreglo a los Reglamentos sectoriales, siguen siendo una importante fuente de información sobre los casos de irregularidades y fraudes. En 1996, se comunicaron 1. 950 casos de irregularidades en el ámbito de los recursos propios tradicionales y 2. 241 casos en los ámbitos de los gastos indirectos (FEOGA-Garantía y acciones estructurales). Las comunicaciones de los Estados miembros sólo representan la mitad de la incidencia presupuestaria global de los casos de irregularidades y fraudes detectados en 1996. Este hecho pone de manifiesto que los casos más importantes, en particular aquéllos que se inscriben en el capítulo de delincuencia organizada, sobrepasan el campo de acción de un Estado miembro y que la Comisión es, con frecuencia, el único órgano capaz de determinar su incidencia, así como de coordinar las investigaciones relativas a este tipo de casos transfronterizos, de carácter complejo. El Reglamento (CEE) n°. °745/96 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación de Reglamento (CEE) n°. ° 1469/95 del Consejo que determinaba "la lista negra" sólo entró en vigor el 1 de julio de 1996. En consecuencia, en 1996, el número de comunicaciones enviadas bajo ese concepto a la Comisión fue muy limitado. Este 15 Reglamento debería producir todos sus efectos a partir de 1997, es decir, después de adoptar las disposiciones técnicas para su aplicación, de adaptar las estructuras en los Estados miembros y de poner en funcionamiento un sistema informatizado de almacenamiento y de tratamiento de datos por la Comisión. "El teléfono verde" volvió a ser una fuente de información complementaria interesante. El número de llamadas registradas en 1996 se sitúa casi al mismo nivel que en 1995 (casi 4. 000 llamadas). Cuarenta y dos de estas llamadas dieron lugar a amplias investigaciones, fundamentalmente en el ámbito de los recursos propios tradicionales y en el de las acciones estructurales. 2. 4 Análisis sectoriales 2. 4. 1 Los recursos propios tradicionales 2. 4. 1. 1 El régimen de tránsito La Comisión ya había llamado anteriormente en varias ocasiones la atención sobre la preocupante situación por la que atravesaba el régimen de tránsito29. En 1996, este régimen no sólo fue objeto de la primera comisión de investigación constituida por el Parlamento Europeo sobre la base del artículo 138C del Tratado CE30, sino que también resultó ser un sector de actividad prioritario para la Comisión y los Estados miembros. La puesta en funcionamiento del sistema informatizado de información previa sobre los "productos sensibles"31 (Early Warning System), a finales del mes de mayo de 1996, ha hecho posible un mejor seguimiento de las transacciones y una intervención in situ más rápida. El intercambio de informaciones sobre transacciones en régimen de transito de esos productos aumentó de manera espectacular. Desde la puesta en funcionamiento de este nuevo instrumento informático se han intercambiado cerca de 30 000 mensajes relativos a envíos individuales. Estos mensajes permiten un seguimiento de las transacciones potencialmente fraudulentas en tiempo real; algunos de estos mensajes contribuyeron al desmantelamiento, en 1996, de una serie de redes dedicadas a la sustracción al régimen de tránsito de productos agrícolas sensibles. El control más eficaz por parte de los Estados miembros del transporte de productos denominados "sensibles", efectuado al amparo de documentos TI, y el refuerzo de las disposiciones sobre las garantías aplicables a estos productos, tuvieron un efecto positivo en la prevención de los fraudes en el ámbito del tránsito. La Comisión, que realizó en 1994 y 1995 inspecciones in situ, en virtud de los apartados 2 y 3 del Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo, invitó a los Estados miembros a realizar las regularizaciones necesarias. Estas medidas de control continuaron en 1996. El número de casos de sustracción al régimen comunicados por los Estados miembros en 1996 disminuyó sensiblemente en relación con los detectados durante el período 1990-1995. 29 Véase informe anual'Mucha contra el fraude"para 1995, página 78. 30 Véase el capítulo 5. 3. 1. 2, página 44. Véase también el informe anual"lucha contra el fraude"para 1995, página 31. 3 * Productos que más se gravan durante la importación en la Comunidad o que dan lugar a restituciones especialmente elevadas durante una exportación a un tercero país. 16 En cambio, son cada vez más los envíos que son objeto de una falsa declaración de especie al entrar en la Comunidad. 2. 4. 1. 2 Los regímenes preferenciales En 1996, otro grupo de irregularidades y fraudes fue el objetivo central de actividades operativas y análisis. Se trata de las irregularidades y de los fraudes que dañan los intereses financieros de la Unión Europea y afectan a su política comercial. La mayoría de los casos, excluidos los que afectan al régimen del tránsito, tratados por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, y con un incidencia en los recursos propios tradicionales, se inscriben en esta categoría. La incidencia presupuestaria global de estos casos, detectados en 1996, fue del orden de 220 millones de ecus, incluidos en el importe de los fraudes cometidos en el ámbito de los ingresos. Los sectores económicos afectados son sensibles, fundamentalmente los productos textiles, los pesqueros y los electrónicos. Un hecho parece irrefutable: los certificados preferenciales expedidos por las autoridades de terceros países beneficiarios de estos regímenes se suelen revelar posteriormente como no aplicables, debido a los incumplimientos cometidos por los organismos expedidores en esos terceros países o porque estos organismos han sido inducidos a error por sus exportadores. En consecuencia, la Comisión emprendió una serie de trabajos para definir más claramente las obligaciones que incumben tanto al importador comunitario que presenta un certificado para optar a un régimen aduanero preferencial, como al organismo emisor en los terceros países32. 2. 4. 2 Los gastos 2. 4. 2. 1 El FEOGA-Garantía Los casos de irregularidades comunicados por los Estados miembros en este sector representan un 96% de todos los casos detectados. Su incidencia presupuestaria sólo supone aproximadamente un 60% de la incidencia presupuestaria global de los casos detectados por los Estados miembros y la Comisión. Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión en cooperación con las autoridades nacionales suelen tratar de casos sofisticados, en los que están involucradas organizaciones de carácter criminal que operan en varios Estados miembros, la incidencia presupuestaria de los fraudes constatados en el marco de estas investigaciones no puede, por consiguiente, imputarse a un único Estado miembro. Así pues, es necesario mostrarse prudente en cuanto a la interpretación y al análisis de las cifras relativas a la dimensión del fraude constatado en los Estados miembros, tomados individualmente (véase el cuadro 6 para el desglose de los casos comunicados por Estado miembro). A pesar de permanecer relativamente estables estos últimos años, los gastos del FEOGA-Garantía han tenido una evolución bien definida en cuanto a su desglose por sector y por Estado miembro. Esta evolución refleja asimismo los efectos de la reforma de la PAC, con una tendencia a favorecer las ayudas directas a los agricultores en función de las evoluciones del mercado mundial. Resulta pues interesante comparar esa evolución de los gastos con la evolución de las irregularidades constatadas. 32 Véase el capítulo 5. 3. 3, página 45. 17 La parte de los gastos del FEOGA-Garantía que pueden clasificarse como "apoyo a los mercados"33 disminuyó, pasando de un 44% en 1992 a un 22% en 1996. La parte de los gastos para "restituciones a la exportación" disminuyó también, pasando de un 27% en 1992 a un 13% en 1996, mientras que los gastos para "ayudas a los agricultores"34 aumentaron de un 29% en 1992 a un 57% en 1996. La incidencia de las irregularidades es significativamente más elevada por lo que se refiere a los gastos para "restituciones a la exportación" (los casos de irregularidades comunicados por los Estados miembros representan un 0,8% de los gastos de este tipo o, si se incluyen las investigaciones de la Comisión, un 2%) y a los gastos para "sostener los mercados" (los casos comunicados por los Estados miembros representan un 1,5% o, si se incluyen las investigaciones de la Comisión, un 2,2%) que por lo que se refiere "a las ayudas a los agricultores" (0,05% de los gastos de este tipo). A pesar de ser relativamente numerosas (722 del 1. 944 casos comunicados en el ámbito del FEOGA-Garantía en 1996), las irregularidades cometidas por los agricultores tienen un incidencia presupuestaria individual relativamente limitada (por término medio 15 000 ecus contra 90 000 ecus en los casos en los que hay una restitución a la exportación y 220 000 ecus en los casos en los que se trata de una medida de apoyo a los mercados). En 1996, los sectores más afectados en términos monetarios por las irregularidades, fueron los siguientes: cereales, carne de vacuno, materias grasas (aceite de oliva), frutas y hortalizas, así como el sector de la leche y de ios productos lácteos (véanse los cuadros 6 y 7). Con excepción del sector de frutas y hortalizas, esto confirma las comprobaciones correspondientes al período 1992-1996. Todo ello va unido a que en dichos sectores se registra un porcentaje relativamente elevado de gastos del FEOGA-Garantía. Sin embargo, si se comparan los gastos del FEOGA-Garantía en los cuatro sectores más afectados, desglosados por Estado miembro, con las irregularidades comunicadas se pone de manifiesto que la incidencia de estos últimos varía considerablemente de un Estado miembro a otro, según los años. 2. 4. 2. 2 Las acciones estructurales En 1996, el número de casos de irregularidades, así como los importes correspondientes, comunicados por los Estados miembros registran una neta progresión en relación con años anteriores. Esta evolución se debe a la progresiva aplicación por los Estados miembros de la normativa en la materia, a pesar de que algunos Estados miembros sólo cumplen parcialmente las obligaciones que les impone esa normativa. Hay que recordar que los casos comunicados como irregularidades no son necesariamente casos de fraude; no se ha demostrado aún el carácter intencional del comportamiento. El número de investigaciones iniciadas por la Comisión en cooperación con los Estados miembros fue, por su parte, ligeramente inferior al del año 1995 (88 casos en vez de 112) si bien su importe se cuadruplicó (88 millones de ecus en vez 23). Esta evolución es consecuencia del fortalecimiento de los sistemas establecidos por los Estados miembros y de la especialización de las investigaciones de la Comisión en los casos importantes. 33 En particular, las medidas de intervención y distintas primas. 34 En particular, las primas a la producción y las primas al abandono de la producción. 18 En número, predominan los casos comunicados en la esfera del Fondo Social Europeo, siendo, sin embargo, más importante la incidencia financiera de los casos comunicados en el ámbito del Fondo Regional (FEDER). El tipo de irregularidad más frecuente, un 50% de los casos, se refiere a los gastos realizados sobre la base de documentos que no son válidos o sin justificante alguno. Por lo demás, el 11% de los casos de irregularidades consisten en el incumplimiento de otras condiciones reglamentarias o contractuales, el 10% en la realización incompleta de la acción proyectada, y el resto, otras irregularidades tales como la realización errónea de la acción o la no realización de la misma. Estas irregularidades, que a menudo no se refieren a prestaciones materiales, no deben ser infravaloradas, ya que tras ellas se esconden a veces fenómenos de mayor envergadura. Los controles ordinarios, documentales o in situ, por sondeo, efectuados por los servicios competentes de los Estados miembros constituyen de hecho un medio eficaz de detectar y de prevenir las irregularidades (85% de los casos comunicados). 2. 4. 2. 3 Los gastos directos Se abrieron investigaciones en relación con todas las políticas de la Comisión ejecutadas en régimen de gastos directos: cultura y sector audiovisual, energía, investigación, medio ambiente, mercado interior, industria, turismo, medidas exteriores de cooperación con los países de la Europa Central y Oriental (PHARE), los Estados independientes de la antigua Unión Soviética (TACIS), los países mediterráneos (MED) y los países de América Latina y de Asia, así como el FED. En algunos de estos sectores, la Comisión explotó, desde el ángulo de la lucha contra el fraude, las informaciones relativas a la gestión financiera obtenidas por el Tribunal de Cuentas con ocasión de sus auditorías externas. Los mecanismos de fraude y de irregularidades puestos de relieve son de diversa índole (desvíos, favoritismo en la adjudicación de contratos o de subvenciones, no realización de cofinanciaciones, facturaciones artificialmente elevadas, prácticas en las que están involucrados todos aquéllos que gestionan los contratos o los programas). En aquellos sectores, en los que la Comisión se limita a gestionar la financiación, las constataciones efectuadas condujeron, en varias ocasiones, a acudir a los tribunales penales nacionales. 2. 5 La recaudación 2. 5. 1 Recursos propios tradicionales La Comisión ya había tenido ocasión de expresar su preocupación a propósito de la situación poco satisfactoria de la recaudación en este sector. Esta situación no mejoró en 1996. Las iniciativas tomadas, en especial la modificación del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo y la introducción de un sistema informatizado para la transmisión de las comunicaciones a la Comisión35, sólo comenzarán a surtir efectos, permitiendo un mejor seguimiento financiero, a partir de 1997. 35. Véase el apartado 2. 4. 1. 1, página 16. 19 A pesar de que los Estados miembros tienen que comunicar a la Comisión los casos de irregularidades detectados que superen un límite de 10 000 ecus36 e inscribir los importes pendientes de cobro en la contabilidad separada contemplada en el artículo 6 del Reglamento mencionado, la Comisión detectó, en prácticamente todos los Estados miembros, diferencias importantes y no explicables entre los importes comunicados como irregulares y el estado recapitulativo anual de los derechos constatados37. Por consiguiente, la Comisión no dispone en la actualidad de datos completos y fiables sobre la recaudación de los importes relativos a los casos de irregularidades comunicados por los Estados miembros correspondientes a 1996. Esta situación debería mejorar considerablemente mediante la aplicación de las nuevas disposiciones del Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89, que prevé la actualización trimestral de la situación de la recaudación. Lo mismo ocurre con los años anteriores. Sin embargo, el seguimiento por muestreo que la Comisión ejerce en materia de recaudación de los recursos propios tradicionales proporciona una indicación sobre el estado de la recaudación. Los casos de fraude seleccionados en el marco de la muestra B1994 (todos ellos de una elevada incidencia presupuestaria, afectan a varios Estados miembros) pueden considerarse como representativos de las dificultades halladas en materia de recaudación. De un total de 124 millones de ecus afectados en los casos comunicados en el marco de la asistencia mutua38 hasta 1993, 2,6 millones de ecus (o sea un 2%) volvieron a las arcas comunitarias; 3,7 millones de ecus (3%), se dirimían en procedimientos judiciales al haber interpuesto los sujetos pasivos recurso contra las órdenes de pago; 70,5 millones de ecus (57%) estaban pendientes de recaudación. En cuanto al 38% restante, la Comisión no puede pronunciarse por carecer de suficiente información. 2. 5. 2 FEOGA-Garantía En el ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, la recaudación de las sumas afectados mejoró en relación con años anteriores. A petición de la Comisión, los Estados miembros reexaminaron sistemáticamente la situación financiera de los casos que se habían comunicado antes de 1993 y cuyas posibilidades de recaudación podían evaluarse. De esta puesta al día resultó que, un 29% de las cantidades inicialmente comunicadas se habían recuperado, eran irrecuperables, o se habían puesto a cargo de los Estados miembros, y que aún quedaban por recuperar 549 millones de ecus correspondientes a 1. 