title: Propuesta de decisión del Consejo y la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 18. 06. 1997 COM(97) 233 final 97/0178 (CNS) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO sobre el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO Y LA COMISIÓN relativa a la celebración del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia (presentada por la Comisión) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO sobre el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia I. Introducción En la actualidad, numerosas empresas operan en todo el mundo o celebran alianzas estratégicas con objeto de tener una mayor presencia en mercados extranjeros a través de un socio internacional. Con frecuencia, las repercusiones económicas de las fusiones, prácticas restrictivas o abusos de posición dominante se manifiestan en países distintos de aquellos en los que están constituidas o radicadas las empresas involucradas. Aplicación extraterritorial de las normas de competencia Una de las vías de las que disponen las autoridades de competencia para abordar las prácticas restrictivas con dimensión internacional es el recurso a la competencia extraterritorial. Muchas jurisdicciones, incluida la Comunidad Europea, tratan de aplicar sus normas de competencia, en determinadas circunstancias, a comportamientos registrados en otro país que pueden perjudicar a sus mercados. Estados Unidos ha ampliado su competencia extraterritorial más que ningún otro país. En concreto, la reclaman para aplicar sus normas de competencia a comportamientos que tienen lugar fuera de su territorio con objeto de abordar los problemas de acceso a los mercados que sufren los exportadores estadounidenses, independientemente de si sus consumidores se ven o no afectados por la actividad de que se trate, lista expansión de su competencia ha generado fricciones políticas en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Comunidad Europea con motivo de actividades desarrolladas en la Comunidad. La aplicación extraterritorial de normas no sólo genera fricciones políticas, sino también problemas prácticos derivados de la carencia de jurisdicción sobre las personas y de la dificultad de obtener pruebas en el extranjero. Cooperación internacional La aplicación extraterritorial de normas no es la única vía de la que disponen las autoridades de competencia para garantizar que se ponga término a ias actividades anticompetitivas que tienen lugar fuera de su territorio. Cada vez es más patente que, para regular eficaz y efectivamente las actividades anticompetitivas de empresas que operan en todo el mundo, las autoridades de competencia necesitan cooperar entre sí. La cooperación entre los organismos responsables de asegurar el cumplimiento de las normas de competencia puede además garantizar que las empresas no sean objeto de decisiones contradictorias. Así lo reconocieron, el 23 de septiembre de 1991, la Comisión y el Gobierno de Estados Unidos, al suscribir un acuerdo relativo a la aplicación de sus normas de competencia (el "Acuerdo de 1991")1. El Acuerdo de 1991 facilita la cooperación entre las autoridades de competencia de las Partes y la coordinación de sus actividades de control de la observancia de las normas de competencia. Además de facilitar la coordinación, el Acuerdo de 1991 exige que cada una de las Partes tenga en cuenta la presencia de intereses importantes de la otra Parte en todas las fases de sus actividades de aplicación (cortesía "tradicional" o "negativa"). Cortesía positiva El Acuerdo de 1991 introduce el concepto de cortesía positiva en las relaciones entre Estados Unidos y la Comunidad Europea. Su artículo V establece que, cuando una de las Partes se vea adversamente afectada por actividades anticompetitivas desarrolladas en el territorio de la otra Parte, podrá solicitar a esta última que adopte medidas para asegurar el cumplimiento de las normas. Naturalmente, desde el punto de vista de la Comunidad Europea, es preferible que Estados Unidos, a la hora de abordar actividades anticompetitivas que se desarrollen en el territorio comunitario, recurra al principio de cortesía positiva en vez de tratar de aplicar las normas de competencia estadounidenses. Gracias a la cortesía positiva, la Comisión, si así lo desea, puede mantener el control sobre los procedimientos empleados para abordar tales actividades. La cortesía positiva también presenta ventajas para las empresas, porque reduce el número de casos examinados por varias autoridades de competencia, limitando de este modo los costes que'les supone el ajustarse a la normativa y la posibilidad de que distintas autoridades de competencia tomen decisiones contradictorias. Además, la posibilidad de solicitar a las autoridades de competencia de Estados Unidos que investiguen y pongan fin a las actividades anticompetitivas desarrolladas en el territorio estadounidense pero que afecten adversamente a intereses de la Comunidad Europea presenta ventajas