title: Propuesta de acto del Consejo por el que se establece el convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución, en los Estados miembros de la Unión Europea, de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil

eurovoc_concepts:
European convention
civil law
enforcement of ruling
judicial proceedings
jurisdiction

text: Vf " COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 26. 11. 1997 COM(97) 609 final 97/0339(CNS) COMUNICACIÓN PE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO "Hacia una mayor efícacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea" Propuesta de ACTO PEL CONSEJO por el que se establece el convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución, en los Estados miembros de la Unión Europea, de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil (presentadas por la Comisión) RESUMEN La presente comunicación tiene una doble función. 1. Su objetivo principal es facilitar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en la Unión Europea, proceso que actualmente se rige, respecto de las materias civil y mercantil, por el Convenio de Bruselas de 1968, cuyas normas se ampliaron a los Estados miembros de la AELC por medio del Convenio de Lugano. El Convenio de Bruselas ha permitido realizar considerables progresos en materia de exequátur de las sentencias dictadas en los Estados miembros. No obstante, pueden realizarse nuevos progresos para acelerar y simplificar el procedimiento y adaptarlo más a las necesidades de los ciudadanos y los operadores en un contexto de creciente aceleración de los intercambios, especialmente en el mercado interior. Para cumplir este objetivo, la propuesta contiene varios elementos. Se ha propuesto, por una parte, limitar el control de la autoridad responsable de otorgar el exequátur a un control de regularidad formal basado especialmente en un documento expedido por un órgano jurisdiccional del Estado de origen en el que se certifique en particular el carácter ejecutivo de la sentencia que se adjunta. Por otra parte, se ha propuesto modificar los motivos de la denegación del reconocimiento de la resolución, motivos que únicamente podrán examinarse previo recurso del demandado contra el que se solicite la ejecución, debiendo soportar asimismo el demandado la carga de la prueba. También se han realizado propuestas para que la resolución que autoriza la ejecución esté provista de una ejecución provisional. Por último, se ha modificado el régimen de las medidas cautelares y provisionales, haciendo hincapié en la dimensión europea de estas medidas. El conjunto de estas propuestas figura en la propuesta de Convenio adjunta, destinada a sustituir al Convenio de Bruselas. Esta propuesta de Convenio contiene asimismo disposiciones en las que se tiene en cuenta, especialmente respecto de las normas de competencia, la evolución de las relaciones económicas desde la firma del Convenio de Bruselas, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se completa con dos propuestas de protocolos nuevos destinados a sustituir a los que figuran anejos al Convenio de Bruselas (Anexos 1 y 2) y con algunas sugerencias para una revisión paralela del Convenio de Lugano (Anexo 3). A la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comisión adoptará las medidas necesarias para adaptar los trabajos al nuevo marco jurídico aplicable a la cooperación judicial civil. 2. La comunicación tiene asimismo por objeto recoger las observaciones de los profesionales de la Justicia y a todas las partes interesadas sobre una serie de consideraciones que van más allá de su propuesta legislativa. La comunicación inicia un debate en torno a un enfoque común de la Unión en lo que respecta a determinados aspectos de los Derechos procesales nacionales. Es indispensable facilitar la circulación de las resoluciones judiciales de un Estado miembro a otro con vistas a su ejecución, pero ello no basta para que los ciudadanos y operadores puedan aprovechar plenamente los derechos que se les han conferido en el espacio de la Unión Europea. En efecto, el objetivo ha de ser garantizar de la forma más global posible un acceso a la justicia rápido, eficaz y poco costoso. Ya se han observado dificultades de acceso a la Justicia en el mercado interior debido al mantenimiento de las fronteras judiciales, y especialmente en materia de litigios de consumo. En efecto, en este ámbito, habida cuenta de la cuantía generalmente escasa de los intereses en juego, los obstáculos para el acceso a la justicia se hacen sentir con especial agudeza. Estas dificultades son también percibidas por los operadores económicos, especialmente por las pequeñas y medianas empresas, como un freno a la 3 actividad económica. Resulla por tanto oportuno ofrecer a estos consumidores y operadores económicos, y también a todos los ciudadanos de la Unión, mejores condiciones en materia procesal. Se ha propuesto seguir un enfoque progresivo y prudente y concentrarse en un primer momento en algunas cuestiones esenciales. En este contexto, resulta oportuno reflexionar sobre el establecimiento en cada Estado miembro de un procedimiento rápido para el pago de créditos de sumas de dinero, así como de instrumentos eficaces tendentes a la ejecución eficaz de las sentencias (concentrándose en un primer momento en el embargo de retención en cuenta bancaria). Al estar la eficacia de la ejecución estrechamente vinculada al conocimiento del patrimonio del deudor, conviene reflexionar, además, sobre los diferentes medios que permiten garantizar la transparencia del patrimonio del deudor, así como sobre el desarrollo de la cooperación entre las autoridades responsables de la ejecución. Estos dos aspectos contribuyen a la búsqueda de una mayor eficacia en la obtención y ejecución de las resoluciones en la Unión Europea. Respecto al segundo objetivo, todas las personas interesadas podrán realizar sus comentarios sobre la presente comunicación, antes del 31 de marzo de 1998, a: Sr. J. Adrian Fortescue Task Force "Cooperación en los Ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior" Comisión Europea 200, rue de la Loi B-1049 Bruselas Bélgica Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la Justicia y la resolución de litigios sobre consumo en el mercado único - COM (93)576; se han enviado a la Comisión más de un centenar de contribuciones. Un sondeo EUROBARÓMETRO realizado en 1991 puso de manifiesto que las dificultades para la resolución de litigios son uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la adquisición de bienes de consumo en otro Estado miembro. Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995 relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, DO L 127 de 10. 6. 1995 y comunicación de la Comisión relativa a dicha recomendación, DO C 144 de 10. 6. 1995. 3 INDICE INTRODUCCIÓN I - LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS TÍTULOS 1. 1. Revisión de los Convenios de Bruselas y de Lugano 1. 2. Procedimiento simplificado de reconocimiento y ejecución 1. 3. Medidas provisionales y cautelares II - PISTAS DE REFLEXIÓN PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LA JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA II. 1. Procedimiento de obtención del título en el Estado miembro de origen 11. 2. Ejecución de las resoluciones 11. 3. Transparencia del patrimonio 11. 4. Intercambio de información entre las autoridades responsables de la ejecución III - PROYECTO DE ACTO DEL CONSEJO Y PROPUESTA DE CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL Anexos Anexo 1 - Proyecto de protocolo n° 1 Anexo 2 - Proyecto de protocolo n° 2 sobre la interpretación del Tribunal de Justicia del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil Anexo 3 - Sugerencias respecto de la revisión del Convenio de Lugano INTRODUCCIÓN Objeto de la comunicación 1. Actualmente, la libre circulación de los títulos en la Unión Europea está garantizada respecto del grueso de las cuestiones civiles y mercantiles4, gracias al Convenio de Bruselas de 1968, elaborado en virtud del apartado 4 del artículo 220 del Tratado CE y posteriormente ampliado a todos los nuevos Estados miembros. Este Convenio es un convenio doble particularmente bien acabado: por una parte, fija las normas en materia de competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, lo que permite el posterior reconocimiento de pleno derecho de las resoluciones dictadas, junto con una severa restricción de los motivos de denegación del reconocimiento. Por otra parte, prevé un procedimiento de exequátur no sólo uniforme sino unilateral, al menos en la primera fase. 2. Indisociablc del proceso comunitario, el Convenio dé Bruselas está vinculado a la Comunidad y su objetivo es acompañar las libertades previstas por el Tratado CE de un régimen de circulación más fluido de las sentencias5. La interpretación autónoma y unificadora que del mismo ha hecho el Tribunal se basa en un concepto de no discriminación y de igualdad de derechos entre los justiciables de la Unión Europea. Este Convenio ha servido como modelo para la elaboración de un convenio similar entre los Estados miembros y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, el Convenio de Lugano, firmado el 16 de septiembre de 19886. 3. Hasta la fecha, el Convenio de Bruselas constituye el único instrumento general en materia de cooperación judicial civil entre los Estados miembros. Por otra parte, deja intacto el derecho procesal nacional de cada Estado miembro. Efectivamente, el Derecho Comunitario deja tradicionalmente a los Estados miembros la competencia para determinar las modalidades de funcionamiento de sus autoridades y órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no existe aún un espacio judicial europeo unificado, sino una yuxtaposición de normas jurídicas nacionales configuradas en sistemas autónomos de procedimiento civil. Estos sistemas, producto de la evolución histórica de cada país, se caracterizan por una gran heterogeneidad. En este contexto, la presente comunicación tiene un doble objeto: Por una parte, presenta una serie de propuestas concretas destinadas a facilitar más aún el reconocimiento y la ejecución de las sentencias en la Unión Europea. Con este fin, contiene una propuesta de Convenio que contiene asimismo disposiciones destinadas a los recientes acontecimientos en las relaciones económicas, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Además, contiene dos propuestas de nuevos protocolos anejos a la propuesta de Convenio (Anexos 1 y 2), así como las sugerencias de la Comisión en lo que respecta a la revisión paralela del Convenio de Lugano (Anexo 3). Las propuestas mencionadas se basan en el artículo K3. 2. c) del tener en cuenta 4 Únicamente quedan excluidas determinadas materias. Véase no obstante el proyecto de Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia matrimonial ("Bruselas II"). 5 TJCE - Asunto C-398/92, 10 de febrero de 1994, MUND y FESTER, Recopilación 1994, p 1-474. 6 DOL3l9dc25. ll. I988,p. 9. 5 Tratado de la Unión Europea. A la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, estas propuestas se adaptarán para tener en cuenta el nuevo marco jurídico aplicable a la cooperación judicial civil. Otro objetivo es iniciar una reflexión y recoger las reacciones y sugerencias de todas las partes interesadas sobre una posible acción de la Unión Europea en favor de un acceso equivalente de los justiciables a una justicia eficaz, rápida y poco costosa. Esta parte no contiene propuestas operativas y su finalidad es recoger las reacciones y opiniones de todas las partes interesadas sobre los temas de reflexión que se han sugerido. Antecedentes del problema 4. Desde su firma en 1968, el Convenio de Bruselas ha sido objeto de muy escasas modificaciones. No se ha realizado una reevaluación global de las disposiciones convencionales, sino únicamente se ha procedido a las adaptaciones necesarias por razón de la adhesión de nuevos Estados miembros. Asimismo, como consecuencia de las nuevas adhesiones, determinadas disposiciones del Convenio de Lugano se han apartado de las del Convenio de Bruselas. La práctica de estos dos Convenios también ha ido poniendo las dificultades de aplicación de determinadas progresivamente de manifiesto disposiciones. 5. 6. Por otra parte, a pesar de los progresos aportados por el Convenio de Bruselas, la obligación de aplicar un procedimiento de reconocimiento y de exequátur para la ejecución en el extranjero, genera plazos suplementarios, a veces muy largos, y costes adicionales, a menudo importantes. Estos costes y retrasos se añaden a los del procedimiento en el Estado de origen, y por su naturaleza, favorecen en la medida de lo posible el que el órgano jurisdiccional del Estado donde debe ejecutarse la resolución evite el procedimiento de exequátur. Estos obstáculos adicionales pueden incluso, especialmente cuando se trata de créditos de un importe limitado, cuestionar el interés de un procedimiento judicial si la resolución que se desea obtener debe ejecutarse contra un adversario o contra bienes situados en el extranjero. A ello se añade el riesgo de desaparición del patrimonio si la ejecución se realiza tardíamente. Estos obstáculos dificultan la libre circulación de sentencias entre los Estados miembros. Independientemente de la cuestión de la libre circulación de sentencias, hay que señalar que las relaciones de Derecho privado entre personas y agentes económicos se establecen, incluso cuando tienen su origen en una norma comunitaria, en un espacio donde coexisten sistemas procesales muy divergentes, lo que genera una falta de transparencia de los procedimientos, un coste desigual de los procesos y una eficacia desigual de las técnicas procesales. Las modalidades de introducción de la demanda, el cómputo de los plazos, la carga de la prueba, los efectos de los recursos, y el carácter "ejecutivo" del título son elementos cuyo manejo es especialmente delicado para los profanos. Las normas de procedimiento, ya de difícil acceso para los justiciables en el plano nacional debido a su complejidad y su formalismo, lo son aún más cuando se inscriben en el contexto de un contencioso transfronterizo. Ahora bien, en un espacio integrado, todos deben tener fácil acceso a las "reglas del juego" y conocer, antes de iniciar un proceso, cuales son sus derechos y obligaciones, qué formalidades hay que cumplir, los efectos de los actos realizados, la eficacia de las resoluciones necesarias y los recursos disponibles, así como las normas que rigen la ejecución de las resoluciones. Al obstáculo de la falta de transparencia se añade el del desigual coste de los procedimientos7. El elevadísimo coste, en algunos Estados miembros, de los gastos y honorarios de los abogados, a los que hay que añadir en su caso los gastos inherentes a un procedimiento de exequátur, constituye un freno al acceso a la justicia y un elemento pura y simplemente disuasorio para que muchos justiciables recurran a ella8. Los procedimientos nacionales, a menudo opacos y onerosos en grado diverso, tienen asimismo una eficacia muy variable. Algunos Estados miembros han establecido procedimientos especiales, rápidos y poco costosos, y por lo tanto, mejor adaptados a las necesidades de los medios empresariales y de los ciudadanos. Otros Estados miembros continúan, en cambio, favoreciendo procedimientos más sofisticados, que pueden tener por consecuencia el colapsamiento de los tribunales y la considerable dilación de los plazos para la obtención de resoluciones. Estos plazos suelen resultar una bendición para los deudores de mala fe. Contenido de la comunicación 7. 