588 casos aún abiertos. Otros 400 casos, por un valor de 264 millones de ecus, es decir un 34% de la suma inicialmente comunicada, era objeto de procedimientos judiciales todavía en curso (cuadro 8). En cuanto a los 257 millones de ecus restantes, habrá que decidir si son asumidos por el presupuesto comunitario o por el presupuesto del Estado miembro. Con el fin de aumentar la transparencia en lo que respecta a los importes pendientes de cobro en los casos de irregularidad, la Comisión examina la posibilidad de establecer en el marco del FEOGA-Garantía una contabilidad separada, del mismo tipo de la que existe en el ámbito de los recursos propios tradicionales. Esta iniciativa persigue los mismos objetivos que la liquidación de cuentas, sobre todo en lo que atañe a la clarificación de las 36. Artículo 6§4 del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 15 52/89 del Consejo. 37 Artículo 7 del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo. 38. Reglamento (Cee) No. 01468/81 del Consejo. 20 cuentas de los organismos que efectúan los pagos. Gracias a ella, la Comisión y el Tribunal de Cuentas podrán llevar a cabo investigaciones más eficaces. 2. 5. 3 Acciones estructurales En el ámbito de los gastos para acciones estructurales, la situación de la recaudación se presenta de manera diferente. El artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo obliga a los Estados miembros a recuperar las sumas tachadas de irregulares. Los Estados miembros pueden reutilizar estas sumas, a reserva de la aplicación del procedimiento descrito en el artículo 24 del mismo Reglamento, para financiar otros proyectos, libres de irregularidades y que respondan a los criterios fijados en el marco comunitario de apoyo (MCA). No obstante, esta nueva programación sólo es posible, si el Estado miembro comunicó la irregularidad en las condiciones precisadas por el Reglamento (CEE) n° 1681/94 de la Comisión. A finales de 1996, de los de 113 millones de ecus inicialmente comunicados se habían recuperado 23 millones de ecus (véase cuadro 9). Por otro lado, más de 13 millones de ecus, era objeto de procedimientos judiciales todavía en curso39. 3. INVESTIGACIONES Las cifras de las irregularidades cometidas que han sido detectadas por la Comisión reflejan la intensidad de la acción sobre el terreno. No son sino la consecuencia del incremento de la cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros. La lucha contra el fraude, primer objetivo de la estrategia contra el fraude, se intensifica. Ya sea en el propio terreno del fraude o incluso en lo relativo al seguimiento administrativo y judicial, una cooperación total, leal y confiada, entre los servicios especializados de los Estados miembros y la estructura contra el fraude de la Comisión resulta esencial. Las actividades operativas de la Comisión se concentran en los grandes fraudes transfronterizos organizados. En la primera sección del presente capítulo se presentan algunos ejemplos significativos. En el año 1995, la Comisión ya había advertido acerca de la existencia de redes de delincuencia organizada en el ámbito de las políticas europeas40. El Consejo Europeo de Dublin de diciembre de 1996 manifestó una absoluta determinación para combatir la delincuencia organizada e insistió en la necesidad de un enfoque coordinado y coherente al nivel de la Unión41. La pertinencia de este enfoque ha quedado demostrada por la acción de la Comisión en el ámbito de la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Menos de un 5% de los casos descubiertos lo han sido por la Comisión en estrecha colaboración con los servicios de investigación de los Estados miembros. Estos casos se 3" Informaciones comunicadas por los Estados miembros. 40 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, páginas 20 a 22, y a partir de la página 47. 41 En este contexto, hay que tener en cuenta la Decisión del Consejo Europeo de Dublin del mes de diciembre de 1996 de crear un grupo de alto nivel encargado de elaborar un programa de acción global en materia de lucha contra la delincuencia organizada. 21 refieren a más de la mitad de las sumas en juego, sin distinción de sectores (ingresos y gastos). El ámbito de los recursos propios es donde la plusvalía aportada por la Comisión resulta especialmente eficaz y "rentable". En la actualidad está claramente demostrada la implicación de organizaciones criminales en los fraudes organizados en los sectores de los cigarrillos, del alcohol y sector agroalimentario, ámbitos preferidos de la delincuencia organizada, que utiliza sus redes internacionales para la organización de operaciones ilícitas y el posterior blanqueo del producto del fraude, La delincuencia financiera organizada rebasa generalmente el marco nacional y a menudo adopta la forma de las transacciones transfronterizas. Su actividad generalmente se disimula muy bien ya que utiliza las estructuras comerciales tradicionales y se integra en los circuitos económicos habituales. Afecta a los sectores más delicados, es decir aquellos en los que es difícil efectuar controles, las ganancias potenciales son muy considerables y los riesgos que se corren siguen siendo pequeños. Una respuesta "operativa" a esta forma de delincuencia requiere unos conocimientos muy precisos. Esta es la razón por la que la UCLAF, junto con los servicios de investigación de los Estados miembros, haya puesto en marcha unos "task-groups" o "fuerzas de intervención" para luchar con más exactitud contra este tipo de fenómenos. De este modo, además de la "task-force" "cigarrillos", operativa desde 199442 para luchar contra el contrabando de cigarrillos por parte de bandas organizadas, se han creado otras dos "task-forces" en los sectores del aceite de oliva y de los alcoholes, de conformidad con el programa de trabajo de la Comisión. Por lo que al aceite de oliva se refiere, la experiencia de estos últimos años, en efecto, ha demostrado que este sector era especialmente propenso al fraude, organizado o no, bajo todas sus formas43, y se cometía en la mayoría de los casos por organizaciones criminales transfronterizas que utilizan un sistema de refacturación en cascada a través de múltiples sociedades "tapadera", lo que origina por añadidura una fructífera evasión fiscal. En cuanto a los alcoholes, se ha constatado asimismo sobre el terreno que estas redes, a menudo de carácter transfronterizo, estaban en manos de la delincuencia organizada, por lo que resultaba indispensable crear un "task group" específico. En estos "task-groups" participan la Comisión y los servicios directamente responsables de los Estados miembros en los diferentes sectores. Centralizan las informaciones recogidas sobre las redes organizadas para que los servicios operativos de los Estados miembros directamente afectados puedan tener acceso a las mismas y, de ese modo, coordinar mejor el conjunto de las acciones. Entre sus objetivos puede asimismo citarse el perfeccionar y hacer más selectivos los controles para desbaratar las tentativas de las organizaciones criminales, así como el garantizar una mejor coordinación de las investigaciones iniciadas por iniciativa de uno o varios Estados miembros p de la 42 Véase igualmente el informe anual "Lucha contra el fraude " de 1995, apartado 1. 14, página 57. 43. simple, falsa declaración de cantidad, importación con falsos certificados T2L Importación en contrabando puro y (certificados que acreditan el estatuto comunitario de un producto), importación de aceite de avellanas bajo distintas apelaciones, mezclado posteriormente con aceite de oliva, (lo que permite el aumento del volumen de aceite de oliva y la percepción indebida de restituciones o ayudas al consumo), fraude durante las operaciones de perfeccionamiento activo, obtención indebida de restituciones (por aceites que no salen del territorio comunitario o son reimportados, por aceites de grano exportados como aceite de oliva, por aceites edulcorados) y ayuda al consumo (por ventas y tratamientos ficticios, por aceites edulcorados y por aceites que ya han disfrutado de esta ayuda). 22 Comisión. En general, los intercambios de información en este marco formal facilitan las investigaciones en curso y, sobre todo, contribuyen a la sensibilización de las administraciones nacionales responsables de los controles. En los sectores concretos de los cigarrillos y del alcohol, los fraudes cometidos no sólo afectan a los intereses financieros comunitarios sino también, y sobre todo, a los intereses financieros nacionales, en términos de impuestos sobre consumos específicos e IVA eludidos. Por otro lado, existen una serie de montajes fraudulentos que afectan exclusivamente al sistema IVA intracomunitario, consistentes en la creación de en cuanto se realizan las transacciones y sociedades "tapadera" que desaparecen sociedades "apartado de correos" que sólo existen por la declaración de una dirección ficticia. Gracias a estos procedimientos se puede comprar mercancías sin IVA y revenderlas con IVA, sin proceder a la devolución fiscal de los impuestos percibidos en la reventa. En la segunda sección del presente capítulo se presentan casos de fraude organizado en el marco de la política comercial exterior de la Unión. La Unión ha celebrado numerosos acuerdos preferenciales con terceros países respecto de determinados productos que reúnen unas condiciones específicas de fabricación y circulación. Dichos acuerdos o convenios están, por naturaleza, expuestos al fraude. Ya se trate del incumplimiento de las normas por las que se definen los productos que pueden optar a las preferencias o de la aplicación inadecuada del régimen preferencial a productos no originarios de los terceros países signatarios, la experiencia demuestra que los exportadores e importadores pueden estar implicados, de manera activa o no, con pleno conocimiento de causa o fortuitamente, en operaciones cuya finalidad es evitar el pago de derechos normalmente debidos o eludir el cumplimiento de otras medidas de política comercial. Las administraciones públicas de los terceros países afectados pueden igualmente estar implicadas en estos desvíos, por el mero hecho de no cumplir sus obligaciones, tendencia que, por otro lado, se vio confirmada en 1996. En la sección tercera se recogen dos ejemplos de investigaciones nacionales en el ámbito de la financiación de la PAC (Política Agrícola Común). Se trata de casos en los que está implicado un único Estado miembro, que ponen en juego cantidades considerables y revelan unas prácticas muy sofisticadas, aun cuando no se deban a redes transfronterizas. La existencia de tales prácticas demuestra con toda claridad la necesidad de continuar mejorando la eficacia y la fiabilidad de los sistemas de control al nivel nacional. Por último, las dos últimas secciones del capítulo se dedican a las acciones estructurales y al ámbito de los gastos directos. Estos dos sectores representan el 50% de los gastos del presupuesto comunitario. Los riesgos de irregularidad y fraude en estos sectores son muy variados: riesgos en la fase de la selección de los beneficiarios de los proyectos (favoritismo, clientelismo, corrupción, desvío), en la fase de la adjudicación de los contratos públicos, en la fase de la ejecución de las obras o prestaciones (incluida la no ejecución total o parcial, por ejemplo, en el ámbito de las prestaciones inmateriales) y en la fase de la facturación o en los diferentes montajes financieros. En todos estos ámbitos, está comprobado que las investigaciones no pueden llegar a buen término sin una total cooperación con el conjunto de las autoridades nacionales, incluidas las judiciales, las únicas investidas del poder de persecución y sanción penales de los defraudadores. Por lo que respecta al fraude transfronterizo, y cara al futuro, constituye 23 un aspecto esencial del dispositivo comunitario de lucha contra la gran delincuencia organizada la creación, dentro de la UCLAF, célula de coordinación penal, compuesta por expertos en materia penal, que dispondría de una capacidad de asistencia y de asesoramiento y aseguraría la coordinación de los procedimientos efectuando el enlace con las autoridades judiciales nacionales, representa hacia el futuro, un elemento esencial del dispositivo comunitario de lucha contra la gran delincuencia organizada44. 3. 1 Grandes fraudes trasfronterizos organizados 3. 1. 1. Contrabando internacional de cigarrillos y alcohol En el año 1996 se vio confirmado que el objetivo preferido de las organizaciones criminales es el contrabando de cigarrillos sacados al mercado fraudulentamente en el territorio de la Comunidad. Durante este año se eludieron unos 800 millones de ecus45 en concepto de derechos de aduana, IVA e impuestos sobre consumos específicos, 200 millones de los cuales en detrimento del presupuesto comunitario. Aun cuando algunos Estados miembros (Italia, España, Alemania) constituyen los principales mercados, el fenómeno se extiende por todo el territorio de la Comunidad y no sólo afecta a los intereses financieros, aunque la principal repercusión financiera se produzca en los Estados miembros, sino también a la credibilidad de la Unión Europea. Estas importaciones fraudulentas se organizan por redes criminales, muy bien estructuradas, que utilizan los grandes puertos de la Comunidad por los que transitan enormes cantidades de cigarrillos y cuentan con la amplitud de las transacciones para ocultar sus actividades ilegales. Estas operaciones fraudulentas se realizan tanto mediante la declaración de falsas denominaciones de especie46 como la indicación de falsos destinos finales fuera de la CEE. Las informaciones disponibles en la Comisión demuestran que son efectivamente las organizaciones criminales quienes están detrás del montaje de numerosas operaciones fraudulentas con cigarrillos que entran físicamente en la Comunidad, sobre todo, por los puertos del Norte de Europa (aunque también por las fronteras terrestres con los países de Europa Central y Oriental, así como con Suiza) y se colocan en el mercado europeo, en particular de Europa Meridional. Estas redes de delincuencia disponen de impresionantes facultades de organización con una considerable capacidad de movilización en términos de recursos y medios logísticos, así como con una estructura distribuida en varios territorios nacionales, dentro y fuera de la Comunidad. Entre las características de estas organizaciones, cuyas estructuras internas son muy difíciles de descubrir, conviene citar la utilización, a la hora de perpretar sus acciones fraudulentas, (en concreto para el blanqueo de los capitales derivados de las mismas) de numerosas sociedades cuya sede se encuentra en Suiza, Liechtenstein, Chipre, el Caribe o en determinados territorios europeos con un estatuto especial. Las organizaciones implicadas en estos fraudes se encuentran, por lo general, establecidas formalmente fuera de la Comunidad, pero disponen dentro de la Unión de una cadena de empresas asociadas filiales o sociedades "tapadera" que utilizan una red de depósitos aduaneros y fiscales. Estos depósitos 44. Véase el capítulo 1. 1. 3, página 9. 45. La Comisión no puede ni confirmar ni negar la cifra, más elevada claramente, que se anuncia por los profesionales del sector del tabaco. 46. Una investigación trató de contenedores desaparecidos, que se suponía contenían juguetes cuando estaban llenos de cigarrillos. 24 desempeñan un papel fundamental en la realización del fraude, a veces simplemente almacenando las mercancías a la espera de que un servicio aduanero haya efectuado una operación de vigilancia, pero asimismo a veces llevando a cabo comportamientos más "activos", entre los que pueden citarse el cambio, el disimulo o, incluso, la supresión de las marcas de los embalajes. El grado de sofisticación de los fraudes ha sido puesto dé manifiesto por la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el sistema de tránsito comunitario47. A raíz de la aplicación del sistema de información previa48 y de la entrada en vigor, el Io de febrero de 1996, de la prohibición del recurso a la garantía global del 100% para el transporte por carretera de determinadas mercancías delicadas, como los cigarrillos, los defraudadores se han orientado hacia otros mecanismos para efectuar su tráfico de contrabando. Desde entonces, los cigarrillos se han expedido sistemáticamente a partir de depósitos aduaneros establecidos en puertos del Benelux, bajo el régimen de tránsito comunitario. Los cigarrillos se cargan en esos puertos en barcos para la exportación con destino al África Occidental, pero nunca llegan al continente africano ya que se descargan en aguas internacionales, frente a las costas españolas y portuguesas y en buques de gran velocidad y especialmente adaptados, para posteriormente ser introducidos de contrabando y sacados al mercado en estos Estados miembros. • Para oponerse a tales prácticas la Comisión ha organizado, junto con el "task-group" de cigarrillos, una operación denominada "Operación Colombus", en la que participan todos los Estados miembros afectados por este tráfico. Durante el año 1996, se pudo comprobar que cerca de veinte cargamentos de cigarrillos de contrabando se habían cargado desde el Benelux con destino a África (como destino falso). Los barcos contenían más de 220 000 cajas (más de 2. 