potenciales para esta última. La cortesía positiva puede permitir resolver problemas vinculados a la aplicación extraterritorial de la jurisdicción, tales como las dificultades para obtener pruebas sobre hechos ocurridos en el extranjero. II. El Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia Antes de que la Comunidad Europea intensifique la cooperación con Estados Unidos, es necesario abordar las amplias pretensiones jurisdiccionales de Estados Unidos en lo que respecta a la aplicación de sus normas de defensa de la competencia. La cortesía positiva proporciona un método para hacer frente a las actividades anticompetitivas desarrolladas fuera del territorio de un país sin que resulte necesario ejercer la jurisdicción extraterritorial. A raíz de una resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, este Acuerdo y el canje de notas interpretativas de 31 de mayo y de 31 de julio de 1991 fueron aprobados en nombre de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero mediante una decisión conjunta del Consejo y de la Comisión, de 10 de abril de 1995 (DO n° L 95, de 27. 4. 95, p. 45-50). las actividades Asimismo, permite a anticompetitivas, si así lo desea, mantener el control de cualesquiera medidas que se adopten con respecto a tales actividades. territorio se desarrollan la Parte en cuyo El 25 de octubre de 1996, por tanto, la Comisión recibió un mandato del Consejo para iniciar negociaciones con Estados Unidos con objeto de intentar llegar a un acuerdo que reforzara las disposiciones sobre cortesía positiva del Acuerdo de 1991. La Comisión ha negociado un proyecto de acuerdo2 con las autoridades estadounidenses. El proyecto de acuerdo se aplicará cuando determinadas actividades anticompetitivas se desarrollen en su totalidad o en una parte sustancial en el territorio de una de las Partes y al mismo tiempo tengan efectos adversos sobre los intereses de la otra Parte. En tales supuestos, esta última podrá solicitar a la Parte en cuyo territorio se desarrolle fundamentalmente tal comportamiento que adopte medidas de control de la observancia de la normativa (denominadas en el Acuerdo "actividades de aplicación") conforme a sus propias normas de competencia. El proyecto de acuerdo supone un importante paso adelante con respecto al artículo V del Acuerdo de 1991, dado que no sólo ofrece una serie de orientaciones sobre cómo gestionar las peticiones de cortesía positiva, sino que además presupone que, en determinadas circunstancias, una Parte aplazará o suspenderá, en principio, sus propias actividades de aplicación. La presunción de aplazamiento o suspensión se da cuando las actividades anticompetitivas de que se trate no tengan un impacto directo, sustancial y razonablemente previsible sobre los consumidores de la Parte requirente o cuando se desarrollen principalmente en el territorio de la otra Parte y estén dirigidas principalmente a dicho territorio. En otros términos, el supuesto surge cuando la Parte requirente está tratando de proteger sus exportaciones o cuando las actividades anticompetitivas se centren en el territorio de la otra Parte. Hay otra serie de condiciones necesarias para que se dé el supuesto de aplazamiento o suspensión, entre las que destacan el compromiso de la Parte requerida de investigar el asunto, así como su deber de mantener informada a la Parte requirente sobre la evolución de las gestiones y de satisfacer las peticiones de esta última antes de concluir la investigación. La Parte requerida sólo podrá actuar conforme a sus propias normas de competencia y en la medida en que las actividades investigadas entren dentro del ámbito de aplicación de dichas normas. A pesar de que es necesario que la Parte requerida acepte una serie de condiciones para que se produzca el aplazamiento o la suspensión, dicha Parte no está obligada a aceptarlas. Por tanto, no hay riesgo de que se obligue a la Parte requerida a investigar un asunto cuando no le interese hacerlo. En numerosas ocasiones, sin embargo, le interesará poner fin a las actividades anticompetitivas desarrolladas en su territorio, razón por la cual puede ser extremadamente beneficioso llamar su atención sobre tales hechos. Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia. El proyecto de acuerdo reconoce que puede haber circunstancias en las que resulte apropiado que ambas Partes lleven a cabo investigaciones paralelas; por ejemplo, cuando, por razones de interés público, la especial gravedad de la imposición de sanciones en ambas jurisdicciones. Este reconocimiento de la posible conveniencia de llevar a cabo investigaciones paralelas sólo se aplicará cuando ambos mercados se vean perjudicados y en ningún caso cuando una Parte esté tratando de proteger sus exportaciones. las actividades anticompetitivas exija Las operaciones de concentración no entran dentro del ámbito de aplicación del proyecto de acuerdo, debido a la normativa de ambas Partes relativa a este tipo de operaciones, que no contempla los