title: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS t: ft ft <C;ft Bruselas, 25. 03. 1998 COM(1998) 126 final 98/0099 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (presentada por la Comisión) Exposición de motivos 1. INTRODUCCIÓN La morosidad en el pago de deudas contractuales crea dificultades de tesorería y deteriora la rentabilidad y la competitividad. En los casos más graves provoca insolvencias y pérdidas de puestos de trabajo. Una de cada cuatro insolvencias se debe a la morosidad1. El 33% de las empresas europeas considera la morosidad un problema grave o que amenaza la supervivencia de la empresa, y dicho porcentaje alcanza el 51% en Grecia, el 50% en Italia y el 46% en Francia2. Con una tasa de desempleo en Europa cifrada aproximadamente en 18 millones de personas, la morosidad constituye un problema que no puede ignorarse y que exige medidas comunitarias. La Comisión ha señalado reiteradamente que el riesgo de fracaso empresarial es intolerablemente alto en Europa, ya que el 50% de las empresas no llega a superar los cinco años de vida. 3 Puesto que la morosidad es un factor esencial en la mortalidad de las empresas, es necesario aplicar ahora todo tipo de medidas de lucha contra ella. No pagar dentro de plazo constituye un incumplimiento de contrato, pese a lo cual la morosidad se ha vuelto con demasiada frecuencia la norma en vez de la excepción y los deudores se toman a la ligera el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de pagar dentro de plazo. Los efectos perjudiciales de tales prácticas en las pequeñas y medianas empresas son especialmente graves. La falta de medidas para atajar el problema en la mayoría de los Estados miembros y los persistentes efectos perjudiciales de la morosidad en el mercado interior han llevado a la Comisión a proponer una Directiva. Por consiguiente, la presente propuesta incluye un paquete de medidas de lucha contra la morosidad en la Comunidad que se aplican a los pagos morosos entre empresas y entre éstas y el sector público. El objetivo general es fomentar el respeto de los plazos de pago en las empresas y en las administraciones públicas. Las medidas propuestas respetan el principio de libertad contractual en el sector privado. 2. EFECTOS EN EL MERCADO INTERIOR Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD La morosidad está obstaculizando el correcto funcionamiento del mercado interior e impidiendo a las PYME aprovechar plenamente las oportunidades que brinda ese mercado. Las diferencias de las practicas de pago en la Comunidad son notables4 al ser el plazo de pago real medio en los países del sur de Europa tres veces más largo que en los del norte. Las diferencias en los plazos de pago y los problemas de la morosidad están afectando a la competitividad y disuadiendo a las empresas de hacer comercio transfronterizo. Como media, el 21% de las empresas europeas exportaría más si los 1 2 3 4 Fuente: Fédération Nationale de l'Information d'Entreprises et de la Gestion de Créances (Federación nacional de la información a las empresas y de la gestión de deudas), Lyon, septiembre de 1997. European Payment Habits Survey 1996 (Encuesta europea sobre prácticas de pago), Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997. Empresas en Europa, 4o Informe, p. 62, Comisión Europea, 1996. Véase un resumen de las estadísticas más recientes que comparan los plazos de pago en Europa en la sección 2. 2. de la Comunicación de 9 de julio de 1997. 2 plazos de pago de sus clientes extranjeros fueran más breves (el porcentaje es del 48% en Irlanda, el 37% en los Países Bajos y el 35% en Bélgica)5. También existen grandes disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros sobre pagos morosos6, por ejemplo en el derecho legal a intereses de demora, que no existe en todos los Estados miembros. Allí donde existe, el tipo de interés y el mecanismo para fijarlo varían considerablemente. Existen diversos procedimientos de recurso y distintas modalidades de compensación de los gastos del cobro de morosos. Estas diferencias hacen del cobro de deudas en otros Estados miembros un proceso complejo, incierto y a menudo de larga duración. Así pues, la cuestión de la demora de los plazos de pago no es, para los Estados miembros, únicamente de carácter interno. Las prácticas observadas en la materia constituyen, por el contrario, un elemento clave del funcionamiento del mercado interior. Por ejemplo, las empresas que normalmente permiten a sus clientes pagar después de 30 días, calcularán sus precios con arreglo a tales términos. Si se ven obligadas a esperar el triple para recibir el pago, sus beneficios se reducirán y pueden, incluso, desaparecer. En cambio, las empresas que calculan normalmente sus precios en función del pago después de 90 días estarán en desventaja competitiva, porque dichos precios son demasiado altos en comparación con los de sus competidores de otros Estados miembros. Por consiguiente, la situación actual crea distorsiones en la competencia, que afectan no sólo a los comerciantes que realizan operaciones transfronterizas, sino también a los agentes económicos que únicamente actúan en los diversos mercados nacionales de los Estados miembros. Estas distorsiones son incompatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior y justifican la adopción de una Directiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 A del Tratado. Este es el motivo de que en el Plan de acción para el mercado interior7, aprobado por la Comisión y debatido en el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997, se afirme que la reducción de los pagos morosos es una prioridad clave para garantizar el pleno aprovechamiento de la realización del mercado interior antes del inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria y se prevea la presentación de una propuesta de Directiva. Como se menciona anteriormente, es un hecho probado que la morosidad obstaculiza la libre circulación de bienes y servicios en el mercado interior. Dado