200 millones de cigarrillos), destinados al mercado negro español. El perjuicio se calcula, para el año 1996, en 175 millones de ecus en derechos de aduana, IVA e impuestos sobre consumos específicos eludidos. La operación Colombus continuó, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales afectadas49, desembocando en enero "de 1997 en la detención, por primera vez, de varios barcos en alta mar por las autoridades españolas en colaboración con las autoridades francesas y belgas. Otra ruta importante por la que las redes criminales organizaban su contrabando de cigarrillos con destino al mercado italiano se centraba en la República Federal de Yugoslavia. Durante el período de la aplicación de las sanciones internacionales ya se habían implantado y funcionaban las estructuras utilizadas para el desvío de los cigarrillos a territorio comunitario. La Comisión y los Estados miembros principalmente afectados organizaron una misión comunitaria a la República Federal de Yugoslavia para verificar el destino final de más de 200 envíos de cigarrillos, la mayoría de los cuales se había expedido a partir de depósitos aduaneros reconocidos de la Comunidad y Suiza, bajo el régimen de tránsito, con destino a Servia y Montenegro. Gracias a los controles efectuados, con la plena 47. Véase el capítulo 5. 3. 1. 2, página 44. 48. Véase el capítulo 2. 4. 1. 1. , página 16. 49. En particular con el SVA español ("Servicio de Vigilancia Aduanera") y la DNED francesa ("Direction Nationale des Enquêtes Douanières" (Dirección Nacional de Investigaciones Aduaneras). 25 colaboración de las autoridades locales, se descubrió que unos 335 000 cajas (es decir, más de 3. 300 millones de unidades), se habían reintroducido de contrabando en territorio comunitario, en un plazo inferior a los seis meses, originando de este modo una evasión fiscal de aproximadamente 330 millones de ecus en derechos de aduana, impuestos sobre consumos específicos e IVA. De los elementos recogidos se desprende que esos cigarrillos se habían expedido bajo control aduanero, a partir o vía territorio comunitario, a un tercer país con el único objetivo de ser reintroducidos, a partir de dicho tercer país, en territorio comunitario para ser sacados a continuación al mercado interior de contrabando. • La Comisión ha sido informada en varias ocasiones por los Estados miembros de un incremento de los casos de contrabando en el ámbito de los alcoholes. Estos casos pueden consistir, por un lado, en exportaciones ficticias de alcohol etílico o bebidas alcohólicas con un destino declarado a los países de Europa Central y Oriental (PECO) y, por otro, en falsas declaraciones de especie a la importación en la Comunidad. Estos fenómenos se dan en la mayoría de los Estados miembros, así como en varios países limítrofes con la Comunidad. Tienen un impacto tanto en los recursos propios de la Comunidad como en ios de los Estados miembros. El impacto financiero es considerable y se refiere fundamentalmente a los impuestos sobre consumos específicos nacionales: un camión de alcohol equivale a 500 000 ecus de impuestos sobre consumos específicos. 3. 1. 2. • En un caso que afectaba a la mayoría de los Estados miembros (Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Portugal y España) se habían comprado piezas de ordenador, según el sistema IVA intracomunitario, por una sociedad determinada a una empresa establecida en otro Estado miembro, de manera que la entrega de los productos se llevaba a cabo sin IVA. El comprador no declaraba esta compra en su propio Estado miembro y, consecuentemente, no pagaba el IVA adeudado. A continuación, entregaba estos productos a otra empresa en el mismo Estado miembro, expidiendo una factura "IVA incluido". Cobraba el IVA así pagado por el comprador y desaparecía, cuando el comprador final era quien normalmente debía recuperar, según las normas del sistema, el importe del impuesto. Aunque estas ventas consecutivas efectivamente se efectuaron sujetas al IVA, la consecuencia de este fraude es que los Tesoros nacionales no percibieron ningún importe neto. Para un único Estado los importe de IVA enjuego se calcula que supone entre 100 y 150 millones de ecus (una parte de los cuales corresponde al presupuesto comunitario en virtud del recurso propio IVA). • Otro caso hace referencia a una serie de importaciones de plata en la Comunidad a partir de Suiza, que originaron unas entregas consecutivas en territorio comunitario y unas declaraciones de exportación ficticia. Las consecuencias de este fraude son idénticas, el no pago a las autoridades nacionales del IVA debido por las compras y ventas consecutivas que se facturaron y cobraron por sociedades "apartado de correos" (que rápidamente se volatilizaron). La colaboración entre la Comisión y los Estados miembros (Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, España, Austria, Bélgica y Países Bajos) ha dado como resultado, hasta la fecha, la incautación de algunas de las entregas y la condena de uno de los participantes en este fraude a una pena de prisión. El importe del IVA eludido asciende a aproximadamente 60 millones de ecus. 26 3. 1. 3. Exportación de aceite de oliva A finales de 1995 se descubrió un número creciente de exportaciones de aceite de oliva a diversos países (USA, Canadá, Sudáfrica. ). Después de que se hubiera efectuado una serie de verificaciones y controles en profundidad, resultó que los contenedores se habían expedido desde Grecia, vía Bélgica y el Reino Unido. En estrecha connivencia con estos expedidores de Grecia, algunos negociantes belgas y británicos cobraban las restituciones a la exportación. En realidad, para desbaratar los controles, dentro del contenedor sólo se colocaban una o dos hileras de cajas de auténtico aceite de oliva mientras que el resto de las cajas contenía aceites de distintos granos, que no tienen derecho a las restituciones a la exportación. Por el lado británico, se ha probado el fraude en la expedición de una treintena de contenedores, con una incidencia financiera estimada en 400 000 ecus. Las investigaciones realizadas hasta la fecha en Bélgica demuestran el carácter fraudulento de estas prácticas respecto de unos veinte contenedores con destino a USA y Rusia, con una incidencia financiera estimada en 180. 000 ecus. Se han interpuesto las correspondientes acciones judiciales en Bélgica y en el Reino Unido y prosiguen las investigaciones para desmantelar la organización criminal que opera sobre el terreno de varios Estados miembros con la única finalidad de cobrar restituciones a la exportación. Este tipo defraude transfronterizo organizado pone, una vez más, de manifiesto la necesidad de proceder regularmente, en las operaciones de exportación e importación, a efectuar controles físicos selectivos y exhaustivos. Además de la mera verificación del peso y de la cantidad de las mercancías, es indispensable recoger muestras, directamente del interior de los contenedores, y encargar, si fuere necesario, análisis a laboratorios especializados, particularmente en lo relativo a la densidad de la mercancía. 3. 1. 4. Exportación de carne de vacuno a Bulgaria con substitución de despojos Las investigaciones realizadas en la actualidad por las autoridades aduaneras belgas en torno a la utilización ilícita de hormonas pusieron de manifiesto que la misma organización estaba detrás de un carrusel de importación y exportación de carne de vacuno (substitución durante el tránsito de productos de alta calidad por productos ordinarios, incluso no comestibles). Esta carne de vacuno y estos despojos comestibles procedían de establecimientos no reconocidos (Estados Unidos, Canadá, Australia y China). A la llegada a la Comunidad50, la carne y los despojos se almacenaron en aduana con vistas a una exportación a Bulgaria, bajo el régimen TIR51 o bajo la cobertura del documento TI (tránsito comunitario). En realidad, el cliente en Bulgaria, destinatario final de los envíos, había pedido despojos de una calidad inferior, y no mercancía de "buena calidad" (carnes y despojos comestibles). Las carnes y los despojos originarios de Estados Unidos, Canadá y Australia, después de haber entrado ilegalmente en territorio comunitario, fueron substituidos por despojos de una calidad claramente inferior y sacados fraudulentamente al mercado interior, eludiendo el control aduanero. La justicia belga ha iniciado un 50- La Comisión efectúa controles in situ y expide certificados de conformidad a los establecimientos exportadores de carne en los terceros países, con destino a la Comunidad. Cualquier envío de carne con destino en la Comunidad ha de ir acompañado de un certificado sanitario, en el que se indique su destinatario final. 51 Régimen de transporte internacional por carretera, definido en el Convenio TIR de 1975. 27 procedimiento de información judicial por corrupción frente a un funcionario de aduanas sospechoso de haber facilitado dicho tráfico. En mayo de 1996, se efectuó una misión comunitaria organizada por la UCLAF en Bulgaria con el fin de dilucidar la naturaleza de las mercancías declaradas a la importación en los servicios aduaneros en Sofía. Asimismo, había que interrogar a los responsables de las compañías búlgaras, los únicos capaces de proporcionar detalles sobre el número de personas implicadas y sobre las repercusiones financieras. Los resultados de esta misión, muy fructíferos, se comunicaron a las autoridades aduaneras belgas, que así pudieron proceder a las investigaciones pertinentes para conocer las circunstancias precisas en las que se efectuó la substitución. Además, se ha descubierto que esta carne de vacuno de buena calidad, convertida en comunitaria, se vendió a una sociedad francesa y se declaró a la exportación con percepción de restituciones (el tercer país destinatario era Rusia). Esta carne, por su parte, había sido objeto de una substitución, por lo que las restituciones se pagaron indebidamente. Actualmente siguen su curso las actuaciones judiciales en Bélgica. Estas prácticas tienen dos consecuencias de una naturaleza diferente. La primera es de orden financiero. Deben percibirse las exacciones reguladoras agrícolas (más de un millón de ecus) y reembolsarse las restituciones. La segunda es de orden sanitario, ya que los despojos importados, procedentes de establecimientos exportadores de terceros países no reconocidos, contienen en la mayoría de los casos hormonas prohibidas en Europa. 3. 1. 5. Sustracción de carne al régimen de tránsito comunitario Una red criminal organizada ha falsificado diversos regímenes aduaneros para beneficiarse indebidamente de múltiples ventajas. • A raíz de una comunicación del Tribunal de Cuentas, la Comisión fue informada de que carne de aves de corral originaria de China, Brasil y Tailandia entraba en Alemania bajo la apariencia del régimen de tránsito comunitario. En los documentos de tránsito (TI) se indicaba como destino final Marruecos y España, oficinas de destino de Irún y Las Palmas (Islas Canarias). En realidad, la mayoría de los envíos se habían sustraído al régimen de tránsito en Alemania y entregado a destinatarios alemanes, habiéndose liquidado falsamente los documentos aduaneros mediante membretes falsos de las oficinas de aduanas de Irún y Las Palmas. Otra parte de las mercancías sustraídas se vendió a sociedades españolas. A raíz de una solicitud de asistencia mutua formulada por la aduana alemana a los Países Bajos, los servicios aduaneros holandeses constataron que, en ese Estado miembro, dieciocho envíos de carne de aves de corral se habían sustraído al régimen de tránsito según la misma técnica, con membretes falsos procedentes de Algeciras, Irún y Las Palmas. La carne de aves de corral se colocó fraudulentamente en los mercados alemán, holandés y español. El impacto financiero global de este fraude se calcula en 6 millones de ecus. Este sofisticado fraude internacional fue organizado por redes criminales que utilizaban sociedades establecidas en Andorra, Suiza y Gibraltar. • Otro expediente se refiere, a la vez, a carne de vacuno comunitaria declarada a la exportación para avituallamiento52 y a carne de vacuno procedente de terceros países, almacenada en aduana en la Comunidad (con exención de derechos), destinada también al avituallamiento. La investigación puso de manifiesto que la carne, procedente de sociedades establecidas en el Reino Unido, Dinamarca y Alemania, se había comprado por una compañía española para ser supuestamente vendida a avitualladores a través de un intermediario establecido en los Países Bajos. Los documentos de tránsito, que acompañaban a las mercancías y les permitían circular habían sido ultimados gracias a falsos membretes aduaneros españoles. Sin lugar a dudas, la carne se vendió en el mercado nacional. El impacto financiero de las expediciones que resultan fraudulentas puede estimarse en más de un millón de ecus, en términos de recursos propios eludidos (régimen de tránsito comunitario aplicado a mercancías procedentes de, y con destino a, terceros países). Por lo que se refiere a las carnes comunitarias bajo intervención, los Estados miembros tienen cerca de 5 millones de ecus en fianzas abonadas en el marco de este régimen, dinero que deberá recuperarse en detrimento de los operadores responsables del fraude. 3. 1. 6. Exportaciones ficticias de vino a terceros países53 En 1996 prosiguieron las investigaciones contra una organización mañosa especializada en las exportaciones fraudulentas de vino a los países de Europa Oriental, con la plena colaboración de la Guardia di Finanza, que llevaron al desmantelamiento de éstas. En una misión en Rumania, se descubrió que dos buques cargados de vino italiano exportado a dicho país se habían descargado de contrabando en el puerto rumano de Constanza. En cambio, se habían presentado unos documentos falsos por los que se acreditaba la salida al consumo de dicha mercancía en territorio rumano en el organismo italiano encargado del pago para el desembolso de las restituciones a la exportación. Se han iniciado frente a las empresas exportadoras procedimientos tanto para la recuperación de los importes pagados (aproximadamente 1 millón de ecus) como de carácter judicial En una misión efectuada en Eslovenia se pudo comprobar que se habían pagado indebidamente aproximadamente 1,2 millones de ecus a una sociedad italiana cuando el vino se había importado en Eslovenia exclusivamente con carácter temporal, bajo un régimen por el que se autorizaba la introducción de las mercancías en dicho país libres de derechos aduaneros, con la condición expresa de que el vino fuera reexpedido en el plazo de un año. El vino en cuestión fue reexportado a otros países de acuerdo con dicha condición, mientras que en Italia se presentaron unos documentos falsos para obtener el pago de restituciones, que deben pagarse únicamente si la mercancía ha salido efectivamente al mercado en el país de destino, es decir, Eslovenia. Se ha detenido al dirigente de una de estas sociedades, acusado de falsedad en documento y fraude al presupuesto comunitario por el Ministerio Público, que ha señalado a la UCLAF que se había lanzado una nueva orden de arresto contra otro responsable, también dirigente de una sociedad exportadora. 52 Esta carne comunitaria estaba bajo "intervención" y fue vendida a un precio reducido para ser exportada (o, en este caso, destinada al avituallamiento, lo que se asimila a una exportación). 53 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, página 55 (apartado 1. 11). 29 3. 2 Grandes fraudes en el ámbito de las políticas comerciales (productos industriales, productos pesqueros y productos textiles) 3. 2. 