eurovoc_concepts:
Intergovernmental Convention (EU)
consolidation of EU law
contract
enforcement of ruling
jurisdiction
private international law

text: C 27/34 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (versión consolidada) Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 1980 (versión consolidada) Segundo Protocolo por el que se atribuye al Tribunal de Justicia competencia para interpretar el Convenio de 1980 (versión consolidada) (98/C 27/02) NOTA PRELIMINAR La firma, el 29 de noviembre de 1997, del Convenio de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, así como a los dos Protocolos relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia ha hecho necesario elaborar una versión codificada del Convenio de Roma y de los dos Protocolos antes mencionados. Estos textos se completan con tres declaraciones, una hecha en 1980 respecto de la unificación que debe existir entre las medidas que deben adoptarse respecto a normas de conflicto en el seno de la Comunidad con las del Convenio, una segunda hecha igualmente en 1980 rela- tiva a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio y una tercera, en 1996, relativa al respecto del procedimiento previsto en el artículo 23 del Convenio de Roma en materia de transporte de mercancías por vía marítima. La Secrectaría General del Consejo, en cuyos archivos están depositados los originales de los instrumentos en cuestión, ha establecido el texto impreso en el presente fascículo. No obstante, debe señalarse que este texto carece de valor legal, encontrándose los textos oficiales de los instrumentos codificados en los Diarios Oficiales siguientes. Versión del Diario Oficial Convenio de 1980 Convenio de adhesión de 1984 Protocolo I de 1988 Protocolo II de 1988 Convenio de adhesión de 1992 Convenio de adhesión de 1996 Alemana L 266, página 1 9. 10. 1980 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 Inglesa Danesa Francesa Griega Irlandesa Italiana L 266, página 1 9. 10. 1980 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 L 266, página 1 9. 10. 1980 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 L 266, página 1 9. 10. 1980 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 L 146, página 7 31. 5. 1984 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 Edición especial (L 266) Edición especial (L 146) Edición especial (L 48) Edición especial (L 48) Edición especial (L 333) Edición especial (C 15) L 266, página 1 9. 10. 1980 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 Neerlandesa L 266, página 1 9. 10. 1980 L 146, página 1 31. 5. 1984 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/35 Versión del Diario Oficial Convenio de 1980 Convenio de adhesión de 1984 Protocolo I de 1988 Protocolo II de 1988 Convenio de adhesión de 1992 Convenio de adhesión de 1996 Española Portuguesa Finesa Sueca L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 L 48, página 1 20. 2. 1989 L 48, página 17 20. 2. 1989 L 333, página 1 18. 11. 1992 C 15, página 10 15. 1. 1997 Edición especial Capítulo 1, volumen 3, página 36 (Cf. igualm. DO L 333, página 17) Edición especial Capítulo 1, volumen 3, página 36 (Cf. igualm. DO L 333, página 7) Edición especial Capítulo 1, volumen 4, página 36 (Cf. igualm. DO L 333, página 72) Edición especial Capítulo 1, volumen 4, página 72 (Cf. igualm. DO L 333, página 7) C 15, página 70 15. 1. 1997 C 15, página 66 15. 1. 1997 C 15, página 60 15. 1. 1997 C 15, página 64 15. 1. 1997 C 15, página 68 15. 1. 1997 C 15, página 53 15. 1. 1997 C 15, página 70 15. 1. 1997 C 15, página 66 15. 1. 1997 C 15, página 60 15. 1. 1997 C 15, página 64 15. 1. 1997 C 15, página 68 15. 1. 1997 C 15, página 53 15. 1. 1997 C 27/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 ANEXO CONVENIO Sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma (1) el 19 de junio de 1980 PREÁMBULO LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, PREOCUPADAS por proseguir, en el ámbito del Derecho internacional privado, la obra de unificación jurídica ya emprendida en la Comunidad, especialmente en materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales, DESEANDO establecer unas normas uniformes relativas a la ley aplicable a las obligaciones contrac- tuales, HAN CONVENIDO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES: TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1 Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones del presente Convenio serán apli- cables, en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes, a las obligaciones contractuales. 2. No se aplicarán: a) al estado civil y a la capacidad de las personas físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11; b) a las obligaciones contractuales relativas a: — los testamentos y sucesiones; — los regímenes matrimoniales; (1) Texto en la redacción dada al mismo por el Convenio de 10 de abril de 1984 relativo a la adhesión de la República Helénica, en lo sucesivo denominado «el Convenio de adhe- sión de 1984», por el Convenio de 18 de mayo de 1992 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa, en lo sucesivo denominado «el Convenio de adhesión de 1992», y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, en lo sucesivo denominado «el Convenio de adhesión de 1996». — los derechos y deberes derivados de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afini- dad, incluidas las obligaciones de dar alimentos respecto a los hijos no matrimoniales; c) a las obligaciones derivadas de letras de cambio, cheques y pagarés, así como de otros instrumentos negociables en la medida en que las obligación surgi- das de estos otros instrumentos se deriven de su carácter negociable; d) a los convenios de arbitraje y de elección de foro; e) a las cuestiones pertenecientes al Derecho de socieda- des, asociaciones y personas jurídicas, tales como la constitución, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de las sociedades, asociaciones y personas jurídicas, así como la responsabilidad personal legal de los socios y de los órganos por las deudas de la sociedad, asociación o persona jurídica. f) a la cuestión de saber si un intermediario puede obligar frente a terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar, o si un órgano de una sociedad, de una asociación o una persona jurídica puede obligar frente a terceros a esta sociedad, asociación o persona jurídica; g) a la constitución de trusts, a las relaciones que se creen entre quienes lo constituyen, los trusts y los beneficiarios; h) a la prueba y al proceso, sin perjuicio del artícu- lo 14. 3. Las disposiciones del presente Convenio no se apli- carán a los contratos de seguros que cubran riesgos situados en los territorios de los Estados miembros de la 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/37 Comunidad Económica Europea. Para determinar si un riesgo está situado en estos territorios, el juez aplicará su ley interna. El apartado precedente no se refiere a los contratos 4. de reaseguro. artículo 3, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país. Artículo 2 Carácter universal La ley designada por el presente Convenio se aplicará incluso si tal ley es la de un Estado no contratante. TÍTULO II NORMAS UNIFORMES Artículo 3 Libertad de elección 1. Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá ser expresa o resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Para esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o sola- mente a una parte del contrato. 2. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que se rija el contrato por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad bien sea en virtud de una elección anterior según el presente artículo, o bien en virtud de otras disposiciones del presente Convenio. Toda modifi- cación relativa a la determinación de la ley aplicable, posterior a la celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del artículo 9 y no afectará a los derechos de terceros. 3. La elección por las partes de una ley extranjera, acompañada o no de la de un tribunal extranjero, no podrá afectar, cuando todos los demás elementos de la situación estén localizados en el momento de esta elección en un solo país, a las disposiciones que la ley de ese país no permita derogar por contrato, denominadas en lo sucesivo «disposiciones imperativas». 4. La existencia y la validez del consentimiento de las Partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas en los artícu- los 8, 9 y 11. Artículo 4 Ley aplicable a falta de elección 2. Sin perjuicio del apartado 5, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación caracterís- tica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquel en que esté situado su establecimiento principal o si, segun el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento princi- pal, aquel en que esté situado este otro establecimiento. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en la medida en que el contrato tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que estuviera situado el inmueble. El contrato de transporte de mercancías no estará 4. sometido a la presunción del apartado 2. En este con- trato, si el país en el que el transportista tiene su establecimiento principal en el momento de la celebración del contrato fuere también aquel en que esté situado el lugar de carga o de descarga o el establecimiento princi- pal del expedidor, se presumirá que el contrato tiene sus vínculos más estrechos con este país. Para la aplicación del presente apartado, se considerarán como contratos de transporte de mercancías los contratos de fletamento para un solo viaje u otros contratos cuyo objeto principal sea el de realizar un transporte de mercancías. 5. No se aplicará el apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación característica. Las presuncio- nes de los apartados 2, 3 y 4 quedan excluidas cuando resulte del conjunto de circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país. Artículo 5 Contratos celebrados por los consumidores 1. El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes muebles corpo- rales o de servicios a una persona, el consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad profesional, así como a los contratos destinados a la financiación de tales suministros. 1. En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la C 27/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual: — si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país, por una oferta que le haya sido especial- mente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera realizado en ese país los actos necesarios para la celebración del contrato, o — si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en ese país, o — si el contrato fuera una venta de mercancías y el consumidor se hubiera desplazado de este país a un país extranjero y allí hubiera realizado el encargo, siempre que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor con la finalidad de incitar al consumidor a concluir una venta. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada conforme al artículo 3, estos contratos se regirán por la ley del país en que el consumi- dor tenga su residencia habitual, si concurrieran las circunstancias descritas en el apartado 2 del presente artículo. 