title: Dictamen del Comité Económico y Social sobre «Los consumidores en el mercado de los seguros»

eurovoc_concepts:
approximation of laws
consumer protection
insurance
insurance law
single market

text: C 95/72 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 que, en todo caso, si este productor no pudiera ser identificado, cada suministrador del producto sera´ considerado como su productor. 3. 6. El Comité también estima que la Directiva propuesta no deberı´a comportar cargas adicionales a los productores afectados y, a la vista de la experiencia funcionamiento de la Directiva existente sobre el 85/374/CEE, previsiblemente no habra´ de comportar un aumento sustancial en el nu´mero de reclamaciones ni en las primas de los seguros. los organismos genéticamente modificados) puedan ser asegurados. 3. 7. El Comité estima que, con posterioridad a la aprobacio´n de esta propuesta, deberı´a procederse a un examen global del sistema establecido en la Directiva 85/374/CEE teniendo en cuenta el estado actual del Derecho comunitario y los informes de aplicacio´ n. Este examen global deberı´a realizarse mediante 3. 7. 1. un Libro Verde, a fin de que pudiera consultarse a todos los interlocutores sociales y econo´ micos. El Comité solicita a la Comisio´n que tenga en 3. 6. 1. cuenta, al elaborar el marco normativo comunitario de los seguros, la conveniencia de que los nuevos riesgos que surjan por la evolucio´n del mercado (por ejemplo, Dicho examen deberı´a afectar, especialmente, 3. 7. 2. a la carga de la prueba; los riesgos de desarrollo; los lı´mites econo´ micos y los plazos de prescripcio´n de determinados productos. Bruselas, el 29 de enero de 1998. El Presidente del Comité Econo´mico y Social Tom JENKINS Dictamen del Comité Econo´ mico y Social sobre «Los consumidores en el mercado de los seguros» (98/C 95/18) El 20 de marzo de 1997, de conformidad con el apartado 3 del artı´culo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Econo´ mico y Social decidio´ elaborar un dictamen sobre «Los consumidores en el mercado de los seguros». La Seccio´n de Industria, Comercio, Artesanı´a y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobo´ su dictamen el 7 de enero de 1998 (ponente: Sr. Ataı´de Ferreira). En su 351o Pleno (sesio´ n del 29 de enero de 1998), el Comité Econo´ mico y Social ha aprobado por 77 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen. 1. Introduccio´n: delimitacio´ n del objeto del dictamen 1. 1. Es de sobra conocida la importancia que los seguros tienen en la actividad econo´ mica, en términos generales, del mercado u´nico, siendo responsables de una gran parte del volumen de negocios en el a´mbito de los servicios financieros y de un porcentaje altamente significativo de empleo en el mismo sector. 1. 2. Por otra parte, el sector de los seguros representa de manera creciente un papel extraordinariamente rele- vante en un mundo como el de hoy, en que los progresos de la economı´a esta´n asociados al incremento inevitable de los riesgos y a la modificacio´n del concepto «culpa» en la definicio´n de la responsabilidad civil. Por lo dema´s, la introduccio´ n del euro conduce necesaria- mente, en el mismo sector de los seguros, a nuevas situaciones caracterizadas principalmente por una mayor transparencia y facilidad para suscribir contratos transfronterizos. La explosio´ n demogra´fica que acompan˜a al 1. 3. creciente envejecimiento de la poblacio´n y la necesidad de seguridad —unida a la precariedad de la condicio´ n humana— agravan las preocupaciones, cada vez mayo- res, en torno al futuro, por lo que en esta perspectiva los seguros representan un instrumento de innegable importancia dada la distribucio´ n y socializacio´ n de los riesgos que permiten llevar a cabo, y son consecuencia de una libertad de competencia y de una presencia de la 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/73 iniciativa privada cada vez mayores en la actividad econo´ mica. este a´mbito, como se ha indicado en diversos documentos de la Comisio´n y del Comité (3). Existe una gran variedad de seguros que atan˜en 1. 4. particularmente a los consumidores, ya sea como suscrip- tores/tomadores de un seguro o asegurados, o como beneficiarios potenciales de derechos a indemnizaciones en caso de siniestros en que se vean afectados (terceros/ beneficiarios o terceros/vı´ctimas). Entre ellos destacan, por ambos conceptos, los seguros de salud y de vida, los seguros contra accidentes personales y de vivienda multiriesgo, el seguro de automo´vil y los seguros de proteccio´n jurı´dica y de responsabilidad civil (1). En el a´mbito de la construccio´ n del mercado 1. 5. u´nico, la legislacio´n comunitaria se ha orientado princi- palmente hacia una mayor libertad de establecimiento de las empresas aseguradoras, y la construccio´ n jurı´dica de su reglamentacio´ n se ha basado fundamentalmente en el control de la correspondiente solvencia, en la armonizacio´ n de su contabilidad y en los principios del «home-country control», del reconocimiento mutuo, de la «armonizacio´ n mı´nima» y de la libertad «pasiva» de prestacio´n de servicios. En cambio, la armonizacio´ n del Derecho sustan- 1. 6. tivo de los seguros (en particular, de la uniformidad de las condiciones generales de las po´lizas) y la libertad de eleccio´n de los asegurados (libertad «activa» de prestacio´n de servicios) no han tenido el mismo trato. 1. 7. Por este hecho, e incluso después de la aprobacio´n de las Directivas de la tercera generacio´n (2) y la institucio´n del sistema de «autorizacio´ n u´nica», con la eliminacio´n de la aprobacio´n previa de las condiciones generales de las po´lizas por los organismos de supervisio´ n de los Estados miembros, los consumidores no han conseguido que se garantice el derecho de acceso indiscriminado a los seguros practicados en cualquier Estado miembro —aparte del de su residencia o naciona- lidad— ni la armonizacio´ n de las condiciones tipo de las po´lizas de seguros y de las pra´cticas de las empresas aseguradoras, al objeto de garantizar la transparencia de la informacio´n, una amplia posibilidad de eleccio´n y el establecimiento de un verdadero mercado u´nico en (1) Otras cuestiones como, por ejemplo, las relativas al reaseguro o a las pensiones complementarias de jubilacio´ n, que atan˜en so´ lo indirectamente a los consumidores o son objeto de estudios y dicta´menes especı´ficos del CES, no sera´n abordadas en este dictamen de iniciativa. Asimismo, y por las mismas razones, tampoco se abordara´n las consecuencias de la introduccio´n del euro como medio de pago. (2) Directivas 92/49/CEE de 18. 6. 1992 (DO L 228 de 11. 8. 1992) y 92/96/CEE de 10. 11. 1992 (DO L 360 de 9. 12. 1992). 1. 8. Aspectos particularmente importantes en este a´mbito son los que se refieren a la diversidad de regı´menes fiscales, que tienen una influencia decisiva en la fragmentacio´ n nacional del mercado u´nico y en la distorsio´n de la competencia entre empresas asegurado- ras, como se reconoce expresamente y se destaca en el proyecto de plan de accio´n para el mercado u´nico presentado recientemente por la Comisio´n (4). Por otro lado, y tal como se detalla ma´s adelante, 1. 9. algunos estudios han revelado la existencia de un conjunto de pra´cticas en las empresas aseguradoras —que supuestamente se deben a menudo a imposiciones técnicas por parte de las empresas reaseguradoras internacionales— que perjudica los intereses y las expectativas legı´timas de los consumidores, y pueden llegar a constituir, en algunos casos, una violacio´n de las disposiciones legales, en particular en lo que se refiere a cla´usulas contractuales abusivas. Es preciso sen˜ alar, sin embargo, que las empre- 1. 9. 1. sas aseguradoras celebran acuerdos ventajosos para los consumidores, por ejemplo para favorecer una solucio´n ra´pida de los siniestros o cubrir riesgos colectivos que excedan la capacidad de un asegurador individual (v. gr. : consorcio para la cobertura de cata´strofes naturales o del riesgo nuclear). Al mismo tiempo, debe sen˜ alarse que numerosas compa- n˜ı´as de seguros son mutuas o cooperativas. Dichas empresas han contribuido a aportar nuevas soluciones en materia de seguros y deberı´an seguir asumiendo en el futuro un papel importante para promocionar los intereses del consumidor y el dia´logo con los asegurados. Los servicios de la Comisio´n (DG XXIV) 1. 9. 2. registraron en diez Estados miembros ma´s de 240 sentencias de tribunales y otras instancias competentes, correspondientes al perı´odo de 1976 a 1996, correspon- dientes a denuncias de pra´cticas contractuales ilı´citas por parte de aseguradoras en detrimento de los consumi- dores. 1. 10. La exclusio´n expresa de la aplicacio´n del Conve- nio de Roma —relativo a la ley aplicable a las obligacio- nes contractuales— a los contratos de seguro que cubren riesgos situados en el territorio de los Estados miembros de la Unio´ n Europea, unida a la confusa articulacio´ n en torno a las normas de conflicto y a la proteccio´n del «interés general», que figuran en los textos de la Segunda (3) Véase el SEC(96) 2378 de 16. 12. 1996, p. 30 y siguientes, preparatorio del COM(96) 520 final sobre el «Impacto y efectividad del Mercado u´ nico» y el COM(97) 184 final, relativo al «Proyecto de Plan de Accio´n para el Mercado u´nico», ası´ como los dicta´menes del Comité al respecto (DO C 206 de 7. 7. 1997 y DO C 287 de 22. 9. 1997); véanse también los dicta´menes del CES sobre los Informes de la Comisio´n al Consejo y al Parlamento sobre el Mercado u´nico en 1994 (COM(94) 51 final) y en 1995 (COM(96) 51 final). (4) Véase CSE(97) 1 final de 4. 6. 1997, Objetivo estratégico III, 1a accio´n: Eliminar las barreras existentes en los mercados de servicios. C 95/74 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 y Tercera Directivas Comunitarias de seguros distintos del seguro de vida (1), crea una situacio´n de gran complejidad e inseguridad en la prestacio´n de estos servicios en el mercado interior, especialmente, en caso de conflicto entre aseguradoras y asegurados o beneficiarios de los seguros, en particular, cuando éstos son simples consumidores, individuos no profesionales desprovistos de informacio´ n ba´sica y de conocimientos técnicos especializados o de respaldo jurı´dico en la materia. coordinacio´ n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE» (12); «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se crea un Comité de Seguros» (12); «Proyecto de Plan de Accio´n para el Mercado u´nico» — COM(97) 184 final (13); «Comunicacio´ n de la Comisio´ n al Parlamento Europeo y al Consejo — Impacto y Efectividad del Mercado u´nico» — COM(96) 520 final (14). 1. 11. Con el presente dictamen de iniciativa, el CES insiste de nuevo, como lo ha hecho en varios documentos, en la necesidad de reflexionar en torno a las condiciones actuales del sector y de proponer y recomendar las medidas adecuadas para que el mercado u´nico se construya sin olvidar la eliminacio´n tempestiva y eficaz de las principales distorsiones de la competencia e intentando aumentar la confianza de los consumidores en la fiabilidad y calidad de los bienes y servicios. Véanse, entre otros, los documentos siguientes: «Libro Verde — Servicios financieros: co´ mo satisfacer las expectativas de los consumidores» — COM(96) 209 final (2); «Mercado u´nico y Proteccio´ n de los Consumi- dores: Oportunidades y Obsta´culos en el Gran Mer- cado» (3); «La realizacio´n del mercado interior y la proteccio´n de los consumidores» (4); «El Consumidor y el Mercado Interior» (5); «El dia´logo entre Proveedores y Consumidores» (6); «Comunicacio´ n de la Comisio´ n sobre las prioridades de la Polı´tica de los Consumidores (1996-1998)» (7); «Propuesta de Directiva del Parla- mento Europeo y del Consejo relativa a la supervisio´n adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros» (8); «Propuesta de Decisio´n del Consejo relativa a la celebracio´n de un Acuerdo entre la Confederacio´n Helvética y la Comunidad Econo´ mica Europea sobre el seguro directo distinto del seguro de vida» — COM(95) 406 final (9); «Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la aplicacio´n del apartado 3 del artı´culo 85 del Tratado a determinadas categorı´as de acuerdos, decisiones y pra´cticas concerta- das en el a´mbito de los seguros» (10); «Propuesta de Tercera Directiva del Consejo sobre coordinacio´n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE» (11); «Propuesta de Tercera Directiva del Consejo sobre ( 1 ) Directivas 88/357/CEE de 22. 