title: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - «Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea»

eurovoc_concepts:
European convention
civil law
enforcement of ruling
judicial proceedings
jurisdiction

text: 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/3 Comunicaci(cid:246)n de la Comisi(cid:246)n al Consejo y al Parlamento Europeo (cid:133)Hacia una mayor eficacia en la obtenci(cid:246)n y la ejecuci(cid:246)n de las resoluciones judiciales en la Uni(cid:246)n Europea(cid:176) (98/C 33/03) RESUMEN La presente Comunicaci(cid:246)n tiene una doble funci(cid:246)n. 1. (cid:217)Su objetivo principal es facilitar el reconocimiento y la ejecuci(cid:246)n de las resoluciones judiciales dictadas en la Uni(cid:246)n Europea, proceso que actualmente se rige, res(cid:220) pecto de las materias civil y mercantil, por el Conve(cid:220) nio de Bruselas de 1968, cuyas normas se ampliaron a los Estados miembros de la AELC por medio del Convenio de Lugano. El Convenio de Bruselas ha permitido realizar consi(cid:220) derables progresos en materia de exequ‘tur de las sentencias dictadas en los Estados miembros. No obs(cid:220) tante, pueden realizarse nuevos progresos para acele(cid:220) rar y simplificar el procedimiento y adoptarlo m‘s a las necesidades de los ciudadanos y los operadores en un contexto de creciente aceleraci(cid:246)n de los intercam(cid:220) bios, especialmente en el mercado interior. Para cumplir este objetivo, la propuesta COM(97) 609 final(cid:216)(*) contiene varios elementos. Se ha pro(cid:220) puesto, por una parte, limitar el control de la autori(cid:220) dad responsable de otorgar el exequ‘tur a un control de regularidad formal basado especialmente en un do(cid:220) cumento expedido por un (cid:246)rgano jurisdiccional del Estado de origen en el que se certifique en particular el car‘cter ejecutivo de la sentencia que se adjunta. Por otra parte, se ha propuesto modificar los motivos de la denegaci(cid:246)n del reconocimiento de la resoluci(cid:246)n, motivos que œnicamente podr‘n examinarse previo re(cid:220) curso del demandado contra el que se solicite la eje(cid:220) cuci(cid:246)n, debiendo soportar asimismo el demandado la carga de la prueba. Tambi~n se han realizado pro(cid:220) puestas para que la resoluci(cid:246)n que autoriza la ejecu(cid:220) ci(cid:246)n est~ provista de una ejecuci(cid:246)n provisional. Por œltimo, se ha modificado el r~gimen de las medidas cautelares y provisionales, haciendo hincapi~ en la dimensi(cid:246)n europea de estas medidas. El conjunto de estas propuestas figura en la propuesta de Convenio adjunta, destinada a sustituir al Convenio de Bruselas. Esta propuesta de Convenio contiene asimismo dispo(cid:220) siciones en las que se tiene en cuenta, especialmente respecto de las normas de competencia, la evoluci(cid:246)n de las relaciones econ(cid:246)micas desde la firma del Con(cid:220) venio de Bruselas, as(cid:242) como la jurisprudencia del Tri(cid:220) bunal de Justicia. Se completa con dos propuestas de protocolos nuevos destinados a sustituir a los que fi(cid:220) guran anexos al Convenio de Bruselas (anexos 1 y 2) (*) V~ase la p‘gina 20 del presente Diario Oficial. y con algunas sugerencias para una revisi(cid:246)n paralela del Convenio de Lugano (anexo 3). A la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comisi(cid:246)n adop(cid:220) tar‘ las medidas necesarias para adaptar los trabajos al nuevo marco jur(cid:242)dico aplicable a la cooperaci(cid:246)n ju(cid:220) dicial civil. 2. (cid:217)La Comunicaci(cid:246)n tiene asimismo por objeto recoger las observaciones de los profesionales de la justicia y a todas las partes interesadas sobre una serie de consi(cid:220) deraciones que van m‘s all‘ de su propuesta legisla(cid:220) tiva. La comunicaci(cid:246)n inicia un debate en torno a un enfoque comœn de la Uni(cid:246)n en lo que respecta a determinados aspectos de los Derechos procesales nacionales. Es indispensable facilitar la circulaci(cid:246)n de las resolu(cid:220) ciones judiciales de un Estado miembro a otro con vistas a su ejecuci(cid:246)n, pero ello no basta para que los ciudadanos y operadores puedan aprovechar plena(cid:220) mente los derechos que se les han conferido en el es(cid:220) pacio de la Uni(cid:246)n Europea. En efecto, el objetivo ha de ser garantizar de la forma m‘s global posible un acceso a la justicia r‘pido, eficaz y poco costoso. Ya se han observado dificultades de acceso a la Justi(cid:220) cia en el mercado interior debido al mantenimiento de las fronteras judiciales, y especialmente en materia de litigios de consumo(cid:216)(˛). En efecto, en este ‘mbito, ha(cid:220) bida cuenta de la cuant(cid:242)a generalmente escasa de los intereses en juego, los obst‘culos para el acceso a la justicia se hacen sentir con especial agudeza(cid:216)(ˇ). Estas dificultades son tambi~n percibidas por los operadores econ(cid:246)micos, especialmente por las peque(cid:253)as y media(cid:220) nas empresas, como un freno a la actividad econ(cid:246)(cid:220) mica(cid:216)(—). Resulta por tanto oportuno ofrecer a estos consumi(cid:220) dores y operadores econ(cid:246)micos, y tambi~n a todos los ciudadanos de la Uni(cid:246)n, mejores condiciones en ma(cid:220) (˛)(cid:217)Libro verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la resoluci(cid:246)n de litigios sobre consumo en el mercado œnico, COM(93) 576; se han enviado a la Comisi(cid:246)n m‘s de un centenar de contribuciones. (ˇ)(cid:217)Un sondeo Eurobar(cid:246)metro realizado en 1991 puso de mani(cid:220) fiesto que las dificultades para la resoluci(cid:246)n de litigios son uno de los principales obst‘culos para el desarrollo de la ad(cid:220) quisici(cid:246)n de bienes de consumo en otro Estado miembro. (—)(cid:217)Recomendaci(cid:246)n de la Comisi(cid:246)n, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales (DO L 127 de 10. 6. 1995), y Comunicaci(cid:246)n de la Comisi(cid:246)n relativa a dicha recomendaci(cid:246)n (DO C 144 de 10. 6. 1995). C 33/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 teria procesal. Se ha propuesto seguir un enfoque progresivo y prudente y concentrarse en un primer momento en algunas cuestiones esenciales. En este contexto, resulta oportuno reflexionar sobre el esta(cid:220) blecimiento en cada Estado miembro de un procedi(cid:220) miento r‘pido para el pago de cr~ditos de sumas de dinero, as(cid:242) como de instrumentos tendentes a la ejecu(cid:220) ci(cid:246)n eficaz de las sentencias (concentr‘ndose en un primer momento en el embargo de retenci(cid:246)n en cuenta bancaria). Al estar la eficacia de la ejecuci(cid:246)n estrechamente vinculada al conocimiento del patrimo(cid:220) nio del deudor, conviene reflexionar, adem‘s, sobre los diferentes medios que permiten garantizar la transparencia del patrimonio del deudor, as(cid:242) como so(cid:220) bre el desarrollo de la cooperaci(cid:246)n entre las autorida(cid:220) des responsables de la ejecuci(cid:246)n. Estos dos aspectos contribuyen a la bœsqueda de una mayor eficacia en la obtenci(cid:246)n y ejecuci(cid:246)n de las re(cid:220) soluciones en la Uni(cid:246)n Europea. Respecto al segundo objetivo, todas las personas inte(cid:220) resadas podr‘n realizar sus comentarios sobre la pre(cid:220) sente Comunicaci(cid:246)n, antes del 30 de abril de 1998, a: Sr. J. Adrian Fortescue Grupo operativo (cid:133)Cooperaci(cid:246)n en los ambitos de la justicia y de los asuntos de interior(cid:176) Comisi(cid:246)n Europea Rue de la Loi/Wetstraat 200 B(cid:220)1049 Bruxelles/Brussel. INTRODUCCIŁN Objeto de la comunicaci(cid:246)n 1. (cid:217)Actualmente, la libre circulaci(cid:246)n de los t(cid:242)tulos en la Uni(cid:246)n Europea est‘ garantizada respecto del grueso de las cuestiones civiles y mercantiles(cid:216)((cid:209)), garcias al Convenio de Bruselas de 1968, elaborado en virtud del apartado 4 del art(cid:242)culo 220 del Tratado CE y posteriormente ampliado a todos los nuevos Estados miembros. Este Convenio es un convenio doble par(cid:220) ticularmente bien acabado: por una parte, fija las normas en materia de competencia internacional de los (cid:246)rganos jurisdiccionales de los Estados miem(cid:220) bros, lo que permite el posterior reconocimiento de pleno derecho de las resoluciones dictadas, junto con una severa restricci(cid:246)n de los motivos de denegaci(cid:246)n del reconocimiento. Por otra parte, prev~ un proce(cid:220) dimiento de exequ‘tur no s(cid:246)lo uniforme sino unila(cid:220) teral, al menos en la primera fase. 2. (cid:217)Indisociable del proceso comunitario, el Convenio de Bruselas est‘ vinculado a la Comunidad y su objetivo es acompa(cid:253)ar las libertades previstas por el Tratado CE de un r~gimen de circulaci(cid:246)n m‘s fluido de las sentencias(cid:216)((cid:210)). La interpretaci(cid:246)n aut(cid:246)noma y unifica(cid:220) dora que del mismo ha hecho el Tribunal se basa en un concepto de no discriminaci(cid:246)n y de igualdad de derechos entre los justiciables de la Uni(cid:246)n Europea. Este Convenio ha servido como modelo para la ela(cid:220) boraci(cid:246)n de un convenio similar entre los Estados miembros y los Estados de la Asociaci(cid:246)n Europea de Libre Comercio, el Convenio de Lugano, firmado el 16 de septiembre de 1988(cid:216)((cid:211)). tradicionalmente a 3. (cid:217)Hasta la fecha, el Convenio de Bruselas constituye el œnico instrumento general en materia de coopera(cid:220) ci(cid:246)n judicial civil entre los Estados miembros. Por otra parte, deja intacto el Derecho procesal nacional de cada Estado miembro. Efectivamente, el Derecho comunitario deja los Estados miembros la competencia para determinar las moda(cid:220) lidades de funcionamiento de sus autoridades y (cid:246)r(cid:220) ganos jurisdiccionales. Por lo tanto, no existe aœn un espacio judicial europeo unificado, sino una yuxta(cid:220) posici(cid:246)n de normas jur(cid:242)dicas nacionales configuradas en sistemas aut(cid:246)nomos de procedimiento civil. Estos sistemas, producto de la evoluci(cid:246)n hist(cid:246)rica de cada pa(cid:242)s, se caracterizan por una gran heterogeneidad. En este contexto, la presente comunicaci(cid:246)n tiene un doble objeto: - Por una parte, presenta una serie de propuestas con(cid:220) cretas destinadas a facilitar m‘s aœn el reconocimiento y la ejecuci(cid:246)n de las sentencias en la Uni(cid:246)n Europea. Con este fin, contiene una propuesta de Convenio que contiene asimismo disposiciones destinadas a tener en cuenta los recientes acontecimientos en las relaciones econ(cid:246)micas, as(cid:242) como la jurisprudencia del Tribunal de Justica. Adem‘s, contiene dos propuestas de nue(cid:220) vos protocolos anexos a la propuesta de Convenio (anexos 1 y 2), as(cid:242) como las sugerencias de la Comi(cid:220) si(cid:246)n en lo que respecta a la revisi(cid:246)n paralela del con(cid:220) venio de Lugano (anexo 3). Las propuestas menciona(cid:220) das se basan en la letra c) del apartado 2 del art(cid:242)culo K3 del Tratado de la Uni(cid:246)n Europea. A la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, estas propuestas se adaptar‘n para tener en cuenta el nuevo marco jur(cid:242)(cid:220) dico aplicable a la cooperaci(cid:246)n judicial civil. - Otro objetivo es iniciar una reflexi(cid:246)n y recoger las re(cid:220) acciones y sugerencias de todas las partes interesadas sobre una posible acci(cid:246)n de la Uni(cid:246)n Europea en fa(cid:220) ((cid:209))(cid:217)(cid:236)nicamente quedan excluidas determinadas materias. V~ase, no obstante, el proyecto de Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecuci(cid:246)n de las resoluciones en materia matrimonial ((cid:133)Bruselas II(cid:176)). ((cid:210))(cid:217)Sentencia del Tribunal, de 10 de febrero de 1994, en el asunto C(cid:220)398/92, Mund y Festner (Recopilaci(cid:246)n 1994, p. (cid:217)I(cid:220)474). ((cid:211))(cid:217)DO L 319 de 25. 