8. La mejora de la libre circulación de las sentencias dictadas por los tribunales de los Estados miembros se está discutiendo actualmente en el Consejo en dos contextos paralelos pero independientes, a saber, los trabajos de revisión de los Convenios de Bruselas y Lugano y los trabajos relativos a la creación de un "Título Ejecutivo Europeo". Los trabajos de reexamen de los Convenios de Bruselas y de Lugano, actualmente en una fase exploratoria, tienen su origen en el hecho de que por razones de calendario, en el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia al Convenio de Bruselas, no pudieron tenerse en cuenta las solicitudes de modificaciones de estos países, salvo las de naturaleza puramente técnica. Por otra parte, el Comité Permanente del Convenio de Lugano ha expresado reiteradamente, en las sesiones tercera y cuarta, su deseo de proceder a una aproximación de las disposiciones de estos dos Convenios. Los Estados miembros y la Comisión comparten la opinión de que con ocasión de estos trabajos de aproximación, debe realizarse un nuevo examen de determinadas disposiciones de ambos Convenios, en el que se tenga en cuenta la creciente complejidad de las relaciones humanas y las actividades económicas, la evolución del contencioso correspondiente y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sobre la base de unos memorandos de los Estados miembros y de la Comisión, ya se han celebrado discusiones preliminares en el Consejo y en el Comité Permanente del Convenio de Lugano, y se han determinado las disposiciones que podrían ser objeto de una revisión. En el Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la Justicia se señala que el coste medio (gastos de justicia + gastos de abogado) de la resolución judicial de un litigio intracomunitario de un importe de 2. 000 ecus tiene para el demandante un coste de unos 2. 500 ecus. Así se desprende de las respuestas al cuestionario divulgado por los Servicios de la Comisión en el marco de los trabajos preparatorios sobre el "Título Ejecutivo Europeo" y del estudio "Cost of Judicial Barriers for Consumers in the Single Market" (coste de los obstáculos judiciales para los consumidores en el Mercado Único) realizado para la Comisión como respuesta al Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la Justicia. 7 9. En 1995, los servicios de la Comisión iniciaron una reflexión sobre la oportunidad del mantenimiento del procedimiento de exequátur previsto por el Convenio de Bruselas y sobre la definición de la posible configuración jurídica de un título ejecutivo que circule sin obstáculos de un Estado miembro a otro. Este título ejecutivo podría denominarse "Título Ejecutivo Europeo". La libre circulación de las sentencias, que debería ser el corolario de las demás libertades de circulación, no goza de una realidad concreta en el Derecho positivo: para pasar la frontera y ser ejecutado en otro Estado miembro, todo título ejecutivo, judicial o no, debe ir acompañado de un "pasaporte" expedido por el Estado miembro de ejecución, generalmente bajo la forma de una "fórmula ejecutoria". Paralelamente a estos trabajos, varios Estados miembros han manifestado su interés por este tema, que se ha integrado en el programa plurianual del Consejo en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior9. Finlandia ha tomado la iniciativa de organizar en marzo de 1997 en Helsinki un seminario para reunir en torno a este tema a numerosos expertos de los medios académicos y profesionales, así como de las administraciones de los Estados miembros10. Bajo la presidencia de los Países Bajos, ya se han celebrado diversas reuniones de reflexión en el Consejo. La necesidad de un procedimiento uniforme de obtención del título, como requisito previo para la supresión del procedimiento de exequátur, ha sido uno de los temas de los debates celebrados en estos diversos foros, lo que explica el nombre de "Título Ejecutivo Europeo". No obstante, en dichos debates se llegó a la conclusión de que el establecimiento de un procedimiento uniforme en el Estado de origen y la supresión del procedimiento de exequátur son dos cuestiones distintas, y la respuesta a una no es necesariamente una condición previa para la solución de la otra. También se llegó a la conclusión de que no es posible la supresión total del exequátur, debido fundamentalmente a las notables diferencias procesales entre los Estados miembros en lo que respecta a la ejecución. El objeto de los trabajos es por tanto la simplificación y abreviación máximas del procedimiento de exequátur, antes que su supresión. 10. La cuestión de las medidas cautelares y provisionales también se ha abordado en los trabajos preparatorios anteriormente mencionados. La necesidad de una rápida aplicación de dichas medidas se hace patente con especial intensidad en los litigios transfronterizos, habida cuenta de los plazos exigidos tanto en los procedimientos en el extranjero como en un procedimiento de exequátur añadido a un procedimiento nacional, pero también habida cuenta de la gran variedad de los arsenales judiciales de los Estados miembros en este ámbito. Estas medidas, que no se abordan en el Convenio de Bruselas más que de forma marginal, deben ser objeto de normas particulares, tanto por lo que respecta a la competencia para ordenarlas, como en lo que respecta a las condiciones de su aplicación. 11. La propuesta de convenio que figura en esta comunicación no tiene por objetivo reducir las considerables divergencias que existen entre los Derechos procesales nacionales. Sin embargo, la Comisión estima oportuno avanzar otro paso e iniciar un debate de fondo sobre la problemática del proceso en Europa, pero no limitándose a la cooperación entre •9 DOC319de 26. 10. 1996. 10 Con el fin de proseguir la reflexión y enriquecer los debates, los servicios de la Comisión divulgaron ampliamente entre las asociaciones europeas representativas de los medios profesionales correspondientes (notarios, abogados, magistrados, oficiales y secretarios judiciales) un cuestionario preparatorio para el seminario de Helsinki. En dicho seminario se presentó el resumen de las respuestas. tribunales, sino desde un ángulo mucho más amplio, el de un acceso rápido, eficaz y a un coste razonable a las instituciones judiciales. La Comisión desea asociar estrechamente a esta reflexión a todos los profesionales del Derecho y a todas las partes interesadas. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones judiciales son importantes condiciones para el desarrollo y el funcionamiento armonioso del espacio comunitario sin fronteras. Es por lo tanto importante explorar las vías por las que pueden satisfacerse esta seguridad y esta confianza en favor de todos los ciudadanos y todas las categorías de justiciables, respetando el principio de subsidiariedad y la proporcionalidad, pero también con una perspectiva más horizontal. 12. La presente comunicación contiene por lo tanto una segunda parte donde se describen las dificultades derivadas de las divergencias entre las legislaciones nacionales en materia procesal, y donde se abordan las cuestiones sobre las que la Comisión desea suscitar un debate en profundidad. • • • • El primero de estos temas se refiere al procedimiento de obtención de un título en el Estado de origen (II. 1). El principio de igualdad de medios, la rapidez del mundo de los negocios y el riesgo de desaparición del patrimonio del deudor, garantía del acreedor, exigen que se ponga a disposición de los justiciables procedimientos con resultados comparables en cuanto a los plazos, el coste y la eficacia. La Comisión considera necesario prestar especial atención, en un primer momento, al posible establecimiento en cada Estado miembro de un procedimiento rápido tendente al pago de sumas de dinero. La presente comunicación contiene asimismo elementos de reflexión sobre la cuestión de la ejecución propiamente dicha de las decisiones judiciales (II. 2). Se impone un enfoque gradual. Se ha propuesto limitar en un primer momento la reflexión al embargo de retención en cuenta bancaria. Convendrá extraer las ideas esenciales capaces de constituir una base común al nivel europeo. En estrecha relación con las vías de ejecución, la cuestión de la transparencia del patrimonio (II. 3) constituye otro tema importante de reflexión. La Comisión estima que los justiciables de la Unión Europea deben poseer instrumentos comparables a este respecto y propone reflexionar sobre una posible generalización del procedimiento de "declaración de patrimonio", que ya se utiliza en varios Estados miembros. Por último, los créditos deben cobrarse en el extranjero con creciente frecuencia. Una mayor cooperación internacional debería facilitar el cobro. La Comisión sugiere por lo tanto que se aumente esta cooperación, eventualmente mediante un sistema de intercambio de información entre las autoridades responsables de la ejecución en los Estados miembros, dentro del respeto de las legislaciones y prácticas de los Estados, especialmente en materia de vida privada y de protección de los datos (cf. II. 4). Perspectivas 13. En el nuevo Tratado, figura ahora el objetivo de mantener y desarrollar la Unión en tanto que "espacio de libertad, de seguridad y de justicia". Con el fin de realizar este espacio, la cooperación judicial civil figura en un nuevo capítulo del Tratado CE relativo a las políticas correspondientes a este objetivo y figura en el artículo 73M. Este artículo prevé especialmente que deberán adoptarse medidas con repercusiones transfronterizas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. En especial, estas medidas podrán ir destinadas a eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros. El Tratado de Amsterdam se hace así eco de la toma de conciencia por parte de los Estados miembros de la extrema importancia de este ámbito para la integración europea y para la eficacia del mercado interior en particular. Se trata de ofrecer a las empresas y a los ciudadanos europeos el entorno necesario para hacer frente a cualquier procedimiento ante los tribunales nacionales. El Convenio de Bruselas y las normas de procedimiento civil tienen una importancia cada vez mayor en las relaciones entre ciudadanos y empresas en un mercado interior cada vez más integrado, al que el rápido desarrollo de las transacciones electrónicas añadirá una nueva dimensión en los próximos años. Parece esencial incrementar en el futuro el carácter operativo de las normas relativas fundamentalmente a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Esta necesidad deriva por una parte de un proceso de integración cada vez más estrecho en el mercado interior y, por otra parte, de las implicaciones relacionadas con una futura ampliación de la Comunidad. Es por tanto en la doble perspectiva de una integración más acentuada y de la ampliación, por lo que la Comisión desea fomentar un debate sobre la cooperación en materia civil. En efecto, la Comisión considera más útil presentar sus iniciativas por etapas. En primer lugar, propone mejorar la circulación de las sentencias en el marco del régimen jurídico existente e iniciar a partir de ahora la reflexión sobre otros aspectos del problema. A la espera de la entrada en vigor del nuevo Tratado, presenta por lo tanto propuestas basadas en la base jurídica actualmente disponible, lanzando simultáneamente una reflexión relativa a los ámbitos objeto de la presente iniciativa. La Comisión observa que el futuro Tratado de Amsterdam permitirá sustituir el instrumento del Convenio por instrumentos comunitarios, con sus correspondientes efectos institucionales, y sin exigir un proceso de ratificación por parte de los Estados miembros y de los eventuales candidatos a la ampliación. La Comisión se reserva adoptar nuevas iniciativas complementarias sobre los temas objeto de reflexión o presentar, en el momento oportuno, una propuesta en el marco del nuevo Tratado, consistente en transformar el Convenio en un instrumento comunitario, velando por mantener, en la medida de lo posible, el paralelismo entre el futuro instrumento comunitario y el Convenio de Lugano que contiene la ampliación de las normas del Convenio de Bruselas a los Estados miembros de la AELC. I. LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS TÍTULOS 14. Todo esfuerzo por mejorar la circulación de sentencias en materia civil y mercantil en la Unión Europea tiene un impacto inmediato en los Convenios de Bruselas y de Lugano. La Comisión considera que el objetivo de que las resoluciones de los Estados miembros se reconozcan y ejecuten más fácilmente en todo el territorio de la Unión Europea debe perseguirse mediante una revisión general de los mecanismos convencionales. 10 1. 1. REVISION DE LOS CONVENIOS DE BRUSELAS Y DE LUGANO 15. La Comisión comparte con los Estados miembros la opinión de que el ejercicio actual de revisión no debe modificar la estructura general ni los principios directores por los que se rigen los Convenios y que han mostrado su eficacia. El objetivo que se persigue es más bien aproximar en la medida de lo posible las disposiciones de ambos Convenios, especialmente tras las modificaciones aportadas por los últimos convenios de adhesión al Convenio de Bruselas11. También se ha acordado proceder a una reevaluación de determinadas disposiciones de los dos Convenios basándose en su utilización en la práctica, y sobre todo en vista de la interpretación que de ellas hace el Tribunal de Justicia. Tras casi treinta años de práctica del Convenio, resulta que es el Título II relativo a la competencia el que plantea más dificultades de aplicación y de interpretación. En este contexto, la Comisión propone una modificación de estos fueros de competencia. Se pretende también reforzar la seguridad jurídica y la eficacia de los mecanismos, mediante una definición autónoma de determinados conceptos, en lugar de una remisión a conceptos fijados en los Derechos nacionales (véase, por ejemplo, el concepto de "órgano jurisdiccional ante el que se hubiera presentado la primera demanda" en materia de litispendencia, o el concepto de "medidas provisionales" (véase el capítulo II). Por último, el nuevo convenio, al igual que el Convenio de Bruselas forma parte del "acervo" de la Unión: por esta razón, debe incluirse en el acta de adhesión de todo Estado tercero a la Comunidad y aplicársele el procedimiento de entrada en vigor de ésta. Se ha propuesto, por lo tanto, prever las disposiciones necesarias a estos efectos. 