6. 1988 (DO L 172 de 4. 7. 1988) y 92/49/CEE de 18. 6. 1992 (DO L 228 de 11. 8. 1992). ( 2 ) DO C 56 de 24. 2. 1997. ( 3 ) DO C 39 de 12. 2. 1996. ( 4 ) DO C 339 de 31. 12. 1991. ( 5 ) DO C 19 de 25. 1. 1993. ( 6 ) DO C 34 de 2. 2. 1994. ( 7 ) DO C 295 de 7. 10. 1996. ( 8 ) DO C 174 de 17. 6. 1996. ( 9 ) DO C 56 de 7. 3. 1990. (10) DO C 182 de 23. 7. 1990. (11) DO C 14 de 20. 1. 1992. En lo que se refiere en particular al sector de 1. 12. los servicios financieros, y en el caso especı´fico de los seguros, el CES, en seguimiento de la posicio´ n adoptada sobre el Libro Verde de la Comisio´n titulado «Servicios Financieros: co´mo satisfacer las expectativas de los consumidores» (15), quiere destacar la necesidad de que se tengan en cuenta las principales preocupaciones sen˜aladas por los consumidores (derecho a la informa- cio´n, a la proteccio´ n jurı´dica y al acceso a la justicia), ası´ como las medidas indispensables para garantizar una respuesta adecuada a dichas necesidades y preocupacio- nes en este a´mbito y en seguimiento de sus anteriores recomendaciones (16). Por otra parte, el Comité presta también atencio´ n a las quejas de las empresas aseguradoras relativas a casos frecuentes de intento de fraude por parte de los asegura- dos, tanto en la contratacio´n de un seguro, con declara- ciones falsas, como en las peticiones de indemnizacio´ n, abultando los dan˜os y perjuicios reclamados. El presente Dictamen de iniciativa tiene también 1. 13. como objetivo estimular el dia´logo entre consumidores y aseguradoras para intentar lograr un acercamiento de posiciones y la definicio´n de sistemas de conciliacio´ n, mediacio´n y arbitraje de eventuales conflictos, en conso- nancia con la «Comunicacio´n de la Comisio´ n — Servicios financieros: reforzar la confianza del consumidor — Medidas de seguimiento de su Libro Verde sobre (12) DO C 102 de 18. 4. 1991. (13) DO C 287 de 22. 9. 1997. (14) DO C 206 de 7. 7. 1997. (15) COM(96) 209 final de 22. 5. 1996. DO C 56 de 24. 2. 1997; los resultados de una encuesta Eurobaro´ metro de 27 de mayo de 1997 revelan que el sector en el que los consumidores se sienten peor protegidos es el de los servicios financieros, tanto a nivel comunitario, en espe- cial, para responder a la evolucio´ n de las nuevas tecnolo- gı´as (96 %), como a nivel de los Estados miembros (58 % de promedio, con 67 % en Italia y 66 % en Alemania; los resultados completos pueden consultarse en la direccio´ n de Internet de la DG XXIV: http://europa. eu. int. /en/ comm/spc/spc. html. (16) Véase, por ejemplo, el Dictamen adicional del CES sobre «El consumidor y el mercado interior» (DO C 19 de 25. 1. 1993, punto 4. 11. 5) o el Dictamen del CES sobre «La realizacio´n del mercado interior y la proteccio´ n de los consumidores» (DO C 339 de 31. 12. 1991), ası´ como las observaciones contenidas en el Dictamen sobre el Informe de 1993 del mercado interior (DO C 393 de 31. 12. 1994, punto 5. 2. 1). 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/75 “Servicios financieros: co´ mo satisfacer las expectativas de los consumidores”» (1). Por consiguiente, el Comité acoge favorablemente y respalda la reciente iniciativa de la Comisio´ n de iniciar un dia´logo entre representantes de los consumidores y de los servicios financieros al objeto, principalmente, de llegar a acuerdos voluntarios en materia de transparencia e informacio´ n de los consumidores y de resolucio´n de conflictos. Con su Dictamen de iniciativa, y en el contexto 1. 14. del dia´logo antes mencionado, el Comité pretende incitar a las empresas aseguradoras a seguir adelante con la elaboracio´n de co´digos de conducta y la institucio´ n de «defensores del cliente» (ombudsmen) que hagan ma´s transparente su actividad y aumenten la confianza de los consumidores en los servicios prestados por las compan˜ı´as de seguros. 2. Las Directivas comunitarias: situacio´n actual 2. 1. La legislacio´n en vigor 2. 1. 1. Los principios fundadores del mercado u´nico de los seguros se encuentran en el Tratado de Roma: la libertad de establecimiento (artı´culo 52) y la libertad de prestacio´n de servicios (artı´culo 59); no obstante, es preciso reconocer que ni con el Libro Blanco para la realizacio´n del Mercado Interior de 1985, ni con el Acta U´ nica de 1986, ni siquiera ma´s recientemente con el Tratado de Maastricht se ha conseguido que el mercado u´nico llegue al sector de los seguros en términos de beneficios y ventajas que legı´timamente pueden esperar del mismo tanto los operadores econo´ micos como los consumidores. 2. 1. 2. Actualmente existen unos treinta instrumentos comunitarios para regular la actividad aseguradora, agrupa´ndose como sigue: a) directivas de cara´cter genérico, que establecen los principios fundamentales del acceso y del ejercicio de la actividad aseguradora en los dos grandes ramos del seguro de vida y del seguro distinto del de vida (ramos de «vida» y «no vida»); b) Dos reglamentos relativos a la competencia en materia de seguros; (1) COM(97) 309 final de 26. 6. 1997. Véase al respecto el Informe del Parlamento Europeo, elaborado por la Dipu- tada Elena Marinucci, de 17 de febrero de 1997 (A4- 0048/97). A iniciativa de la Comisio´ n, se han dado pasos significativos en este sentido con el fomento de reuniones entre prestadores de servicios financieros y representantes de los consumidores (14 de julio, 15 de septiembre y 24 de noviembre de 1997). Cabe sen˜alar la posicio´n reticente adoptada entretanto por las aseguradoras en cuanto a la posibilidad de obligarse a aplicar los Co´ digos de Conducta. c) directivas de cara´cter especı´fico que regulan, en particular, determinadas a´reas como el seguro del automo´vil, la asistencia turı´stica, el crédito y los depo´ sitos de garantı´a, la proteccio´n jurı´dica, o ciertas actividades aseguradoras como el coaseguro, el reaseguro y la retrocesio´ n; d) directivas relativas a las normas de contabilidad propias de las compan˜ı´as de seguros; e) una directiva y una recomendacio´n que regulan de manera especı´fica la actividad de intermediacio´ n de seguros; f) una directiva por la que se crea un Comité de seguros para la coordinacio´ n y apoyo técnico a la Comisio´ n en sus relaciones con las autoridades nacionales de control y supervisio´ n. 2. 1. 3. Las directivas de la primera generacio´n para los ramos de «vida» y «no vida», adema´s de establecer el principio ba´sico de la especializacio´ n del ramo «vida» y de armonizar algunas normas fundamentales de cara´cter financiero (reservas matema´ticas, ma´rgenes de solvencia y fondos de garantı´a mı´nimos), dejaron regulada la libertad de establecimiento, eliminando toda discriminacio´n por razones de nacionalidad, pero manteniendo el doble control por parte del paı´s de origen (home state) y del paı´s de destino (host state). 2. 1. 4. Nueve an˜ os después, en aplicacio´ n del Libro Blanco y del Acta U´ nica y, muy particularmente, como consecuencia de cuatro importantes sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 1986 (2), las directivas de la segunda generacio´n intentaron dar los primeros pasos hacia la libertad de prestacio´n de servicios de seguros (LPS), pero todavı´a con grandes limitaciones que se debı´an en particular a: a) la distincio´n, en los seguros distintos del de vida, entre «grandes riesgos» o seguros para empresas y «pequen˜ os riesgos» o seguros para consumidores individuales, aplicando so´lo a los primeros el princi- pio de la LPS; b) la distincio´ n, en los seguros de vida, entre LPS activa (iniciativa del asegurador) y pasiva (iniciativa del asegurado), aplicando solo al segundo caso el princi- pio de la LPS. Es decir, para pequen˜os riesgos y para la LPS activa, la libertad de prestacio´n de servicios seguı´a sujeta a la obtencio´n de la autorizacio´n administrativa del paı´s (2) Casos Comisio´ n/Alemania, Comisio´ n/Dinamarca, Comi- sio´n/Irlanda y Comisio´ n/Francia, Rec. 1986, p. 3663. C 95/76 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 donde estuviera localizado el riesgo, adema´s de la exclusio´n de la misma de algunos tipos de seguros como el seguro de automo´vil. 2. 1. 5. Los principios que guiaron las directivas de la tercera generacio´n en los seguros, a semejanza de lo que habı´a sucedido con otros sectores de servicios financieros, fueron los siguientes: a) la puesta en pra´ctica de un sistema de autorizacio´n u´nica («pasaporte europeo»), que permitı´a a cual- quier aseguradora con sede y autorizada en cual- quiera de los diecisiete Estados miembros del Espacio Econo´ mico Europeo (EEE), ofreciera sus servicios, tanto a través de agencias, filiales o sucursales como directamente en LPS, en todo el territorio europeo, al amparo de dicha autorizacio´n y de acuerdo con las normas técnicas y el control financiero del paı´s de origen («home country control»), sea cual fuere el tipo de seguro de vida o no vida; b) el reconocimiento mutuo de los sistemas de autoriza- cio´n y control de cada Estado miembro por parte de todos los dema´s; c) la supresio´n de la aprobacio´ n previa de las condicio- nes contractuales de las po´lizas y de las tarifas de las primas, sustituyéndola por el control de la solvencia y de las normas de contabilidad de las aseguradoras. 2. 1. 6. Teniendo principalmente en cuenta la protec- cio´n del consumidor, las directivas de la tercera genera- cio´n establecieron algunas normas importantes en cuanto a: a) la informacio´n contractual mı´nima obligatoria, res- tringida en el caso del seguro distinto del de vida y ma´s amplia para el seguro de vida; Reglamentos de mayo de 1991 y diciembre de 1992, decidio´ , permitiendo un cierto margen de maniobra, autorizar determinadas formas de acuerdos de coopera- cio´n o de pra´cticas concertadas entre empresas de seguros en los a´mbitos siguientes: a) el establecimiento en comu´n de las tarifas de las primas de riesgo; b) el establecimiento de condiciones tipo de seguros directos; c) la cobertura en comu´n de ciertos tipos de riesgos a través de coaseguros o reaseguros; d) la verificacio´n y aceptacio´n de equipos de seguridad. Sin embargo, en el Reglamento de 1992 (artı´culo 7 y segundo guio´n del artı´culo 17 se establecen sin embargo importantes limitaciones a estos acuerdos, tanto en lo que se refiere al contenido especı´fico de ciertas cla´usulas contractuales generales como a cla´usulas que «creen en perjuicio del tomador del seguro un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones resul- tantes del contrato». A pesar de su extraordinaria importancia para 2. 1. 8. el funcionamiento del sector de los seguros en el mercado interior, la actividad de la intermediacio´ n (agentes y corredores de seguros) ha sido objeto u´nicamente de una Directiva (1976) que dejo´ sin regular aspectos como la responsabilidad profesional, las garantı´as financieras, el registro y otros elementos de esta actividad que siguen estando sujetos a las legislaciones nacionales. Una recomendacio´n de 1991 sobre estos aspectos no tuvo el respaldo de los Estados miembros por una manifiesta falta de voluntad polı´tica. b) la determinacio´n de la ley aplicable a los contratos de seguro, que varı´a en funcio´ n del tipo de seguro, la dimensio´n del riesgo y la localizacio´n del asegurado o del objeto del riesgo; 2. 1. 9. Varias propuestas de directiva importantes presentadas por la Comisio´ n no lograron en su momento el acuerdo y el apoyo polı´tico necesarios para ser adoptadas como textos legislativos. c) el concepto de interés general, como excepcio´n a los principios de libertad de establecimiento o de prestacio´n de servicios para justificar normas nacionales de cara´cter imperativo; 2. 1. 7. Un aspecto particular que merece destacarse en la reglamentacio´n comunitaria es el referente al régimen de la competencia, que los artı´culos 85 y 86 del Tratado de Roma abordan expresamente prohibiendo juego de la acuerdos entre empresas que falseen el competencia o conduzcan a una explotacio´n abusiva de posiciones dominantes. No obstante, considerando el cara´cter especı´fico de la actividad aseguradora, la Comisio´n, a través de dos Cabe citar las siguientes: a) la Propuesta de Directiva del Consejo sobre coordina- cio´n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan los contratos de seguro (1), cuyo objeto era armonizar, en lo esencial, algunas reglas fundamentales del derecho relativo a los contratos de seguro; (1) COM(79) 355 final, DO C 190 de 28. 7. 1979, modificada por el COM(80) 854 final, DO C 355 de 31. 12. 1980; los correspondientes dicta´menes del CES y del PE se hallan respectivamente en los DO C 146 de 16. 6. 1980 y C 265 de 13. 10. 1980. 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/77 b) la Propuesta de Directiva del Consejo sobre coordina- cio´n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la liquidacio´n obligatoria de las empresas de seguro directo (1). c) la Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la libertad de gestio´ n e inversio´n de los fondos de los organismos de previsio´n para la jubilacio´n (2). No parece que la Comisio´ n tenga pro´ximamente la intencio´n de volver a abordar ninguno de estos asuntos, a pesar de que entre los operadores de seguros y las organizaciones de consumidores existe la opinio´n generalizada de que la falta de una normativa comunita- ria sobre los contratos de seguros (armonizacio´n mı´nima del Derecho sustantivo) acarrea toda una serie de obsta´culos y dificultades para la realizacio´n efectiva del mercado u´nico en este a´mbito. 2. 1. 10. Siguen manteniéndose totalmente al margen de la legislacio´n comunitaria aspectos importantes de la actividad aseguradora en la medida en que afecta a los operadores econo´ micos y los consumidores. La falta de armonizacio´ n del régimen fiscal de los seguros, por ejemplo, influye directamente en las condiciones de competencia del mercado interior si se tienen en cuenta no so´lo los diferentes niveles y bases imponibles de las tasas fiscales y parafiscales en los diversos paı´ses, de las franquicias de exencio´ n y de las exigencias de los procedimientos administrativos de las distintas autorida- des nacionales, sino también el cara´cter territorial de las exenciones y de las ventajas fiscales otorgadas a los asegurados, que presentan, en ambos casos, disparidades muy acentuadas entre los diferentes Estados miembros. La reciente sentencia Wielockx, en la que el Tribunal de Justicia decidio´, contrariamente al asunto Bach- mann/Bélgica, que un ciudadano belga tenı´a derecho a beneficiarse en Bélgica de las ventajas fiscales de un seguro hecho en Holanda, no puede verdaderamente interpretarse como un cambio significativo de la posicio´ n del Tribunal de Justicia en esta materia, habida cuenta de la particularidad del caso, basado en la existencia de un acuerdo para evitar tributaciones por partida doble. Es de sen˜ alar, no obstante, que la sentencia Svensson (de 14. 11. 1995) ha an˜adido otro lı´mite a la jurisprudencia Bachmann, al prohibir a un Estado miembro (Luxem- burgo, en el caso concreto) que excepcionase la «coheren- cia fiscal» para justificar una medida nacional restrictiva de la libre prestacio´n de servicios, ante la inexistencia de cualquier correlacio´n directa entre la ventaja prevista (1) COM(86) 768 final, modificada por el COM(89) 394 final de 6. 10. 1989, DO C 253; los correspondientes dicta´menes del CES y del PE se hallan respectivamente en los DO C 319 de 30. 11. 1987 y C 96 de 17. 4. 1989. (2) COM(93) 237 final, DO C 171 de 22. 6. 1993. por la medida en cuestio´n (en el supuesto de referencia, una bonificacio´ n de interés sobre el préstamo hipoteca- rio) y la financiacio´ n de dicha ventaja mediante el impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras reconocidas por el Estado implicado. Para un enfoque ma´s detallado y matizado de este tipo de problemas, véase por ejemplo: Binon J. M. , «Avantages fiscaux en assurance de personnes et droit européen. Après les arrêts Schumacker, Wielockx et Svensson, quelle place reste-t-il pour la jurisprudence Bachmann? (Ventajas fiscales en el a´mbito de los seguros de personas y Derecho europeo. Tras las sentencias Schumacker, Wielockx y Svensson, ¿qué espacio queda para la jurisprudencia Bachmann?)» Revue du Marché Unique Européen, 199, pp. 129-144. 2. 2. Nuevas iniciativas normativas 2. 2. 1. En el intento de abordar algunas de las dificulta- des enunciadas, se ha sabido que la Comisio´n esta´ preparando varias iniciativas, unas de cara´cter legisla- tivo, de a´mbito general o especı´fico, y otras de naturaleza «interpretativa», cuyo innegable interés merece la aten- cio´n del presente Dictamen. Entre las de a´mbito general, cabe sen˜ alar la ya conocida Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisio´n adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros, presentada por la Comisio´n el 20 de octubre de 1995 (3). En el a´mbito especı´fico del seguro de crédito probable- mente se haya examinado en el seno de la Comisio´n en una reunio´n reciente (4 de junio de 1997) una Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la armonizacio´ n de las principales disposiciones sobre el seguro de crédito a la exportacio´n para operaciones con cobertura a medio y largo plazo (4); paralelamente, se dio a conocer un Proyecto de Comunicacio´ n de la Comisio´n a los Estados miembros relativa a distorsiones de competencia en materia de seguros de crédito a la exportacio´n a corto plazo. Esta´ anunciada una Propuesta de Directiva de 2. 2. 2. cara´cter general, pero de gran interés para el sector de los seguros, que tiene como objetivo especı´fico la proteccio´n de los consumidores en los contratos a distancia de servicios financieros que, como es sabido, quedaron excluidos del a´mbito de aplicacio´ n de la Directiva 97/7/CE de 17 de febrero de 1997. Es impor- tante que la norma que se apruebe para regular la contratacio´n a distancia no frustre el desarrollo del mercado u´nico de servicios de seguro. En cambio, después de haber sido esperada con 2. 2. 3. gran expectacio´ n, se ha adoptado recientemente la Directiva 97/5/CE de 27 de enero de 1997, que sustituye la Recomendacio´n 90/109/CE sobre la transparencia de las condiciones bancarias en las transacciones financieras transfronterizas, al objeto de regular aspectos importan- tes como las obligaciones mı´nimas de transparencia y (3) COM(95) 406 final, DO C 341 de 19. 12. 1995; DO C 174 de 17. 6. 1996. (4) CAB II/160/97. C 95/78 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 los derechos y obligaciones de las partes interesadas en lo que se refiere a determinados contratos celebrados a distancia (1). Y aun ma´s recientemente, una Comunica- cio´n de la Comisio´ n de 9 de julio de 1997, titulada «Impulsando la confianza de los clientes en los medios electro´nicos de pago en el mercado u´nico», incluye una nueva recomendacio´ n que completa y sustituye la de noviembre de 1988, relativa a las operaciones efectuadas por medio de instrumentos de pago electro´nico, en particular la relacio´ n entre el emisor y el titular, y contiene requisitos pormenorizados en materia de transparencia, definiendo las obligaciones y las responsa- bilidades de las partes e incitando al establecimiento de nuevas vı´as de recurso (2). La Comisio´ n ha anunciado que observara´ de cerca los progresos realizados en este a´mbito hasta finales de 1998 y, si considera que los resultados no son satisfactorios, podra´ proponer una directiva. 2. 2. 4. Asimismo, se espera con la expectacio´ n propia del caso la eventual publicacio´n de la anunciada Pro- puesta de Directiva relativa a los intermediarios de seguros (corredores y mediadores), elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado interior de los seguros. La Comisio´n ha propuesto recientemente, el 2. 2. 5. 15 de octubre de 1997, una Cuarta Directiva sobre el seguro de vehı´culos automo´viles, cuyo objetivo es instituir el derecho a una accio´n directa para las vı´ctimas de un accidente de carretera ocurrido en un paı´s extranjero contra el asegurador de la parte responsable, causante de dan˜os fı´sicos o materiales, como consecuen- cia de la utilizacio´ n de un vehı´culo automo´vil matricul- ado y asegurado en un Estado miembro distinto del paı´s de residencia. Con el fin de reducir significativamente los plazos de indemnizacio´ n en relacio´ n con la vı´ctima, esta propuesta de Directiva prevé la obligacio´n de que el seguro del responsable presente una propuesta de indemnizacio´ n en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la vı´ctima haya solicitado la indemnizacio´ n al represen- tante encargado de tramitar el siniestro. La Comisio´ n ha sen˜ alado también que se 2. 2. 6. encuentra en estado avanzado de preparacio´n una Comunicacio´ n en la que se interpreta el concepto de interés general en el a´mbito de los seguros, a semejanza de lo que ya se hizo con relacio´ n a la banca (3). El proyecto de esta Comunicacio´ n se publico´ el 10 de octubre de 1997 (SEC(97) 1824 final), y constituye un importante paso en el sentido de clarificar el a´mbito, el alcance y el significado de algunos conceptos fundamen- tales en esta materia, en particular, en lo que se refiere a la libertad de prestacio´n de servicios y al concepto de interés general. (1) DO L 43 de 14. 2. 1997. (2) COM(97) 353 final. (3) SEC(97) 1193 final de 20. 6. 1997. Habida cuenta de que la Comisio´n, muy acertadamente, en lugar de elaborar un documento definitivo decidio´ someterlo a un debate pu´blico al objeto de contar con las contribuciones de las diferentes partes interesadas, y de que el Comité debera´ también pronunciarse sobre el mismo en su momento oportuno, no es preciso detenerse aquı´ en otras consideraciones que no sean sino destacar la importancia del documento, su necesidad y su oportunidad, y resaltar que las preocupaciones que refleja esta´n en consonancia con las expresadas en el presente Dictamen. 2. 2. 7. Por u´ltimo, en un Informe bien elaborado de la Comisio´n al Comité de Seguros se sen˜ alan las actuales preocupaciones sobre la necesidad de una armonizacio´ n ma´s adecuada de los ma´rgenes de solvencia de las empresas de seguros (4), elemento cuya importancia para una proteccio´n efectiva de los consumidores cabe destacar. 2. 3. Principales dificultades y obsta´culos para la reali- zacio´n efectiva del mercado u´ nico de los seguros Son varios y de diversa naturaleza los obsta´- 2. 3. 1. culos, de cara´cter general y reconocidos como tales, a la realizacio´n efectiva del mercado u´nico en el sector de los seguros. Cabe sen˜alar algunos de los principales: 2. 3. 1. 1. De naturaleza legislativa, a nivel comunitario El primero es, por supuesto, la inexistencia 2. 3. 1. 1. 1. de armonizacio´ n del Derecho sustantivo, es decir, de una reglamentacio´n mı´nima sobre el Derecho del contrato de seguro en la Unio´n Europea. 2. 3. 1. 1. 2. La propia dispersio´ n normativa, a nivel comunitario, y la forma en que las directivas se van modificando y revocando parcialmente, dificultan su comprensio´n y su aplicacio´ n, por lo que se impone una labor de codificacio´n (5). En efecto, las tres generaciones de directivas se comple- tan, se yuxtaponen y se sustituyen entre sı´, creando grandes dificultades tanto para los operadores del mercado como para los consumidores. La codificacio´n del Derecho relativo a los seguros, a través de la elaboracio´n de un co´digo coherente, puede contribuir a una aplicacio´ n ma´s uniforme del Derecho comunitario. (4) COM(97) 398 final de 24. 7. 1997. (5) Cabe destacar, por su gran mérito, la bien elaborada Codificacio´n del Derecho Comunitario de los Seguros llevada a cabo por el Comité Europeo de Seguros, ası´ como la reciente edicio´ n de dos obras notables sobre el mercado u´nico de los seguros de vida y de los seguros distintos del de vida, que se ha utilizado mucho para la elaboracio´n del presente dictamen. 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/79 2. 3. 1. 1. 3. La inexistencia de una armonizacio´ n mı´nima en la distribucio´n de seguros y de una verdadera libertad de prestacio´n de servicios de los mediadores y corredores de seguros, mientras no exista un sistema de licencia u´nica en lo que se refiere a la distribucio´ n, crea barreras artificiales para los intermediarios de los seguros cuando operan en el mercado intracomunitario. 2. 3. 1. 2. De naturaleza interpretativa 2. 3. 1. 2. 1. La primera dificultad guarda relacio´ n, natu- ralmente, con la frontera precisa entre la libertad de establecimiento y la libertad de prestacio´n de servicios y los conceptos de «temporalidad», «regularidad», «pe- riodicidad», «continuidad» y «frecuencia» asociados a su definicio´n, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (1). 2. 3. 1. 2. 2. La segunda se refiere al concepto de «interés general», cuya interpretacio´n (muy divergente) ha permi- tido que los Estados miembros defendieran varias excepciones a la libertad de prestacio´n de servicios que no eran sino trabas a la competencia, que no benefician a los consumidores ni favorecen a los operadores. Es importante que el «interés general» no se confunda con el «interés nacional» definido por el Estado miembro; son conceptos diferentes, dado que el primero correspon- derı´a exclusivamente al interés real de la comunidad de ciudadanos. La tercera, e igualmente importante, dificul- 2. 3. 1. 2. 3. tad en la interpretacio´ n y aplicacio´ n del derecho comuni- tario relativo a los seguros radica en la propia identifica- cio´n e interpretacio´ n de la ley aplicable a los contratos de seguro, siempre que haya ma´s de un punto de conexio´n potencialmente sujeto a diferentes ordena- mientos jurı´dicos. Al haber renunciado aparentemente a una armonizacio´n de la ley relativa a los contratos de seguro y mantenerse excluida la aplicacio´ n del Convenio de Roma sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19 de junio de 1980 (2) a los contratos de seguro que cubran riesgos situados en los territorios de los Estados miem- bros de la Comunidad Europea (apartado 3 del artı´- culo 1), las directivas, sin conceder a la autonomı´a de la voluntad de las partes el papel que les debı´a corresponder, optaron por enredarse en un nuevo complejo de normas de calificacio´ n y reenvı´o que hizo que la simple determi- nacio´n de la ley aplicable (conflicto de leyes) y, por consiguiente, del tribunal competente (conflicto de jurisdicciones), se convirtiera en un verdadero embrollo, tanto ma´s cuanto que uno de los elementos para su definicio´n tampoco era ajeno al «enigma del interés general» (3). 2. 3. 1. 3. A nivel nacional, en los diferentes Estados miembros 2. 3. 1. 3. 1. Ciertas entidades supervisoras no muestran de forma transparente los criterios que utilizan para comprobar el respeto del principio de no discriminacio´n, ni mantienen informadas a todas las empresas que operan en su territorio acerca del régimen fiscal y de la reglamentacio´ n del sector. Las legislaciones nacionales son a veces 2. 3. 1. 3. 2. poco claras, lo que no facilita la labor de las aseguradoras de otros paı´ses a la hora de obtener los textos legales correspondientes. Es urgente la creacio´n de una base de datos actualizada sobre las legislaciones nacionales de los paı´ses de la Unio´ n Europea. Estas bases de datos, organizadas a nivel nacional, deberı´an ser objeto de una recopilacio´n a nivel de la Unio´n y de una estructuracio´ n por parte de la Comisio´n, que tendra´ que definir las obligaciones de comunicacio´n y divulgacio´n de la informacio´n y el modo de acceso. Se han sen˜alado también casos de incor- 2. 3. 1. 3. 3. poracio´ n tardı´a, incompleta o incorrecta de las directivas por parte de algunos Estados miembros, o de inobservan- cia de las directivas en relacio´n con ciertos ramos de seguros como son, en particular, en algunos Estados miembros, los seguros agrarios y los fondos de pensiones. La diversidad de regı´menes fiscales ya 2. 3. 1. 3. 4. sen˜alada se deja sentir evidentemente en los niveles de tarificacio´n practicados por determinadas empresas, y es la causa de discriminaciones entre nacionales y extranjeros que provocan distorsiones de competencia graves. Adema´s, representan auténticas barreras «técni- cas» al mercado u´nico. 2. 3. 1. 3. 5. Por u´ltimo, y sin pretender una armoniza- cio´n ra´pida del Derecho de seguros, hay aspectos como la diversidad de la duracio´ n legal ma´xima de los contratos de seguro en los diferentes Estados miembros que constituyen verdaderos obsta´culos a la realizacio´n del mercado u´nico. Asimismo, se han detectado y sen˜alado algunas 2. 3. 2. barreras especı´ficas de ciertos mercados o de determina- dos ramos de seguros, entre los que cabe destacar: 2. 3. 2. 1. Algunos mercados no han suprimido el con- trol previo de los contratos, tal como quedo´ establecido (1) Véase: asunto 33/74 Van Bingsbergen de 31. 12. 1974, Rec. 1974, 1299; asuntos 286/82 y 26/83, Luisi y Carbone, Rec. 1983, 377; asunto C 148/91 de 3. 2. 1993, Rec. 1993, 1487; asunto C 55/94 Gebhard, Rec. 1995, I, 4195. (2) DO L 266 de 9. 10. 1980 (80/934/CEE). (3) Véase B. Dubuisson, «Transparence et securité dans les contrats d’assurance en Europe» (Transparencia y seguri- dad en los contratos de seguro en Europa), XIII Coloquio Jurı´dico Internacional del CEA, Dresde, octubre de 1995. C 95/80 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 en la Tercera Directiva de Coordinacio´ n, y mantienen la obligacio´n de comunicar a las entidades supervisoras todo lo referente a las modificaciones contractuales y a las nuevas cla´usulas antes de su comercializacio´n. 2. 3. 2. 2. Algunas entidades supervisoras imponen, principalmente en seguros «obligatorios», la observancia de cla´usulas contractuales especı´ficas, aparentemente abusivas, o prohı´ben la utilizacio´n de otras que nunca han sido reconocidas judicialmente como ilegales. 2. 3. 2. 3. Determinados Estados incumplen las disposi- ciones de la Tercera Directiva relativas a la exigencia de comunicacio´n sistema´tica, para empresas de seguros ya constituidas, de las nuevas condiciones contractuales, o la imponen como condicio´ n para que la empresa aseguradora pueda iniciar el ejercicio de su actividad (1). La diversidad de clasificacio´ n de los produc- 2. 3. 2. 4. tos de seguros en los mercados nacionales (por ejemplo, la distincio´n entre «ahorro-jubilacio´ n» y seguros de vida o entre éstos y determinados fondos de inversio´n) o la aparicio´n descontrolada de nuevos productos crean situaciones de falta de transparencia y dificultan el funcionamiento del principio del reconocimiento mutuo en lo que se refiere a la equivalencia de los tipos de seguro de vida y no vida y a la clasificacio´n de los riesgos. 2. 3. 2. 5. En algunos Estados miembros, a los mediado- res y corredores de seguros que pertenecen a otro Estado miembro se les sigue exigiendo la obtencio´n de una autorizacio´n previa para poder ejercer su actividad profesional en régimen de LPS (2). Por u´ltimo, en el uso de la facultad perfecta- 2. 3. 2. 6. mente legı´tima que los Estados miembros tienen de exigir el nombramiento de un «representante fiscal» en el a´mbito de la LPS, algunos Estados miembros han establecido un conjunto de exigencias administrativas y financieras que constituyen verdaderas trabas a la competencia y una clara discriminacio´n en relacio´ n con las aseguradoras de otros Estados miembros. Dos dificultades ma´s merecen ser sen˜aladas a 2. 3. 3. este nivel. La primera se refiere a la exigencia de algunos Estados miembros de afiliarse a organismos profesionales nacionales para que los aseguradores puedan participar en los acuerdos de regularizacio´n ra´pida de los siniestros, que, de esta forma, quedan vedados a los aseguradores que operan en LPS. La segunda se refiere al hecho de que, en ciertos paı´ses donde se han creado sistemas de mediacio´n institucional, so´lo los asegurados nacionales pueden recurrir a tales mecanismos, permaneciendo vedado el acceso a todo asegurado cuyo asegurador no sea nacional del paı´s de que se trate, aunque resida en el mismo o el siniestro haya tenido lugar en su territorio, si su seguro se ha contratado en un paı´s diferente. 3. La relacio´n contractual de seguro: la po´ liza 3. 1. Una razo´n fundamental por la que la posicio´n de los consumidores merece una atencio´n particular y una proteccio´ n especial es la forma especı´fica de la relacio´n contractual que encierra el conjunto de derechos y obligaciones recı´procos que resultan de su celebracio´n: la po´liza de seguro (3). Se trata, como es sabido, del ejemplo cla´sico y paradig- ma´tico de «contrato de adhesio´ n», o, segu´ n la fo´ rmula consagrada en el derecho anglosajo´n, de un «standard form contract» de contenido fijado previamente y no negociable, caracterizado en la doctrina por la «superioridad econo´ mica» de una de las partes contra- tantes, que la situ´ a en condiciones de dictar las cla´usulas del contrato a la otra; la unilateralidad de las cla´usulas, concebidas especialmente en interés de la parte ma´s poderosa; y la invariabilidad del texto suscrito, que situ´a a la parte ma´s débil ante el dilema de «tomar o dejar». La naturaleza especı´fica de estos contratos justi- 3. 2. fico´ que la Comisio´ n, tras un largo perı´odo de gestacio´ n, hubiese logrado que se adoptara la Directiva 93/13/CE de 5 de abril de 1993 (4), cuyo objetivo es, precisamente, impedir la utilizacio´n de cla´usulas contractuales genera- les que, «pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato»; y permitir la declaracio´n de su nulidad. Esta Directiva, cuya incorporacio´ n por los Estados miembros es ya general, es aplicable de pleno derecho a los contratos de seguro. Sin embargo, la naturaleza especı´fica de la actividad aseguradora justifica, ocasionalmente, ciertos acuerdos, permitidos por el Reglamento CEE no 3932/92 de 21 de diciembre de 1992, en el a´mbito de las condiciones tipo de seguros directos, siempre que se respeten las (1) Esta pra´ctica, en lo que a Francia se refiere, ha sido ya objeto de un «dictamen fundamentado» de la Comisio´n enviado recientemente al Gobierno francés. (2) Es el caso de Espan˜ a, que provoco´ el reciente «dictamen fundamentado» de la Comisio´ n. (3) Véase en este sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 4. 12. 1986 (asunto 205/84, Comisio´n/Alemania). (4) DO L 95 de 21. 4. 1993. 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/81 limitaciones que estipulan sus artı´culos 7 y 17 y el principio fundamental del equilibrio contractual. A pesar de que, como se vera´ ma´s adelante, puede apreciarse a veces una cierta uniformidad en la utilizacio´n —generalizada por las compan˜ ı´as aseguradoras en varios Estados miembros— de cla´usulas contractuales generales, cuya utilizacio´n en algunos casos se deriva incluso de preceptos reglamentarios nacionales y que, segu´n las normas comunitarias, podrı´an considerarse como abusivas, no se tienen noticias de que la Comisio´n haya examinado o denunciado alguna vez este hecho como una violacio´n de las disposiciones de dicho Reglamento, ni recomendado a los Estados miembros la modificacio´n de aquellos preceptos reglamentarios. 3. 3. Por su parte, y salvo la Directiva 92/96/CEE (de seguros de vida), las directivas especı´ficamente relativas a las actividad aseguradora a las que se ha hecho alusio´ n en el punto anterior, so´lo accidentalmente y en disposiciones dispersas hacen referencia a: — contenidos mı´nimos de la informacio´ n que debe transmitirse al tomador del seguro/asegurado (artı´- culo 12-5, 31 y 43 de la Directiva 92/49/CEE y artı´culo 11 y 18-2 de la Directiva 92/96/CEE); — publicidad (artı´culo 41 de la Directiva 92/49 y de la Directiva 92/96/CEE); — derechos especiales fijados en la Directiva «Seguro de Proteccio´ n Jurı´dica» (Directiva 87/344/CEE). La Directiva 92/96/CEE (de seguros de vida) es la u´nica que, en su artı´culo 31 y en su Anexo 2, establece una lista de informaciones relativas a la empresa aseguradora y al propio contenido del contrato que deben comuni- carse obligatoriamente a los tomadores de seguros/ase- gurados, ya sea antes de la conclusio´n del contrato o en el acto de su celebracio´n. 3. 4. No existe a nivel comunitario ningu´ n marco jurı´dico que defina reglas de transparencia mı´nimas en la contratacio´ n de seguros en general, principalmente en los seguros distintos del de vida, ni que tipifique en especial cla´usulas contractuales generales abusivas en materia de seguros, o que defina principios generales de buena fe o de equilibrio contractual en el a´mbito especı´fico de los seguros. 3. 5. En algunos Estados miembros, en cambio, el legislador se ha encargado de establecer, con cara´cter general, y tanto para el ramo «vida» como para los ramos «no vida», la forma y el contenido mı´nimo de la informacio´n precontractual y contractual que se debe transmitir a los tomadores de seguros/asegurados, ası´ como algunas reglas en cuanto a la publicidad de los seguros y al contenido de ciertas cla´usulas. Es el caso, en particular, del «Co´digo de Seguros» francés. En otros Estados miembros, el dia´logo esponta´neo y la concertacio´ n entre aseguradoras y consumidores ha dado lugar a «co´digos de conducta» libremente asumidos en aspectos tan importantes como la informacio´n conjunta que debe transmitirse a los consumidores, la transparencia de los productos, la eliminacio´n de las cla´usulas abusivas y el acceso a la justicia. Es el caso, por ejemplo, del Protocolo de Acuerdo de 1994 celebrado en Italia entre la ADICONSUM y la ANIA. Cabe destacar aquı´ la experiencia inglesa por su cara´cter tradicional y profundamente anclado en los principios jurı´dicos y culturales que le son propios, y cuyos resultados, tanto a nivel de informacio´n previa al contrato y de la negociacio´ n y ejecucio´ n de los contratos de seguro como en la resolucio´n de litigios, a través de la intervencio´ n del «Ombudsman» y de la PIA («Personal Investment Authority»), parecen satisfacer en general a todas las partes (1). 3. 6. Son varias, sin embargo, las preocupaciones de los consumidores en el incipiente mercado u´nico de los seguros: las disparidades en torno al contenido de los contratos, las vı´as de recurso judicial o extrajudicial, la calidad de la informacio´n y de la distribucio´ n de los seguros, la ausencia de un marco normativo propio para la venta transfronteriza de seguros, el alcance de la cla´usula de «interés general», la incidencia de los aspectos fiscales y la imposibilidad de comparar las tarifas practicadas. 3. 6. 1. El modo diverso en que los Estados miembros han regulado estas materias, o, en los casos en que no lo han hecho, la propia ausencia de reglamentacio´ n (descuidando completamente un mercado en el que la competencia esta´ lejos de ser perfecta y los agentes de una de las partes tienden a concertarse en detrimento de la otra parte) y lo azaroso de muchas situaciones acarrean una gran multiplicidad de soluciones para situaciones similares en el espacio del mercado u´nico, con particular relevancia en las transacciones transfron- terizas, facilitadas cada vez ma´s con la llegada de la «sociedad de la informacio´n». Incluso en los casos en que los procedimientos 3. 6. 2. basados en los Co´digos de Conducta nacionales parecen conseguir resultados significativos en los paı´ses que los adoptan, su cara´cter «temporal», adema´s de su dependencia de factores culturales especı´ficos, no per- mite considerar su adopcio´ n como solucio´n generalizada. (1) A pesar de que la PIA es la autoridad competente para la resolucio´n de conflictos, es siempre el «Ombudsman» de la PIA quien decide de manera independiente en los conflictos entre consumidores y aseguradoras del ramo «vida». Existen adema´s en el Reino Unido otros «Ombuds- men» que deciden igualmente de manera independiente en otros ramos de seguros, pero sin estar afiliados a la PIA. C 95/82 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 3. 6. 3. Es ésta la razo´n por la que se aguardan con expectacio´n los resultados de los trabajos en curso en la Comisio´n, en el marco de las conversaciones con las organizaciones profesionales y de consumidores interesadas, ante la necesidad de buscar un equilibrio apropiado entre las reglamentaciones emanadas por las autoridades, los co´digos de buena conducta y la libertad contractual. un préstamo hipotecario para la adquisicio´ n de una vivienda). Se ha denunciado también la pra´ctica de «seguros ocultos», relacionados por ejemplo con la apertura de una cuenta bancaria o la posesio´n de una tarjeta de crédito, de cuya existencia no tiene suficiente conocimiento el asegurado, quien, como consecuencia, en la mayorı´a de las casos, no se beneficia de las ventajas ofrecidas, las cuales desconoce pero ha de pagar. 3. 7. Incluso en el a´mbito interno de cada Estado miembro, y a la luz de sus propios sistemas jurı´dicos, es posible detectar situaciones poco correctas y poco justas en las relaciones contractuales de seguro. Algunos estudios realizados en esta materia, ası´ como determinadas decisiones de o´rganos jurisdiccionales o administrativos con competencias en la misma, han revelado pra´cticas y condiciones contractuales conside- radas poco claras o poco inteligibles, —cuando no injustas, inmorales o hasta ilı´citas—, a la luz de los respectivos ordenamientos jurı´dicos (1). Se destacan a continuacio´n algunos de los principales aspectos resultantes de estas iniciativas, con consecuen- cias en la relacio´ n contractual de los seguros. 3. 7. 1. P u b l i c i d a d e i n f o r m a c i o´ n p r e v i a a l c o n t r a t o 3. 7. 1. 1. En cuanto a la publicidad genérica que se hace de los productos de los seguros, se han sen˜alado pra´cticas como la «publicidad intrusa», con llamadas telefo´ nicas insistentes a los domicilios privados de las personas incita´ndolas a suscribir seguros, «direct mailing» con el mismo objetivo, y, en algunos casos, ofreciendo regalos (por ejemplo, teléfonos mo´viles) a quien suscriba un determinado tipo de seguro, y anuncios de seguros «directos» con caracterı´sticas de precios («los ma´s baratos») o coberturas que, como posteriormente se comprueba, no se corresponden con la realidad. 3. 7. 1. 2. La mayor parte de las quejas se centra, sin embargo, en la falta de una informacio´n previa al contrato que sea correcta y completa, o al menos aclaratoria, en lo que se refiere a los elementos esenciales del contrato: contenido de las coberturas, a´mbito de las exclusiones, definicio´n del siniestro, condiciones y plazos de indemnizacio´ n, obligaciones del asegurado y coste real de las primas. Esta situacio´n se considera particularmente grave en situaciones en que son entidades de crédito, y no mediadores de seguros legalmente autorizados, las que hacen publicidad de seguros de compan˜ ı´as que forman parte de su mismo grupo, imponiéndolos como «obliga- torios» para la realizacio´n de operaciones de financiacio´n (por ejemplo, seguros de vida o de incendio unidos a (1) Véanse, en este sentido, los informes de los importantes «encuentros para el dia´logo entre aseguradoras y consumi- dores europeos» fomentados por el CEA y bajo los auspicios de la Comisio´n, celebrados los dı´as 17. 12. 1996 y 16. 4. 1997. Asimismo, se ha destacado la necesidad de hacer una distincio´ n clara entre los verdaderos productos de seguro y los productos financieros, de ahorro o de inversio´n, eventualmente vinculados a seguros, pero cuyo régimen jurı´dico no encaja en la reglamentacio´ n de los seguros sino en la de la actividad bancaria, y como tal deben ser considerados, independientemente de quien los comercialice. 3. 7. 1. 3. Mencio´ n especial merece la referencia a las técnicas de comunicacio´ n «a distancia» de seguros y, en particular, la utilizacio´ n de los medios modernos de comunicacio´n social, principalmente Internet, ası´ como la aparicio´n de nuevas tecnologı´as de prospeccio´n y comercializacio´n y técnicas de distribucio´ n sofisticadas e «inmateriales», cuyo marco jurı´dico es inexistente a nivel comunitario y muy deficiente en casi todos los Estados miembros. De esta manera, se espera con gran expectacio´ n la propuesta de Directiva anunciada por la Comisio´ n para crear un verdadero mercado u´nico en este a´mbito y proteger adecuadamente a los consumidores, garanti- zando a la vez el desarrollo del comercio electro´nico. 3. 7. 2. N e g o c i a c i o´ n d e l s e g u r o 3. 7. 2. 1. Las principales cuestiones planteadas en torno a la oferta, la negociacio´n y la celebracio´n del contrato de seguro se refieren a: a) naturaleza, cantidad y fiabilidad de la informacio´n previa transmitida a los consumidores, que implica la necesidad de: — garantizar una informacio´n simplificada e inteli- gible, pero con el necesario rigor técnico y jurı´dico, sobre las caracterı´sticas esenciales de los contratos, poniendo término a la utilizacio´n de conceptos supuestamente «técnicos» o ambi- guos; — permitir su comparabilidad, evitando situaciones en las que a denominaciones idénticas correspon- dan coberturas diferentes; — exigir la explicacio´n del contenido de las cla´usulas contractuales, con inversio´n de la carga de la prueba; — garantizar la indicacio´n precisa del importe de las primas, de su composicio´ n y de los criterios utilizados para su determinacio´n; 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/83 b) obligacio´n de suministrar siempre, antes de la conclu- sio´n del contrato, todas las cla´usulas de las condicio- nes generales y especiales, de manera legible e inteligible; c) necesidad de garantizar en general (y no so´ lo para los seguros de vida) un perı´odo de reflexio´n y de retractacio´n («cooling off») por parte del asegurado/ tomador del seguro, a partir del cual el contrato se considere definitivamente en vigor, con efectos retroactivos a la fecha de aceptacio´n de la propuesta por parte del asegurador, con mencio´n expresa del régimen provisional que se ha de aplicar en caso de siniestro y del eventual derecho a la prima; d) definicio´n clara del papel del «cuestionario» inicial y de las consecuencias de las «declaraciones del asegurado», no so´lo en lo que se refiere a las sanciones en caso de falsedad o reticencia, sino también en lo relativo a la proteccio´n y al cara´cter confidencial de los datos personales, en el a´mbito de la Directiva correspondiente (1); e) adecuacio´n de los productos de seguros a las necesida- des reales del asegurado, al objeto de evitar la venta de productos no deseados o que no correspondan a dichas necesidades; f) en el caso particular de contratos celebrados a distancia (por ejemplo, a través de Internet), la necesidad de: — garantizar el conocimiento preciso de todas las condiciones contractuales; — definir el valor jurı´dico de la «firma electro´ nica», ası´ como el régimen jurı´dico de estos nuevos procesos de distribucio´n a distancia; — garantizar, sin perjuicio de algunos casos parti- culares como los contratos de cobertura inme- diata, un perı´odo de reflexio´ n y de retractacio´ n sin penalizacio´n alguna in obligacio´n de justifica- cio´n; — clarificar el régimen de la indemnizacio´ n en caso de siniestro ocurrido entre la fecha de «celebracio´n» del contrato y el momento de su confirmacio´n por escrito; — proteger a los consumidores que no deseen ser contactados por medio de técnicas de comunica- cio´n a distancia; — definir los principios de ejecucio´n de las presta- ciones previstas en los contratos a distancia; — garantizar el cara´cter confidencial de los datos personales; — identificar la ley aplicable y los medios y vı´as de recurso. Una cuestio´n extremadamente importante 3. 7. 2. 2. para el Comité es la del papel de los mediadores y otros intermediarios de seguros en su distribucio´ n y en el acompan˜amiento postventa de los mismos. (1) Directiva 95/46/CEE, DO L 281 de 23. 11. 1995. Se han sen˜alado disparidades significativas 3. 7. 2. 2. 1. entre los regı´menes de los diferentes Estados miembros que hacen necesaria la creacio´ n de un marco comunitario que se podrı´a establecer, eventualmente, a través de una directiva, atendiendo, principalmente, a la reconocida ineficacia pra´ctica de la Recomendacio´n 92/48 CEE de 18 de diciembre de 1991 (2) y al contenido ya obsoleto de la Directiva 77/92/CEE de 13 de diciembre de 1976 (3). 3. 7. 2. 2. 2. También se ha destacado la necesidad de garantizar que los mediadores de seguros posean una adecuada formacio´n técnica para el desempen˜ o de su importante misio´ n, garantizando ası´ la calidad de sus intervenciones. También se ha denunciado un pra´ctica creciente y aberrante por parte de entidades de crédito y otras de tipo asociativo que, sin ninguna formacio´n especı´fica, se dedican a la intermediacio´ n de seguros, en algunos Estados miembros, proporcionando informa- ciones erro´neas y no prestando ninguna asistencia postventa, en particular en caso de siniestro, y a veces con capacidad para «imponer» la celebracio´ n de contratos de seguro como condicio´ n para la realizacio´n de operaciones de cara´cter financiero. 3. 7. 3. C o n d i c i o n e s c o n t r a c t u a l e s g e n e - r a l e s , e s p e c i a l e s y p a r t i c u l a r e s 3. 7. 3. 1. El contrato de adhesio´n tı´pico es la po´liza de seguro, redactada y preparada previamente para su aceptacio´n por parte de los asegurados, que contiene normalmente un conjunto de cla´usulas de base —las condiciones generales— y una serie de opciones igual- mente tipificadas —las condiciones especiales—. En las condiciones particulares se definen los elementos concretos del contrato de seguro suscrito, con la identifi- cacio´n de las partes contratantes, los riesgos cubiertos y excluidos, las condiciones especiales garantizadas, las correspondientes primas y su modo de pago. En los seguros «en masa», efectuados con particulares, la posibilidad de derogacio´ n o modificacio´n concreta de cualquier condicio´n general o especial se puede considerar como pra´cticamente inexistente, salvo en el a´mbito muy restringido de las ya sen˜aladas condiciones particulares. Varios estudios llevados a cabo en diferentes 3. 7. 3. 2. Estados miembros y, en particular, un estudio encargado por la Comisio´n y coordinado por el Centro de Derecho del Consumo de la Universidad de Montpellier (4), sobre las «cla´usulas abusivas presentes en determinados contratos de seguro» —de automo´vil (de responsabili- dad civil y «a todo riesgo») y multiriesgo/vivienda— en los entonces doce Estados miembros, revelaron la existencia de numerosas cla´usulas que infringen las disposiciones de la Directiva 93/13/CE. (2) DO L 19 de 28. 1. 1992. (3) DO L 26 de 31. 1. 1977. (4) Contrato AO-2600/93/009263; Informe de sı´ntesis elabo- rado por Anne d’Hauteville en colaboracio´n con Kristian Vandenhoudt (julio de 1995). C 95/84 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 En el estudio mencionado, se identificaron veintitrés tipos de cla´usulas abusivas, utilizadas por la gran mayorı´a de las aseguradoras en los diferentes Estados miembros, para los seguros indicados. cla´usulas contractuales consideradas abusivas por las autoridades judiciales, administrativas o de otro tipo, competentes en la materia en diferentes Estados miem- bros. Dado el interés que reviste para el presente Dictamen, se sen˜alan a continuacio´n las razones por las que se consideraron abusivas las cla´usulas citadas: Dado el interés que reviste para el presente Dictamen, se sen˜alan a continuacio´n las razones por las que se consideraron abusivas las cla´usulas citadas: a) de cara´cter formal: por ambigüedad, imprecisio´n o utilizacio´n de conceptos de cara´cter subjetivo; por remitirse a preceptos legales o normas que no constan en el contrato; b) por su contenido: por vaciar la garantı´a contractual de parte de su contenido u´til; por exigir al asegurado la prueba de hechos negativos o de demostracio´n pra´cticamente imposible; por autorizar al asegurador a modificar o suspender unilateralmente la garantı´a concedida; c) relativas a la ejecucio´ n del contrato: por imponer al asegurado obligaciones con plazos muy cortos o de ejecucio´ n «inmediata» sin indicacio´n de plazo; por amenazar con la rescisio´n del seguro en caso de incumplimiento por parte del asegurado, sin culpa de este, de obligaciones menores o accesorias; por imponer peritajes y arbitrayes contra la voluntad del asegurado; por establecer plazos anormalmente largos para el pago, por parte de la aseguradora, de las indemnizaciones debidas; por imponer, sin dar otra opcio´n al asegurado, un determinado abogado o ciertas vias procesales; d) relativas a la extincio´ n del contrato: por conferir derechos especiales de rescisio´n a la aseguradora; por permitir la rescisio´n unilateral por parte de la aseguradora sin invocacio´n de motivo alguno; por permitir la rescisio´ n del seguro por parte de la aseguradora después de haberse producido un primer siniestro; por establecer plazos diferentes de preaviso para la aseguradora (muy cortos) y para el asegurado (muy largos); por permitir que la aseguradora retenga, a tı´tulo de cla´usula penal, una parte de la prima en el momento de la rescisio´n del contrato; e) relativas al recurso a la justicia: por imponer plazos muy cortos para el ejercicio del derecho de recurso a la justicia; por imponer obligatoriamente un arbitraje; por imponer como foro competente la sede de la aseguradora exclusivamente. 3. 7. 3. 3. Asimismo, tanto la jurisprudencia como las autoridades competentes de la mayor parte de los Estados miembros han denunciado la existencia de varios casos de cla´usulas contractuales abusivas en po´lizas de seguros. La DG XXIV ha recopilado una serie de decisiones relativas a las principales categorı´as de a) cla´usulas que utilizan términos poco claros, impreci- sos o ambiguos para excluir las coberturas como, por ejemplo: actos notoriamente peligrosos o temerarios (000175); vandalismo (000085); estado de embriaguez (000129); normas de seguridad (000206); feno´ meno atmosférico excepcional (000311); desgaste, defecto del vehı´culo o mantenimiento deficiente (000312); b) cla´usulas que atentan contra la buena fe o revelan abusos de derecho: rechazo del pago de indemniza- cio´n, por impago de la prima sin preaviso, en caso de incendio ocurrido el dı´a siguiente al del término del plazo para el pago de la prima (000176); posibili- dad de que la aseguradora exija el pago de varias primas anuales adeudadas, después de la suspensio´n de la garantı´a por impago de la prima por causa de un atraso deliberado de la aseguradora en el cobro de la misma (000193); rechazo del pago de la indemnizacio´ n por haber abonado las primas a un mediador cuando en la po´liza se sen˜ala que deben abonarse directamente a la aseguradora (000201); reduccio´ n automa´tica de la suma asegurada rebaja´n- dola a la suma subsistente después del primer siniestro, para el resto del perı´odo del seguro, sin devolucio´ n de prima (000314); fijacio´n del importe de la indemnizacio´ n por acuerdo entre aseguradora y asegurado, impidiendo que este u´ltimo ejerza cualquier tipo de accio´n contra terceros causantes del siniestro (000327); cla´usulas limitativas de la responsabilidad que no hayan sido objeto de acepta- cio´n expresa por parte del asegurado y no estén en evidencia en la po´ liza (000031); cla´usula que impone la comunicacio´ n de todo siniestro a la aseguradora en un plazo muy reducido (48 horas) bajo pena de no indemnizacio´ n (000232); cla´usula que permite a la aseguradora poner término unilateralmente al seguro después de un primer siniestro (000152); cla´usula que permite la modificacio´n unilateral de las condiciones de la po´liza, al término de su perı´odo anual, considerando que el asegurado acepta las nuevas condiciones en caso de que no se manifieste al respecto en un plazo dado (000160); cla´usula que permite la rescisio´n del seguro en caso de no reembolso de una franquicia por parte del asegurado (000298); cla´usula que excluye la responsabilidad de la aseguradora en caso de que el nu´mero de pasajeros, transportados gratuitamente, exceda del indicado en libro de instrucciones del vehı´culo (000305); el 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/85 cla´usula que restringe la responsabilidad de la aseguradora en caso de que el vehı´culo no sea conducido por el asegurado, o cuando la persona que lo conduzca no haya sido autorizada para ello o no tenga permiso de conduccio´ n (000306); cla´usula que exime a la aseguradora de su responsabilidad en seguros contra robo en viviendas en caso de que el asegurado no haya cerrado con llave todas las puertas, ventanas y otras aberturas (000133); c) cla´usulas que contienen conceptos subjetivos o cuya interpretacio´ n corre a cargo exclusivamente de la aseguradora: La compan˜ı´a aseguradora se reserva el derecho de rechazar su defensa;. cuando juzgue que las pretensiones del asegurado no son defendibles (000178);. estar en estado de incapacidad para el trabajo, o padecer una enfermedad, invalidez, dolencia aguda o cro´nica o restriccio´n de cara´cter patolo´gico (000169); toda declaracio´ n falsa (aunque no sea intencionada) determina la nulidad del con- trato (000170); d) cla´usulas que no respetan el equilibrio contractual: un seguro de automo´vil con un plazo de duracio´ n de diez an˜ os (000002); aumento de las primas (en seguros de salud) en funcio´ n de elementos dependientes de la voluntad exclusiva de la aseguradora (000301); exclusio´n de la responsabilidad civil en accidentes de automo´vil causados al co´ nyuge o a parientes del asegurado, sin prueba efectiva de fraude (000303); posibilidad de que la aseguradora imponga un peritaje, incluso sin el acuerdo del asegurado, con la obligacio´n de que los costes del mismo sean sufragados por ambas partes (000274); posibilidad de que la aseguradora imponga la realizacio´n de un peritaje previo como condicio´ n para que el asegurado pueda recurrir a la justicia (000144); negativa al reembolso ı´ntegro de la parte de la prima correspon- diente al tiempo transcurrido sin riesgo en caso de rescisio´n del contrato de seguro antes de su término, y cuando la prima haya sido abonada previamente en su totalidad (000300); falta de establecimiento de plazos para que la aseguradora regularice los siniestros o pague las indemnizaciones, o estableci- miento de plazos sin indicacio´n del término «a quo», o dejando esta u´ltima consideracio´ n al criterio de la aseguradora (000304). Las referencias entre paréntesis respetan la identificacio´n de los casos en el fichero de la DG XXIV, al cual tuvo acceso el ponente. 3. 7. 4. L a s p r i m a s y s u p a g o 3. 7. 4. 1. La prima es, en los seguros, el precio del servicio, y su fijacio´n se lleva a cabo libremente por las partes interesadas. No obstante, la de los seguros constituye una actividad fundada en bases matema´ticas y explotada con arreglo a principios comerciales rigurosos, lo que implica que la «prima comercial» esté compuesta de la «prima pura» y de los «gastos» que la mayoran. Con arreglo a la técnica actuarial, la parte correspon- diente a la «prima pura» debe ser la contrapartida técnica del coste estadı´stico del riesgo asumido, y las reglas de la tarificacio´ n tienen como objetivo garantizar ese equilibrio en funcio´ n, principalmente, de los capitales asegurados, de la naturaleza de los riesgos y de la duracio´ n de la garantı´a. En la parte de los «gastos» esta´n, adema´s de los impuestos fiscales, la parte propor- cional de los costes de gestio´ n y de adquisicio´ n (gastos generales, financieros, de cobro y comisiones). Una primera observacio´n que es preciso 3. 7. 4. 2. destacar es la enorme disparidad en las primas de los seguros, para coberturas similares, en los diferentes paı´ses de la Unio´ n Europea (1). Por otra parte, sucede, como ya se ha sen˜alado, que, las aseguradoras no en algunos Estados miembros, proporcionan a los asegurados, durante la negociacio´n de los seguros, una informacio´n precisa sobre el importe exacto de las primas que tendra´ que abonar, y su relacio´n con los riesgos cubiertos, al objeto de poder hacer comparaciones. 3. 7. 4. 3. Sucede también que algunas aseguradoras no informan debidamente a los asegurados sobre la posibilidad de actualizar los importes de los bienes asegurados, ni proceden de manera esponta´nea a dicha actualizacio´n cuando su evolucio´ n pueda serle desfavo- rable, aplica´ndose la «regla proporcional» en caso de siniestro, para reducir la indemnizacio´n correspon- diente, sin devolver la parte proporcional de las primas cobradas entre tanto relativas a un capital superior al realmente garantizado. 