1. Productos industriales: receptores de satélite de Filipinas A raíz de una información de las autoridades alemanas sobre los riesgos de falsas declaraciones de origen preferencial en la importación de recaptores de satélite procedentes de Filipinas, se invitó a los restantes Estados miembros a realizar investigaciones sobre estas operaciones. Los primeros elementos recogidos demostraron que, por una parte, las cantidades importadas aumentaban constantemente y, por otra, algunos componentes de dichos aparatos, factor determinante de la obtención del trato preferencial, podían no haber sido fabricados en Filipinas, al contrario de lo que pretendían los operadores. Las investigaciones realizadas in situ demostraron que más de 460 000 receptores de satélite, de un valor comercial estimado en 28 millones de ecus ( se habría de cobrar 3 millones de ecus de derechos de aduana a los importadores) se habían exportado a distintos Estados miembros en el marco del SPG, sin respetar los criterios relativos a las preferencias. Asimismo, se demostró que, al menos, algunos de los importadores sabían, antes de importar, que estos productos acabados no podían optar a un trato preferencial. Además, se probó que las autoridades filipinas no habían cumplido las obligaciones a que están sujetas en virtud de la cooperación administrativa, no sólo antes de la actuación in situ de la misión comunitaria sino durante la misma, impidiendo con ello el cese de las actividades fraudulentas. Durante el año 1996 no se pudo resolver un número importante defraudes cometidos con el fin de eludir el pago de los derechos de aduana normalmente debidos, así como el de derechos antidumping, por una errónea concesión de certificados de origen preferencial (formulario A). Ello se debe a que algunos países terceros exportadores se negaron a recibir misiones de cooperación administrativa que debían desplazarse sobre el terreno para realizar investigaciones. Hay que señalar que, en el marco del SPG, la Comisión dispone de un arma importante como reacción a eventuales actitudes de no cooperación manifestadas por determinados países beneficiarios. En efecto, puede iniciar una investigación destinada a la retirada total o parcial del SPG a países que no cumplan sus obligaciones en materia de cooperación administrativa. No obstante, esta investigación únicamente puede iniciarse previa queja de un Estado miembro o una tercera persona. 3. 2. 2. Productos pesqueros • Conservas de atún importadas de Costa Rica Un análisis de las actividades de la industria atunera en América Central, llevada a cabo por la Comisión, puso de manifiesto una fuerte contradicción entre la capacidad pesquera reducida de las flotas locales y el volumen de importaciones en la Comunidad de conservas de atún procedentes de Costa Rica. De acuerdo con las autoridades de este país, una misión de cooperación administrativa compuesta de representantes de la UCLAF y de los Estados miembros afectados (Italia y Portugal) se desplazó sobre el terreno para verificar el origen de dichos productos. Las investigaciones se referían a más de 10. 000 toneladas de productos, de un valor comercial de 28 millones de ecus. En la actualidad se está procediendo al cobro a los importadores comunitarios del importe de los derechos eludidos, es decir, 7 millones de ecus. Las autoridades locales aportaron toda la colaboración necesaria para el buen desarrollo de las operaciones. Las mayores dudas recaían sobre la nacionalidad de los barcos pesqueros utilizados en la producción de las conservas de atún objeto de la investigación. Rápidamente quedó claro que Costa Rica carecía de una capacidad pesquera comercial suficiente. 30 Las investigaciones conjuntas llevadas a cabo demostraron que, en su mayoría, los atunes desembarcados en Costa Rica, en realidad, habían sido pescados por barcos de otras nacionalidades. Estas capturas habían servido para la producción de conservas pendientes de investigación y habían resultado no ser aptas para el trato preferencial. En la Comunidad (en Italia, Portugal y España) se habían presentado varios centenares de certificados del tipo "formulario A'*, expedidos por las autoridades locales, para poder importar dichos productos libres de impuestos. Costa Rica ha reconocido que no son válidos. • Conservas de atún importadas de Turquía Un acuerdo bilateral celebrado entre la Unión Europea y Turquía autoriza la importación en el territorio comunitario de conservas de atún libres de derechos de aduana, con la condición expresa de que dichos productos respeten determinados criterios, por ejemplo, respecto al origen del pescado utilizado en la fabricación de conservas. En el mes de junio de 1996, representantes de la Comisión, acompañados de delegaciones de los Estados miembros (servicios aduaneros holandeses, alemanes, italianos y británicos) viajaron a Turquía en el marco de una misión de cooperación administrativa para verificar la autenticidad de varias centenas de certificados de origen preferencial expedidos por las autoridades turcas en la exportación de dichos productos. Las investigaciones iniciadas parecen indicar, por un lado, que las capturas de atún por la flota turca eran insignificantes y, por otro, que las especies de atún importadas en grandes cantidades en Turquía manifiestamente se destinaba a la fabricación de conservas. A partir de las investigaciones realizadas en Turquía, la misión pudo demostrar que las conservas exportadas a la Comunidad se obtenían a partir de atunes no originarios, a los que a veces se añadían cantidades ínfimas de atún originario turco en el momento de la exportación de los productos acabados. Los exportadores habían conseguido de las autoridades turcas la expedición de certificados ATR. 1, gracias a declaraciones inexactas sobre el origen (turco o comunitario) de las materias primas, que hacían posible la importación en la Comunidad libres de derechos. La misión constató asimismo que varios importadores sabían que las conservas no podían disfrutar de franquicia de derechos aduaneros. En algunos casos, algunos importadores habían participado activamente en la organización del fraude, proporcionando ellos mismos atunes no originarios a las empresas conserveras turcas. La cantidad de mercancías en juego se calcula en 23. 000 toneladas. Deberán cobrarse unos 18 millones de ecus de derechos aduaneros a importadores establecidos en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido, países donde las mercancías se sacaron al mercado. 3. 2. 3. Productos textiles • Textiles de Camboya En el mes de marzo de 1996, gracias a una misión comunitaria de cooperación administrativa, realizada con la colaboración de las autoridades camboyanas, se pudo descubrir unos 1. 500 falsos certificados de origen preferencial (fórmula A). Estos certificados hacían referencia a más de 23 millones de prendas de vestir importadas en la Comunidad con exención de derechos durante el período 1992-1996. Además, las autoridades camboyanas expidieron erróneamente otros 1 700 certificados de origen (fórmula A), relativos a más de 16 millones de prendas, para la expedición de productos textiles que no respetaban los criterios del SPG, habida cuenta de que los hilos y los tejidos utilizados en su fabricación no eran originarios del país. En realidad, estos 31 materiales de base se habían importado en Camboya procedentes de otros países de Asia. Los derechos aduaneros enjuego son del orden de 15 millones de ecus. • Textiles de Bangladesh Durante los meses de noviembre y diciembre de 1996 viajó a Bangladesh una misión de cooperación administrativa (Comisión / 7 Estados miembros) debido a dificultades en la aplicación del sistema SPG por la administración local. Estas dificultades no son nuevas. En esta ocasión, las autoridades de Bangladesh habían reconocido la falsedad de varios centenares de certificados sospechosos (fórmula A) que acompañaban las expediciones de productos textiles importados en la Comunidad. Además, aproximadamente otros 14. 000 certificados, reunidos por las administraciones de los Estados miembros afectados, han sido objeto de verificaciones en profundidad, por un lado, en cuanto a su autenticidad, pero también, en cuanto a su justificación respecto de las reglas del SPG sobre los productos textiles de que ese trata. Las conclusiones de las misiones efectuadas conjuntamente con las autoridades locales competentes, demostraron que se habían claramente minimizado las dificultades y los problemas relacionados con la autenticidad de los certificados textiles expedidos por las autoridades de Bangladesh. Las otras investigaciones realizadas sobre unos sesenta fabricantes de productos textiles en Bangladesh han revelado que la mayoría de los certificados enjuego se expidieron por la administración sobre la base de datos erróneos, que habían sido proporcionados por dichos exportadores. Los productos resultaron no originarios con arreglo a las normas del SPG. Las autoridades de Bangladesh admitieron la veracidad de las conclusiones de las misiones comunitarias. Sin embargo, no se han mostrado muy decididas a adoptar las medidas necesarias. Los recursos propios en juego, hasta la fecha, ascienden a cerca de 60 millones de ecus, y pueden alcanzar los 100 millones de ecus. Al igual que otros países menos avanzados, como Laos, Camboya, Nepal y las Maldivas, Bangladesh ha depositado una solicitud de aplicación de una exención a la norma del origen en el marco del SPG. Las investigaciones relativas a estos fraudes o irregularidades pueden resultar en ocasiones muy largas y complejas. Además, la cantidad de informaciones y documentos que es preciso reunir para poder demostrar claramente los hechos está diseminada en lugares geográficos y latitudes muy alejadas del territorio de la Comunidad. La aplicación de los regímenes comerciales preferenciales por determinados terceros países y sus exportadores no deja de presentar dificultades, por lo que cada año se organiza un número mayor de misiones de cooperación administrativa. El año 1996 no constituye una excepción y dichas misiones se han efectuado en la mayoría de los casos en países del Sudeste Asiático. Sin embargo, la mayoría de los casos de incumplimiento de las reglas de origen detectados afecta a los PMA que experimentan las mayores dificultades, habida cuenta de su capacidad industrial, para respetar estas normas, encontrándose privados de hecho de esta forma del beneficio del SPG, especialmente en el sector textil. Esto es lo que motiva las solicitudes de aplicación de exención que presentan. 3. 3 Fraudes nacionales en el sector agrícola 3. 3. 1. Aceite de oliva / Fraude a la avuda al consumo A raíz de un control llevado a cabo por la dirección aduanera griega de control de la delincuencia económica, se comprobó que una empresa de fabricación de bidones metálicos de cinco litros para el tratamiento de aceite de oliva había producido 32 masivamente facturas falsas para sus clientes, recibiendo, en contrapartida, el 10% de la suma facturada y la totalidad del importe del IVA. De este modo, se habían facturado ficticiamente 10,5 millones de bidones a 26 empresas de tratamiento de aceite de oliva durante los años 1992-1994. Las facturas de compra del tratamiento del aceite de oliva, junto con la factura de la compra del aceite, constituyen dos elementos esenciales para poder disfrutar de la ayuda al consumo. Las empresas afectadas percibieron de este modo una suma global de aproximadamente 21 millones de ecus por un aceite que nunca fue tratado. El caso se ha denunciado ante los tribunales. 3. 3. 2. Financiación anticipada de restituciones a la exportación de sémola de trigo duro en España A raíz de unos controles realizados en España en empresas que habían disfrutado, en 1995, de una financiación anticipada de las restituciones a la exportación de sémola de trigo duro, salieron a la luz unos fraudes relacionados con las cantidades de trigo duro declaradas 54. Se verificaron los documentos contables de todas las empresas españolas beneficiarías de este tipo de financiación anticipada durante los años 1993 y 1994. Como resultado de estos controles se demostró que los comportamientos fraudulentos descubiertos en 1995 tenían antecedentes. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad pudo demostrarse que las sumas indebidamente percibidas por un mismo grupo español ascendían a aproximadamente 26,5 millones de ecus. El principio del fraude consistía en declarar existencias de entrada en almacén de financiación anticipada de restituciones (para su transformación en sémola antes de la exportación definitiva) en cantidades muy superiores a las que realmente se entregaban para almacenar el día de la declaración. Los controles físicos de las mercancías no pudieron efectuarse, al haber transcurrido varios años después de los hechos. Lo que hizo posible el descubrimiento del fraude fue el examen de los documentos relativos a las compras, los transportes, al almacenamiento y a la transformación. En algunos casos, el trigo declarado bajo control aduanero no había sido adquirido ante ningún proveedor. Por añadidura, algunas declaraciones, que habían sido aceptadas por el organismo español responsable del pago, eran manifiestamente incompletas en lo relativo a las indicaciones sobre los lugares de almacenamiento. Por último, mediante este procedimiento, basado en declaraciones falsas, el grupo español en cuestión pudo obtener financiaciones que le facilitaron, a continuación, la compra de materias primas que, a su vez, habrían de servir para operaciones de exportación. 54 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, páginas de 67 a 68 (apartado 3. 6). 33 3. 4 Fraudes en el ámbito de las políticas estructurales 3. 4. 1. Fondo Soeial Europeo (FSE) • Acciones de formación profesional en España / Aumento artificial de los costes En 1996, la Comisión tuvo conocimiento de unos presuntos casos de fraude en el marco de las acciones de formación profesional cofinanciadas por el FSE y gestionadas por el INEM55. De las constataciones derivadas de los controles efectuados por las autoridades nacionales56, a las que tuvo acceso la Comisión, se deducen diversas irregularidades, como la realización incompleta de la acción, la presencia de gastos no justificados, gastos ficticios, una financiación excesiva y la existencia de una contabilidad incompleta o incorrecta. Se han iniciado varios procedimientos de cobro. El Ministerio Público ordenó una investigación judicial sobre el caso de fraude descubierto en la capital madrileña. Los controles suplementarios, que la Comisión solicitó a las autoridades nacionales en otras regiones españolas, han de permitir calibrar con exactitud el alcance de las irregularidades cometidas. • Acciones de formación profesional en Italia / Sociedad tapadera Una investigación judicial realizada en Italia sobre las acciones de formación profesional financiadas por el FSE durante los años 1990-1993 desembocó en la detención preventiva de dos funcionarios regionales inculpados de los delitos de malversación y tentativa de malversación. La investigación puso de manifiesto el pago oculto de sumas de dinero a dos funcionarios, como contrapartida de sus favores en el marco del ejercicio de sus funciones. De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los mecanismos consistían en la constitución, "ad hoc", de sociedades de asesoramientô, que estaban vinculadas a uno de los dos funcionarios regionales, sociedades a las que los promotores estaban "obligados" a recurrir en la elaboración del programa de gastos, si querían evitar ulteriores problemas durante los controles efectuados por el otro funcionario regional implicado. Ello supuso un aumento de los gastos presentados a la Región, al repercutirse en la práctica las comisiones pagadas a los dos funcionarios en facturas extendidas por sociedades "pantalla" por "servicios prestados" a los promotores. La Comisión adoptó las correspondientes medidas de salvaguardia de sus intereses financieros, es decir, la suspensión de los pagos a la región en cuestión. 9 Acción de formación en el Reino Unido/ Gastos ficticios El examen de las cuentas anuales de un establecimiento de formación, situado en Londres, reveló que el importe de las solicitudes de financiación presentadas era mucho más elevado que los gastos certificados por los censores de cuentas en el balance anual. La diferencia, es decir más de 1,3 millones de ecus durante los años 1989 à 1994 (importe FSE: alrededor de 570. 000 ecus) , procedía de gastos ficticios. Debido a la 55 "Instituto Nacional de Empleo". 56 Los informes de control nacionales se comunican a la Comisión en virtud del apartado 1 artículo 23 del Reglamento 4253/88 del Consejo. 34 amplitud de este tipo de financiación, se examinó el conjunto de las solicitudes presentadas durante ese período de tiempo. Resultó que la mayoría de los gastos imputados no estaba justificada, dada la inexistencia de justificantes. La Comisión está examinando, junto con el Reino Unido57, las consecuencias financieras de este caso. 3. 4. 2. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDERA / Desvío de fondos (programa RENAVAL-Francia)58 Las financiaciones destinadas a la reconversión de las zonas de astilleros en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, después del descubrimiento en 1995 de casos de corrupción en el departamento del Var, dieron lugar a la interposición ante los tribunales de recursos contra determinados representantes electos. Además, el examen in situ de los expedientes administrativos del conjunto de las operaciones programadas reveló una ausencia generalizada de respeto de las normas aplicables a los contratos públicos, bien por ignorancia (respecto de una financiación pública total de 4,1 millones de ecus), negligencia o voluntad deliberada (respecto de un importe total de acciones financiadas de más de 14 millones de ecus). Las constataciones efectuadas condujeron a los servicios de la Comisión a llevar a cabo una aproximación sistemática de los procedimientos administrativos y procesos judiciales pendientes, con el objeto de determinar, después de la recepción del acta final de ejecución del programa, las medidas que, desde el punto de vista jurídico y financiero, debían adoptarse, en función de los sobrecostes provocados. 3. 4. 3. Política pesquera Mediante Decisiones de 13. 7. 1992 y 5. 7. 1993, la Comisión concedió una ayuda comunitaria de 5,9 millones de ecus para 3 proyectos de creación de sociedades (sociedades mixtas59) por un armador pesquero francés, con la participación de socios instalados en un tercer país con el que la Comunidad mantiene buenas relaciones, con la perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado comunitario. A estas decisiones siguió, inmediatamente después de la constitución de dichas sociedades mixtas en 1993 y 1994, el pago de un anticipo correspondiente al 80% de las financiaciones comunitarias (es decir, cerca de 4,8 millones de ecus), concedido como complemento de las ayudas nacionales previa e íntegramente entregadas (es decir cerca de 1,2 millones dé ecus). A raíz de la solicitud de liquidación del saldo de la ayuda de la Comunidad (20%), formulada sobre la base de un informe de actividad, se puso en marcha un control sobre las modalidades de utilización de las subvenciones ya recibidas, control efectuado al armador directamente. Se comprobó que tres de los cinco buques de pesca que debían faenar fuera de las aguas comunitarias en una explotación plurianual (los productos de su pesca debían sacarse al mercado comunitario) se habían vendido en 1996, uno de ellos, 57 Marco del Reglamento (CEE) n°4253/88 del Consejo (artículo 24). 58 Véase el informe anua! "Lucha contra el fraude" de 1995, página 72 (apartado 4. 2. 1). 59 Reglamento (CEE) n°4028/86 del Consejo relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (DO L 376 de 31. 12. 1986), artículo 21 y Reglamento (CEE) n°1955/88 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del precedente, en lo que se refiere a la cooperación en el marco de las asociaciones temporales de empresas en el sector pesquero (DO L 171 de 4. 7. 1988). 35 antes incluso de la salida efectiva del puerto francés. Esta constatación entraña la imposición de medidas de recuperación, habiéndose iniciado un primer procedimiento por la Comisión en diciembre de 1996, por un importe de 2,6 millones de ecus, respecto de una sociedad titular de dos buques. 3. 5 Fraudes en el ámbito de los gastos directos 3. 5. 1. Investigación • Hidroelectricidad en Irlanda / Falsos justificantes En mayo de 1991 se celebró entre la Comisión y una sociedad irlandesa un primer contrato relativo a un programa de investigación sobre hidroelectricidad, al que siguieron otros dos contratos. Los importes totales ascienden a 9,2 millones de ecus, con una contribución comunitaria de 3,9 millones de ecus. Los controles efectuados in situ por la Comisión en los meses de mayo y junio de 1996 en la sede social de la sociedad en Dublin, y en los locales de un subcontratista en Suecia, pusieron de manifiesto que dicha sociedad había aumento artificialmente sus solicitudes de financiación mediante justificantes falsos. Los hechos son graves. La compañía no tiene ninguna competencia, ni siquiera antecedentes, en el ámbito de la investigación científica. Su candidatura inicial se basaba en el balance de otra compañía. No se ha respetado la legislación nacional y se ha presentado una contabilidad irregular, todo lo cual ha impulsado a la Comisión a acudir a los tribunales irlandeses. • Proyecto "Energía renovable" en Alemania / Desvío de las ayudas En el año 1995, la Comisión había iniciado una serie de investigaciones sobre los programas de investigación JOULE I y II / APAS-RENA60. Uno de los controles, efectuado en Alemania, reveló que una sociedad alemana estaba implicada en una serie de contratos de investigación y, como consecuencia de ello, había recibido de la Comisión unas cantidades importantes. A continuación quebró, por lo que fue incapaz de cumplir sus compromisos contractuales. las siguientes Se descubrieron irregularidades: falsas declaraciones de gastos, incrementadas por costes salariales inexistentes y prestaciones externas nunca realizadas; pagos recibidos de la Comisión a base de falsas declaraciones de costes o pagos recibidos en concepto de anticipos utilizados para el pago de deudas que no tenían nada que ver con la investigación; anticipos recibidos en concepto de coordinador, que nunca se pagaron a los restantes contratistas. Las autoridades judiciales competentes de Alemania habían entretanto iniciado la persecución penal de los responsables de la sociedad por infracciones relacionadas con la quiebra y desvío de subvenciones. Se dictaron órdenes de cobro de los pagos efectuados a la sociedad, es decir, 2,1 millones de ecus. Dada la inexistencia de activos, no es seguro que pueda efectuarse el cobro de las sumas, aunque el procedimiento penal en marcha debería conducir a un cobro parcial, a partir de los bienes propios del infractor. 60 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, página 73 (apartado 5. 1. 2). 36 3. 5. 2. Acciones exteriores • Operaciones humanitarias en la antigua Yugoslavia Se efectuó un auditoría a una organización no gubernamental francesa, beneficiaría de 7 contratos de operación humanitaria en la antigua Yugoslavia por un importe total de total de 1,2 millones de ecus. Se constató una absoluta falta de contabilidad y justificantes, así como un desvío de fondos por parte del director-tesorero. Se han iniciado sin demora alguna los procedimientos de cobro de las correspondientes sumas. Las investigaciones efectuadas ante las autoridades judiciales francesas revelaron la existencia de un investigación preliminar a partir de informaciones que arrojaban sospechas sobre la gestión de la ONG y la honradez de su tesorero. Sobre la base de las constataciones efectuadas par la UCLAF en colaboración con los servicios de la policía judicial francesa, se procedió a la remisión, en el mes de junio de 1996, de los expedientes de auditoría y de gestión al tribunal competente para las correspondientes diligencias penales. • Programas de cooperación descentralizada en el Mediterráneo (1992-1995)61 Durante los controles efectuados por el Tribunal de Cuentas se pusieron de manifiesto irregularidades, en relación con la gestión del conjunto de los programas de cooperación descentralizada en el Mediterráneo. Las principales irregularidades aparecidas en relación con las redes constituidas son la falta de contabilidad y de justificantes. El Tribunal constató igualmente que la Comisión había delegado, sin licitación alguna, la gestión de la administración de los programas a un organismo exterior a la Comunidad. Los trabajos del Tribunal realizados en este organismo demostraron la existencia de un conflicto de intereses ya que dos de los cuatro miembros de su consejo de administración dirigían al mismo tiempo las oficinas de asistencia técnica encargadas del seguimiento de los programas. Estas oficinas preparaban los expedientes para el comité de preselección de las propuestas, presidido por la Comisión, influyendo de este modo directamente en la adjudicación de los contratos de asistencia técnica. Mediante este procedimiento, se adjudicaron a dos oficinas de asistencia contratos para la ejecución de proyectos que ascendían a 270. 000 y 405. 000 ecus, sin procedimientos de licitación o selección previa. Sobre la base del informe preliminar del Tribunal de Cuentas, las Comisión bloqueó inmediatamente (a partir de octubre de 1995) los programas de cooperación descentralizada en curso en el Mediterráneo. Además, adoptó las siguientes medidas: liquidación de todos los contratos correspondientes con los técnica implicados, realización de tres auditorías por el Control diferentes organismos de asistencia Interventor, (DG XX), emisión de órdenes de recaudación previstas en los informes del Financiero realización de investigaciones por parte de la UCLAF, inicio de una auditoría financiera general de las redes, y redefinición del sistema de gestión para el futuro (decisiones déla Comisión de julio de 1996 y de enero de 1997). 3. 5. 3. Fondo Europeo de Desarrollo (TED^) / Tentativa de desvío de fondos Una importante ayuda financiera se puso a disposición de Camerún en el marco de su programa de ajuste estructural. Esta financiación dio lugar a la apertura de cuentas bancarias en la dirección nacional del Banco de los Estados de África Central, así como "' Programas por los que se favorece la constitución de redes, en los ámbitos objeto de financiación, entre les socios mediterráneos. 37 en diversos bancos comerciales. Estas cuentas bancarias funcionan según el principio de la cogestion, por lo que las operaciones deben efectuarse sobre la base de una firma doble, la del Jefe de la Delegación de la Comisión y la del Ministro del Estado encargado de la Economía y la Hacienda, ordenador nacional del FED o de su delegado, en el caso que nos ocupa el Director General de Caja Autónoma de Amortización. Se emitieron órdenes de transferencia por un total de 4,16 millones de ecus, en las que se habían utilizado firmas falsas. Los servicios judiciales cameruneses efectuaron ocho detenciones. La vigilancia bancaria y la rapidez de actuación de los funcionarios de la Delegación de la Comisión evitaron que se produjera el daño, al bloquearse los pagos. Las constataciones a las que llegó una misión dirigida por la Comisión facilitaron la adopción de las medidas necesarias para garantizar los procedimientos adecuados. 4. ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS La política de lucha contra la delincuencia financiera ha llevado a la Comisión a entablar contactos con las autoridades y servicios nacionales especializados en la lucha contra la delincuencia económica y financiera. Por su parte, este nuevo tipo de relaciones privilegiadas ha llevado a algunos Estados miembros a tomar iniciativas importantes dirigidas a proteger los intereses financieros de las Comunidades. La Comisión procura destacar las iniciativas más significativas y ejemplares, ya que traducen el enfoque global e integrado de los fenómenos del fraude y de la delincuencia económica que actúan contra los intereses de los contribuyentes europeos. Por lo demás, prosiguen las acciones de formación del conjunto de los cuerpos y servicios nacionales responsables de la lucha contra el fraude (inspectores sobre el terreno, magistrados, jueces y fiscales). El diálogo con los Estados miembros no se limita a este tipo de acciones; es constante, bien a través de encuentros bilaterales con las autoridades competentes, bien en el marco institucional representado, en particular, por el Comité consultivo para la coordinación de las acciones en la materia (COCOLAF) y, por lo que se refiere más concretamente a las cuestiones relativas a la fiscalidad indirecta (IVA), por el subcomité contra el fraude (SCAF), cuya actividad se ha reanudado a iniciativa de la Comisión. Dicho comité, copresidido por la UCLAF y la DG XXI, fue reorganizado en mayo de 1996 con el fin de ampliar su actividad. Su principal función es recoger, examinar y evaluar la experiencia de los Estados miembros sobre las nuevas tendencias en materia de evasión fiscal para proponer medidas apropiadas. También se ocupa del fraude que pudiera tener incidencia a nivel comunitario y apoya una cooperación más eficaz entre los servicios de los Estados miembros, en particular, en casos de fraudes. 62 4. 1 Organización de los Estados miembros para la protección de los intereses financieros de las Comunidades En Francia se ha creado una instancia de coordinación de la lucha contra el fraude en detrimento de los fondos comunitarios (ICLAF). Esta instancia de alto nivel deberá 62 El principal punto del programa de dicho subcomité es encontrar los medios de crear una tipología del fraude en materia de IVA. En 1997 se examinarán 500 casos con dicho propósito. 38 coordinar las diversas administraciones encargadas a nivel nacional del control administrativo de los fondos comunitarios. Constituye un interlocutor privilegiado para la Comisión. La aduana francesa y la policía judicial se organizan para responder mejor a la opción política de una penalización creciente de la gran delincuencia financiera. La Dirección Central de la Policía Judicial constituyó una brigada de policía judicial "fraude comunitario", compuesta por agentes especialistas en materia de lucha contra la delincuencia financiera, que se ocupará de las redes de fraude comunitario y centralizará las informaciones nacionales sobre el tratamiento judicial de dichos asuntos. 63 La Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos ha propuesto, por su parte, la constitución de un cuerpo de "aduaneros judiciales". Este proyecto, que se refiere particularmente al fraude comunitario, va en el sentido de los puntos de reflexión del análisis comparado, efectuado por la Comisión, de las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar el artículo 209 CE64. Irlanda, por su parte, ha anunciado la creación de una oficina especializada en la lucha contra la delincuencia financiera organizada65. Esta unidad operativa estará compuesta por agentes procedentes de los servicios de policía, aduanas y del fisco. En Italia, además de la creación de una célula especial para la represión de los fraudes comunitarios, la Guardia di Finanza ha proseguido y acentuado su colaboración con la Comisión para la protección de los intereses financieros de la Unión. El 4 de octubre de 1996 se firmó en Roma un protocolo técnico de entente entre el Mando general de la Guardia di Finaza y la UCLAF con vistas a cristalizar, por primera vez en un acto formal, las estrechas relaciones de colaboración operativa que existen entre ambos órganos. En Alemania, el Ministerio de Justicia ha informado oficialmente a las autoridades judiciales de los Lander, mediante escrito de 21 de junio de 1996, de la posibilidad de cooperar con la Comisión en el marco del artículo 209 A del Tratado. Otros Estados miembros reflexionan sobre la creación o la reforma de estructuras que refuercen su capacidad de luchar contra el fraude y la gran delincuencia financiera organizada que atenían contra los intereses comunitarios. 4. 2 Política de formación En el pasado se han organizado numerosas acciones de formación de alcance general dirigidas, principalmente, a concienciar a las autoridades nacionales sobre las responsabilidades que les incumben en materia de prevención y represión del fraude en detrimento del presupuesto comunitario. Esta información general de base se ha garantizado en todos los Estados miembros. Posteriormente, la Comisión ha hecho más hincapié en la organización de acciones de formación más específicas, dirigidas a los servicios especializados en la gestión y el control de los fondos comunitarios que transitan por las administraciones nacionales, así como a las autoridades judiciales 63 La creación de esta brigada operativa ilustra bien la necesidad de consolidar la cooperación y el intercambio de información con la UCLAF, con carácter previo a la acción judicial propiamente dicha. 64 Véase la nota a pie de página n° 22, página 12. 65 Criminal Assets Bureau (CBA). 39 (jueces, fiscales, policía judicial), cuya cooperación es indispensable para garantizar el éxito sobre el terreno de la lucha contra el fraude66. Para ampliar sus posibilidades de acción en términos de formación, la Comisión ha procurado que sus esfuerzos vayan acompañados de ayudas financieras a los Estados miembros, que se conceden a instancia de éstos, y sobre la base de un programa que contribuirá a mejorar la formación de los agentes nacionales encargados de la lucha contra el fraude. En 1996, los Estados miembros, con la Comisión, realizaron las acciones siguientes67, generalmente de 2 días de duración68: PAIS SERVICIOS COMPETENTES TEMAS TRATADOS IRLANDA PORTUGAL AUSTRIA GRECIA REINO UNIDO FRANCIA POLONIA Inspectores de aduanas Inspectores de aduanas Inspectores y administradores Fiscales y magistrados Brigada fiscal Inspectores y administradores Servicios de aduanas y policía fiscales Fraudes agrícolas Contrabando de cigarrillos Irregularidades / Fondo de Cohesión Irregularidades / Fondo Social Europeo Fraude contra el presupuesto CE Irregularidades / Fondo de Cohesión Iniciación a la problemática de los fraudes comunitarios Inspectores y administradores Irregularidades / Fondo de Cohesión Inspectores de aduanas Inspectores de aduanas Policía judicial Fiscales, magistrados, policía, inspectores de aduanas Fraude en el ámbito de la fiscalidad Fraudes en el régimen de tránsito Delincuencia financiera Fraude comunitario y cooperación ALEMANIA Inspectores de policía Fraude comunitario y cooperación SUECIA Inspectores y administradores Irregularidades / Fondos estructurales. 5. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES / HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES El presente Capítulo está dedicado a los aspectos significativos de la evolución de la normativa sectorial que han incidido positivamente en la lucha contra el fraude, así como al desarrollo de un enfoque antifraude en otros ámbitos tales como el IVA, los regímenes de tránsito y los regímenes preferenciales. 66 Los servicios solicitantes, en los nuevos Estados miembros y en los terceros países candidatos a la adhesión, han recibido cierta prioridad en el marco del programa de trabajo de la Comisión. 67 Este cuadro no recoge los cursos ni seminarios organizados en Bruselas. 6^ En el sector de aduanas y fiscalidad indirecta, la Comisión también organizó varios seminarios de información sobre las normas de origen preferencial en los terceros países (Camboya y Laos, entre otros), beneficiarios de preferencias arancelarias comunitarias, esencialmente los beneficiarios de preferencias generalizadas (SPG). 40 En lo que respecta a las modificaciones de la legislación comunitaria, hay que señalar ante todo, en materia de recursos propios, el fortalecimiento del Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 y, en el sector agrícola, la aplicación del Reglamento "Lista negra". En lo que respecta a los regímenes de tránsito aduanero, las medidas adoptadas se inscriben en el plan de reforma anunciado en 199569. Todas estas disposiciones forman parte de un paquete de medidas descrito en el programa de trabajo antifraude de la Comisión. 5. 1 Sector de los recursos propios • El 8 de julio de 1996, el Consejo aprobó el Reglamento (Euratom, CE) n° 1355/9670 por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89, relativo a la aplicación de la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades. Esta modificación pretende mejorar la comunicación a la Comisión de información relativa a casos de fraudes e irregularidades detectadas y constatadas por los Estados miembros en el sector de los recursos propios tradicionales71. El propio Reglamento regula el contenido exacto de las comunicaciones y la actualización de la información comunicada. Así, el seguimiento económico de los casos de fraude e irregularidades por los servicios de la Comisión será más fácil gracias a un volumen de información más detallada y regular, como lo es actualmente en el sector de los gastos, en virtud de los Reglamentos vigentes72. A partir de estas comunicaciones, la Comisión efectuará una síntesis anual destinada al Parlamento Europeo y al Consejo, que tratará tanto sobre las informaciones relativas a los casos de fraude e irregularidades como sobre las inspecciones que hayan efectuado los servicios especializados de los Estados miembros. • En 1996 la Comisión aumentó sus actividades de coordinación de las acciones emprendidas a iniciativa de los Estados miembros en materia de IVA. Se introdujeron mejoras en el sistema de intercambios de informaciones SCENT fiscal73. La UCLAF tomó iniciativas de apoyo y sostenimiento de varias acciones operativas antifraude transnacionales. No obstante, desde el punto de vista jurídico, las interpretaciones de la posibilidad de dirigir estas acciones sistemáticamente varían según los Estados miembros. También se demostró que, a nivel comunitario, donde las transacciones comerciales cuentan con componentes transnacionales, subsisten zonas grises en las que las administraciones carecen de los recursos suficientes, incluidos los jurisdiccionales. La experiencia en materia de inspecciones y verificaciones, tanto en relación con el IVA como con los recursos propios tradicionales, sobre los que la Comisión tiene una competencia administrativa, hace deseable establecer en el futuro una coordinación central coherente. Queda aún mucho por hacer en este sector, que constituye una importante fuente de ingresos para los Estados miembros y que representa casi la mitad de los ingresos presupuestarios anuales de la Unión Europea, es decir, alrededor de 69 Comunicación de la Comisión de 29. 3. 1995 sobre el "fraude en el procedimiento de tránsito, soluciones previstas y perspectivas abiertas para el futuro", doc. C0M(95) 108 final. 70 DOL 175 de 13. 7. 1996. 71 Véase informe anual "Lucha contra el fraude" para 1995 página 23, y para 1994, página 9. 72 Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo (FEOGA-Garantía), Reglamento (CE) n°1681/94 de la Comisión (Fondos estructurales) y Reglamento (CE) n" 1831 /94 de la Comisión (Fondo de Cohesión). 73 Sistema de intercambio de informaciones sobre la fiscalidad indirecta vía la red SCENT, véase el Capítulo 5. 5. 1, página 46. 41 45 millones de ecus desembolsados anualmente por las tesorerías nacionales en beneficio del presupuesto comunitario. 5. 2 Sector agrícola Tal como lo anunció en su programa de trabajo, la Comisión aprobó el Reglamento (CE) n° 745/96 de la Comisión74 relativo a las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) n° 1469/95 del Consejo75 ("Lista negra"), referente a las medidas que deberán adoptarse en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por el FEOGA- Garantía. Es la orimera vez que un texto de Derecho comunitario prevé la elaboración de una lista de operadores no fiables de la que podrán disponer las autoridades nacionales competentes que, de esta manera, estarán en condiciones de adoptar las medidas preventivas necesarias. La aplicación de este Reglamento está en su fase inicial. Los Estados miembros han designado, a tal fin, a una autoridad que recibirá y transmitirá la información a la Comisión (a través de la red SCENT). La Comisión centraliza las comunicaciones y garantiza la información recíproca de las autoridades nacionales, respetando las disposiciones sobre la protección de datos. La rapidez y calidad de estos intercambios son de primordial importancia, en la medida en que los operadores implicados pueden trasladarse de un Estado a otro si tienen conocimiento de la iniciación de procedimientos administrativos. 5. 3 Regímenes de tránsito e iniciativas aduaneras 5. 3. 1 Los regímenes de tránsito76 5. 3. 1. 1 El seguimiento de la comunicación de la Comisión del 29 de marzo de 1995 La intensificación de los intercambios y la desaparición de las fronteras internas requería el establecimiento de regímenes de circulación de mercancías en el territorio comunitario que estuvieran adaptados a este nuevo orden. Las dificultades proceden de la coexistencia de la dinámica ligada al mercado interno integrado y los controles nacionales que deben constituir la principal protección. El hecho es que, en estas circunstancias, los fraudes relacionados con los regímenes de tránsito, fraudes que no sólo afectan a los intereses comunitarios, se han desarrollado aún más. Tras su comunicación del 29 de marzo de 1995, que ponía de manifiesto el desarrollo del fraude en los regímenes de tránsito, la Comisión adoptó, el 3 de abril de 1996, una comunicación sobre las medidas de emergencia adoptadas o pendientes77 y puso en pie una "task force" tránsito. El 9 de octubre de 1996 presentó una comunicación sobre "el futuro de los regímenes de tránsito"78, que realiza un análisis profundo del conjunto del sistema y de su c áexto y evalúa cada una de las propuestas destinadas a mejorarlo o 74 DO L 102 de 25. 4. 1996. 75 DO L 145 de 29. 6. 1995. 76 Véanse los informes anuales "Lucha contra el fraude" para 1994, página 14, y para 1995, página 25. 77 Doc. SEC(96)290 final "Acciones de la Comisión en materia de lucha contra el fraude en el tránsito". 78 Doc C0M(96) 477 final. Para coordinar los trabajos del grupo interservicios, la Dirección General de Aduanas y Fiscalidad Indirecta ha creado una "task force" específica cuyo mandato es estudiar todos los regímenes de circulación de mercancías, tales como el tránsito aduanero, a fin de adoptar propuestas de reforma global. 42 reformarlo. Sobre esta base, se han llevado a cabo durante seis meses intensas consultas con los distintos agentes afectados (autoridades nacionales, incluidas las de los países participantes en el régimen de tránsito común79, y asociaciones profesionales representativas de los operadores económicos), cuyo punto culminante será la conferencia "Eurotránsito 1997"en febrero de 1997 en Bruselas. Las informaciones recibidas de los Estados miembros, responsaêles del control del sistema y únicos poseedores de la información relativa a su gestión, demuestran que los regímenes de tránsito comunitario y de tránsito común suponen, aproximadamente, dieciocho millones de operaciones al año, lo cual implica un volumen fiscal de 450. 000 millones de ecus, y esto en el marco de un sistema casi exclusivamente manual. El objetivo preferido de los defraudadores siguen siendo los productos considerados sensibles, sujetos a impuestos especiales nacionales, tales como cigarrillos, alcohol y otros productos agrícolas sensibles. El reto es siempre el mismo: garantizar que las mercancías llegan a su destino declarado y que se han cumplido todas las disposiciones aduaneras y fiscales. El importe anual del fraude al presupuesto comunitario en el régimen de tránsito se estima en un mínimo de 200 millones de ecus, mientras que los importes que eluden los impuestos nacionales son aún mayores80. Las medidas anunciadas en 1995, en el marco de la comunicación de la Comisión, se han concretado en este año en: la aprobación del Reglamento (CE) n° 482/96 de la Comisión9,1 que permite itinerarios. obligatorios, la prohibición de cambiar de oficina de destino, los criterios de acceso a la garantía global, la prohibición temporal del recurso a la garantía global para determinadas mercancías y las obligaciones particulares relativas al transporte de mercancías sensibles. fijar. la aprobación del Reglamento (CE) n° 2153/96 del Consejo*2 que fija la garantía global'en 100 % con algunas excepciones^. El proyecto de informatización del régimen de tránsito84 sigue movilizando a la Comisión, los Estados miembros de la Unión, los países de la AELC y los países VISEGRAD85, socios del tránsito común. El sistema informatizado se ha desarrollado para ser operativo en 1998. Hay que recordar que para crear el sistema en los plazos previstos es absolutamente necesario disponer de recursos humanos (equipos responsables de proyectos nacionales) y económicos. El proyecto de informatización se divide en tres fases. La primera, que concluirá a finales 79 El propio régimen de tránsito común es una extensión del régimen de tránsito comunitario a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. 80 81 El Parlamento Europeo estima que la pérdida anual de recursos procedentes del IVA es de aproximadamente 700 millones de ecus. DO L 70 de 20. 3. 1996. Este Reglamento modifica el Reglamento (CEE) n° 2454 de la Comisión (DO L 253 de 11. 10. 1993) por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Código de aduanas comunitario (DAC). 82 DO L 289 de 12. 11. 1996. 8^ La entrada en vigor, en el curso del año, de la prohibición de utilizar la garantía global para los cigarrillos y el alcohol, transportados por carretera, ha supuesto el cambio del modo de transporte de estos productos en beneficio de las vías aéreas y marítimas. Ello se debe a que la prohibición de utilizar la garantía global no se aplica cuando las mercancías se transportan por mar o por vía aérea. 84 Véase el informe anual sobre la "Lucha contra el fraude" de 1995, página 28. 85 Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa. 43 del primer trimestre de 1997, trata de la definición de especificaciones técnicas y funcionales del sistema. La segunda (diciembre 1996-junio 1998) se refiere a la construcción del sistema propiamente dicho (pliego de condiciones, programas informáticos, instalaciones informáticas y conexiones). Entrará en servicio en un número limitado de oficinas, en paralelo con el sistema actual de papel, por un periodo de cuatro a seis meses. Por último, la tercera fase (desde junio 1998) será la del desarrollo de la red y la infraestructura hasta la cobertura completa del conjunto de las oficinas de aduana habilitadas para el tránsito86. 5. 3. 1. 2 La Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo En 1996, la Comisión garantizó una estrecha cooperación y una colaboración activa con la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo87. Esta participación en los trabajos del Parlamento Europeo se concretó en varias presentaciones orales y contribuciones escritas. El informe definitivo de la Comisión de investigación se publicará en el segundo trimestre de 199788. La Comisión de investigación procedió a la audición de responsables nacionales de aduanas para aclarar algunos aspectos y mecanismos de los fraudes detectados en el marco de la aplicación de los regímenes de tránsito (común, comunitario y TIR). La crisis que atraviesan estos regímenes pone en peligro la credibilidad del mercado interior y las administraciones aduaneras, por lo que el Parlamento Europeo, a través de estas audiciones, ha puesto de relieve la necesidad de definir un espacio judicial común89, en particular en casos de fraude grave en los que intervengan redes de delincuencia organizada. De hecho, según el Parlamento Europeo, la cooperación judicial existe en teoría pero no en la práctica, ya que las estructuras de los Estados miembros son demasiado dispares. Una de las mayores dificultades que surgen en la práctica es la falta de modelos de prueba, algo que impide la aceptación en todos los Estados miembros de los elementos recogidos en un Estado miembro. Estas diferencias benefician a la gran delincuencia, que se ingenia en crear sistemas de fraude cada vez más sofisticados a través de sociedades-pantalla y disponiendo de toda la "panoplia" del perfecto defraudador (declaraciones falsas, documentos falsos, sellos falsos. ). La Comisión, por su parte, prosigue sus análisis y presentará en mayo de 1997 un informe final que contendrá una comunicación sobre la reforma global de los regímenes de tránsito y un plan de acción con las medidas necesarias para subsanar los fallos detectados. Dicho informe toma en consideración las recomendaciones de la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo. 86 El traslado se efectuará en primer lugar a países "piloto" y, más adelante, se extenderá al resto de los países. 87 Comisión de investigación creada con arreglo a la Decisión del 13. 12. 1995. Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, página 31. 88 Los temas de interés para la Comisión de investigación son la ampliación del régimen de tránsito común a los países VISEGRAD (desde el 1 de julio de 1996), la recaudación de derechos de aduana, incluido el tema espinoso de la responsabilidad financiera de los operadores que se han hecho garantes y las medidas que deberán adoptarse en caso de tránsito marítimo. 89 Véase el Capítulo 1. 1. 3. , página 9. 44 5. 3. 2 El programa "Aduana 2000" El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el 19 de diciembre de 1996 un programa de acción para la aduana en la Comunidad ("Aduana 2000")90, texto que desarrolla y amplía la acción piloto iniciada en 199491. Este programa que, en su artículo 8, trata específicamente de la lucha contra el fraude, tiene por objetivo mejorar la eficacia global de la acción aduanera y la homogeneidad de los controles de la frontera exterior de la Comunidad, aumentando la transparencia de la acción aduanera y la cooperación entre los servicios aduaneros de los Estados miembros. Actualmente, las condiciones de control y de aplicación de la normativa varían según las diversas oficinas de aduana de la Comunidad para la entrada de mercancías idénticas transportadas con el mismo medio de transporte. Además, las infracciones no reciben sanciones equivalentes en los diversos Estados miembros. Las orientaciones del programa "Aduana 2000" deben armonizar todos estos aspectos, incluidos los métodos de trabajo y el control de los aduaneros de la Unión. 5. 3. 