1. 2. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 16. La solución más radical a los obstáculos generados por el procedimiento de exequátur, consistiría en la supresión pura y simple de dicho procedimiento: dado que los jueces nacionales son jueces europeos, las resoluciones procedentes de los demás Estados miembros se asimilan a las decisiones internas y se someterían al mismo régimen de ejecución, sin control ni formalidades específicamente vinculadas a la condición de resolución "extranjera". 17. No obstante, la gran mayoría de las personas consultadas consideran esta solución prematura. Para tener fuerza ejecutiva, la resolución extranjera necesita además un "pasaporte" que le permita asimilarse a una resolución dictada en el Estado requerido. Uno de los argumentos que suele darse radica en el poder de mando ("imperium") subyacente a la ejecución de una resolución judicial. Este poder constituye una forma privilegiada de expresión de la soberanía nacional. Otro de los argumentos alude a las divergencias sustanciales de los sistemas procesales de los Estados miembros, en cuanto a la definición de un título "ejecutivo", a las modalidades de ejecución de las resoluciones judiciales, pero, sobre todo, en cuanto a la naturaleza, poderes y responsabilidades de los agentes responsables de la ejecución. En general, se considera que únicamente una aproximación de estas definiciones, modalidades de ejecución y estatutos profesionales podrían abrir la vía a nuevos cambios. 18. No obstante, si bien la creación de un título ejecutivo europeo que circule sin control de un Estado miembro a otro sigue chocando con dificultades importantes, existen en la Unión 11 Convenio de adhesión de España y Portugal en 1989 y Convenio de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia de 1996. 11 Europea otras vías de acceso más inmediato. Aún pueden realizarse considerables progresos con el fin de acelerar la libre circulación de los títulos, simplificándose aún más el procedimiento de reconocimiento y ejecución. En el Consejo se plantea la cuestión de si estos cambios deberían introducirse mediante una modificación de las disposiciones pertinentes del Convenio de Bruselas, o si sería más adecuado crear un instrumento distinto, que únicamente se aplicase a las sentencias pecuniarias. La Comisión considera que los cambios que pueden hacerse en la actualidad deben efectuarse en el contexto del reexamen del Convenio de Bruselas. Por una parte, el nuevo régimen de reconocimiento y de ejecución propuesto debe aplicarse a todas las resoluciones en materia civil y mercantil que entren en el ámbito de este Convenio. No existe ningún motivo jurídico que justifique que el nuevo sistema propuesto se aplique o no en función de la naturaleza pecuniaria o no del crédito en cuestión. La creación de un instrumento separado presenta muchos inconvenientes, y el remedio podría resultar peor que el mal que los trabajos desean solucionar. Ello tendría como consecuencia inmediata privar al mecanismo del Convenio de Bruselas de la mayor parte de su ámbito de aplicación potencial, a pesar de la voluntad declarada con ocasión del ejercicio de revisión de no cuestionar fundamentalmente el contenido de un instrumento que constituye un pilar fundamental para la libre circulación de sentencias en Europa. Además, tendría evidentes consecuencias negativas para los usuarios (magistrados, abogados, etc. ) que ya están en su inmensa mayoría bastante poco familiarizados con el Convenio de Bruselas y que se verían enfrentados a graves problemas de interpretación en las resoluciones mixtas. la superposición de dos regímenes "concurrentes" 19. El enfoque propuesto parte de la constatación ampliamente admitida de que la intervención de las autoridades del Estado de ejecución puede simplificarse aún más y la inserción de la fórmula ejecutoria o el registro de la resolución pueden reducirse prácticamente a una mera formalidad. En efecto, los recursos presentados contra las decisiones de exequátur otorgadas en el marco del Convenio de Bruselas han sido escasos. Es necesario preguntarse, en un contexto de sobrecarga endémica de los tribunales en todos los Estados miembros, acerca del mantenimiento del marcado carácter "jurisdiccional" que reviste en la actualidad el procedimiento de exequátur, incluso en la primera fase del procedimiento. Sin querer interferir en la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a este punto, sería de agradecer que los Estados miembros se esforzasen por designar, a efectos de la concesión del exequátur, autoridades distintas de los órganos jurisdiccionales (funcionarios, secretarios judiciales. ). Ello tendría como ventaja inmediata desatascar los tribunales, ya considerablemente cargados, y traduciría así de forma concreta el cambio de naturaleza de la concesión de la fórmula ejecutoria, en la fase inicial del procedimiento, dado que los recursos contra esta concesión deben seguir siendo de naturaleza judicial. En cambio, podría resultar ventajoso designar el mismo órgano jurisdiccional en aquellos Estados miembros donde la ejecución propiamente dicha de las resoluciones, incluidas las resoluciones nacionales, exija la autorización previa de un órgano jurisdiccional. Esta designación no indicaría una desconfianza frente al juez extranjero, sino más bien el deseo, en aras de la simplificación, de concentrar en una sola mano el poder de hacer ejecutoria la decisión extranjera y al mismo tiempo, de ordenar la ejecución propiamente dicha. Por lo que respecta al procedimiento propiamente dicho, las propuestas de la Comisión se basan en el principio de que la concesión de una fórmula ejecutoria debe revestir un cierto 12 automatismo y ser objeto únicamente de un control formal, sin examinar en esta fase del procedimiento los motivos de denegación de la ejecución previstos por el Convenio. Este control se verá facilitado por la presentación de un certificado uniforme y multilingue adjunto a la resolución que debe ejecutarse, expedido por las autoridades del Estado de origen (cuyo modelo figura en anexo al proyecto de Convenio) y que establezca de forma inequívoca las condiciones esenciales que debe cumplir esta resolución para beneficiarse del exequátur. Corresponde a la persona contra la que se ha obtenido el exequátur impugnarlo, aportando la prueba de la existencia de uno de los motivos de denegación del exequátur previstos por el Convenio. 20. Las modificaciones de procedimiento deben ir acompañadas de una revisión de los motivos que permiten actualmente denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución extranjera (artículo 37 bis). Se trata en particular de reconsiderar el motivo de la denegación basado en el concepto de orden público, actualmente sin fundamento en relación con el proceso de integración europea y la materia civil y mercantil en cuestión. Se trata también del motivo debido a la falta de entrega al demandado, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse, de la cédula de emplazamiento o documento equivalente. La lectura actual de esta disposición proporciona en efecto al deudor de mala fe un arma temible para librarse de la ejecución. Por último, en el estado actual de las legislaciones de los Estados miembros, no parece necesario mantener la posibilidad de denegación del exequátur en caso de desconocimiento del Derecho internacional privado del Estado requerido en materia de estado de las personas físicas, capacidad, regímenes matrimoniales y sucesiones. Para evitar recursos puramente dilatorios, la Comisión considera por otra parte que la resolución del Estado requerido por la que se autoriza la ejecución debe ser ejecutoria provisionalmente, al igual que la resolución original que se le ha presentado. No obstante, deben introducirse precauciones que permitan evitar eventuales consecuencias irreparables de la ejecución provisional (artículo 36). 21. La Comisión propone modificar considerablemente los mecanismos actualmente regulados del Convenio de Bruselas con arreglo a estas líneas directrices, sin excluir que esta nueva modificación constituye una etapa y que a su debido tiempo se lleve a cabo una nueva reflexión sobre la supresión pura y simple del exequátur. 1. 3. MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES 22. Las medidas provisionales y cautelares constituyen un elemento de importancia primordial en el contexto del reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras. Las consecuencias negativas de los plazos propios del procedimiento pueden aliviarse o compensarse mediante una actitud favorable del Estado requerido respecto de la concesión de dichas medidas. Si bien dichas medidas han experimentado recientemente en la Unión Europea un considerable auge a la altura de la rapidez característica del mundo empresarial y por lo tanto, constituyen paliativos a los plazos judiciales, excesivamente largos, este arsenal de normas judiciales de los Estados miembros se ha ampliado mediante un proceso relativamente divergente y, sobre todo, autónomo. En efecto, el Convenio de Bruselas únicamente contiene dos disposiciones relativas a las medidas cautelares y provisionales, los artículos 24 y 39, que se contentan con remitir al Derecho interno de los Estados miembros para su aplicación concreta. 13 23. Un examen comparado de las legislaciones nacionales muestra una ausencia casi general de definición de las medidas cautelares y provisionales, así como una considerable heterogeneidad de los regímenes jurídicos existentes. Todo lo más, puede encontrarse una cierta convergencia en algunas funciones atribuidas a estas medidas: garantizar la ejecución ulterior de la decisión que haya de producirse sobre el fondo (o realizar una anticipación de esta ejecución), organizar temporalmente la situación de hecho o de derecho de los protagonistas y proteger los intereses en cuestión hasta la solución del conflicto. La divergencia entre los Estados miembros se agranda no obstante cuando las medidas corren el riesgo de hacer inútil cualquier procedimiento en cuanto al fondo y favorecer una cierta burla de las normas de competencia normalmente aplicables (véase por ejemplo el "référé-provision" del Derecho francés, o el "Befriedigungsverfügung" del Derecho alemán). El recurso al juez competente para dictar medidas provisionales, a fin de que establezca tales medidas anticipadas también está muy desigualmente distribuido, y algunos Estados miembros niegan al juez competente para dictar medidas provisionales el poder de anticipar una resolución en cuanto al fondo. 24. Existen diferencias bastante notables en las condiciones de establecimiento de estas medidas. Si bien las legislaciones de los Estados miembros suelen condicionar la concesión de estas medidas, dotadas en principio de una fuerza ejecutiva inmediata, a la verosimilitud de la pretensión alegada ("fumus boni juris") y a la verosimilitud del riesgo de no cobrar ("periculum in mora"), la condición de urgencia es de forma creciente objeto de una interpretación liberal. También existen diferencias sensibles en lo que respecta a la naturaleza de los bienes que pueden ser objeto de las mismas, el tipo de medidas que pueden adoptarse o incluso las relaciones entre el órgano jurisdiccional provisional y el órgano jurisdiccional competente para entender del fondo. Los elementos formales también son poco homogéneos. Numerosos Estados miembros subordinan las medidas cautelares a la autorización previa de un juez, especializado en algunos Estados miembros y no especializado en otros, mientras que otros Estados miembros permiten en algunos casos la dispensa de tal autorización. Además, el carácter unilateral del principio del procedimiento es la norma en un gran número de Estados miembros, mientras que otros poseen la norma que el debate debe ser contradictorio desde el inicio del procedimiento, salvo casos urgentes particulares, anulando así el efecto sorpresa que suele esperarse de estas medidas. 25. El Convenio de Bruselas no aporta ninguna solución a esta fragmentación de los Derechos en materia de jurisdicción provisional. El artículo 24 se limita a establecer el principio de una competencia derogatoria respecto de las demás normas de competencia en cuanto al fondo, sin indicar el beneficiario o beneficiarios de esta competencia, y sobre todo, no define en qué consisten estas medidas cautelares y provisionales. Para paliar esta carencia, el Tribunal de Justicia ha debido acudir a la interpretación. Con la sentencia "REICHERT II" 12, el Tribunal sienta los primeros hitos de una definición uniforme y autónoma y precisa asimismo el régimen de libre circulación de las resoluciones por las que se ordenan dichas medidas. En cuanto al artículo 39, que prevé la adopción de medidas cautelares durante el plazo del recurso contra la resolución que 12 Asunto C-261/90, Reichert II, 26 de marzo de 1992, Recopilación 1990, 2149. 14 hubiere autorizado la ejecución, el Tribunal de Justicia ha precisado muy oportunamente, en la sentencia CAPELLONI y AQUILINI c/ PELKMANS13 que la parte que solicita y obtiene la autorización de ejecución puede, en virtud de este artículo y en el plazo indicado, hacer ejecutar directamente las medidas cautelares sin estar obligada a obtener una autorización específica. 26. La Comisión considera necesario seguir la vía trazada por el Tribunal e iniciar, en toda la Unión Europea, una reflexión sobre los medios para garantizar una protección equivalente de todos los justiciables en este ámbito. Teniendo en cuenta los diferentes sistemas tratar fundamentalmente sobre el efecto que pretenden las medidas cautelares y provisionales, las condiciones mínimas a que deben someterse, la regla del debate contradictorio, la fuerza ejecutiva de la medida o las vías de recurso. la variedad de medidas, esta reflexión deberá jurídicos y 27. La Comisión propone definir uniformemente la "medida cautelar o provisional". Se ha sugerido que se inspire en los principios rectores adoptados por el Tribunal de Justicia en la sentencia "REICHERT II" 14. 