4. El presente artículo no se aplicará: a) a los contratos de transporte; b) a los contratos de suministro de servicios cuando los servicios deban prestarse al consumidor, exclusiva- mente, en un país distinto de aquel en que tenga su residencia habitual. 5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el presente artículo se aplicará a los contratos que, por un precio global, comprendan prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. Artículo 6 Contracto individual de trabajo 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, en el contrato de trabajo, la elección por las partes de la ley aplicable no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que sería aplicable, a falta de elección, en virtud del apartado 2 del presente artículo. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 y a falta de elección realizada de conformidad con el artículo 3, el contrato de trabajo se regirá: a) por la ley del país en que el trabajador, en ejecución del contrato, realice habitualmente su trabajo, aun cuando, con carácter temporal, haya sido enviado a otro país, o b) si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, por la ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al trabaja- dor, a menos que, del conjunto de circunstancias, resulte que el contrato de trabajo tenga vínculos más estrechos con otro país, en cuyo caso será aplicable la ley de este otro país. Artículo 7 Leyes de policía 1. Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposi- ciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación presente en vínculo estrecho, si y en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su natura- leza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación. Las disposiciones del presente Convenio no podrán 2. afectar a la aplicación de las normas de la ley del país del juez que rijan imperativamente la situación, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato. Artículo 8 Consentimiento y validez de fondo 1. La existencia y la validez del contrato, o de cual- quiera de sus disposiciones, estarán sometidas a la ley que sería aplicable en virtud del presente Convenio si el contrato o la disposición fueran válidos. 2. Sin embargo, para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera de las partes podrá referirse a la ley del país en que tenga su residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto del comportamiento de tal parte según la ley prevista en el apartado precedente. Artículo 9 Forma 1. Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en un mismo país será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley del país en el que se haya celebrado. 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/39 Un contrato celebrado entre personas que se 2. encuentren en países diferentes será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley de uno de estos países. 3. Cuando se celebre el contrato por medio de un representante, el país en el que se encuentre el represen- tante en el momento de actuar será el que se considere para la aplicación de los apartados 1 y 2. 4. Un acto jurídico unilateral relativo a un contrato celebrado o por celebrar será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que rija o regirá el fondo del contrato en virtud del presente Conve- nio o de la ley del país en el que se efectúe dicho acto. 5. Las disposiciones de los apartados precedentes no se aplicarán a los contratos que entren en el ámbito de aplicación del artículo 5 celebrados en las circunstancias descritas en su apartado 2. La forma de estos contratos se regirá por la ley del país en el que tenga su residencia habitual el consumidor. 6. No obstante lo dispuesto en los cuatro primeros apartados del presente artículo, todo contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas imperativas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre que según esta ley sean aplicables independientemente del lugar de celebración del contrato y de la ley que lo rija en cuanto al fondo. Artículo 10 Ámbito de la ley del contrato 1. La ley aplicable al contrato en virtud de los artícu- los 3 a 6 y del artículo 12 del presente Convenio regirá en particular: a) su interpretación; b) el cumplimiento de las obligaciones que genere; c) dentro de los límites de los poderes atribuidos al tribunal por sus leyes procesales, las consecuencias del incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, incluida la evaluación del daño en la medida en que la gobiernen normas jurídicas; d) los diversos modos de extinción de las obligaciones, así como la prescripción y la caducidad basadas en la expiración de un plazo; e) las consecuencias de la nulidad del contrato. En lo que se refiere a las modalidades del cumpli- 2. miento y a las medidas que debe tomar al acreedor en caso de cumplimiento defectuoso, se tendrá en cuenta la ley del país donde tenga lugar el cumplimiento. Artículo 11 Incapacidad En los contratos celebrados entre personas que se encuen- tren en un mismo país, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese país sólo podrán invocar su incapacidad resultante de otra ley si, en el momento de la celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de imprudencia por su parte. Artículo 12 Cesión de crédito 1. Las obligaciones entre el cedente y el cesionario de un crédito se regirán por la ley que, en virtud del presente Convenio, se aplique al contrato que les ligue. 2. La ley que rija el crédito cedido determinará el carácter transferible del mismo, las relaciones entre el cesionario y el deudor, las condiciones de oponibilidad de la cesión al deudor y el carácter liberatorio de la presta- ción hecha por el deudor. Artículo 13 Subrogación 1. Cuando, en virtud de un contrato, una persona, el acreedor, tenga derechos con respecto a otra persona, el deudor, y un tercero tenga la obligación de satisfacer al acreedor o haya satisfecho, de hecho, al acreedor en ejecución de esa obligación, la ley aplicable a esta obliga- ción del tercero determinará si éste puede ejercer en su totalidad o en parte los derechos que el acreedor tenía contra el deudor según la ley que rija sus relaciones. La misma regla se aplicará cuando varias personas 2. estén obligadas por la misma obligación contractual y el acreedor haya sido satisfecho por una de ellas. Artículo 14 Prueba 1. La ley que rija el contrato en virtud del presente Convenio se aplicará en la medida en que, en materia de obligaciones contractuales, establezca presunciones legales o reparta la carga de la prueba. 2. Los actos jurídicos podrán ser acreditados por cual- quier medio de prueba admitido bien por la ley del foro, o bien por cualquiera de las leyes contempladas en el artículo 9, conforme a la cual el acto sea válido en cuanto a la forma, siempre que tal medio de prueba pueda ser empleado ante el tribunal que esté en conocimiento del asunto. C 27/40 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 Artículo 15 Exclusión del reenvío Artículo 21 Relaciones con otros convenios Cuando el presente Convenio prescriba la aplicación de la ley de un país, se entenderá por tal las normas jurídicas en vigor en ese país, con exclusión de las normas de Derecho internacional privado. El presente Convenio no afectará a la aplicación de los convenios internacionales de los que un Estado contra- tante sea o pase a ser parte. Artículo 16 Orden público Artículo 22 Reservas No podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Convenio salvo cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público del foro. Artículo 17 1. Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma, de la ratificación, de la aceptación o de la aproba- ción, podrá reservarse el derecho de no aplicar: a) el apartado 1 del artículo 7; b) la letra e) del apartado 1 del artículo 10. Aplicación en el tiempo 2. (1). El Convenio se aplicará en cada Estado contratante a los contratos celebrados después de su entrada en vigor en tal Estado. 3. Cualquier Estado contratante podrá retirar, en cual- quier momento, una reserva que hubiera efectuado; el efecto de la reserva cesará el primer día del tercer mes natural siguiente a la notificación de la retirada. Artículo 18 Interpretación uniforme Para la interpretación y la aplicación de las reglas unifor- mes que preceden, se tendrán en cuenta su carácter internacional y la conveniencia de conseguir que se inter- preten y apliquen de manera uniforme. Artículo 19 Sistemas no unificados 1. Cuando un Estado comprenda varias unidades terri- toriales y cada una de ellas tenga sus propias normas en materia de obligaciones contractuales, cada unidad terri- torial se considerará como un país para la determinación de la ley aplicable según el presente Convenio. Un Estado cuyas diferentes unidades territoriales 2. tengan sus propias normas jurídicas en materia de obliga- ciones contractuales no estará obligado a aplicar el pre- sente Convenio a los conflictos de leyes que interesen únicamente a esas unidades territoriales. Artículo 20 Prioridad del Derecho comunitario El presente Convenio se entiende sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que, en materias específi- cas, regulen los conflictos de leyes en materia de obliga- ciones contractuales y que estén o estarán contenidas en los actos derivados de las instituciones de las Comunida- des Europeas o en las legislaciones nacionales armoniza- das en ejecución de estos actos. TÍTULO III CLÁUSULAS FINALES Artículo 23 Si un Estado contratante, después de la fecha de 1. entrada en vigor del presente Convenio con respecto a él, desease adoptar una nueva norma de conflicto de leyes para una categoría específica de contratos que entren en el ámbito de aplicación del convenio, comunicará su intención a los demás Estados signatarios por medio del Secretario General del Consejo de las Comunidades Euro- peas. En un plazo de seis meses a partir de la comunica- 2. ción hecha al secretario general, cualquier Estado signata- rio podrá solicitar a éste que organice unas consultas entre Estados signatarios con el fin de llegar a un acuerdo. 3. Si, en este plazo, ningún Estado signatario hubiera solicitado la consulta, o si, en los dos años siguientes a la comunicación hecha al secretario general, no se hubiere llegado a ningún acuerdo como consecuencia de las consultas, el Estado contratante podrá modificar su dere- cho. La medida tomada por este Estado se pondrá en conocimiento de los demás Estados signatarios por mediación del Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas. (1) Apartado suprimido por el punto 1 del artículo 2 del Convenio de adhesión de 1992. 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/41 Artículo 24 Artículo 29 (3) 1. Si un Estado contratante, después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto a él, deseare formar parte de un convenio multilateral cuyo objeto principal, o uno de los objetos principales, fuera una regulación de Derecho internacional privado en una de las materias regidas por el presente Convenio, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 23. No obstante, el plazo de dos años, previsto en el apartado 3 del artículo 23, se reducirá a un año. 2. No se seguirá el procedimiento previsto en el apar- tado precedente si un Estado contratante o una de las Comunidades Europeas ya fueran parte del convenio multilateral o si el objeto de éste fuera revisar un conve- nio del que fuera ya parte el Estado interesado o si se tratase de un convenio celebrado en el marco de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. Artículo 25 Cuando un Estado contratante considere que la unifica- ción realizada por el presente Convenio se ve comprome- tida por la celebración de acuerdos no previstos en el apartado 1 del artículo 24, este Estado podrá solicitar al Secretario General del Consejo de las Comunidades Euro- peas que organice una consulta entre los Estados signata- rios del presente Convenio. Artículo 26 Cualquier Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Convenio. En tal caso, el presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una conferencia de revisión. Artículo 27 (1) Artículo 28 El presente Convenio estará abierto a partir del 1. 