3 Los regímenes preferenciales La Comisión ha reforzado la reglamentación relativa a la cooperación administrativa entre los países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas (SPG), régimen autónomo comunitario, y la Comunidad que concede preferencias92. Las nuevas disposiciones, que empezaron a aplicarse el 1 de enero de 1997, aclaran las modalidades de participación de la Comunidad en las investigaciones tramitadas por las autoridades competentes de los países beneficiarios, a fin de obtener información sobre el origen real de los productos exportados al amparo de certificados de origen SPG. A nivel práctico, la Comisión ha creado un sistema informático de transmisión de las impresiones de los sellos utilizados para autentificar los certificados de origen, destinado a los servicios aduaneros de los Estados miembros. Esta transmisión técnica, al permitir una mayor rapidez en la circulación de información y una mayor legibilidad de los modelos de sellos, es un factor importante para desarrollar un control eficaz de los certificados de origen y la circulación de mercancías. Por último, a semejanza de lo que ha hecho en materia de tránsito, la Comisión se ha comprometido a preparar una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación preocupante en el ámbito de la aplicación de los regímenes preferenciales. 5. 4 £1 sector de los gastos directos A principios de 1996 la Comisión creó un grupo interservicios para aclarar los problemas relacionados con la participación financiera de la Comunidad en las acciones de '. 'Investigación, Desarrollo y Tecnologías" (IDT), con vistas a la preparación del quinto programa marco, que cubrirá el periodo a partir de 199993. Esta iniciativa se inscribe las plenamente en la estrategia antifraude de la Comisión, dirigida a mejorar 90 Decisión n° 21Q/97/CE. DO L 33 de 4. 2. 1997. 91 Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, página 28. 92 Reglamento (CE) n° 12/97 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996 (DO L 9 de 13. 1. 1997), por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión (DAC), en particular sus artículos 93,93bis y 94. 93 El grupo ha elaborado un informe provisional, el informe final está previsto en el curso de 1997. Se someterá a la aprobación del Colegio y se integrará en el proyecto de propuesta del quinto programa marco. 45 disposiciones comunitarias de carácter económico. El objeto de los trabajos de este grupo es buscar soluciones a los problemas relacionados con los costes, la auditoría y las sanciones aplicables en caso de irregularidades en el sector de IDT. En el nuevo programa marco, la Comisión prevé proponer que su contribución financiera a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico se conceda con arreglo a un régimen de Derecho basado en las normas comunitarias. Por tanto, podrán aplicarse sanciones administrativas en caso de irregularidades. El instrumento jurídico no sólo debe establecer las modalidades de ejecución de las órdenes de recaudación y los poderes de control con respecto a beneficiarios y terceros, sino también fijar las sanciones comunitarias aplicables en caso de irregularidades. El sector de IDT, habida cuenta de su importancia, será objeto de un nivel de protección equivalente al que existe para los gastos indirectos, gestionados por los Estados miembros. Al mismo tiempo, servirá de ejemplo para establecer el mismo tipo de protección en otros sectores de gastos directos. 5. 5 Asistencia mutua administrativa y asistencia técnica 5. 5. 1 A nivel comunitario La propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la asistencia mutua en los sectores aduanero y agrícola, que la Comisión presentó en 199294, seguía en fase de examen en el Consejo y el Parlamento Europeo a finales de 199695. Este nuevo Reglamento establece una nueva base jurídica para crear una base de datos SID, alimentada con las informaciones intercambiadas por los Estados miembros a través de la red SCENT96. 5. 5. 2 Entre la Comunidad y los terceros países En el marco de las relaciones con algunos terceros países (SPG, ACP, países pertenecientes a los acuerdos textiles), la Comunidad presta una asistencia técnica cuyo objetivo es ayudar a las autoridades competentes de estos países a aplicar las disposiciones de los acuerdos y regímenes comerciales97. La Comisión también debe velar por la aplicación de estos regímenes al entrar en su territorio. La Comisión también organiza, desde 1991, en el marco de los programas PHARE y TACIS, misiones específicas de asistencia técnica y de formación, principalmente a través de Euroaduana (consorcio que reúne a los 15 Estados miembros de la Unión y a los países de la AELC). Estas acciones cubren todas las actividades aduaneras, incluidas determinadas acciones en el ámbito de la lucha contra el fraude98. 94 Véanse los informes anuales de la "Lucha contra el fraude" de 1994, página 13 y de 1995, página 23. 9^ Ante la falta de consenso sobre la base jurídica entre las instituciones, el Consejo lanzó el procedimiento prescrito para la aplicación del Reglamento, que fue finalmente aprobado el 13. 3. 1997 (Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo, DO L 82 de 22. 3. 1997). 96 "System for a Customs Enforcement Network", módulo informático del SID (Sistema de información aduanero). 9^ La Comisión también ha prestado asistencia técnica a las autoridades chinas responsables de la aplicación del acuerdo bilateral textil en materia de clasificación de los productos en cuestión (que condiciona la aplicación de restricciones cuantitativas). 98 Se han entregado a los países PHARE equipos para la detección y el control aduanero (concretamente, control de precursores), a fin de aumentar las posibilidades de aplicación de sus propias normativas aduaneras. Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, página 29. 46 Por último, se han celebrado o están en fase de celebración con unos cincuenta países acuerdos con disposiciones relativas a la asistencia administrativa recíproca en el ámbito aduanero. Estas disposiciones proporcionan una base para la obtención de información y pruebas documentales sobre las transacciones cuya regularidad es dudosa. Se trata de elementos que no están disponibles en la Comunidad y que son indispensables para demostrar el fraude. Asimismo, puede tratarse de datos sobre las personas responsables de la organización de transacciones comerciales que han dado lugar, posteriormente, a irregularidades en la Comunidad. En 1996 entraron en vigor diversos acuerdos99, se firmaron acuerdos de cooperación aduanera y de asistencia mutua100 así como acuerdos con un protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua101. El Consejo adoptó directrices para la negociación de acuerdos relativos a la asistencia administrativa mutua, o que contienen un protocolo en la materia, con una serie de países102. En 1997 se deberán tomar iniciativas para intensificar la cooperación en el sector particular de la protección de los intereses económicos, con determinados países, con vistas a la ampliación. 6. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS / INICIATIVAS LEGISLATIVAS HORIZONTALES Tras los progresos realizados a nivel legislativo horizontal103 en 1995 y siguiendo en la línea de su estrategia antifraude, la Comisión ha proseguido sus trabajos para lograr una mayor protección de las finanzas comunitarias consolidando el concepto de asociación operativa con los Estados miembros. El Reglamento sobre los controles y verificaciones in situ efectuados por los agentes de la Comisión, aprobado por el Consejo el 11 de noviembre de 1996, responde a este objetivo y a sus exigencias104. La dinámica creada por el Reglamento sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades105 ha permitido al legislador comunitario seguir estableciendo sanciones administrativas106 en el sector agrícola. Esta iniciativa concreta la posibilidad de adoptar sanciones administrativas para la protección del presupuesto comunitario, en armonía con las orientaciones definidas por el Reglamento de alcance general. 99 Unión aduanera con Turquía, acuerdos provisionales con Israel, Ucrania, Rusia, Moldavia. 1 00 Con Corea del Sur y los Estados Unidos. 1 01 Con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kirguizistán, Marruecos, Uzbekistán, Eslovenia y las Islas Feroe. 1 0^ Suiza, Albania y Argelia. Además de estos países, las negociaciones para celebrar un acuerdo que contemple dichas disposiciones prosiguen con Sudáfrica, Canadá, Egipto, Jordania y Líbano, se han suspendido provisionalmente con México y se han relanzado con Japón y Hong-Kong. Aún están en curso los procedimientos de ratificación del acuerdo firmado en 1995 con Marruecos y Túnez y quedan por completar los acuerdos firmados con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chile. Por último, la Comisión ha solicitado un mandato de negociación de un acuerdo de tipo "euro- mediterráneo" con Siria. 1 03 Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, Capítulo 1, a partir de la página 11. 1 04 El Reglamento sobre controles y verificaciones in situ se inscribe en el marco definido en el artículo 10 del Reglamento (CE) n°2988/95 del Consejo. 1 05 Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo (DO L 312 de 23. 12. 1995). 1 06 Se trata, entre otros, del Reglamento (CE) n°887/96 de la Comisión (DO L 119 de 16. 5. 1996) sobre las modalidades de aplicación del régimen de ayuda al consumo para el aceite de oliva. 47 Asimismo, el Convenio firmado el 26 de julio de 1995, en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea, ha iniciado el proceso de aproximación de los instrumentos jurídicos nacionales, con vistas a la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades. Los trabajos efectuados en 1996 completan este instrumento inicial mediante la firma de un primer protocolo al Convenio, relativo a la corrupción de los funcionarios. Pero el Consejo no ha estado en condiciones de aprobar otro protocolo que complete el Convenio. No obstante, el Consejo Europeo de Dublin de diciembre de 1996 subrayó su determinación de luchar contra la delincuencia internacional organizada, a fin de reforzar su acción dirigida a proteger los intereses financieros de las Comunidades. A este respecto, confirmó la importancia del Convenio sobre la protección de los intereses financieros y de los protocolos adicionales destinados a completarlo y pidió encarecidamente a los Estados miembros que ratificaran lo antes posible los textos ya aprobados. 6. 1 El Reglamento sobre los controles y las verificaciones in situ El Consejo Europeo de Madrid había solicitado explícitamente que se aprobara este Reglamento relativo a las inspecciones y verificaciones in situ efectuadas por la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes y otras irregularidades107, antes de finales de junio de 1996. En el Consejo Ecofin del 3 de junio de 1996 se alcanzó un consenso sobre este texto y el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de Reglamento el 24 de octubre de 1996, tras una nueva solicitud del Consejo108. Este Reglamento constituye un avance considerable en la lucha contra el fraude y un paso importante en de refuerzo de los medios de que dispone la Comisión para luchar contra la gran delincuencia financiera. 6. 1. 1 Ámbito de aplicación del Reglamento El Reglamento está destinado a aplicarse en todos los ámbitos de actividad de las Comunidades Europeas. Sus disposiciones permitirán a la Comisión disponer de una base jurídica nueva y autónoma para dirigir controles específicos "antifraude", a fin de descubrir irregularidades en los operadores financieros. Este mecanismo jurídico completa las bases ya existentes, previstas por las normativas sectoriales, para la organización de controles "tradicionales" de la correcta aplicación del Derecho comunitario. Se ha definido con precisión el marco en que la Comisión está autorizada para intervenir, sin que ello afecte a la responsabilidad de los Estados miembros que, en materia de protección de intereses financieros, sigue siendo primordial. La realización de controles in situ, mediante este Reglamento, cumple el objetivo concreto de detectar fraudes e irregularidades en todos los ámbitos de actividad de las Comunidades 109. Desde la lógica de la subsidiariedad, la Comisión puede efectuar inspecciones in situ en los casos en que esté en mejores condiciones para aportar un "valor añadido", es decir, en los casos de irregularidad grave, transnacional, compleja y sofisticada, así como en los casos 1 07 Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 del Consejo, DO L 292 del 15. 11. 1996. 1 08 Los dictámenes sucesivos del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento se publicaron en el DO C 166 de 10. 6. 1996 y en el DOC 347 de 18. 11. 1996. 1 09 Salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los sectores que no tienen repercusiones financieras en el presupuesto de la Unión. La propuesta inicial de la Comisión incluía el IVA en el ámbito de aplicación del Reglamento. 48 particulares en que, según el Consejo Europeo de Madrid, es necesario garantizar un "nivel de protección" de los intereses financieros de las Comunidades "equivalente" en todos los Estados miembros. 6. 1. 2 La aplicación de los controles Los controles y las verificaciones in situ se efectúan cuando existen motivos para pensar110 que se han cometido irregularidades. Estas investigaciones, cuya iniciativa corresponde a la Comisión, pretenden reunir los elementos determinantes y necesarios para perseguir las irregularidades. Para garantizar el concepto de asociación y obtener toda la ayuda y cooperación necesarias, también en el caso de los controles de emergencia, el texto prevé expresamente, por una parte, que la Comisión informe previamente a todos los Estados miembros interesados y, por otra parte, la participación de las autoridades nacionales en los controles preparados y dirigidos por la Comisión. De hecho, sin una colaboración estrecha y leal, según el espíritu de los artículos 5 y 209 A CE, no es posible realizar un trabajo eficaz. El Reglamento regula el estatuto de los inspectores de la Comisión competentes para dirigir y participar en los controles. También prevé la posibilidad de recurrir, en su caso, al asesoramiento técnico por parte de empresas especializadas. Junto a los operadores económicos beneficiarios o deudores del presupuesto comunitario (ingresos y gastos), el texto prevé también que los controles puedan extenderse a otros operadores que intervengan (proveedores, transportistas, aseguradores. ), a fin de no dejar nada de lado en la fase de recogida de los datos pertinentes sobre los hechos objeto de control111. De este modo se facilita la búsqueda de los elementos decisivos. Así, los inspectores de la Comisión tienen acceso a todas las informaciones y a la documentación relativa a las operaciones, en las mismas condiciones que los inspectores nacionales. También pueden tomar muestras. El Reglamento permite asimismo a los agentes de la Comisión, debidamente habilitados y autorizados, acceder a los locales de uso profesional en las mismas condiciones que los inspectores nacionales. Si es necesario, pueden solicitar asesoramiento al Estado miembro para cumplir su misión de control y verificación in situ. 6. 1. 3 Resultado de las inspecciones La Comisión está obligada a informar a los Estados miembros de los resultados de sus inspecciones y verificaciones in situ. Un elemento fundamental y totalmente innovador es la admisión de los informes elaborados por los inspectores de la Comisión, a partir de la información obtenida durante la inspección in situ, como elementos de prueba en los procedimientos administrativos y judiciales del Estado miembro de que se trate. El legislador ha previsto que los informes redactados por los inspectores de la Comisión tengan la misma fuerza probatoria que los elaborados por los inspectores nacionales. El trabajo de los inspectores de la Comisión facilitará la recuperación de las cantidades en 1 10 Artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2185/96 del Consejo. 1 11 Las informaciones reunidas por la Comisión están protegidas por el secreto profesional y por las normas de protección de los datos de carácter personal. 49 juego y los procedimientos penales mediante la aplicación de sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasivas" a los defraudadores112. 6. 2 Las actividades en el marco del Título VI del TUE El año 1995 concluyó con el compromiso de completar el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad. En la agenda figuraban dos proyectos de protocolo a este Convenio. El primer protocolo se refería a la corrupción que atenta o puede atentar contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas. El segundo proyecto de protocolo pretendía ordenar las normas específicas de la cooperación judicial y dirigir investigaciones concertadas en caso de fraude plurinacional o transnacional. El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 solicitó que concluyeran los trabajos destinados a completar el Convenio, tanto en cuanto a los procedimientos en caso de corrupción de funcionarios (nacionales y comunitarios) como en el ámbito de la cooperación judicial. 