28. La Comisión propone asimismo plantear claramente, a los efectos de las medidas cautelares y provisionales, una regla de competencia en beneficio del Estado miembro en cuyo territorio pueden ejecutarse dichas medidas, incluso si son los tribunales de otro Estado miembro los competentes sobre el fondo del litigio (art. 18 bis). El fundamento de esta nueva regla de competencia es que la urgencia que caracteriza a estas medidas provisionales y cautelares es incompatible con el establecimiento de un procedimiento de exequátur. Este regla debe aplicarse sin perjuicio de la competencia natural del juez competente para entender del fondo, para decidir también sobre las medidas provisionales15. Por otra parte, cuando se ha dictado una resolución no ejecutoria en cuanto al fondo, o cuando una resolución ejecutoria se ha dictado en cuanto al fondo pero aún no ha recibido fuerza ejecutiva en el Estado requerido, en virtud de tal resolución se deberá poder adoptar medidas cautelares en el Estado donde puedan ejecutarse dichas medidas16. La resolución en cuanto al fondo ya se beneficia en efecto, en virtud del artículo 26 del Convenio de Bruselas, de un reconocimiento de pleno derecho, sobre la base de una presunción de regularidad internacional, y tiene el valor de "medida cautelar europea" (véase el art. 27). Por último, cuando la resolución de origen se ha declarado ejecutoria en el Estado requerido, y sin perjuicio de la ejecución provisional de la resolución por la que se autoriza la ejecución, esta resolución conlleva de pleno derecho la autorización para adoptar las medidas cautelares y provisionales previstas por la legislación del Estado 13 Asunto 119/84, Cappelloni y Aquilini c. Pelkmans Recopilación 1985, 3147. 14 Corresponderá al Tribunal de Justicia determinar si pueden considerarse medidas cautelares y provisionales las medidas cuyo objeto sea la anticipación de la resolución en cuanto al fondo. Véase la cuestión prejudicial n° 1996, C-46/7, Asunto C-391/95 Van Uden Maritime Bv c. Firma Deco-Line, Peter Determan KG. 15 Véanse no obstante los límites establecidos al reconocimiento de estas medidas por la sentencia "DENILAUER" del Tribunal de Justicia: la medida cautelar y provisional no se reconocerá si se ha adoptado "ex parte" Asunto 125/79, Denilauer c. Couchet, Recopilación 1980, p. 1553. 16 Véase el artículo 68 de la ley francesa de 9 de julio de 1991 sobre los procedimientos civiles de ejecución y el artículo 1414 del Code Judiciaire belga. 15 requerido. La adopción de estas medidas no supone que la decisión que autoriza la ejecución se haya notificado previamente al demandado. Las medidas seguirán vigentes hasta que haya expirado el plazo de recurso o se haya resuelto definitivamente sobre un eventual recurso (véase el artículo 36). 29. El conjunto de las modificaciones sugeridas figura en el proyecto de convenio que se adjunta en el Anexo 1. En aras de la comodidad, este proyecto de convenio respeta en la medida de lo posible la estructura y la numeración del Convenio de Bruselas, y únicamente integra las disposiciones respecto de las cuales se desea un cambio en relación al Convenio de Bruselas. II. PISTAS DE REFLEXIÓN PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LA JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA 30. La heterogeneidad de los sistemas procesales nacionales determina que, dentro de la Unión, todos los justiciables no se encuentran en la misma situación. No se benefician de instrumentos de eficacia comparable, cuando la igualdad de los ciudadanos y de los agentes económicos en un espacio integrado postula la igualdad de los dispositivos judiciales de los distintos países. Las instituciones comunitarias han puesto de relieve en diversas ocasiones este desfase entre el Derecho y la realidad, que supone el mantenimiento de las fronteras judiciales en la Unión17. El propio Tribunal de Justicia ha subrayado que, cuando la lesión de los derechos se ha originado por una violación del Derecho comunitario, el establecimiento de unas vías de recurso constituye una auténtica obligación a cargo de los Estados miembros, que tiene su origen asimismo en el artículo 5 del Tratado CE18. 31. Esta toma de conciencia por parte de las instituciones ya ha encontrado un cierto eco en varios instrumentos comunitarios. Sobre la base de los artículos 66, 100 o 100 A del Tratado CE, el Consejo ha adoptado varios actos de Derecho derivado, algunas de cuyas disposiciones contienen normas especiales, normas sobre conflictos de jurisdicción, o más esporádicamente, normas sobre conflictos de leyes, sin excluir no obstante, en casos específicos, la aproximación de normas procedimentales sustantivas'9. Esta técnica tiene no obstante sus límites en el propio objeto al que pretende contribuir. De esta forma, los trabajos de aproximación de las normas nacionales de conflicto o del Derecho procesal material abordados con este espíritu han chocado con el inconveniente de desarrollarse en un marco sectorial. 32. Sin perjuicio de eventuales propuestas nuevas en ámbitos específicos, allí donde resulte necesario, la Comisión desea dar preferencia en el futuro a un enfoque lo más horizontal posible de estas cuestiones, que se desarrollará, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, en el marco de las nuevas disposiciones relativas a la cooperación judicial civil (artículo 73M). La complejidad de los problemas planteados, así como el fuerte 17 Véase especialmente el Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la Justicia y la resolución de conflictos relativos al consumo (COM(93)576) y el "Programa estratégico para el Mercado Interior (COM(93)256). 18 TJCE. 19 Véase por ejemplo la Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad engañosa, la Directiva 93/13/CEE relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, las Directivas 88/357/CEE, 90/619/CEE, 92/49/CEE y 92/96/CEE en materia de seguros, la Directiva 96/71/CE sobre el destino de los trabajadores en el marco de la prestación de servicios,. 16 arraigo del Derecho procesal en la tradición jurídica nacional, sugieren, no obstante, una acción progresiva, prudente y proporcionada a las necesidades. Asimismo, deberá prestarse una atención especial al respeto del equilibrio de los intereses de las partes, y en particular al respeto de los derechos de la defensa. La Comisión desea que se centre la atención en determinados puntos de divergencia, cuyo mantenimiento considera perjudicial para el funcionamiento armonioso de la justicia en el espacio sin fronteras de la Unión Europea. Estos aspectos ya se han abordado en los trabajos del Consejo relativos al "Título Ejecutivo Europeo", lo que pone de manifiesto tanto la necesidad como la sensibilización sobre el tema de un posible enfoque común a nivel de la Unión. II. l. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL TITULO EN EL ESTADO MIEMBRO DE ORIGEN 33. La generalización y la aproximación de los procedimientos rápidos para el pago de sumas de dinero constituye un eje prioritario de reflexión, habida cuenta de las crecientes necesidades de los ciudadanos y agentes económicos. 34. En 1994 se realizó un estudio20, a petición de la Comisión, en el marco de la estrategia comunitaria para el desarrollo de las empresas y la mejora del medio empresarial. Este estudio puso de manifiesto que los operadores consideran que el marco jurídico de los Estados miembros no disuade de forma análoga a los deudores de mala fe e incluso puede, en numerosos Estados miembros, beneficiar financieramente a estos últimos, garantizándoles una cierta impunidad. El estudio revela asimismo que algunas PYME dudan en comprometerse en el comercio internacional, pues saben que en caso de impago será mucho más difícil recuperar una deuda en el extranjero que en su propio país. 35. Esta falta de marco jurídico adaptado ya se puso de manifiesto en el contexto del buen funcionamiento del mercado interior en la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995 relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales21. Considerando que los acreedores víctimas de retrasos en los pagos deben tener a su disposición medios de recurso rápidos, eficaces y poco onerosos, la Comisión invitó a los Estados miembros a mejorar la eficacia de los procedimientos jurisdiccionales de resolución simplificada de litigios relativos a sumas reducidas, así como a facilitar las formas de cobro de los créditos transfronterizos no impugnados. No obstante, hubo de constatar, en su informe de 9 de julio de 199722 relativo a la evaluación de los efectos de la recomendación de 1995, que la situación ha evolucionado poco en los Estados miembros, y que las PYME siguen reticentes en cuanto a las actividades de exportación. 36. El enfoque de la Comisión, que ha recibido un gran apoyo del Parlamento23, se basa en efecto en la constatación de las considerables disparidades que se ponen de manifiesto al comparar de los sistemas nacionales. Los últimos veinte años han sido testigos del 20 "European Late Payment Survey" - 1994 - INTRUM JUSTITIA. 21 DO L 127 de 10. 6. 1995; véase la comunicación relativa a la recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995 relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales - DO C 144/3 de 10. 6. 1995. 22 DOC 216/10 de 17. 7. 1997. 23 DOC 211 de 22. 7. 1996. 17 nacimiento en los Estados miembros, en diversos grados, de una serie de procedimientos particulares o sumarios. La multiplicación de estos procedimientos, que traduce la voluntad de los Estados miembros de luchar contra el atraso judicial endémico y el colapsamiento de los tribunales, manifiesta al mismo tiempo la prioridad que cada uno desea conceder a la eficacia de la protección judicial otorgada a las distintas categorías de derecho o de justiciables. 37. De esta forma, determinados Estados miembros ya han establecido o están creando, además de procedimientos para los pequeños créditos o más específicamente los créditos de consumo, un procedimiento destinado a simplificar, agilizar y abaratar la recaudación de sumas de dinero. Estos procedimientos24 no existen sin embargo en todos los Estados miembros25. En los casos en que existen, las condiciones de fondo y de forma de que depende su aplicación varían considerablemente. Los puntos de divergencia afectan a aspectos tan esenciales como la cuantía máxima de los créditos que pueden ser objeto de este procedimiento, el carácter contradictorio o unilateral de este último, los medios de prueba, los gastos y tasas o la intervención del abogado. A ello se añade un formalismo de alcance desigual en los Estados miembros, incluso una "desjudicialización" total del procedimiento26. 38. Esta creciente disparidad genera una desigualdad de los instrumentos en favor de aquellos justiciables que pueden beneficiarse de un procedimiento de mandamiento de pago muy eficaz, en detrimento de aquellos que, en el otro extremo, no disponen en absoluto de este instrumento y únicamente pueden valerse de los procedimientos llamados "normales", generalmente sinónimo de costes y plazos muy superiores. A ello hay que añadir el hecho de que, en algunos Estados miembros, la utilización del procedimiento de mandamiento de pago está pura y simplemente prohibida en caso de litigios transfronterizos27. En este último caso, la desigualdad de los dispositivos legislativos nacionales puede ejercer una influencia no despreciable en la elección de la jurisdicción competente ("forum shopping"). La Comisión considera necesario reducir estas diferencias, que pueden ejercer una influencia en el comportamiento de los deudores. En efecto, se ha demostrado28 que en el marco del seguimiento de la recomendación sobre los plazos de pago entre las empresas, existen muchos menos retrasos en los pagos en los Estados miembros donde la obtención y la ejecución de las resoluciones de condena son rápidas, poco costosas y eficaces. En estos mismos Estados, la proporción de los retrasos intencionales de los pagos respecto del conjunto de los retrasos es claramente inferior a la media, que es del 35%. Para poder beneficiarse plenamente de las ventajas de la desaparición de las fronteras, los agentes económicos deben disponer de un procedimiento rápido, eficaz y poco costoso con unas condiciones de fondo y de forma que les ofrezcan una protección equivalente. Esta protección no debe limitarse a los agentes económicos, sino que debe ofrecerse a todos 24 "Procédure d'injonction de payer" en Francia, "Mahnverfahren" en Alemania, "decieto injuntivo" en Italia, "betaltningsrorelággande" en Suecia, "Summiere rechtspleging om betaling te bekomen" en los Países Bajos, etc. 25 En España y Portugal no existe el procedimiento de mandamiento de pago. El Reino Unido e Irlanda poseen un procedimiento sumario bastante parecido. 26 El "kronofogdemyndighet" en Suecia, por ejemplo. 27 No es seguro que esta restricción sea conforme a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas y del artículo 6 que prohibe las discriminaciones (sentencia MUND y FESTNER, Asunto C-398/92, 10 de febrero de 1994 Recopilación 1. 467). 28 European Payment Habits Survey - April 1997 - INTRUM JUSTITIA 18 los ciudadanos que deban hacer frente al impago de una deuda (consumidores, acreedores de alimentos, etc. ). 39. La generalización29 en todos los Estados miembros del procedimiento de mandamiento de pago facilitará, gracias a la familiarización de las autoridades competentes, los procedimientos de reconocimiento y de exequátur30 previstos por el Convenio de Bruselas. A este respecto, hay que recordar que diversos trabajos científicos efectuados sobre el "Título Ejecutivo Europeo" parten del postulado de que un procedimiento uniforme para el pago de una suma de dinero permitiría llegar a la desaparición total del procedimiento de reconocimiento y de ejecución (exequátur) previsto por el Convenio de Bruselas. 40. El principio esencial es que un procedimiento pesado de pago de una suma de dinero debe evitarse en los asuntos que no sean realmente contenciosos y donde el deudor no impugne su deuda. Este principio de inversión del contencioso postula que la iniciativa del procedimiento ya no incumbe al demandante sino al demandado, que al notificársele una orden de pago dictada a petición del acreedor, debe adoptar una actitud activa acudiendo al Tribunal. El procedimiento se caracteriza por los efectos jurídicos que atribuye al silencio consciente del deudor. Por lo tanto, deben adoptarse precauciones específicas para que los intereses del deudor demandado se vean protegidos eficazmente. La notificación o traslado del título que legitima la demanda del acreedor reviste a estos efectos una considerable importancia, dado que hace correr el plazo que permite al deudor hacer valer su oposición e iniciar un debate contradictorio. 41. Una vez sentados estos principios generales, que figuran en la base de todos los sistemas existentes, quedan por resolver diversas cuestiones. En primer lugar, se trata de determinar cómo respetar el equilibrio de los derechos de las partes presentes, ya se trate de consumidores respecto de los que habría que evitar reforzar su posición de inferioridad existente en el mercado31, o de otras categorías de personas. También será necesario definir cual es la función de la autoridad judicial, del oficial judicial o incluso del abogado. El ámbito material, el importe máximo eventual de los créditos, las modalidades de la demanda, o medios de prueba, los modos de notificación de la resolución, y las vías y plazos de recurso constituyen otros tantos parámetros que deben tenerse en cuenta en la reflexión sobre los posibles límites de un procedimiento europeo de mandamiento de pago. Esta reflexión estará guiada asimismo por la voluntad de no perjudicar los sistemas existentes que han demostrado su eficacia. II. 2 EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES 42. Un régimen rápido y eficaz de ejecución de las resoluciones judiciales constituye uno de los aspectos del acceso a la Justicia. La libre circulación de sentencias sería irreal si el título no se concreta con una eficacia equivalente en todos los Estados miembros. 