title: Propuesta de acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros

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text: ,( '•< COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 30. 07. 1997 COM(97) 387 final 97/0227 (CNS) Propuesta de ACTO DEL CONSEJO por el que se establece el Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros (Presentada por la Comisión con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea) INDICE l EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A. Razones de la oportunidad de presentar una propuesta sobre admisión B. Comentario sobre los artículos II. PROPUESTA DE ACTO [Acto del Consejo Considerandos Parte dispositiva 4 4 8 25 25 ] 26 28 DECLARACIÓN PRELIMINAR La Comisión ha deseado siempre que las normas relativas a la inmigración formen parte del Derecho comunitario. En este sentido, la Comisión se congratula de los resultados de la Conferencia Intergubernamental y de las perspectivas que ofrece el Tratado de Amsterdam. No obstante, dicho Tratado todavía no ha sido ratificado, ni siquiera firmado. No sería oportuno interrumpir cualquier reflexión de fondo en los ámbitos que son objeto de la presente propuesta, en espera de la entrada en vigor del nuevo Tratado. En la situación actual, la Comisión sólo puede presentar propuestas si éstas se basan en el fundamento jurídico actualmente vigente, el Título VI del Tratado de la Unión Europea. No obstante, está claro que, en cuanto entre en vigor el nuevo Tratado, la Comisión presentará un nuevo proyecto en forma de directiva. De este modo, se sacará provecho a las anteriores discusiones de fondo, pero en el marco de un instrumento jurídico comunitario. Cabe resaltar que este tipo de enfoque ha sido ya utilizado en un contexto de cambio de fundamento jurídico cuando se adaptó el primer proyecto de Convenio sobre el control de las personas en las fronteras exteriores (presentado en 1991) a las condiciones creadas por la entrada en vigor en 1993 del Tratado de la Unión Europea. Esta opción de la Comisión tiene dos consecuencias: por una parte, al utilizar los instrumentos jurídicos actualmente a su disposición, la Comisión se somete a las normas formales de presentación de los mismos por otra, dado que hay elementos formales de la parte dispositiva que bien no tendrán cabida en una directiva, bien deberán ser considerablemente modificados en el fondo, han sido puestos entre corchetes ([. ]). Naturalmente, no es necesario hacer comentarios a los artículos entre corchetes. I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A. RAZONES DE LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA SOBRE LA ADMISIÓN 1. Objetivo de la propuesta Europa tiene que adoptar un enfoque global en política de inmigración y ya se han dado algunos pasos para adoptar una estrategia común en la materia. La presente propuesta de la Comisión tiene por objeto potenciar los esfuerzos en este sentido. En primer lugar, el Convenio establece unas normas comunes en materia de primera admisión de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro por razones de empleo, de actividad económica independiente, de estudios y de formación, de actividades no lucrativas y de reagrupación familiar. Por otro lado, el Convenio concede unos derechos elementales a los nacionales de terceros países residentes de larga duración con inclusión de disposiciones sobre la posibilidad de aceptar un empleo en otro Estado miembro. Por último, se trata de un enfoque amplio de la admisión de inmigrantes, enfoque basado en consideraciones de coherencia política. En efecto, la política de admisión de la Unión debe ser global para poder ser eficaz: la política de inmigración sólo puede resultar coherente y eficaz si se tienen en cuenta los elementos principales de la admisión. 2. El enfoque equilibrado que persigue el Convenio La coyuntura económica que llevó a los Estados miembros a fomentar el flujo constante y regular de trabajadores inmigrantes y a potenciar su instalación en territorio de la Unión ya no es la misma. Por este motivo, los Estados miembros han adoptado políticas selectivas en materia de admisión de trabajadores asalariados o independientes. La Comisión considera que la actual situación económica y laboral no permite que se abandonen dichas políticas, sin que ello signifique caer en el mito del tipo cero de inmigración. Por otra parte, no parece que la admisión de trabajadores para ejercer una actividad temporal, como el trabajo fronterizo o de temporero, tenga que estar sujeta al mismo tipo de restricciones. Estas actividades pueden contribuir al desarrollo económico y social y a mejorar las relaciones entre países vecinos y a reducir a largo plazo la presión migratoria. En materia de admisión por razones de estudios, la Comisión considera que la admisión de estudiantes favorece el mutuo entendimiento y se corresponde con la tradicional amplitud de miras de la cultura europea, al mismo tiempo que favorece la difusión del conocimiento. Sin embargo, toda política eficaz tiene que evitar cualquier incumplimiento de las normas de entrada y velar por que los estudiantes abandonen el territorio de los Estados miembros una vez finalizados sus estudios. Esto es también de vital importancia para que los países de origen no sufran una fuga de cerebros. A diferencia de lo que ocurre con la admisión de inmigrantes por razones de empleo, la reagrupación familiar se fundamenta en las obligaciones internacionales y los derechos humanos a los que están vinculados los Estados miembros. Se trata de un asunto de vital importancia para el éxito de toda política de integración coherente y eficaz. Es indispensable que exista una seguridad jurídica que garantice el respeto del derecho a la vida en familia. El Convenio incluye un Título específico sobre la situación jurídica de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Aunque se trata de un ámbito distinto del de la primera admisión, la inclusión de derechos en este apartado constituye parte integrante de la lógica de la presente propuesta, que le permite alcanzar un equilibrio político. La Unión debe fomentar la integración de los inmigrantes que residan legalmente en ella, una de cuyas condiciones previas es la seguridad de residencia. En su Comunicación de 1991, la Comisión afirmaba lo siguiente: "la seguridad de la estancia y de la residencia permanente para todos aquellos que cumplen los criterios de estabilidad constituye la condición previa fundamental para una integración con éxito". La integración de los inmigrantes es un imperativo que establece la tradición democrática y humanista de los Estados miembros y constituye uno de los aspectos fundamentales de toda política de inmigración. La integración de los inmigrantes es esencial para garantizar el equilibrio de nuestras sociedades. 3. Control de los flujos migratorios El control de los flujos migratorios es una cuestión de radical importancia que depende, por un lado, de la cooperación con los países de origen para influir en la tendencia emigratoria (push factors) y, por otro, de la voluntad de actuar sobre los factores de atracción (pull factors), que incitan a los nacionales de terceros países a penetrar en el territorio de los Estados miembros. La primera de estas cuestiones supera el ámbito de acción del presente Convenio. En cuanto a la segunda, hay que tener en cuenta que las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros pueden constituir factores de atracción hacia algunos de ellos. Las medidas adoptadas en un Estado miembro pueden afectar a los movimientos migratorios hacia otros Estados, normalmente vecinos. Para hacer frente a la creciente presión migratoria, los Estados miembros deben crear un marco común de normas jurídicas reguladoras de la admisión de inmigrantes. Un segundo aspecto importante del control de los flujos migratorios es la abolición de los controles en las fronteras interiores. En su Comunicación sobre inmigración de 11 de octubre de 1991, la Comisión llamaba ya la atención sobre la necesidad de aproximar las condiciones de entrada en los Estados miembros de nacionales de terceros países para hacer posible el control de la inmigración. 4. Tener en cuenta los resultados recientes Al introducir la presente propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta decisiones ya adoptadas por el Consejo sobre armonización de políticas migratorias. En su Informe sobre la política de inmigración de 3 de diciembre de 1991 adoptado por el Consejo Europeo de Maastricht, los ministros de inmigración reconocían la necesidad de armonizar las políticas de inmigración. Entre los aspectos prioritarios, dicho Informe citaba los siguientes: Armonización de la política de admisión con fines tales como la reagrupación familiar, un trabajo independiente o asalariado, etc. Armonización de políticas de admisión de estudiantes y trabajadores en prácticas. 2 SEC (91) 1855 final, de 11 de octubre de 1991, página 22 punto 60. SEC (91) 1855 final, de 11 de octubre de 1991, página 6 punto 12. Armonización de la admisión de carácter humanitario. Armonización de las disposiciones jurídicas sobre personas cuya residencia haya sido admitida. El Informe recomendaba también que se examinara la posibilidad de reconocer algunos derechos a los nacionales de terceros países residentes de larga duración en un Estado miembro. Desde entonces se han adoptado las decisiones siguientes en materia de admisión: En junio de 1993, la resolución relativa a la reagrupación familiar, adoptada en Copenhague por los ministros de inmigración3. En 1994, tres resoluciones sobre la admisión para trabajar, para ejercer una actividad profesional independiente y para cursar estudios , adoptadas por el Consejo. En 1996, la resolución sobre el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración en el territorio de un Estado miembro5, adoptada por el Consejo. Estos textos son más políticos que jurídicos y no tienen carácter vinculante. Ello rige tanto para las resoluciones adoptadas antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, como para las posteriores. Todas estas resoluciones contienen múltiples excepciones y frecuentes referencias a las especificidades nacionales y la interpretación y modo de transposición en las legislaciones nacionales se dejan al criterio de cada Estado miembro, lo cual produce una "radiografía" de las diferentes situaciones existentes en los Estados miembros antes que una armonización de la normativa. La Comisión es de la opinión de que en materia de inmigración y, en concreto, de admisión de inmigrantes, la Unión debe dotarse de un instrumento jurídico vinculante. La Unión Europea, como Unión de Estados de Derecho que es, debería definir con toda claridad los casos y condiciones en que se permite la admisión. En su Resolución de 18 de octubre de 1996, por la que se fijaban las prioridades hasta junio de 1998', el Consejo planteaba claramente dos objetivos: el examen de la situación jurídica de los nacionales de terceros países con residencia legal en un Estado miembro y el estudio de la reagrupación familiar. Sin embargo, esta labor puede llevarse a cabo con mayor amplitud incluyendo a otras categorías de nacionales de terceros países que puedan aspirar a ser admitidos en un Estado miembro. Ésta es la razón por la que la Comisión propone un enfoque global del fenómeno de la inmigración. Resolución sobre la armonización de las políticas nacionales en materia de reagrupación familiar, SN2828/1/93 WG1 1497 Rev. 1. Resolución de 20 de junio de 1994 sobre las limitaciones de la admisión de nacionales de países no comunitarios para trabajar en el territorio de los listados miembros, IX) n" C 274, de 19. 9. 1996, p. 3; Resolución de 30 de noviembre de 1994 sobre la limitación de la admisión para ejercer una actividad profesional por cuenta propia, IX) n° C 274, de 19. 9. 1996, página 7; Resolución de 30 de noviembre de 1994 relativa a la admisión con el fin de realizar estudios, DOn°C274,de 19. 9. 1996, p. 10. DO n°C 80 de 18. 3. 1996, p. 2. DO n°C 319 de 26. 10. 1996, p. 1. Esta postura se refleja en las anteriores iniciativas de la Comisión en materia de política de inmigración. En su Comunicación de febrero de 1994 sobre inmigración y asilo, la Comisión anunció su intención de elaborar un convenio sobre reagrupación familiar y de proseguir con los trabajos en materia de admisión de trabajadores asalariados, independientes, estudiantes y en el ámbito de los derechos de los nacionales de terceros países con residencia legal en la Unión7. De modo que en su programa de trabajo para 1996 la Comisión incluyó la elaboración de un convenio sobre admisión de nacionales de terceros países. 5. Motivos de la propuesta de la Comisión Teniendo, pues, en cuenta la declaración preliminar anterior y la opinión de la Comisión sobre las consecuencias de las Resoluciones adoptadas por el Consejo, tal como se indica en el punto 4, se ha considerado necesario establecer un texto jurídicamente vinculante que establezca claramente las condiciones y los derechos de los nacionales de terceros países cuando sean admitidos en el territorio de los Estados miembros y contribuya de manera decisiva a la seguridad jurídica de tales personas. En los ámbitos del Título VI, la Comisión dispone, al igual que los Estados miembros (primer guión del apartado 2 del Artículo K. 3), de un poder de iniciativa que ya ha utilizado al presentar al Consejo, once semanas después de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la propuesta de convenio sobre el cruce de las fronteras exteriores. 