11. 1988, p. 9. 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/5 vor de un acceso equivalente de los justiciables a una justicia eficaz, r‘pida y poco costosa. Esta parte no contiene propuestas operativas y su finalidad es reco(cid:220) ger las reacciones y opiniones de todas las partes inte(cid:220) resadas sobre los temas de refelexi(cid:246)n que se han suge(cid:220) rido. Antecedentes del problema 4. (cid:217)Desde su firma en 1968, el Convenio de Bruselas ha sido objeto de muy escasas modificaciones. No se ha realizado una reevaluaci(cid:246)n global de las disposicio(cid:220) nes convencionales, sino œnicamente se ha procedido a las adaptaciones necesarias por raz(cid:246)n de la adhe(cid:220) si(cid:246)n de nuevos Estados miembros. Asimismo, como consecuencia de las nuevas adhesiones, determinadas disposiciones del convenio de Lugano se han apar(cid:220) tado de las del Convenio de Bruselas. La pr‘ctica de estos dos Convenios tambi~n ha ido poniendo pro(cid:220) gresivamente de manifesto las dificultades de aplica(cid:220) ci(cid:246)n de determinadas disposiciones. 5. (cid:217)Por otra parte, a pesar de los progresos aportados por el Convenio de Bruselas, la obligaci(cid:246)n de aplicar un procedimiento de reconocimiento y de exequ‘tur para la ejecuci(cid:246)n en el extranjero genera plazos su(cid:220) plementarios, a veces muy largos, y costes adiciona(cid:220) les, a menudo importantes. Estos costes y retrasos se a(cid:253)aden a los del procedimiento en el Estado de ori(cid:220) gen y, por su naturaleza, favorecen en la medida de lo posible el que el (cid:246)rgano jurisdiccional del Estado donde debe ejecutarse la resoluci(cid:246)n evite el procedi(cid:220) miento de exequ‘tur. Estos obst‘culos adicionales pueden incluso, especialmente cuando se trata de cr~ditos de un importe limitado, cuestionar el inter~s de un procedimiento judicial si la resoluci(cid:246)n que se desea obtener debe ejecutarse contra un adversario o contra bienes situados en el extranjero. A ello se a(cid:253)ade el riesgo de desaparici(cid:246)n del patrimonio si la ejecuci(cid:246)n se realiza tard(cid:242)amente. Estos obst‘culos di(cid:220) ficultan la libre circulaci(cid:246)n de sentencias entre los Estados miembros. 6. (cid:217)Independientemente de la cuesti(cid:246)n de la libre circu(cid:220) laci(cid:246)n de sentencias, hay que se(cid:253)alar que las relacio(cid:220) nes de Derecho privado entre personas y agentes econ(cid:246)micos se establecen, incluso cuando tienen su origen en una norma comunitaria, en un espacio donde coexisten sistemas procesales muy divergentes, lo que genera una falta de transparencia de los pro(cid:220) cedimientos, un coste desigual de los procesos y una eficacia desigual de las t~cnicas procesales. Las modalidades de introducci(cid:246)n de la demanda, el c(cid:246)mputo de los plazos, la carga de la prueba, los efectos de los recursos y el car‘cter (cid:133)ejecutivo(cid:176) del t(cid:242)tulo son elementos cuyo manejo es especialmente delicado para los profanos. Las normas de procedi(cid:220) miento, ya de dificil acceso para los justiciables en el plano nacional debido a su compejidad y su forma(cid:220) lismo, lo son aœn m‘s cuando se inscriben en el con(cid:220) texto de un contencioso transfronterizo. Ahora bien, en un espacio integrado, todos deben tener f‘cil ac(cid:220) ceso a las (cid:133)reglas del juego(cid:176) y conocer, antes de ini(cid:220) ciar un proceso, cu‘les son sus derechos y obligacio(cid:220) nes, qu~ formalidades hay que cumplir, los efectos de los actos realizados, la eficacia de las resoluciones necesarias y los recursos disponibles, as(cid:242) como las normas que rigen la ejecuci(cid:246)n de las resoluciones. Al obst‘culo de la falta de transparencia se a(cid:253)ade el del desigual coste de los procedimientos(cid:216)((cid:212)). El eleva(cid:220) d(cid:242)simo coste, en algunos Estados miembros, de los gastos y honorarios de los abogados, a los que hay que a(cid:253)adir en su caso los gastos inherentes a un pro(cid:220) cedimiento de exequ‘tur, constituye un freno al ac(cid:220) ceso a la justicia y un elemento pura y simplemente disuasorio para que muchos justiciables recurran a ella(cid:216)((cid:213)). Los procedimientos nacionales, a menudo opacos y onerosos en grado diverso, tienen asimismo una efi(cid:220) cacia muy variable. Algunos Estados miembros han establecido procedimientos especiales, r‘pidos y poco costosos, y por lo tanto, mejor adaptados a las necesidades de los medios empresariales y de los ciu(cid:220) dadanos. Otros Estados miembros continœan, en cambio, favoreciendo procedimientos m‘s sofistica(cid:220) dos, que pueden tener por consecuencia el colapsa(cid:220) miento de los tribunales y la considerable dilaci(cid:246)n de los plazos para la obtenci(cid:246)n de resoluciones. Estos plazos suelen resultar una bendici(cid:246)n para los deudo(cid:220) res de mala fe. Contenido de la Comunicaci(cid:246)n 7. (cid:217)La mejora de la libre circulaci(cid:246)n de las sentencias dictadas por los tribunales de los Estados miembros se est‘ discutiendo actualmente en el Consejo en dos contextos paralelos pero independientes, a saber, los ((cid:212))(cid:217)En el Libro verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia se se(cid:253)ala que el coste medio (gastos de justicia m‘s gastos de abogado) de la resoluci(cid:246)n judicial de un litigio intracomunitario de un importe de 2(cid:216)000 ecus tiene par el demandante un coste de unos 2(cid:216)500 ecus. ((cid:213))(cid:217)As(cid:242) se desprende de las respuestas al cuestionario divulgado por los servicios de la Comisi(cid:246)n en el marco de los trabajos preparatorios sobre el (cid:133)T(cid:242)tulo ejecutivo europeo(cid:176) y del estu(cid:220) dio (cid:133)Cost of Judicial Barriers for Consumers in the Single Market(cid:176) (coste de los obst‘culos judiciales para los consumi(cid:220) dores en el mercado œnico) realizado para la Comisi(cid:246)n como respuesta al Libro verde sobre el acceso de los consu(cid:220) midores a la justicia. C 33/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 trabajos de revisi(cid:246)n de los Convenios de Bruselas y Lugano y los trabajos relativos a la creaci(cid:246)n de un (cid:133)t(cid:242)tulo ejecutivo europeo(cid:176). 8. (cid:217)Los trabajos de reexamen de los Convenios de Bruselas y de Lugano, actualmente en una fase ex(cid:220) ploratoria, tienen su origen en el hecho de que, por razones de calendario, en el Convenio de 29 de no(cid:220) viembre de 1996 relativo a la adhesi(cid:246)n de Austria, de Finlandia y de Suecia al Convenio de Bruselas, no pudieron tenerse en cuenta la solicitudes de modifi(cid:220) caciones de estos pa(cid:242)ses, salvo las de naturaleza pu(cid:220) ramente t~cnica. Por otra parte, el Comit~ perma(cid:220) nente del Convenio de Lugano ha expresado reitera(cid:220) damente, en las sesiones tercera y cuarta, su deseo de proceder a una aproximaci(cid:246)n de las disposiciones de estos dos Convenios. Los Estados miembros y la Comisi(cid:246)n comparten la opini(cid:246)n de que, con ocasi(cid:246)n de estos trabajos de aproximaci(cid:246)n, debe realizarse un nuevo examen de determinadas disposiciones de ambos Convenios, en el que se tenga en cuenta la creciente complejidad de las relaciones humanas y las actividades econ(cid:246)micas, la evoluci(cid:246)n del contencioso correspondiente y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sobre la base de unos memorandos de los Estados miembros y de la Comisi(cid:246)n, ya se han celebrado discusiones preli(cid:220) minares en el Consejo y en el Comit~ permanente del Convenio de Lugano, y se han determinado las disposiciones que podr(cid:242)an ser objeto de una revisi(cid:246)n. 9. (cid:217)En 1995, los servicios de la Comisi(cid:246)n iniciaron una reflexi(cid:246)n sobre la oportunidad del mantenimiento del procedimiento de exequ‘tur previsto por el Con(cid:220) venio de Bruselas y sobre la definici(cid:246)n de la posible configuraci(cid:246)n jur(cid:242)dica de un t(cid:242)tulo ejecutivo que cir(cid:220) cule sin obst‘culos de un Estado miembro a otro. Este t(cid:242)tulo ejecutivo podr(cid:242)a denominarse (cid:133)t(cid:242)tulo eje(cid:220) cutivo europeo(cid:176). La libre circulaci(cid:246)n de las senten(cid:220) cias, que deber(cid:242)a ser el corolario de las dem‘s liber(cid:220) tades de circulaci(cid:246)n, no goza de una realidad con(cid:220) creta en el Derecho positivo: para pasar la frontera y ser ejecutado en otro Estado miembro, todo t(cid:242)tulo ejecutivo, judicial o no, debe ir acompa(cid:253)ado de un (cid:133)pasaporte(cid:176) expedido por el Estado miembro de eje(cid:220) cuci(cid:246)n, generalmente bajo la forma de una (cid:133)f(cid:246)rmula ejecutoria(cid:176). Paralelamente a estos trabajos, varios Estados miem(cid:220) bros han manifestado su inter~s por este tema, que se ha integrado en el programa plurianual del Consejo en el ‘mbito de la justicia y de los asuntos de inte(cid:220) rior(cid:216)((cid:214)). Finlandia ha tomado la iniciativa de organi(cid:220) ((cid:214))(cid:217)DO C(cid:216)319 de 26. 10. 1996. zar en marzo de 1997 en Helsinki un seminario para reunir en torno a este tema a numerosos expertos de los medios acad~micos y profesionales, as(cid:242) como de las administraciones de los Estados miembros(cid:216)(˛˝). Bajo la presidencia de los Pa(cid:242)ses Bajos, ya se han ce(cid:220) lebrado diversas reuniones de reflexi(cid:246)n en el Con(cid:220) sejo. La necesidad de un procedimiento uniforme de ob(cid:220) tenci(cid:246)n del t(cid:242)tulo, como requisito previo para la su(cid:220) presi(cid:246)n del procedimiento de exequ‘tur, ha sido uno de los temas de los debates celebrados en estos di(cid:220) versos foros, lo que explica el nombre de (cid:133)t(cid:242)tulo eje(cid:220) cutivo europeo(cid:176). No obstante, en dichos debates se lleg(cid:246) a la conclusi(cid:246)n de que el establecimiento de un procedimiento uniforme en el Estado de origen y la supresi(cid:246)n del procedimiento de exequ‘tur son dos cuestiones distintas, y la respuesta a una no es nece(cid:220) sariamente una condici(cid:246)n previa para la soluci(cid:246)n de la otra. Tambi~n se lleg(cid:246) a la conclusi(cid:246)n de que no es posible la supresi(cid:246)n total del exequ‘tur, debido fundamentalmente a las notables diferencias procesa(cid:220) les entre los Estados miembros en lo que respecta a la ejecuci(cid:246)n. El objeto de los trabajos es, por tanto, la simplificaci(cid:246)n y abreviaci(cid:246)n m‘ximas del procedi(cid:220) miento de exequ‘tur, antes que su supresi(cid:246)n. 10. (cid:217)La cuesti(cid:246)n de las medidas cautelares y provisionales tambi~n se ha abordado en los trabajos preparatorios anteriormente mencionados. La necesidad de una r‘(cid:220) pida aplicaci(cid:246)n de dichas medidas se hace patente con especial intensidad en los litigios transfronteri(cid:220) zos, habida cuenta de los plazos exigidos tanto en los procedimientos en el extranjero como en un pro(cid:220) cedimiento de exequ‘tur a(cid:253)adido a un procedi(cid:220) miento nacional, pero tambi~n habida cuenta de la gran variedad de los arsenales judiciales de los Esta(cid:220) dos miembros en este ‘mbito. Estas medidas, que no se abordan en el Convenio de Bruselas m‘s que de forma marginal, deben ser objeto de normas particu(cid:220) lares, tanto por lo que respecta a la competencia para ordenarlas como en lo que respecta a las condi(cid:220) ciones de su aplicaci(cid:246)n. 11. (cid:217)La prospuesta de Convenio que figura en esta Co(cid:220) municaci(cid:246)n no tiene por objetivo reducir las conside(cid:220) rables divergencias que existen entre los Derechos procesales nacionales. Sin embargo, la Comisi(cid:246)n es(cid:220) tima oportuno avanzar otro paso e iniciar un debate de fondo sobre la problem‘tica del proceso en Eu(cid:220) ropa, pero no limit‘ndose a la cooperaci(cid:246)n entre tri(cid:220) (˛˝)(cid:217)Con el fin de proseguir la reflexi(cid:246)n y enriquecer los deba(cid:220) tes, los servicios de la Comisi(cid:246)n divulgaron ampliamente entre las asociaciones europeas representativas de los me(cid:220) dios profesionales correspondientes (notarios, abogados, magistrados, oficiales y secretarios judiciales) un cuestiona(cid:220) rio preparatorio para el seminario de Helsinki. En dicho se(cid:220) minario se present(cid:246) el resumen de las respuestas. 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/7 bunales, sino desde un ‘ngulo mucho m‘s amplio, el de un acceso r‘pido, eficaz y a un coste razonable a las instituciones judiciales. La Comisi(cid:246)n desea aso(cid:220) ciar estrechamente a esta reflexi(cid:246)n a todos los profe(cid:220) sionales del Derecho y a todas las partes interesadas. La seguridad jur(cid:242)dica y la confianza en las institucio(cid:220) nes judiciales son importantes condiciones para el desarrollo y el funcionamiento armonioso del espa(cid:220) cio comunitario sin fronteras. Es por lo tanto impor(cid:220) tante explorar las v(cid:242)as por las que pueden satisfacerse esta seguridad y esta confianza en favor de todos los ciudadanos y todas las categor(cid:242)as de justiciables, res(cid:220) petando el principio de subsidiariedad y la propor(cid:220) cionalidad, pero tambi~n con una perspectiva m‘s horizonal. 12. (cid:217)La presente Comunicaci(cid:246)n contiene, por lo tanto, una segunda parte donde se describen las dificulta(cid:220) des derivadas de las divergencias entre las legislacio(cid:220) nes nacionales en materia procesal, y donde se abor(cid:220) dan las cuestiones sobre las que la Comisi(cid:246)n desea suscitar un debate en profundidad. -(cid:217)El primero de estos temas se refiere al procedi(cid:220) miento de obtenci(cid:246)n de un t(cid:242)tulo en el Estado de origen (II. 1). El principio de igualdad de medios, la rapidez del mundo de los negocios y el riesgo de desaparici(cid:246)n del patrimonio del deudor, ga(cid:220) rant(cid:242)a del acreedor, exigen que se pongan a dis(cid:220) posici(cid:246)n de los justiciables procedimientos con resultados comparables en cuanto a los plazos, el coste y la eficacia. La Comisi(cid:246)n considera nece(cid:220) sario prestar especial atenci(cid:246)n, en un primer mo(cid:220) mento, al posible establecimiento en cada Estado miembro de un procedimiento r‘pido tendente al pago de sumas de dinero. -(cid:217)La presente Comunicaci(cid:246)n contiene asimismo elementos de reflexi(cid:246)n sobre la cuesti(cid:246)n de la ejecuci(cid:246)n propiamente dicha de las decisiones ju(cid:220) diciales (II. 2). Se impone un enfoque gradual. Se ha propuesto limitar en un primer momento la reflexi(cid:246)n al embargo de retenci(cid:246)n en cuenta ban(cid:220) caria. Convendr‘ extraer las ideas esenciales ca(cid:220) paces de constituir una base comœn al nivel euro(cid:220) peo. -(cid:217)En estrecha relaci(cid:246)n con las v(cid:242)as de ejecuci(cid:246)n, la cuesti(cid:246)n de la transparencia del patrimonio (II. 3) constituye otro tema importante de reflexi(cid:246)n. La Comisi(cid:246)n estima que los justiciables de la Uni(cid:246)n Europea deben poseer instrumentos comparables a este respecto y propone reflexionar sobre una posible generalizaci(cid:246)n del procedimiento de (cid:133)de(cid:220) claraci(cid:246)n de patrimonio(cid:176), que ya se utiliza en va(cid:220) rios Estados miembros. -(cid:217)Por œltimo, los cr~ditos deben cobrarse en el ex(cid:220) tranjero con creciente frecuencia. Una mayor cooperaci(cid:246)n internacional deber(cid:242)a facilitar el co(cid:220) bro. La Comisi(cid:246)n sugiere, por lo tanto, que se aumente esta cooperaci(cid:246)n, eventualmente me(cid:220) diante un sistema de intercambio de informaci(cid:246)n entre las autoridades responsables de la ejecuci(cid:246)n en los Estados miembros, dentro del respeto de las legislaciones y pr‘cticas de los Estados, espe(cid:220) cialmente en materia de vida privada y de protec(cid:220) ci(cid:246)n de los datos (v~ase la secci(cid:246)n II. 4). Perspectivas 13. (cid:217)En el nuevo Tratado, figura ahora el objetivo de mantener y desarrollar la Uni(cid:246)n en tanto que (cid:133)espa(cid:220) cio de libertad, de seguridad y de justicia(cid:176). Con el fin de realizar este espacio, la cooperaci(cid:246)n judicial civil figura en un nuevo cap(cid:242)tulo del Tratado CE re(cid:220) lativo a las pol(cid:242)ticas correspondientes a este objetivo y figura en el art(cid:242)culo 73(cid:216)M. Este art(cid:242)culo prev~ es(cid:220) pecialmente que deber‘n adoptarse medidas con re(cid:220) percusiones transfronterizas en el ‘mbito de la coo(cid:220) peraci(cid:246)n judicial en materia civil, en la medida po(cid:220) dr‘n ir destinadas a eliminar obst‘culos al buen fun(cid:220) cionamiento de los procedimientos civiles, fomen(cid:220) tando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Esta(cid:220) dos miembros. El Tratado de Amsterdam se hace as(cid:242) eco de la toma de conciencia por parte de los Esta(cid:220) dos miembros de la extrema importancia de este ‘m(cid:220) bito para la integraci(cid:246)n europea y para la eficacia del mercado interior en particular. Se trata de ofrecer a las empresas y a los ciudadanos europeos el entorno necesario para hacer frente a cualquier procedimiento ante los tribunales naciona(cid:220) les. El Convenio de Bruselas y las normas de procedi(cid:220) miento civil tienen una importancia cada vez mayor en las relaciones entre ciudadanos y empresas en un mercado interior cada vez m‘s integrado, al que el r‘pido desarrollo de las transacciones electr(cid:246)nicas a(cid:253)adir‘ una nueva dimensi(cid:246)n en los pr(cid:246)ximos a(cid:253)os. Parece esencial incrementar en el futuro el car‘cter operativo de las normas relativas fundamentalmente a la ejecuci(cid:246)n de las resoluciones judiciales en mate(cid:220) ria civil y mercantil. Esta necesidad deriva, por una parte, de un proceso de integraci(cid:246)n cada vez m‘s es(cid:220) trecho en el mercado interior y, por otra parte, de las implicaciones relacionadas con una futura am(cid:220) pliaci(cid:246)n de la Comunidad. Es, por tanto, adoptando la doble perspectiva de una integraci(cid:246)n m‘s acentuada y de la ampliaci(cid:246)n como C 33/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 la Comisi(cid:246)n desea fomentar un debate sobre la co(cid:220) operaci(cid:246)n en materia civil. En efecto, la Comisi(cid:246)n considera m‘s œtil presentar sus iniciativas por eta(cid:220) pas. En primer lugar, propone mejorar la circulaci(cid:246)n de las sentencias en el marco del r~gimen jur(cid:242)dico existente e iniciar a partir de ahora la reflexi(cid:246)n sobre otros aspectos del problema. A la espera de la en(cid:220) trada en vigor del nuevo Tratado, presenta por lo tanto propuestas basadas en la base jur(cid:242)dica actual(cid:220) mente disponible, lanzando simult‘neamente una re(cid:220) flexi(cid:246)n relativa a los ‘mbitos objeto de la presente iniciativa. La Comisi(cid:246)n observa que el futuro Tra(cid:220) tado de Amsterdam permitir‘ sustituir el instrumento del Convenio por instrumentos comunitarios, con sus correspondientes efectos institucionales, y sin exigir un proceso de ratificaci(cid:246)n por parte de los Estados miembros y de los eventuales candidatos a la amplia(cid:220) ci(cid:246)n. La Comisi(cid:246)n se reserva adoptar nuevas iniciati(cid:220) vas complementarias sobre los temas objeto de refle(cid:220) xi(cid:246)n o presentar, en el momento oportuno, una pro(cid:220) puesta en el marco del nuevo Tratado, consistente en transformar el Convenio en un instrumento comuni(cid:220) tario, velando por mantener, en la medida de lo po(cid:220) sible, el paralelismo entre el futuro instrumento co(cid:220) munitario y el Convenio de Lugano que contiene la ampliaci(cid:246)n de las normas del Convenio de Bruselas a los Estados miembros de la AELC. dado proceder a una reevaluaci(cid:246)n de determinadas disposiciones de los dos Convenios bas‘ndose en su utilizaci(cid:246)n en la pr‘ctica, y sobre todo en vista de la interpretaci(cid:246)n que de ellas hace el Tribunal de Justi(cid:220) cia. Tras casi treinta a(cid:253)os de pr‘ctica del Convenio, resulta que es el t(cid:242)tulo II, relativo a la competencia, el que plantea m‘s dificultades de aplicaci(cid:246)n y de in(cid:220) terpretaci(cid:246)n. En este contexto, la Comisi(cid:246)n propone una modificaci(cid:246)n de estos fueros de competencia. Se pretende tambi~n reforzar la seguridad jur(cid:242)dica y la eficacia de los mecanismos, mediante una definici(cid:246)n aut(cid:246)noma de determinados conceptos, en lugar de una remisi(cid:246)n a conceptos fijados en los Derechos nacionales [v~ase, por ejemplo, el concepto de (cid:133)(cid:246)r(cid:220) gano jurisdiccional ante el que se hubiera presentado la primera demanda(cid:176) en materia de litispendencia, o el concepto de (cid:133)medidas provisionales(cid:176) (v~ase el ca(cid:220) p(cid:242)tulo II)(cid:129). Por œltimo, el nuevo Convenio, al igual que el Convenio de Bruselas, forma parte del (cid:133)acervo(cid:176) de la Uni(cid:246)n: por esta raz(cid:246)n, debe incluirse en el acta de adhesi(cid:246)n de todo Estado tercero a la Comunidad y aplic‘rsele el procedimiento de en(cid:220) trada en vigor de ~sta. Se ha propuesto, por lo tanto, prever las disposiciones necesarias a estos efectos. I. LIBRE CIRCULACIŁN DE LOS T(cid:228)TULOS I. 2. PR OC E D IMIE NTO S IMP LI FI C AD O DE RE (cid:220) CO NOC IMI E NTO Y E JE C UC IŁN 14. (cid:217)Todo esfuerzo por mejorar la circulaci(cid:246)n de senten(cid:220) cias en materia civil y mercantil en la Uni(cid:246)n Europea tiene un impacto inmediato en los Convenios de Bruselas y de Lugano. La Comisi(cid:246)n considera que el los Estados objetivo de que miembros se reconozcan y ejecuten m‘s f‘cilmente en todo el territorio de la Uni(cid:246)n Europea debe per(cid:220) seguirse mediante una revisi(cid:246)n general de los meca(cid:220) nismos convencionales. las resoluciones de I. 1. REVISIŁN DE L OS CONVEN I OS DE B R U S E (cid:220) LAS Y DE LUGANO 15. (cid:217)La Comisi(cid:246)n comparte con los Estados miembros la opini(cid:246)n de que el ejercicio actual de revisi(cid:246)n no debe modificar la estructura general ni los principios di(cid:220) rectores por los que se rigen los Convenios y que han mostrado su eficacia. El objetivo que se persigue es m‘s bien aproximar en la medida de lo posible las disposiciones de ambos Convenios, especialmente las modificaciones aportadas por los œltimos convenios de adhesi(cid:246)n al Convenio de Bruselas(cid:216)(˛˛). Tambi~n se ha acor(cid:220) tras (˛˛)(cid:217)Convenio de adhesi(cid:246)n de Espa(cid:253)a y Portugal en 1989 y Convenio de adhesi(cid:246)n de Austria, de Finlandia y de Suecia de 1996. 16. (cid:217)La soluci(cid:246)n m‘s radical a los obst‘culos generados por el procedimiento de exequ‘tur consistir(cid:242)a en la supresi(cid:246)n pura y simple de dicho procedimiento: dado que los jueces nacionales son jueces europeos, las resoluciones procedentes de los dem‘s Estados miembros se asimilar(cid:242)an a las decisiones internas y se someter(cid:242)an al mismo r~gimen de ejecuci(cid:246)n, sin con(cid:220) trol ni formalidades espec(cid:242)ficamente vinculadas a la condici(cid:246)n de resoluci(cid:246)n (cid:133)extranjera(cid:176). 17. (cid:217)No obstante, la gran mayor(cid:242)a de las personas consul(cid:220) tadas consideran prematura esta soluci(cid:246)n. Para tener fuerza ejecutiva, la resoluci(cid:246)n extranjera necesita adem‘s un (cid:133)pasaporte(cid:176) que le permita asimilarse a una resoluci(cid:246)n dictada en el Estado requerido. Uno de los argumentos que suele darse radica en el poder de mando (imperium) subyacente a la ejecuci(cid:246)n de una resoluci(cid:246)n judicial. Este poder constituye una forma privilegiada de expresi(cid:246)n de la soberan(cid:242)a na(cid:220) cional. Otro de los argumentos alude a las divergen(cid:220) cias sustanciales de los sistemas procesales de los Es(cid:220) tados miembros, en cuanto a la definici(cid:246)n de un t(cid:242)(cid:220) tulo (cid:133)ejecutivo(cid:176), a las modalidades de ejecuci(cid:246)n de judiciales, pero, sobre todo, en las resoluciones cuanto a la naturaleza, poderes y responsabilidades de los agentes responsables de la ejecuci(cid:246)n. En gene(cid:220) ral, se considera que œnicamente una aproximaci(cid:246)n 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/9 de estas definiciones, modalidades de ejecuci(cid:246)n y es(cid:220) tatutos profesionales podr(cid:242)a abrir la v(cid:242)a a nuevos cambios. 18. (cid:217)No obstante, si bien la creaci(cid:246)n de un t(cid:242)tulo ejecu(cid:220) tivo europeo que circule sin control de un Estado miembro a otro sigue chocando con dificultades im(cid:220) portantes, existen en la Uni(cid:246)n Europea otras v(cid:242)as de acceso m‘s inmediato. Aœn pueden realizarse consi(cid:220) derables progresos con el fin de acelerar la libre cir(cid:220) culaci(cid:246)n de los t(cid:242)tulos, simplificandose aœn m‘s el procedimiento de reconocimiento y ejecuci(cid:246)n. En el Consejo se plantea la cuesti(cid:246)n de si estos cam(cid:220) bios deber(cid:242)an introducirse mediante una modifica(cid:220) ci(cid:246)n de las disposiciones pertinentes del Convenio de Bruselas, o si ser(cid:242)a m‘s adecuado crear un instru(cid:220) mento distinto, que œnicamente se aplicase a las sen(cid:220) tencias pecuniarias. La Comisi(cid:246)n considera que los cambios que pueden hacerse en la actualidad deben efectuarse en el contexto del reexamen del Convenio de Bruselas. Por una parte, el nuevo r~gimen de re(cid:220) conocimiento y de ejecuci(cid:246)n propuesto debe apli(cid:220) carse a todas las resoluciones en materia civil y mer(cid:220) cantil que entren en el ‘mbito de este Convenio. No existe ningœn motivo jur(cid:242)dico que justifique que el nuevo sistema propuesto se aplique o no en funci(cid:246)n de la naturaleza pecuniaria o no del cr~dito en cues(cid:220) ti(cid:246)n. La creaci(cid:246)n de un instrumento separado presenta muchos inconvenientes, y el remedio podr(cid:242)a resultar peor que el mal que los trabajos desean solucionar. Ello tendr(cid:242)a como consecuencia inmediata privar al mecanismo del Convenio de Bruselas de la mayor parte de su ‘mbito de aplicaci(cid:246)n potencial, a pesar de la voluntad declarada con ocasi(cid:246)n del ejercicio de revisi(cid:246)n de no cuestionar fundamentalmente el con(cid:220) tenido de un instrumento que constituye un pilar fundamental para la libre circulaci(cid:246)n de sentencias en Europa. Adem‘s, la superposici(cid:246)n de dos reg(cid:242)me(cid:220) nes (cid:133)concurrentes(cid:176) tendr(cid:242)a evidentes consecuencias negativas para los usuarios (magistrados, abogados, etc. ) que ya est‘n en su inmensa mayor(cid:242)a bastante poco familiarizados con el Convenio de Bruselas y que se ver(cid:242)an enfrentados a graves problemas de in(cid:220) terpretaci(cid:246)n en las resoluciones mixtas. todos los Estados miembros, acerca del manteni(cid:220) miento del marcado car‘cter (cid:133)jurisdiccional(cid:176) que re(cid:220) viste en la acutalidad el procedimiento de exequ‘tur, incluso en la primera fase del procedimiento. Sin querer interferir en la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a este punto, ser(cid:242)a de agradecer que los Estados miembros se esforzasen por desig(cid:220) nar, a efectos de la concesi(cid:246)n del exequ‘tur, autori(cid:220) dades distintas de los (cid:246)rganos jurisdiccionales (fun(cid:220) cionarios, secretarios judiciales). Ello tendr(cid:242)a como ventaja inmediata desatascar los tribunales, ya consi(cid:220) derablemente cargados, y traducir(cid:242)a as(cid:242) de forma concreta el cambio de naturaleza de la concesi(cid:246)n de la f(cid:246)rmula ejecutoria, en la fase inicial del procedi(cid:220) miento, dado que los recursos contra esta concesi(cid:246)n deben seguir siendo de naturaleza judicial. En cam(cid:220) bio, podr(cid:242)a resultar ventajoso designar el mismo (cid:246)r(cid:220) gano jurisdiccional en aquellos Estados miembros donde la ejecuci(cid:246)n propiamente dicha de las resolu(cid:220) ciones, incluidas las resoluciones nacionales, exija la autorizaci(cid:246)n previa de un (cid:246)rgano jurisdiccional. Esta designaci(cid:246)n no indicar(cid:242)a una desconfianza frente al juez extranjero, sino m‘s bien el deseo, en aras de la simplifaci(cid:246)n, de concentrar en una sola mano el po(cid:220) der de hacer ejecutoria la decisi(cid:246)n extranjera y al mismo tiempo, de ordenar la ejecuci(cid:246)n propiamente dicha. Por lo que respecta al procedimiento propiamente dicho, las propuestas de la Comisi(cid:246)n se basan en el principio de que la concesi(cid:246)n de una f(cid:246)rmula ejecu(cid:220) toria debe revestir un cierto automatismo y ser ob(cid:220) jeto œnicamente de un control formal, sin examinar en esta fase del procedimiento los motivos de dene(cid:220) gaci(cid:246)n de la ejecuci(cid:246)n previstos por el Convenio. Este control se ver‘ facilitado por la presentaci(cid:246)n de un certificado uniforme y multiling(cid:190)e adjunto a la resoluci(cid:246)n que debe ejecutarse, expedido por las au(cid:220) toridades del Estado de origen (cuyo modelo figura en anexo al proyecto de Convenio) y que establezca de forma inequ(cid:242)voca las condiciones esenciales que debe cumplir esta resoluci(cid:246)n para beneficiarse del exequ‘tur. Corresponde a la persona contra la que se ha obtenido el exequ‘tur impugnarlo, aportando la prueva de la existencia de uno de los motivos de denegaci(cid:246)n del exequ‘tur previstos por el Convenio. 19. (cid:217)El enfoque propuesto parte de la constataci(cid:246)n am(cid:220) pliamente admitida de que la intervenci(cid:246)n de las au(cid:220) toridades del Estado de ejecuci(cid:246)n puede simplificarse aœn m‘s y la inserci(cid:246)n de la f(cid:246)rmula ejecutoria o el registro de la resoluci(cid:246)n pueden reducirse pr‘ctica(cid:220) mente a una mera formalidad. En efecto, los recur(cid:220) sos presentados contra las decisiones de exequ‘tur otorgadas en el marco del Convenio de Bruselas han sido escasos. Es necesario preguntarse, en un con(cid:220) texto de sobrecarga end~mica de los tribunales en 20. (cid:217)Las modificaciones de procedimiento deben ir acom(cid:220) pa(cid:253)adas de una revisi(cid:246)n de los motivos que permiten actualmente denegar el reconocimiento y la ejecu(cid:220) ci(cid:246)n de una resoluci(cid:246)n extranjera (art(cid:242)culo 37(cid:216)bis). Se trata, en particular, de reconsiderar el motivo de la denegaci(cid:246)n basado en el concepto de orden pœ(cid:220) blico, actualmente sin fundamento en relaci(cid:246)n con el proceso de integraci(cid:246)n europea y la materia civil y mercantil en cuesti(cid:246)n. Se trata tambi~n del motivo debido a la falta de entrega al demandado, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse, de la c~dula de emplazamiento o documento equiva(cid:220) C 33/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 las legislaciones de lente. La lectura actual de esta disposici(cid:246)n propor(cid:220) ciona en efecto al deudor de mala fe un arma temi(cid:220) ble para librarse de la ejecuci(cid:246)n. Por œltimo, en el estado actual de los Estados miembros, no parece necesario mantener la posibili(cid:220) dad de denegaci(cid:246)n del exequ‘tur en caso de desco(cid:220) nocimiento del Derecho internacional privado del Estado requerido en materia de estado de las perso(cid:220) nas fisicas, capacidad, reg(cid:242)menes matrimoniales y sucesiones. Para evitar recursos puramente dilatorios, la Comi(cid:220) si(cid:246)n considera por otra parte que la resoluci(cid:246)n del Estado requerido por la que se autoriza la ejecuci(cid:246)n debe ser ejecutoria provisionalmente, al igual que la resoluci(cid:246)n original que se le ha presentado. No obs(cid:220) tante, deben introducirse precauciones que permitan la evitar eventuales consecuencias ejecuci(cid:246)n provisional (art(cid:242)culo 36). irreparables de 21. (cid:217)La Comisi(cid:246)n propone modificar considerablemente los mecanismos actualmente regulados del Convenio de Bruselas con arreglo a estas l(cid:242)neas directrices, sin excluir que esta nueva modificaci(cid:246)n constituya una etapa y que a su debido tiempo se lleve a cabo una nueva reflexi(cid:246)n sobre la supresi(cid:246)n pura y simple del exequ‘tur. I. 3. MEDIDAS PROVIS ION AL ES Y C AU T EL AR E S 22. (cid:217)Las medidas provisionales y cautelares constituyen un elemento de importancia primordial en el con(cid:220) texto del reconocimiento y la ejecuci(cid:246)n de las reso(cid:220) luciones extranjeras. Las consecuencias negativas de los plazos propios del procedimiento pueden ali(cid:220) viarse o compensarse mediante una actitud favorable del Estado requerido respecto de la concesi(cid:246)n de di(cid:220) chas medidas. Si bien dichas medidas han experi(cid:220) mentado recientemente en la Uni(cid:246)n Europea un considerable auge a la altura de la rapidez caracte(cid:220) r(cid:242)stica del mundo empresarial y, por lo tanto, consti(cid:220) tuyen paliativos a judiciales, excesiva(cid:220) los plazos mente largos, este arsenal de normas judiciales de los Estados miembros se ha ampliado mediante un pro(cid:220) ceso relativamente divergente y, sobre todo, at(cid:246)(cid:220) nomo. En efecto, el Convenio de Bruselas œnica(cid:220) mente contiene dos disposiciones relativas a las me(cid:220) didas cautelares y provisionales, los art(cid:242)culos 24 y 39, que se limitan a remitir al Derecho interno de los Estados miembros para su aplicaci(cid:246)n concreta. una cierta convergencia en algunas funciones atribui(cid:220) das a estas medidas: garantizar la ejecuci(cid:246)n ulterior de la decisi(cid:246)n que haya de producirse sobre el fondo (o realizar una anticipaci(cid:246)n de esta ejecuci(cid:246)n), orga(cid:220) nizar temporalmente la situaci(cid:246)n de hecho o de de(cid:220) recho de los protagonistas y proteger los intereses en cuesti(cid:246)n hasta la soluci(cid:246)n del conflicto. los Estados miembros La divergencia entre se agranda no obstante cuando las medidas corren el riesgo de hacer inœtil cualquier procedimiento en cuanto al fondo y favorecer una cierta burla de las normas de competencia normalmente aplicables (v~ase por ejemplo el r~f~r~(cid:220)provision del Derecho franc~s, o el Befriedigungsverf(cid:190)gung del Derecho ale(cid:220) m‘n). El recurso al juez competente para dictar me(cid:220) didas provisionales, a fin de que establezca tales me(cid:220) didas anticipadas, tambi~n est‘ muy desigualmente distribuido, a algunos Estados miembros niegan al juez competente para dictar medidas provisionales el poder de anticipar una resoluci(cid:246)n en cuanto al fondo. 24. (cid:217)Existen diferencias bastante notables en las condicio(cid:220) nes de establecimiento de estas medidas. Si bien las legislaciones de los Estados miembros suelen condi(cid:220) cionar la concesi(cid:246)n de estas medidas, dotadas en principio de una fuerza ejecutiva inmediata, a la verosimilitud de la pretensi(cid:246)n alegada (fumus boni juris) y a la verosimilitud del riesgo de no cobrar (pe(cid:220) riculum in mora), la condici(cid:246)n de urgencia es objeto, de forma creciente, de una interpretaci(cid:246)n liberal. Tambi~n existen diferencias sensibles en lo que res(cid:220) pecta a la naturaleza de los bienes que pueden ser objeto de las mismas, el tipo de medidas que pueden adoptarse o incluso las relaciones entre el (cid:246)rgano ju(cid:220) risdiccional provisional y el (cid:246)rgano jurisdiccional competente para entender del fondo. Los elementos formales tambi~n son poco homog~(cid:220) neos. Numerosos Estados miembros subordinan las medidas cautelares a la autorizaci(cid:246)n previa de un juez, especializado en algunos Estados miembros y no especializado en otros, mientras que otros Esta(cid:220) dos miembros permiten en algunos casos la dispensa de tal autorizaci(cid:246)n. Adem‘s, el car‘cter unilateral del principio del procedimiento es la norma en un gran nœmero de Estados miembros, mientras que otros poseen la norma de que el debate debe ser contradictorio desde el inicio del procedimiento, salvo casos urgentes particulares, anulando as(cid:242) el efecto sorpresa que suele esperarse de estas medidas. 23. (cid:217)Un examen comparado de las legislaciones naciona(cid:220) les muestra una ausencia casi general de definici(cid:246)n de las medidas cautelares y provisionales, as(cid:242) como una considerable heterogeneidad de los reg(cid:242)menes jur(cid:242)dicos existentes. Todo lo m‘s, puede encontrarse 25. (cid:217)El Convenio de Bruselas no aporta ninguna soluci(cid:246)n a esta fragmentaci(cid:246)n de los Derechos en materia de jurisdicci(cid:246)n provisional. El art(cid:242)culo 24 se limita a es(cid:220) tablecer el principio de una competencia derogatoria respecto de las dem‘s normas de competencia en 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/11 cuanto al fondo, sin indicar el beneficiario o benefi(cid:220) ciarios de esta competencia, y, sobre todo, no define en qu~ consisten estas medidas cautelares y provisio(cid:220) nales. Para paliar esta carencia, el Tribunal de Justi(cid:220) cia ha debido acudir a la interpretaci(cid:246)n. Con la sen(cid:220) tencia (cid:133)Reichert II(cid:176)(cid:216)(˛ˇ), el Tribunal sienta los prime(cid:220) ros hitos de una definici(cid:246)n uniforme y aut(cid:246)noma y precisa asimismo el r~gimen de libre circulaci(cid:246)n de las resoluciones por las que se ordenan dichas medi(cid:220) das. En cuanto al art(cid:242)culo 39, que prev~ la adopci(cid:246)n de medidas cautelares durante el plazo del recurso contra la resoluci(cid:246)n que hubiere autorizado la ejecu(cid:220) ci(cid:246)n, el Tribunal de Justicia ha precisado muy opor(cid:220) la sentencia Capelloni y Aquilini/ tunamente, en Pelkmans(cid:216)(˛—) que la parte que solicita y obtiene la autorizaci(cid:246)n de ejecuci(cid:246)n puede, en virtud de este art(cid:242)culo y en el plazo indicado, hacer ejecutar direc(cid:220) tamente las medidas cautelares sin estar obligada a obtener una autorizaci(cid:246)n espec(cid:242)fica. 26. (cid:217)La Comisi(cid:246)n considera necesario seguir la v(cid:242)a tra(cid:220) zada por el Tribunal e iniciar, en toda la Uni(cid:246)n Eu(cid:220) ropea, una reflexi(cid:246)n sobre los medios para garanti(cid:220) zar una protecci(cid:246)n equivalente de todos los justicia(cid:220) bles en este ‘mbito. Teniendo en cuenta los diferen(cid:220) tes sistemas jur(cid:242)dicos y la variedad de medidas, esta reflexi(cid:246)n deber‘ tratar fundamentalmente sobre el efecto que pretenden las medidas cautelares y provi(cid:220) sionales, las condiciones m(cid:242)nimas a que deben some(cid:220) terse, la regla del debate contradictorio, la fuerza ejecutiva de la medida o las v(cid:242)as de recurso. 27. (cid:217)La Comisi(cid:246)n propone definir uniformemente la (cid:133)me(cid:220) dida cautelar o provisional(cid:176). Se ha sugerido que se inspire en los principios rectores adoptados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Reichert II(cid:216)(˛(cid:209)). 28. (cid:217)La Comisi(cid:246)n propone asimismo plantear claramente, a los efectos de las medidas cautelares y provisiona(cid:220) les, una regla de competencia en beneficio del Es(cid:220) tado miembro en cuyo territorio pueden ejecutarse dichas medidas, incluso si son los tribunales de otro Estado miembro los competentes sobre el fondo del litigio (art(cid:242)culo 18(cid:216)bis). El fundamento de esta nueva regla de competencia es que la urgencia que caracte(cid:220) riza a estas medidas provisionales y cautelares es in(cid:220) compatible con el establecimiento de un procedi(cid:220) miento de exequ‘tur. Este regla debe aplicarse sin perjuicio de la competencia natural del juez compe(cid:220) (˛ˇ)(cid:217)Sentencia del Tribunal, de 26 de marzo de 1992, en (Recopilaci(cid:246)n 1992, el asunto C(cid:220)261/90, Reichert p. (cid:217)I(cid:220)2149). II tente para entender del fondo, para decidir tambi~n sobre las medidas provisionales(cid:216)(˛(cid:210)). Por otra parte, cuando se ha dictado una resoluci(cid:246)n no ejecutoria en cuanto al fondo, o cuando una re(cid:220) soluci(cid:246)n ejecutoria se ha dictado en cuanto al fondo pero aœn no ha recibido fuerza ejecutiva en el Es(cid:220) tado requerido, en virtud de tal resoluci(cid:246)n se deber‘ poder adoptar medidas cautelares en el Estado donde puedan ejecutarse dichas medidas(cid:216)(˛(cid:211)). La re(cid:220) soluci(cid:246)n en cuanto al fondo ya se beneficia en efecto, en virtud del art(cid:242)culo 26 del Convenio de Bruselas, de un reconocimiento de pleno derecho, sobre la base de una presunci(cid:246)n de regularidad inter(cid:220) nacional, y tiene el valor de (cid:133)medida cautelar euro(cid:220) pea(cid:176) (v~ase el art(cid:242)culo 27). Por œltimo, cuando la resoluci(cid:246)n de origen se ha de(cid:220) clarado ejecutoria en el Estado requerido, y sin per(cid:220) juicio de la ejecuci(cid:246)n provisional de la resoluci(cid:246)n por la que se autoriza la ejecuci(cid:246)n, esta resoluci(cid:246)n conlleva de pleno derecho la autorizaci(cid:246)n para adoptar las medidas cautelares y provisionales previs(cid:220) tas por la legislaci(cid:246)n del Estado requerido. La adop(cid:220) ci(cid:246)n de estas medidas no supone que la decisi(cid:246)n que autoriza la ejecuci(cid:246)n se haya notificado previamente al demandado. Las medidas seguir‘n vigentes hasta que haya expirado el plazo de recurso o se haya re(cid:220) suelto definitivamente sobre un eventual recurso (v~ase el art(cid:242)culo 36). 29. (cid:217)El conjunto de las modificaciones sugeridas figura en el proyecto de Convenio que se adjunta en el anexo I. En aras de la comodidad, este proyecto de Convenio respeta en la medida de lo posible la es(cid:220) tructura y la numeraci(cid:246)n del Convenio de Bruselas, y œnicamente integra las disposiciones respecto de las cuales se desea un cambio en relaci(cid:246)n al Convenio de Bruselas. II. PISTAS DE REFLEXIŁN PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA DE LA JUSTICIA EN LA UNIŁN EUROPEA 30. (cid:217)La heterogeneidad de los sistemas procesales nacio(cid:220) nales determina que, dentro de la Uni(cid:246)n, todos los justiciables no se encuentran en la misma situaci(cid:246)n. No se benefician de instrumentos de eficacia compa(cid:220) rable, cuando la igualdad de los ciudadanos y de los integrado agentes econ(cid:246)micos en un espacio (˛—)(cid:217)Asunto 119/84, Cappelloni y Aquilini/Pelkmans (Recopila(cid:220) ci(cid:246)n 1985, p. 3147). (˛(cid:209))(cid:217)Corresponder‘ al Tribunal de Justicia determinar si pueden considerarse medidas cautelares y provisionales las medidas cuyo objeto sea la anticipaci(cid:246)n de la resoluci(cid:246)n en cuanto al la cuesti(cid:246)n prejudicial no 1996, C(cid:220)46/7, fondo. V~ase asunto C(cid:220)391/95, Van Uden Maritime BV/Firma Deco(cid:220) Line, Peter Determan KG. (˛(cid:210))(cid:217)V~anse, no obstante, los l(cid:242)mites establecidos el reconoci(cid:220) miento de estas medidas por la sentencia (cid:133)Denillauer(cid:176) del Tribunal de Justicia: la medida cautelar y provisional no se reconocer‘ si se ha adoptado ex parte: asunto 125/79, Denilauer/Couchet (Recopilaci(cid:246)n 1980, p. 1553). (˛(cid:211))(cid:217)V~ase el art(cid:242)culo 68 de la Lay francesa de 9 de julio de 1991 sobre los procedimientos civiles de ejecuci(cid:246)n y el art(cid:242)(cid:220) culo 1414 del Code judiciaire belga. C 33/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 las postula la igualdad de los dispositivos judiciales de los distintos pa(cid:242)ses. Las instituciones comunitarias han puesto de relieve en diversas ocasiones este des(cid:220) fase entre el Derecho y la realidad, que supone el la mantenimiento de Uni(cid:246)n(cid:216)(˛(cid:212)). El propio Tribunal de Justicia ha subra(cid:220) yado que, cuando la lesi(cid:246)n de los derechos se ha ori(cid:220) ginado por una violaci(cid:246)n del Derecho comunitario, el establecimiento de unas v(cid:242)as de recurso constituye una autentica obligaci(cid:246)n a cargo de los Estados miembros, que tiene su origen asimismo en el art(cid:242)(cid:220) culo 5 del Tratado CE(cid:216)(˛(cid:213)). judiciales en fronteras 31. (cid:217)Esta toma de conciencia por parte de las institucio(cid:220) nes ya ha encontrado un cierto eco en varios instru(cid:220) mentos comunitarios. Sobre la base de los art(cid:242)culos 66, 100 o 100(cid:216)A del Tratado CE, el Consejo ha adoptado varios actos de Derecho derivado, algunas de cuyas disposiciones contienen normas especiales, normas sobre conflictos de jurisdicci(cid:246)n o, m‘s espo(cid:220) r‘dicamente, normas sobre conflictos de leyes, sin excluir no obstante, en casos espec(cid:242)ficos, la aproxi(cid:220) maci(cid:246)n de normas procedimentales sustantivas(cid:216)(˛(cid:214)). Esta t~cnica tiene, sin embargo, sus l(cid:242)mites en el pro(cid:220) pio objeto al que pretende contribuir. De esta forma, los trabajos de aproximaci(cid:246)n de las normas naciona(cid:220) les de conflicto o del Derecho procesal material abordados con este esp(cid:242)ritu han chocado con el in(cid:220) conveniente de desarrollarse en un marco sectorial. 32. (cid:217)Sin perjuicio de eventuales propuestas nuevas en ‘m(cid:220) bitos espec(cid:242)ficos, all(cid:242) donde resulte necesario, la Co(cid:220) misi(cid:246)n desea dar preferencia en el futuro a un enfo(cid:220) que lo m‘s horizontal posible de estas cuestiones, que se desarrollar‘, tras la entrada en vigor del Tra(cid:220) tado de Amsterdam, en el marco de las nuevas disposiciones relativas a la cooperaci(cid:246)n judicial civil (art(cid:242)culo 73(cid:216)M). La complejidad de los problemas planteados, as(cid:242) como el fuerte arraigo del Derecho procesal en la tradici(cid:246)n jur(cid:242)dica nacional, sugieren, no obstante, una acci(cid:246)n progresiva, prudente y pro(cid:220) porcionada a las necesidades. Asimismo, deber‘ prestarse una atenci(cid:246)n especial al respeto del equili(cid:220) brio de los intereses de las partes, y en particular al respeto de los derechos de la defensa. La Comisi(cid:246)n desea que se centre la atenci(cid:246)n en de(cid:220) terminados puntos de divergencia, cuyo manteni(cid:220) (˛(cid:212))(cid:217)V~anse especialmente el Libro verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la resoluci(cid:246)n de conflictos rela(cid:220) tivos al consumo [COM(93) 576(cid:129) y el Programa estrat~gico para el mercado interior [COM(93) 256(cid:129). (˛(cid:213))(cid:217)Sentencias del Tribunal. (cid:216). (cid:216). (˛(cid:214))(cid:217)V~ase, por ejemplo, la Directiva 84/450/CEE relativa a la publicidad enga(cid:253)osa, la Directiva 93/13/CEE relativa a las cl‘usulas abusivas en los las Directivas 88/357/CEE, 90/619/CEE, consumidores, 92/49/CEE y 92/96/CEE en materia de seguros, la Direc(cid:220) tiva 96/71/CE sobre el destino de los trabajadores en el marco de la prestaci(cid:246)n de servicios, etc. los contratos celebrados con miento considera perjudicial para el funcionamiento armonioso de la justicia en el espacio sin fronteras de la Uni(cid:246)n Europea. Estos aspectos ya se han abor(cid:220) dado en los trabajos del Consejo relativos al (cid:133)t(cid:242)tulo ejecutivo europeo(cid:176), lo que pone de manifiesto tanto la necesidad como la sensibilizaci(cid:246)n sobre el tema de un posible enfoque comœn a nivel de la Uni(cid:246)n. II. 1. PR OC E D IMI EN TO D E OB T E N CI Ł N D E L TI TUL O E N E L ES TA DO M I E MB RO DE O R I G E N 33. (cid:217)La generalizaci(cid:246)n y la aproximaci(cid:246)n de los procedi(cid:220) mientos r‘pidos para el pago de sumas de dinero constituye un eje prioritario de reflexi(cid:246)n, habida cuenta de las crecientes necesidades de los ciudada(cid:220) nos y agentes econ(cid:246)micos. 34. (cid:217)En 1994 se realiz(cid:246) un estudio(cid:216)(ˇ˝), a petici(cid:246)n de la Comisi(cid:246)n, en el marco de la estrategia comunitaria para el desarrollo de las empresas y la mejora del medio empresarial. Este estudio puso de manifiesto que los operadores consideran que el marco jur(cid:242)dico de los Estados miembros no disuade de forma an‘(cid:220) loga a los deudores de mala fe e incluso puede, en numerosos Estados miembros, beneficiar financiera(cid:220) mente a estos ultimos, garantiz‘ndoles una cierta im(cid:220) punidad. El estudio revela asimismo que alguna PYME dudan en comprometerse en el comercio in(cid:220) ternacional, pues saben que en caso de impago ser‘ mucho m‘s dificil recuperar una deuda en el extran(cid:220) jero que en su propio pa(cid:242)s. 35. (cid:217)Esta falta de marco jur(cid:242)dico adaptado ya se puso de manifiesto en el contexto del buen funcionamiento del mercado interior en la Recomendaci(cid:246)n de la Co(cid:220) misi(cid:246)n, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales(cid:216)(ˇ˛). Consi(cid:220) derando que los acreedores v(cid:242)ctimas de retrasos en los pagos deben tener a su disposici(cid:246)n medios de re(cid:220) curso r‘pidos, eficaces y poco onerosos, la Comisi(cid:246)n invit(cid:246) a los Estados miembros a mejorar la eficacia de los procedimientos juridiccionales de resoluci(cid:246)n simplificada de litigios relativos a sumas reducidas, as(cid:242) como a facilitar las formas de cobro de los cr~di(cid:220) tos transfronterizos no impugados. No obstante, hubo de constatar, en su informe de 9 de julio de 1997(cid:216)(ˇˇ) relativo a la evaluaci(cid:246)n de los efectos de la Recomendaci(cid:246)n de 1995, que la situaci(cid:246)n ha evolu(cid:220) cionado poco en los Estados miembros, y que las PYME siguen reticentes en cuanto a las actividades de exportaci(cid:246)n. (ˇ˝)(cid:217)(cid:133)European Late Payment Survey(cid:176), 1994, Intrum Justitia. (ˇ˛)(cid:217)DO L 127 de 10. 6. 1995; v~ase la comunicaci(cid:246)n relativa a la Recomendaci(cid:246)n de la Comisi(cid:246)n, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales (DO C 144 de 10. 6. 1995, p. 3). (ˇˇ)(cid:217)DO C 216 de 17. 7. 1997, p. 10. 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/13 36. (cid:217)El enfoque de la Comisi(cid:246)n, que ha recibido un gran apoyo del Parlamento(cid:216)(ˇ—), se basa en efecto en la constataci(cid:246)n de las considerables disparidades que se ponen de manifiesto al comparar los sistemas nacio(cid:220) nales. Los œltimos veinte a(cid:253)os han sido testigos del nacimiento en los Estados miembros, en diversos grados, de una serie de procedimientos particulares o sumarios. La multiplicaci(cid:246)n de estos procedimientos, que traduce la voluntad de los Estados miembros de luchar contra el atraso judicial end~mico y el colap(cid:220) samiento de los tribunales, manifiesta al mismo tiempo la prioridad que cada uno desea conceder a la eficacia de la protecci(cid:246)n judicial otorgada a las distintas categor(cid:242)as de derecho o de justiciables. 37. (cid:217)De esta forma, determinados Estados miembros ya han establecido o est‘n creando, adem‘s de procedi(cid:220) mientos para los peque(cid:253)os cr~ditos o m‘s especifica(cid:220) mente los cr~ditos de consumo, un procedimiento destinado a simplificar, agilizar y abaratar la recau(cid:220) daci(cid:246)n de sumas de dinero. Estos procedimientos(cid:216)(ˇ(cid:209)) no existen sin embargo en todos los Estados miem(cid:220) bros(cid:216)(ˇ(cid:210)). En los casos en que existen, las condiciones de fondo y de forma de que depende su aplicaci(cid:246)n var(cid:242)an considerablemente. Los puntos de divergencia afectan a aspectos tan esenciales como la cuant(cid:242)a m‘xima de los cr~ditos que pueden ser objeto de este procedimiento, el car‘cter contradictorio o unilateral de este œltimo, los medios de prueba, los gastos y tasas o la intervenci(cid:246)n del abogado. A ello se a(cid:253)ade un formalismo de alcance desigual en los Estados miembros, incluso una (cid:133)desjudicializaci(cid:246)n(cid:176) total del procedimiento(cid:216)(ˇ(cid:211)). 38. (cid:217)Esta creciente disparidad genera una desigualdad de los instrumentos en favor de aquellos justiciables que pueden beneficiarse de un procedimiento de manda(cid:220) miento de pago muy eficaz, en detrimento de aque(cid:220) llos que, en el otro extremo, no disponen en abso(cid:220) luto de este instrumento y œnicamente pueden va(cid:220) lerse de los procedimientos llamados (cid:133)normales(cid:176), ge(cid:220) neralmente sin(cid:246)nimo de costes y plazos muy supe(cid:220) riores. A ello hay que a(cid:253)adir el hecho de que, en algunos Estados miembros, la utilizaci(cid:246)n del proce(cid:220) dimiento de mandamiento de pago est‘ pura y sim(cid:220) plemente prohibida en caso de litigios transfronteri(cid:220) la desigualdad zos(cid:216)(ˇ(cid:212)). En este œltimo caso, (ˇ—)(cid:217)DO C 211 de 22. 7. 1996. (ˇ(cid:209))(cid:217)(cid:133)Proc~dure d’injonction de payer(cid:176) en Francia, (cid:133)Mahnver(cid:220) fahren(cid:176) en Alemania, (cid:133)decreto ingiuntivo(cid:176) en Italia, (cid:133)betal(cid:220) ningsf‰rel…ggande(cid:176) en Suecia, (cid:133)summiere rechtspleging om betaling te bekomen(cid:176) en los Pa(cid:242)ses Bajos, etc. (ˇ(cid:210))(cid:217)En Espa(cid:253)a y Portugal no existe el procedimiento de manda(cid:220) miento de pago. El Reino Unido e Irlanda poseen un proce(cid:220) dimiento sumario bastante parecido. (ˇ(cid:211))(cid:217)El (cid:133)kronofogdemyndighet(cid:176) en Suecia, por ejemplo. (ˇ(cid:212))(cid:217)No es seguro que esta restricci(cid:246)n sea conforme a la inter(cid:220) pretaci(cid:246)n que hace el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas y del art(cid:242)culo 6 que prohibe las discriminaciones (sentencia Mund y Festner, asunto C(cid:220)398/92, 10 de febrero de 1994, Recopilaci(cid:246)n 1994, p. I(cid:220)467). de los dispositivos legislativos nacionales puede ejer(cid:220) cer una influencia no despreciable en la elecci(cid:246)n de la jurisdicci(cid:246)n competente (forum shopping). La Co(cid:220) misi(cid:246)n considera necesario reducir estas diferencias, que pueden ejercer una influencia en el comporta(cid:220) miento de los deudores. En efecto, se ha demos(cid:220) trado(cid:216)(ˇ(cid:213)) que en el marco del seguimiento de la re(cid:220) comendaci(cid:246)n sobre los plazos de pago entre las em(cid:220) presas, existen muchos menos retrasos en los pagos en los Estados miembros donde la obtenci(cid:246)n y la ejecuci(cid:246)n de las resoluciones de condena son r‘pi(cid:220) das, poco costosas y eficaces. En estos mismos Esta(cid:220) dos, la proporci(cid:246)n de los retrasos intencionales de los pagos respecto del conjunto de los retrasos es claramente inferior a la media, que es del 35(cid:216)%. Para poder beneficiarse plenamente de las ventajas de la desaparici(cid:246)n de las fronteras, los agentes eco(cid:220) n(cid:246)micos deben disponer de un procedimiento r‘(cid:220) pido, eficaz y poco costoso con unas condiciones de fondo y de forma que les ofrezcan una protecci(cid:246)n equivalente. Esta protecci(cid:246)n no debe limitarse a los agentes econ(cid:246)micos, sino que debe ofrecerse a todos los ciudadanos que deban hacer frente al impago de una deuda (consumidores, acreedores de alimentos, etc. ). 39. (cid:217)La generalizaci(cid:246)n(cid:216)(ˇ(cid:214)) en todos los Estados miembros del procedimiento de mandamiento de pago facili(cid:220) tar‘, gracias a la familiarizaci(cid:246)n de las autoridades competentes, los procedimientos de reconocimiento y de exequ‘tur(cid:216)(—˝) previstos por el Convenio de Bru(cid:220) selas. A este respecto, hay que recordar que diversos trabajos cient(cid:242)ficos efectuados sobre el (cid:133)t(cid:242)tulo ejecu(cid:220) tivo europeo(cid:176) parten del postulado de que un proce(cid:220) dimiento uniforme para el pago de una suma de di(cid:220) nero permitir‘ llegar a la desaparici(cid:246)n total del pro(cid:220) cedimiento de reconocimiento y de ejecuci(cid:246)n (exe(cid:220) qu‘tur) previsto por el Convenio de Bruselas. 40. (cid:217)El principio esencial es que un procedimiento pesado de pago de una suma de dinero debe evitarse en los asuntos que no sean realmente contenciosos y donde el deudor no impugne su deuda. Este principio de inversi(cid:246)n del contencioso postula que la iniciativa del procedimiento ya no incumbe al demandante sino al demandado, que al notific‘rsele una orden de pago dictada a petici(cid:246)n del acreedor debe adoptar una ac(cid:220) titud activa acudiendo al Tribunal. El procedimiento se caracteriza por los efectos jur(cid:242)dicos que atribuye lo tanto, al silencio consciente del deudor. Por (ˇ(cid:213))(cid:217)(cid:133)European Payment Habits Survey(cid:176), abril 1997, Intrum Justitia. (ˇ(cid:214))(cid:217)V~ase la Comunicaci(cid:246)n anteriormente mencionada, p. 9. (—˝)(cid:217)En la sentencia Klomps (16 de junio de 1981, Asunto 166/80, Recopilaci(cid:246)n, p. 1953), el Tribunal de Justicia ad(cid:220) mite que la orden de mandamiento de pago es una (cid:133)resolu(cid:220) ci(cid:246)n(cid:176) en el sentido del Convenio de Bruselas. C 33/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 deben adoptarse precauciones espec(cid:242)ficas para que los intereses del deudor demandado se vean protegi(cid:220) dos eficazmente. La notificaci(cid:246)n o traslado del t(cid:242)tulo que legitima la demanda del acreedor reviste a estos efectos una considerable importancia, dado que hace correr el plazo que permite al deudor hacer valer su oposici(cid:246)n e iniciar un debate contradictorio. 41. (cid:217)Una vez sentados estos principios generales, que fi(cid:220) guran en la base de todos los sistemas existentes, quedan por resolver diversas cuestiones. En primer lugar, se trata de determinar c(cid:246)mo respetar el equili(cid:220) brio de los derechos de las partes presentes, ya se trate de consumidores respecto de los que habr(cid:242)a que evitar reforzar su posici(cid:246)n de inferioridad existente en el mercado(cid:216)(—˛), o de otras categor(cid:242)as de personas. Tambi~n ser‘ necesario definir cual es la funci(cid:246)n de la autoridad judicial, del oficial judicial o incluso del abogado. El ‘mbito material, el importe m‘ximo eventual de los cr~ditos, las modalidades de la de(cid:220) manda, o medios de prueba, los modos de notifica(cid:220) ci(cid:246)n de la resoluci(cid:246)n, y las v(cid:242)as y plazos de recurso constituyen otros tantos par‘metros que deben te(cid:220) nerse en cuenta en la reflexi(cid:246)n sobre los posibles l(cid:242)(cid:220) mites de un procedimiento europeo de mandamiento de pago. Esta reflexi(cid:246)n estar‘ guiada asimismo por la voluntad de no perjudicar los sistemas existentes que han demostrado su eficacia. II. 2. EJECUCIŁN DE LAS RES OLUCI ON ES 42. (cid:217)Un r~gimen r‘pido y eficaz de ejecuci(cid:246)n de las reso(cid:220) luciones judiciales constituye uno de los aspectos del acceso a la Justicia. La libre circulaci(cid:246)n de sentencias ser(cid:242)a irreal si el t(cid:242)tulo no se concretara con una efi(cid:220) cacia equivalente en todos los Estados miembros. 43. (cid:217)No es seguro que, en la actualidad, las legislaciones nacionales est~n en condiciones de poder cumplir este objetivo. Al igual que las medidas cautelares y provisionales, las v(cid:242)as de ejecuci(cid:246)n forzosa se organi(cid:220) zan de forma muy diferente y est‘n sujetas a condi(cid:220) ciones muy divergentes en los distintos Estados miembros. Si bien todos los Estados miembros cono(cid:220) cen un derecho de ejecuci(cid:246)n, que var(cid:242)e en funci(cid:246)n de la naturaleza de la obligaci(cid:246)n a cargo del deudor, y la pr‘ctica totalidad de los Estados miembros con(cid:220) dicionan la ejecuci(cid:246)n forzosa a la notificaci(cid:246)n del t(cid:242)(cid:220) tulo en el que se funda, incluso a un requerimiento de pago del deudor, existen grandes diferencias en lo que respecta a la naturaleza de los t(cid:242)tulos que permiten la ejecuci(cid:246)n forzosa(cid:216)(—ˇ), y la fuerza de cosa juzgada no es el œnico criterio determinante a este respecto. Las excepciones al principio general(cid:220) mente admitido de embargabilidad de todos los bie(cid:220) nes del deudor son numerosas, y tambi~n muy dife(cid:220) rentes segœn los Estados. Lo mismo sucede con las v(cid:242)as de recurso, la funci(cid:246)n del tribunal en el conten(cid:220) cioso de ejecuci(cid:246)n, el coste de la ejecuci(cid:246)n o la pu(cid:220) blicidad de las medidas de ejecuci(cid:246)n. 44. (cid:217)El Convenio de Bruselas œnicamente pretende facili(cid:220) tar la libre circulaci(cid:246)n de sentencias, flexibilizando las reglas del exequ‘tur. La ejecuci(cid:246)n propiamente dicha sigue sujeta a las normas de procedimiento del Estado en el que ha tenido lugar la ejecuci(cid:246)n. El ca(cid:220) r‘cter ejecutivo de un t(cid:242)tulo no se confunde por lo tanto con su ejecuci(cid:246)n efectiva, y el proprio Tribunal de Justicia ha reconocido que no est‘ establecido ni mucho menos que (cid:133)las condiciones de ejecuci(cid:246)n de las resoluciones y los riesgos debidos a las dificulta(cid:220) des que suscitan sean los mismos en todos los Esta(cid:220) dos miembros(cid:176)(cid:216)(——). 45. (cid:217)La diversidad y complejidad de las normas, resalta(cid:220) das por el Tribunal, est‘n vinculadas a la situaci(cid:246)n particular del Derecho de las v(cid:242)as de ejecuci(cid:246)n, que afecta al Derecho de las personas, al Derecho de los contratos, de los reg(cid:242)menes matrimoniales y de suce(cid:220) si(cid:246)n, del Derecho fiscal, etc. , as(cid:242) como el Derecho de las garant(cid:242)as. Este car‘cter pluridisciplinar, al que se a(cid:253)ade el principio cl‘sico de territorialidad de los bienes embargados, impone un enfoque prudente y muy progresivo del tema. 46. (cid:217)Se ha propuesto limitar la reflexi(cid:246)n, en un primer momento, a la problem‘tica del embargo de reten(cid:220) ci(cid:246)n en cuenta bancaria, que existe en la pr‘ctica to(cid:220) talidad de los Estados miembros y que constituye a priori un arma eficaz contra los deudores recalci(cid:220) trantes. Esta eficacia debe, no obstante, relativizarse teniendo en cuenta el principio de territorialidad de los embargos y las considerables diferencias entre las legislaciones nacionales. Sobre todo, la extrema vola(cid:220) tilidad del contenido de las cuentas bancarias consti(cid:220) tuye un serio freno a la ejecuci(cid:246)n del embargo y a la aprehensi(cid:246)n de los fondos. Es deseable por lo tanto reflexionar con los sectores interesados acerca de los diferentes medios para neutralizar estos obst‘culos y esta volatilidad y definir un enfoque comœn para la Uni(cid:246)n Europea. 47. (cid:217)Diversas cuestiones merecen una especial atenci(cid:246)n. lugar del embargo es una La determinaci(cid:246)n del (—ˇ)(cid:217)Algunos Estados miembros realizan una distinci(cid:246)n entre el t(cid:242)tulo ejecutivo y la f(cid:246)rmula ejecutiva. (—˛)(cid:217)V~ase el Libro verde sobre el acceso de los consumidores a (——)(cid:217)Sentencia Mund y Festner, anteriormente mencionada la justicia. (v~ase la nota a pie de p‘gina 27). 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/15 de las cuestiones esenciales, en cuya respuesta ha de tenerse en cuenta el desarrollo masivo de la transfe(cid:220) rencia electr(cid:246)nica de fondos. El principio cl‘sico se(cid:220) gœn el cual este lugar es el lugar donde se intercep(cid:220) tan los fondos en posesi(cid:246)n del banquero o el lugar donde el banco efectœa el pago (generalmente su do(cid:220) micilio social) debe reevaluarse a estos efectos. El alcance del embargo en lo que respecta a los fon(cid:220) dos depositados en la sucursal o la filial extranjera del banco embargado plantea asimismo un problema particular en relaci(cid:246)n con el principio de territoriali(cid:220) dad de los embargos. Las filiales o sucursales suelen considerarse como establecimientos distintos de aqu~l donde se ha realizado el embargo, en cual(cid:220) quier caso en lo que respecta al desembargo de aqu~l. La fecha en la que el tercero embargado debe pro(cid:220) porcionar informaci(cid:246)n relativa a la cuenta del deu(cid:220) dor, o incluso sobre el destino de los cr~ditos inem(cid:220) bargables transferidos a la cuenta bancaria, son cues(cid:220) tiones que deber‘n examinarse detalladamente. Lo mismo ocurre respecto al trato prioritario otorgado en algunos Estados miembros al acreedor embar(cid:220) gante, que puede suponer un riesgo de discrimina(cid:220) ci(cid:246)n frente al acreedor m‘s (cid:133)alejado(cid:176). lidad por una mayor opacidad y, con el progreso in(cid:220) form‘tico y de Internet(cid:216)(—(cid:209)), por una mayor volatili(cid:220) dad. 50. (cid:217)Los legisladores nacionales no han permanecido in(cid:220) sensibles a esta evoluci(cid:246)n y han instaurado progresi(cid:220) vamente medidas destinadas a paliar, al menos par(cid:220) cialmente, esta falta de transparencia. Los medios que existen actualmente en los Estados miembros y que permiten descubir y localizar los diferentes ele(cid:220) mentos activos y pasivos del patrimonio del deudor se caracterizan, no obstante, por una gran diversidad y est‘n lejos de garantizar una protecci(cid:246)n igual de todos los acreedores. 51. (cid:217)Uno de estos medios consiste en la obligaci(cid:246)n que se impone al deudor, a petici(cid:246)n del acreedor o del tri(cid:220) bunal encargado de la ejecuci(cid:246)n, de revelar los ele(cid:220) mentos de su patrimonio. En un primer grupo de Es(cid:220) tados miembros, no existe ninguna norma jur(cid:242)dica de esta naturaleza. Corresponde por lo tanto al acree(cid:220) dor realizar las diligencias necesarias para identificar y localizar estos elementos, lo que beneficia a me(cid:220) nudo al deudor astuto o bien aconsejado. Algunos Estados miembros no poseen disposiciones que per(cid:220) mitan sancionar las actuaciones del deudor destina(cid:220) das a organizar su insolvencia. II. 3. TRANS PARENCIA DEL PATR I MON I O 48. (cid:217)Para la eficaz protecci(cid:246)n de los derechos del acree(cid:220) dor, resulta indispensable facilitar una pronta ejecu(cid:220) ci(cid:246)n de las resoluciones extranjeras, mediante un procedimiento de reconocimiento y de exequ‘tur simplificado. No obstante, este progreso puede resul(cid:220) tar en numerosos casos ilusorio si el deudor resulta insolvente o si esconde sus bienes. El acreedor debe poder evaluar con precisi(cid:246)n la consistencia real del patrimonio del deudor, en sus elementos activos y pasivos, antes de juzgar la oportunidad de proseguir la ejecuci(cid:246)n. 49. (cid:217)Ahora bien, este patrimonio, que representa la ga(cid:220) rant(cid:242)a general de los acreedores, ha perdido mucha transparencia. Anta(cid:253)o constituido en su mayor(cid:242)a por bienes inmuebles f‘cilmente identificables y por lo tanto embargables, en la actualidad los componentes del patrimonio se han modificado considerable(cid:220) mente. Tambi~n se ha desmaterializado en gran me(cid:220) dida en favor principalmente de las cuentas banca(cid:220) rias, remuneraciones diversas, participaciones socia(cid:220) les, o valores mobililarios en sociedades diseminadas por Europa. El patrimonio se caracteriza en la actua(cid:220) En un segundo grupo de Estados miembros, existe la obligaci(cid:246)n de declarar el patrimonio, que se efectœa por escrito u oralmente ante un tribunal, o en su caso bajo juramento ante un secretario judicial o un funcionario judicial, o incluso ante autoridades espe(cid:220) cialmente encargadas de la ejecuci(cid:246)n de las resolu(cid:220) ciones. El deudor que se niegue a esta declaraci(cid:246)n se expone a incurrir en sanciones, incluso a la pena de prisi(cid:246)n. De forma general, la obligaci(cid:246)n de declara(cid:220) ci(cid:246)n afecta a todos los tipos de bienes muebles o in(cid:220) muebles. La eficacia de tal declaraci(cid:246)n de patrimonio depende en gran medida del uso que se haga de ella y de la publicidad que se le d~. En algunos Estados miem(cid:220) bros, la informaci(cid:246)n obtenida por esta v(cid:242)a œnica(cid:220) mente se comunica al tribunal y a las partes. Por el contrario, el valor disuasorio de la obligaci(cid:246)n de de(cid:220) claraci(cid:246)n resulta mucho mayor en los casos en que la informaci(cid:246)n puede estar al alcance de cualquier per(cid:220) sona interesada, por medio de los registros de los tri(cid:220) bunales, de forma que la obligaci(cid:246)n de declaraci(cid:246)n del patrimonio constituye un medio de presi(cid:246)n muy eficaz contra los deudores de mala fe. (—(cid:209))(cid:217)V~ase el Libro verde de la Comisi(cid:246)n sobre el comercio elec(cid:220) tr(cid:246)nico [COM(97) 157(cid:129). C 33/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 1. 98 52. (cid:217)La consulta de los registros pœblicos puede constituir una fuente de informaci(cid:246)n complementaria no des(cid:220) preciable, incluso una soluci(cid:246)n sustitutoria en los Es(cid:220) tados miembros donde no existe la declaraci(cid:246)n de patrimonio. Tambi~n en este aspecto, la amplitud de la informaci(cid:246)n accesible por esta v(cid:242)a var(cid:242)a considera(cid:220) blemente entre los Estados miembros. 53. (cid:217)Por otro lado, en algunos Estados miembros corres(cid:220) ponde a los tribunales o autoridades encargadas de la ejecuci(cid:246)n la facultad de exigir la comunicaci(cid:246)n por parte de terceros; especialmente los estableci(cid:220) mientos bancarios y financieros, de informaci(cid:246)n so(cid:220) bre las cuentas de los deudores. En otros Estados miembros esta posibilidad est‘ totalmente excluida, y generalmente se invoca el secreto bancario para jus(cid:220) tificar esta exclusi(cid:246)n. 54. (cid:217)Por tanto, existen considerables divergencias en la Uni(cid:246)n Europea en la forma de entender el concepto de transparencia del patrimonio. Por una parte, la discreci(cid:246)n de algunos Estados miembros tiende a fo(cid:220) mentar que los deudores de mala fe desplacen sus bienes a dichos Estados miembros con el fin de evi(cid:220) tar el embargo. Por otra parte, los acreedores de la Uni(cid:246)n Europea no se encuentran en situaci(cid:246)n de igualdad segœn deban buscar el pago de su cr~dito en uno u otro Estado miembro. La Comisi(cid:246)n consi(cid:220) dera que la situaci(cid:246)n actual no es satisfactoria y que la eficacia de las v(cid:242)as de ejecuci(cid:246)n en la Uni(cid:246)n Euro(cid:220) pea exige una acci(cid:246)n coordinada. La Comisi(cid:246)n es(cid:220) tima oportuno reflexionar, habida cuenta del inter~s que presenta este sistema, sobre la generalizaci(cid:246)n de la obligaci(cid:246)n de declaraci(cid:246)n de patrimonio como medio de localizar los elementos activos y pasivos de ~ste. Asimismo, tambi~n deber‘n tenerse en cuenta procedimientos destinados a luchar contra la insol(cid:220) vencia organizada. Este enfoque ha recibido un amplio apoyo por parte de los profesionales consultados por los servicios de la Comisi(cid:246)n en el marco de los trabajos preparato(cid:220) rios para el seminario de Helsinki de marzo de 1997 sobre el t(cid:242)tulo ejecutivo europeo. La Comisi(cid:246)n considera no obstante indispensable conciliar la eficacia de tal procedimiento con las re(cid:220) glas de la inembargabilidad por una parte, y por otra, con la protecci(cid:246)n del deudor y de las terceras personas contra cualquier medida de investigaci(cid:246)n inoportuna, inadecuada o excesiva. Tambi~n deber‘ prestarse especial atenci(cid:246)n a la protecci(cid:246)n de los da(cid:220) tos. La Comisi(cid:246)n tiene la intenci(cid:246)n de realizar am(cid:220) plias consultas con el fin de obtener opiniones deta(cid:220) lladas de los medios interesados. II. 4. IN TE R CA MB IO D E I NFOR MA CI Ł N E NT RE LA S A U TOR ID A DE S R E SP ONS AB LE S D E LA E J E C U C I Ł N 55. (cid:217)Otra dimensi(cid:246)n que debe integrar la reflexi(cid:246)n sobre la mejora de la eficacia de las sentencias es la coope(cid:220) raci(cid:246)n de las autoridades responsables en cada Es(cid:220) tado de la ejecuci(cid:246)n de las mismas. Esta cuesti(cid:246)n es indisociable de la determinaci(cid:246)n de los bienes objeto de ejecuci(cid:246)n y constituye su complemento natural. El alcance de una futura cooperaci(cid:246)n ser‘ en efecto tanto mayor cuando se hayan realizado considera(cid:220) bles avances en la mayor transparencia del patrimo(cid:220) nio. En la actualidad, y a pesar de que la coopera(cid:220) ci(cid:246)n judicial civil es uno de los objetivos de la Uni(cid:246)n, debe constatarse la ausencia en la Uni(cid:246)n Eu(cid:220) ropea de un instrumento multilateral de alcance ge(cid:220) neral destinado, mediante la instauraci(cid:246)n de un sis(cid:220) tema de asistencia mutua, a acelerar la resoluci(cid:246)n de litigios y la ejecuci(cid:246)n de sentencias. 56. (cid:217)Esta constataci(cid:246)n ha sido uno de los temas aborda(cid:220) dos en el seminario sobre el t(cid:242)tulo ejecutivo europeo organizado en Helsinki en marzo de 1997, en tanto que elemento que contribuye a una mayor eficacia de las resoluciones judiciales. La posibilidad de ins(cid:220) taurar un sistema de intercambio de informaci(cid:246)n en este ‘mbito ha sido objeto de consultas de los Esta(cid:220) dos miembros en el marco de los trabajos sobre el t(cid:242)tulo ejecutivo europeo (v~ase al punto I. 2. ). La aco(cid:220) gida que ha recibido esta propuesta muestra una cierta sensibilizaci(cid:246)n de los Estados miembros frente a las dificultades derivadas de la falta de un marco formal de cooperaci(cid:246)n entre los tribunales respecto a la eficacia de las sentencias. 57. (cid:217)La Comisi(cid:246)n, por su parte, considera que la mejora de los mecanismos legislativos de reconocimiento y de exequ‘tur es una cuesti(cid:246)n prioritaria, pero que los resultados positivos que se esperan de los esfuer(cid:220) zos realizados en este sentido pueden incrementarse aœn m‘s mediante una cooperaci(cid:246)n activa de las au(cid:220) toridades de los Estados miembros implicadas en es(cid:220) tos mecanismos. Por una parte, tal cooperaci(cid:246)n per(cid:220) mitir(cid:242)a soslayar los inconvenientes del principio de territorialidad de las v(cid:242)as de ejecuci(cid:246)n, principio pro(cid:220) fundamente arraigado en la tradici(cid:246)n jur(cid:242)dica de los Estados miembros. La dificultad, e incluso la imposi(cid:220) bilidad en algunos casos, de localizar f‘cilmente y con un coste menor los bienes susceptibles de satisfa(cid:220) cer al acreedor cuestiona por otra parte la libre cir(cid:220) culaci(cid:246)n y la eficacia de las resoluciones y, de forma m‘s general, la capacidad del aparato judicial de los Estados miembros para responder a las preocupacio(cid:220) nes de los justiciables. Es por tanto razonable que se inicie un debate destinado a determinar la oportuni(cid:220) dad, la forma y las posibles modalidades de un sis(cid:220) tema de intercambio de informaci(cid:246)n entre las autori(cid:220) 31. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 33/17 dades de los Estados miembros responsables de la ejecuci(cid:246)n. llado especialmente en los ‘mbitos aduanero y agr(cid:242)(cid:220) cola, as(cid:242) como en materia fiscal(cid:216)(—(cid:211)). 58. (cid:217)Para ser eficaz, tal sistema no debe limitarse al inter(cid:220) cambio de informaci(cid:246)n sobre la legislaci(cid:246)n aplicable en el Estado requerido en materia de ejecuci(cid:246)n de las resoluciones. El principal objetivo de la coopera(cid:220) ci(cid:246)n debe ser en realidad la obtenci(cid:246)n, en beneficio del acreedor, de la informaci(cid:246)n disponible en el Es(cid:220) tado requerido sobre la propia persona del deudor, pero tambi~n sobre la naturaleza de sus bienes y su consistencia en elementos activos (incluidos los cr~(cid:220) ditos detentados por terceros) y pasivos, as(cid:242) como su localizaci(cid:246)n. 59. (cid:217)Un examen comparado de los instrumentos existen(cid:220) tes en otras materias facilitar‘ la definici(cid:246)n de los posibles l(cid:242)mites del sistema. Existen en efecto una se(cid:220) rie de instrumentos en la Uni(cid:246)n Europea cuyo es permitir o facilitar la informaci(cid:246)n rec(cid:242)proca y la coo(cid:220) peraci(cid:246)n de las autoridades. A este respecto, el mecanismo previsto por el Conve(cid:220) nio firmado el 6 de noviembre de 1990 en el marco de la cooperaci(cid:246)n pol(cid:242)tica europea y relativo al co(cid:220) bro de las pensiones alimenticias(cid:216)(—(cid:210)) reviste un espe(cid:220) cial inter~s. Segœn el art(cid:242)culo 3 de este Convenio, las autoridades designadas se comprometen en efecto a cooperar con vistas a la eficacia de las resoluciones y a aplicar los medios de ejecuci(cid:246)n forzosa necesarios, as(cid:242) como a buscar y localizar los bienes del deudor y a obtener de las autoridades del Estado toda la in(cid:220) formaci(cid:246)n relativa al deudor. El Derecho comunitario ofrece asimismo diversos modelos de sistemas de intercambio de informaci(cid:246)n y de asistencia mutua entre autoridades, cuyo obje(cid:220) tivo es garantizar la correcta aplicaci(cid:246)n de las nor(cid:220) mas comunitarias. Estos sistemas se han desarro(cid:220) 60. (cid:217)En la reflexi(cid:246)n que debe llevarse a cabo deber‘n te(cid:220) nerse en cuenta diversos par‘metros, y los siguientes elementos influir‘n considerablemente en los deba(cid:220) tes: las diferencias culturales entre los Estados miem(cid:220) bros en lo que respecta a la responsabilidad de la instrucci(cid:246)n del proceso y la ejecuci(cid:246)n de las resolu(cid:220) ciones, las disparidades o convergencias entre la in(cid:220) formaci(cid:246)n disponible en cada Estado miembro, y las considerables divergencias de la naturaleza y las res(cid:220) ponsabilidades de los agentes responsables de la eje(cid:220) cuci(cid:246)n. Ser‘ necesario definir con precisi(cid:246)n qui~n podr‘ te(cid:220) ner acceso a la informaci(cid:246)n. Sin duda, ser(cid:242)a preferi(cid:220) ble reservar este acceso a las autoridades y no a sim(cid:220) ples personas privadas. Por ello, ser‘ necesario de(cid:220) terminar qu~ autoridades pueden recibir informaci(cid:246)n y cu‘les pueden proporcionarla. Sin duda, tal sistema deber‘ estar abierto a todas las autoridades adminis(cid:220) trativas, judiciales o que ejerzan de forma liberal, siempre que dichas autoridades hayan recibido del Estado el poder para proceder a la ejecuci(cid:246)n forzosa de las resoluciones. Tambi~n habr‘ que establecer el grado de descentralizaci(cid:246)n a que dar(cid:242)a lugar tal sis(cid:220) tema. Deber‘n definirse claramente el ‘mbito de aplicaci(cid:246)n material del sistema y las condiciones que deber‘n cumplir las peticiones de asistencia. Tambi~n habr‘ que delimitar los casos en que pueda denegarse v‘li(cid:220) damente la asistencia, as(cid:242) como definir los l(cid:242)mites que pueden imponerse al sistema en virtud del dere(cid:220) cho leg(cid:242)timo a la protecci(cid:246)n de la vida privada y la protecci(cid:246)n de los datos personales, o en virtud de las normas vigentes en el Estado requerido en materia de confidencialidad de la informaci(cid:246)n o de secreto bancario. (—(cid:210))(cid:217)Este Convenio œnicamente ha sido ratificado por cuatro Es(cid:220) tados miembros. Un examen de este Convenio, actualmente en curso en el Consejo, especialmente sobre los motivos de la no ratificaci(cid:246)n, permitir‘ en principio obtener informa(cid:220) ci(cid:246)n œtil. (—(cid:211))(cid:217)V~ase especialmente la Directiva 76/308/CEE del Consejo referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los cr~ditos resultantes de operaciones que forman parte del sistema de financiaci(cid:246)n del FEOGA as(cid:242) como de las exac(cid:220) ciones agr(cid:242)colas y de los derechos de aduana (DO L 73 de 19. 3. 1976, p. 18)