43. No es seguro que en la actualidad, las legislaciones nacionales estén en condiciones de poder cumplir este objetivo. Al igual que las medidas cautelares y provisionales, las vías 29 Véase la comunicación anteriormente mencionada, p. 9. 30 En la sentencia KLOMPS (16 de junio de 1981, Asunto 166/80, Recopilación p. 1953), el Tribunal de Justicia admite que la orden de mandamiento de pago es una "resolución" en el sentido del Convenio de Bruselas. 31 Véase el Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la Justicia. 19 de ejecución forzosa se organizan de forma muy diferente y están sujetas a condiciones muy divergentes en los distintos Estados miembros. Si bien todos los Estados miembros conocen un derecho de ejecución, que varíe en función de la naturaleza de la obligación a cargo del deudor, y la práctica totalidad de los Estados miembros condicionan la ejecución forzosa a la notificación del título en el que se funda, incluso a un requerimiento de pago del deudor, existen grandes diferencias en lo que respecta a la naturaleza de los títulos que permiten la ejecución forzosa32, y la fuerza de cosa juzgada no es el único criterio determinante a este respecto. Las excepciones al principio generalmente admitido de embargabilidad de todos los bienes del deudor son numerosas, y también muy diferentes según los Estados. Lo mismo sucede con las vías de recurso, la función del tribunal en el contencioso de ejecución, el coste de la ejecución o la publicidad de las medidas de ejecución. 44. El Convenio de Bruselas únicamente pretende facilitar la libre circulación de sentencias, flexibilizando las reglas del exequátur. La ejecución propiamente dicha sigue sujeta a las normas de procedimiento del Estado en el que ha tenido lugar la ejecución. El carácter ejecutivo de un título no se confunde por lo tanto con su ejecución efectiva, y el propio Tribunal de Justicia ha reconocido que no está establecido ni mucho menos que "las condiciones de ejecución de las resoluciones y los riesgos debidos a las dificultades que suscitan sean los mismos en todos los Estados miembros"33. 45. La diversidad y complejidad de las normas, resaltadas por el Tribunal, están vinculadas a la situación particular del Derecho de las vías de ejecución, que afecta al Derecho de las personas, al Derecho de los contratos, de los regímenes matrimoniales y de sucesión, del Derecho fiscal,. así como el Derecho de las garantías. Este carácter pluridisciplinar, al que se añade el principio clásico de territorialidad de los bienes embargados, impone un enfoque prudente y muy progresivo del tema. 46. Se ha propuesto limitar la reflexión, en un primer momento, a la problemática del embargo de retención en cuenta bancaria, que existe en la práctica totalidad de los Estados miembros y que constituye a priori un arma eficaz contra los deudores recalcitrantes. Esta eficacia debe, no obstante, relativizarse teniendo en cuenta el principio de territorialidad de los embargos y las considerables diferencias entre las legislaciones nacionales. Sobre todo, la extrema volatilidad del contenido de las cuentas bancarias constituye un serio freno a la ejecución del embargo y a la aprehensión de los fondos. Es deseable por lo tanto reflexionar con los sectores interesados acerca de los diferentes medios para neutralizar estos obstáculos y esta volatilidad y definir un enfoque común para la Unión Europea. 47. Diversas cuestiones merecen una especial atención. La determinación del lugar del embargo es una de las cuestiones esenciales, en cuya respuesta ha de tenerse en cuenta el desarrollo masivo de la transferencia electrónica de fondos. El principio clásico según el cual este lugar es el lugar donde se interceptan los fondos en posesión del banquero o el lugar donde el banco efectúa el pago (generalmente su domicilio social) debe reevaluarse a estos efectos. El alcance del embargo en lo que respecta a los fondos depositados en la sucursal o la filial extranjera del banco embargado plantea asimismo un problema particular en relación con 32 Algunos Estados miembros realizan una distinción entre el título ejecutivo y la fórmula ejecutiva. 33 Sentencia MUND & FESTNER, anteriormente mencionada, véase la nota n° 24. 20 el principio de territorialidad de los embargos. Las filiales o sucursales suelen considerarse como establecimientos distintos de aquél donde se ha realizado el embargo, en cualquier caso en lo que respecta al desembargo de aquél. La fecha en la que el tercero embargado debe proporcionar información relativa a la cuenta del deudor, o incluso sobre el destino de los créditos inembargables transferidos a la cuenta bancaria, son cuestiones que deberán examinarse detalladamente. Lo mismo ocurre respecto al trato prioritario otorgado en algunos Estados miembros al acreedor embargante, que puede suponer un riesgo de discriminación frente al acreedor más "alejado". II. 3. TRANSPARENCIA DEL PATRIMONIO 48. Para la eficaz protección de los derechos del acreedor, resulta indispensable facilitar una pronta ejecución de las resoluciones extranjeras, mediante un procedimiento de reconocimiento y de exequátur simplificado. No obstante, este progreso puede resultar en numerosos casos ilusorio si el deudor resulta insolvente o si esconde sus bienes. El acreedor debe poder evaluar con precisión la consistencia real del patrimonio del deudor, en sus elementos activos y pasivos, antes de juzgar la oportunidad de proseguir la ejecución. 49. Ahora bien, este patrimonio, que representa la garantía general de los acreedores, ha perdido mucha transparencia. Antaño constituido en su mayoría por bienes inmuebles fácilmente identificables y por lo tanto embargables, en la actualidad los componentes del patrimonio se han modificado considerablemente. También se ha desmaterializado en gran medida en favor principalmente de las cuentas bancarias, remuneraciones diversas, participaciones sociales, o valores mobiliarios en sociedades diseminadas por Europa. El patrimonio se caracteriza en la actualidad por una mayor opacidad y, con el progreso informático y de Internet34, por una mayor volatilidad. 50. Los legisladores nacionales no han permanecido insensibles a esta evolución y han instaurado progresivamente medidas destinadas a paliar, al menos parcialmente, esta falta de transparencia. Los medios que existen actualmente en los Estados miembros y que permiten descubrir y localizar los diferentes elementos activos y pasivos del patrimonio del deudor se caracterizan no obstante por una gran diversidad y están lejos de garantizar una protección igual de todos los acreedores. 51. Uno de estos medios consiste en la obligación que se impone al deudor, a petición del acreedor o del tribunal encargado de la ejecución, de revelar los elementos de su patrimonio. En un primer grupo de Estados miembros, no existe ninguna norma jurídica de esta naturaleza. Corresponde por lo tanto al acreedor realizar las diligencias necesarias para identificar y localizar estos elementos, lo que beneficia a menudo al deudor astuto o bien aconsejado. Algunos Estados miembros no poseen disposiciones que permitan sancionar las actuaciones del deudor destinadas a organizar su insolvencia. En un segundo grupo de Estados miembros, existe la obligación de declarar el patrimonio, que se efectúa por escrito u oralmente ante un tribunal, o en su caso bajo juramento ante un secretario judicial o un funcionario judicial, o incluso ante autoridades especialmente 34 Véase el Libro Verde de la Comisión sobre el comercio electrónico (COM(97)157) 21 encargadas de la ejecución de las resoluciones. El deudor que se niegue a esta declaración se expone a incurrir en sanciones, incluso a la pena de prisión. De forma general, la obligación de declaración afecta a todos los tipos de bienes muebles o inmuebles. La eficacia de tal declaración de patrimonio depende en gran medida del uso que se haga y de la publicidad que se le dé. En algunos Estados miembros, la información obtenida por esta vía únicamente se comunica al tribunal y a las partes. Por el contrario, el valor disuasorio de la obligación de declaración resulta mucho mayor en los casos en que la información puede estar al alcance de cualquier persona interesada, por medio de los registros de los tribunales, de forma que la obligación de declaración del patrimonio constituye un medio de presión muy eficaz contra los deudores de mala fe. 52. La consulta de los registros públicos puede constituir una fuente de información complementaria no despreciable, incluso una solución sustitutoria en los Estados miembros donde no existe la declaración de patrimonio. También en este aspecto, la amplitud de la información accesible por esta vía varía considerablemente entre los Estados miembros. 53. Por otro lado, en algunos Estados miembros corresponde a los tribunales o autoridades encargadas de la ejecución la facultad de exigir la comunicación por parte de terceros, especialmente los establecimientos bancarios y financieros, de información sobre las cuentas de los deudores. En otros Estados miembros esta posibilidad está totalmente excluida, y generalmente se invoca el secreto bancario para justificar esta exclusión. 54. Por tanto, existen considerables divergencias en la Unión Europea en la forma de entender el concepto de transparencia del patrimonio. Por una parte, la discreción de algunos Estados miembros tiende a fomentar que los deudores de mala fe desplacen sus bienes a dichos Estados miembros con el fin de evitar el embargo. Por otra parte, los acreedores de la Unión Europea no se encuentran en situación de igualdad según deban buscar el pago de su crédito en uno u otro Estado miembro. La Comisión considera que la situación actual no es satisfactoria y que la eficacia de las vías de ejecución en la Unión Europea exige una acción coordinada. La Comisión estima oportuno reflexionar, habida cuenta del interés que presenta este sistema, sobre la generalización de la obligación de declaración de patrimonio como medio de localizar los elementos activos y pasivos de éste. Asimismo, también deberán tenerse en cuenta procedimientos destinados a luchar contra la insolvencia organizada. Este enfoque ha recibido un amplio apoyo por parte de los profesionales consultados por los servicios de la Comisión en el marco de los trabajos preparatorios para el seminario de Helsinki de marzo de 1997 sobre el "Título Ejecutivo Europeo". La Comisión considera no obstante indispensable conciliar la eficacia de tal procedimiento con las reglas de la inembargabilidad por una parte, y por otra, con la protección del deudor y de las terceras personas contra cualquier medida de investigación inoportuna, inadecuada o excesiva. También deberá prestarse especial atención a la protección de los datos. La Comisión tiene la intención de realizar amplias consultas con el fin de obtener opiniones detalladas de los medios interesados. 22 IL4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 55. Otra dimensión que debe integrar la reflexión sobre la mejora de la eficacia de las sentencias es la cooperación de las autoridades responsables en cada Estado de la ejecución de las mismas. Esta cuestión es indisociable de la determinación de los bienes objeto de ejecución y constituye su complemento natural. El alcance de una futura cooperación será en efecto tanto mayor cuando se hayan realizado considerables avances en la mayor transparencia del patrimonio. En la actualidad, y a pesar de que la cooperación judicial civil es uno de los objetivos de la Unión, debe constatarse la ausencia en la Unión Europea de un instrumento multilateral de alcance general destinado, mediante la instauración de un sistema de asistencia mutua, a acelerar la resolución de litigios y la ejecución de sentencias. 56. Esta constatación ha sido uno de los temas abordados en el seminario sobre el "Título Ejecutivo Europeo" organizado en Helsinki en marzo de 1997, en tanto que elemento que contribuye a una mayor eficacia de las resoluciones judiciales. La posibilidad de instaurar un sistema de intercambio de información en este ámbito ha sido objeto de consultas de los Estados miembros en el marco de los trabajos sobre el "Título Ejecutivo Europeo" (véase el punto I. 2. ). La acogida que ha recibido esta propuesta muestra una cierta sensibilización de los Estados miembros frente a las dificultades derivadas de la falta de un marco formal de cooperación entre los tribunales respecto a la eficacia de las sentencias. 57. La Comisión, por su parte, considera que la mejora de los mecanismos legislativos de reconocimiento y de exequátur es una cuestión prioritaria, pero que los resultados positivos que se esperan de los esfuerzos realizados en este sentido pueden incrementarse aún más mediante una cooperación activa de las autoridades de los Estados miembros implicadas en estos mecanismos. Por una parte, tal cooperación permitiría soslayar los inconvenientes del principio de territorialidad de las vías de ejecución, principio profundamente arraigado en la tradición jurídica de los Estados miembros. La dificultad, e incluso la imposibilidad en algunos casos, de localizar fácilmente y con un coste menor los bienes susceptibles de satisfacer al acreedor, cuestiona por otra parte la libre circulación y la eficacia de las resoluciones y, de forma más general, la capacidad del aparato judicial de los Estados miembros para responder a las preocupaciones de los justiciables. Es por tanto razonable que se inicie un debate destinado a determinar la oportunidad, la forma y las posibles modalidades de un sistema de intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros responsables de la ejecución. 58. Para ser eficaz, tal sistema no debe limitarse al intercambio de información sobre la legislación aplicable en el Estado requerido en materia de ejecución de las resoluciones. El principal objetivo de la cooperación debe ser en realidad la obtención, en beneficio del acreedor, de la información disponible en el Estado requerido sobre la propia persona del deudor, pero también sobre la naturaleza de sus bienes y su consistencia en elementos activos (incluidos los créditos detentados por terceros) y pasivos, así como su localización. 