que los Estados miembros no toman medidas suficientes y que persisten los efectos perjudiciales de la morosidad sobre el buen funcionamiento del mercado interior, parece necesario proponer un instrumento vinculante, en forma de Directiva. Tomando en cuenta el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 3 B del Tratado, parece que el objetivo de reducir la morosidad en el mercado interior no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y puede lograrse mejor a nivel comunitario. s 6 European Payment Habits Survey 1996 (Encuesta europea sobre prácticas de pago), Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997. Véase una comparación entre la ley y la práctica en los países del EEE en el Anexo de la Comunicación de 9 de julio de 1997. CSE(97) 1 final de 4 de junio de 1997, pp. 8 y 38. Por ello la Comisión considera que la aprobación de una norma comunitaria con categoría de Directiva se ajusta al principio de subsidiariedad, tal como figura en el artículo 3 B del Tratado. La propuesta de la Comisión contiene una serie de requisitos mínimos. En concreto, no tiene por objeto llegar a una armonización total de las legislaciones nacionales en los ámbitos abarcados por la Directiva, sino que deja a los Estados miembros un amplio margen de valoración. Además, en la medida de lo posible, persigue el mutuo reconocimiento de las disposiciones de los Estados miembros. Las disposiciones propuestas se limitan a lo necesario para lograr el correcto funcionamiento del mercado interior. Así pues, la Directiva respeta el principio de proporcionalidad expresado en el apartado 3 del artículo 3 B del Tratado. EL IMPACTO DE LA MOROSIDAD EN LAS PYME Las PYME son las más afectadas por la morosidad de sus clientes debido a la vulnerabilidad de su tesorería, su frecuente dependencia de un número reducido de proveedores y su debilidad frente a las grandes empresas a las que suelen suministrar. Los costes financieros de la morosidad para las PYME son especialmente altos, ya que sus necesidades de tesorería han de cubrirse con préstamos bancarios a corto plazo o con descubiertos sometidos a intereses relativamente altos. Los costes administrativos del cobro de morosos son desproporcionadamente altos para las PYME, que no disponen de personal especializado, tiempo y recursos humanos para gestionar los impagos. Las PYME son pues las que más saldrán ganando de la aplicación de una legislación eficaz contra la morosidad. Hay quien ha manifestado la inquietud de que una legislación contra la morosidad que introduzca, por ejemplo, un firme derecho legal a intereses de demora, puede acabar volviéndose contra las PYME. Sin embargo, el ejemplo de los países nórdicos muestra que a las PYME no les ha perjudicado un interés de demora alto sino que les ha beneficiado. La inmensa mayoría de las empresas de los países nórdicos se acogen a su derecho a cargar intereses de demora, incluidas las pequeñas empresas8. Como a las pequeñas y medianas empresas se les adeuda más dinero que el que ellas deben a empresas más grandes, las PYME serían beneficiarías netas de unos intereses legales de demora más altos y de la reducción del volumen global de la deuda. Una encuesta sobre las empresas privadas en el Reino Unido en 1994 indica que las cantidades de las que las PYME son acreedoras doblan sus propias deudas a otras empresas (40 000 millones de frente a 20 000 millones de libras esterlinas adeudados por ellas). La proporción es la misma en los pagos morosos totales: 20 000 millones de libras esterlinas adeudados a las PYME y 10 000 millones de libras esterlinas adeudados por las PYME, lo que significa que, si se eliminara la morosidad, sólo las PYME del Reino Unido se beneficiarían del ingreso a tiempo debido de un total neto de 10 000 millones de libras esterlinas9. libras esterlinas de deudas pendientes a las empresas privadas La rapidez con que los acreedores pueden recuperar sus créditos tiene un impacto muy importante en la tesorería de las PYME. Esta es la razón por la que es importante que En Suecia, el 94% de las empresas cobra siempre o en ocasiones intereses de demora, el 88% lo hace en Finlandia, el 83% en Noruega y el 79% en Dinamarca. Fuente: European Business Survey (Encuesta europea sobre las empresas) Grant Thonton International, Londres, mayo de 1997, página 24). Fuente: Forum of Private Business (Foro de la Empresa Privada), Londres, 31 de marzo de 1994. 4 puedan disponer de procedimientos acelerados de recaudación que les permitan obtener un mandamiento judicial en un plazo bastante corto. Ello permitiría a las PYME sacar mucho más provecho del funcionamiento del mercado interior que actualmente. El mismo razonamiento se aplica a los procedimientos simplificados disponibles en la mayoría de los Estados miembros para el cobro de las deudas de escasa cuantía (Small Claims Court, juge de paix, Amtsgericht, etc. ). La facilidad de acceso que caracteriza a estos órganos jurisdiccionales los hace especialmente adaptados a las PYME. L SECTOR PÚBLICO En muchos Estados miembros, el sector público es de los que peor pagan10. Dos son las razones principales por las que son necesarias medidas especiales en este sector. En primer lugar, la morosidad de las administraciones públicas es un mal ejemplo para todos los agentes económicos. Las instancias públicas tienen la obligación de perseguir el interés general antes que el propio y deberían ser muy estrictas en el pago a sus proveedores. Como un elemento de la política de agilización de los pagos en la Unión, las administraciones públicas, cuyo volumen de compras ejerce un impacto considerable en la economía, deberían guiar y conducir toda la economía hacia una mejora de las prácticas de pago. En segundo lugar, existe un desequilibrio entre las partes. Un gran número de empresas depende de los contratos públicos, especialmente en determinadas industrias (por ejemplo, construcción y defensa) y teme perder su mejor o principal cliente. Debido a sus posiciones negociadoras respectivas