19 de junio de 1980 a la firma de los Estados partes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Euro- pea. 2. El presente Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación se deposi- tarán ante la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas (2). (1) Artículo suprimido por el punto 1 del artículo 2 del Con- venio de adhesión de 1992. (2) La ratificación de los Convenios de adhesión se hace de conformidad con las disposiciones siguientes de dichos Con- venios: 1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito del séptimo instru- mento de ratificación, de aceptación o de aprobación. 2. El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique, acepte o apruebe con posterio- ridad, el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de apro- bación. — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1984, está regulada por el artículo 3 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 3 El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se deposita- rán ante el Secretario General del Consejo de las Comuni- dades Europeas. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1992, está regulada por el artículo 4 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 4 El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se deposita- rán ante la Secretaría General del Consejo de las Comuni- dades Europeas. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1996, está regulada por el artículo 5 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 5 El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se deposita- rán ante el Secretario General del Consejo de la Unión Europea. ». (3) La entrada en vigor de los Convenios de adhesión se hace de conformidad con las disposiciones siguientes de dichos Con- venios: — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1984, está regulada por el artículo 4 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 4 El presente Convenio entrará en vigor, en las relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado, el primer día del tercer mes siguiente al depósito del último instru- mento de ratificación por la República Helénica y siete Estados que hayan ratificado el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. El presente Convenio entrará en vigor para cada Estado contratante que lo ratifique ulteriormente el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación. ». — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1992, está regulada por el artículo 5 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 5 El presente Convenio entrará en vigor, entre los Estados que lo hayan ratificado, el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya realizado el depósito del último instrumento de ratificación por parte del Reino de España o de la República Portuguesa y por parte de un Estado que haya ratificado el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. C 27/42 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 Artículo 30 a) las firmas; 1. El Convenio tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme al apartado 1 del artículo 29, incluso para los Estados para los que entrase en vigor con posterioridad. El Convenio será renovado tácitamente por perío- 2. dos de cinco años, salvo denuncia. 3. La denuncia será notificada, al menos seis meses antes de la expiración del plazo de diez años o de cinco años, según los casos, al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas (1). 4. La denuncia sólo tendrá efectos para el Estado que la hubiere notificado. El Convenio permanecerá vigente para los demás Estados contratantes. Artículo 31 (2) El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados Partes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea: El presente Convenio entrará en vigor en cada Estado contratante que lo ratifique ulteriormente el primer día del tercer mes siguiente al del depósito de sus instrumen- tos de ratificación. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1996, está regulada por el artículo 6 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 6 1. El presente Convenio entrará en vigor, entre los Estados que lo hayan ratificado, el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya realizado el depósito del último instrumento de ratificación por parte de la República de Austria, de la República de Finlandia o del Reino de Suecia y por parte de un Estado contra- tante que haya ratificado el Convenio sobre la ley aplica- ble a las obligaciones contractuales. 2. El presente Convenio entrará en vigor en cada Estado contratante que lo ratifique ulteriormente el pri- mer día del tercer mes siguiente al del depósito de sus instrumentos de ratificación. ». (1) Frase suprimida por el Convenio de 1992. (2) La notificación de los Convenios de adhesión se hace de conformidad con las disposiciones siguientes de dichos Con- venios: — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1984, está regulada por el artículo 5 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 5 El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios: a) el depósito de todo instrumento de ratificación, b) las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1992, está regulada por el artículo 6 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o aprobación; c) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio; d) e) las comunicaciones realizadas en aplicación de los artículos 23, 24, 25, 26 y 30; las reservas y retiradas de reservas mencionadas en el artículo 22. Artículo 32 (3) El Protocolo anexo al presente Convenio forma parte integrante del mismo. Artículo 33 (4) El presente Convenio, redactado en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, francesa, inglesa, irlandesa, ita- liana y neerlandesa, dando fe por igual todos los textos, se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario General remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios. «Artículo 6 El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios: a) el depósito de cada uno de los instrumentos de b) ratificación; las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1996, está regulada por el artículo 7 del mismo Convenio, que dispone lo siguiente: «Artículo 7 El Secretario General del Consejo de la Unión Europea notificará a los Estados signatarios: a) el depósito de cada uno de los instrumentos de b) ratificación; las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes. ». (3) La letra d) modificada por el Convenio de adhesión de 1992. (4) La indicación de los textos auténticos de los Convenios de adhesión se recoge en las disposiciones siguientes de dichos Convenios: — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1984, está regulada por los artículos 2 y 6 del mismo Convenio, que disponen lo siguiente: «Artículo 2 El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas remitirá al Gobierno de la República Helénica una copia certificada conforme del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en las lenguas alemana, inglesa, danesa, francesa, irlandesa, italiana y neerlandesa. El texto del Convenio sobre la ley aplicable a las obliga- ciones contractuales redactado en lengua griega figura como anexo al presente Convenio. El texto redactado en lengua griega es auténtico en las mismas condiciones que los otros textos del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. »; 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/43 En fe de lo cual, los abajo firmantes debidamente autorizados a este fin, suscriben el presente Convenio. Hecho en Roma, el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta. [Firmas de los plenipotenciarios] «Artículo 6 El presente Convenio, redactado en un ejemplar único en las lenguas alemana, danesa, francesa, griega, irlandesa, italiana y neerlandesa, siendo los ocho textos, igualmente auténticos se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario General remitirá una copia certificada con- forme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1992, está regulada por los artículos 3 y 7 del mismo Convenio, que disponen lo siguiente: «Artículo 3 El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas remitirá a los Gobiernos del Reino de España y de la República Portuguesa una copia autenticada con- forme del Convenio sobre la ley aplicable a las obligacio- nes contractuales en las lenguas alemana, danesa, fran- cesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana y neerlandesa. El texto del Convenio sobre la ley aplicable a las obliga- ciones contractuales redactado en las lenguas española y portuguesa figuran en los anexos I y II del presente Convenio. Los textos redactados en las lenguas española y portuguesa son auténticos en las mismas condiciones que los otros textos del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. »; «Artículo 7 El presente Convenio, redactado en un ejemplar único en las lenguas alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, cuyos diez textos son igualmente auténticos, será deposi- tado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario General remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios. »; — en lo que se refiere al Convenio de adhesión de 1996, está regulada por los artículos 4 y 8 del mismo Convenio, que disponen lo siguiente: «Artículo 4 1. El Secretario General del Consejo de la Unión Europea remitirá a los Gobiernos de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia una copia certificada conforme del Convenio de 1980, del Convenio de 1984, del Primer Protocolo de 1988, del Segundo Protocolo de 1988 y del Convenio de 1992, en las lenguas alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portu- guesa. 