59. Un examen comparado de los instrumentos existentes en otras materias facilitará la definición de los posibles límites del sistema. Existen en efecto una serie de 23 instrumentos en la Unión Europea cuyo objeto es permitir o facilitar la información recíproca y la cooperación de las autoridades. A este respecto, el mecanismo previsto por el Convenio firmado el 6 de noviembre de 1990 en el marco de la cooperación política europea y relativo al cobro de las pensiones alimenticias35 reviste un especial interés. Según el artículo 3 de este Convenio, las autoridades designadas se comprometen en efecto a cooperar con vistas a la eficacia de las resoluciones y a aplicar los medios de ejecución forzosa necesarios, así como a buscar y localizar los bienes del deudor y a obtener de las autoridades del Estado toda la información relativa al deudor. El Derecho Comunitario ofrece asimismo diversos modelos de sistemas de intercambio de información y de asistencia mutua entre autoridades, cuyo objetivo es garantizar la correcta aplicación de las normas comunitarias. Estos sistemas se han desarrollado especialmente en los ámbitos aduanero y agrícola, así como en materia fiscal36. 60. En la reflexión que debe llevarse a cabo deberán tenerse en cuenta diversos parámetros, y los siguientes elementos influirán considerablemente en los debates: las diferencias culturales entre los Estados miembros en lo que respecta a la responsabilidad de la instrucción del proceso y la ejecución de las resoluciones, las disparidades o convergencias entre la información disponible en cada Estado miembro, y las considerables divergencias de la naturaleza y las responsabilidades de los agentes responsables de la ejecución. Será necesario definir con precisión quién podrá tener acceso a la información. Sin duda, sería preferible reservar este acceso a las autoridades y no a simples personas privadas. Por ello, será necesario determinar qué autoridades pueden recibir información y cuáles pueden proporcionarla. Sin duda, tal sistema deberá estar abierto a todas las autoridades administrativas, judiciales o que ejerzan de forma liberal, siempre que dicha autoridad haya recibido del Estado el poder para proceder a la ejecución forzosa de las resoluciones. También habrá que establecer el grado de descentralización a que daría lugar tal sistema. Deberán definirse claramente el ámbito de aplicación material del sistema y las condiciones que deberán cumplir las peticiones de asistencia. También habrá que delimitar los casos en que pueda denegarse válidamente la asistencia, así como definir los límites que pueden imponerse al sistema en virtud del derecho legítimo a la protección de la vida privada y la protección de los datos personales, o en virtud de las normas vigentes en el Estado requerido en materia de confidencialidad de la información o de secreto bancario. 35 Este Convenio únicamente ha sido ratificado por 4 Estados miembros. Un examen de este Convenio, actualmente en curso en el Consejo, especialmente sobre los motivos de la no ratificación, permitirá en principio obtener información útil. 36 Véase especialmente la Directiva del Consejo 76/308/CEE referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que forman parte del sistema de financiación del FEOGA así como de las exacciones agrícolas y de los derechos de aduana - DO L 73 de 19. 3. 1976, p. 18. 24 III. PROPUESTA DE ACTO DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN, EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, VISTO el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra c) del apartado 2 del artículo K. 3, VISTA la propuesta de la Comisión37, VISTO el dictamen del Parlamento Europeo38, CONSIDERANDO que, con vistas a la consecución de los objetivos de la Unión Europea, los Estados miembros estiman que la cooperación en el ámbito de la competencia, del reconocimiento y de la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil es una cuestión de interés común que forma parte de la cooperación judicial en materia civil establecida por el Título VI del Tratado, HABIENDO DECIDIDO establecer el presente Convenio y el Protocolo relativo a la interpretación del mismo, cuyos textos figuran adjuntos y que han sido firmados en este día por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, RECOMIENDA su adopción por los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas normas constitucionales. Hecho en , el Por el Consejo El Presidente 37 COM (97). 38 DO. 25 LAS ALTAS PARTES CONTRA TANTES del Tratado de la Unión Europea, CON REFERENCIA al Acto del Consejo de la Unión Europea de , DESEANDO mejorar y acelerar la libre circulación en los Estados miembros de la Unión Europea de las resoluciones judiciales en materia civil o mercantil y simplificar a estos efectos las formalidades necesarias para el reconocimiento y la ejecución provisional de las resoluciones judiciales, PREOCUPADAS por reforzar la protección jurídica de las personas establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea, CONSIDERANDO que, en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, los convenios establecidos de conformidad con el artículo K3 de dicho Tratado podrán prever que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sea competente para interpretar las disposiciones de dichos convenios, con arreglo a las modalidades que establezcan, HAN CONVENIDO las disposiciones siguientes: (Sin cambios)39. TÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo l TÍTULO II - COMPETENCIA JUDICIAL Sección 1 Disposiciones generales Artículo 2 1. Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas que tuvieren su residencia habitual en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado en que tengan su residencia habitual les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales. 2. A efectos de aplicación del presente Convenio, el lugar de la administración central de las sociedades y demás personas jurídicas o, en su defecto, su sede estatutaria, se asimilará a la residencia habitual de las personas físicas. 39 En todo el Convenio y los Protocolos, la mención "sin cambios" debe entenderse en relación con el Convenio de Bruselas y sus Protocolos en su versión actual (tras la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia). 26 Artículo 3 Las personas que tuvieren su residencia habitual en un Estado contratante, sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado contratante en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a óbis del presente Título. En particular, no podrá invocarse frente a ellas: (Sin cambios) Artículo 4 Si el demandado no tuviere su residencia habitual en un Estado contratante, la competencia judicial se regirá, en cada Estado contratante, por la ley de este Estado, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 16,17 y 18. Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, que tuviere su residencia habitual en el territorio de un Estado contratante podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el párrafo segundo del artículo 3. Sección 2 Competencias especiales Artículo 5 Las personas que tuvieren su residencia habitual en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: 1. 2. 3. 4. en materia de contratos relativos a la venta de bienes, ante el tribunal del lugar en el que se hubiere efectuado o debiere haberse efectuado la entrega, salvo si los bienes hubieren sido entregados o debieren haberse entregado en lugares diferentes; en materia de alimentos, ante el tribunal del lugar de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental en el marco de una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta40, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes; en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso o ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el daño o una parte del mismo; si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil; 40 Será preciso tener en cuenta la firma del Convenio sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial ("Bruselas II"). 27 5. 6. 7. si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal. del lugar en que se hallaren sitos; en su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio estuviere domiciliado el trust; si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete: a) b) hubiere sido embargado para garantizar dicho pago, o hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o cualquier otra garantía; esta disposición sólo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o flete o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento. Artículo 5bk 1. En materia de contratos individuales de trabajo, el demandado que tuviere su residencia habitual en el territorio de un Estados contratante podrá ser demandado en otro Estado contratante, ante el tribunal del lugar donde el trabajador realizare habitualmente su trabajo. Si el trabajador no desempeñare habitualmente su trabajo en un único Estado, podrá también demandarse al empresario ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere contratado al trabajador. 2. Los convenios atributivos de competencia celebrados entre las partes sólo surtirán efecto si son posteriores al nacimiento del litigio o si el trabajador los invoca ante otros tribunales distintos del tribunal de la residencia habitual del demandado o del tribunal a que se refiere el apartado 1. Artículo 6 Las personas que tuvieren su residencia habitual en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: 1. si hubiere varios demandados, ante el tribunal de la residencia habitual de cualquiera de ellos, a menos que la demanda se hubiere interpuesto con el único objeto de sustraer a los codemandados a la jurisdicción de su tribunal. El párrafo primero no se aplicará a los codemandados que hubieren celebrado con el demandante un convenio atributivo de jurisdicción que cumpla las condiciones del artículo 17; 2. si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda 28 principal, salvo que ésta se hubiere interpuesto con el único objeto de sustraer al demandado a la jurisdicción de su tribunal; si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última; en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal del Estado contratante en el que estuviere sito el inmueble. 3. 4. (Sin cambios). (Sin cambios). ArtkulQ 6bis Sección 3 Competencia en materia de seguros Artímh 7 Artículo 8 El asegurador que tuviere su residencia habitual en un Estado contratante podrá ser demandado: 1. 2. en otro Estado contratante, ante el tribunal del lugar donde tuviere su residencia habitual el tomador del seguro, o si se tratare de un coasegurador, ante el tribunal del Estado contratante que entendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro. Cuando el asegurador no tuviere su residencia habitual en un Estado contratante pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado contratante se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, como si tuviere su residencia habitual en dicho Estado. Artículo 9 El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar donde se haya producido el hecho dañoso o ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el daño o parte del daño, cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refirieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro. (Sin cambios). Artículo 10 29 Articulo 11 Salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 10, la acción del asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio tuviere su residencia habitual el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o beneficiario. Las disposiciones de la presente Sección no afectarán al derecho de interponer una reconvención ante el tribunal que estuviere conociendo de una demanda principal de conformidad con la presente Sección. Artículo 12 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los convenios: (§ 1 y 2 sin cambios) 3. 4. que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, con residencia habitual en el mismo Estado contratante en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser, que la ley de éste prohibiere tales convenios, o; celebrados con un tomador de seguro que no tuviere su residencia habitual en un Estado contratante, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado contratante, o 5. (Sin cambios) Articulo 12 bis Los riesgos contemplados en el punto 5 del artículo 12 son los siguientes: (§ 1 à 4 Sin cambios) 5. El conjunto de grandes riesgos contemplados en el artículo 5 de la Directiva 88/357/CEE del Consejo. Seccfón 4 Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores Artículo 13 En materia de contratos celebrados por una persona para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, en lo sucesivo denominada «el consumidor», la competencia quedará determinada por la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5: 1. cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías o de un préstamo a plazos o cualquier otro contrato de crédito al que sea aplicable la Directiva 87/102/CEE del Consejo, 30 2. para cualquier otro contrato que tuviere por objeto una prestación de servicios o un suministro de mercaderías, si: a) b) c) la celebración del contrato hubiese sido precedida, en el Estado de residencia habitual del consumidor, de una oferta especialmente hecha o de una publicidad; si el cocontratante del consumidor o su representante hubieren recibido el pedido del consumidor en el país donde éste tuviere su residencia habitual, o si el consumidor se hubiere trasladado del Estado de su residencia habitual a otro Estado contratante y hubiere realizado en este último su pedido, siempre que el viaje hubiere sido organizado con el fin de incitar al consumidor a celebrar una venta. Las disposiciones del punto 2) del párrafo primero se aplicarán asimismo a los contratos relativos a la adquisición de un derecho de utilización a tiempo parcial de bienes inmuebles. Cuando el cocontratante del consumidor no tuviere su residencia habitual en un Estado contratante, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado contratante, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que tiene su residencia habitual en dicho Estado. Artículo 14 La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratante donde tuviere su residencia habitual dicha parte o ante los tribunales del Estado contratante donde tuviere su residencia habitual el consumidor. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratante donde tuviere su residencia habitual el consumidor. Estas disposiciones no afectarán al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente Sección. Artículo 15 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los convenios: 1. posteriores al nacimiento del litigio, o 2. 3. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente Sección, o que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, con residencia habitual en el mismo Estado contratante en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales convenios. 