y a las propias reglas del sector público sobre las condiciones de pago, que no autorizan o alientan las negociaciones sobre dichas condiciones, las empresas no pueden negociar verdaderamente con el sector público. Los comentarios por escrito y las intervenciones durante la audiencia pública mencionada en el apartado 6 respaldan de forma unánime una actuación comunitaria para resolver la morosidad del sector público. Por lo que se refiere a los pagos realizados por las Instituciones comunitarias, no contempladas por la presente Directiva, la Comisión propondrá las medidas adecuadas que persigan una disciplina similar a la que se aplica, en virtud de la presente Directiva, a las autoridades públicas. NICIATIVAS RECIENTES La Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995 sobre los plazos de pago en las transacciones comerciales11 proponía a los Estados miembros abordar el problema de la morosidad. Sin embargo, la Comunicación de la Comisión de 9 de julio de 199712 indica que sólo en un reducido número de países se han tomado ciertas medidas para mejorar la situación de los pagos entre empresas. Además, las últimas estadísticas 10 11 12 Se han notificado unos plazos de pago medios de 307 días de los hospitales públicos a las empresas que suministran equipamiento sanitario en Italia y de 305 días en España. Fuente: European Diagnostic Manufacturers Association, octubre de 1997. DOL 127 de 10. 6. 1995, p. 19, y DOC 144 de 10. 6. 1995, p. 3 (la Comunicación). DOC 216 de 17. 7. 1997, p. 10. 5 señalan que los plazos de pago medios en Europa en 1996 se prolongaron, de modo que todos los pagos se retrasaron como media unos 15 días. La Comunicación concluía anunciando que la Comisión iba a proponer unas condiciones mínimas que deberán incorporarse a la legislación nacional para luchar contra la morosidad. Tanto el Parlamento Europeo como el Comité Económico y Social han abogado por una actuación más decidida a escala comunitaria. El Parlamento Europeo instó a la Comisión, en una resolución de 4 de julio de 199613, a estudiar la posibilidad de convertir su Recomendación en una propuesta de directiva lo antes posible. El Comité Económico y Social propuso en su dictamen de 29 de mayo de 199714 unos plazos máximos de pago y el abono de intereses de demora por las administraciones públicas. CONSULTA La Comisión ha consultado a las partes interesadas sobre el mejor modo de combatir la morosidad en Europa, habiéndose recibido respuestas tanto por escrito a la Comunicación de julio de 1997, como en la audiencia pública sobre la morosidad celebrada en Bruselas el 7 de octubre de 1997. Ha habido una gran reacción en favor de una actuación comunitaria para crear unas reglas de juego uniformes dentro del mercado interior en lo que respecta al incumplimiento de los plazos de pago contractuales. Se han recibido más de cien respuestas por escrito, principalmente de asociaciones comerciales y organizaciones europeas, incluidas las que representan a las empresas, los abogados y las agencias de cobro de morosos. De ellas, 91 (80%) se mostraban favorables a una legislación comunitaria sobre la morosidad. En la audiencia pública del 7 de octubre de 1997, organizada por la Comisión, participaron más de 200 personas, que apoyaron incluidos miembros del mayoritariamente una Parlamento y del Comité Económico y Social presentes. legislación comunitaria fuerte, Las respuestas respaldaron decididamente el derecho a intereses de demora lo suficientemente altos como para disuadir a los morosos. También fue general el apoyo firme al derecho del acreedor a ser compensado plenamente de todos los gastos de cobro de morosos, tales como los administrativos y los jurídicos. Todos los que hicieron comentarios sobre el sector público se mostraron favorables a medidas jurídicas, como por ejemplo la fijación de unos plazos de pago máximos y del derecho automático a intereses de demora. También fue unánime el respaldo a una cláusula comunitaria de reserva de dominio. Gran parte de las respuestas defendieron la simplificación de los procedimientos de recurso. ARTÍCULOS DE LA DIRECTIVA Artículo 1 : Ámbito La Directiva se aplica a las deudas en todas las transacciones comerciales, es decir, entre empresas y entre empresas y administraciones públicas, y a todas las empresas, incluidas las sociedades mercantiles registradas o no, así como a los trabajadores autónomos dedicados a una actividad comercial o profesional de cualquier tipo. De este modo, la Directiva no se aplica al crédito al consumidor ni prejuzga futuras medidas en este ámbito. 13 14 DO C 211 de 22. 7. 1996, p. 42. CES 607/97 de 29 de mayo de 1997, DO C 287 de 22 de septiembre de 1997, p. 92. 6 Artículo 3: Fecha de vencimiento, intereses de demora e indemnización de otros gastos de cobro La mayoría de las PYME comercian sin contratos escritos y la presente Directiva se dirige en primer lugar a ellas. A falta de un contrato escrito o si el contrato o las condiciones generales de venta omiten mencionar la fecha de vencimiento del pago, es necesario que haya una disposición jurídica subsidiaria clara sobre un plazo de pago legal. El plazo propuesto por la Directiva es de 21 días desde la fecha de la factura (letra a) del apartado 1), siguiendo la mejor práctica de los países nórdicos, donde los plazos de crédito medios acordados son en la práctica 19 (Finlandia) y 21 días (Noruega)15. Esta norma no infringe el principio de la libertad contractual, ya que el plazo de pago legal de 21 días sólo es aplicable cuando el plazo de pago no se ha especificado en el contrato. A la larga alentaría sin embargo a las partes a reducir sus respectivos plazos de pago. La letra c) del apartado 1 confiere al acreedor el derecho a percibir intereses de demora. Si se quiere que el derecho legal a intereses de demora tenga efectos disuasivos y compense adecuadamente el perjuicio de la morosidad, el tipo de interés deberá ser lo suficientemente alto. En otras palabras, debería ser al menos tan caro tomar prestado dinero demorando el pago como tomarlo de los bancos u otras entidades de crédito a tipos de interés comerciales. Sin embargo, en la actualidad el tipo legal de interés de demora es demasiado bajo comparado con los tipos de interés comerciales aplicados normalmente a los descubiertos bancarios imprevistos16. Esta situación anima a los deudores a preferir el crédito de proveedores en lugar del bancario en perjuicio de aquéllos. Mientras que el crédito de los proveedores es perfectamente legítimo si así lo han acordado las partes, se convierte en un problema inaceptable para los proveedores y de dimensión macroeconómica si la legislación alienta a los deudores a sobrepasar unilateralmente los plazos de pago acordados. Esto es especialmente grave para las PYME, que tiene mayores dificultades para obtener préstamos bancarios cuando su tesorería se ve trastornada por los pagos morosos. Por consiguiente, la letra e) del artículo 1 tiene por objeto fijar el tipo mínimo de los intereses de demora legales en los Estados Miembros. Éstos podrán disponer de flexibilidad para fijar un tipo de interés más alto que refleje los tipos de los intereses comerciales normales en cada país. También se respeta el principio de libertad de contractual, ya que en cada caso las partes podrán negociar libremente un tipo más alto o más bajo que el que esté en vigor en el Estado miembro. El tipo legal se aplicaría únicamente si no se hubiera especificado ningún otro tipo en el contrato o en las condiciones generales de venta. No obstante, la Comisión cree que un tipo de interés de demora legal más alto tendría como efecto reducir la morosidad. La experiencia de los países nórdicos, en los que los tipos de interés de demora legales son dos veces más altos que en la mayoría de los demás Estados miembros, muestra que tal medida ha llevado a una reducción drástica de la morosidad, aunque los tipos de interés de demora legales no sean obligatorios. De hecho, el tipo legal se ha convertido en una práctica comercial normal en aquellos países donde una proporción muy alta de las empresas 15 16 Véase European Payment Habits Survey 1996 (Encuesta europea sobre prácticas de pago), Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997. Véase el resumen en las columnas primera y tercera del segundo cuadro del Anexo de la Comunicación de 9 de julio de 1997. 7 reclama intereses de demora. El tipo legal elevado ha facilitado sin duda la reclamación de intereses de demora por el deudor en los casos en que no había contrato o éste no estipulaba nada al respecto, además de fortalecer la posición del vendedor en las negociaciones sobre el tipo de interés cuando el comprador desea fijar un tipo más bajo. El mecanismo de fijación del tipo legal también varía según los países. El objetivo debería ser disponer de un mecanismo que permita que el tipo legal de interés de demora siga los tipos de interés comercial normales. En Suecia, por ejemplo, el mecanismo es el tipo de descuento del Banco Central más ocho puntos porcentuales. Los ciudadanos también deberían poder comprobar fácilmente el tipo de interés, que debería basarse por tanto en un tipo de fácil consulta, por ejemplo en la prensa financiera. Además, la fórmula debería ser tal que el tipo no cambiase con frecuencia, sino que fuese relativamente estable. Para cumplir todas estas condiciones, la propuesta es que el tipo legal mínimo debería ser el resultado de la suma de dos elementos, el primero de los cuales sería un tipo de referencia alineado con los movimientos de los tipos comerciales europeos. La Comisión ha barajado varios tipos de referencia posibles y ha concluido que el que mejor se ajusta a las condiciones antes mencionadas es el tipo de adjudicación (recompra) del Banco Central Europeo, que será uno de los principales tipos instrumentales del Banco Central Europeo, destinado a controlar los tipos comerciales a corto plazo y que entrará en vigor el 1 de enero de 1999. Para los Estados miembros que no participarán en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el tipo de referencia será el tipo equivalente establecido por su Banco Central. El segundo elemento es un margen encaminado a garantizar que el tipo legal mínimo global es lo suficientemente alto como para disuadir a los morosos. El margen de ocho puntos porcentuales sigue el ejemplo de Suecia, cuya legislación sobre intereses de demora se considera en general muy eficaz. El resultado global sería que el tipo legal de interés de demora fijado por los Estados miembros compensaría también a una PYME media de los costes de financiación del impago, equivalentes al interés aplicado a los descubiertos bancarios imprevistos17. Aparte del derecho a intereses de demora, también es fundamental reconocer el derecho del acreedor a una indemnización completa de los gastos del cobro de los impagados, tales como los administrativos o jurídicos. El derecho a la indemnización varía entre los Estados miembros18. El objeto de la letra g) del apartado 1 es garantizar que el deudor recupera íntegramente esos gastos. Artículo 4: Reserva de dominio La reserva de dominio es un mecanismo jurídico que aplaza el traspaso de la propiedad de los bienes hasta el abono íntegro del precio de compra. En su Comunicación de 9 de julio de 1997, la Comisión señala la reserva de dominio como uno de los ámbitos en que la actuación comunitaria podría ser beneficiosa para los exportadores y para reducir la morosidad. El problema actual son las diferentes legislaciones de los Estados miembros, 17 18 Véase un resumen de los tipos de interés comerciales aplicados a los descubiertos bancarios imprevistos en la tercera columna del segundo cuadro del Anexo de la Comunicación de 9 de julio de 1997. Véase un resumen en la quinta columna del cuarto cuadro del Anexo de 1 Comunicación de 9 de julio de 1997. 