8 En marzo de 1997 le fue remitida al Consejo una propuesta de acción común sobre protección temporal de personas desplazadas. Con el presente Convenio, la Comisión reitera su interés por utilizar los instrumentos jurídicos de los que dispone actualmente. Con la presentación de esta iniciativa legislativa, la Comisión cumple asimismo un punto específico previsto en su plan de trabajo de 1996. El Título VI del Tratado de la Unión Europea dispone claramente que la política de 6. inmigración es una de las ''cuestiones de interés común" contempladas en el artículo Kl del Tratado, sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea. El apartado 3 del artículo Kl, relativo a la inmigración aporta una definición concreta. Tres elementos justifican la elección del fundamento jurídico: el primero, el propio título del apartado 3, que precisa que el concepto de "política de inmigración", aparte de contemplar el mero hecho de inmigrar en un Estado miembro, se refiere de forma más general a la "política respecto a los nacionales de terceros países". Ello demuestra que los autores del Tratado han querido englobar expresamente en esta cuestión de interés común la situación de los nacionales de terceros países en sentido amplio aparte de los requisitos de entrada en un Estado miembro en segundo lugar, la redacción de la letra a) de este apartado 3, que hace referencia a los requisitos de entrada COM (94) 23 final de 23 de lebrero de 1994, puntos 72-79, páginas 21-23, y puntos 124-125, página 35. Propuesta de decisión del Consejo por la que se establece el Convenio sobre control de personas en el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros, DO n° C 11 de 15. 1. 1994, p. 6. DO n° C 106, de 4. 4. 1997, p. 13. por último, la letra b) del apartado 3 relativa a las condiciones de residencia, que alude explícitamente a la reagrupación familiar y al acceso al empleo. Así pues, el apartado 3 del artículo Kl consagra efectivamente, de manera general v explícita, que las cuestiones relativas a la residencia y al acceso al empleo de los nacionales de terceros países legalmente admitidos como residentes en un Estado miembro de la Unión constituyen asuntos de interés general en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior, no obstante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 del protocolo sobre política social10. 7. Por otro lado, el instrumento propuesto permite respetar dos imperativos esenciales: la seguridad jurídica en primer lugar: un convenio es, al igual que una directiva, sin ambigüedad alguna, jurídicamente vinculante la transparencia democrática en segundo lugar: tal propuesta constituye claramente uno de los "principales ámbitos de actividad" de la cooperación en los ámbitos de la Justicia y los Asuntos de interior, puesto que se trata de la aplicación de una medida decisiva para el control de las corrientes migratorias; por lo tanto, se justifica plenamente la consulta por la Presidencia del Parlamento Europeo, de conformidad con las disposiciones del segundo apartado del artículo K. 6. En cualquier caso, la Comisión así lo entiende, al igual que hiciera en el proyecto de Convenio sobre el cruce de las fronteras exteriores. La Comisión presenta al Consejo la presente propuesta en forma de convenio previsto por la letra c) del segundo guión del segundo apartado del artículo K. 3 del Tratado. gt COMENTARIO A U )S ARTÍCULOS Artículo 1 - Definiciones. En este artículo se definen los conceptos utilizados en el Convenio. Gracias a ello, se puede asimismo articular estas nociones con otros instrumentos ya vigentes o en preparación, tales como los reglamentos sobre visados en aplicación del artículo 100 C del Tratado CE o el proyecto de Convenio sobre el control de personas en el cruce de las fronteras exteriores de la Unión. a) b) La noción de admisión se entiende aquí de forma que abarca el conjunto de situaciones de entrada para estancias de más de tres meses, dado que las estancias de una duración máxima de tres meses se contemplan en otra normativa. Se indica claramente que la admisión es una posibilidad sujeta a condición, y no un derecho automático para los nacionales de terceros países que la soliciten. Autorización de residencia. Conviene distinguir aquí entre la autorización, que es una decisión que genera el derecho de residencia, y la forma en que se materializa esta autorización: existencia o no de un permiso de residencia, sello en el pasaporte, etc. 10 Acuerdo sobre política social anejo al protocolo 14 del Tratado CE 8 Artículo 2 - Ámbito de aplicación. 1. En el momento en que la Unión inicia un proceso de armonización de las normas de admisión, está obligada a preservar el acervo de los acuerdos internacionales, bilaterales y multilaterales, que ya han entrado en vigor y que son acuerdos comunitarios o mixtos. Ello permitirá, en particular, respetar los compromisos internacionales suscritos por la Comunidad y sus Estados miembros en el marco de la OMC. 2. Se han previsto tres supuestos de exclusión del ámbito de aplicación: - Las personas que hayan presentado una solicitud para que se les reconozca el estatuto de asilados o refugiados en la medida en que su estatuto se contemple en oíros instrumentos específicos, y especialmente en el Convenio de Ginebra de 1951. Con el fin de no crear una situación de desigualdad con otros nacionales de terceros países residentes en los Estados miembros, los refugiados reconocidos se beneficiarán de las disposiciones del Capítulo VIII del presente Convenio relativo a las personas instaladas con carácter duradero, siempre que cumplan las condiciones de residencia establecidas en el artículo 32. - Las personas desplazadas a quienes se haya concedido en un Estado miembro la admisión en virtud de la protección temporal, en la medida en que su situación esté llamada a evolucionar en el sentido de una vuelta a su país de origen, en cuanto desaparezcan las causas que hayan motivado el beneficio de la medida de protección. Esto debe entenderse, por el momento, como una referencia a los distintos regímenes nacionales de los Estados miembros. Si se aprueba, en el futuro, la acción común propuesta por la Comisión, deberá entenderse como una referencia a un régimen de protección temporal que responda a un enfoque común. - Las personas autorizadas a residir por motivos humanitarios, cuya admisión esté limitada al territorio de un Estado miembro en función únicamente de la decisión de dicho Estado. 3. Las disposiciones del Convenio no son aplicables a los beneficiarios del Derecho comunitario. Por lo tanto, no afectan ni a los ciudadanos de la Unión con arreglo al apartado 1 del artículo 8 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ni a los miembros de su familia que tengan la nacionalidad de un país tercero y que, en virtud de un acto adoptado en aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, disfruten del derecho de entrada y de residencia en un Estado miembro. Tampoco son aplicables a los nacionales de aquellos terceros Estados que, en virtud de acuerdos establecidos entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y dichos Estados por otra, gocen en materia de entrada y de residencia en un Estado miembro de derechos idénticos a los de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión, ni a los miembros de la familia de éstos de nacionalidad de un tercer Estado que gocen del derecho de entrada y de residencia en un Estado miembro en virtud de tales acuerdos. Estas últimas disposiciones afectan en particular a los nacionales de los Estados partes en el Acuerdo EEE. Las disposiciones del Convenio no afectan tampoco a los trabajadores nacionales de terceros países trasladados por una empresa CE a otro Estado miembro. Artículo 3 - Tramitación de las solicitudes de admisión iniciales. 1. El primer principio que se contempla aquí es que una solicitud de admisión inicial en virtud del presente Convenio no podrá tramitarse, con excepción de los casos citados en el artículo 31, si el solicitante ya reside en el territorio de un Estado miembro. Aquí hay que tener en cuenta que las normas que permiten estancias de corta duración no forman parte del presente Convenio y que tales estancias de corta duración (3 meses máximo) no tienen por objetivo estancias más estables. Por consiguiente, utilizar ese periodo de residencia legal de corta duración para solicitar la admisión en virtud del presente Convenio implicaría desviar esas estancias cortas de su objetivo y constituiría una incitación a permanecer, incluso ilegalmente, al final de la estancia corta. Cabe resaltar que una parte considerable de las personas que se encuentran actualmente en situación ilegal han entrado de hecho legalmente en los Estados miembros precisamente a través de estancias de corta duración. El solicitante, por lo tanto, deberá encontrarse en un tercer país en el momento de presentación de la solicitud, y únicamente podrá entrar en el Estado miembro tras la notificación de una decisión favorable. 2. Si bien la decisión de admisión o de denegación de la admisión corresponde al Estado miembro solicitado, conviene, no obstante, determinar unas normas comunes para la tramitación que, a la vez que garanticen al solicitante un examen en profundidad de su situación, también garanticen a los Estados miembros un nivel armonizado de tramitación de las solicitudes, impidiendo la creación de polos de atracción hacia uno u otro de los Estados. Artículo 4 - Documentos de viaje. 1. 2. Sería difícilmente concebible que un Estado miembro, tras haber autorizado la admisión de un nacional de un Estado tercero, no pudiera autorizar a dicha persona a entrar en su territorio. La expedición, en su caso, de los visados necesarios, deberá, por consiguiente, facilitarse al máximo. Con ello, el Estado miembro conserva la posibilidad de verificar que entre el momento de la autorización de la admisión y el momento en que la persona se presenta para entrar en su territorio, no se producen nuevos hechos que motiven la denegación de la admisión. Deberán concederse a las personas las mismas facilidades para transitar, en su caso, por el territorio de un Estado miembro distinto al que ha autorizado la admisión. El eventual riesgo que podría soportar el Estado miembro por el que así se transite se ve contrarrestado por la existencia de procedimientos de readmisión entre Estados miembros. Artículo 5 - Posibilidad de ausentarse. 1. En principio, si un nacional de un país tercero solicita la admisión en un Estado miembro, es para residir en él de forma significativa y regular. Es lógico por lo tanto 10 que, si abandona el territorio del Estado miembro en cuestión, el mantenimiento de su derecho de residencia dependa de que se cumplan determinadas condiciones. No obstante, obligarle a una residencia permanente iría en contra de los objetivos de libertad de la Unión y de los derechos del individuo. Por lo tanto, es necesario otorgarle la posibilidad de ausentarse por el período de las vacaciones legales y por un período suplementario (fijado en 13 semanas) que puede servir para otras razones relacionadas con su vida privada. La referencia a las vacaciones legales, expresión típicamente ligada a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena, se utiliza aquí como aplicable, mutatis mutandis, a las demás categorías (en particular a los trabajadores independientes y a los estudiantes). Dejando aparte sus ausencias por razones privadas, es posible que el nacional de un tercer Estado deba ausentarse por motivos directamente relacionados con las razones que justificaron su admisión (por ejemplo, el estudiante que debe realizar alguna investigación en otro Estado o el empleado que es enviado por su empresa a otro Estado). En este caso, no estará sujeto a los límites anteriormente indicados. En la medida en que a los nacionales de terceros países que hayan sido reconocidos como personas instaladas con carácter duradero con arreglo a los artículos 32 y 33 del Convenio se les conceda un régimen particular de posibilidades de residencia en la Unión, dichas personas estarán sometidas a condiciones similares a las que se contempla en el Derecho comunitario. Además, es preciso prever otra situación especial, la de las personas reconocidas como instaladas con carácter duradero que desean cambiar de Estado miembro de residencia. Puede ocurrir que, después de un cierto periodo deseen volver al primer Estado de residencia sin que se les haya reconocido su estatuto en un segundo Estado. En este caso específico, puede superarse el periodo de ausencia previsto en el apartado 2 para hacer frente a esas situaciones. También es necesario contemplar las situaciones en que el nacional del país tercero sabe de buena fe que se verá obligado a una ausencia superior a la autorizada, o incluso ya se encuentra fuera del Estado miembro donde reside habitualmente, y se ve obligado a prolongar su ausencia: este es el caso especialmente de los motivos de salud. En estas situaciones, la posibilidad de ausentarse podrá ampliarse siempre que el motivo alegado figure en la lista que se elaborará con arreglo a las medidas de aplicación del Convenio, con el fin de no crear distorsiones entre los Estados miembros. 