3. 7. 4. 4. También se ha podido averiguar que en muchas situaciones de reduccio´ n o de rescisio´n de los contratos de seguro antes del término normal del mismo, algunas compan˜ ı´as aseguradoras no devuelven la totalidad de las primas puras correspondientes a la parte de riesgo que haya dejado de ser cubierta. Asimismo, se ha sen˜ alado que algunas asegu- 3. 7. 4. 5. radoras, si bien aceptan el fraccionamiento del pago de las primas, cobran a tal efecto unos tipos de interés superiores a los practicados en el mercado para los créditos al consumo corrientes. 3. 7. 4. 6. Por u´ltimo, se ha observado que existen regı´menes muy diferentes en caso de impago ocasional de las primas, en particular en las renovaciones de los contratos de seguro, e independientemente de que las legislaciones nacionales regulen o no sus consecuencias, principalmente en lo que se refiere a: — sus efectos inmediatos: cese o suspensio´n de la cobertura y por qué plazo; — los plazos adicionales para el pago correspondiente, en caso de que los haya; (1) Un reciente estudio realizado por BEUC/Test Achats para el sector del automo´ vil, ha revelado que, para coberturas similares, existen diferencias de primas en proporcio´n de 1 a 4; la mayoracio´n de las primas como consecuencia de un accidente (bonusmalus) también presenta diferencias entre los Estados miembros de hasta un 67 %, y, en algunos casos, llega al 100 %. C 95/86 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 — las consecuencias de un siniestro acaecido entre tanto; — la posibilidad de exigir las primas adeudadas a pesar de que el seguro haya estado suspendido durante un perı´odo indefinido (varios an˜ os). ser destacadas por el agravio comparativo resultante, habiéndose sen˜alado que la transformacio´ n de la «lex loci delicti» en «lex damni» o ley del paı´s del siniestrado, ya sugerida por la Comisio´n, no ha recibido la acogida favorable que se merecı´a. 3. 7. 5. C o n t r o l d e l o s s i n i e s t r o s e i n d e m - n i z a c i o n e s Las po´lizas de seguro omiten en la mayorı´a 3. 7. 5. 1. de los casos la indicacio´n de plazos precisos para la regularizacio´n de los siniestros, sen˜ alando para la misma expresiones vagas y ambiguas como «a la mayor brevedad», o «el esfuerzo ma´ximo». Como consecuencia de esta omisio´n, se han detectado casos de regularizacio´n de siniestros en perı´odos superio- res a 120 dı´as e indemnizaciones que, tras la regulacio´n del siniestro, tardan aproximadamente un an˜ o en ser abonadas realmente. Simplemente para el reconoci- miento de la responsabilidad, algunas compan˜ı´as de seguros llegan a tardar ma´s de dos meses. 3. 7. 5. 2. En algunos Estados miembros en los que es de sobra conocida la lentitud de la vı´a judicial (entre dos y cuatro an˜os para obtener una sentencia declarativa en primera instancia) es corriente que las aseguradoras rechacen sistema´ticamente el acuerdo extrajudicial u ofrezcan deliberadamente menos de lo que deben pagar, por la ganancia que obtienen al pagar ma´s tarde, a pesar de los gastos inherentes al eventual proceso, y juegan con el hecho de que una gran parte de las vı´ctimas de siniestros ni siquiera recurren a la justicia (por razones culturales y por falta de posibilidades econo´micas), sobre todo si el tribunal competente se halla en un paı´s diferente del de la nacionalidad o residencia de la vı´ctima, o si la ley aplicable no es su ley personal, o por consideraciones que tienen que ver con la lentitud de la justicia o su cara´cter aleatorio. Las vı´as no judiciales son, por su parte, muy 3. 7. 5. 3. diferentes en los Estados miembros y su conocimiento por parte de los ciudadanos de otros paı´ses es en muchos casos deficiente, creando dificultades adicionales en caso de conflictos transfronterizos. Por otra parte, se ha sen˜alado que algunos sistemas instituidos no funcionan con imparcialidad, ni dan idénticas garantı´as de defensa a los consumidores y a las aseguradoras, discriminando también por razones de nacionalidad, principalmente en los casos en que las reclamaciones son examinadas por organismos profesio- nales o por o´rganos internos de las propias compan˜ı´as aseguradoras. Una excepcio´n a esta situacio´n la constituyen, al parecer, las mediaciones dirigidas por o´rganos de arbitraje independientes o a través de «defensores del cliente» especializados igualmente independientes (caso del «ombudsman» inglés). 3. 7. 5. 4. La disparidad de los criterios de evaluacio´n de los dan˜ os, principalmente de naturaleza fı´sica o moral, y las diferencias en las indemnizaciones concedidas para el mismo tipo de dan˜os, derivadas principalmente de la lugar del accidente, deben aplicacio´n de la ley del Todos los hechos sen˜alados, y a los que se ha 3. 8. hecho alusio´ n, son elementos que el CES considera merecen una reflexio´ n atenta, por parte tanto de la Comisio´n como de los Estados miembros y, en particular, de las autoridades de supervisio´n de los seguros, ası´ como de las organizaciones de los profesionales de los seguros y de los representantes de intereses de los consumidores, a nivel nacional y de la UE, en un intento de contribuir a la deseada realizacio´n del mercado u´nico de los seguros, de acuerdo con las legı´timas expectativas de sus destinatarios. No obstante, el CES es consciente de que con relacio´n a muchos de estos aspectos, ası´ como a otros relacionados con ellos directa o indirectamente y que son objeto de estudios y dicta´menes en otras instituciones, no sera´ posible, a corto plazo, prever cambios significativos. Por esta razo´n, en las conclusiones que se formulan a continuacio´n se ha pretendido enunciar tan so´lo aquellas medidas cuya urgencia las convierte en prioritarias en el a´mbito definido para el presente Dictamen y sin perjuicio de su posterior desarrollo en nuevas ocasiones o por parte de otras instancias. 4. Conclusiones y recomendaciones 4. 1. Manifestar el respaldo a las iniciativas en curso en la Comisio´n en lo que se refiere a: institucio´n de un derecho de accio´n directa 4. 1. 1. para las vı´ctimas de accidentes en el extranjero contra el asegurador de la parte responsable (propuesta de Cuarta Directiva sobre el seguro de vehı´culos automo´- viles); reglamentacio´n comunitaria de la actividad 4. 1. 2. de intermediacio´ n de seguros en el sentido de su liberalizacio´n y de la libertad de prestacio´n de servicios en cualquier Estado miembro; 4. 1. 3. reglamentacio´n de las exigencias fundamenta- les en materia de ofrecimiento, negociacio´ n y celebracio´ n de contratos de servicios financieros, incluidos los de seguros a distancia y en particular a través de Internet, en la que se contemplen principalmente aspectos como: 4. 1. 3. 1. a los consumidores; la informacio´ n mı´nima que ha de transmitirse 4. 1. 3. 2. prestaciones previstas en el contrato; los principios relativos a la ejecucio´n de las 4. 1. 3. 3. el derecho de rescisio´n o de arrepentimiento; 30. 3. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 95/87 4. 1. 3. 4. mecanismos extrajudiciales de resolucio´n de conflictos; 4. 1. 3. 5. prohibicio´n de prestacio´n de servicios no solicitados que podrı´an conducir a aumentos en la prima; 4. 1. 3. 6. cas de comunicacio´n a distancia. lı´mites a la utilizacio´n de determinadas técni- como de los mediadores y otros intermediarios, y la puesta a disposicio´n de medios de informacio´n suficien- tes y correctos; la conveniencia de crear sistemas de resolucio´n 4. 3. 2. de conflictos mediante arbitraje o la institucio´ n de «defensores del cliente» («ombudsmen») independientes de las aseguradoras; 4. 1. 4. Control adicional de las aseguradoras que formen parte de un grupo de compan˜ı´as de seguros (1); 4. 1. 5. definicio´n precisa de la nocio´n y contenido del concepto de «interés general» en el a´mbito de los seguros; 4. 3. 3. la oportunidad de la instauracio´ n de un sistema ra´pido de indemnizacio´ n provisional para casos de responsabilidad civil, que intervenga antes de la negocia- cio´n para el reparto de responsabilidades entre asegura- doras, y también en caso de recurso a tribunales; 4. 1. 6. reflexio´n en profundidad sobre las cuestiones relacionadas con las pensiones complementarias de jubilacio´n (2); 4. 1. 7. creacio´n de un grupo de trabajo para el estudio de las mejoras que se deben introducir en la legislacio´ n existente sobre ma´rgenes de solvencia de las compan˜ı´as de seguros (3). Instar a la Comisio´n a que emprenda estudios y 4. 2. trabajos relativos a: la definicio´n, a nivel comunitario, de normas 4. 2. 1. especı´ficas para la publicidad transfronteriza sobre seguros, principalmente a través de Internet, con las exigencias mı´nimas consideradas de interés general a escala comunitaria; la posibilidad de armonizacio´ n de los regı´menes 4. 2. 2. fiscales que afectan a los seguros, tanto en lo que se refiere al régimen fiscal al que esta´n sometidas las aseguradoras como a los beneficios fiscales de los asegurados y tomadores de seguros; 4. 2. 3. seguros; la aplicabilidad del Convenio de Roma a los 4. 2. 4. la preparacio´n de una iniciativa legislativa especial para la resolucio´n extrajudicial de los conflictos transfronterizos en el a´mbito de los seguros; 4. 2. 5. reclamaciones sobre seguros; la creacio´ n de un observatorio comunitario de la recopilacio´ n de la legislacio´n dispersa sobre 4. 2. 6. seguros en un texto u´nico, inteligible y de fa´cil consulta y divulgacio´n. Llamar la atencio´n de la Comisio´n y de los 4. 3. Estados miembros de manera especial sobre: la necesidad de mejorar la informacio´n previa 4. 3. 1. a los contratos de seguros, lo que implica una mayor formacio´n de los trabajadores de las aseguradoras, ası´ (1) COM(95) 406 final de 4. 10. 1995, DO C 341 de 19. 12. 1995. (2) Libro Verde «Los sistemas complementarios de pensiones en el mercado u´nico», (97) 283 final; DO C 19 de 21. 1. 1998, p. 45. (3) COM(97) 398 final de 24. 7. 1997. la necesidad de proseguir los estudios y reflexio- 4. 3. 4. nes para instaurar, de forma armonizada, fondos de garantı´a llamados a intervenir en la indemnizacio´ n de vı´ctimas de determinados riesgos, a falta de un seguro adecuado; 4. 3. 5. seguros «forzados» o de los seguros «ligados»; la necesidad de una clara prohibicio´n de los la oportunidad de revisar la propuesta de 4. 3. 6. Directiva de la Comisio´ n de 1979 (4), relativa a la armonizacio´ n mı´nima en el a´mbito de los seguros, a la luz del principio de subsidiariedad, y teniendo en cuenta los progresos realizados desde entonces con las directivas de la tercera generacio´n y las recientes modificaciones del Tratado aprobadas en Amsterdam, en particular, en lo que se refiere a la nueva redaccio´n del artı´culo 129 A del Tratado de Maastricht; la necesidad de analizar la eficacia de los 4. 3. 7. mecanismos previstos en los Reglamentos CEE no 1534/91 de 31 de mayo de 1991 y 3932/92 de 21 de diciembre de 1992 para un control efectivo del cara´cter abusivo de algunas cla´usulas contractuales generales incluidas en las po´lizas de seguros; 4. 3. 8. la oportunidad de reforzar las competencias del Comité de Seguros de manera que pueda desempen˜ ar un papel efectivo en la armonizacio´ n de las pra´cticas de coordinacio´ n de los diferentes agentes reguladores nacionales en materia de seguros; la necesidad de crear, a nivel nacional, pero 4. 3. 9. con coordinacio´n a nivel comunitario, bases de datos sobre leyes y normativas relativas a los seguros existentes en cada paı´s y de definir las reglas de difusio´ n de la informacio´n y de acceso a la misma. 4. 4. Incitar a las organizaciones profesionales de seguros, ası´ como a las organizaciones representativas de los intereses de los consumidores, a que, por la vı´a del dia´logo y de la concertacio´ n, procuren llegar a una regulacio´n de las pra´cticas inherentes a su actividad con arreglo a co´digos de buena conducta y traten de hallar (4) DO C 190 de 28. 7. 1979. C 95/88 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 3. 98 las mejores soluciones para la resolucio´n extrajudicial de los litigios. el establecimiento de plazos mı´nimos armoni- 4. 5. 9. zados para el ejercicio del derecho de «arrepentimiento»; 4. 5. Instar a la Comisio´ n a que realice el ma´ximo esfuerzo posible para la definicio´n, a nivel comunitario, de exigencias mı´nimas comunes aplicables a los contratos de seguro (propuesta de directiva), incluyendo: la informacio´n mı´nima previa al contrato, 4. 5. 1. segu´n el modelo, por ejemplo, del Co´digo de Seguros francés (arts. 112 y 132); 4. 5. 2. una lista de palabras clave y su significado; 4. 5. 3. seguros; una lista de cla´usulas abusivas tı´picas de los la obligacio´ n de que las po´lizas sean legibles 4. 5. 10. e inteligibles y de que las condiciones generales y especiales correspondientes se den a conocer en la fase previa al contrato y antes de suscribir el seguro. Instar a la Comisio´n a que prosiga sus esfuerzos en 4. 6. el sentido de la elaboracio´n de un inventario sistema´tico y de un registro pu´blico, a nivel comunitario, de cla´usulas contractuales generales abusivas en el a´mbito de los seguros, sobre la base de: 4. 6. 1. por los servicios de la Comisio´n; estudios y evaluaciones sistema´ticos realizados 4. 6. 2. entidades competentes, en los Estados miembros; recopilacio´n y tratamiento de decisiones de 4. 5. 4. obligatoriamente en todo contrato de seguro; las menciones mı´nimas que deben figurar 4. 6. 3. difusio´ n de resultados; 4. 5. 5. comunes a todo contrato de seguro; el conjunto de las obligaciones contractuales 4. 5. 6. de todo contrato de seguro; los principios ba´sicos y las reglas fundamentales 4. 5. 7. los seguros de responsabilidad civil; un sistema de indemnizacio´ n provisional para la obligatoriedad de la correspondencia entre 4. 5. 8. las primas y el valor del riesgo, en particular a través de la desvalorizacio´n automa´tica de los bienes asegurados en razo´n de su antigüedad y la correspondiente disminu- cio´n de las primas; Bruselas, el 29 de enero de 1998. 4. 6. 4. acceso a estos elementos a través de Internet; caracterizacio´n eventual de tipos de cla´usulas 4. 6. 5. contractuales abusivas y su prohibicio´n por vı´a legisla- tiva, dotando para ello al servicio competente de la Comisio´ n de los medios humanos y materiales indispensables. 4. 7. Instar a los Estados miembros a que creen o establezcan planes ra´pidos, expeditivos y eficaces de denuncia y de modificacio´n, judicial, extrajudicial o administrativa, de cla´usulas contractuales abusivas en po´lizas de seguros, principalmente a través de acciones colectivas, de eficacia general, y sugerir que la Comisio´ n promueva programas de apoyo a las iniciativas en este a´mbito. El Presidente del Comité Econo´mico y Social Tom JENKINS


title: REGOLAMENTO (CE) N. 223/98 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1998 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

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export refund
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text: 30. 1. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:133) europee L 23/13 REGOLAMENTO (CE) N. 223/98 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1998 che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione per il malto LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT(cid:211) EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunit(cid:133) europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal in regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), particolare l’articolo 13 paragrafo 2, terzo comma, considerando che, ai sensi dell’articolo 13 del regola- mento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comu- nit(cid:133) pu(cid:149) essere compensata mediante una restituzione all’esportazione; considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all’arti- colo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commis- sione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalit(cid:133) di regolamento (CEE) n. 1766/92 del applicazione del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all’esportazione e le misure da adottare in caso di turba- tive nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 (4); considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95; considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione; considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi- niti all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) importi n. 150/95 (6), sono utilizzati per convertire gli espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalit(cid:133) di applica- zione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regola- mento (CE) n. 1482/96 (8); considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che pu(cid:149) essere modificata nel periodo intermedio; considerando che l’applicazione di dette modalit(cid:133) alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunit(cid:133) e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato; considerando che le misure previste dal presente regola- mento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all’esportazione per il malto di cui all’arti- colo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1998. Il presente regolamento (cid:138) obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell’1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7. (4) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14. (5) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (6) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (7) GU L 108 dell’1. 5. 1993, pag. 106. (8) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22. L 23/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:133) europee 30. 1. 98 ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione per il malto Codice prodotto Importo delle restituzioni (ECU / t) 1107 10 19 9000 1107 10 99 9000 1107 20 00 9000 22,60 23,20 27,00


title: REGOLAMENTO (CE) N. 226/98 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1998 che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2504/97

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CCT duties
Spain
award of contract
import
sorghum
tariff reduction

text: 30. 1. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:133) europee L 23/17 REGOLAMENTO (CE) N. 226/98 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1998 che fissa la riduzione massima del dazio all’importazione di sorgo nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2504/97 LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT(cid:211) EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunit(cid:133) europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal in regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), particolare l’articolo 12, paragrafo 1, considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all’importazione di sorgo in Spagna (cid:138) stata indetta con il regolamento (CE) n. 2504/97 della Commis- sione (3); considerando che, conformemente all’articolo 5 del rego- lamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (4), modifi- cato dal regolamento (CE) n. 1963/95 (5), la Commissione pu(cid:149), secondo la procedura prevista all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all’importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che (cid:138) dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l’importo della riduzione massima del dazio all’importazione; considerando che l’applicazione degli anzidetti criteri all’attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all’impor- tazione al livello di cui all’articolo 1; considerando che le misure previste dal presente regola- mento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le offerte comunicate dal 23 al 29 gennaio 1998 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2504/ 97, la riduzione massima del dazio all’importazione di sorgo (cid:138) fissata in 59,51 ecu per tonnellata per un quanti- tativo massimo globale di 25 000 tonnellate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1998. Il presente regolamento (cid:138) obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell’1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 25. (4) GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4. (5) GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22


Untersuchung der Schwachstelle Fertigstraßen : Führungen und Modell zur Leistungsberechnung von Walzstraßen. Band 2.


title: WRITTEN QUESTION No. 56/98 by Glyn FORD to the Commission. Travel packages for football supporters

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United Kingdom
exclusive distribution agreement
package travel
restriction on competition
sporting event
sports body

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text: 17. 7. 98 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 223/95 (98/C 223/120) SKRIFTLIG FR¯GA E-0055/98 fr(cid:229)n Nikitas Kaklamanis (UPE) till kommissionen (29 januari 1998) A¤mne: Bordeller i Grekland och o¤vriga EU Fo¤r att driva bordellverksamhet i Grekland kra¤vs att man har ett tillst(cid:229)nd som hittills utfa¤rdats av polisen (parlamentet fo¤rbereder som ba¤st ett lagfo¤rslag enligt vilket tillst(cid:229)ndet i framtiden skall utfa¤rdas av kommunerna). De prostituerade a¤r skyldiga att registrera sig hos polisen, vara fo¤rsedda med ett ha¤lsokort och genomg(cid:229) la¤karunderso¤kning samt ta blodprov tv(cid:229) g(cid:229)nger i veckan. Ovanna¤mnda besta¤mmelser ga¤ller grekiska prostituerade men inte alla de tusentals o¤vriga prostituerade som kommit fr(cid:229)n tredje land och nu arbetar olagligt p(cid:229) bordeller i Grekland. Jag skulle vilja veta vilka explicita villkor och besta¤mmelser som ga¤ller fo¤r bordellverksamhet i de o¤vriga EU-la¤nderna samt om vilka skyldigheter de prostituerade har i dessa. Svar fr(cid:229)n Anita Gradin p(cid:229) kommissionens va¤gnar (23 februari 1998) Kommissionen engagerar sig aktivt mot ma¤nniskohandel med sexuellt utnyttjande som syfte. Kommissionen lade fram ett sa¤rskilt meddelande till r(cid:229)det och parlamentet i november 1996 (1) fo¤r att fra¤mja en sammanh(cid:229)llen europeisk politik i denna fr(cid:229)ga och driver ett utbytes- och utbildningsprogram fo¤r ansvariga fo¤r beka¤mpning av ma¤nniskohandel (STOP-programmet som inra¤ttades genom den gemensamma (cid:229)tga¤rd som antogs av r(cid:229)det den 29 november 1996). Det a¤r emellertid upp till varje medlemsstat att sja¤lv fatta beslut om besta¤mmelserna betra¤ffande prostitution och gemenskapen saknar da¤rfo¤r beho¤righet p(cid:229) detta omr(cid:229)de. (1) KOM(96) 567. (98/C 223/121) SKRIFTLIG FR¯GA E-0056/98 fr(cid:229)n Glyn Ford (PSE) till kommissionen (29 januari 1998) A¤mne: Paketresor fo¤r fotbollssupportrar Jag har f(cid:229)tt ho¤ra att Leicester City Football Club info¤r matchen mot Atletico Madrid den 16 september fo¤rra (cid:229)ret endast la¤r ha s(cid:229)lt biljetter kombinerade med paketresor. Mot bakgrund av det svar kommissionen givit p(cid:229) en av mina tidigare fr(cid:229)gor i detta a¤mne (P-3480/95) (1), anser man inte att Leicester City Football Club med all sannolikhet har o¤vertra¤tt EU:s konkurrensregler? (1) EGT C 137, 8. 5. 1996, s. 14. Svar fr(cid:229)n Karel Van Miert p(cid:229) kommissionens va¤gnar (10 mars 1998) Ledamoten uppma¤rksammar kommissionen p(cid:229) att Leicester City Football Club i samband med sin bortamatch mot Atletico Madrid under Europa-cupen i Madrid den 16 september 1997 p(cid:229)st(cid:229)s ha s(cid:229)lt biljetter till matchen endast i kombination med paketresor. Ledamoten anser att klubbens fo¤rsa¤ljningsmetoder strider mot konkurrens-besta¤mmelserna i EG-fo¤rdraget och (cid:229)beropar ett tidigare svar fr(cid:229)n kommissionen p(cid:229) ledamotens skriftliga fr(cid:229)ga P-3480/95


title: Resolutie over het veertiende jaarlijks verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (1996) (COM(97)0299 C4- 0312/97) en over het werkdocument van de diensten van de Commissie CELEX (Interinstitutioneel geautomatiseerd documentatiesysteem voor het Gemeenschapsrecht) - jaarverslag over het beheer 1996 (SEC(97)1082 C4- 0313/97)

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EU law
activity report
application of EU law
database
free service

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