2. El texto del Convenio de 1980, del Convenio de 1984, del Primer Protocolo de 1988, del Segundo Proto- colo de 1988 del Convenio de 1992 redactado en las lenguas finesa y sueca es auténtico en las mismas condi- ciones que los demás textos del Convenio de 1980, del Convenio de 1984, del Primer Protocolo de 1988, del Segundo Protocolo de 1988 y del Convenio de 1992. »; «Artículo 8 El presente Convenio, redactado en un ejemplar único en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos doce textos son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios. ». C 27/44 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 PROTOCOLO (1) Las Altas Partes contratantes han acordado la disposición que sigue, que se incorporará como anexo al Convenio: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el Convenio, Dinamarca, Suecia y Finlandia podrán mantener las disposiciones nacionales en relación con la ley aplicable a los asuntos relacionados con el transporte de mercancías por vía marítima y podrán modificar dichas disposiciones sin seguir el procedimiento previsto en el artículo 23 del Convenio de Roma. Las disposiciones aplicables en dicha materia son las siguientes: — en Dinamarca, los apartados 252 y 321, subsecciones 3 y 4 de la «Sølov» (ley marítima), — en Suecia, el capítulo 13, artículo 2, apartados 1 y 2, y el capítulo 14, artículo 1, apartado 3 de «sjölagen» (Ley marítima), — en Finlandia, el capítulo 13, artículo 2, apartados 1 y 2, y el capítulo 14, artículo 1, punto 3 de «merilaki/sjölagen» (ley marítima). ». En fe de lo cual, los abajo firmantes debidamente autorizados a este fin, suscriben el presente Protocolo. Hecho en Roma, el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta. [Firmas de los plenipotenciarios] (1) Texto en la redacción dada al mismo por el Convenio de adhesión de 1996. 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/45 DECLARACIÓN COMÚN En el momento de proceder a la forma del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de Irlanda, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, I. preocupados por evitar, en toda la medida de lo posible la dispersión de las normas de conflictos de leyes en una multiplicidad de instrumentos y las divergencias entre tales reglas, desean que las instituciones de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competen- cias sobre la base de los Tratados que las han constituido, se esfuercen, cuando proceda, por adoptar normas conflictuales que, en lo posible, estén en armonía con las del Convenio; II. declaran su intención de proceder, desde la forma del Convenio y a la espera de quedar vinculadas por el artículo 24 del Convenio, a consultas recíprocas en el caso de que uno de los Estados firmantes desease formar parte de un convenio a que debiera aplicarse el procedimiento previsto en el citado artículo; III. considerando la contribución del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales a la unificación de las normas conflictuales en el seno de las Comunidades Europeas, expresan la opinión de que todo Estado que son convierta en miembro de las Comunidades Europeas debería adherirse a este Convenio. En fe de lo cual, los abajo firmantes debidamente autorizados a este fin, suscriben la presente Declaración común. Hecho en Roma, el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta. [Firmas de los plenipotenciarios] C 27/46 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 DECLARACIÓN COMÚN Los gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de Irlanda, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el momento de la firma del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractua- les, deseando asegurar una aplicación lo más eficaz posible a sus disposiciones, preocupados por evitar que las divergencias en la interpretación del Convenio perjudiquen su carácter unitario, se declaran dispuestos: 1. a examinar la posibilidad de atribuir ciertas competencias al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y a negociar, en su caso, un acuerdo a este fin; 2. a establecer contactos periódicos entre sus representantes. En fe de lo cual, los abajo firmantes debidamente autorizados a este fin, suscriben la presente Declaración común. Hecho en Roma, el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta. [Firmas de los plenipotenciarios] 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/47 PRIMER PROTOCOLO (1) relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, REFIRIÉNDOSE a la Declaración común anexa al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, HAN DECIDIDO celebrar un Protocolo que atribuya competencia al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para la interpretación de dicho Convenio y han designado con tal fin como plenipotenciarios: [Plenipotenciarios designados por los Estados miembros] QUIENES, reunidos en el seno del Consejo de las Comunidades Europeas, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, HAN CONVENIDO EN LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES: Artículo 1 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse sobre la interpretación: a) del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, en lo sucesivo denominado «el Conve- nio de Roma»; b) de los Convenios relativos a la adhesión al Convenio de Roma de los Estados que hayan pasado a ser miembros de las Comunidades Europeas después de la fecha de su apertura a la firma; c) del presente Protocolo. Artículo 2 Cualquiera de los órganos jurisdiccionales contemplados a continuación podrá solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre una cuestión planteada en un asunto pendiente ante él, relativa a la interpretación de las disposiciones de los instrumentos mencionados en el artículo 1, cuando dicho órgano jurisdiccional considere necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo: a) — en Bélgica: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) y le Conseil d’État (de Raad van State), — en Dinamarca: Højesteret, — en la República Federal de Alemania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes, — en Grecia: ΤÆ Æνω(cid:139) (cid:244)Æ(cid:244)Æ ∆ØκÆ(cid:243)(cid:244)η(cid:139) ρØÆ, — en España: el Tribunal Supremo, — en Francia: la Cour de cassation y le Conseil d’État, — en Irlanda: the Supreme Court, — en Italia: la Corte suprema di cassazione y el Consiglio di Stato, — en Luxemburgo: la Cour Supérieure de Justice siégant comme Cour de cassation, — en Austria: el Oberste Gerichtshof, el Verwaltungsgerichtshof y el Verfassungsgerichtshof, — en los Países Bajos: de Hoge Raad, — en Portugal: (1) Texto tal como ha sido modificado por el Convenio de adhesión de 1996. o Supremo Tribunal de Justiça o Supremo Tribu- nal Administrativo, C 27/48 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 — en Finlandia: korkein oikeus/högsta domstolen, korkein ha- llinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, mark- kinatuomioistuin/marknadsdomstolen, y el työtuo- mioistuin/arbetsdomstolen, — en Suecia: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdoms- tolen y Marknadsdomstolen, — en el Reino Unido: the House of Lords y las demás jurisdicciones cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso; b) los órganos jurisdiccionales de los Estados contratan- tes cuando decidan en apelación. Artículo 3 1. La autoridad competente de un Estado contratante podrá solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación de las disposiciones de los instrumentos mencionados en el artículo 1 si los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro hubie- sen dictado sentencias que estuvieren en contradicción con la interpretación dada por el Tribunal de Justicia o con la sentencia de un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante mencionado en el artículo 2. Lo dispuesto en el presente apartado solamente se aplicará a las sentencias firmes. 2. La interpretación que dé el Tribunal de Justicia como consecuencia de una solicitud de esta índole no afectará a las sentencias que dieron lugar a que le fuese solicitada dicha interpretación. 3. Serán competentes para presentar al Tribunal de Justicia una solicitud de interpretación con arreglo al apartado 1 los Fiscales Generales de los Tribunales de Casación de los Estados contratantes o cualquier otra autoridad designada por un Estado contratante. 4. El Secretario del Tribunal de Justicia notificará la solicitud a los Estados contratantes, al Consejo y a la Comisión de las Comunidades Europeas quienes, en un plazo de dos meses a partir de dicha notificación, podrán presentar ante el Tribunal de Justicia memorias y obser- vaciones escritas. 5. El procedimiento contemplado en el presente artícu- lo no dará lugar a la percepción o al reembolso de costas ni de gastos procesales. Artículo 4 En la medida en que el presente Protocolo no 1. disponga otra cosa, las disposiciones del Tratado consti- tutivo de la Comunidad Económica Europea y las del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anexo al mismo, que son aplicables cuando el Tribunal de Justicia debe pronunciarse con carácter prejudicial, se aplicarán asimismo al procedimiento de interpretación de los instrumentos mencionados en el artículo 1. El Reglamento de procedimiento del Tribunal de 2. Justicia será adaptado y completado, si fuere necesario, de conformidad con el artículo 188 del Tratado constitu- tivo de la Comunidad Económica Europea. Artículo 5 (1) El presente Protocolo será sometido a ratificación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas. Artículo 6 (2) 1. Para entrar en vigor, el presente Protocolo deberá ser ratificado por siete Estados para los que esté en vigor el Convenio de Roma. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al de depósito del instrumento de ratificación por parte del Estado que proceda en último término a dicha formalidad. No obs- tante, si el Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas deter- minadas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones con- tractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, celebrado en Bruselas, el 19 de diciembre de 1988 (3), entrare en vigor en una fecha posterior, el presente Protocolo también entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor del Segundo Protocolo. 2. Toda ratificación posterior a la entrada en vigor del presente Protocolo surtirá efecto el primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación, siempre que la ratificación, la aceptación o la aprobación del Convenio de Roma por parte del Estado en cuestión haya pasado a ser efectiva. Artículo 7 (4) El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios: a) el depósito de cualquier instrumento de ratificación; b) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo; c) d) las designaciones comunicadas en aplicación del apar- tado 3 del artículo 3; las comunicaciones efectuadas en aplicación del artículo 8. Artículo 8 Los Estados contratantes comunicarán al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas los textos de sus disposiciones legales que impliquen modifi- cación de la lista de órganos jurisdiccionales designados en la letra a) del artículo 2. (1) Véase la nota 2 a pie de página, p. 41. (2) Véase la nota 3 a pie de página, p. 41. (3) Véase la página 44. (4) Véase la nota 2 a pie de página, p. 42. 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/49 Artículo 9 Artículo 11 (1) El presente Protocolo surtirá efecto mientras esté en vigor el Convenio de Roma, en las condiciones contempladas en su artículo 30. Artículo 10 Cada Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Protocolo. En tal caso, el Presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una conferencia de revisión. El presente Protocolo, redactado como un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, cuyos diez textos son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario General remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los contra- tos de los Estados signatarios. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. [Firmas de los plenipotenciarios] (1) Véase la nota 4 a pie de página, p. 42. C 27/50 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 DECLARACIONES COMUNES Declaración común Los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, de la República Federal de Alemania, de la República Helénica, del Reino de España, de la República Francesa, de Irlanda, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, de la República Portuguesa y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte En el momento de la firma del Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractua- les, abierto a la firma en Roma el día 19 de junio de 1980, Deseosos de garantizar una aplicación tan eficaz y uniforme como sea posible de sus disposiciones, Se declaran dispuestos a organizar, conjuntamente con el Tribunal de Justicia de las Comunida- des Europeas, un intercambio de informaciones sobre las sentencias firmes, dictadas en aplicación del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales por los órganos jurisdiccionales mencionados en el artículo 2 del mencionado Protocolo. El intercambio de informaciones abarcará: — la transmisión al Tribunal de Justicia, por parte de las autoridades nacionales competentes, de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales mencionados en la letra a) del artículo 2, y de las sentencias más importantes dictadas por los órganos jurisdiccionales contemplados en la letra b) del artículo 2; — la clasificación y la utilización documental de dichas sentencias por el Tribunal de Justicia, incluidos, si fueren necesarios, compendios y traducciones, así como la publicación de las sentencias especialmente importantes; — la comunicación por el Tribunal de Justicia de la documentación a las autoridades nacionales competentes de los Estados que forman parte del Protocolo, así como al Consejo y a la Comisión de las Comunidades Europeas. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Declaración común. Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. [Firmas de los plenipotenciarios] 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/51 Declaración común Los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de Dinamarca, de la República Federal de Alemania, de la República Helénica, del Reino de España, de la República Francesa, de Irlanda, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, de la República Portuguesa y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte En el momento de la firma del primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, Refiriéndose a la Declaración común anexa al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, Deseosos de garantizar una aplicación tan eficaz y uniforme como sea posible de sus disposiciones, Preocupados por evitar que las divergencias de interpretación del Convenio perjudiquen su carácter unitario, Consideran que cualquier Estado que se convierta en miembro de las Comunidades Europeas debería adherirse al presente Protocolo. En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos han estampado sus firmas en la presente Declaración común. Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. [Firmas de los plenipotenciarios] C 27/52 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 26. 1. 98 SEGUNDO PROTOCOLO por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, CONSIDERANDO que el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, denominado en adelante «el Convenio de Roma», entrará en vigor una vez depositado el séptimo instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación; CONSIDERANDO que la aplicación uniforme de las normas fijadas por el Convenio de Roma requiere el establecimiento de un mecanismo que garantice la uniformidad de su interpretación y que, a tal efecto, conviene atribuir competencias adecuadas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aun antes de que el Convenio de Roma entre en vigor con respecto a la totalidad de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea; HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo y han designado con tal fin como plenipotenciarios: [Plenipotenciarios designados por los Estados miembros] QUIENES, reunidos en el seno del Consejo de las Comunidades Europeas, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: Artículo 1 serán depositados en poder del Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas. 1. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- peas tendrá, con respecto al Convenio de Roma, las competencias que le confiere el Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley aplica- ble a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (1), celebrado en Bruselas el 19 de diciembre de 1988. El Protocolo sobre el Estatuto del trabajador de las Comunidades Europeas y el Regla- mento de procedimiento del Tribunal de Justicia serán aplicables. El representante de procedimiento del Tribunal de 2. Justicia se adaptará y completará, si fuere necesario, con arreglo al artículo 188 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Artículo 2 (2) El presente Protocolo será sometido a ratificación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación Artículo 3 (3) El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de ratifi- cación del Estado signatario que proceda a dicha formali- dad en último lugar. Artículo 4 (4) El presente Protocolo, redactado en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, cuyos diez textos son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario General remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Gobier- nos de los Estados signatarios. (1) Véase la página 34. (2) Véase la nota 2 a pie de página, p. 41. (3) Véase la nota 3 a pie de página, p. 41. (4) Véase la nota 4 a pie de página, p. 42. 26. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27/53 En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos han estampado sus firmas en el presente Protocolo. Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. [Firmas de los plenipotenciarios]


title: COMMON POSITION (EC) No 10/98 adopted by the Council on 26 January 1998 with a view to adopting Decision No 98/../EC of the European Parliament and of the Council establishing a programme of Community action to improve the indirect taxation systems of the internal market (Fiscalis programme)

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EU programme
action programme
fiscal policy
project evaluation
single market
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text: C 62/38 EN Official Journal of the European Communities 26. 2. 98 COMMON POSITION (EC) No 10/98 adopted by the Council on 26 January 1998 with a view to adopting Decision No 98/. /EC of the European Parliament and of the Council establishing a programme of Community action to improve the indirect taxation systems of the internal market (Fiscalis programme) (98/C 62/04) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 100a thereof, Having regard to the proposal from the Commission (1), Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2), Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189b of the Treaty (3), (1) Whereas in the internal market, the effective, uniform and efficient application of Community law is essential for the functioning of indirect taxation systems, in particular for the protection of national and Community interests through combating tax evasion and tax avoidance, avoiding distortions of competition and reducing burdens on administrations and taxpayers; financial (2) Whereas achieving this effective, uniform and efficient application is a matter for the Community in partnership with the Member States; whereas, although the Member States bear the greater responsibility in terms of resources, there is a significant role for the Community to play in providing an infrastructure and the necessary stimulus; (3) Whereas in order to ensure uniform application of that officials Community responsible for indirect taxation have a high common standard of understanding of Community law and its implementation in the Member States; is essential law it (1) OJ C 177, 11. 6. 1997, p. 8. (2) OJ C 19, 21. 1. 1998, p. 48. (3) Opinion of the European Parliament of 20 November 1997 (not yet published in the Official Journal), Council Common Position of 26 January 1998 and Decision of the European Parliament of in the Official. (not yet published Journal). whereas such a standard can be achieved only through effective initial and continuous training the Member States; whereas provided by supplementary Community action is useful to coordinate and foster such training; (4) Whereas and effective efficient, extensive cooperation among Member States and between them and the Commission is important for the functioning of the indirect taxation systems of the internal Community infrastructure for communication and information exchange is indispensable in order to achieve this the an objective; whereas Community makes it easier to reach a sufficient level of cooperation; whereas impetus market; from (5) Whereas continuing improvement of administrative procedures is essential for the functioning of the indirect taxation systems of the internal market; whereas, although the primary responsibility for achieving this rests with the Member States, supplementary Community action is needed to coordinate and stimulate such improvement; (6) Whereas, therefore, in accordance with the principles of subsidiarity and of proportionality set out in Article 3b of the Treaty, the objectives of the measures laid down in this Decision cannot all be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level; whereas this Decision does not go beyond what is necessary for this purpose; (7) Whereas the operation of information-exchange systems at Community level in the field of indirect taxation, in particular the system relating to VAT (VIES) referred to in Council Regulation (EEC) No 218/92 of 27 January 1992 on administrative cooperation indirect taxation (VAT) (4) has shown the value of information in the field of (4) OJ L 24, 1. 2. 1992, p. 1. 26. 2. 98 EN Official Journal of the European Communities C 62/39 technology in protecting revenue while minimising administrative burdens; whereas those systems have proved to be essential tools of cooperation which have also stimulated greater cooperation among Member States; (8) Whereas communcation and information-exchange systems should be set up and their operation ensured in accordance with the changing needs of indirect taxation systems so as to ensure ongoing cooperation; (9) Whereas the experience gained by the Community from the programme established by Council Decision 93/588/EEC of 29 October 1993 on the adoption of a programme of Community action on the subject of the vocational training of indirect taxation officials (Matthaeus-tax) (1) and from multilateral control exercises has shown that exchanges, seminars and multilateral control exercises could achieve the objectives of the programme by bringing officials from different national in work activities; whereas those activities should therefore be continued; administrations together administrations, (10) Whereas seminars constitute an ideal framework for the exchange of ideas between officials of national Commission representatives and, if necessary, other indirect taxation experts; whereas suggestions may emerge legal from such seminars for instruments in force and facilitating cooperation between administrations with a view to enabling national indirect taxation systems to converge; improving the (11) Whereas the from gained experience the Matthaeus-tax programme has indicated that the coordinated development and implementation of a common training programme such as the one established by Commission Decision 95/279/EC of 12 July 1995 laying down certain provisions for implementing Council Decision 93/588/EEC on the adoption of a programme of Community action on the subject of the vocational training of indirect taxation officials (2) could achieve the objectives of this programme, in particular in achieving a higher common standard of understanding of Community law; whereas training programmes should be developed further in areas to be defined by the Commission and the Member States; whereas the Member States should therefore ensure that all their officials receive the initial training and regular continuous training envisaged by the common training programmes; (12) Whereas a sufficient standard of linguistic competence on the part of indirect taxation officials has proved to be essential to facilitate cooperation; whereas Member States should therefore provide the necessary language training for their officials; (13) Whereas the programme should be open to the participation of the associated countries of Central and Eastern Europe; whereas the programme should also be open to the participation of Cyprus; (14) Whereas the financing of the programme should be shared between the Community and Member States, and the Community contribution should appear in the general budget of the European Communities (part two, section III, Commission); (15) Whereas this Decision lays down, for the entire duration of the programme, a financial framework constituting the principal point of reference, within the meaning of point 1 of the Declaration by the the European Parliament, the Council and the Commission of 6 March 1995 on incorporation into provisions financial legislative acts (3), for the budgetary authority during the annual budgetary procedure, of HAVE ADOPTED THIS DECISION: Article 1 Fiscalis programme A multiannual Community action programme (Fiscalis) hereinafter referred to as ‘the programme’, is hereby established for the period 1 January 1998 to 31 December 2002 to improve the functioning of the indirect taxation systems of the internal market. It shall comprise the areas of action referred to in Articles 4, 5 and 6. (1) OJ L 280, 13. 11. 1993, p. 27. (2) OJ L 172, 22. 7. 1995, p. 24. (3) OJ C 102, 4. 4. 1996, p. 4. C 62/40 EN Official Journal of the European Communities 26. 2. 98 Article 2 Definitions Article 4 Communication and information-exchange systems, manuals and guides For the purposes of this Decision: (a) ‘indirect taxation’ means those indirect taxes which come within the scope of Community legislation; (b) ‘administration’ means the public authorities Member States responsible for indirect taxation; in (c) ‘official’ means an official of an administration responsible for the application of Community or national law, regulations or procedures relating to indirect taxation; (d) ‘exchange’ means a working visit organised under the programme in the Community interest of an official from an administration in another Member State; (e) ‘multilateral controls’ means collaboration of at least three administrations to integrate and coordinate their controls of taxable persons having indirect tax obligations in the Member States concerned, within the Community legal framework for cooperation; (f) ‘the Community legal framework for cooperation’ means the body of Community legislation which provides for mutual assistance and administrative cooperation between Member States on indirect taxation. 1. The Commission and Member States shall ensure that such existing communication and information-exchange systems, manuals and guides as they consider necessary are operational. They shall establish and keep operational such new communication and information-exchange systems, manuals and guides as they consider necessary. 2. The Community components of the communication and information-exchange systems shall be the hardware, software and network connections, which must be common to all Member States so as to ensure the interconnection and interoperability of the systems, whether they be installed at the premises of the Commission (or a designated subcontractor) or at premises of Member a designated subcontractor). States (or of components non-Community 3. The the communication and information-exchange systems shall comprise the national databases forming a part of these systems, the Community and non-Community components and such software and hardware as each Member State shall deem appropriate for the full operation of those systems throughout its administration. connections between the network Article 3 Objectives Article 5 Exchanges, seminars and multilateral controls The objectives of the programme shall be to reinforce, through Community action, the efforts of Member States: (a) to enable officials to achieve a high common standard of understanding of Community law, in particular in the its implementation in Member States; taxation, and of field of indirect (b) to secure efficient, effective and extensive cooperation among Member States and between them and the Commission; (c) to the ensure of continuing administrative procedures to take account of the needs of administrations and taxpayers through the development and dissemination of good adminstrative practices. improvement 1. The Commission and Member States shall organise exchanges of officials. The exchanges may vary in length, depending on the case, but may not exceed six months. Each exchange shall be targeted on a particular work activity and shall be sufficiently prepared and evaluated afterwards by administrations concerned. the officals and The Member States shall take the necessary steps to enable exchange officials to play an effective part in the host administration’s activities and to this end such officials shall be authorised to carry out the tasks relating to the duties entrusted to them by the host administration in accordance with its legal system. During the exchange, the civil liability of the exchange official in the performance of his duties shall be treated in the host the same way as that of officials of 26. 2. 98 EN Official Journal of the European Communities C 62/41 administration. Exchange officials shall be bound by the same rules of professional secrecy as national officials. Article 7 Participation of the associated countries 2. The Commission and the Member States shall organise seminars to be attended by officials from the administrations, Commission representatives and, if necessary, other indirect taxation experts. 3. The Commission and the Member States may, within the Committee referred to in Article 11, choose, for experimental purposes, from among the multilateral controls organised by the Member States within the Community legal framework for cooperation those whose costs are to be borne by the Community in accordance with Article 8. The participating Member States shall send reports and evaluations concerning such controls to the Commission and to the Member States. The programme shall be open to the participation of the associated countries of Central and Eastern Europe in accordance with the conditions laid down in the Europe Agreements and the additional Protocols relating to their participation in Community programmes and in so far as Community law on indirect taxation so permits. The programme shall also be open to the participation of Cyprus in so far as Community law on indirect taxation permits. Article 8 Expenditure Article 6 Common training initiative 1. The expenditure necessary for implementation of the programme shall be divided between the Community and Member States in accordance with paragraphs 2 and 3. 2. The Community shall bear the following: 1. In order to encourage structured cooperation between national training bodies and officials responsible for training in indirect taxation in administrations, Member States shall, in cooperation with the Commission: (a) develop existing training programmes and, where necessary, devise new programmes to provide a common core of training for officals so as to enable them to acquire the necessary common professional skills and knowledge; (b) where appropriate, open the training courses in indirect taxation provided by each Member State for its own officials to officials from all Member States; (c) develop the necessary common tools for indirect taxation training, including linguistic training tools. 2. Member States shall ensure that their officials receive the initial and continuous training necessary to acquire the common professional skills and knowledge in accordance with the common training programmes and the linguistic training necessary for those officials to attain a sufficient standard of linguistic competence. In accordance with Article 12(2), they shall inform the Commission of the content and amount of training that they provide for their officials. (a) the travel and subsistence expenses of officials participating in another Member State in the activities provided for in Article 5, the travel and subsistence expenses of the other indirect taxation experts participating in the seminars provided for in Article 5(2), and the organisation of the seminars; the costs likewise relating to (b) the cost of the development of the indirect taxation training tools provided for pursuant to Article 6(1)(c) and the manuals and guides provided for pursuant to Article 4(1); communication (c) the cost of the development, purchase, installation and maintenance of the Community components of information-exchange and the systems provided for in Article 4(2) and the cost of the Community the day-to-day operation of components the Commission (or a designated subcontractor); the premises of installed at (d) the cost of studies to be carried out, if necessary, by third parties on the impact of the programme, while guaranteeing the confidentiality of the data. 3. Member States shall bear the following: C 62/42 EN Official Journal of the European Communities 26. 2. 98 (a) the costs relating to the initial and continuing training of their officials and to the linguistic training of their officials as provided for in Article 6. Member States shall bear the costs relating to the participation of in any extra activities organised their officials pursuant to Article 5, over and above those borne by the Community; the non-Community (b) the costs relating to the establishment and functioning the of communication and information-exchange systems provided for in Article 4(3) and the cost of the day-to-day operation of the Community components of those systems installed at their premises (or those of a designated subcontractor). components of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The Chairman shall not vote. 3. (a) The Commission shall adopt measures which shall apply immediately. (b) However, if these measures are not in accordance with the opinion of the Committee, they shall be communicated by the Commission to the Council forthwith. In that event: Article 9 Financial framework The financial framework for the implementation of the programme for the period 1 January 1998 to 31 December 2002 is hereby set at ECU 40 million. The annual appropriations shall be authorised by the budgetary authority within the limits of the financial perspective. Article 10 Implementation The measures necessary for carrying out this programme shall be adopted by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 11. The implementing measures shall not affect Community provisions governing collection and control and administrative cooperation and mutual assitance in the field of indirect taxation. Article 11 Committee 1. The Commission shall be assisted by the Standing Committee on Administrative Cooperation in the field of Indirect Taxation established by Article 10 of Regulation (EEC) No 218/92. 2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the Chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148(2) of — the Commission shall defer application of the measures which it has decided for a period of of from three months communication, date the — the Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within the time limit referred to in the first indent. 4. In addition to the measures referred to in Article 10, the Committee shall consider matters raised by its Chairman, either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State, concerning the application of this Decision. Article 12 Evaluation 1. The programme shall be subject to continuous evaluation, carried out jointly by the Commission and Member States. The evaluation shall be effected on the basis of the reports referred to in paragraphs 2 and 3. 2. Member States shall forward to the Commission: (a) by 30 June 2000 at the latest, an interim report; (b) by 31 December 2002 at the latest, a final report on the implementation and impact of the the programme. 3. The Commission shall submit to the European Parliament and to the Council: (a) by 30 June 2001 at the latest a communication, drawn up on the basis of the Member States’ interim reports, on the programme, accompanied, if necessary, by a suitable proposal; the desirability of continuing 26. 2. 98 EN Official Journal of the European Communities C 62/43 (b) by 30 June 2003 at the latest, a final report on the It shall apply from 1 January 1998. implementation and impact of the programme. The reports shall also be forwarded to the Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions for information. Article 14 Addressees This Decision is addressed to the Member States. Article 13 Entry into force Done at. ,. This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities. For the European Parliament For the Council The President The President C 62/44 EN Official Journal of the European Communities 26. 2. 98 STATEMENT OF THE COUNCIL’S REASONS I. INTRODUCTION 1. On 13 May 1997 the Commission submitted a proposal, based on Article 100a of the Treaty, for a European Parliament and Council Decision establishing a programme of Community action to reinforce the functioning of the indirect taxation systems of the internal market (Fiscalis programme). 2. The European Parliament and the Economic and Social Committee delivered their opinions on 20 November 1997 and 29 October 1997 respectively. The Commission submitted its amended proposal on 26 November 1997. 3. The Council adopted its common position, in accordance with Article 189b of the Treaty, on 26 January 1998. II. PURPOSE The purpose of the proposal is to contribute to the effective, uniform and efficient application of Community provisions on indirect taxation (first recital) and thus to reinforce the functioning of the indirect taxation systems of the internal market (Article 1). To the above end the Commission proposes a Community action programme lasting five years (1 January 1998 to 31 December 2002), called the Fiscalis programme (Article 1) with the purpose of reinforcing through Community action, chiefly by contributing to their funding, the efforts of Member States: (a) to achieve a high level of common understanding among officials of Community law, in particular in the field of indirect taxation, and its implementation in Member States; (b) to secure efficient, effective and extensive cooperation among Member States and between them and the Commission; (c) to ensure the continuing improvement of administrative procedures to take account of the needs of administrations and taxpayers through the development and dissemination of administrative best practice. It is also a matter of developing the technical infrastructure for communicating and exchanging information which, according to the Commission, plays a major role in reinforcing VAT and excise duty systems. The data-transmission infrastructure in question already exists in part in the form of the VIES, SCENT and SEED systems, which were developed and financed in the framework of the IDA programme adopted by the Council on 6 November 1995. The IDA programme expires at the end of 1997. The Fiscalis system is to replace the IDA programme in the field of indirect taxation and provide a new legal and budget basis for continuing the VIES, SEED and EMVS systems and facilitate the establishment of new systems in the future. However, the nature of the action is still the same: essentially its aim is to ensure at technical level the interconnection and interoperability of national data-transmission networks in the specific field of indirect taxes. The production of manuals and guides necessary for the smooth functioning of interconnected systems is to be regarded as an ancillary activity indissociable from that task. 26. 2. 98 EN Official Journal of the European Communities C 62/45 III. ANALYSIS OF THE COMMON POSITION The text was considerably recast during the discussion. The common position differs from the original Commission proposal on a number of points: — it should be clear that the objective of the Fiscalis programme is to ensure better coordination on the part of the Member States’ tax authorities. The indirect taxes more directly concerned are those managed by the Member States and their officials (Article 2), — the Commission and Member States are to ensure the functioning of existing communication and information exchange systems, manuals and guides. New systems, manuals and guides are to be established if they are considered necessary (Article 4), — the exchanges of officials organised by the Commission and the Member States may not be for longer than six months (Article 5), — Member States are to cooperate with the Commission in order to encourage cooperation between national training bodies and officials responsible for training in indirect taxation in administrations (Article 6), — the Community is to bear the cost of studies to be carried out by third parties on the impact of the programme, while guaranteeing the confidentiality of the data (Article 8), — the financial framework for the implementation of the programme may not exceed ECU 40 million for the period from 1 January 1998 to 31 December 2002 (Article 9), — the standing Committee to assist the Commission in the implementation of the programme will have to act as an ad hoc management committee in accordance with procedure II (b) laid down in the Council Decision on ‘commitology’ (Decision 87/373/EEC). IV. AMENDMENTS PROPOSED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT 1. European Parliament amendments adopted in full or in part by the Council and the Commission The substance of amendment 1 (recital 7) was accepted because the information exchange systems do not only cover VAT. It was accordingly specified that the information exchange systems involved are ‘in the field of indirect taxation’. Amendment 2 (recital 10) was accepted as it helps to underline the role and importance of seminars in enabling national indirect taxation systems to converge. The substance of amendment 5 (Article 2(d)) was accepted, as Article 6(1)(b) stipulates that Member States are to open the training courses in indirect taxation provided for their own officials to officials from all Member States, where appropriate. Amendment 6 (Article 2(e)) was adopted, given that the definition of bilateral controls was no longer necessary owing to an amendment to Article 5(3). Amendment 7 (Article 3(a)) was adopted because the programme relates in particular to the field of indirect taxation. C 62/46 EN Official Journal of the European Communities 26. 2. 98 Amendment 8 (Article 4(1)) was adopted, subject to a drafting amendment so that existing communication and information exchange systems, manuals and guides could be maintained where they were useful or amended or new ones established where necessary. Amendment 9 (Article 5(1)) was adopted, as it was considered reasonable both because exchanges of officials must not be for longer than six months and because exchanges were to be evaluated not only by the officials but also by the administrations concerned. The substance of amendment 10 (Article 5(2)) was accepted to allow indirect taxation experts other than officials from the national administrations and the Commission to attend seminars. The substance of amendment 11 (Article 5(3)) was accepted in so far as a choice would have to be made as to which exercises would be paid for by the Community if the number of applications ruled out financing all of them. Amendment 12 (Article 6) was accepted only in part. Hence, it was accepted that the development of training programmes and the devising of new programmes should be carried out by the Member States in cooperation with the Commission; however, instead of establishing a network for cooperation with the institutions responsible for training officials, the Council felt that it would be more desirable to encourage cooperation between training bodies and officials responsible for training in national administrations. — The new subparagraph (a) in paragraph 1 proposed by the European Parliament was not accepted. It was felt that the stipulation of the knowledge required, including the languages which officials must know, was a matter for individual Member States, — the new subparagraph (b) in paragraph 1 proposed by the European Parliament was reproduced in subparagraph 1(a), which stipulates that existing programmes must be developed and if necessary new training programmes devised to provide a common core of training, — the substance of the new subparagraph (c) proposed by the European Parliament was reproduced in subparagraph 1(b), as indicated above under amendment 5, — the new subparagraph (d) in paragraph 1 proposed by the Parliament was accepted and included in subparagraph (c), which states that Member States, — in cooperation with the Commission, may develop the necessary common tools for indirect taxation training, including linguistic training tools, — the new subparagraph (e) in paragraph 1 was not accepted. It was felt that the training of officials was a matter for Member States and should not be analysed by the other Member States or the Commission, — the amendment to paragraph 2 was accepted. It was added that officials should receive the necessary language training for them to attain a sufficient standard of linguistic competence. Amendment 13 (Article 8(2)(d)) was reproduced almost in whole, while guaranteeing the confidentiality of data. Amendment 14 (Article 10) was accepted because it helped clarify that the measures involved were measures for carrying out the programme. 26. 2. 98 EN Official Journal of the European Communities C 62/47 Amendment 15 (Article 12(3)(b)) was accepted because it is important that the Commission, in its report to the European Parliament and the Council, give information on the impact of the programme. 2. European Parliament amendments accepted by the Commission but not by the Council Amendment 3 (recital 11) was rejected as the Council only adopted part of amendment 12. Amendment 4 (recital 12) was not accepted, as the programme covered only indirect taxation, not customs. The oral amendment referring to Article 4(2) was not accepted. It was felt that if the need for recourse to subcontractors were to arise the financial provisions in force would obviously have to be complied with. The oral amendment referring to Article 7 was not accepted. It was pointed out that under the conditions laid down in the Europe Agreements or in the additional Protocols relating to the participation of associated countries in Community programmes, the costs involved in such participation could not be covered from the funds earmarked for such programmes. The oral amendment referring to Article 9 was not accepted. It was considered adequate, as regards the financial framework, to state that the annual authorisations would be authorised by the budgetary authority within the limits of the financial perspective. V. AMENDMENTS MADE BY THE COUNCIL WHICH WERE PROPOSED BY NEITHER THE EUROPEAN PARLIAMENT NOR THE COMMISSION In Article 9, the financial framework was reduced to ECU 40 million. Such a sum was regarded as sufficient for attaining the objectives laid down in the programme. In Article 10, additional clarification was added to indicate the limits of such implementing measures, as the provisions governing collection, control, administrative cooperation and mutual assistance in the field of indirect taxation were dealt with in a separate legal framework. In Article 11, it was felt that the Committee responsible for assisting the Commission as regards administrative cooperation in the field of indirect taxation should deliver its opinions by qualified majority in accordance with procedure II(b) of the Council Decision on ‘commitology’ (Decision 87/373/EEC — Management Committee). It was felt that a mere ‘advisory’ committee as proposed by the Commission would not be appropriate for the tasks entrusted to it by this programme


title: Komission asetus (EY) N:o 203/98, annettu 26 päivänä tammikuuta 1998, maataloustuotteiden jalostuksessa syntyneitä tavaroita koskevan tuontijärjestelmän soveltamiseksi tarvittavista analyysimenetelmistä ja muista teknisistä säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 4154/87 muuttamisesta

eurovoc_concepts:
analytical chemistry
customs regulations
fats
milk
milk fat
product quality

text: L 21/6 ‹ FI ‹ Euroopan yhteis(cid:148)jen virallinen lehti 28. 1. 98 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 203/98, annettu 26 p(cid:132)iv(cid:132)n(cid:132) tammikuuta 1998, maataloustuotteiden jalostuksessa syntyneit(cid:132) tavaroita koskevan tuontij(cid:132)rjes- telm(cid:132)n soveltamiseksi tarvittavista analyysimenetelmist(cid:132) ja muista teknisist(cid:132) s(cid:132)(cid:132)nn(cid:148)ksist(cid:132) annetun asetuksen (ETY) N:o 4154/87 muuttamisesta EUROOPAN YHTEIS(cid:153)JEN KOMISSIO, joka ON ANTANUT T(cid:142)M(cid:142)N ASETUKSEN: ottaa huomioon Euroopan yhteis(cid:148)n perustamissopimuk- sen, Korvataan asetuksen (ETY) N:o 4154/87 2 artiklan 3 kohta seuraavasti: 1 artikla ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeist(cid:148)st(cid:132) ja yhtei- sest(cid:132) tullitariffista 23 p(cid:132)iv(cid:132)n(cid:132) hein(cid:132)kuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2509/97 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan, a) Jollei j(cid:132)ljemp(cid:132)n(cid:132) alakohdan s(cid:132)(cid:132)nn(cid:148)ksist(cid:132) muuta johdu, sellaisenaan olevan tavaran maitorasvapitoi- suus on m(cid:132)(cid:132)ritett(cid:132)v(cid:132) vetykloridihapolla tapahtuvan hydrolyysin j(cid:132)lkeen tapahtuvalla uuttomenetel- m(cid:132)ll(cid:132). ”3. Maitorasvapitoisuus: sek(cid:132) katsoo, ett(cid:132) on muutettava komission asetus (ETY) N:o 4154/87 (4) maitorasvojen m(cid:132)(cid:132)ritt(cid:132)miseksi k(cid:132)ytetyn menetelm(cid:132)n osalta sellaisten tavaroiden yhteis(cid:148)st(cid:132) tapahtuvan viennin yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, joihin sovelle- taan neuvoston asetusta (EY) N:o 3448/93(3), laboratorioiden kyseisest(cid:132) m(cid:132)(cid:132)ritt(cid:132)misest(cid:132) suorittamien tutkimusten ja kokeiden perusteella t(cid:132)m(cid:132)n asetuksen 1 artiklassa tarkoitettu menettely vaikuttaa tarkoituksenmukaisimmalta menettelylt(cid:132), vastaavien ja b) Kun tavaran koostumuksesta ilmoitetaan my(cid:148)s sovelletaan kuin maitorasvoja, muita rasvoja seuraavaa menettely(cid:132): — m(cid:132)(cid:132)ritet(cid:132)(cid:132)n edell(cid:132) alakohdan mukaisesti sellaisenaan olevan tavaran kokonaisrasvapitoi- suus painoprosentteina, a — maitorasvat m(cid:132)(cid:132)ritet(cid:132)(cid:132)n k(cid:132)ytt(cid:132)en petrolieette- rill(cid:132) tapahtuvaa uuttomenetelm(cid:132)(cid:132), jota edelt(cid:132)(cid:132) vetykloridihapolla tapahtuva hydrolyysi ja jota edelleen seuraa rasvahappojen metyylieste- reiden k(cid:132)ytt(cid:148) kaasukromatografiaan. Jos maito- rasvoja havaitaan, niiden suhteellinen osuus lasketaan kertomalla metyylibutyraatin suhteel- linen osuus 25:ll(cid:132), ja n(cid:132)in saatu arvo kerrotaan sellaisenaan olevan tavaran kokonaisrasvapitoi- suuden painoprosentilla ja jaetaan 100:lla. ” 2 artikla t(cid:132)ss(cid:132) asetuksessa s(cid:132)(cid:132)detyt toimenpiteet ovat tullikoodeksi- komitean tariffi- ja tilastonimikkeist(cid:148)jaoston lausunnon mukaiset, T(cid:132)m(cid:132) asetus tulee voimaan kahdentenakymmenenten(cid:132)- ensimm(cid:132)isen(cid:132) p(cid:132)iv(cid:132)n(cid:132) sen j(cid:132)lkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteis(cid:148)jen virallisessa lehdess(cid:132). T(cid:132)m(cid:132) asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, j(cid:132)senvaltioissa. ja sit(cid:132) sovelletaan sellaisenaan kaikissa Tehty Brysseliss(cid:132) 26 p(cid:132)iv(cid:132)n(cid:132) tammikuuta 1998. Komission puolesta Mario MONTI Komission j(cid:132)sen (1) EYVL L 256, 7. 9. 1987, s. 1 (2) EYVL L 345, 16. 12. 1997, s. 44 (3) EYVL L 318, 20. 12. 1993, s. 18 (4) EYVL L 392, 31. 12. 1987, s. 19


title: 98/142/EZ: Odluka Vijeća od 26. siječnja 1998. koja se odnosi na zaključivanje Sporazuma o međunarodnim normama humanog stupičarenja zaključenog između Europske zajednice, Kanade i Ruske Federacije i Prihvaćenog zapisnika između Kanade i Europske zajednice o potpisivanju navedenog Sporazuma

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Canada
USSR
agreement (EU)
hunting regulations
protection of animals
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text: L_1998042HR. 01004001. xml 11/Sv. 126 HR Službeni list Europske unije 73 31998D0142 L 042/40 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE ODLUKA VIJEĆA od 26. siječnja 1998. koja se odnosi na zaključivanje Sporazuma o međunarodnim normama humanog stupičarenja zaključenog između Europske zajednice, Kanade i Ruske Federacije i Prihvaćenog zapisnika između Kanade i Europske zajednice o potpisivanju navedenog Sporazuma (98/142/EZ) VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 113. i 110. a u vezi s prvom rečenicom njegovog članka 228. stavka 2. i prvim podstavkom članka 228. stavka 3. , uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1), uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2), uzimajući u obzir Odluku Vijeća iz lipnja 1996. o utvrđivanju smjernica za vođenje pregovora i ovlašćivanju Komisije za pregovaranje o sporazumu o međunarodnim normama humanog stupičarenja s Kanadom, Ruskom Federacijom, Sjedinjenim Američkim Državama i svakom drugom zainteresiranom državom, budući da se Uredba (EEZ) br. 3254/92 od 4. studenoga 1991. kojom se zabranjuje korištenje stupica u Zajednici i unos u Zajednicu krzna i robe proizvedene od određenih divljih životinjskih vrsta podrijetlom iz zemalja u kojima ih love pomoću stupica ili metoda stupičarenja koje ne zadovoljavaju međunarodne norme humanog stupičarenja (3), a posebno druga alineja njezinog članka 3. stavka 1. , odnosi na međunarodno usuglašene norme humanog stupičarenja s kojima metode stupičarenja koje se koriste u trećim zemljama koje nisu zabranile stupice moraju biti usklađene kako bi te zemlje mogle u Zajednicu izvoziti krzna i proizvode proizvedene od određenih životinjskih vrsta; budući da 1. siječnja 1996. međunarodna norma humanog stupičarenja nije postojala; budući da je takvo stanje značilo da treće zemlje nisu imale načina jamčiti da su metode koje se na njihovom području rabe u lovu pomoću stupice na vrste navedene u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 3254/91 usklađene s međunarodno usuglašenim normama stupičarenja; uzimajući u obzir Uredbu o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3254/91 dostavljenu Vijeću 12. siječnja 1996. ; budući da je Sporazum koji se nalazi u Prilogu ovoj Odluci u skladu s gore spomenutim smjernicama za vođenje pregovora; budući da on, dakle, udovoljava pojmu međunarodno usuglašenih normi humanog stupičarenja koji se spominje u drugoj alineji članka 3. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 3254/91. ; budući da je osnovna svrha Sporazuma utvrditi usklađene tehničke norme koje pružaju dostatnu razinu zaštite dobrobiti životinja uhvaćenih u stupicu i urediti kako proizvodnju tako i uporabu stupica, i strankama olakšati međusobnu trgovinu stupicama, krznom i proizvodima proizvedenim od vrsta koje su obuhvaćene ovim Sporazumom; budući da primjena ovog Sporazuma zahtijeva uspostavljanje terminskog plana za ispitivanje i certifikaciju usklađenosti stupica s normama utvrđenim u Sporazumu te zamjenu stupica koje nisu certificirane; budući da je do stupanja na snagu Sporazuma između sve tri ugovorne stranke nužno da se Sporazum čim prije počne primjenjivati između Kanade i Europske zajednice; budući da Sporazum o međunarodnim normama humanog stupičarenja između Europske zajednice, Kanade i Ruske Federacije i Prihvaćeni zapisnik između Kanade i Europske zajednice koji se odnosi na potpisivanje Sporazuma treba odobriti, ODLUČILO JE: Članak 1. Ovime se odobravaju Sporazum o međunarodnim normama humanog stupičarenja između Europske zajednice, Kanade i Ruske Federacije i Prihvaćeni zapisnik između Kanade i Europske zajednice koji se odnosi na potpisivanje Sporazuma. Tekstovi Sporazuma i Prihvaćenog zapisnika priloženi su ovoj Odluci zajedno s izjavama koje se polažu nakon potpisivanja Sporazuma. Članak 2. Predsjednik Vijeća polaže instrument sklapanja kako je utvrđeno člankom 17. stavkom 2. Sporazuma. Sastavljeno u Bruxellesu 26. siječnja 1998. Za Vijeće Predsjednik R. COOK (1)  SL C 207, 8. 7. 1997. , str. 14. (2)  SL C 14, 19. 1. 1998. (3)  SL L 308, 9. 11. 1991. , str. 1