supuestos de aplazamiento o suspensión previstos en el proyecto de acuerdo como consecuencia de la obligación de adoptar una decisión definitiva dentro de unos plazos rigurosos. La exposición de motivos que figura en el Anexo 1 ofrece una descripción detallada de las disposiciones del proyecto de acuerdo. III. Fundamento jurídico En la medida en que el proyecto de acuerdo se refiere a las normas de competencia del Tratado CE, el fundamento jurídico para que el Consejo suscriba el acuerdo es el artículo 87 del Tratado CE en combinación con el párrafo primero del apartado 3 del artículo 228 del mismo Tratado. El Parlamento Europeo deberá ser consultado previamente. En la medida en que el acuerdo se aplica a productos CECA, los artículos 65 y 66 del Tratado CECA constituyen el fundamento jurídico para que la Comisión adopte el proyecto de acuerdo. En contraste con el Acuerdo de 1991, no es aplicable en este caso el artículo 235 del Tratado CE, dado que los asuntos regulados por el Reglamento sobre operaciones de concentración no entran dentro del ámbito de aplicación del proyecto de acuerdo. IV. Conclusión La Comisión considera que el proyecto de acuerdo constituye un avance importante en las relaciones con Estados Unidos y refleja el compromiso político de este último país de cooperar con la Comisión en vez de tratar de aplicar extraterritorialmente sus normas de competencia en la Unión Europea. Cuando entre en vigor, el proyecto de acuerdo institucionalizará formalmente el compromiso político de Estados Unidos de abstenerse, en principio, de abordar actividades anticompetitivas que no afecten a los consumidores estadounidenses y se desarrollen principalmente en el territorio de la Comunidad Europea o estén dirigidas principalmente a dicho territorio, cuando la Comisión esté preparada para abordar el asunto. Dadas las ventajas de la cortesía positiva a las que se ha hecho referencia, y teniendo en cuenta que los importantes supuestos introducidos por el proyecto de acuerdo refuerzan este mecanismo, la Comisión propone que el Consejo, conjuntamente con la Comisión, adopte una decisión para suscribir el proyecto de acuerdo que se adjunta. A tal fin, en el Anexo 2 contiene una propuesta de decisión del Consejo y la Comisión por la que se suscribe el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de los principios de cortesía positiva en la observancia de sus respectivas normativas de competencia. ANEXO 1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia Descripción del Acuerdo Objetivo El principal objetivo del proyecto de acuerdo es fomentar la aplicación de los principios de cortesía positiva y especificar las circunstancias en las que se recurrirá a la cortesía positiva y las normas de gestión de las peticiones correspondientes. Artículo I - Ámbito de aplicación y objeto El apartado 1 del artículo I del proyecto de acuerdo fija las circunstancias en las cuales se aplicará el Acuerdo: cuando en la totalidad o en una parte sustancial del territorio de una de las Partes se desarrollen actividades anticompetitivas que afecten adversamente a intereses de la otra Parte. Las actividades en cuestión deben estar prohibidas en virtud de las normas de competencia de la Parte en cuyo territorio se estén desarrollando. El apartado 2 establece que el objetivo del Acuerdo es suprimir los obstáculos a los intercambios comerciales y a los flujos de inversiones y establecer procedimientos de cooperación para lograr la aplicación más efectiva y eficaz de las normas de competencia. Artículo II - Definiciones Las definiciones utilizadas en el artículo II son las mismas que las contenidas en el Acuerdo de 1991, con la importante excepción de la definición de normas de competencia. En este caso, tanto para las Comunidades Europeas como para Estados Unidos, las operaciones de concentración han quedado explícitamente excluidas en virtud de sus respectivas normas relativas a dichas operaciones, que no permiten aplazar o suspender las actividades previstas en el proyecto de acuerdo como consecuencia de la obligación de adoptar una decisión definitiva dentro de unos plazos rigurosos. Como en el Acuerdo de 1991, es necesario prever la posibilidad de ampliar la definición de normas de competencia para tomar en consideración las nuevas leyes o los nuevos reglamentos de aplicación que se puedan adoptar en el futuro. La necesidad de que ambas Partes den su consentimiento por escrito a cualquier ampliación de la definición de normas de competencia evita el riesgo de que se amplíe la definición más allá de lo deseado. Asimismo, se adversamente", "Parte requirente" y "Parte requerida". incluyen tres nuevas definiciones: "efectos adversos" y "afectados Artículo III - Cortesía positiva El artículo III sienta el principio de cortesía positiva; dispone que, cuando una de las Partes considere que las actividades anticompetitivas desarrolladas en el territorio de la otra Parte afectan adversamente a sus intereses, podrá pedir a