6. 2. 1 Primer protocolo sobre la corrupción de funcionarios El poder de corrupción de la delincuencia organizada también puede ejercerse en caso de fraudes contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Estos actos suelen tener carácter transnacional que pueden dar lugar a procedimientos contra infracciones relativas a funcionarios nacionales o comunitarios. Este primer protocolo del Convenio, relativo a la lucha contra actos de corrupción que atentan contra los intereses financieros de las Comunidades, fue elaborado por iniciativa de la Presidencia española del Consejo, en estrecha colaboración con la Comisión, y firmado por los Ministros de Justicia de los Estados miembros el 27 de septiembre de 1996113. También contempla las infracciones cometidas por o contra los miembros de la Comisión, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus funciones, en la medida en que prevé la asimilación de estas personalidades a los ministros de los gobiernos de los Estados miembros, a los elegidos de las asambleas parlamentarias y a los miembros de las más altas jurisdicciones y Tribunales de Cuentas nacionales. Ahora bien, la corrupción también puede darse en sectores de actividad de las Comunidades Europeas sin vínculo directo explícito con el fraude propiamente dicho. Por ello, tras la elaboración de este protocolo bajo la Presidencia española del Consejo, la Presidencia italiana volvió a tomar este mecanismo para extenderlo, en el marco de un Convenio, al conjunto de actos de corrupción. Deberá alcanzarse un acuerdo sobre un texto que supere la mera protección de los intereses financieros para alcanzar el objetivo de lucha global contra la corrupción. Hay que señalar la firma, el 29 de noviembre de 1996, en el Consejo de Ministros de Justicia, de un protocolo por el que se define el papel del Tribunal de Justicia en materia de protección de los intereses financieros y en el marco del sistema de información aduanero114. A tenor de este texto, los Estados miembros pueden introducir en sus 1 12 Véase la sentencia de 21 de septiembre de 1989, asunto 68/88. 1 13 DOC 313 de 25. 10. 1996. 1 14 En el marco del SID, el Tribunal de Justicia se pronunciaría, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Convenio sobre la utilización de la informática en el sector de aduanas. El 23. 7. 1996 se firmó otro protocolo, calcado del protocolo 50 Derechos internos la posibilidad de recurrir al Tribunal, con arreglo a las modalidades de su elección, para la interpretación prejudicial del Convenio de que se trate. La cuestión de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia es el único aspecto pendiente en el caso del Convenio sobre la corrupción. 6. 2. 2 El Protocolo en materia de protección penal de los intereses financieros El 19 de enero de 1996115 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de segundo protocolo al Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Esta propuesta recoge algunos elementos de protección penal que se habían descartado anteriormente del Convenio, con el fin de que la presidencia pueda decidir en los plazos fijados por el Consejo Europeo. La pretensión inicial de la propuesta de la Comisión era responder a las dificultades reales constatadas sobre el terreno, especialmente en lo que respecta a los delicados temas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, del blanqueo de los productos del fraude contra el presupuesto de las Comunidades, del reconocimiento mutuo de las pruebas, la cooperación judicial y la centralización de los procedimientos116. Para la Comisión, que desea completar el abanico de medidas de protección plena de los intereses financieros de las Comunidades, estos temas son ineludibles. Al completar el Convenio, este protocolo, junto con el Reglamento sobre los controles y verificaciones in situ, debería constituir un conjunto coherente y crear vías de comunicación entre los resultados de los controles administrativos y los procedimientos penales. Dada la dificultad de los debates sobre estos temas, no ha sido posible mantener el nivel de ambición inicial del protocolo propuesto por la Comisión. No obstante, se han conservado algunos elementos como la responsabilidad de las personas jurídicas, el blanqueo y la asistencia de la Comisión en el marco de las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales nacionales en los sectores de la lucha contra el fraude, a fin de que el Consejo pueda pronunciarse antes de que finalice la Presidencia neerlandesa en 1997. Los elementos retirados del proyecto inicial siguen pendientes en el Consejo y, según la Comisión, deberán ser objeto de un nuevo protocolo para responder a la petición explícita del Consejo Europeo de Madrid de que prosigan los trabajos para completar el Convenio, a fin de crear los instrumentos de cooperación judicial que requiere la protección de las finanzas de Europa. relativo a la protección de los intereses financieros, sobre la interpretación prejudicial, por parte del Tribunal de Justicia, del Convenio sobre la creación de una Oficina Europea de Policía (Europol) (DO C 299 de 9. 10. 1996). 1 15 Doc. COM(95)693 final,DOC 83 de20. 3. 1996. 1 '6 Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, páginas 18 y 19. 51 CUADRO 1 RECURSOS PROPIOS 1993-1996 IRREGULARIDADES comunicadas formalmente* por los ESTADOS MIEMBROS INVESTIGACIONES efectuabas por la COMISIÓN con los ESTADOS MIEMBROS \~NÚMERO efe CASOS IMPORTES en MILLONES de ECUS (*) Reglamento (CEE) 1SSZ'89 : se Incluye la osttmaMn para el segundo semestre da 1990. 52 FEOGA - GARANTÍA 1993 -1996 C U A D KÜ 2 IRREGULARIDADES comunicadas formalme por los ESTADOS MIEMB INVESTIGACIONES efectuadas por la. G ROS COMISIÓN con los ESTADOS MIEMBRO! (*) Sobre la base del Reglamento (CEE) 595/91 53 CUADRO 3 ACCIONES ESTRUCTURALES 1993-1996 IRREGULARIDADES comunicadas formalme por los ESTADOS MIEIW INVESTIGACIONES efectuadas por la COMISIÓN con los ESTADOS MIEMBROS NUMERO de CASOS IMPORTES en MILLONES de ECUS ¿¿32a 23 16 I ' O Sobre la base de los Reglamentos (CEE) 1681/94 y 1831/94 ( se excluyen los casos del 4 ' trimestre de 1996 relativos a Italia y los Países Bajos) 54 CUADRO 4 INVESTIGACIONES efectuadas por la COMISIÓN con Sa asistencia de los servicios de los Estados miembros NUMERO de CASOS 1,191^. 1995 1996¿3 IMPORTES en MILLONES de ECUS 55 Cuadro 5 IMPACTO GLOBAL de las IRREGULARIDADES comunicadas en 1996 sobre el PRESUPUESTO COMUNITARIO de 1996 Recursos gj%J •í3wJ fîèsfir f^ra^y irregularidades comunicadas por los Estados miembros 320 Millones de ECUS 2,36% Irregularidades detectadas por ia Comisión en cooperación con Sos Estados miembros 467 Millones de ECUS 3,44% impacto global de las irregularidades 787 Millones de ECUS 5,80% táií&Jiétfiklto de -fes Estrucü ffif< Irregularidades comunicadas por los Estados miembros 64 Millones de ECUS 0,26% Irregularidades detectadas por la Comisión en cooperación con los Estados miembros 88 Millones de ECUS 0,36% Impacto global de las irregularidades 152 Millones de ECUS 0,62% Irregularidades comunicadas por los Estados miembros 204 Millones de ECUS 0,48% Irregularidades detectadas por ia Comisión en cooperación con los Estados miembros 142 Millones de ECUS 0,33% impacto global de las irregularidades 345 Millones de ECUS 0,80% Observación general: los casos de irregularidades detectadas y comunicadas durante 1996 se refieren con frecuencia a ejercicios anteriores 56 FEOGA GARANTÍA TOTAL DE LAS IRREGULARIDADES COMUNICADAS EN 1996 CUADRO 6 Reglamento (CEE) NÚMERO DE CASOS IMPORTES en ECUS rapo <<e<«<:/<>roí>re*n996; 595/91 COMUNICADOS CERRADOS PENDIENTES COMUNICADOS RECUPERADOS POR RECUPERAR -Ni BELGIQUE DANMARK DEUTSCHLAND ELLAS ESPAÑA FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND ÔSTERREICH PORTUGAL SUOMI SVERIGE UNITED KINGD TOTAL 22 40 479 196 122 76 30 476 128 14 53 5 58 245 1M4 10 32 218 176 11 21 23 102 69 14 6 5 57 135 879 12 8 261 20 111 55 7 374 59 0 47 0 1 110 i. oes 2. 439. 279 553. 498 25. 504. 762 1. 361. 106 16. 487. 337 5. 096. 471 7. 383. 760 123. 503. 793 10. 130. 519 0 7. 045. 267 106. 969 21. 390 4. 157. 736 ntíiiitnmunt iunnniiiiHiit 20. 803 516. 270 4. 247. 835 56. 403 203. 633 340. 798 6. 579. 153 1. 548. 069 1. 103. 747 0 106. 328 106. 969 12. 506 1. 561. 884 16. 404. 398 2. 418. 476 37. 228 21. 256. 927 1. 304. 703 16. 283. 704 4. 755. 673 804. 607 121. 955. 724 9. 026. 772 0 6. 938. 939 0 8. 884 2. 595. 852 187. 387. 489 N. B. Luxemburgo ha señalado que no se ha detectado ninguna irregularidad > 4. 000 ecus. Reglamento (CEE) 595/91 FEOGA GARANTÍA IRREGULARIDADES COMUNICADAS EN 1996 - PORSECTORES CUADRO 7 BE CAS IMPORTES A B ÜK CAS IMPORTES s A DE « AS IMPORTES A B EL CAS IMPORTES « A ES CAS IMPORTES A s FR «AS IMPORTES A 0 m CAS IMPORTES A B mrn±mï^ï. ïïséçn>R MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS PLANTAS TEXTILES Y GUSANOS DE SEDA OTROS SECTORES AGRÍCOLAS HUEVOS Y AVES DE CORRAL PRODUCTOS DE LA PESCA AYUDAS ESPECIALES DE URGENCIA CARNES DE OVINO Y DE CAPRINO SECTORES NO PRECISADOS CARNE DE PORCINO AZÚCAR E ISOGLUCOSA AYUDAS AGROAUMENTARIAS PROTEAGINOSOS PRODUCTOS FUERA DEL ANEXO II OTRAS MEDIDAS FEOGA-GARANTÍA PRODUCTOS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA FRUTAS Y VERDURAS TABACO CARNE DE BOVINO LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS MATERIAS GRASAS CEREALES Y ARROS 00 TOTAL SECTOR MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS PLANTAS TEXTILES Y GUSANOS DE SEDA OTROS SECTORES AGRÍCOLAS HUEVOS Y AVES DE CORRAL PRODUCTOS DE LA PESCA AYUDAS ESPECIALES DE URGENCIA CARNES DE OVINO Y DE CAPRINO SECTORES NO PRECISADOS CARNE DE PORCINO AZÚCAR E ISOGLUCOSA AYUDAS AGROAUMENTARIAS PROTEAGMOSOS PRODUCTOS FUERA DEL ANEXO H ATRÁS MEDIDAS FEOGA-GARANTÍA PRODUCTOS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA FRUTAS Y VERDURAS TABACO CARNE DE BOVINO LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS MATERIAS GRASAS CEREALES Y ARROZ TOTAL 4 230 33 10 89 1 8 85 15 476 1 43 43 18 35 868 0 824 0 1 16 0 1 1 5 10 0 10 2 ë 11 106 0 106 1 i 3 i S 7 1 2 22 11 CAS 32 32 301 0 301 0 0 1. 507 152 0 431 2. 4 39 0 1. 507 147 0 431 2. 418 IMPORTES A a 3 1 1 9 W 3 7 3 40 NL CAS 21 98 18 120 13 9 47 212 553 7 0 0 0 2 9 9 0 37 IMPORTES A B 1 0 0 1 5 0 2 13 10 4 50 129 0 0 830 672 127 102 62 1. 716 1. 597 62 1. 255 1. 253 127 81 2 52 479 -US' CAS 12. 732 5. 631 11. 726 4. 953 71 2. 034 25. 505 26 1. 602 21. 255 IMPORTES A B 1 31 4 6 t 2 1 0 540 25 128 0 203 7 35 780 754 29 7 0 0 1 1 652 4. 077 3. 666 8. 860 11 63 38 652 4. 086 4. 400 8. 860 f 12 0 2 190 190 2 2 1 4 10 1 5 5 5 138 1 196 PO CAS 83 203 1. 3 61 83 203 1. 305 IMPORTES s A 1 22 22 3 4 19 19 3. 013 3. 013 N&. Luxemburgo ha señalado que no se ha detectado ninguna Irregularidad > 4. 000 ecus 10 29 7 1 23 7 126 117 2. 303 1. 033 2. 289 983 1. 059 5. 856 25 • 921 4. 351 25 1. 575 1. 575 816 3. 647 0 16. 486 816 3. 621 0 14. 729 IMPORTES A B 17 38 1 8 10 23 1 122 SU CAS 1 1 2 3 8 6 2 17 9 12 15 17 6 4 4 4 147 147 12 54 59 113 43 169 347 12 5 7 92 0 97 270 1. 831 1. 831 11 718 1. 702 1. 675 2 6. 659 718 83 \ A = Importe total indfcâdô- tí = Sa1doaile<iupert¡r 2 76 sy CAS 5 615 5. 096 615 4. 755 IMPORTES 0 0 A 0 13 30 UK CAS 7. 383 805 IMPORTES A a CAS tUtAjLVgg 0 4 33 16 44 513 281 4 3 49 58 274 134 248 122 877 767 438 468 i m w 1 2 €6 35 31 31 4 28 125 478 7$ 89 12B 231 217 252 124 1. 944 5 12 100 125 147 190 529 581 1,230 1. 249 3. 013 3,276 4. 859 8. 470 8. 543 16. 199 19. 745 19. 966 22. 833 32. 119 Mm, mm 7. 599 14,548 18,988 18,816 14. 769 32. 000 É& 0 0 0 0 1 3 83 0 0 0 41 0 0 11 2 2. 915 2. 915 162 162 19. 720 18. 963 25 2. 248 28. 259 25 2. 248 28. 211 8 39 1. 096 1. 096 12 0 0 4. 462 4. 126 55. 254 123. 504 55. 254 121. 956 17 128 2. 996 10. 131 2. 768 9. 027 Vi4 0 0 S3 3 3 28 40 59 814 7. 04* 40 59 708 6. 938 1 5 8 1 24 107 0 0 2 58 0 0 9 22 0 0 38 44 473 1. 076 329 672 9 9 2 245 11 4. 158 11 2. 585 total comunicados total ncuporadas a cargo" Jsl FEOGA-Garantía a cargo* dal fc'afacto miembro por mùupemq onto la JUSTICIA petición del Estado miembro: s cargo del FEOQA-Garentla BELGIQUE DANMARK DEUTSCHLAND ELLAS ESPAÑA FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 155 1. 753 92 204 140 1. 145 1. 345 6. 878 116 300 1. 434 54 141 785 114 271 624 66 1. 158 7 89 66 17 <R-299 ,1 "73°/ó"~~f~"" g. (f. 2-3-4; 32 19 35: 14 J22%_ 7 92 23 18 15 237 m^ï. " T~ 27% j ~~~13y, ;W5fM * SALDO j>rjj¿¿) 24 3 76 38 40 48 3 637 13 " Incobrable : decisión formal en 9l marco de la liquidación de cuentas: Psglamcrto (CEE) 72¡)/70 59 ACCIONES ESTRUCTURALES 1 9 9 4 - 1 9 96 CUADROS REGLAMENTO (CEE) 1681/94 de 1994 Número de casos IMPORTES en ECUS Total recuperado Total declarado Saldo Beigique/België Danmark Deutschland Elias España France Ireland Italia L u x e m b o u rg Nederland Portugal United K i n g d om Total 1994 Año 1995 Beigique/België Danmark Deutschland Elias España France Ireland Italia L u x e m b o u rg Nederland Portugal United K i n g d om Total 1995 Año 1996 A u t r i c he Beigique/België Danmark Deutschland Ellas España Finlande France Ireland Italia L u x e m b o u rg Nederland Portugal Suède 7 6 41 10 2 10 0 0 8 1 79 8. 717 157. 949 2. 909. 579 389. 284 82. 798 1. 454. 432 0 0 0 16. 164 844. 441 12. 137 72. 148 0 0 0 8. 717 141. 785 2. 065. 138 377. 147 10. 650 1. 454. 432 0 0 429. 782 237. 548 81. 884 5. 514. 425 0 1. 182. 438 192. 234 81. 884 4. 331. 987 Número de casos Total declarado Total recuperado Saldo 0 21 58 46 0 0 5 0 13 44 7 194 0 12. 438. 851 2. 517. 817 19. 700. 341 0 ü 4. 583. 426 0 0 0 242,872 1. 495. 098 7. 931. 171 0 0 0 0 0 0 12. 195. 979 1. 022. 719 11. 769. 170 0 0 4. 583. 426 0 0 2. 573. 264 279. 364 2. 293. 900 1. 759. 366 43. 573. 065 561. 822 10. 510. 327 1. 197. 544 33. 062. 738 Número de casos Total declarado Total recuperado Saldo 0 6 1 52 23 34 0 30 9 42 0 0 87 7 0 264. 580 104. 936 14. 935. 572 1. 701. 942 3. 182. 165 0 1. 271. 486 97. 921 0 59. 715 0 921. 992 529. 944 767. 561 0 226. 806 93. 971 0 204. 865 104. 936 14. 013. 580 1. 171. 998 2. 414. 604 0 1. 044. 680 3. 950 24. 405. 863 6. 525. 728 17. 880. 135 0 0 10. 779. 078 20. 669 0 0 925. 102 20. 869 0 0 9. 853. 976 0 United K i n g d om Total 1996 6 297 7. 112. 658 63. 877. 070 1. 334. 152 11. 405. 840 5. 778. 506 52. 471. 230 Total del documentó Número de casos 570 Total declarado 112. 964. 560 Total recuperado | 23. 098. 605 \ 89. 865. 955 Saldo ( se excluyen los casos del 4° trimestre de 1996 en Italia y Países Bajos ) ( - ) no se ha recibido ninguna comunicación ( 0 ) comunicación que señala la inexistencia de casos o la no evaluación del importe 60 GLOSARIO CEE : CE : Comunidad Económica Europea Comunidad Europea (denominación utilizada desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea SEM 2000 : Programa de la Comisión para mejorar para el año 2000 la gestión de los créditos comunitarios (Sound and Efficient Management - Gestion saine et efficace) UCLAF : (Unidad de) Coordinación de la lucha contra el fraude (Dirección incluida en el DO : TIR : organigrama de la Secretaría General de la Comisión) Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO L: serie L, DO C, serie C) Transporte internacional por carretera COCOLAF: Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude SCAF : Subcomité antifraude (en el ámbito de la fiscalidad indirecta) SCENT : System for a Customs Enforcement NeTwork SID: EWS: IVA : SPG : FSE : Sistema de información aduanera Early Warning System (sistema de alerta precoz) Impuesto sobre el valor añadido Sistema de preferencias generalizadas, sistema "preferencial" autónomo Fondo Social Europeo FEDER : Fondo Europeo de Desarrollo Regional MCA : FED : PAC : Marco comunitario de apoyo Fondo Europeo de Desarrollo Política agrícola común FEOGA : Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Sección Garantía: GRP : DAC : IDT : PHARE : TACIS : FEOGA-Garantía, Sección Orientación: FEOGA-Orientación) Grupo de Representantes personales (dentro del programa SEM 2000) Disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario Investigación y desarrollo tecnológico Programa de ayuda a la reconstrucción económica de los países de Europa Central y Oriental Programa de asistencia técnica para el saneamiento y la recuperación económica a los nuevos Estados independientes y a Mongolia CECA : Comunidad Europea del Carbón y del Acero ONG : PMD : Organización no gubernamental País menos desarrollado 61 ISSN 0257-9545 COM(97) 200 final DOCUMENTOS ES 09 08 10 N° de catálogo : CB-CO-97-207-ES-C ISBN 92-78-19626-6 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo Qñ-