31 Sección 5 Competencias exclusivas Artículo 16 Son exclusivamente competentes : 1) a) (Sin cambios) b) no obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, son igualmente competentes los tribunales del Estado contratante donde tuviere su residencia habitual el demandado, siempre que el arrendador y el arrendatario fueren personas físicas y tuvieren su residencia habitual en el mismo Estado contratante; 2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y demás personas jurídicas que tuvieran su sede estatutaria en un Estado contratante, los tribunales de dicho Estado; (§ 3 à 5 sin cambios) Sección 6 Prórroga de la competencia Artículo 17 Si las partes, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado contratante fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán los únicos competentes Cuando ninguna de las partes que hubiere celebrado un acuerdo de este tipo tuviere su residencia habitual en un Estado contratante, los tribunales de los demás Estados contratantes sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia. (El resto del artículo sin cambios, salvo el último párrafo que queda suprimido). Articulo 18 Aparte de los casos en que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Convenio, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado contratante ante el que el demandado comparezca y realice voluntariamente actos procesales distintos de aquellos destinados, directa o indirectamente, accesoria o subsidiariamente, a plantear la incompetencia de dicho órgano jurisdiccional. Las disposiciones nacionales relativas a la forma o a los medios por los que puede plantearse la incompetencia del órgano jurisdiccional no pueden en ningún caso constituir una amenaza a la expresión 32 inequívoca de la voluntad del demandado de impugnar la competencia de este órgano jurisdiccional. El párrafo primero no será aplicable si existe otro órgano jurisdiccional exclusivamente competente en virtud del artículo 16. Sección 6 bis Competencia en materia de medidas provisionales y cautelares Artículo Ubis 1. Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante siempre que deban ejecutarse en su territorio, independientemente del lugar donde se produzcan sus efectos, incluso si, en virtud del presente Convenio, un tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el fondo. 2. A los efectos del presente Convenio, las medidas provisionales y cautelares son las medidas urgentes destinadas a instruir un litigio, a garantizar la conservación de pruebas o de bienes con vistas a la resolución o a la ejecución forzosa, o a mantener o resolver una situación de hecho o de Derecho con el fin de proteger los derechos cuyo reconocimiento se solicite o pueda solicitarse al juez que conozca sobre el fondo. Sección 7 Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad (sin cambios) Artículo 19 Artículo 20 Cuando el demandado fuere emplazado por un tribunal de otro Estado contratante y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Convenio. (párrafo segundo sin cambios) Los Estados contratantes aplicarán las disposiciones del párrafo segundo tan solo hasta la entrada en vigor, con respecto a ellos, de las disposiciones del artículo 9 del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. 33 Sección 8 Litispendencia y conexidad Artículo 21 Cuando se interpusieren demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se interpusiere la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél. A los efectos del presente Convenio, el recurso ante el tribunal se iniciará cuando se presente la demanda ante dicho tribunal y se traslade o notifique al demandado la demanda o documento equivalente de iniciación procesal, con arreglo a los párrafos segundo o tercero del artículo 20. Articulo 22 Cuando estuvieren pendientes demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento. Este tribunal podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, siempre que las demandas estén pendientes al mismo nivel, que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de dichas demandas y que su ley permita la acumulación de asuntos conexos. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente. 1. (§1 sin cambios) Articulo 23 2. Cuando el tribunal ante el que se hubiere presentado la segunda demanda gozare de competencia exclusiva, dicho tribunal no deberá suspender el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se hubiera presentado la primera demanda haya resuelto sobre su competencia. Sección 9 Medidas provisionales y cautelares Articulo 24 34 (suprimido). TÍTULO 111 - RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN (sin cambios). (sin cambios). Artículo 25 Sección 1 Reconocimiento Artículo 26 Artículo 27 Las resoluciones dictadas en un Estado contratante, incluso si no fueren ejecutorias o no se hubieren declarado aún ejecutorias en dicho Estado con arreglo al artículo 31 darán origen, respecto de las condenas dictadas, a un derecho conforme al cual podrán adoptarse medidas provisionales y cautelares con arreglo a la legislación del Estado requerido. (suprimido). (suprimido). (sin cambios). Artículo 29 Artículo 29 Artículo 3Q Sección 2 Ejecución Artículo $1 Las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí fueren ejecutorias, producirán en otro Estado contratante los efectos propios de una decisión ejecutoria en dicho Estado cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en éste último. No obstante, en el Reino Unido, estas resoluciones se ejecutarán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte, previo registro con fines de ejecución, a instancia de la parte interesada, en una u otra de esas partes del Reino Unido, según el caso. 1. (sin cambios). Artículo 32 35 2. En los Estados contratantes donde se hubieren designado varios órganos jurisdiccionales o autoridades, la competencia territorial del órgano jurisdiccional o autoridad se determinará por la residencia habitual de la parte contra la que se solicitare la ejecución. Si dicha parte no tuviere su residencia habitual en el Estado requerido, la competencia se determinará por el lugar de ejecución. Artículo 33 Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución. El demandante deberá elegir domicilio en un lugar que esté bajo la jurisdicción del órgano jurisdiccional o de la autoridad a la que se recurra. No obstante, si la ley del Estado requerido no conociere la elección de domicilio, el demandante designará un mandatario ad litem. Se adjuntarán a la solicitud los documentos mencionados en el artículo 46. Artículo 34 1. El órgano jurisdiccional o la autoridad a la que se recurra decidirá en un plazo máximo de quince días a partir de la presentación de la solicitud. 2. 3. El órgano jurisdiccional o la autoridad a la que se recurra realizarán un control de la regularidad formal de la solicitud y de los documentos previstos en el artículo 46. La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones. (sin cambios). Artículo 35 Artículo 36 1- La resolución por la que se autoriza la ejecución se notificará a la parte contra la interponer recurso contra la cual se hubiere solicitado la ejecución. Ésta podrá resolución dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación. 2. Si dicha parte tuviere su residencia habitual en un Estado contratante distinto de aquel en el que se dictare la resolución por la que se otorgare la ejecución, el plazo será de dos meses a partir del día en que tuviere lugar la notificación, ya fuere personal o domiciliaria. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia. 3. La decisión por la que se autoriza la ejecución será provisionalmente ejecutoria de pleno derecho. No obstante, las medidas relativas a la venta o a la atribución o cualesquiera otras medidas para la realización definitiva de los derechos contenidos en la resolución se suspenderán durante el plazo para la interposición del recurso previsto en el apartado 1, y en caso de recurso, hasta que se haya resuelto sobre éste mediante 36 una resolución con fuerza de cosa juzgada. El tribunal ante el que se haya interpuesto el recurso podrá no obstante decidir otra cosa, estableciendo, en su caso, la constitución de una garantía. 4. En cualquier caso, la resolución que otorgue la ejecución implicará la autorización para adoptar medidas cautelares sobre los bienes o con respecto a la parte contra la que se conceda la ejecución. (sin cambios). Artículo 37 Artículo 3Ibis 1. El recurso contemplado en el apartado 1 del artículo 36 se admitirá si la parte contra la que se hubiere autorizado la ejecución probare: 1) (suprimido). 2) en el caso de una resolución dictada en rebeldía, • • que la demanda o documento equivalente de iniciación procesal no le ha sido trasladado o notificado regularmente y que esta irregularidad le ha causado un perjuicio, o que dicho acto no le ha sido trasladado o notificado a su debido tiempo para que pueda defenderse. No obstante, no se admitirá el recurso si no hubiere ejercido ninguna vía de recurso contra la resolución dictada, a pesar de haber tenido conocimiento de ella regularmente y a su debido tiempo; 3) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido o en otro Estado contratante; 4) (suprimido); 5) que la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en un Estado no contratante entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. 2. En ningún caso podrá ser la resolución del Estado contratante de origen objeto de una revisión en cuanto al fondo. Artículo 3Iter Se admitirá el recurso contemplado en el artículo 36 si la parte contra la que se hubiere autorizado la ejecución probare que no se han observado las disposiciones de las Secciones 3, 4 y 5 del Título II, así como el caso previsto en el artículo 59. 37 En la apreciación de las competencias contempladas en el párrafo primero, el tribunal ante el que se hubiera interpuesto el recurso quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado de origen hubiere fundamentado su competencia. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo primero, la competencia del tribunal del Estado de origen no podrá ser objeto de control. Artículo 38 El tribunal que conociere del recurso podrá, a instancia de la parte que lo hubiese interpuesto, suspender el procedimiento si la resolución extranjera hubiese sido objeto de recurso ordinario o extraordinario en el Estado de origen o si el plazo para interponerlo no hubiere expirado. En este último caso, el tribunal podrá conceder un aplazamiento a efectos de interposición de dicho recurso. 2 y 3 (suprimidos). (suprimido). 1. (Sin cambios) Artículo 39 Artículo 40 2. La parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución será citada de comparecencia ante el tribunal que conociere del recurso. En caso de incomparecencia se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo y tercero del artículo 20. (sin cambios). Artículo 41 Artículo 42 Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere autorizarse para todas ellas, el tribunal o la autoridad a la que se recurra concederá la ejecución para una o varias de las mismas. El solicitante podrá instar una ejecución parcial. Artículo 43 Sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares y provisionales destinadas a garantizar su ejecución, las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado de origen. (sin cambios). Artículos 44 y 45 38 Sección 3 Disposiciones comunes Artículo 46 La parte que invocare el reconocimiento o instare la ejecución de una resolución deberá presentar: 1. Una copia de dicha resolución que deberá reunir las condiciones necesarias de autenticidad; 2. 3. 4. el original o una copia certificada conforme de una certificación expedida por un tribunal o una autoridad del Estado contratante donde se haya dictado la resolución, según el modelo que figura en el Anexo al presente Convenio. Esta certificación deberá expedirse en la lengua oficial del Estado contratante requerido o, en caso de existir varias lenguas oficiales en dicho Estado contratante, en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar donde se haya realizado la ejecución, o en cualquier otra lengua que el Estado contratante requerido haya manifestado que puede aceptar. En el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 del artículo 61, cada Estado contratante indicará la lengua o lenguas oficiales de la Unión Europea, además de la suya propia, en las que acepta que se cumplimente el formulario; si se tratare de una resolución dictada en rebeldía, el original o una copia auténtica del documento que acredite el traslado o notificación de la demanda o del documento equivalente a la parte declarada en rebeldía; cuando proceda, un documento que certifique que el solicitante goza de beneficio de justicia gratuita en el Estado de origen. (suprimido). Artículo 47 Artículo 48 De no presentarse los documentos mencionados en los puntos 3 y 4 del artículo 46, el tribunal o la autoridad podrán fijar un plazo para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerare suficientemente informado. Si el tribunal o la autoridad lo exigieren, se presentará una traducción de los documentos previstos en los puntos 1, 3 y 4 del artículo 46; la traducción será certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados contratantes. Artículo 49 No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a los documentos mencionados en el artículo 46 y en el párrafo segundo del artículo 48, y en su caso, al poder para pleitos. 39 TÍTULO IV - DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA Y TRANSACCIONES JUDICIALES Artículo 50 1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un Estado contratante, serán declarados ejecutorios, a instancia de parte, en otro Estado contratante, con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 31 a 45. La solicitud no podrá desestimarse. A los efectos del presente Convenio, se entiende por documentos públicos con fuerza ejecutiva los instrumentos expedidos por una autoridad pública, con arreglo a las normas de competencia y de forma previstas por la legislación del Estado en cuyo nombre actúa dicha autoridad. 2. 3. El documento presentado deberá reunir las condiciones necesarias de autenticidad en el Estado de origen. Serán aplicables, en la medida en que fuere necesario, las disposiciones de los artículos 46 a 49. (sin cambios). Artículo 51 TÍTULO V - INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Artículo 52 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse sobre la interpretación del presente Convenio, con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo n° 2 incorporado como Anexo. (suprimido). (sin cambios). (suprimido). (sin cambios). Artículo 53 TITULO VI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 54 Artículo 54bis TÍTULO VII - RELACIONES CON LOS DEMÁS CONVENIOS Artículos 55 y 56 40 1. (sin cambios). Artículo 57 2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará de la siguiente manera: a) el presente Convenio no impedirá que un tribunal de un Estado contratante que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular pudiera fundamentar su competencia en dicho Convenio, aunque el demandado tuviere su residencia habitual en un Estado contratante no parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 20 del presente Convenio; (el resto sin cambios). (suprimido). Artículo 58 Artículo 59 El presente Convenio no impedirá que un Estado contratante se comprometa con un Estado tercero, en virtud de un Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante contra un demandado que tuviere su residencia habitual en un Estado tercero cuando, en el caso previsto en el artículo 4, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el párrafo segundo del artículo 3. (el resto sin cambios). TÍTULO VIII - DISPOSICIONES FINALES Artículo 60 El presente Convenio sustituirá, en las relaciones entre los Estados contratantes, al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial, y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado por los Convenios de adhesión de 1978,1982,1989 y 1996. Artículo 61 1. El presente Convenio estará sujeto a la adopción por los Estados contratantes con arreglo a sus respectivas normas constitucionales. 