2. 3. Artículo 6 - Renovación de la autorización de residencia. 1. 2. La norma de Derecho común aquí establecida es que, cuando caduque su permiso de residencia, el nacional de un país tercero podrá solicitar in situ la renovación de su autorización de residencia si cumple todos los requisitos necesarios para la admisión. El segundo principio enunciado en este artículo, en coherencia con el artículo 3 del presente Convenio, es el de que, con excepción de los casos previstos en el artículo 31, no podrá renovarse una autorización de residencia por un motivo distinto al que justificó la autorización precedente si el interesado se encuentra dentro del territorio de los Estados miembros. Una persona que desee residir en un Estado miembro por motivos diferentes a los de la primera ocasión deberá por lo tanto volver a un país tercero y desde allí solicitar una nueva admisión. Con el fin de evitar burlas al procedimiento, la persona 11 3. 4. deberá no solamente residir en un país tercero para desde allí presentar la nueva petición, sino además, esperar allí la notificación de una decisión favorable para volver a un,Estado miembro que le admita de nuevo. Puede ocurrir que, en determinadas circunstancias, el requisito de abandonar el territorio de los Estados miembros para presentar una solicitud de residencia por un motivo diferente sea una medida inútilmente burocrática. Tal sería el caso, por ejemplo, de un trabajador por cuenta ajena que se convierta en propietario o coaccionista de la empresa en la que trabaja. La interrupción vinculada al procedimiento del apartado 2 supra podría acabar poniendo en peligro la propia actividad y, por lo tanto, el empleo. Es preciso, pues, permitir que determinadas categorías precisas de personas admitidas con fines de empleo, disfruten de exenciones. No obstante, para no privar de alcance el principio general que se enuncia en este artículo, tales exenciones excepcionales deberán enumerarse en una lista limitativa elaborada en el marco de las medidas de aplicación del presente Convenio. En el caso de las personas reconocidas como personas instaladas con carácter duradero, la autorización de residencia ya no está vinculada a un motivo preciso de admisión, quedando claro que tienen la posibilidad de acceder a cualquier actividad, realizar estudios o residir por otros conceptos. Por consiguiente, la renovación de su autorización de residencia puede obtenerse, incluso si cambia la razón de su residencia, sin que se vean obligados a abandonar el territorio de los Estados miembros para presentar una nueva solicitud de admisión. Artículo 7 - Principios, 1. 2. Al no permitir la situación del mercado de trabajo descartar un enfoque selectivo en materia de admisión por razones de empleo por cuenta ajena, el artículo establece las condiciones a que se somete la aceptación de una solicitud. Se persigue el doble objetivo de no perjudicar las necesidades de las empresas y evitar incrementar la mano de obra disponible en un Estado mientras la existente legalmente en dicho Estado no tenga empleo. La admisión podrá otorgarse si la oferta de empleo no puede cubrirse a corto plazo ni por un ciudadano de la Unión, ni por un nacional de un país tercero que ya resida en el territorio del Estado miembro donde se produzca la oferta y pertenezca al mercado regular de trabajo en dicho Estado miembro, ni por un nacional de un tercer país que haya sido reconocido como persona instalada con carácter duradero. Este último elemento forma parte de los derechos de las personas instaladas con carácter duradero en otro Estado miembro. Dado que el Convenio es una ley marco para las normas en materia de admisión, las modalidades concretas de aplicación del apartado anterior se aprobarán con arreglo a las medidas de aplicación. Entre ellas destaca el procedimiento obligatorio que deberá seguirse para cubrir una oferta de empleo, con el fin de asegurarse de que no se dan las condiciones factuales previstas en el apartado 1 del artículo 7. Este artículo establece, pues, esencialmente una obligación de medio pero no de resultado para las autoridades encargadas de la instrucción de las solicitudes. Cuando se establezcan las normas de aplicación, será preciso tener en cuenta los mecanismos comunitarios ya existentes (creados en el marco del Reglamento 68/1612, sistema EURES), con el fin de evitar cualquier riesgo de duplicación. 12 Artículo 8 - Procedimiento. 1. El artículo excluye que la admisión para postular a un empleo pueda otorgarse in situ. En efecto, la admisión por razones de empleo únicamente es posible si el nacional de un país tercero ha recibido previamente un contrato de trabajo y la autorización para ocupar dicho empleo. Está previsto que el contrato de trabajo inicial que permita la primera admisión no podrá ser inferior a un año. La autorización de residencia tiene, en general una duración igual a la de la del contrato de trabajo, lo que da estabilidad jurídica tanto al asalariado como al empleador. No obstante, el Estado miembro no puede verse obligado, por la existencia de un contrato de larga duración (por ej. , de un contrato indefinido) a expedir una autorización de residencia correspondiente a la duración del contrato. Esta es la razón por la que, para la primera admisión, se establece un límite de cuatro años. 2. Este apartado establece que es posible la renovación, y que ésta podrá solicitarse dentro del Estado miembro. No obstante, para que pueda concederse la renovación de la autorización de residencia, deberán cumplirse las mismas condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 7. Artículo 9 - Trabajadores de temporada. 1. 2. 3. 4. El trabajo de temporada es una realidad presente en diversos sectores de actividad económica (hostelería, agricultura), que requiere una reglamentación específica para que los nacionales de terceros países puedan ejercerla sin que su estancia se prolongue más allá del período necesario. La actividad del trabajador de temporada se caracteriza por un elemento personal (su domicilio no varía) y por un elemento material (el tipo de actividad ejercida). La duración de la admisión se ve limitada en el tiempo en relación con las demás actividades por cuenta ajena que pueden justificar la admisión: no podrá superar un período máximo de seis años por año civil. Este apartado prevé la prórroga únicamente en el caso de que la autorización inicial se haya otorgado por un período inferior a seis meses y precisa las condiciones para la presentación de la solicitud de prórroga (presentación de la solicitud de prórroga por el empleador, motivación adecuada). La duración máxima de estancia por año civil para los trabajadores de temporada sigue siendo de seis meses. Si bien la presencia del trabajador se ve limitada rigurosamente a seis meses por año civil, puede no obstante repetirse de un año a otro. Este apartado prevé que en el momento de presentación de las solicitudes de admisión se otorgue prioridad a los nacionales de terceros países que ya hayan ejercido una actividad de temporada en el territorio del Estado miembro, en relación a los nacionales de terceros países que nunca hayan ejercido una actividad de este tipo. Esta disposición puede contribuir a evitar que el trabajador de temporada trate de prolongar ilegalmente su estancia en el territorio del Estado miembro, una vez transcurrida la duración máxima de estancia de seis meses. 13 Artículo 10 - Trabajadores trasfronterizos. 1. 2. Esta disposición pretende favorecer los contactos y relaciones entre las zonas fronterizas limítrofes de los Estados miembros y los terceros países. El concepto de zona fronteriza se entiende aquí en el sentido de los convenios bilaterales existentes entre los Estados afectados. Se prevé una excepción en relación a los principios del artículo 7 para los trabajadores transfronterizos, cuya situación se caracteriza por un elemento personal (no sólo no varía su domicilio, sino que vuelve todos los días o una vez por semana al país tercero donde reside). Existe una restricción material relacionada con el lugar donde los trabajadores fronterizos pueden ejercer una actividad: no en todo el territorio de un Estado miembro, sino únicamente en un lugar situado en la zona fronteriza de dicho Estado limítrofe. En cambio, no existen restricciones en cuanto a la actividad que puede ejercerse. Artículo 11 - Definición. Este artículo contiene la definición de admisión por razones de actividad económica independiente, en particular el núcleo de la misma, la ausencia de todo vínculo de subordinación a un empresario. Debe quedar claro que esta definición se refiere en primer lugar a la posibilidad de que una persona física entre en el territorio de un Estado miembro. Esta definición cubre dos situaciones: aquélla en que tal persona ejerce su actividad estableciéndose en el territorio de un Estado miembro, y aquélla en la que la ejerce sin establecerse, en particular, efectuando una prestación de servicio, bien con carácter individual bien por cuenta de una empresa establecida fuera de la Unión. Artículo 12 - Requisitos de admisión. Este artículo y el siguiente se refieren a la primera situación descrita en el comentario al artículo 11. La admisión en tales casos estará sujeta al cumplimiento de dos condiciones. El nacional de un país tercero deberá disponer, antes de su entrada en territorio del Estado miembro, de recursos suficientes en dicho Estado para ejercer la actividad para la que haya presentado su solicitud de admisión. Este requisito tiene como finalidad exigir la existencia de una voluntad real y una capacidad económica para ejercer la actividad para la que se solicita la admisión. La segunda condición, puramente económica, tiene como objetivo demostrar que la admisión del nacional de un Estado miembro puede aportar un valor añadido a la economía del país en el que se instala. Es necesario, si ello es factible, valorar dicha plusvalía de la manera más objetiva posible. La influencia positiva sobre la situación del empleo parece uno de los criterios menos arbitrarios a este respecto. Si, por ejemplo, en un plazo de dos años, correspondiente al permiso de residencia mínimo del que disfruta, se produce la contratación, incluso a tiempo parcial, de un asalariado; el recurso a una o varias sociedades de servicios (contabilidad, informática, mantenimiento, etc. ) o la utilización regular de subcontratistas, se tendrá elementos concretos de apreciación de la plusvalía aportada en materia de empleo. 14 Está claro, por otra parte, que, para ejercer su actividad, el nacional de un país tercero deberá respetar toda la normativa del Estado miembro relativa a esta actividad. Las medidas de aplicación previstas en el párrafo segundo de este artículo podrán establecer, en particular, las listas de actividades autorizadas. Artículo 13 - Autorización de residencia. 1. 2. La autorización de residencia se otorga por un período mínimo de dos años, lo que responde a dos preocupaciones: por una parte, la de armonizar la duración de la residencia de los inmigrantes admitidos por primera vez por razones de empleo y, por otra, permitir que los independientes dispongan de un tiempo suficiente para desarrollar su actividad. La solicitud de renovación podrá presentarse in situ cuando se refiera a la misma actividad o a una actividad que sea continuación o evolución de la misma. Se exigen requisitos complementarios para la renovación de la autorización de residencia. La persona debe haber ejercido efectivamente la actividad (se trata de controlar que la admisión inicial se ha empleado efectivamente con arreglo a la finalidad declarada, con el fin de evitar la burla de las normas sobre la admisión inicial). La persona que solicite la renovación debe poder continuar ejerciendo su actividad en el futuro. Por último, la tercera condición consiste en la comprobación de la influencia positiva en el mercado de trabajo del Estado miembro. Artículo 14 - Prestación de servicios. La segunda situación descrita en el comentario al artículo 11 es la de prestación de servicios que no implica el establecimiento en el territorio de un Estado miembro. Habida cuenta, por una parte, de la gran diversidad de situaciones concretas que ello abarca, y por otra, de la existencia de acuerdos internacionales multilaterales (GATT, GATS etc) deben ser las medidas de aplicación las que fijen las condiciones de ejercicio de este tipo de actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 59 del Tratado CE. Artículo 15 - Admisión por estudios. La admisión únicamente podrá autorizarse si el candidato presenta la prueba documental de su admisión en un establecimiento: este establecimiento deberá ser público u homologado, de forma que se eviten las tramitaciones de certificados falsos. Los tipos de estudios que otorgan derecho a la admisión están definidos de forma clara y limitativa, con el fin de cubrir el conjunto de posibilidades que ofrecen los sistemas de enseñanza superior de los Estados miembros. Artículo 16 - Autorización de residencia. 1. En este ámbito, el principio esencial es que la duración de la residencia sea estrictamente igual a la de los estudios, por lo que las autorizaciones de residencia expedidas se calcularán en función de la duración de los ciclos seguidos. Con el fin de asegurarse de 15 2. 3. que la persona admitida sigue efectivamente los estudios, los permisos de residencia tendrán la misma duración que la de la matrícula universitaria en curso de validez. La renovación de las autorizaciones de residencia debe realizarse con este mismo espíritu. Corresponde por lo tanto al titular de la autorización aportar la prueba (certificados de escolaridad, justificantes de haber aprobado los exámenes, etc. ) de que en efecto está siguiendo los estudios. La duración total de presencia para realizar un ciclo completo debe permitir un cierto margen de fracaso y un derecho a repetir; derecho que no podrá ampliarse excesivamente sin desnaturalizar el sentido de la admisión por estudios. Los márgenes autorizados se determinarán en las medidas de aplicación. Está claro que los elementos de prueba, así como las formas de control, no deben ser exorbitantes con respecto a los que normalmente se exijan a los estudiantes comunitarios. Por último, y también en aras de la no discriminación y para respetar la realidad de un curso, debe integrarse el hecho de que un primer año de estudios (excepto en los ciclos posteriores al primer ciclo) suele ser un año de orientación. Cabe por tanto pensar que al final de dicho año pueda escogerse una nueva orientación y autorizarse al estudiante in situ a iniciar un nuevo ciclo de estudios. Queda bien claro que este cambio de orientación únicamente puede autorizarse una vez, y que en caso de un cambio de estudios, deberá solicitarse una nueva autorización con arreglo a las disposiciones del artículo 3 del presente Convenio. 4. En las medidas de aplicación se establecerán las modalidades detalladas de aplicación de presente artículo. Artículo 17 - Autorización de trabajo para estudiantes. Este artículo se inspira asimismo en la resolución sobre la admisión por estudios. El principio general es que la admisión por estudios no puede convertirse en un admisión disfrazada con otros fines, especialmente para ejercer un empleo. La naturaleza de las actividades remuneradas que el estudiante puede realizar deben cumplir el doble requisito de remuneración accesoria y de duración e intensidad tales que no se ponga en peligro la prosecución de los estudios. Artículo 18 - Fin de los estudios. 1. Existe una relación de continuidad neta entre las categorías de estudios definidas en las letras a, b y c del artículo 15. Puede por lo tanto considerarse que una persona que haya concluido con éxito estudios correspondientes a la letra a) del artículo 15 pueda continuar cursando estudios correspondientes a las letras b) y c) de dicho artículo. En estos casos, obligar al estudiante a seguir el proceso de renovación de la admisión previsto en el artículo 3 equivaldría, habida cuenta de los plazos de tramitación, a prohibirle volverse a inscribir de un año para otro; razón por la cual en este único caso se autoriza a solicitar in situ la prolongación de la autorización de residencia para realizar un nuevo ciclo de estudios. Esta lógica conduce a que no se haga lo mismo para continuar estudios de nivel inferior. Por el contrario, en el caso que se contempla en la letra d), la actividad de investigación (beca de estudio en un laboratorio o un centro de investigación, etc. ) puede realizarse perfectamente justo después del fin de otro ciclo de 16 estudios. Es, pues, coherente que las actividades contempladas en la letra d) puedan ser autorizadas tras una solicitud presentada in situ. 2. Una vez concluidos sus estudios, la persona abandonará el territorio del Estado miembro, al que podrá volver por otro concepto si solicita la admisión por dicho concepto con arreglo al procedimiento normal, previsto en el artículo 3. Artículo 19 - Trabajadores en prácticas. 1. 2. 3. Este artículo se ha incluido aquí por razones de coherencia, puesto que a la formación inicial sigue la formación profesional, que es sobre todo una formación continua. El trabajador en prácticas es por lo tanto una persona que ya ha iniciado su vida profesional y que desea perfeccionarse para mejorar su nivel de cualificación gracias a una formación complementaria, esencialmente profesionalizada. En el sentido del presente artículo, la admisión de un trabajador en prácticas en el territorio de un Estado miembro únicamente puede realizarse si existe una relación clara y evidente entre la carrera profesional y el contenido del trabajo en prácticas que efectuará la persona en un Estado miembro, y si dicho trabajo en prácticas no puede efectuarse en su país de origen por razones del nivel o de la especialización de la formación impartida. El candidato a la admisión como trabajador en prácticas deberá por lo tanto encontrarse en una situación tal que su presencia no tenga una incidencia en los gastos sociales de los Estados miembros, ni constituya una admisión disfrazada como trabajador por cuenta ajena. Por ello, el candidato deberá aportar la prueba de su inscripción a través de un convenio celebrado con un organismo debidamente homologado de formación profesional, en el que se establecerá la remuneración del trabajo en prácticas. Asimismo, deberá presentar una prueba de que dispone de protección social contra los riesgos que pueda correr en el Estado miembro donde va a residir. Aquí, como en todo este Título, también juega el mismo principio de máxima adecuación entre la duración de la autorización de residencia y la duración del trabajo en prácticas. De la observación de la realidad de la formación continua se desprende que este tipo de trabajos en prácticas rara vez excede de un año, que será, por lo tanto, la duración de la autorización de residencia inicialmente autorizada. Sólo se concederán prórrogas anuales para la continuación del mismo trabajo en prácticas, con exclusión de cualquier otro motivo. Artículo 20 - Programas específicos. 1. Cabe recordar que la Comunidad, a través del presupuesto comunitario, pone en práctica programas de cooperación destinados a elevar el nivel de cualificación de los nacionales de terceros países beneficiarios de los mismos. Resulta por tanto lógico y coherente facilitar la admisión de estas categorías de estudiantes, de trabajadores en prácticas y de investigadores. 2. Las medidas de aplicación podrán, a este respecto, establecer las modalidades concretas de esas facilidades (procedimientos acelerados, disminución de los costes, etc. ). 17 Artículo 21 El ámbito de aplicación de la admisión por estudios se limita estrictamente a la enseñanza superior, conformemente a lo indicado en la resolución adoptada por el Consejo en este ámbito. La enseñanza primaria y secundaria está cubierta por las normas que rigen la reagrupación familiar. En cuanto al aprendizaje, si bien no se recoge como tal en el presente texto, está de hecho cubierto por determinadas disposiciones: los miembros de la familia reagrupada pueden acceder al aprendizaje cuando éste afecta al tramo de edad de los reagrupados. Por otra parte, cuando el aprendizaje está organizado por establecimientos de enseñanza superior o asimilados, forma parte del curso normal de los estudios. Finalmente, las normas aplicables a los trabajadores en prácticas pueden también recubrir situaciones de aprendizaje. Artículo 22 - Requisitos de admisión. Los diferentes títulos de la presente propuesta cubren de manera muy amplia las categorías de personas que pueden aspirar a conseguir. Sin embargo, existen personas que no entran dentro de los casos previstos y a quienes no puede denegarse a priori la posibilidad de residir en un Estado miembro: jubilados, rentistas, escritores que perciben derechos de autor o jóvenes "au pair" constituyen algunos ejemplos. En la medida en que estas personas no vienen a añadirse al mercado de trabajo, sino que por el contrario son consumidores e inversores netos para el Estado miembro donde solicitan residir, parece lógico examinar su solicitud favorablemente, siempre que cumplan unos requisitos claros. Estos requisitos, que deberán establecerse con precisión en las medidas de aplicación, son precisamente los que garantizarán que mediante la residencia de dichas personas no se añadirá una nueva carga a los gastos sociales del Estado miembro de acogida. Artículo 23 - Autorización de residencia. 1. 2. Se autoriza la residencia por un año como mínimo. A partir de dicho plazo, el Estado miembro podrá renovar la autorización de residencia bien por períodos anuales o bien por períodos más amplios. Queda claro que la renovación dependerá de que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 22, y en especial la presentación de pruebas que pudieran solicitarse en este sentido. Artículo 24 - Principios. El derecho a la reagrupación familiar deriva del derecho al respeto de la vida en familia, consagrado por el Derecho internacional y en particular por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950. Las disposiciones del presente título tienen como objetivo establecer las condiciones para el ejercicio de este derecho, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de conjugar el respeto del derecho a la reagrupación familiar con el poder de los Estados miembros de controlar la entrada de nacionales de terceros países en su territorio. 1. 2. Este párrafo precisa los requisitos fundamentales necesarios para el ejercicio de la reagrupación familiar: en primer lugar, la residencia legal en el Estado miembro donde se presente la solicitud de reagrupación y, en segundo, la duración de la residencia. Ésta se ha fijado con arreglo a criterios que permiten garantizar que la persona que presenta la solicitud tiene una residencia estable anterior (al menos un año de residencia) y goza asimismo de una perspectiva de estabilidad futura (de ahí la condición del derecho a la residencia válido por dos años al menos). Dado que los estudios pueden durar en total varios años, no es posible negar a los estudiantes el derecho a vivir en familia. Conviene, pues, fijar las condiciones para esta categoría de personas. Esta es la razón por la que está previsto que puedan pedir la reagrupación familiar siempre que hayan residido más de dos años en total (condición de estabilidad de residencia anterior) y que dispongan de un permiso de un año (perspectiva de una cierta estabilidad futura). Artículo 25 - Situación de los miembros de las familias de ciudadanos de la Unión que no ejercen su derecho a la libre circulación El Convenio regula la admisión de los nacionales de los nacionales de terceros países en los Estados miembros. El Derecho comunitario regula la admisión por razones de reagrupación familial" de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que ha utilizado su derecho a la libre circulación. Existe, pues, una laguna respecto a la reagrupación familiar de los ciudadanos que no han utilizado este derecho. El derecho nacional regula, en algunos casos, esta situación, pero de manera más restrictiva en general (edad de los niños, derecho a la reagrupación de los ascendientes, etc. ). Dado que la ciudadanía de la Unión es única, conviene llenar las lagunas de la situación actual, estableciendo la igualdad de trato entre los ciudadanos de la Unión. Artículo 26 - Categorías de personas que pueden reagruparse. 1. Este artículo precisa las personas que pueden optar a la reagrupación, los miembros de la familia nuclear: cónyuge e hijos. Es evidente que el matrimonio deberá ser compatible con los principios fundamentales del orden jurídico del Derecho del Estado miembro donde se presenta la solicitud. Ello no permite, por norma general, la reagrupación de personas del mismo sexo, ni de cónyuges en caso de matrimonios polígamos. En cuanto a los hijos del matrimonio, no se hará discriminación alguna en relación con los hijos adoptados; sin embargo, en el caso en que la decisión de adopción no haya sido tomada por la autoridad del Estado miembro, esta decisión deberá ser reconocida por la autoridad competente del mismo. Respecto de los hijos de uno sólo de los cónyuges, pero no de la pareja (letra a)) las condiciones se establecen de forma más detallada sin discriminación alguna frente a los hijos nacidos fuera del matrimonio o de matrimonios anteriores; se trata de controlar que el padre que reagrupe al hijo disponga en exclusiva de la autoridad parental, que tenga el derecho de custodia, con el fin de evitar que la reagrupación conduzca a anular de hecho el derecho de custodia del otro progenitor. 19 2. 3. Los hijos deben ser menores, es decir, tener una edad inferior a la mayoría de legal del Estado miembro donde se presente la solicitud de reagrupación. La Resolución de 1993 prevé que la edad debe ser inferior a un máximo establecido entre los 16 y los 18 años. La elección de la mayoría legal como punto de fijación se basa en la propia definición de menor, es decir, una persona cuya emancipación jurídica y económica del núcleo familiar no se ha producido aún. Este criterio, que permite armonizar las normas de admisión, respeta el principio de subsidiariedad, pues la fijación de la edad de la mayoría legal es competencia única del Derecho nacional. La segunda condición prevista en este artículo es que el hijo no debe estar casado. Las dos condiciones permiten afirmar que la reagrupación de los hijos es posible cuando se encuentran de hecho y de derecho aún dependientes del reagrupante. La reagrupación de los ascendientes, siempre que estén a cargo del interesado, no está prevista como obligación en el Convenio; los Estados conservan la facultad discrecional de contemplar la reagrupación de dichas personas. No obstante, tal solicitud de reagrupación se examinará con benevolencia, así como la de los ascendientes, sea cual sea su edad, que permanezcan a cargo de sus parientes (en caso, por ejemplo, de minusvalía grave). En esos casos, deben respetarse los requisitos del artículo 28 (alojamiento y medios de subsistencia). Artículo 27 - Fraude. Para evitar que se cometan abusos para burlar las reglas de admisión, deben establecerse sanciones para luchar contra la burla de las normas en materia de reagrupación familiar. 1. 2. La primera hipótesis mencionada en este artículo es la de fraude o falsificación: la sanción consiste en la denegación de la admisión cuando ésta no se haya concedido aún, o la retirada de la autorización de residencia, en caso de que se descubra el fraude o la falsificación. Aparte del fraude o de la falsificación, es posible otra forma de abuso: el matrimonio o la adopción pueden celebrarse únicamente para conseguir la admisión en virtud de la reagrupación familiar. Si se demuestra tal situación, el Estado miembro podrá denegar la admisión o retirar la autorización de residencia. Se deja a los Estados miembros un margen de apreciación para evaluar con precaución estas situaciones, que resultan difíciles de probar. Artículo 28 - Alojamiento y medios de subsistencia. 1. La persona que desee ejercer su derecho a la reagrupación familiar deberá presentar una solicitud en el Estado miembro en el que resida. El artículo establece los requisitos materiales (acomodación y medios de subsistencia) que deberá cumplir el interesado para que pueda aceptarse su solicitud. La persona en cuestión deberá disponer de medios económicos y materiales para subvenir a las necesidades de su familia, sin que el ejercicio del derecho de reagrupación suponga para el Estado miembro gasto alguno. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, el nacional de un tercer país sólo podrá ejercer su derecho tras un año de residencia legal en un Estado miembro. Esto significa que los miembros de su familia sólo podrán entrar en la Unión como mínimo un año 20 después de la entrada del reagrupador. No obstante, si el reagrupador tuviera que esperar un año para presentar la solicitud, el tiempo necesario para la instrucción que la llegada de la familia tuviera lugar en un plazo muy superior a un año después de la llegada del reagrupador. Por consiguiente, si dispone de un derecho de residencia por un periodo restante de al menos un año, el nacional de un tercer país podrá presentar la solicitud de reagrupación seis meses después de su llegada. De este modo, un plazo razonable de instrucción permitirá que, al término de un año, la llegada de la familia sea efectiva. El Convenio establece los principios fundamentales en materia de admisión y las condiciones detalladas respecto a la acomodación y los recursos económicos se establecerán en las medidas de aplicación. Ya se prevé, no obstante, que la acomodación debe ser adecuada y los recursos suficientes. Artículo 29 - Autorización de residencia. Esta disposición prevé la expedición de una autorización de residencia a la persona admitida en virtud de la reagrupación familiar. La duración de la autorización de residencia de esa persona será igual al periodo de vigencia restante del documento de residencia del reagrupante. El objetivo de esta disposición es mantener, en el período inmediatamente posterior a la primera admisión de la persona admitida con el fin de la reagrupación familiar, una correspondencia perfecta entre la duración del documento de residencia del reagrupante y la duración del documento de residencia del reagrupado. Artículo 30 - Empleo de las personas admitidas en virtud de la reagrupación familiar. El artículo prohibe a la persona admitida por razones de reagrupación familiar el acceso a actividades por cuenta ajena o independientes en un período de seis meses. La admisión se concede, en efecto, por consideraciones de derechos humanos (derecho a vivir en familia, que garantiza el Derecho internacional) y no por razones económicas. Además, el nacional de un país tercero que decida ejercer su derecho a la reagrupación familiar, deberá siempre disponer de medios suficientes para mantener a su familia desde el mismo momento en que solicita su admisión. Esta disposición no excluye la posibilidad de ejercer una actividad lucrativa tras la expiración de un período de seis meses. Sin embargo, pueden ocurrir acontecimientos imprevistos, bien en composición de la familia (necesidad de recoger a un huérfano), bien en relación con los ingresos (pérdida del trabajo del reagrupador), por lo que conviene ofrecer a los otros miembros de la familia la posibilidad de trabajar sin respetar el plazo de espera de seis meses. Artículo 31 - Adquisición de un estatuto autónomo por parte de la persona admitida en virtud de la reagrupación familiar. 1. Por norma general, el documento de residencia de la persona reagrupada está vinculado al documento de residencia del reagrupante. No obstante, existen situaciones humanas en que resulta oportuno prever el acceso a un derecho de residencia autónomo para la persona reagrupada, en aras de la seguridad jurídica. En el caso de los hijos menores, se trata del caso de fallecimiento de los padres o de alcance de la mayoría de edad legal; en el caso de los adultos, sería el caso del cambio de estado civil por razón de viudedad, 21 divorcio o separación. En efecto, si el principio de la correspondencia perfecta entre el documento de residencia del reagrupante y el del reagrupado debe mantenerse a toda costa, el resultado paradójico de la viudedad, el divorcio o la separación sería la obligación de abandonar el país donde esta persona reside legalmente y, a veces, desde hace años. Por estas razones, la persona interesada podrá presentar su solicitud in situ, como excepción a lo establecido en el apartado 1 del artículo 3. Para la presentación de la solicitud se establece un plazo de tres meses (tres meses antes de la expiración del permiso de residencia expedido a la persona en virtud de la reagrupación familiar). Este plazo puede imponerse para el caso de alcance de la mayoría de edad; en otros casos contemplados en el apartado anterior, los procedimientos administrativos deben adaptarse a unas elementales exigencias humanas, permitiendo una prolongación del plazo, sin exceder no obstante un período total de tres meses. Para evitar una situación de vacío legal, se expedirá al interesado una autorización de residencia provisional mientras se examina la solicitud y hasta la notificación de la decisión. Artículo 32 - Definición. Este artículo establece el principio de que un nacional de un país tercero, instalado legalmente en el territorio de la Unión con una perspectiva de residencia duradera, debe adquirir derechos específicos. Tales derechos, fuente de estabilidad para la persona, constituyen un elemento de integración eficaz, en el sentido de las orientaciones preconizadas por la Comisión en su comunicación de 1994 sobre la inmigración y el asilo. Las condiciones de adquisición de esos derechos deberán responder a dos requisitos: Una duración de la residencia efectiva, regular y legal con arreglo al presente Convenio, que constituya un signo positivo de integración de la persona en el Estado miembro donde resida. Esta duración, establecida en 5 años, se considera suficientemente significativa para apreciar la voluntad del nacional de un país tercero de residir con carácter duradero así como la realidad de su integración. Una autorización de residencia cuya vigencia sea tal que a su vencimiento, la persona beneficiaría habrá residido 10 años en el Estado miembro desde su primera admisión. De esta forma, la adquisición de los derechos reconocidos a los residentes de larga duración, reposa sobre dos principios: el de una residencia real y efectiva y el de una veteranía que suponga una residencia efectiva total de 10 años, como mínimo, a contar desde la primera admisión. Artículo 33 - Autorización de residencia. En la medida en que genera derechos, la situación de la persona instalada con carácter duradero debe poder materializarse de forma que el beneficiario pueda probarlo fácilmente. Sería útil que dicha materialización se realizase mediante procedimientos que favorecieran un enfoque armonizado, en el mismo espíritu que preside la adopción del formato único para los visados. Además, y es el primer efecto de los derechos de la persona instalada con carácter duradero, cuando expire el documento de residencia que le haya permitido cumplir el requisito previsto en 22 la letra b) del artículo 32, tal persona recibirá un documento de residencia correspondiente a la duración máxima vigente en el Estado miembro en que resida. Esta duración podrá ser ilimitada, pero en cambio, nunca podrá ser inferior a 10 años. Artículo 34 - Derechos en el Estado miembro de residencia. El segundo efecto de la situación de persona instalada con carácter duradero es la adquisición de diversos derechos en el Estado miembro de residencia. La persona reconocida como instalada con carácter duradero, ya no necesita disfrutar de una admisión con fines específicos, dado que su situación jurídica le permite automáticamente ejercer actividades por cuenta ajena e independientes, tener acceso a los estudios, residir con fines de reunificación familiar o con otros fines. Estos derechos reflejan fundamentalmente el principio de no discriminación entre el nacional de un país tercero instalado con carácter duradero y los ciudadanos de la Unión. Además, gozará de una mayor protección contra la expulsión. Habida cuenta de la diversidad de situaciones, las medidas de aplicación precisarán el contenido de estos derechos. Artículo 35 - Derechos en los demás Estados miembros. El último efecto de la persona a la que se reconoce como instalada con carácter duradero es la adquisición progresiva de derechos en los Estados miembros distintos de aquel en que haya sido admitida por primera vez. 1. 2. Podrá, respetando los principios generales de admisión a un trabajo por cuenta ajena, presentarse para un empleo en cuanto conozca su existencia, fundamentalmente mediante la publicación de una oferta. Hay que señalar que esa posibilidad no aumentará la presión sobre el mercado del empleo de los Estados miembros puesto que se contará con un número de inmigrantes invariable en el conjunto de la Unión. Además, al tener los instalados con carácter duradero vocación a integrarse no sólo en un Estado miembro, sino en el espacio sin fronteras de la Unión, estas personas deben poder beneficiarse de la posibilidad de realizar estudios en uno o varios de los Estados miembros distintos al de su residencia. Esto tendrá asimismo por efecto no crear una discriminación en la posibilidad de acceso a programas comunitarios de educación entre ciudadanos de la Unión y nacionales de terceros países instalados con carácter duradero. La consecuencia del nacimiento de estos derechos es que, a pesar de las disposiciones habituales en materia de orden y seguridad pública, el Estado miembro en el que la persona instalada con carácter duradero desea ser admitida en virtud del presente artículo le expedirá las autorizaciones necesarias para la entrada y, en su caso, la residencia. Quizá exista en esto cierta incoherencia, en la medida en que la persona a la que se reconoce como instalada con carácter duradero puede acceder a un empleo en otro Estado miembro, y, por lo tanto, residir en él y ser, no obstante, considerado en este nuevo Estado de residencia como un recién llegado. Por consiguiente, es necesario permitir a estas personas que, si lo desean, sus derechos sean reconocidos en el nuevo Estado miembro. Este reconocimiento no podrá ser efectivo hasta pasado un periodo de prueba de dos años, que permite a la persona tomar una decisión sobre si desea instalarse en el nuevo Estado miembro de residencia de forma duradera y de este modo 23 realizar una especie de "transferencia" del beneficio de los derechos de instalado con carácter duradero. El nacional de un país tercero no podrá ser reconocido como instalado con carácter duradero en varios Estados miembros a la vez. Dispone de la posibilidad de un reconocimiento sucesivo cuando transfiera su residencia permanente de un Estado miembro a otro, pero un nuevo reconocimiento supondrá la pérdida de los derechos de instalado con carácter duradero en el Estado miembro donde residía. De esta forma, si desea volver posteriormente al Estado miembro en el que se le había reconocido como instalado con carácter duradero, deberán cumplirse las condiciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo. Artículo 38 - Relaciones con los Estados terceros. 1. A lo largo de los años, los Estados miembros han mantenido relaciones privilegiadas con determinados Estados terceros, debido a su pasado histórico o a su proximidad geográfica. El artículo 2 del Convenio establece las normas en materia de salvaguardia de los efectos de los acuerdos bilaterales ya vigentes. Una vez aprobado el Convenio, la negociación y la celebración de acuerdos bilaterales posteriores entre un Estado miembro y uno o varios Estados terceros podría conducir a una pérdida de contenido, de hecho, de las normas comunes en materia de admisión. Para evitar este efecto, y sin renunciar por ello a una auténtica flexibilidad, se prevé una obligación de información previa a los demás Estados miembros y la Comisión a cargo del Estado miembro que prevea mantener con un Estado tercero negociaciones en materia de normas privilegiadas de admisión. 2. El párrafo segundo establece que no podrán celebrarse tales acuerdos sin el acuerdo previo del Consejo. Este sistema permitirá a los Estados miembros mantener excepciones sin perjudicar los intereses de los restantes Estados miembros en materia de políticas de admisión. 24 [II. Propuesta de ACTO DEL CONSEJO por el que se establece el Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra c) del primer guión del apartado 2 del artículo K. 3, Vista la propuesta de la Comisión1 ', Visto el dictamen del Parlamento Europeo12, Considerando que, con objeto de alcanzar los objetivos de la Unión, los Estados miembros consideran que la política de inmigración y, en particular, las condiciones de estancia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, incluida la reagrupación familiar y el acceso al empleo, son cuestiones de interés común que entran en el ámbito de la cooperación que introduce el Título VI del Tratado; Decide establecer el Convenio adjunto, firmado con fecha de hoy por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros; Recomienda su adopción por los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Présidente] DOn0. DO n°. 25 CONVENIO RELATIVO A LAS NORMAS DE ADMISIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA. [LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES del presente Convenio, Estados miembros de la Unión Europea, REFIRIÉNDOSE al acto del Consejo de la Unión Europea de, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CONSIDERANDO que, con arreglo a las letras a) y b) del punto 3 del artículo K. l del Tratado de la Unión Europea, la política de inmigración y, en particular, las condiciones de estancia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, incluida la reagrupación familiar y el acceso al empleo son, sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, cuestiones de interés común que entran en el ámbito de la cooperación que introduce el Título VI del Tratado; J CONSIDERANDO que las normas que regulan las condiciones de estancia, incluido el acceso al empleo de los ciudadanos de la Unión y de los demás beneficiarios del Derecho comunitario, se rigen por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y que el presente Convenio define las normas aplicables a las personas no beneficiarías del Derecho comunitario; CONSIDERANDO que se han adoptado ya resoluciones que establecen las normas de admisión, así como una resolución relativa a los derechos de nacionales de terceros países instalados con carácter duradero; que es conveniente valorizar este acervo político mediante una mayor cooperación que dé lugar al establecimiento de normas jurídicas comunes que rijan la política de inmigración, respetando las exigencias de orden público y de seguridad pública; CONSIDERANDO que dichas normas, teniendo debidamente en cuenta al mismo tiempo los intereses de todos los Estados miembros, deben precisar, en particular, las condiciones de admisión con fines de empleo por cuenta ajena, o de ejercicio de una actividad económica independiente; CONSIDERANDO que dichas normas también tienen por objeto garantizar la apertura al resto del mundo de los Estados miembros y la intensidad de sus intercambios, en particular culturales, científicos y económicos, con los demás países, gracias a normas comunes de admisión con fines de formación, incluida la formación profesional; CONSIDERANDO que dichas normas deben permitir ejercer el derecho a vivir en familia, determinando el marco en el que se organizará la reagrupación familiar; CONSIDERANDO que dichas normas comunes deben completarse definiendo los derechos de que gozan los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, en particular, los que están instalados con carácter duradero; que, a 26 8. 9. este respecto, también conviene definir las condiciones en que pueden disfrutar de derechos en otro Estado miembro distinto de aquel en que se instalaron con carácter duradero; CONSIDERANDO que estas normas comunes deben ajustarse a los compromisos internacionales comunes, en particular, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, y la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, así como las disposiciones constitucionales más favorables en materia de asilo; CONSIDERANDO que estas normas comunes de admisión, con excepción de las relativas a la reagrupación familiar y de las aplicables a las personas reconocidas como instaladas con carácter duradero, no confieren ningún derecho de residencia y que los Estados miembros conservan su poder discrecional en cuanto a las decisiones efectivas de admisión de los nacionales de terceros países; HAN CONVENIDO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES: 27 CAPITULO I DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1 Definiciones A efectos del presente Convenio, se entenderá por: a) b) Admisión: la posibilidad, para un nacional de un tercer país, de entrar en el territorio de un Estado miembro para permanecer en él durante un periodo superior a tres meses; Autorización de residencia: la decisión adoptada por un Estado miembro, en las modalidades establecidas por su legislación, por la que se autoriza a una persona para permanecer en su territorio por un periodo superior a tres meses, con excepción de las autorizaciones provisionales que los Estados miembros pueden expedir en determinados casos. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Convenio se aplicará a los nacionales de terceros países, sin perjuicio de las disposiciones más favorables que puedan resultar: a) b) de los acuerdos bilaterales y multilaterales entre la Comunidad o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y terceros países, por otra, que hayan entrado en vigor antes de la firma del presente Convenio de los acuerdos entre uno o varios Estados miembros con terceros países, que hayan entrado en vigor antes de la firma del presente Convenio. El presente Convenio no se aplicará: a) b) c) a las personas que hayan presentado en un Estado miembro una solicitud para que se les reconozca el estatuto de refugiado con arreglo a la Convención de Ginebra de 1951 a las personas desplazadas a quienes se haya concedido la residencia en un Estado miembro en el marco de la protección temporal a las personas excepcionalmente autorizadas para permanecer en el territorio de un Estado miembro, en particular por motivos humanitarios. 2. El presente Convenio no se aplicarán a los ciudadanos de la Unión ni a los nacionales de terceros países que se beneficien de un derecho de residencia en un Estado miembro en virtud del Derecho comunitario. 28 CAPITULO II NORMAS GENERALES Artículo 3 Tramitación de las solicitudes de admisión iniciales 1. 2. La solicitud de admisión inicial en un Estado miembro sólo podrá ser tramitada por sus autoridades competentes si el nacional del tercer país reside fuera del territorio de los Estados miembros en el momento de la presentación de la solicitud y hasta la notificación de la decisión. El Estado miembro ante el que se presente la solicitud la examinará minuciosamente, incluso desde el punto de vista del orden público, la seguridad pública y la salud pública. Las normas comunes de tramitación se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 4 Documentos de viaje Para penetrar en el territorio del Estado miembro en el que se le haya concedido la admisión, un nacional de un tercer país deberá estar provisto de los documentos de viaje necesarios. Con este fin, dicho Estado miembro expedirá, en su caso, los visados necesarios. Cuando proceda, los demás Estados miembros expedirán los visados de tránsito para permitirle el acceso al listado miembro donde se haya concedido la admisión. Artículo 5 Posibilidad de ausentarse 1. 2. Un nacional de un tercer país admitido en un Estado miembro podrá ausentarse de dicho Estado miembro por un periodo no superior a trece semanas completas por año natural completo, al que se sumará la duración de las vacaciones legales. En caso de ausencias debidas a las mismas razones que hayan justificado la admisión de la persona, no se aplicarán los límites indicados en el párrafo primero. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los nacionales de terceros países que hayan sido reconocidos como personas instaladas con carácter duradero, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 32 y 33, podrán ausentarse del Estado miembro en el que hayan sido reconocidos como personas instaladas con carácter duradero por un período no superior a veintiséis semanas consecutivas. Este periodo podrá superarse cuando se 29 ausenten para cambiar de Estado miembro de residencia, en las condiciones previstas en el artículo 35. 3. La duración de las ausencias autorizadas contempladas en los apartados 1 y 2 podrá prolongarse: a) b) cuando, antes de su partida, el interesado haya presentado una solicitud al respecto basada en motivos fundados, y ésta haya sido aceptada cuando, después de su partida, haya presentado una solicitud al respecto, fundada en motivos excepcionales, y ésta haya sido aceptada. La lista de dichos motivos se fijará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 6 Renovación de la autorización de residencia 1. 2. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951, el nacional de un tercer país podrá solicitar in situ la renovación de su autorización de residencia cuando expire el plazo de residencia autorizada si todavía reúne los requisitos que justificaron su admisión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, el interesado sólo podrá presentar una solicitud de admisión por un motivo distinto del que justificó la admisión precedente si se encuentra fuera del territorio de los Estados miembros. Esta nueva solicitud de admisión sólo podrá tramitarse si el nacional de un tercer país reside fuera del territorio de los Estados miembros en el momento de la presentación de la solicitud y hasta la notificación de la decisión. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las solicitudes de admisión in situ por un motivo distinto del que justificó la admisión precedente serán autorizadas, en casos taxativamente enumerados con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36, cuando se trate de las siguientes personas: a) b) personas admitidas en virtud de los artículos 7 y 8 y que deseen residir con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV personas admitidas en virtud del Capítulo IV y que deseen residir con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los nacionales de terceros países que hayan sido reconocidos como personas instaladas con carácter duradero, con arreglo a los artículos 32 y 33, no estarán obligados a abandonar el territorio de los Estados miembros para presentar la solicitud de renovación de su autorización de residencia. 30 CAPÍTULO III ADMISIÓN POR RAZONES DE EMPLEO POR CUENTA AJENA Artículo 7 Principios 1. La admisión en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer país por razones de empleo por cuenta ajena podrá concederse cuando la oferta de empleo propuesta en el Estado miembro no pueda cubrirse a corto plazo: a) b) c) ni por los ciudadanos de la Unión ni por un nacional de un tercer país que resida legalmente en dicho Estado miembro y que ya pertenezca al mercado regular de trabajo en dicho Estado miembro ni por un nacional de un tercer país que haya sido reconocido como persona instalada con carácter duradero. 2. Las modalidades de aplicación del apartado 1 se fijarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 8 Condiciones de admisión 1. 2. 3. En el momento de su admisión inicial por razones de empleo por cuenta ajena, el nacional de un tercer país deberá haber obtenido previamente un contrato de trabajo de una duración que no podrá ser inferior a un año y la autorización para ocupar dicho empleo en el territorio del Estado miembro de que se trate. En cuanto se reúnan dichas condiciones y se haya concedido la admisión, se expedirá una autorización de residencia al nacional del tercer país por un periodo al menos equivalente al del contrato de trabajo. No obstante, la duración de la primera autorización de residencia se limitará a cuatro años. La autorización de residencia por razones de empleo por cuenta ajena podrá renovarse si en el momento de presentación de la solicitud se siguen cumpliendo las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 7. Las modalidades de aplicación del apartado 2 se fijarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. 31 Artículo 9 Trabajadores de temporada 1. 2. 3. 4. 1. 2. A efectos del presente Convenio, se entenderá por trabajador de temporada el nacional de un tercer país que conserve su domicilio legal en un país tercero, pero esté empleado en el territorio de un Estado miembro en un sector de actividad sujeto al ritmo estacional, sobre la base de un contrato de duración determinada y para un empleo concreto. El nacional de un tercer país será admitido como trabajador de temporada para un periodo máximo de seis meses por año natural, al término del cual deberá regresar a un país tercero. En caso de que la autorización de residencia se expida para un periodo inferior a seis meses, podrá autorizarse in situ una prórroga del período de residencia con el fin de que el trabajador de temporada pueda terminar el mismo trabajo para el que se le había concedido la admisión inicial. El empleador, un mes antes de que expire la primera autorización, deberá presentar la solicitud de prórroga, debidamente motivada. A efectos de admisión de trabajadores de temporada, los Estados miembros otorgarán preferencia a los nacionales de terceros países que ya hayan ejercido en un Estado miembro una actividad de temporada sobre los nacionales de terceros países que presenten por primera vez una solicitud de admisión por razones de trabajo de temporada. Artículo 10 Trabajadores trasfronterizos A efectos del presente Convenio, se entenderá por trabajador transfronterizo el nacional de un tercer país que resida en la zona fronteriza de dicho país tercero, pero que esté empleado en la zona fronteriza de un Estado miembro limítrofe y regrese cada día o, al menos, una vez por semana, a la zona fronteriza del país tercero. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, un trabajador transfronterizo nacional de un país tercero podrá ser autorizado para ejercer una actividad por cuenta ajena en la zona fronteriza de un Estado miembro limítrofe. 32 CAPITULO IV ADMISIÓN CON EL FIN DE EJERCER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA INDEPENDIENTE Artículo 11 Definición A efectos del presente Convenio, se entenderá por admisión con el fin de ejercer una actividad económica independiente la entrada de una persona física, nacional de un tercer país, en el territorio de un Estado miembro con el fin de ejercer una actividad económica que no implique ninguna relación de subordinación con respecto a un empleador. Artículo 12 Condiciones de admisión La admisión en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer país que desee establecerse en él para ejercer una actividad independiente podrá concederse, en las condiciones siguientes, siempre que dicha persona respete las normas que rigen el ejercicio de dicha actividad: a) b) el nacional de un tercer país deberá disponer de recursos suficientes que le permitan iniciar en ese Estado miembro la actividad para la que presentó su solicitud de admisión; la actividad generada por la persona admitida tendrá, en el plazo correspondiente a la validez de su primer permiso de residencia, una influencia positiva sobre el empleo del Estado miembro en el que resida. Las medidas de aplicación del presente artículo se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 13 Autorización de residencia 1. 2. La autorización de residencia de un nacional de un tercer país contemplado en el artículo 12 para ejercer una actividad económica independiente se concederá para un periodo mínimo de dos años. Podrá presentarse in situ una solicitud de renovación para la misma actividad para la que se concedió la autorización inicial, o para una actividad que sea la continuación o desarrollo de la misma. 33 En el momento de presentar la solicitud de renovación, el nacional de un tercer país deberá: a) b) c) haber ejercido efectivamente la actividad para la que se autorizó la admisión; poder garantizar la prosecución regular de la actividad; reunir las condiciones establecidas en la letra b) del artículo 12. Artículo 14 Prestación de servicios La admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros con el fin de ejercer en los mismos actividades que impliquen la prestación de servicios estará sujeta, sin perjuicio de las disposiciones del Derecho comunitario, al procedimiento establecido en el artículo 36. ADMISIÓN POR RAZONES DE ESTUDIO Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL CAPÍTULO V Artículo 15 Admisión con fines de estudios La admisión con fines de estudio en el territorio de un Estado miembro podrá concederse a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en un establecimiento de enseñanza superior público u homologado para: a) b) c) d) participar en cursos preparatorios de una enseñanza superior específica; proseguir estudios; preparar una memoria o una tesis doctoral; tras haber terminado los estudios superiores sancionados por un título, ejercer una actividad de investigación en el marco de la formación o del perfeccionamiento profesional, cuando dicha actividad no tenga por objetivo principal la obtención de ingresos. Artículo 16 Autorización de residencia 1. La residencia deberá limitarse a la duración de los estudios correspondientes a la enseñanza elegida. La duración de la autorización de residencia expedida será igual a la de la matrícula en el centro al que asista el titular. 34 2. 3. 4. La autorización de residencia podrá prorrogarse anualmente; la autorización de residencia se prorrogará si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial y que satisface las medidas de control requeridas por el establecimiento de enseñanza superior al que asista. No se admitirá el cambio de estudios después del primer curso, luí caso de que el cambio de estudios tenga lugar después de dicho periodo, el estudiante deberá solicitar una nueva autorización de admisión para cursar estudios. Las medidas de aplicación de los apartados 1, 2 y 3 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 17 Autorización para el ejercicio de una actividad retribuida para estudiantes Los nacionales de terceros países admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de estudio no estarán autorizados para ejercer en él una actividad retribuida por cuenta ajena ni propia. En la medida en que ello no ponga en peligro la prosecución de los estudios, será posible ejercer actividades accesorias o de corta duración, en particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 9, las de trabajador de temporada. Artículo 18 Fin de los estudios 1. 2. 1. Si al final de sus estudios, incluidos en una de las categorías previstas en el artículo 15, el nacional de un tercer país desea permanecer como estudiante en otra de dichas categorías, podrá solicitar in situ una nueva autorización de residencia. Si, al final de sus estudios, el nacional de un tercer país desea permanecer en el Estado miembro por otro concepto, deberá someterse a un procedimiento de admisión inicial. Artículo 19 Trabajadores en prácticas A efectos del presente Convenio, se entenderá por trabajador en prácticas al trabajador cuya presencia en el territorio de un Estado miembro esté estrechamente vinculada a la voluntad de mejorar sus competencias y sus cualificaciones en la profesión que haya elegido con el fin de proseguirla en un tercer país. 2. Para ser admitido como trabajador en prácticas en el territorio de un Estado miembro, el nacional de un tercer país deberá reunir las dos condiciones siguientes: a) poseer un contrato de formación con el organismo de acogida, y que dicho contrato le garantice una retribución suficiente para su subsistencia; 35 b) disponer de una protección social que cubra los riesgos que puedan acaecer en el Estado de acogida. 3. La autorización de residencia de los trabajadores en prácticas será válida durante un año. Si el periodo necesario para adquirir la cualificación profesional es superior a un año, la autorización de residencia podrá prorrogarse anualmente. En ningún caso se prorrogará para que la persona pueda ocupar un empleo. Artículo 20 Programas específicos Los Estados miembros facilitarán la admisión de los estudiantes, trabajadores en prácticas e investigadores nacionales de terceros países en el marco de programas de cooperación que sean objeto de financiación comunitaria. A tal fin, las medidas de aplicación del párrafo primero se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 21 Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán: a) b) a los alumnos de la enseñanza primaria y secundaria; a los aprendices. CAPÍTULO VI ADMISIÓN CON OTROS FINES Artículo 22 Condiciones de admisión Un nacional de un tercer país al que no sean aplicables las disposiciones de los Capítulos III, IV, V y VII sólo podrá ser admitido en el territorio de un Estado miembro si reúne las condiciones siguientes: a) b) c) d) disponer de recursos suficientes para subsistir sin que deba ejercer una de las actividades retribuidas previstas en los Capítulos III y IV; beneficiarse de una protección social válida en el Estado en el que solicite su admisión; poder presentar la prueba de que la procedencia de sus recursos es lícita; disponer de un alojamiento en el Estado miembro en el que haya presentado su solicitud. 36 Las medidas de aplicación del párrafo primero se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 23 Autorización de residencia 1. 2. 1. 2. La autorización de residencia inicial de un nacional de un tercer país se concederá para un periodo mínimo de un año. La autorización de residencia podrá renovarse para un periodo mínimo de un año. Cuando se presente la solicitud de renovación, el nacional de un tercer país deberá probar que sigue reuniendo las condiciones previstas en el artículo 22. CAPÍTULO VII ADMISIÓN CON FINES DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR Artículo 24 Principios El nacional de un tercer país que resida legalmente en un Estado miembro desde al menos un año y que, en la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 28 tenga derecho a residir en dicho Estado miembro al menos otro año más, podrá ejercer su derecho a la reagrupación familiar. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el nacional de un tercer país al que sean aplicables las disposiciones del artículo 15 podrá presentar la solicitud prevista en el artículo 28 siempre que resida legalmente en un Estado miembro desde al menos dos años y tenga derecho a residir en dicho Estado miembro otro año. Artículo 25 Situación de los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que no ejercen su derecho a la libre circulación No obstante lo dispuesto en el presente Capítulo, la reagrupación familiar de los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que resida en el Estado miembro cuya nacionalidad posea, estará sujeta a las mismas condiciones que las que establecen los artículos 10 a 12 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad13 y las demás disposiciones pertinentes del Derecho comunitario. DO n° L 257 de 19. 10. 1968, p. 2. 37 Artículo 26 Categorías de personas que pueden reagruparse 1. Serán admitidas, a los efectos de la reagrupación familiar, siempre que el matrimonio sea compatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado miembro, las personas siguientes: 2. 3. 1. 2. a) b) c) el cónyuge del residente; los hijos del residente y de su cónyuge, incluidos los hijos adoptados de conformidad con una decisión adoptada por la autoridad competente del Estado miembro, o una decisión reconocida por dicha autoridad; los hijos, incluidos los adoptados, del residente o de su cónyuge cuando uno de éstos ejerza en solitario la patria potestad, se le haya otorgado la custodia de dichos hijos y los tenga efectivamente a su cargo. Para reunir las condiciones de admisión con fines de reagrupación familiar, los hijos deberán tener una edad inferior a la mayoría legal del Estado miembro de que se trate y no estar casados. Los Estados miembros examinarán favorablemente la reagrupación de los ascendientes y otros descendientes a cargo, siempre que se reúnan las condiciones del artículo 28. Artículo 27 Fraude Los Estados miembros denegarán la admisión con fines de reagrupación familiar del cónyuge o de un hijo, o les retirarán la autorización de residencia, cuando se demuestre que la admisión se ha obtenido mediante fraude o falsificación. Los Estados miembros podrán denegar la admisión con fines de reagrupación familiar del cónyuge o de un hijo adoptado o retirarles la autorización de residencia cuando se demuestre que dicho matrimonio se celebró o dicha adopción se llevó a cabo únicamente para que aquéllos puedieren ser admitidos en un Estado miembro. Artículo 28 Alojamiento y medios de subsistencia Para ejercer su derecho a la reagrupación familiar, el nacional de un tercer país deberá presentar una solicitud en el Estado miembro en el que resida y, al mismo tiempo, aportar la prueba de que dispone de una alojamiento adecuado y de los medios de subsistencia suficientes para subvenir a las necesidades de su familia una vez 38 reagrupada. Tal solicitud podrá presentarse a los seis meses de su entrada en el Estado miembro en el que resida. 2. Las medidas de aplicación del apartado 1 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 29 Autorización de residencia Cuando un Estado miembro acepte la solicitud de reagrupación familiar, expedirá a los miembros de la familia que deben reagruparse autorizaciones de residencia, cuya duración corresponderá al periodo de validez restante del permiso de residencia de la persona que solicita la reagrupación. 1. 2. 1. 2. Artículo 30 Empleo de las personas admitidas por razones de reagrupación familiar Las personas admitidas por razones de reagrupación familiar no estarán autorizadas para ejercer una actividad por cuenta ajena o propia antes de que transcurra un plazo de seis meses a partir de su llegada. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el plazo de seis meses podrá incumplirse cuando un cambio imprevisto en la composición de la familia o en los ingresos de la misma exija que se ofrezca a las personas admitidas por razones de reagrupación familiar la posibilidad de ejercer una actividad. Artículo 31 Adquisición de un estatuto autónomo por parte de la persona admitida por razones de reagrupación familiar En caso de viudedad, divorcio, separación, fallecimiento de padres o al alcanzar la mayoría de edad, las personas admitidas por razones de reagrupación familiar podrán solicitar una autorización de residencia por otro concepto, que se tramitará en el Estado miembro en que hayan sido admitidas. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud a más tardar tres meses antes de la expiración de su permiso de residencia. No obstante, si la autorización de residencia expira antes de tres meses siguientes a la desaparición de las circunstancias que justificaban la admisión, dicho plazo se ampliará hasta un total de tres meses. Durante el periodo del examen de la solicitud y hasta que se notifique la decisión, el Estado miembro de que se trate expedirá a los interesados, en la medida en que sea necesario, una autorización provisional de residencia. 39 CAPITULO VIII NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES INSTALADOS CON CARÁCTER DURADERO Artículo 32 Definición Un nacional de un tercer país será reconocido como persona instalada con carácter duradero en un Estado miembro cuando reúna las dos condiciones siguientes: a) b) 1. 2. haber residido de manera regular y legal en un Estado miembro durante al menos cinco años; poseer una autorización que le permita residir durante un periodo total de diez años como mínimo a partir de la primera admisión. Artículo 33 Autorización de residencia Desde el momento en que un nacional de un tercer país sea reconocido como instalado con carácter duradero, se hará constar esta circunstancia mediante una inscripción específica en el documento que autoriza la residencia. Cuando expire el documento de residencia contemplado en la letra b) del artículo 32, el nacional de un tercer país instalado con carácter duradero tendrá derecho a un permiso de residencia correspondiente a la duración máxima vigente en el Estado miembro en que resida y que no podrá ser inferior a diez años. Artículo 34 Derechos en el Estado miembro de residencia 1. En el Estado miembro en que esté instalado, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho comunitario, el nacional de un tercer país reconocido como instalado con carácter duradero: a) b) c) podrá acceder a todo el territorio de dicho Estado miembro; estará autorizado para ejercer cualquier actividad contemplada en Capítulos III, IV y V; los estará autorizado para residir por cualquiera de las razones contempladas en los Capítulos VI y VII; 40 d) e) gozará de una protección reforzada contra la expulsión, sin perjuicio de los límites en materia de orden público y de seguridad interior; recibirá un trato idéntico al de los ciudadanos de la Unión en las materias siguientes: i ii iii iv v vi vii acceso al empleo, ya sea por cuenta ajena o independiente formación profesional derechos sindicales derecho de asociación acceso a la vivienda, ya sea del sector privado, público o parapúblico protección social escolarización. 2. Las medidas de aplicación del apartado 1 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 36. Artículo 35 Derechos en los demás Estados miembros 1. El nacional de un tercer país que haya sido reconocido como instalado con carácter duradero podrá: a) b) solicitar a un empleo en otro Estado miembro en respuesta a una oferta de empleo de la que tenga conocimiento, siempre que se respeten las disposiciones del artículo 7; solicitar la prosecución de los estudios a que se refiere el artículo 15, en otro Estado miembro. En los casos mencionados en el párrafo primero, si la persona obtiene un contrato de trabajo o consigue matricularse en un centro de enseñanza superior, el Estado miembro de que se trate admitirá al nacional de un tercer país y le expedirá las autorizaciones necesarias, incluida la de residencia. El nacional de un tercer país establecido, en las condiciones contempladas en el apartado 1, en un Estado miembro distinto de aquel en el que haya sido reconocido como persona instalada con carácter duradero, será también reconocido como instalado con carácter duradero, tras un periodo de dos años de residencia en otro Estado miembro de residencia. Esta circunstancia se concretará mediante la expedición de una autorización de residencia cuya duración será equivalente a la que le permitió ser reconocido como instalado con carácter duradero en el Estado miembro precedente. El nacional de un tercer país reconocido como persona instalada con carácter duradero en un Estado miembro dejará de ser reconocido como tal en dicho Estado miembro a partir del momento en que se le reconozca como persona instalada con carácter duradero en otro Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2. 2. 3. 41 CAPITULO IX DISPOSICIONES FINALES [Artículo 36 1. 2. 3. 4 1. 2. Procedimiento de adopción de las medidas de aplicación Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, las medidas de aplicación previstas en el presente Convenio se adoptarán en el seno del Consejo por mayoría de dos tercios de las Altas Partes Contratantes. Las disposiciones de aplicación contempladas en: el apartado 3 del artículo 6, el apartado 2 del artículo 7, el apartado 3 del artículo 8, el artículo 12 y en el artículo 34, se adoptarán de común acuerdo por las Altas Partes Contratantes, en un plazo de dos años a partir de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del Acto por el que se establece el presente Convenio. Cuando expire dicho plazo, estas disposiciones de aplicación se adoptarán de conformidad con el apartado 1. Las disposiciones de aplicación contempladas en el artículo 14, el artículo 22, así como las no expresamente previstas en el presente Convenio se adoptarán de común acuerdo por las Altas Partes Contratantes. Las medidas de aplicación contempladas en los apartados 1, 2 y 3 se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 37 Competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Los litigios entre Estados miembros o entre un Estado miembro y la Comisión relativos a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio deberán examinarse, en una primera fase, en el seno del Consejo con el fin de alcanzar un acuerdo. Si, a la expiración de un plazo de seis meses, no ha podido hallarse ninguna solución, cada una de las partes en el litigio recurrirá al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas será competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación del presente Convenio. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno solicitarán al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie con carácter prejudicial cuando se les plantee una cuestión relativa a la interpretación del presente Convenio y estimen necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. J 42 Artículo 38 Relaciones con los Estados terceros El Estado miembro que prevea celebrar con un tercer país negociaciones para establecer normas más favorables para la admisión de nacionales de este último informará de ello con la suficiente antelación a los demás Estados miembros y a la Comisión. Ningún Estado miembro celebrará con uno o varios terceros países acuerdos de este tipo sin el consentimiento previo del Consejo. [Artículo 39 Cláusula de salvaguardia Las disposiciones del presente Convenio se entenderán sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo K. 2 del Tratado de la Unión Europea, establezca excepciones a las disposiciones del presente Convenio. Las excepciones se aplicarán a casos excepcionales y durante el período estrictamente necesario. El Estado miembro que recurra a esta posibilidad deberá tener en cuenta, al proceder así, los intereses de los demás Estados miembros, a los que mantendrá debidamente informados, así como a la Comisión. Artículo 40 Reservas El presente Convenio no podrá ser objeto de ninguna reserva. Artículo 41 Adopción y entrada en vigor 1. 2. El presente Convenio se someterá a los Estados miembros para su adopción según sus normas constitucionales respectivas. Cada Estado miembro iniciará el procedimiento nacional de adopción a más tardar seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del Acto por el que se establece el presente Convenio. Los Estados miembros notificarán al depositario la conclusión de los procedimientos requeridos por sus normas constitucionales respectivas para la adopción del presente Convenio. 43 El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de dos meses a partir de la notificación contemplada en el apartado 2 por el Estado, miembro de la Unión Europea en el momento de la adopción del Acto por el que se establece el presente Convenio por el Consejo, que sea el último en cumplir dicha formalidad. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que expire un periodo de dos meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las disposiciones relativas al procedimiento de adopción de las medidas de aplicación contempladas en el artículo 36 serán aplicables a partir de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del Acto por el que se establece el presente Convenio. Las medidas de aplicación entrarán en vigor, a más tardar, el día de entrada en vigor del presente Convenio. Artículo 42 Modificación del presente Convenio 1. 2. 3. 4. Todo Estado miembro, Alta Parte Contratante, así como la Comisión, podrá proponer modificaciones del presente Convenio y de sus medidas de aplicación. Toda propuesta de modificación será transmitida al Consejo y, en caso necesario, a la Comisión. Las modificaciones del presente Convenio se adoptarán por unanimidad por el Consejo, el cual recomendará su adopción a los Estados miembros con arreglo a sus normas constitucionales respectivas. Las modificaciones del presente Convenio se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas tras su adopción por el Consejo. Cada Estado miembro iniciará el procedimiento nacional de adopción a más tardar seis meses después de la publicación de dichas enmiendas en dicho Diario Oficial. Las modificaciones adoptadas de conformidad con el apartado 2 entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 41. Las modificaciones de las medidas de aplicación del presente Convenio serán adoptadas por el Consejo según los procedimientos previstos para la adopción de las medidas de aplicación de que se trate. Salvo disposición en contrario prevista por el Acto del Consejo relativo a su adopción, dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de dos meses a partir de su adopción por el Consejo. 44 Artículo 43 Adhesión de nuevos Estados miembros El presente Convenio estará abierto a la adhesión de todo Estado que se convierta en miembro de la Unión Europea. El texto del Convenio en la(s) lengua(s) del Estado miembro adhérente, establecido por el Consejo, será auténtico. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el depositario. El presente Convenio entrará en vigor para el Estado miembro adhérente el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de dos meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión o en la fecha de entrada en vigor del Convenio, si éste aún no ha entrado en vigor en el momento de la expiración del periodo antes mencionado. Artículo 44 Depositario El Secretario General del Consejo de la Unión Europea será depositario del presente Convenio. El depositario publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la relación de las notificaciones, adhesiones, modificaciones, entrada en vigor y cualquier otra modificación relativa al presente Convenio. ] 1. 2. 3. 4. 1. 2. [EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio. , el Hecho en , en ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente auténticos, ejemplar que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. ] 45 ISSN 0257-9545 COM(97) 387 final DOCUMENTOS ES 06 04 11 N° de catálogo : CB-C0-97-438-ES-C ISBN 92-78-23886-4 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 46