esta última que lleve a cabo las actividades de aplicación que resulten adecuadas. Esta posibilidad se aplica incluso en el supuesto de que la primera haya iniciado o prevea llevar a cabo sus propias actividades de aplicación. Artículo IV - Aplazamiento o suspensión de actividades de aplicación El apartado 1 del artículo IV establece que las Partes podrán acordar que la Parte requirente aplace o suspenda sus actividades de aplicación mientras la Parte requerida esté investigando el asunto de que se trate. El apartado 2 describe pormenorizadamente las condiciones en las que se presumirá que la Parte requirente aplazará o suspenderá sus actividades de aplicación. Hay que destacar lo dispuesto en el punto i) de la letra a) del apartado 2, que se refiere al las actividades la suspensión de actividades de aplicación cuando aplazamiento o anticompetitivas no repercutan sobre los consumidores de la Parte requirente. Esto significa que el supuesto de aplazamiento o suspensión se aplicará cuando las actividades anticompetitivas afecten exclusivamente a las exportaciones. Asimismo, según el punto ii) de la misma letra, el supuesto de aplazamiento o suspensión se da cuando el centro de gravedad de las actividades anticompetitivas sea el territorio de la otra Parte. El centro de gravedad de tales actividades se define en el proyecto de acuerdo como el territorio en el cual dichas actividades "se dan principalmente en el territorio de la otra Parte y están dirigidas principalmente a dicho territorio". La letra b) del apartado 2 dispone que el aplazamiento o la suspensión sólo se aplicarán cuando los efectos adversos sobre la Parte requirente puedan ser plena y adecuadamente investigados y contrarrestados por la Parte requerida. Las Partes reconocen que puede haber circunstancias en las cuales resulte adecuado que ambas Partes lleven a cabo investigaciones paralelas. Este supuesto podría darse cuando, por la naturaleza especialmente grave de las actividades anticompetitivas, el interés público exija la imposición de sanciones en ambas jurisdicciones. Este reconocimiento de la posible justificación de las investigaciones paralelas las actividades anticompetitivas perjudiquen a los se aplicará exclusivamente cuando mercados de ambas Partes. La letra c) del apartado 2 enumera una serie de requisitos que la Parte requerida deberá aceptar para el aplazamiento o la suspensión de las actividades de aplicación. Resulta necesario fijar estos compromisos para que la Parte requirente tenga confianza a la hora de aplazar o suspender sus propias actividades de aplicación. La Parte requerida deberá comprometerse a dedicar todos los esfuerzos y recursos necesarios para investigar las actividades anticompetitivas y mantener informada a la Parte requirente de la evolución de sus actividades de aplicación y de las iniciativas previstas. La Parte requerida deberá comprometerse a concluir sus investigaciones en el plazo de seis meses a partir del aplazamiento o la suspensión o en el plazo acordado entre las autoridades de competencia. Asimismo, la Parte requerida deberá tener en cuenta las opiniones de la Parte requirente antes de concluir su investigación y satisfacer las peticiones razonables que pueda formular esta última. Cuando resulte adecuado facilitar información confidencial a la Parte requirente con objeto de mantenerle informada de todas las iniciativas adoptadas, se deberá obtener el consentimiento de la fuente de dicha información. La legislación comunitaria asegura un elevado grado de protección de la información confidencial facilitada a la Comisión, y será necesario que el consentimiento obtenido sea suficiente para eximir a la Comisión de su obligación de mantener la confidencialidad, de conformidad con los principios generales del derecho comunitario, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento n° 17. Como el resto del proyecto de acuerdo, este artículo ha de interpretarse en combinación con el artículo VII, que establece que no se modificará la legislación vigente. Si la Parte requirente opta por no aplazar o suspender sus propias actividades de aplicación, cuando se cumplan las condiciones del apartado 2 del artículo IV, deberá informar a la Parte requerida de los motivos de tal decisión. Esta obligación de justificación permitirá que se controlen y expliquen detalladamente tales situaciones. El apartado 3 se limita a establecer que la Parte requirente podrá optar por aplazar o suspender sus actividades de aplicación aun cuando no se cumplan algunas de las condiciones fijadas en el apartado 2. En el apartado 4 se reconoce que la Parte que haya aplazado o suspendido sus actividades de aplicación podrá iniciarlas o reanudarlas posteriormente. En tales circunstancias, deberá informar a la otra Parte de sus intenciones y razones. Esta obligación de justificación permitirá controlar tales casos y proporcionará un método para comprender por qué la cooperación no ha satisfecho las expectativas de la Parte requirente. Cuando ambas Partes adopten sus propias medidas paralelamente, deberán cooperar ajustándose a lo dispuesto en el Acuerdo de 1991. Artículo V - Confidencialidad y utilización de la información^ El artículo V establece claramente que la información facilitada en virtud del Acuerdo sólo podrá ser utilizada para los fines previstos en el mismo, salvo en el supuesto de que la autoridad de competencia que haya facilitado tal información consienta en su utilización para información fines distintos. A los que consientan en la revelación de determinada confidencial se les ofrece una salvaguardia adicional: dicha información no podrá ser utilizada para otros fines salvo en el caso de que la autoridad de competencia y la fuente de información hayan dado su consentimiento. La confidencialidad de toda la información facilitada en virtud del proyecto de acuerdo está protegida por el artículo VIII del Acuerdo de 1991 y por el canje de notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 3. 3 Véase la nota 1. Artículo VI - Relación con el Acuerdo de 1991 El artículo VI vincula estrechamente el Acuerdo de 1991 al proyecto de acuerdo y establece explícitamente que el segundo completa el primero, al desarrollar el concepto de cortesía positiva. El proyecto de acuerdo ha de interpretarse de forma coherente con el Acuerdo de 1991. Artículo VII - Legislación en vigor El artículo VII dispone que el Acuerdo no modifica la legislación en vigor en Estados Unidos y en la Comunidad Europea y que ha de interpretarse de forma coherente con dicha legislación. Es importante señalar que el Acuerdo no puede permitir que las autoridades de competencia de cualquiera de las Partes adopten iniciativas para las que no hayan sido habilitadas. Artículo VIII - Entrada en vigor y extinción El artículo VIII establece que el Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y se mantendrá en vigor hasta 60 días después de la fecha en la que una de las Partes notifique que desea poner término al mismo. 10 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN ANEXO 2 relativa a la celebración del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 87, en relación con el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 228, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, sus artículos 65 y 66, Vista la propuesta de la Comisión4, Visto el dictamen del Parlamento Europeo5, Considerando que el Acuerdo de 23 de septiembre de 1991 entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia y el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con dicho Acuerdo (denominados conjuntamente, en lo sucesivo, el "Acuerdo de 1991"), que se adjuntan a la Decisión 95/145/CE, CECA del Consejo y de la Comisión6 han contribuido a promover la coordinación y la cooperación y a evitar conflictos en la aplicación de las normas de competencia; Considerando que el artículo V del Acuerdo de 1991, conocido comúnmente como el artículo sobre "cortesía positiva", aboga por la cooperación en relación con las actividades anticompetitivas realizadas en el territorio de una Parte que afecten a los intereses de la otra Parte; Considerando que un mayor desarrollo de los principios de cortesía positiva y de sus modalidades de aplicación incrementaría la eficacia del Acuerdo de 1991 en relación con dichas actividades; 4 DOn° 5 DOn° 6 DO n° L 95 de 27. 4. 1995, p. 45, tal como ha sido rectificada en el DO n° L 131 de 15. 6. 1995, p. 38. 11 Considerando que, a tal fin, la Comisión ha negociado un Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia; Considerando que conviene aprobar dicho Acuerdo, DECIDEN: Artículo 1 Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia. El texto del Acuerdo, redactado en lenguas española, danesa, alemana, griega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finesa y sueca, se adjunta a la presente Decisión. Artículo 2 Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea. Se autoriza al Presidente de la Comisión para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad Eiuropea del Carbón y del Acero. Hecho en Bruselas, Por el Consejo El Presidente Por la Comisión El Presidente 12 ACUERDO ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LA OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CORTESÍA POSITIVA EN LA APLICACIÓN DE SUS RESPECTIVAS NORMAS DE COMPETENCIA La Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte (en lo sucesivo, "las Comunidades Europeas"), y el Gobierno de los Estados Unidos de América, por otra, Visto el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia, de 23 de septiembre de 1991, y el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con dicho Acuerdo (denominadas conjuntamente, en lo sucesivo, el "Acuerdo de 1991"); Reconociendo que el Acuerdo de 1991 ha contribuido a promover la coordinación y la cooperación y a evitar conflictos en la aplicación de las normas de competencia; Teniendo en cuenta, en particular, que el artículo V del Acuerdo de 1991, conocido comúnmente como el artículo sobre "cortesía positiva", aboga por la cooperación en relación con las actividades anticompetitivas realizadas en el territorio de una Parte que afecten a los intereses de la otra; Considerando que un mayor desarrollo de los principios de la cortesía positiva y de sus modalidades de aplicación incrementaría la eficacia del Acuerdo de 1991 en relación con dichas actividades; Teniendo en cuenta que ninguna disposición del presente Acuerdo o su aplicación podrá ser interpretada en el sentido de prejuzgar la posición de una de las Partes por lo que respecta a las cuestiones de jurisdicción en materia de derecho de competencia a nivel internacional, Han acordado lo siguiente: Artículo I Ámbito de aplicación y objeto del presente Acuerdo 1. El presente Acuerdo se aplicará cuando una Parte demuestre a la otra que existen razones para creer que concurren las siguientes circunstancias: a) b) en la totalidad o en una parte sustancial del territorio de una de las Partes se realizan actividades anticompetitivas que afectan a los intereses de la otra Parte, y que dichas actividades están prohibidas en virtud de las normas de competencia de la Parte en cuyo territorio se están llevando a cabo. 13 2. El presente Acuerdo tiene por objeto: a) b) contribuir a garantizar que los flujos comerciales y de inversión entre las Partes, así como la competencia y la protección de los consumidores en sus actividades territorios anticompetitivas a las que puedan poner remedio las normas de competencia de una o ambas Partes; y se verán obstaculizados respectivos no por las normas de competencia, permitiendo a establecer procedimientos de cooperación para lograr la aplicación más efectiva y eficiente de las autoridades en materia de competencia de cada Parte no tener que utilizar, en principio, recursos para hacer frente a las actividades anticompetitivas que se realicen principalmente en el territorio de la otra Parte y estén dirigidas principalmente a dicho territorio, cuando las autoridades en materia de competencia de la otra Parte puedan y estén dispuestas a examinar y adoptar sanciones efectivas en el marco de su legislación con respecto a estas actividades. Artículo II Definiciones A los efectos del presente Acuerdo, 1. los términos "Efectos negativos" y "afectar", se refieren al perjuicio causado por actividades anticompetitivas: a) b) a la capacidad de las empresas en el territorio de una Parte para exportar, invertir o competir de otro modo en el territorio de la otra Parte, o a la competencia en los mercados nacional o de importación de una de las Partes. Se entenderá por "Parte" requirente". la Parte que se vea afectada por actividades anticompetitivas desarrolladas en la totalidad o en una parte substancial del territorio de la otra Parte. Se entenderá por "Parte requerida", la Parte en cuyo territorio se realicen tales actividades anticompetitivas. 2. 3. 4. Se entenderá por "Normas de competencia": a) para las Comunidades Europeas, los artículos 85, 86 y 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (CE), el artículo 65 y el apartado 7 del artículo 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), y sus normas de desarrollo, con exclusión del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, y 14 b) para los Estados Unidos de América, la Sherman Act (15 U. S. C. §§1-7), la Clayton Act (15 U. S. C. §§12-27), excepto en lo que se refiere a las investigaciones con arreglo al Titulo II de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, de 1976, (15 U. S. C. § 18a), la Wilson Tariff Act (15 U. S. C. §§8-11) y la Federal Trade Commission Act (15 U. S. C. §§41-58), a excepción de las disposiciones relativas a la protección de los consumidores), así como otras normas o reglamentos que las Partes definan, de común acuerdo y por escrito, como "normas de competencia" a los fines del presente Acuerdo. 5. Se entenderá por "Autoridades en materia de competencia": a) b) para las Comunidades Europeas, la Comisión de las Comunidades Europeas, dentro del límite de las competencias que le atribuye el Derecho comunitario, para los Estados Unidos, la Antitrust Division del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y la Federal Trade Commission. Se entenderá por "Medidas de aplicación", la aplicación de las normas de competencia por medio de una investigación o un procedimiento llevado a cabo por las autoridades en materia de competencia de una Parte. Se entenderá por "Actividades anticompetitivas", cualquier comportamiento o transacción prohibidos por las normas de competencia de una de las Partes. 6. 7. Artículo III Cortesía positiva Las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente podrán solicitar a las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida que investiguen y, si está justificado, pongan remedio a las actividades anticompetitivas de conformidad con las normas de competencia de la Parte requerida. Dicha solicitud podrá realizarse independientemente de si las actividades también infringen las normas de competencia de la Parte requirente y de si las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente han iniciado o prevén adoptar medidas de aplicación en el marco de sus propias normas de competencia. Artículo IV Aplazamiento o suspensión de investigaciones en relación con las medidas de aplicación de la Parte requerida 1. Las autoridades en materia de competencia de las Partes podrán acordar que las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente aplacen o suspendan las medidas de aplicación previstas o ya tomadas mientras se estén llevando a cabo las medidas de aplicación de la Parte requerida. 15 2. Las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente aplazarán o suspenderán normalmente sus propias medidas de aplicación en favor de las medidas tomadas por las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) las actividades anticompetitivas en cuestión: i) ii) no tienen un efecto directo, sustancial y razonablemente previsible sobre los consumidores del territorio de la Parte requirente, o si bien tienen tal efecto sobre los consumidores de la Parte requirente, se realizan principalmente en el territorio de la otra Parte y están dirigidas principalmente a dicho territorio; b) o convenientemente los efectos negativos sobre los intereses de la Parte requirente pueden ser, y es investigados y, en su caso, probable que sean, plena y adecuadamente eliminados normas, procedimientos y medidas correctoras de la Parte requerida. Las Partes reconocen que podría ser apropiado tomar medidas de aplicación por separado territorios cuando justifiquen la imposición de sanciones en el ámbito de su respectiva jurisdicción; las actividades anticompetitivas que afecten a ambos corregidos aplicando las c) al llevar a cabo sus propias medidas de aplicación, las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida se comprometen a: i) ii) iii) iv) v) los recursos actividades dedicar anticompetitivas y, en su caso, tomar sin demora las medidas de aplicación apropiadas; adecuados investigar las a procurar por todos los medios utilizar todas las fuentes de información razonablemente disponibles, incluidas aquellas que puedan sugerir las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente; informar a las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente, a instancia de éstas o a intervalos razonables, sobre el estado de avance de sus medidas de aplicación y de sus intenciones al respecto, y, en su caso, facilitar a las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente, información confidencial pertinente siempre que se haya obtenido el consentimiento de su fuente. La utilización y la divulgación de tal información se regirá por el artículo V; notificar rápidamente a las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente toda modificación de sus intenciones respecto de la investigación o de las medidas de aplicación; procurar por todos los medios concluir su investigación y llegar a una solución o iniciar un procedimiento en el plazo de seis meses, o en cualquier otro plazo que establezcan de común acuerdo las autoridades 16 en materia de competencia de las Partes, a partir del aplazamiento o suspensión de las medidas de aplicación por las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente; vi) informar plenamente a las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente sobre los resultados de su investigación, y tomar en cuenta la opinión de las autoridades en materia de competencia de dicha Parte, antes de llegar a un arreglo, iniciar un procedimiento, adoptar medidas correctoras o concluir la investigación; vii) atender cualquier solicitud razonable que presenten las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente. Cuando se cumplan dichas condiciones, la Parte requirente que opte por no aplazar ni suspender sus medidas de aplicación comunicará sus razones a las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida. 3. 4. Las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente podrán aplazar o suspender sus propias medidas de aplicación incluso cuando no se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente que opten por aplazar o suspender sus propias medidas de aplicación, iniciar o restablecer dichas medidas posteriormente. En tales circunstancias, las autoridades en materia de competencia de la Parte requirente informarán sin demora a las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida sobre sus intenciones y razones. Si las autoridades en materia de competencia de la Parte requerida prosiguen su propia investigación, las autoridades en materia de competencia de las dos Partes coordinarán, en su caso, sus respectivas investigaciones conforme a los criterios y procedimientos del artículo IV del Acuerdo de 1991. Artículo V Confidencialidad y utilización de la información Cuando, de conformidad con el presente Acuerdo, las autoridades en materia de competencia de una Parte faciliten información a las autoridades en materia de competencia de la otra Parte a efectos de aplicación del presente Acuerdo, dicha información será utilizada por estas últimas únicamente para tal fin. Sin embargo, las autoridades de competencia que la hayan facilitado podrán autorizar su utilización para otros fines, siempre que, cuando se haya facilitado información en virtud del inciso iii) de la letra c) del apartado 2 del artículo IV y con el consentimiento de la fuente interesada, esta fuente autorice también su utilización para otros fines. Cualquier divulgación de dicha información deberá ajustarse a lo dispuesto en el Artículo VIII del Acuerdo de 1991 y al Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 dejuliodel995. 17 Artículo VI Relación con el Acuerdo de 1991 El presente Acuerdo completará el Acuerdo de 1991 y deberá interpretarse de forma compatible con este último, que seguirá plenamente en vigor. Artículo VII Legislación vigente Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá interpretarse de forma incompatible con la legislación vigente en los Estados Unidos de América o en las Comunidades Europeas, o en sus respectivos Estados o Estados miembros, ni en un sentido que requiera una modificación de dicha legislación. Artículo VIII Entrada en vigor y denuncia 1. 2. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma. El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta sesenta días después de la fecha en que una de las Partes notifique por escrito a la otra que desea denunciar el Acuerdo. EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, han firmado el presente Acuerdo. HECHO en, en lenguas española, danesa, alemana, griega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos. por duplicado, el de 1997, de Por la Comunidad Europea y por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 18 DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN (sobre confidencialidad de la información) La declaración realizada por la Comisión, en abril de 1995, sobre la confidencialidad de la información y el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con el Acuerdo de 1991 son plenamente aplicables al presente Acuerdo. El artículo VII del presente Acuerdo establece que la legislación vigente se mantendrá sin modificaciones y que el Acuerdo deberá interpretarse de forma compatible con dicha legislación. Por consiguiente, el presente Acuerdo no deberá permitir a las autoridades en materia de competencia de ninguna de las Partes realizar actos para los que no estuviesen facultadas previamente. Como consecuencia de ello, la Comisión únicamente podrá facilitar información a las autoridades estadounidenses cuando sea compatible con la legislación comunitaria. i Si bien el presente Acuerdo establece que puede resultar apropiado facilitar información a la otra Parte con objeto de mantenerla informada sobre las medidas de aplicación, la información confidencial únicamente podrá suministrarse con el consentimiento de la fuente de dicha información. La legislación comunitaria confiere un alto nivel de protección a la información confidencial facilitada a la Comisión, y será necesario que el consentimiento obtenido sea suficiente para dispensar a la Comisión de su obligación de confidencialidad con arreglo a los principios generales de la legislación comunitaria, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento n° 17 del Consejo. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN (sobre transparencia) Serán aplicables los principios de transparencia que rigen las relaciones entre la Comisión y los Estados miembros para la aplicación de las normas de competencia contenidos, por ejemplo, en el Reglamento n° 17 del Consejo, y las disposiciones contenidas en el Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con el Acuerdo de 1991. Los Estados miembros deberán ser informados de todos los procedimientos incoados por la Comisión a raíz de una solicitud de las autoridades estadounidenses en virtud del artículo III del presente Acuerdo. Los Estados miembros deberán ser informados cuando la Comisión, de conformidad con el artículo III del presente Acuerdo solicite a las autoridades estadounidenses que investiguen actividades anticompetitivas. 19 Cuando la Comisión inicie procedimientos a instancia de las autoridades estadounidenses, con arreglo al artículo III del presente Acuerdo, se deberá informar a las empresas afectadas de la existencia de dicha solicitud, a más tardar cuando se presente el pliego de cargos, o cuando se realice una publicación de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17. El informe anual presentado por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación del Acuerdo de 1991 deberá referirse asimismo a la aplicación del presente Acuerdo. 20 ISSN 0257-9545 COM(97) 233 final DOCUMENTOS ES 08 02 10 11 N° de catálogo : CB-CO-97-311-ES-C ISBN 92-78-21670-4 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 21