2. Los Estados contratantes notificarán al depositario el cumplimiento de los procedimientos constitucionales de adopción del presente Convenio. 3. El presente Convenio entrará en vigor noventa días después de la notificación contemplada en el apartado 2 del Estado que realice esta formalidad en último lugar. 41 4. Hasta la entrada en vigor del presente Convenio, los Estados contratantes podrán, en el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 o en cualquier momento ulterior, declarar que el Convenio se aplicará, por lo que a dicho Estado respecta, a sus relaciones con los Estados contratantes que hayan hecho la misma declaración. Estas declaraciones serán de aplicación noventa días después de la fecha de su depósito. Artículo 62 1. La Comisión de las Comunidades Europeas o los Estados contratantes podrán proponer modificaciones al presente Convenio. Las propuestas de modificación se transmitirán al depositario, que las comunicará al Consejo. 2. 3. 4. Las modificaciones serán adoptadas por el Consejo, que recomendará su adopción por los Estados contratantes con arreglo a sus respectivas normas constitucionales. Las modificaciones adoptadas entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 61. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3, el modelo de impreso que figura en el Anexo podrá modificarse por decisión del Consejo, a propuesta de la Comisión o de cualquier Estado contratante. (suprimido). Artículo 63 Artículo 64 1. El Secretario General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Convenio. 2. El depositario publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 1) las adopciones 2) 3) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio la fecha de aplicación del presente Convenio entre dos Estados miembros así como, en su caso, las fechas de aplicación en los casos contemplados en el apartado 4 del artículo 61 4) las comunicaciones realizadas en aplicación del artículo VI del Protocolo n° 1. Los Protocolos anejos al presente Convenio son parte integrante del mismo. Artículo 65 42 Artículo 65 bis 1. Los Estados contratantes reconocen que todo Estado que pase a ser miembro de la Unión Europea se adherirá al presente Convenio. 2. A efectos de las negociaciones de adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea, el presente Convenio y los Protocolos anejos se considerarán como un acervo que debe ser aceptado en su totalidad por todos los Estados candidatos a la adhesión. 3. Antes de la firma del Tratado de adhesión, el Estado candidato comunicará las informaciones necesarias para la aplicación de los artículos 3, 32, 37, 40, 41, 46 y 55 del presente Convenio y del artículo 2 del Protocolo n° 2. El presente Convenio se concluye por un periodo de tiempo ilimitado. Artículo 66 (suprimido) (suprimido) Articulo 67 Artículo 69 43 CERTIFICACIÓN Apartado 2 del articulo 46 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (Español) 1. DEMANDA (o documento equivalente) 1. 1. Fecha de la notificación o del traslado de la demanda (o de cualquier otro documento equivalente): año: mes: día: 1. 2. Modalidades de la notificación o del traslado 1. 2. 1 D al destinatario del acto 1. 2. 4 D por correo 1. 2. 2 D a otra persona 1. 2. 4. 1 D sin acuse de recibo 1. 2. 3 D al domicilio del destinatario 1. 2. 4. 2 D con acuse de recibo 1. 2. 5 D otra modalidad RESOLUCIÓN 2. 1. Fecha: año: mes: día: 2. 2. Naturaleza: 2. 2. 1 D resolución en cuanto al fondo 2. 2. 2 D resolución por procedimiento sumario 2. 3 Fecha de la notificación o del traslado de la resolución: año: mes: día: 2. 4 Modalidades de la notificación o del traslado de la resolución 2. 4. 1 D al destinatario del acto 2. 4. 4 D por correo 2. 4. 2 D a otra persona 2. 4. 3 D al domicilio del destinatario 2. 4. 4. 1 D sin acuse de recibo 2. 4. 4. 2 G con acuse de recibo 2. 4. 5 D otra modalidad 2. 4. 1 D al destinatario del acto 2. 4. 2 D a otra persona 2. 4. 3 D al domicilio del destinatario 2. 4. 4 D por correo 2. 4. 4. 1 D sin acuse de recibo 2. 4. 4. 2 D con acuse de recibo 2. 5 Carácter de la resolución: 2. 5. 1 D contradictoria 2. 6 2. 7 2. 5. 2 • en rebeldía/presumida contradictoria Fecha de la vista respecto al fondo: año mes día Tribunal que ha dictado la resolución 2. 7. 1. Denominación del Tribunal: 2. 7. 2. Sede del Tribunal: 44 3. IDENTIDAD DE LAS PARTES 3. 1 3. 2 Demandante: Demandado : Por la presente se certifica : • • que la resolución anteriormente mencionada entra en el ámbito de aplicación material del Convenio relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil que la resolución mencionada es ejecutoria en el Estado donde se ha dictado (artículo 31 del Convenio) D porque ya no puede ser objeto de ningún recurso D porque es ejecutoria provisionalmente Hecho en , el Firma y/o sello 45 PKQTOCQLO IN°. 1 ANEXO 1 LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO las disposiciones siguientes anejas al Convenio: Artículo I Cualquier persona que tuviere su residencia habitual en Luxemburgo que fuere emplazada ante un tribunal de otro Estado contratante, en aplicación del apartado 1 del artículo 5, podrá impugnar la competencia de dicho tribunal. Este tribunal se declarará de oficio incompetente si no compareciere el demandado. Cualquier convenio atributivo de jurisdicción en el sentido del artículo 17 sólo producirá efectos con respecto a una persona que tuviere su residencia habitual en Luxemburgo cuando ésta lo hubiere expresa y especialmente aceptado. Artículos U Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas que tuvieren su residencia habitual en un Estado contratante y perseguidas por infracciones involuntarias ante los órganos jurisdiccionales sancionadores de otro Estado contratante del que no fueren nacionales podrán, aunque no comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas autorizadas a tal fin. (el resto sin cambios), (sin cambios). 1. (sin cambios) 2. (suprimido) Artículo m Artículo IV Artículo V La competencia judicial prevista en el artículo 6, apartado 2 y en el artículo 10, para la demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, no podrá ser invocada en la República Federal de Alemania ni en la República de Austria. Toda persona que tuviere su residencia habitual en otro Estado contratante podrá ser demandada ante los tribunales de: (el resto sin cambios). (sin cambios). Artículos Vbisy Vter 46 (sin cambios). Artículo Vquater Artículos Vquinquies Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado contratante serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para este Estado y que no fuere una patente comunitaria por aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975. (sin cambios). Artículo V sexto Artículo VI Los Estado contratantes comunicarán al Secretario General del Consejo de la Unión Europea los textos de sus disposiciones legales que modifiquen los artículos de sus leyes que se mencionan en el Convenio y los juzgados y tribunales designados en el Título III, Sección 2 del Convenio. Artículo VU El presente Protocolo sustituirá, en las relaciones entre los Estados contratantes, al Protocolo de 27 de septiembre de 1968 anejo al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1998 relativo a la competencia judicial, a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado por los Convenios de adhesión de 1978, 1982, 1989 y 1996. DECLARACIÓN COMÚN N° 1 DECLARACIÓN COMÚN N° 2 (Suprimida) (Suprimida) 47 PROTOCOLON0 2 ANEXO 2 establecido sobre la base del artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución, en los Estados miembros de la Unión Europea, de resoluciones en materia civil o mercantil. LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, CON REFERENCIA al artículo 52 del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución en los Estados miembros de la Unión Europea, de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil que prevé que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para interpretar el presente Convenio, DESEOSAS de establecer las condiciones en las que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse sobre las cuestiones de interpretación del Convenio y del presente Protocolo, HAN CONVENIDO las disposiciones siguientes anejos al Convenio: Artículo 1 Con arreglo al artículo 52 del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil o mercantil, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente, en las condiciones establecidas en el presente Protocolo, para pronunciarse sobre la interpretación del Convenio y del presente Protocolo. Artículo 2 1. Podrán solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie a título prejudicial sobre cuestiones de interpretación los siguientes órganos jurisdiccionales: 1) los órganos jurisdiccionales superiores de los Estados miembros contratantes que figuran a continuación: 2) 3) Sin cambios Sin cambios 2. A petición del Estado contratante los órganos jurisdiccionales superiores de los Estados contratantes que figura en el punto 1 del apartado 1 podrá modificarse mediante decisión del Consejo de la Unión Europea. interesado, lista de la (Sin cambios) Artículo 3 48 Artículo 4 1. La autoridad competente de un Estado contratante y la Comisión de las Comunidades Europeas estarán facultadas (el resto sin cambios) 2 a 3 (Sin cambios) 4. El Secretario del Tribunal de Justicia notificará la solicitud a los Estados contratantes, a la Comisión de las Comunidades Europeas y al Consejo de la Unión Europea quienes, en un plazo de dos meses a partir de esta notificación, podrán presentar memorias u observaciones escritas al Tribunal de Justicia. 5. (Sin cambios) Artículo 5 1. Excepto cuando el presente Protocolo prevea otra cosa, las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y las del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anejo a dicho Tratado, que son aplicables en los casos en que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse a título prejudicial, se aplicarán asimismo al procedimiento de interpretación del Convenio y de los demás textos mencionados en el artículo 1. 2. El Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia se adaptará y completará, cuando fuere necesario, de conformidad con el artículo 188 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El presente Protocolo no podrá ser objeto de reserva alguna. Artículo 6 (Suprimidos) Artículos 7alQ Artículo U A los efectos del apartado 2 del artículo 2, los Estados contratantes comunicarán al Secretario General del Consejo de la Unión Europea los textos de sus disposiciones legales que impliquen una modificación de la lista de órganos jurisdiccionales designados en el apartado 1 del artículo 2. (Sin cambios) Articulo 12 Artículo 13 Cada Estado contratante o la Comisión de las Comunidades Europeas podrá solicitar la revisión del presente Protocolo. En este caso, el Presidente del Consejo de la Unión Europea convocará una conferencia para la revisión del mismo. 49 Artículo 14 El presente Protocolo sustituirá, en las relaciones entre los Estados contratantes, al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación del Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial, y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado por los Convenios de adhesión de 1978, 1982, 1989 y 1996. 50 SUGERENCIAS DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DEL CONVENIO DE LUGANO ANEXO 3 1. 2. La Comisión sugiere que las modificaciones que se introduzcan en los Títulos I a IV del Convenio de Bruselas en respuesta a sus propuestas se introduzcan asimismo en el Convenio de Lugano. La Comisión sugiere asimismo que los artículos 5. 1, 16. 1 b), y apartado 5 del artículo 17 del Convenio de Lugano se ajusten a las disposiciones correspondientes del Convenio de Bruselas y que, en consecuencia, se suprima el apartado 2 del artículo 28 del Convenio de Lugano. 3. Por lo que respecta a las "Disposiciones transitorias", la Comisión propone lo siguiente: modificar el artículo 54bis para tener en cuenta el transcurso del plazo de tres años previsto respecto de determinados Estados contratantes del Convenio de Lugano; modificar el artículo 54ter (así como los artículos 60 y 61) sustituyendo la fórmula "Estados miembros de las Comunidades Europeas" por la fórmula "Estados miembros de la Unión Europea" y mencionar en el apartado 1 del artículo 54ter, "los Estados contratantes del Convenio de Bruselas". 4. Por lo que respecta a las "Disposiciones finales", la Comisión sugiere las siguientes modificaciones: 1. (sin cambios). Artículo 62 2. Respecto de cualquier Estado adhérente, el Convenio surtirá sus efectos el primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de adhesión. Artículo 63 Todo Estado que se adhiriere deberá comunicar, en el momento del depósito de su instrumento de adhesión, las informaciones requeridas para la aplicación de los artículos 3, 32, 37, 40, 41 y 55 del presente Convenio y efectuar, en su caso, las declaraciones necesarias a los efectos del Protocolo n° 1, establecidas en la comunicación prevista en el apartado 1 b) del artículo 62. Artículo 63bis Si un Estado adhérente deseare introducir disposiciones especificas relativas a la competencia, el procedimiento o la ejecución en el Protocolo N° 1, se entablarán negociaciones a tal fin. El Consejo Federal suizo convocará una conferencia de negociación. 51 2. 3. El Convenio modificado será sometido a la ratificación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Consejo Federal suizo. El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que dos Estados, uno de ellos un Estado contratante y el otro un Estado adhérente, hubieren depositado sus instrumentos de ratificación. 4. Con respecto a cualquier otro Estado signatario, el Convenio surtirá efectos el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación. (sin cambios). 1. (sin cambios) Artículos 64 a 66 Artículo 67 2. Después de cada adhesión, el depositario establecerá el texto del Convenio y transmitirá a los Estados contratantes una copia certificada conforme. 52 ISSN 0257-9545 COM(97) 609 final DOCUMENTOS ES 01 06 09 10 N° de catálogo : CB-CO-97-674-ES-C ISBN 92-78-28507-2 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo