title: Propuesta reexaminada de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la línea presupuestaria B7-6210 sobre la cooperación norte sur en la lucha contra las drogas y la toxicomanía

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North-South relations
drug addiction
drug traffic
fight against crime
narcotic

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 23. 05. 1997 COM(97) 190 final 95/0167 (SYN) Propuesta reexaminada de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO RELATIVO A LA LÍNEA PRESUPUESTARIA B7-6210 SOBRE LA COOPERACIÓN NORTE SUR EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TOXICOMANÍA (presentada por la Comisión con arreglo a la letra d) del artículo 189 C del tratado CE) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con el artículo 189 C, la Comisión acepta las siguientes enmiendas a la posición común del Consejo, votadas por el Parlamento Europeo en segunda lectura el 13 de marzo de 1997. Enmienda 1: "Considerando que uno de los requisitos más importantes de la lucha contra la droga es que se reduzca radicalmente la pobreza en el sur y que se ofrezca a la población una alternativa legal al cultivo de productos ilegales. " La Comisión considera que los programas de desarrollo alternativos tendrán mayores posibilidades de éxito si la economía de los países que se ven confrontados al problema del cultivo ilícito se diversifica y si se reduce la pobreza ya que una de las razones más importantes que conducen a los campesinos pobres a cultivar coca u opio es que no cuentan con otra alternativa para ganar dinero. Enmienda 2: Borrar: "Considerando que con arreglo al punto 2 de la Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 6 de marzo de 1995 (1) se introducirá un importe de referencia en el presente Reglamento para el periodo 1998-2000, sin que ello afecte los poderes de la autoridad presupuestaria, tal y como se definen en el Tratado" La Comisión considera que la responsabilidad del importe asignado a la línea presupuestaria compete exclusivamente a la Autoridad Presupuestaria. Enmienda 3: "La Comisión intentará utilizar su influencia con los donantes y las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, etc. ) para evitar contradicciones entre sus políticas y los objetivos de las políticas nacionales de control de la droga. " La idea subyacente a esta modificación es asegurarse de que las políticas de las instituciones de Bretton Woods son compatibles y no se contradicen con los objetivos de la lucha contra la droga. Ya que, en términos generales, la Comisión no tiene el estatuto de miembro de estas I. F. I. , es más adecuado referirse a "la CE (Comunidad Europea). Enmienda 4: "Se establecerán criterios para la evaluación del proceso de cada iniciativa apoyada por la Comunidad. Estos criterios, que serán mutuamente aceptables para la Comunidad y los gobiernos u organizaciones asociados, se desarrollarán en el proceso de un diálogo la antes de que comience la asistencia financiera de la Comunidad": Esta enmienda no puede ser aceptada porque la Comisión debe mantener sus propios criterios para evaluar la forma en que han sido aplicados los programas financiados por ella. Enmienda 5: "La promoción de proyectos piloto de desarrollo alternativo, entre los se incluyen los provectos de búsqueda de una producción alternativa que pueda beneficiarse de las preferencias comerciales, especialmente en favor de los pequeños productores independientes de materias primas para drogas ilegales. Los proyectos piloto de desarrollo alternativo estarán sometidos a las mismas exigencias que los demás proyectos de desarrollo de la Comunidad (en términos de estudios de viabilidad v participación de las población local y los grupos beneficiarios en la identificación, planificación y realización de operaciones) y deben ser concebidos como procesos destinados a combatir y eliminar, la producción de cosechas de drogas ilícitas a través de medidas de desarrollo rural en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenible. Dichos proyectos incluirán medidas económicas y sociales que tengan en cuenta los factores que contribuyen a la producción ilícita, así como medidas capaces de facilitar una mejor utilización de las preferencias comerciales. En este contexto, se realizará una evaluación constante de las posibilidades de un mayor aprovechamiento de otros instrumentos financieros de la Comunidad (p. ej. : ALA) y el Fondo Europeo de Desarrollo para apoyar proyectos de desarrollo alternativo": Los programas de desarrollo alternativo reciben el apoyo del régimen especial del SPG concedido a algunos países latinoamericanos. El SPG contribuye al objetivo de sustituir las actividades ilícitas por actividades legales, tanto en el sector industrial como en el sector agrícola. Debido a la limitada cantidad concedida a la línea presupuestaria, resulta útil mencionar otras fuentes de financiación de proyectos de desarrollo alternativo a gran escala, tales como las líneas presupuestarias existentes para la cooperación técnica, por ejemplo. Enmienda 6: Sustituir "se prestará especial atención" por "Se concederá especial atención a: • • las medidas destinadas a combatir la producción y el comercio de heroína, cocaína y drogas sintéticas peligrosas la participación de la población local y de grupos destinatarios en la identificación, planificación y ejecución de las operaciones; se prestará una atención especial a la situación clave de las mujeres y las implicaciones sociales y ambientales de las medidas; • apoyo a las comunidades que hayan decidido abandonar la producción de drogas o precursores, en la forma de ayuda con el desarrollo de alternativas • medidas destinadas a combatir el blanqueo de dinero El surgimiento de drogas sintéticas debe abordarse de forma adecuada así como la creciente importancia del blanqueo de dinero. Es importante asociar a las poblaciones implicadas en el cultivo de cosechas ilegales con la definición y la ejecución de proyectos de desarrollo alternativos. Enmienda 7: "La Comunidad sólo apoyará proyectos que garanticen el respeto de los derechos humanos" Es fundamental que en cada programa financiado la dimensión de los derechos humanos sea debidamente tenida en cuenta. Enmienda 8: "Los medios que podrán aplicarse en el marco de las acciones mencionadas en los artículos 3 y 4 comprenderán estudios, asistencia técnica, formación u otros servicios, suministros y obras. También incluirán estudios preliminares y auditorías de evaluación y control, cuyo coste no rebasará el 10% de los créditos asignados a esta partida por la autoridad presupuestaria cada año financiero. Excepcionalmente. en el transcurso de la evaluación global que debe realizarse después de tres años, el coste podrá aumentar a un 20% de estos créditos. Desde 1987, se ha utilizado un porcentaje muy reducido de la línea presupuestaria para seminarios, estudios de viabilidad y evaluaciones de los programas. Las disposiciones del artículo 12 hacen necesario planificar una mayor asignación de fondos a las evaluaciones externas de los programas y proyectos en el futuro, conservando al mismo tiempo la función de la línea presupuestaria, que consiste en financiar programas. El límite máximo del 20% parece una buena solución a este respecto. Enmienda 9: "Se buscarán posibilidades de cofinanciación, especialmente con los Estados miembros, con terceros países o con organizaciones multilaterales, regionales o de otro tipo": Esta enmienda parece adecuada ya que amplía la gama de donantes a los programas financiados por la CE. Enmienda 10: "Con objeto de lograr los objetivos de coherencia y de complementariedad contemplados por el Tratado y a fin de garantizar una eficacia óptima de todas estas acciones, la Comisión, sin perder de vista los principios de una gestión saneada v evitando incurrir en gastos administrativos excesivos, tomará todas las medidas de coordinación necesarias par conseguir la máxima eficacia global, entre las que se contará, en particular". Esta enmienda es una declaración del principio de buena gestión de los programas. Enmienda 11: "Se darán los pasos necesarios para garantizar una evaluación, un control y una verificación adecuados de la ayuda": Esta enmienda es una declaración del principio de buena gestión de los programas Enmienda 12: Borrar: "El importe financiero de referencia para la aplicación del presente programa durante el periodo 1998-2000 se elevará a 30 millones de ecus. " La Comisión considera que esta cuestión compete exclusivamente a la Autoridad Presupuestaria. Enmienda 13: Borrar: "La evaluación de los proyectos y el programa tendrá en cuenta los siguientes factores: • la eficacia y la viabilidad de los agentes • los aspectos culturales, sociales, de género y ambientales • el desarrollo institucional necesario para conseguir los objetivos del proyecto • experiencia obtenida en operaciones del mismo tipo" La Comisión debe conservar cierto margen de maniobra para definir, para cada programa y dependiendo de las características de cada uno de ellos, los criterios de evaluación relevantes. Enmienda 14: Borrar: "La información se hará disponible no más tarde de una semana después de que se haya adoptado la decisión " La Comisión considera que el debate general sobre las orientaciones para la utilización de la línea presupuestaria al comienzo de cada año y la información facilitada por la Comisión en el Comité PVD-ALA y en el informe anua sobre la utilización de la línea presupuestaria cumple plenamente el objetivo de transparencia. Enmienda 15: Borrar: ""y del" beneficiario y sustituir por "'". Añadir "podrá ampliarse a", en lugar de "y": Esta enmienda es la propuesta modificada de la Comisión (con fecha de 30. 06. 1995). Enmienda 16: Sustituir "deberán" por "deberían" y sustituir la segunda frase por "Se permitirán excepciones, con la conformidad previa del servicio competente, en particular cuando ello evite que los socios deban soportar costes extraordinarios o excesivos" Esta enmienda es la propuesta modificada de la Comisión (con fecha de 30. 06. 1995) Enmienda 17: Borrar: "se prestará especial atención a • el logro de una buena relación coste-eficacia y un impacto duradero en la concepción del proyecto • la definición clara y el control de los objetivos así como la indicación de la consecución de todos los proyectos". Los principios de buena gestión ya quedan explicados en la enmienda 10 y la enmienda 11 del Parlamento Europeo, que han sido aceptadas por la Comisión. Por consiguiente, no es necesaria esta declaración adicional. Enmienda 18: Sustituir: "un comité determinado geográficamente competente para el desarrollo" por "La Comisión estará asistida por un comité consultivo compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, que será concretamente, dependiendo del país beneficiario o de la región • en el caso de los países ACP. el Comité FED establecido en el artículo 21 del Acuerdo Interno 91/401 /CEE sobre la financiación y administración de la ayuda comunitaria en el marco del Cuarto Convenio de Lomé, adoptado el 16 de julio de 1990 por los representantes de los Estados miembros reunidos en el consejo; • en el caso de los países mediterráneos, el Comité MED establecido en el artículo 6 del Reglamento del Consejo (CEE) N° 1762. 92 de 29 de junio de 1992" • en el caso de los países de Asia y América Latina, el Comité ALA, establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo (CEE) N° 443/92 de 25 de febrero de 1992. El objetivo de esta enmienda es retornar a la propuesta de la Comisión con fecha de 30 de junio de 1995. Enmienda 19: Sustituir después de "la urgencia de la cuestión" por "El representante de la Comisión presentará al Comité un provecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho provecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia, si es necesario, procediendo a una votación. "El dictamen constará en acta: además cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en acta. La Comisión considerará con suma atención el dictamen emitido por el Comité. La Comisión informará al Comité sobre el modo en que su dictamen ha sido tomado en consideración. " Esta enmienda es la propuesta modificada de la Comisión en lo referente a comitología (con fecha de 30 06 95). Enmienda 20: Añadir: "La reunión conjunta de los Comités emitirá un dictamen sobre las orientaciones generales. ": Esta era la propuesta original de la Comisión (con fecha de 30 06 95) Enmienda 21: Sustituir "a finales de" por "Antes del 1 de septiembre en cada ejercicio presupuestario, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, que incluirá una lista de los participantes en operaciones cofinanciadas y el porcentaje de cofinanciación. un resumen de las acciones financiadas a lo largo del ejercicio, así como una evaluación estadística de la ejecución del presente Reglamento durante dicho ejercicio. El informe contendrá, en particular, información sobre los agentes con los que se hayan celebrado contratos" Esta enmienda no es aceptable porque antes de septiembre no se habrán comprometido todos los fondos de la línea presupuestaria. Por consiguiente, la información que presentara la Comisión antes del 1 de septiembre no sería exacta. Enmienda 22: Borrar "La Comisión procederá periódicamente a evaluar las acciones financiadas por la Comunidad, al objeto de establecer si se han alcanzado los objetivos previstos por las mismas y de suministrar orientaciones para la mejora de la eficacia de las futuras acciones. La Comisión presentará al Comité a que se refiere el artículo 10 un resumen de las evaluaciones realizadas que podrían, en su caso, ser examinadas por éste. Los informes de evaluación estarán a disposición de los Estados miembros que lo soliciten. " La Comisión informará a los Estados miembros, a más tardar en un plazo de un mes tras su decisión, de las acciones y proyectos aprobados, con indicación de su importe, naturaleza, país beneficiario y asociados. " Las enmiendas 10 y 11 del PE ya contemplan esta cuestión. Por esta razón la Comisión aprueba la enmienda 22 del PE. Enmienda 23 Sustituir "de conclusión" en el art. 12 por "de modificación del mismo": La Comisión comparte el punto de vista del PE de que un reglamento cuya adopción haya durado 2 años debería ser examinado únicamente tres años después de su entrada en vigor con la finalidad de modificarlo si existe una razón importante para ello, pero no con la finalidad de abolido. PROPUESTA REEXAMINADA DE REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO RELATIVO A LA LÍNEA PRESUPUESTARIA B7-6210 SOBRE LA COOPERACIÓN NORTE SUR EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TOXICOMANÍA EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130 W, Vista la propuesta de la Comisión, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado, Considerando que las repercusiones de una economía basada en la producción de estupefacientes, o que obtenga importantes beneficios de ella, para las estructuras de una sociedad en desarrollo comprometen la inserción armoniosa del país en la economía mundial; Considerando que la desarticulación de las estructuras sociales resultantes del consumo de drogas y de la industria conexa en los países en desarrollo perjudica el desarrollo social sostenible y la realización de los objetivos de la política comunitaria en materia de cooperación al desarrollo según los define el artículo 130 U del Tratado; Considerando que uno de los requisitos más importantes de la lucha contra la droga es que se reduzca radicalmente la pobreza en el sur y que se ofrezca a la población una alternativa legal al cultivo de productos ilegales; Considerando que procede prestar a los países en desarrollo que lo soliciten apoyo institucional para que puedan combatir más eficazmente la droga; Considerando que, en su Comunicación de 23 de junio de 1994, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo sus orientaciones para un Plan de acción de la Unión Europea de lucha contra las drogas (1995 1999), que incluye medidas en el plano internacional; Considerando que el Parlamento Europeo se pronunció acerca de estas orientaciones en su dictamen adoptado el 15 de junio de 1995 sobre esta comunicación; Considerando que el Cuarto Convenio ACP-CE, y los acuerdos de cooperación, de asociación o de colaboración celebrados por la Comunidad Europea con países en desarrollo, contienen cláusulas relativas a la cooperación en la lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de las drogas, a la vigilancia del comercio de los precursores, de productos químicos y de sustancias psicotrópicas, y al intercambio de información pertinente, incluidas las medidas en materia de blanqueo de capitales; que existe un vínculo entre la lucha contra las drogas y la toxicomanía y los objetivos de la cooperación establecida entre la Comunidad y sus socios en vías de desarrollo; * Considerando que la adhesión universal al Convenio único sobre los estupefacientes de 1961, tal y como fue modificado por el Protocolo de 1972, al Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y a la Convención de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como la aplicación sistemática a escala nacional e internacional de las disposiciones de estos Tratados, son la piedra angular de la estrategia internacional de lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas; Considerando que la Comunidad Europea es parte en la Convención de 1988, en particular en virtud de su artículo 12, y que la Comunidad Europea adoptó una legislación comunitaria relativa al comercio de precursores, sobre la base de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre precursores químicos (CATF) creado por el «G-7» y el Presidente de la Comisión Europea en 1989, cuya eficacia global aumentaría con la adopción del marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en otras regiones del mundo; Considerando que una lucha eficaz contra la droga debe incluir asimismo medidas contra el blanqueo del dinero procedente del tráfico de estupefacientes, como la adopción de un marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en los países afectados; Considerando que al aplicar medidas con arreglo al presente Reglamento deben respetarse debidamente los derechos humanos; Considerando que los Estados miembros de la Comunidad Europea han suscrito la Declaración política y el Programa global de acción adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas con motivo de su 17a Sesión especial; HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 En el marco de su política de cooperación para el desarrollo y teniendo en cuenta los efectos adversos que tienen para los esfuerzos destinados al desarrollo la producción, el comercio y el consumo de estupefacientes, la Comunidad Europea llevará a cabo acciones de cooperación en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía en los países en desarrollo, dando prioridad a los que hayan demostrado al más alto nivel la voluntad política de solucionar el problema de los estupefacientes. Puede constituir un indicador de esta voluntad, entre otras cosas, la ratificación del Convenio único de 1961, modificado por el Protocolo de 1972, el Convenio de 1971 y la Convención de 1988. El compromiso de los Estados debe plasmarse, entre otros medios, en la aplicación de la legislación nacional contra el blanqueo del dinero generado por estupefacientes. Artículo 2 La asistencia que se prestará en virtud del presente Reglamento completará y reforzará la asistencia que se presta en virtud de otros instrumentos de cooperación para el desarrollo. Artículo 3 La Comunidad aportará un apoyo prioritario, a petición de un país socio, a la preparación de un plan director nacional de lucha contra las drogas en estrecha consulta con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Dichos planes señalarán los objetivos, estrategias y prioridades de la lucha contra la droga, así como las correspondientes necesidades de recursos, incluidos los integrado, multidisciplinar y financieros, proporcionando con ello un enfoque multisectorial que optimice la eficacia de los programas nacionales de lucha contra la droga y de la ayuda internacional. La prevención de la toxicomanía y la reducción de la demanda deberán ser objeto de una política consecuente que incluya una información objetiva sobre las consecuencias de la toxicomanía dirigida de forma prioritaria a los jóvenes. La cooperación comunitaria se desarrollará en un clima de diálogo que tenga en cuenta las diferencias culturales reales que influyen en la percepción de los problemas vinculados a la droga, componente decisivo para garantizar la viabilidad social y política de las estrategias de lucha contra la droga. La Comunidad Europea intentará utilizar su influencia con los donantes y las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, etc. ) para evitar contradicciones entre sus políticas y los objetivos de las políticas nacionales de control de la droga. Artículo 4 Preferiblemente en el marco estratégico fijado por los planes nacionales, la Comunidad aportará también su apoyo a acciones específicas de efecto cuantificable (es decir, que den un resultado eficaz y tangible en un plazo establecido de antemano) en los siguientes sectores: - desarrollo de la capacidad institucional, en particular para: • - la aplicación de planes directores nacionales de lucha contra las drogas por parte de los países en desarrollo, • - la aplicación de acuerdos entre la Comunidad Europea y determinados países en desarrollo, en particular en el ámbito de la lucha contra el desvío de precursores y contra el blanqueo de dinero; - reducción de la demanda, en particular mediante el análisis del fenómeno local y el establecimiento de mecanismos de control del comercio y del consumo de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, el tratamiento y la reintegración de los toxicómanos, y la reducción de los riesgos. Estas acciones deberán integrarse en las políticas desarrolladas en materia de sanidad educación, desarrollo, lucha contra la pobreza y contra la exclusión económica y social; La promoción de proyectos piloto de desarrollo alternativo, entre los se incluyen los proyectos de búsqueda de una producción alternativa que pueda beneficiarse de las preferencias comerciales, especialmente en favor de los pequeños productores independientes de materias primas para drogas ilegales. Los proyectos piloto de desarrollo alternativo estarán sometidos a las mismas exigencias que los demás proyectos >io de desarrollo de la Comunidad (en términos de estudios de viabilidad y participación de las población local y los grupos beneficiarios en la identificación, planificación y realización de operaciones) y deben ser concebidos como procesos destinados a combatir y eliminar, la producción de cosechas de drogas ilícitas a través de medidas de desarrollo rural en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenible. Dichos proyectos incluirán medidas económicas y sociales que tengan en cuenta los factores que contribuyen a la producción ilícita, así como medidas capaces de facilitar una mejor utilización de las preferencias comerciales. En este contexto, se realizará una evaluación constante de las posibilidades de un mayor aprovechamiento de otros instrumentos financieros de la Comunidad (p. ej. : ALA) y el Fondo Europeo de Desarrollo para apoyar proyectos de desarrollo alternativo; Financiación de estudios, seminarios y reuniones que posibiliten experiencias en los ámbitos mencionados. intercambiar Se concederá especial atención a: • • las medidas destinadas a combatir la producción y el comercio de heroína, cocaína y drogas sintéticas peligrosas la participación de la población local y de grupos destinatarios en la identificación, planificación y ejecución de las operaciones; se prestará una atención especial a la situación clave de las mujeres y las implicaciones sociales y ambientales de las medidas; • apoyo a las comunidades que hayan decidido abandonar la producción de drogas o precursores, en la forma de ayuda al desarrollo de alternativas • medidas destinadas a combatir el blanqueo de dinero La Comunidad sólo apoyará proyectos que garanticen el respeto de los derechos humanos. Artículo 5 Los socios de cooperación que podrán obtener el apoyo económico con arreglo al presente Reglamento serán las organizaciones regionales e internacionales, en particular el PNUFID, las organizaciones no gubernamentales locales o con sede en los Estados miembros, los departamentos y organismos públicos locales y provinciales y las organizaciones, institutos y agentes públicos y privados de carácter comunitario. Artículo 6 1. Los medios que podrán aplicarse en el marco de las acciones mencionadas en los artículos 3 y 4 comprenderán estudios, asistencia técnica, formación u otros servicios, suministros y obras, así como auditorías y misiones de evaluación y control. También incluirán estudios preliminares y auditorías de evaluación y control, cuyo coste no rebasará el 10% de los créditos asignados a esta partida por la autoridad presupuestaria cada año financiero. Excepcionalmente, en el transcurso de la evaluación global que debe realizarse después de tres años, el coste podrá aumentar a un 20% de estos créditos. 2. La financiación comunitaria podrá cubrir tanto gastos de inversión, excepto la adquisición de bienes inmuebles, como gastos de funcionamiento, en divisas o en moneda local, según las necesidades de ejecución de las acciones. No obstante, con excepción de los programas de formación, los gastos de funcionamiento sólo podrán cubrirse en general en su fase de lanzamiento y de manera decreciente. 3. Se intentará obtener una contribución financiera de las entidades asociadas que se definen en el artículo 5 para cada acción de cooperación. Dicha contribución se modulará según las posibilidades de las entidades asociadas de que se trate y en función del carácter de cada acción. 4. Se recabará una contribución financiera de los asociados locales, en particular en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, y especialmente en el caso de los proyectos destinados a poner en marcha actividades de carácter permanente, con el fin de asegurar la viabilidad de tales proyectos una vez concluida la financiación comunitaria. 5. Se buscarán posibilidades de cofinanciación, especialmente con los Estados miembros, con terceros países o con organizaciones multilaterales, regionales o de otro tipo. 6. La Comisión se asegurará de que se pone de manifiesto el carácter comunitario de las ayudas suministradas con arreglo al presente Reglamento. 7. Con objeto de lograr los objetivos de coherencia y de complementariedad contemplados por el Tratado y a fin de garantizar una eficacia óptima de todas estas acciones, la Comisión, sin perder de vista los principios de una gestión saneada y evitando incurrir en gastos administrativos excesivos, tomará todas las medidas de coordinación necesarias para conseguir la máxima eficacia global, entre las que se contará, en particular: a) un sistema de intercambio y análisis sistemático de información sobre las acciones financiadas o cuya financiación esté prevista por la Comunidad y los Estados miembros; b) la coordinación en el lugar de realización de las acciones, mediante reuniones periódicas e intercambios de información entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros en el país beneficiario. 8. Con objeto de alcanzar el mayor impacto posible a escala global y nacional, la Comisión, en relación con los Estados miembros, adoptará cualquier iniciativa necesaria para garantizar una adecuada coordinación y una estrecha colaboración con los países beneficiarios, así como con los proveedores de fondos y otros organismos internacionales interesados, en particular los pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y, más concretamente, el PFNUFID. Artículo 7 La ayuda financiera con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones. Se darán los pasos necesarios para garantizar una evaluación, un control y una verificación adecuados de la ayuda 4 c La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales ajustándose a las perspectivas financieras. Artículo 8 Artículo 9 1. La Comisión se encargará de la evaluación, aprobación y gestión de las acciones mencionadas en el presente Reglamento, de conformidad con los procedimientos presupuestarios y otros vigentes, y especialmente los previstos en el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 2. Las decisiones relativas a las acciones cuya financiación con arreglo al presente Reglamento supere los 2 millones de ecus por acción, así como cualquier modificación de dichas acciones que suponga un incremento superior al 20 % de la cantidad aprobada inicialmente para la acción en cuestión, se adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10. 3. La Comisión estará autorizada para aprobar, sin recurrir al dictamen del Comité al que se refiere el artículo 10, los compromisos suplementarios necesarios para la cobertura de rebasamientos previsibles o registrados en relación con estas acciones, cuando el rebasamiento o la necesidad adicional sea inferior o igual al 20 % del compromiso inicial fijado por la decisión de financiación. 4. Todos los convenios o contratos de financiación celebrados con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento dispondrán, en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas puedan proceder a controles in situ de conformidad con los procedimientos habituales definidos por la Comisión con arreglo a las disposiciones vigentes, en particular las del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 5. En caso de que las acciones se plasmen en convenios de financiación entre la Comunidad y el país beneficiario, éstos estipularán que los pagos de impuestos, derechos o cualquier otra carga no sean financiados por la Comunidad. 6. La participación en las licitaciones y contratos estará abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros y de los Estados beneficiarios. Podrá ampliarse a otros países en desarrollo. 7. Los suministros deberían ser originarios de los Estados miembros, del Estado beneficiario o de otros países en desarrollo. Se permitirán excepciones, con la conformidad previa del servicio competente, en particular cuando ello evite que los socios deban soportar costes extraordinarios o excesivos. Artículo 10 1. La Comisión estará asistida por un comité consultivo compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, que será concretamente, dependiendo del país beneficiario o de la región "3 en el caso de los países ACP, el Comité FED establecido en el artículo 21 del Acuerdo Interno 91/401/CEE sobre la financiación y administración de la ayuda comunitaria en el marco del Cuarto Convenio de Lomé, adoptado el 16 de julio de 1990 por los representantes de los Estados miembros reunidos en el consejo; • en el caso de los países mediterráneos, el Comité MED establecido en el artículo 6 del Reglamento del Consejo (CEE) N° 1762. 92 de 29 de junio de 1992 • en el caso de los países de Asia y América Latina, el Comité ALA, establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo (CEE) N° 443/92 de 25 de febrero de 1992. 2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión, si es necesario, procediendo a una votación El dictamen constará en acta; además cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en acta. La Comisión considerará con suma atención el dictamen emitido por el Comité. La Comisión informará al Comité sobre el modo en que su dictamen ha sido tomado en consideración. 3. Se procederá, una vez al año, a un intercambio de opiniones sobre la base de las orientaciones generales presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan a llevarse a cabo en el año siguiente, en el marco de una reunión conjunta de los Comités contemplados en el apartado 10. La reunión conjunta de los Comités emitirá un dictamen sobre las orientaciones generales. Artículo 11 Al final de cada ejercicio presupuestario, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, que incluirá un resumen de las acciones financiadas a lo largo del ejercicio, así como una evaluación de la ejecución del presente Reglamento durante dicho ejercicio. El resumen contendrá, en particular, información sobre los agentes con los que se hayan celebrado contratos. También incluirá un resumen de las evaluaciones independientes realizadas con respecto a una operación específica. Artículo 12 1. El presente Reglamento entrará en vigor al tercer día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, una evaluación global de las acciones financiadas por la Comunidad en el marco del presente Reglamento, junto con sugerencias relativas al futuro del presente Reglamento y, en caso necesario, propuestas de modificación del mismo. ^ El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, e l. Por el Consejo El Presidente ^ ISSN 0257-9545 COM(97) 190 final DOCUMENTOS ES 05 11 01 N° de catálogo : CB-CO-97-180-ES-C ISBN 92-78-19076-4 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 4£


title: Proposal for a Council Decision on the approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the Control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention), as laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties

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cross-border transport
dangerous substance
waste
waste disposal
waste management

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text: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 23. 05. 1997 COM(97) 214 final 97/ 0134 (CNS) Proposal for a COUNCIL DECISION on the approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention), as laid down in Decision III/l of the Conference of the Parties (presented by the Commission) EXPLANATORY MEMORANDUM The objective of the attached proposal is to enable the deposit of the instrument of approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention), as laid down in Decision III/l of the Parties to the Convention. Decision III/l, adopted by consensus in September 1995 by the Third Conference of the Parties to the Basel Convention, establishes an immediate prohibition of transboundary movements of hazardous waste destined for final disposal, and a prohibition as of 1. 1. 1998 of transboundary movements of hazardous waste destined for recovery operations, from countries listed in Annex VII to the Convention to countries not listed in Annex VII. Annex VII contains the following countries: members of the OECD, EC, Liechtenstein. The amendment to the Basel Convention must be ratified (or equivalent) by three fourths of the Parties who adopted it to enter into force. At the time of the Third Conference, 86 countries were Party to the Convention. Therefore, around 65 of those Parties will have to ratify the amendment for it to formally enter into force. In view of the deadline set by Decision III/l for prohibition of transboundary movements of hazardous waste destined for recovery operations (1 January 1998) and taking into account that enabling Community legislation is already in place (Council regulation 120/97 amending Regulation 259/93), it is considered opportune to formally approve of the amendment to the Convention on behalf of the Community as soon as possible. «I PROPOSAL fora COUNCIL DECISION of on the approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention), as laid down in Decision III/l of the Conference of the Parties THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 130r, paragraph 4 and Article 228, paragraph 2, first sentence, and paragraph 3, first subparagraph thereof, Having regard to the proposal from the Commission1, Having regard to the opinion of the European Parliament2, Whereas, by Council Decision 93/98/EEC3, the European Economic Community approved the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, commonly known as the Basel Convention, and became a full Party to the Convention on 7 May 1994; Whereas, by virtue of a Council Decision of 22 June 1995, the Commission participated on behalf of the Community, in consultation with the representatives of the Member States, in the negotiation in the context of the Third meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, with a view to amending the Convention in accordance with Decision 11/12 of the Conference of the Parties; whereas pursuant to this Decision exports of hazardous wastes destined for final disposal from OECD to non-OECD countries were to be prohibited immediately and exports of hazardous waste destined for recovery operations were to be phased out until 31 December 1997 and prohibited as of that date; 3 O. J. L 39, 16. 2. 93, p. 1 3 Whereas, as a result of those negotiations, on 22 September 1995 the Conference of the Parties adopted Decision III/l, introducing a new preambular paragraph 7 bis, a new Article 4A and a new Annex VII into the Convention; whereas Decision III/l aims to immediately prohibit exports of hazardous wastes destined for final disposal from Parties listed in Annex VII to States not so listed and to phase out until 31 December 1997 and prohibit as of that date exports of hazardous wastes destined for recovery operations from Parties listed in Annex VII to States not so listed; Whereas Community legislation on shipments of waste has been amended accordingly by Council Regulation (EC) N° 120/974 of 20 January 1997 amending Council Regulation (EEC) N° 259/935 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community; Whereas, pursuant to Article 17 of the Convention, the amendment of the Basel Convention is open for ratification, approval, formal confirmation or acceptance; and whereas the amendment will enter into force between Parties having accepted it on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of the instruments of ratification, approval, formal confirmation or acceptance by at least three-fourths of the Parties who accepted the amendment; DECIDES AS FOLLOWS: Article 1 The amendment of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, as laid down in Decision III/l adopted by the Conference of the Parties on 22 September 1995, is hereby approved on behalf of the European Community. The text of the amendment is attached to this Decision. 4O. J. L22,24. 1. 97,p. 14 5OJ. L30,6. 2. 93,p. 1 4 Article 2 The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to deposit, on behalf of the Community, the instrument of approval with the Secretary- General of the United Nations, as provided for by Article 17 of the Convention. This Decision shall be published in the Official Journal of the European Communities. Article 3 Done at Brussels, For the Council The President r Amendment to the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal New preambular paragraph 7 bis: that transboundary movements of hazardous wastes, especially Recognizing to developing countries, have a high risk of not constituting an environmentally sound management of hazardous wastes as required by this Convention. New Article 4A: Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of 1. hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States not listed in Annex VII. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 Qecember 1997, and 2. prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article l(i)(a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States not listed in Annex VII. Such transboundary movement shall not be prohibited unless the wastes in question are characterised as hazardous under the Convention. New Annex VII: Parties and other States which are members of the OECD, EC and Liechtenstein. ISSN 0254-1475 COM(97) 214 final DOCUMENTS EN 14 15 07 05 Catalogue number : CB-CO-97-201-EN-C ISBN 92-78-19564-2 Office for Official Publications of the European Communities L-2985 Luxembourg - ^


title: Regolamento (CE) n. 924/97 della Commissione del 23 maggio 1997 recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

eurovoc_concepts:
Netherlands
aid system
animal plague
production aid
slaughter of animals
swine

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title: REGOLAMENTO (CE) N. 929/97 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1997 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

eurovoc_concepts:
citrus fruit
fruit vegetable
import price
stone fruit


title: QUESTION ECRITE no 1738/97 de Gisèle MOREAU à la Commission. Conséquences économiques et sociales de l'interdiction de l'utilisation d'amiante

eurovoc_concepts:
asbestos
dangerous substance
dismissal
industrial conversion
marketing restriction
occupational health
processing industry
public health
substitute product

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title: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the control of new synthetic drugs (designer drugs)

eurovoc_concepts:
administrative cooperation
chemical product
customs inspection
marketing
narcotic

text: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 23. 05. 1997 COM(97) 249 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE CONTROL OF NEW SYNTHETIC DRUGS (DESIGNER DRUGS) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE CONTROL OF NEW SYNTHETIC DRUGS (DESIGNER DRUGS) I. INTRODUCTION Every year, large amounts of new synthetic drugs are produced in Member States of the European Union. The consumption of these drugs is on the rise, particularly among very young people. This development poses a serious threat to their health and lives and it is a source of great distress to our citizens. They expect urgent action at all levels to reverse this trend. Firm action in this area is also needed to maintaining the credibility of the considerable efforts the European Union is undertaking in combatting the cultivation and production of narcotic drugs throughout the world. The sharp increase of illicit production, trafficking and use of these new synthetic drugs in Europe can be attributed to several factors which make them different from more traditional plant-based drugs. These include: • • • • • the ingredients needed for their production are all available within the EU, meaning that they can be produced locally, close to the areas of consumption. they are relatively easy to prepare, with precursors freely available in the market and requiring only a rather unsophisticated infrastructure such as abandoned warehouses or even mobile homes; they are cheaper than cocaine or other plant based drugs which are the other "more traditional" main stimulants in illicit markets and have a longer-lasting effect; they are seen as fashionable and part of youth culture in some countries. There is no strong link with theft or violent crime; the public health risk is frequently underestimated in public perception. It is not always easy to recognize the difference with similar, licit products which are often used functionnally, e. g. in certains professions to increase endurance. They do, however, also have features in common with plant-based drugs, notably the analogous threat they can pose to human health and the danger they represent, particularly to young people. The Community action programme on the prevention of drug dependence already contributes to improving public awareness and developing appropriate health and social responses to this threat. In particular, this programme currently gives support to transnational pilot projects aiming to build up a system to recognise trends in drugs consumption among the young, to assess prevalence of drug use in particular settings such as Techno-scenes and to develop transnational exchange of data. The European Commission, acting together with the Presidency of the Council of Ministers and the European Parliament, has on several occasions highlited this problem and called for priority action at the level of the European Union. The fight against drugs became a central theme during the Irish Presidency and the Dublin European Council clearly pointed out the need to supress domestic production and trafficking of synthetic drugs within our Member States. This Communication represents the Commission's contribution to following up that instruction. IL NATURE OF THE PROBLEM The world-wide nature of the problem is reflected in the increasing attention directed to it in the relevant international organisations within the United Nations family : World Health Organisation, International Narcotics Control Board, Commission on Narcotic Drugs. There exists a major international legal instrument for tackling the problem at world level, in the shape of the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances. Ratified and implemented by 146 nations, and subsequently enhanced by the relevant provisions of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 1971 Convention offers the essential international framework for the scheduling and interdiction of the main synthetic drugs identified at that It contains an updating mechanism, but recent time as posing a danger to health. experience has shown that this mechanism, requiring a world-wide international consensus, is slow to mobilise - and certainly not flexible or rapid enough to keep pace with the appearance on the market of new synthetic drugs often deliberately designed to circumvent the Convention's provisions. The European Union and its Member States are, however, equipped -especially since the entry into force of the TEU - with a range of instruments and possibilities to react quickly and effectively among themselves to address the moving target represented by new synthetic drugs. Synthetic drugs, like plant-based drugs, are dependent upon certain precursor chemicals. Of the 22 substances controlled through EC legislation in implementation of the 1988 United Nations Convention, 8 are directly relevant to synthetic drugs l and others need to be added. Furthermore, with regard to end products (i. e. the synthetic drugs themselves, as opposed to their precursor chemicals) all EU Member States have introduced in their legislation the control of the psychotropic substances placed under control by the 1971 UN Convention (see ANNEX I). This Convention provides for the control of classified substances on the basis of their strict chemical definition. Since, however, the amphetamine-type stimulants are very similar in chemical structure, they lend themselves easily to minor structural modifications to lead to a different end- product. These modifications can be motivated by various factors : the deliberate effort to circumvent legislation on precursors or, (i) (ii) the possible use and availability of non-listed precursors; (iii) the deliberate manufacturing of amphetamine-type stimulants not covered by national law or international convention, and sometimes referred to as "designer drugs". It is chemically possible to obtain a large number of structures altered in this way, in which however the basic composition of the amphetamine remains unchanged. Some such derivatives currently popular in Europe thus fall outside the scope of the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances. Although in theory this problem could be tackled though regular modification of any of the lists of the 1971 UN Convention, such a process can be expected to take 2-3 years. Thus an important lacuna can exist between the moment when new synthetic drugs are introduced in the illicit market and when they are added to one of the lists of the UN Convention. During this intervening period, and unless other defences are mounted, there is a risk that the new synthetic drugs can circulate freely since the criminal law of several Member States does not allow control to be legally excercised on substances which are not (yet) put under a list of controlled substances. HI. SOME RESPONSES AT NATIONAL LEVEL In countries affected by the problem of synthetic drugs, three different categories of response appear to have been adopted, in addition to the control system based on the strict chemical definition of the substances (the control "by name" of the substance) which is foreseen in the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances : 1 phenyl-2-propanone (P2P), ephedrine, pseudoephedrine, safrole, isosafrole, piperonal, 3,4 methylenedioxy-P2P and phenylacetic acid. (i) the "generic appoach" : some Member States (United* Kingdom, Ireland) have introduced in their misuse of drugs legislation the use of generic definitions for various families of drugs to catch those new synthetic drugs which do not appear on the Schedules of the UN Conventions. In Germany, a new bill which would introduce the generic approach is being discussed at the mterministerial level and with the Lander before being presented at Parliament. The use of generic definitions has the advantage of criminalising by anticipation a great number of groups of synthetic drugs that could eventually appear on the market. Although it can not cover aJl the potential drugs of abuse which may eventually be produced on the basis of a single molecular structure, it makes it more difficult for clandestine laboratories to produce synthetic drugs which remain outside of the scope of criminal law; (ii) the "emergency list" approach other Member States (Germany, The Netherlands) have introduced into their legislation an urgency procedure to control legally, on a provisional basis, new substances which appear on the market before the full introduction of these new drugs into the relevant schedule. This system allows for a quick reaction to the abuse of and trafficking in "new" synthetic drugs and can give rise to the use of criminal sanctions; (iii) the "analogue" approach : this is the system preferred by the US Drugs Enforcement Agency and is set out in the 1986 amendment to the Controlled Substances Act (CSA) in the form of the Controlled Substance Analogue Enforcement Act. This Act provides that criminal sanctions apply to the activity of manufacturing and distributing "controlled substance analogues" intended for human consumption. These substances are considered "analogues" if they produce substantially the same psychoactive effect as controlled substances and have chemical structures substantially similar to those of controlled substances. These substances are therefore prohibited unless it is concluded in a court of law that the assumptions were unfounded. It is important to note that there is no list of controlled substance analogues. Since the introduction of the 1986 amendment, the DEA have observed a decrease in the production and distribution of analogues and attribute this, in particular, to the analogue statute which has had the effect of making the trafficking of new synthetic drugs too risky and uncertain to be worth the effort for the profit involved. IV. ELEMENTS FOR A RESPONSE AT THE LEVEL OF THE EUROPEAN UNION THE DUBLIN EUROPEAN COUNCIL Heads of State and Government, meeting in Dublin in December 1996, identified the issue of synthetic drugs as needing priority attention both within the European Union and between the Union and third countries, particularly the Central and Eastern European countries. In doing so, they specifically endorsed the report on drugs they had received from the Council, and the Joint Action of 17 December 1996 concerning the approximation of the laws and practices of the Member States in the field of drugs. The report in question stated clearly that synthetic drugs was an area "where insufficiencies exist" and "needed to be tackled at three levels: (a) legislation; (b) practical cooperation against production and trafficking, including improved cooperation between national authorities and the chemical industry; and (c) international cooperation". As for the Joint Action, it states in its Article 5 that there is a need for more convergence in Member States legislation in the area of synthetic drugs and provides that the Member States "shall endeavour to draft convergent legislation to the extent necessary to make up legal ground or fill legal vacuums as regards synthetic drugs. In particular they shall promote the establishment of a rapid information system to enable such drugs to be identified as substances liable to be prohibited as soon as they appear anywhere in a Member State". Thus the European Council has given clear guidance on how it wishes to see the problem addressed. The Commission considers that this invitation to ensure an appropriate and swift control on new synthetic drugs and their chemical precursors should be followed up by means of a number of initiatives, which could be taken on a step by step basis. As a first and early step, the Commission favours action on three fronts: - chemical precursors (starting material): Proposals for amending the existing Directive and Regulation will be presented by the Commission by October 1997. - new synthetic drugs (end-products): the creation of an early warning system for synthetic drugs, including a mechanism for risk assessment. - a commitment by Member States to criminalise production and trafficking of new synthetic drugs declared dangerous. There is also a case for an examination at EU level of whether at a later stage additional instruments might enhance the effectiveness of the fight against the illicit trafficking in and use of synthetic drugs, based perhaps on a discussion of the relative merits of the "emergency list" approach, the "generic approach" or the " analogue approach" mentioned under chapter III above. ACTION FORESEEN ON PRECURSOR OF NEW SYNTHETIC DRUGS An effective way of approaching the problem of new synthetic drugs consists in ensuring a better monitoring of the trade in the chemical substances which are the basic ingredients used in manufacturing new synthetic drugs. It is not possible to monitor this trade under the classical methods of control such as those provided for under the present Community legislation on precursors. The nature of the chemicals involved and the particular conditions under which new synthetic drugs can be manufactured impede the use of these strict control mechanisms. This is the reason why a broad consensus exists at the international level to look for other monitoring mechanisms such as a "special surveillance list", that would be more flexible for both trade and public authorities and thus would be really efficient, given this specific context. This is in particular the approach the US. DE A follows, more stringent mechanisms being unrealistic in this case. Technical work is currently in progress in the competent Community fora. They will result in formal proposals by the Commission, to be presented to the Council next October, after further discussions with the Member states and the relevant trade and chemical industries organisations. These proposals will address the following aspects: - list of new products to be monitored, - new methods for the monitoring of the products concerned, - ways and means of adapting rapidly in the future the list of these products. They will concern amendment of the existing directive concerning manufacture and placing on the market of the chemical substances concerned within the EU and amendment of the regulation concerning the international trade. Moreover, when a common position has been adopted within the Council on this question, the Commission intends to ask for a negotiation mandate vis-à-vis the Central and Eastern European Countries on the territory of which new synthetic drugs are produced. In parallel, the Phare programme resources will be used to continue to help these countries to prepare and to adapt their own legislation on precursors, namely in view of their accession to the EU. Finally, some efforts will have to be made in short term, in order to allow the EU to speak with one voice within the international meetings that should take place from next July, in view of the preparation of the 1998 UN General Assembly Special Session which wili be devoted to drugs and in which precursors will occupy a large place. The Commission will do the necessary work in order to ensure that the necessary coordination is done within the Council and that it results in a concrete Community position on this topic, thus allowing the EU to maintain a leading and constructive role in these international fora. Details of this action are described in Annex II. The input of Member States experts in this process will be very important for achieving the objectives for action described in this Annex. CREATION OF AN EARLY WARNING SYSTEM An effective early warning system for new synthetic drugs appearing in the Member States should build on existing information gathering bodies and avoid duplication. In addition to national sources, the two most appropriate such bodies at EU level are the Europol Drugs unit (EDU) for information coming from the law enforcement agencies, and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), by means of the national focal points of REITOX, for information coming from the health and social services. To this can be added data concerning chemical precursors diverted into the illicit manufacture of synthetic drugs which will continue to be examined by the Drugs Precursors Committee set up under Regulation 3677/90 and Directive 92/109 to which the early warning system will provide an added value. All this relevant information will need to be assessed by experts in order to evaluate the risks posed by these new substances. The Commission believes that this assessment would best be carried out in the framework of a Technical Committee to be set up, which would involve representatives from not only Member States but also from the existing relevant agencies (EMCDDA; the Agency for the Evaluation of Medicinal Products; and the Europol Drugs Unit). The Commission would seem to be the right institution to chair such a committee, as well as contributing to its work on the basis of information on synthetic drugs coming from the existing Community instruments related to (i) the international control and intra-Community surveillance of chemical precursors, (ii) the Community action programme on the prevention of drug dependence, (iii) the Community framework research and development programme. The Committee, having conducted its risk assessment on the basis of the information from different sources (law enforcement, health and social services) should make its recommendation for action at the level of the Council, including, where appropriate and agreed, action to ban and criminalise the production and trafficking of the dangerous substances identified. CO-OPERATION WITH CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES Co-operation between EU Member States and the Central and Eastern European countries in fighting against illicit drugs trafficking, in particular synthetic drugs, received special attention at the seminar and meeting of the Council's Drugs and Organised Crime Working Group with the countries of Central and Eastern Europe and the Baltic States which took place on 23-24 October, 1996. This gave rise to a number of useful recommendations which should be followed up: Development of a network of law enforcement focal points for synthetic drugs and drug precursors between Member States of th European Union, the countries of Central and Eastern Europe and the Baltic States, making use of the existing list of contact points maintained in connection with the European Community legislation on the control of precursors; Combatting misuse of synthetic drugs and precursors by: the building of a network of expertise from the European Union and associated countries to facilitate the enhancement of the knowledge necessary to tackle the problem, as well as the rapid exchange of information (profiling, production methods, etc. ) and the adoption of the necessary legal provisions; the surveillance of non-listed precursors used in illicit production, involving co operation by law enforcement and other appropriate authorities. To this extent the importance of voluntary agreement and concluding Memoranda of Understanding with the trade were underlined. In the field of precursors, adaptation of the relevant PHARE project to ensure that the pre- accession procedures presently underway (adaptation of legislation to EU standards, ie Regulation 3677/90 and Directive 92/109) reflect any possible amendment of the EU legislation to cover chemicals diverted for the illicit manufacture of new synthetic drugs. CO-OPERATION WITH OTHER KEY EU PARTNERS Given the global and growing nature of this synthetic drugs problem, as reflected in the Resolution adopted at the 1995 UN Commission on Narcotic Drugs (CND) and in a number of expert meetings which have taken place within the UN bodies concerned, particularly UNDCP and WHO, it would be appropriate also to share the EU's thinking with its main partners, notably the USA, Canada and Japan. This could in turn lead to possible joint initiatives with them in international fora, for example at the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) in view of the forthcoming UN General Assembly (UNGA) special session on drugs (1998). Tnhlc l b: Scheduling of individual substances under Ihe 1971 Convention on Psychotropic Substances (Nole: Only llic year ofllic lli-l inclusion of a substance into any of the Schedule"; ofllic 1'sycliotmpic Convention has hern considered) J 28 7 vm 1252 Sdi. I 1221 i w:\ )MIIP )Mr 2?<J _2ftl &M rticycliilinc olicyclidinc tcnocyclidine ANNEX f 1221 1221 etryptamine nellicntrimone 122<J Ml)!; - N-OII-MDA •1-mcthyl- aminorex. 1 _ mclnnifclaml nc racenialc dronabinol zipeprol vm. \K)l\ 1X86 ('athinonc MIM DMA DOJVI MDMA MMIM I'MA 1 MA • fcnclylline fc^anifclamlnc Icvomctha/n- phclnminc i. sn incscntinc pHrnliexyl psilocinc psilocybiuc SIP/DOM Ictrnhydrocanna- biiioles' RinfctBininc medoqunlone i -Û 1 In dexmnfclftmiric 1 mctainfctnminc melliylphenlilnte pltettcyclidinc phctmielrfulnc lit oinobnrbitnl cyclobnrbitnl peitdtfocinc cnlliinc butnlbital biiprciiorpliinc 1 - I. I 1 I dronabinol (ilel(a-9-lctrahydrocaiinabino!) wa. s trans lei red from Schedule I to Schedule II in 1991. T a b ic l b: Scheduling of individual substances under tlie 1971 Convention on Psycliotropic Substances (Note: Only the year of the first inclusion of a substance into nny of the Schedules ofllic Psychotropic, Convention has been considered) 1 SfilL 1211 J080 12K. L 12M l')K5 VM 1257 10KR iyx'2 MJ'JO 1921 JOOS 1 * * -• auiinorcx broti/olam mesoeaib glutcthimide III pentobarbital secobarbital' IV amfcpramone benzfetaminc alprazolam clihimfctmninc allobaibital pemoline inida/nlam barbital ettichlorvynnl ethinamnte Icfclamine meprohamale metliaqualone' mclhylpheno- barbital melhyprylon phénobarbital piprndrol ina/indol brotnazepam fcncainfnmin butobarl)ital phem!imelra?. inc camazepam fenproporcx sccbutabarbital phenlenninc chlnrdiazcpoxi dc inefcnorcx vinylbital cloba/am propylhexedrine4 clonazepam pyrovalcronc clorazcpafc clonazepam clnxa/nlant dclora/c[)ani diazepam eslaznlam ethyl lollii/cpalt: 3Sccobarbital wa. s transferred from Schedule III lo Schedule II in I9XX. ^Propylhexedrine was deleted from Sch. IV in 1991. 'Methaqualonc wa. s transferred from Schedule IV lo Schedule II in 1978. Table lb: Scheduling of individual substances under the 1971 Convention on Psychotropic Substances (Note: Only the year of the first inclusion of a substance into any of the Schedules of the I'sychotropic Convention has been cnnsidercil) 1 I'M 5 1256 12» 2 l ^ RR 1W) J22i> 1221 ITJ1 Sçlh 1211 12KQ 12M IV 12M (ludia/cpain lluuilra/epam* nitrazepam hala/epam lialoxazotaiu kcta7olam loprazolam lorazepani lormetazepam medazepam nimetazepam nitrazepam nordazepam oxazepam oxazolam pina/cpam pra/epatn lemii/epam lelra/cpam triazolam sFlunilrazcpam wa. s transferred from Schedule IV to Schedule III in 1995. ANNEX II ACTION AGAINST PRECURSORS OF NEW SYNTHETIC DRUGS - 1. The issue Compared with other types of drugs and psychotropic substances, the emergence and development of new synthetic drugs (NSDs) poses a special problem because their chemical structure changes frequently and because many types of precursors (themselves very variable) can be used for making them. Since almost all of these chemical substances are used for legal purposes, action is needed to prevent them from being diverted to the illicit manufacture of synthetic drugs. This could be done by drawing up suitable monitoring measures that would reconcile the legitimate interests of business with the imperatives of action to combat synthetic drugs. In view of the very changeable nature of this phenomenon and the wide range of basic chemical substances that can be used, a targeted response is required. And as NSDs can be very simple to produce, with "recipes" available on the Internet or in specialist publications, there is also the question of whether it is wise to make public the list of precursors to be monitored. The NSDs affecting the European Union are mostly produced in certain Member States and in a number of Central and Eastern European countries. The response in terms of controls on precursors therefore has to cover both the commercial use of these products inside the Community and trade with non-member countries. A uniform response across the entire Union is essential, since supplies to traffickers would otherwise quickly be diverted to Member States where there was no monitoring mechanism. The threat of NSDs is not confined solely to Europe. Meetings of experts are therefore under way at international level. In particular, mention should be made of the two meetings already held under the auspices of the United Nations from 12 to 16 February 1996 in Vienna and from 25 to 29 November 1996 in Shanghai. In addition the Commission, together with the US Drug Enforcement Administration, organized an international conference on precursors from 11 to 14 February 1997 in Prague, at which the substances used to produce NSDs received considerable attention. The extraordinary UN General Assembly to be held in 1998 on the fight against drugs will boost the effort to tackle the problem. Several preparatory meetings are already scheduled, starting in July, and it is vital for the Community to define a common position on the issue fairly quickly in order to be able to make a positive contribution to the debate so that real progress can be made in the fight against new synthetic drugs. 2. - Current legislation on precursors Community legislation on precursors involves a two-pronged approach to cover the internal and the external aspects. On the internal side, the basic legislation is Council Directive 92/109/EEC, amended by Commission Directive 93/46/EEC and supplemented by Commission Regulation 1485/96. The scope of the Directive covers the production and marketing of the 22 internationally scheduled substances (1988 Vienna Convention). In outline, the mechanisms that apply on the internal front are: - - transactions leading to the marketing of classified substances (both substances produced in the Community and those put into free circulation are covered) must be documented; this includes a declaration by the customer on their use; documents must be kept available for inspection by the authorities and classified substances must be labelled; operators producing or marketing category I substances must be licensed and authorization is required to be supplied with, possess or handle them; - cooperation between the public authorities and operators is required. The external arrangements are based on Council Regulation (EEC) No 3677/90, as amended by Regulation (EEC) No 900/92. Implementing rules have been adopted by the Commission. The aim is to regulate exports of the 22 scheduled substances, imposing obligations as regards: - - - - commercial documents, commercial records and the labelling of substances; the licensing and registering of operators; cooperation between public authorities and economic operators; and the issuing of export authorizations. These arrangements are backed up by specific agreements concluded by the Community with certain non-member countries. At present there are agreements with the Andean countries, Mexico and the United States. Negotiations are under way with Canada, the Mercosur countries, Chile and the ASEAN countries. A special clause on combating the diversion of precursors has also been included in most association or economic cooperation agreements concluded with non-member countries. 3. The weaknesses of current legislation with regard to the problem of NSDs The mechanisms established by the instruments cited above are inadequate to deal with the problem of NSDs. The main shortcomings are: ii (a) Monitoring mechanisms involved The current system relates to a limited number of products (22), with strict controls laid down by the Directive and the Regulation. The nature of the controls reflects the diversion methods likely to affect the products in question, depending in particular on their nature, their availability on the market and the type of drug or psychotropic substance they can be used to make. To control exports, an export authorization (individual or comprehensive) is required, depending on the volume of substances traded or the country of destination. In some cases authorization is granted only if an import authorization is first issued in the destination country. Although simplifications have been introduced wherever possible, using criteria such as the integrity and competence of the applicant, the system nevertheless imposes considerable constraints on the economic operators concerned. These constraints cannot be extended too far, since any restrictive system will only function well if it is targeted and involves no more than a reasonable number of substances and obligations. It must also be borne in mind that besides these mechanisms, close and fruitful cooperation has been established between the national authorities and operators under the Community legislation. Broadening the constraints rashly would inevitably undermine such cooperation and hence the effectiveness of the entire arrangements to combat the diversion of precursors. (b) Type and number of substances subject to monitoring The Community legislation currently covers 22 substances, only 8 of which relate to synthetic drugs (including methaqualone and LSD). The international efforts referred to earlier and the work done in the Community committee on precursors have identified many other substances used to manufacture NSDs. At present there is no agreement or scientifically backed view on which precursors should be subject to monitoring at Community level. The main options range between 6 and 62 new substances. There is, however, a general consensus (among economic operators and monitoring authorities) that it would be inappropriate and impossible in practice to apply to these substances the mechanisms provided for by the current Community legislation. The Union's main partners, and notably the USA, all take the same view and are working to draw up a "special monitoring list" involving new monitoring methods. 4. The problems that have to be tackled These issues can be grouped under four headings: - What products should be included to meet current requirements? Is there a lawful use for all the products concerned? Which ones can be lawfully used so widely that monitoring them would be impossible or undesirable? H What monitoring mechanisms (covering substances themselves and suspect transactions or orders) should be set up so that the system as a whole is manageable and effective and allows uniform arrangements across the entire territory of the Union? What mechanisms should be established for adapting the rules in order to respond quickly to the very marked changeability of the precursors used to manufacture NSDs, in particular in response to information obtained through the cooperation of economic operators? Would it be wise to make the list of precursors concerned public, especially if, through cooperation with operators, the goal is also to pinpoint new developments as early as possible and detect suspect orders? 5. The Commission's approach Commission departments are working with national experts in an attempt to define a suitable coherent system to tackle the the problems of NSDs. There are no obvious answers to the questions listed above and some technical work needs to be pursued in greater depth. Contacts with the economic operators concerned also need to be pursued in this direction, both at national and Community level. It is therefore felt that the Community reaction on the issue of the precursors used for making NSDs should focus on the following points: (a) Presentation of a proposal to amend the Regulation on the external aspects (legal basis: Article 113 of the Treaty). The monitoring mechanisms for the new substances that will be defined should not include such measures as the issuing of licences and should rest primarily on cooperation with the economic operators concerned, bearing in mind the positive experience of some Member States so far and the legitimate concerns of industry. Explicit provision could be made for monitoring other substances used as precursors, provided that the information so gathered is regularly shared in the Community committee on precursors in order to keep pace with developments on the ground. (b) Presentation of a proposal to amend the Directive on the internal aspects (legal basis: Article 100a of the Treaty). Both the mechanism applied and the substances covered would have to be the same as in the proposed amendment to the Regulation. A separate instrument is needed to cover the manufacture and placing on the Community market of these substances, in addition to their export. Rapid decision on the Community position on the issue with an eye to the (c) forthcoming discussions in the United Nations. The only way for the Union and the Member States to exert real influence on the course of the discussions is to put forward a single, united position vis à vis our partners. This is essential to obtain an effective outcome in terms of combating NSDs but also to prevent international agreement on mechanisms that do not suit our needs and are out of line with the approach we want to follow. là (d) In view of the large volume of NSDs being made in the countries of Central and Eastern Europe (most of which are seeking membership of the Union), it is essential, once the Community has decided how it wishes to alter its own system, to launch action under the Phare programme to supplement the measures already taken in respect of these countries in terms of preparing their legislation on precursors. In addition, specific agreements should be concluded with them, along the lines of those concluded with other non-member countries on precursors, in order to reinforce the overall effectiveness of our respective arrangements, since it will be some years before those countries actually become members. 6. Timetable for action To reconcile the need for a swift reaction to the current challenges and the need to finalize effective measures, proposals for measures on points (a) and (b) ought to be ready by early autumn. The timing ties in with action on point (c), where the Union will have to be ready to put forward the Community position in the appropriate international forums by October. As far as action on point (d) is concerned, this cannot reasonably begin (request to the Council for a negotiating brief) until the Council has adopted the new legislation. This could be early in 1998 if the Regulation (based on Article 113) is adopted quickly. tu FINANCIAL STATEMENT 1 2 3 4 4. 1 TITLE OF OPERATION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the control of new synthetic drugs. BUDGET HEADING INVOLVED A-2511 Expenditure on meetings of Committees whose consultation is not compulsory in the procedure for drafting Community legislation. LEGAL BASIS In discussion in the Council. DESCRIPTION OF OPERATION General obj ective To clarify the Commission's views concerning the surveillance of precursors on synthetic drugs, the creation of an early warning and risk assessment system for synthetic drugs in view of a possible interdiction by the Council. In this framework, the Commission envisages the creation of a Technical Committee for assessing the risk posed by new synthetic drugs. The Committee would be chaired by the Commission. 4. 2 Period covered and arrangements for renewal undefinite 5 CLASSIFICATION OF EXPENDITURE OR REVENUE 5. 1 Non-compulsory expenditure 5. 2 Non-differentiated appropriations TYPE OF EXPENDITURE OR REVENUE Not relevant 1> 7 FINANCIAL IMPACT (Part B of the Budget) Not relevant 8 FRAUD PREVENTION MEASURES Not relevant 9 ELEMENTS OF COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS If the Committee chaired by the Commission and which is mentioned in the Presidency proposal for a joint action on an early warning system for synthetic drugs would be created, its mission would be to assess the possible risks, including the health and social risks, caused by the traffic in and use of synthetic drugs. 10 ADMINISTRATIVE EXPENDITURE (SECTION m, PART A OF THE BUDGET) Actual mobilisation of the necessary administrative resources will depend on the Commission annual decision on the allocation of resources, taking into account the number of staff and additional amounts authorised by the budgetary authority. 10. 1 Effect on the number of posts Type of post Staff to beassigned to managing the operation Permanent posts Temporary posts Officials or temporary staff A B C Other resources TVx+al 1 0,5 1,5 Source Duration Additional resources • Existing resources in theDGor department concerned 1 0,5 1,5 1ST 10. 2 Overall financial impact of additional human resources Amounts Method of calculation ECU Officials Temporary staff O t h er reSOUrCeS (indicate budget heading) Total 1 1 10. 3 Increase in other administrative expenditure as a result of the operation Budget heading A-2511 ECU Amounts 20,000 Method of calculation 2 Committee meetings/year 15 experts per Committee (695 Ecu/expert) Total 1 20,000 | 19 ISSN 0254-1475 COM(97) 249 final DOCUMENTS EN 15 05 06 Catalogue number : CB-CO-97-235-EN-C ISBN 92-78-20109-X Office for Official Publications of the European Communities L-2985 Luxembourg