8 lo que hace los exportadores no puedan recurrir a una única cláusula de reserva de dominio en todos los países de la Comunidad. Durante el proceso de consulta que siguió a la Comunicación de 9 de julio de 1997, todos los participantes que hicieron comentarios sobre este punto se declararon unánimemente favorables a una legislación comunitaria sobre la reserva de dominio. El objeto de este Artículo es establecer una cláusula de reserva de dominio uniforme y aplicable en todos los Estados miembros. No prentende una armonización total de las legislaciones nacionales en este ámbito, sino que obliga a los Estados miembros a reconocer una cláusula de reserva de dominio si se cumplen una serie de requisitos mínimos. El artículo no interfiere con las normas de protección de terceros compradores de buena fe. Además, no tiene por objeto que las cláusulas de reserva de dominio sean obligatorias, sino que respeta la libertad contractual de las partes. Artículo 5: Procedimientos agilizados de cobro El objeto de Artículo es introducir y mejorar los procedimientos agilizados de cobro de las deudas no impugnadas. Procedimientos de este tipo existen ya en muchos Estados miembros (por ejemplo, "summons production procedure", en el Reino Unido, "injonction à payer" en Francia y "Mahnverfahren" en Alemania), son ventajosos por su celeridad (no suponen la intervención judicial a menos que se impugne la deuda) y sus trámites y gastos son limitados. Dado que en alrededor de un 90% de los casos las deudas no se impugnan, el recurso a estos procedimientos reduciría considerablemente el número de situaciones en las que tendrían que intervenir los jueces. Eso liberaría importantes recursos que podrían utilizarse para acelerar los litigios ordinarios. Si el deudor impugnara la deuda durante estos procedimientos, se aplicarían las normas habituales de procedimiento y representación, es decir, el procedimiento se tramitaría con arreglo al artículo 6 (si la deuda no superase el umbral establecido) o a las normas nacionales relativas a las deudas de cuantía elevada. judicial En opinión de la Comisión, los procedimientos agilizados de cobro deberían existir en todos los Estados miembros. Tales procedimientos serían especialmente útiles cuando el deudor y el acreedor están en Estados miembros distintos. En tales casos, se recomendaría al acreedor procesar al deudor en el Estado miembro de este último, de manera que el mandamiento titre exécutoire, Vollstreckungsbescheid) pudiera tener efecto sin mayor demora. La práctica actual más extendida de procesar a un deudor en el país de residencia del acreedor causa importantes retrasos en la ejecución de la sentencia. Hasta ahora, los acreedores dudaban en dirigirse a los tribunales en el país de residencia del deudor, sobre todo debido a la falta de confianza en la rapidez de éstos y en su accesibilidad frente a los acreedores extranjeros. Esta situación insatisfactoria es incompatible con la realización del mercado interior. Los acreedores de todos los Estados miembros deberían poder recurrir a procedimientos de recaudación similares rápidos, fácilmente accesibles y dignos de confianza. (writ of execution, Las propuestas de la Comisión sobre procedimientos jurídicos simplificados y procedimientos agilizados de cobro para las deudas comerciales representan una primera fase del debate más amplio sobre los procedimientos jurídicos en la Unión Europea. Por añadidura, no excluyen el que la Comisión elabore otras propuestas a raíz de la consulta sobre los procedimientos legales iniciada en su Comunicación "Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea"19. Artículo 6: Procedimientos jurídicos simplificados en las demandas de menor cuantía Para las deudas inferiores al umbral de 20 000 ecus, el acreedor tendrá acceso al cobro de morosos de forma rápida y eficaz y con unos costes mínimos y unos procedimientos jurídicos simplificados, se hayan impugnado o no las deudas. Al soler tramitarse en juzgados locales, estos procedimientos no requieren la presencia de agentes judiciales o de abogados y tienden a ser bastante informales. Como en el caso de los procedimientos de cobro agilizados, la Comisión cree que dichos trámites deberían estar al alcance de los acreedores de todos los Estados miembros, especialmente si el acreedor y el deudor radican en Estados miembros distintos. Una vez más, el objeto del artículo es establecer los principios fundamentales subyacentes a las mejores prácticas. Artículo 7: Administraciones públicas: transparencia Las Directivas sobre contratación pública20 estipulan que los anuncios de licitación deben indicar las modalidades básicas de financiación y pago. Sin embargo, los Estados miembros interpretan esas condiciones de distinta manera y los plazos de pago se suelen omitir en las licitaciones. Por consiguiente, el objeto de este artículo es reforzar la transparencia en los contratos públicos mediante la exigencia a las administraciones públicas de indicar con precisión los plazos y fechas límite de pago de la autoridad adjudicatario El término de contrato público se utiliza en un sentido amplio en este caso y no como referencia a las Directivas sobre contratación pública, que sólo son aplicables a los contratos que superan un determinado umbral. Artículo 8: Administraciones públicas: fecha de vencimiento, interés automático Considerando la posición especial del sector público, la Comisión cree que debería fijarse un plazo máximo de pago. En este caso, se proponen 60 días (apartado 1), sin perjuicio de los posibles plazos inferiores actualmente vigentes. A diferencia de las transacciones del sector privado (véase el apartado 1 del artículo 3), este plazo máximo no podrá ser anulado por ninguna disposición del contrato con las administraciones públicas salvo si las partes acuerdan la aplicación de un plazo de pago más breve. De otro modo, la fecha a partir de la cual comienza el plazo de 60 días es la misma que en el caso de todas las demás transacciones (véanse las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 3), es decir, normalmente desde la fecha de facturación. A falta de un contrato escrito o si el contrato por escrito no menciona el plazo de pago, la regla de los 21 días fijada en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 se aplicará también a las transacciones con el sector público. El apartado 2 prevé el pago de intereses de demora por las administraciones públicas. El tipo de interés es el mismo que se aplica a las demás transacciones (véanse las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 3). Además, dichas autoridades deben abonar los intereses de demora automáticamente, sin que los acreedores necesiten reclamarlos. Esto se ajusta a las mejores prácticas de los Estados miembros (F, B, IRL) y supone un 19 20 DOC 33 de 31. 1. 1998,p 3. Directivas del Consejo 93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE de 14 de junio de 1993, DO L 199 de 9. 8. 1993. 10 poderoso incentivo financiero para que las administraciones públicas paguen dentro de plazo. Artículo 9: El Comité Es necesaria la instauración de un comité encargado de velar por la aplicación de esta Directiva, ya que ninguno de los comités existentes puede realizar esta tarea. 11 Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión21, Visto el dictamen del Comité Económico y Social22, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado23 1. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución24 sobre el Programa integrado en favor de las PYME y del artesanado25, insistió en que la Comisión debe presentar propuestas con objeto de solucionar el problema de la morosidad; 2. Considerando que la Comisión adoptó el 12 de mayo de 1995 una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales26; 3. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la Recomendación de la Comisión relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales27, instó a la Comisión a estudiar la posibilidad de convertir su Recomendación en una propuesta de Directiva del Consejo para su presentación en el plazo más breve posible; 4. Considerando que el Comité Económico y Social emitió el 29 de mayo de 1997 un Dictamen sobre el "Libro Verde - La contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro" de la Comisión28, en el que se recomiendan plazos de pago máximos e intereses de demora para las administraciones públicas; 5. Considerando que la Comisión publicó el 4 de junio de 1997 un Plan de acción para el mercado interior29 en que se recalca que la morosidad representa un obstáculo cada vez más fuerte al éxito del mercado interior; 21 22 23 24 25 26 27 28 29 DO DO DO DO C 323 de 21. 11. 1994, p. 19. COM(94) 207 final de 3. 6. 1994. DO L 127 de 10. 6. 1995, p. 19. DO C 211 de 22. 7. 1996, p. 43. DO C 287 de 22. 9. 1997, p. 92. SEC(97) 1 final de 4. 6. 1997, pp. 8 y 38. 12 6. 7. 8. 9. Considerando que la Comisión publicó el 17 de julio de 1997 una Comunicación - Informe sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales30, en que se resumen los resultados de la evaluación de los efectos de la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995; Considerando que onerosas cargas administrativas y financieras pesan sobre las empresas, y especialmente sobre las pequeñas y medianas, debido a la morosidad; que la morosidad es además una de las principales causas de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las empresas y se traduce en la pérdida de numerosos puestos de trabajo; Considerando que las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a las normas y prácticas de pago constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior; que, de hecho, un acreedor que debe cobrar de deudores situados en varios Estados miembros se ve ante normas de legislaciones nacionales muy divergentes que dificultan, retrasan y encarecen el cobro; Considerando que ello limita considerablemente las transacciones comerciales entre Estados miembros; que contradice el artículo 7 A del Tratado, ya que los empresarios deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las operaciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional; y que crearía divergencias de la competencia si se aplicaran normas diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas; 10. Considerando que las estadísticas más recientes indican que, en el mejor de los casos, no ha habido mejoras en los plazos de pago en muchos Estados miembros desde la adopción de la Recomendación de 12 de mayo de 1995; 11. Considerando que, con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 3 B del Tratado, los objetivos de la lucha contra la morosidad en el mercado interior no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin; 12. Considerando que la morosidad constituye un incumplimiento de contrato que supone un aliciente económico para los deudores en la mayoría de los Estados miembros, por los bajos intereses aplicados a los pagos que incurren en mora y a la lentitud de los procedimientos de reclamación; que es necesario un cambio decisivo para invertir esta tendencia, de forma que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias y se indemnice plenamente al acreedor por los gastos causados; 13. Considerando que la utilización de cláusulas de reserva de dominio como medio de acelerar el pago se ve limitada actualmente por una serie de diferencias en las legislaciones nacionales; que es necesario garantizar que los acreedores puedan ejercer la reserva de dominio en toda la Comunidad utilizando una única cláusula reconocida por todos los Estados miembros; 30 DO C 216 de 17. 7. 1997, p. 10. 13 14. Considerando que las consecuencias de la morosidad sólo pueden ser disuasorias si van acompañadas de procedimientos de reclamación rápidos, eficaces y poco costosos para el acreedor; y que, de conformidad con el principio de no discriminación establecido en el artículo 6 del Tratado, tales procedimientos deben estar a disposición de los acreedores de todos los Estados miembros, independientemente de su lugar de residencia; 15. Considerando que las administraciones públicas realizan pagos de un volumen considerable a las empresas; que una estricta disciplina de dichas autoridades en materia de pagos tendrá un efecto ejemplarizante, beneficioso para el conjunto de la economía; que, por lo que se refiere a los pagos realizados por la Comisión, ya se decidió otorgar a determinados acreedores el derecho a percibir intereses de demora sobre los pagos que incurran en mora; 16. Considerando que, a efectos de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión debe estar asistida por un Comité de carácter consultivo, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPITULO I Artículo 1 Ámbito de aplicación Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a todos los pagos efectuados en transacciones comerciales. Artículo 2 Definiciones A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 1. 2. 3. 4. "transacciones comerciales", las transacciones entre dos o más personas físicas o jurídicas dedicadas a una actividad comercial o profesional, efectuadas en el desarrollo de dicha actividad, o entre estas personas y las administraciones públicas, que den lugar a un suministro remunerado de mercancías o servicios; "morosidad", el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago; "reserva de dominio", el hecho de que el vendedor conserve la propiedad de los bienes en cuestión hasta que el comprador haya pagado completamente el precio; "administraciones públicas", las autoridades nacionales, regionales o locales, las entidades de Derecho público, o las asociaciones constituidas por una o más de las citadas autoridades o entidades de Derecho público. Se considerará que una entidad es de Derecho público si se ha creado con el objeto preciso de cubrir necesidades de interés general que no sean de naturaleza industrial o comercial, si tiene personalidad jurídica y si está financiada en su mayor parte por las autoridades nacionales, regionales o locales 14 u otras entidades de Derecho público, o si su gestión está sujeta a la supervisión de dichas entidades o si posee un consejo de administración, de dirección o de vigilancia en el que más de la mitad de sus miembros sean nombrados por las autoridades nacionales, regionales o locales o por otras entidades de Derecho público. 5. "contrato público", cualquier contrato que implique remuneración, celebrado por escrito entre una persona física o jurídica y una administración pública. CAPÍTULO II Artículo 3 Fecha de vencimiento, intereses de demora e indemnización por los perjuicios causados 1. Los Estados miembros velarán por que: a) la fecha de vencimiento del pago de deudas no supere los 21 días naturales a partir de la fecha de facturación, salvo mención contraria en el contrato o en las condiciones generales de venta del vendedor; b) a falta de factura, o si la fecha de facturación no pudiera determinarse con certeza , o si fuera anterior a la fecha de entrega, la fecha de vencimiento se calcule a partir de la fecha de entrega de los bienes y servicios; c) d) e) f) g) el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor intereses de demora por los importes pendientes si se ha sobrepasado la fecha de vencimiento determinada con arreglo a las letras a) y b) sin que el acreedor haya percibido la cantidad adeudada; el interés de demora se devengue automáticamente a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento, sin necesidad de recordatorio; el tipo de interés de demora ("tipo legal") que el acreedor pueda reclamar sea la suma del tipo de adjudicación (recompra) del Banco Central Europeo ("tipo de referencia") más al menos ocho puntos porcentuales ("margen"), de no especificarse lo contrario en el contrato o en las condiciones generales de venta del vendedor; respecto de los Estados miembros que no participen en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el tipo de referencia será el tipo equivalente establecido por su banco central; el tipo legal de interés de demora cambie automáticamente de conformidad con los cambios en el tipo de referencia mencionado en la letra e); además de a los intereses de demora, el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor la compensación íntegra del perjuicio causado. 2. El margen contemplado en la letra e) del apartado 1 podrá ser modificado por la Comisión con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9 si resultare que el tipo legal no es ya lo bastante alto como para desalentar la morosidad y para indemnizar al vendedor de cualquier pérdida causada por la demora en el pago, especialmente por cualquier interés que el vendedor hubiere de pagar por un descubierto bancario. 15 Artículo 4 Reserva ele dominio 1. Los Estados miembros velarán por que el vendedor conserve la propiedad de los bienes cedidos si notifica por escrito al comprador su intención de hacerlo no más tarde de la fecha de entrega de los bienes. Una vez sobrepasada la fecha de vencimiento sin que el comprador haya procedido al pago, el vendedor podrá reclamar que se le devuelvan los bienes en cuestión. En el momento en que el comprador tome posesión de los bienes, será responsable de los posibles daños causados a los mismos o de su posible pérdida. Podrá realizarse una notificación formal en el contrato normalizado del vendedor, en la factura o en un contrato específico. Los Estados miembros reconocerán la validez de las cláusulas contenidas en el Anexo o de cualquier cláusula con efectos equivalentes. El apartado 1 se aplicará únicamente a las deudas pagaderas en un solo plazo. Los Estados miembros fijarán los efectos de la cláusula de reserva de dominio en aquellos aspectos no regulados por la presente Directiva y, especialmente, en lo relativo a terceros de buena fe. Artículo 5 Procedimientos acelerados de cobro de deudas no impugnadas Los Estados miembros establecerán un procedimiento de cobro acelerado de las deudas no impugnadas. El procedimiento se aplicará con independencia del importe de la deuda. El procedimiento estará a disposición de los acreedores de todos los Estados miembros, independientemente de su lugar de residencia. El acreedor podrá decidir si desea o no ser representado por terceros. El procedimiento judicial se desarrollará de forma tal que no se supere un plazo de 60 días naturales entre la fecha de recepción de la demanda del acreedor y la fecha en que el mandamiento judicial devenga ejecutivo. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Dicho periodo se entenderá sin perjuicio de: a) la aplicación de las normas de notificación b) el derecho del demandado de impugnar la deuda. Artículo 6 Procedimientos jurídicos simplificados para deudas de pequeña cuantía Los Estados miembros establecerán procedimientos simplificados que se aplicarán a las deudas hasta un umbral no inferior a 20. 000 ecus. Dichos procedimientos permitirán aplicar unos métodos simples y de bajo coste para proceder judicialmente al cobro de deudas. 16 En caso necesario, la Comisión podrá modificar dicho umbral, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9, a fin de reflejar los cambios de las condiciones económicas. Estos procedimientos estarán a disposición de los acreedores de todos los Estados miembros, independientemente de su lugar de residencia. CAPÍTULO III Artículo 7 Transparencia en los contratos públicos Los Estados miembros velarán por que en los contratos públicos conste información precisa sobre los plazos de pago por parte de las administraciones públicas. Se fijarán especialmente fechas límite para la realización de las formalidades administrativas previas al pago, como los procedimientos de recepción de obras públicas. Artículo 8 Pronto pago, fecha de vencimiento y devengo automático de intereses Los Estados miembros velarán por que: 1) 2) la fecha de vencimiento del pago de las deudas contractuales de las administraciones públicas no supere los 60 días naturales y se determine con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 3; el contrato no podrá prever en ningún caso que se sobrepase el plazo máximo de pago; el acreedor tenga derecho a reclamar intereses de demora a las administraciones públicas por cualquier importe pendiente de pago una vez sobrepasada la fecha de vencimiento; los intereses se calcularán con arreglo a las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 3 y se abonarán automáticamente por las administraciones públicas, sin necesidad de mediar reclamación; 3) las administraciones públicas no podrán solicitar o exigir al acreedor la renuncia a cualquiera de los derechos previstos en el presente artículo. CAPÍTULO IV Artículo 9 Comité Con el fin de velar por la aplicación de la presente Directiva y, en particular, a los fines previstos en el apartado 2 del artículo 3 y en el artículo 6, la Comisión estará asistida por un Comité consultivo compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una votación. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su opinión conste en acta. 17 La Comisión tendrá en cuenta, en la mayor medida posible, el dictamen emitido por el Comité. Informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. Artículo 10 Transposición 1. Los Estados miembros adoptarán legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. las disposiciones Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones más estrictas que las necesarias para cumplir la presente Directiva. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 2. 3. Artículo 11 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 12 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, Por el Parlamento Europeo El Presidente Por el Consejo El Presidente 18 Anexo Lista de las cláusulas que deben reconocer los Estados miembros a efectos de lo dispuesto en el artículo 4 ES: "El vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta el pago. " DA: "Varen forbliver saelgerens ejendom, indtil den er betalt. " DE: "Die Ware verbleibt bis zur Bezahlung im Eigentum des Verkáufers. " EL: "O n<ùXx\rr\q rcapaicpaxei xny Kupióxnxa xcov ayaGév uéxpi va eCo<pAT|0eí xo xíuriuá xouç. " EN: "The goods remain the property of the seller until payment. " FR: "Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement. " IT: "Le merci restaño di proprietà del venditore fino al pagamento. " NL: "De waren blijven tot de betaling eigendom van de verkoper. " PT: "O vendedor conservará a propriedade dos bens até ao momento do pagamento. " FT: "Tavara on myyjën omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu. " SV: "Varorna fbrblir sâljarens egendom tills de betalats. " 19 EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN LA EMPRESA REPERCUSIÓN DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS con especial referencia a las pequeñas y medianas empresas (PYME) Título de la Propuesta: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales Documento de referencia número: 97012. PROPUESTA 1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué razón es necesario que la Comunidad legisle en este ámbito y cuáles son sus principales objetivos? La propuesta contiene una serie de medidas para luchar contra la morosidad en las transacciones comerciales en la Comunidad Europea. Las medidas hacen referencia a todo tipo de morosidad entre empresas, y entre el sector público y las empresas. Se referirán a todas las empresas, incluyendo sociedades anónimas y empresas no constituidas en sociedades de capital y autónomos que desempeñen una actividad comercial o profesional del tipo que sea. El objetivo general de la propuesta consiste en fomentar el cumplimiento de los plazos de pago convenidos contractualmente, para beneficio de todo tipo de empresas. Proporciona un marco legal para disuadir a los morosos de retrasarse en los pagos, otorgar derechos a los acreedores para que reciban una compensación apropiada cuando se les pague con retraso y instaurar o mejorar procedimientos de recuperación de deudas para que dichos procedimientos sean eficaces, baratos y rápidos. Por último, también hay medidas específicas para mejorar el comportamiento de los poderes públicos a la hora de pagar. Es evidente que la morosidad está entorpeciendo el normal funcionamiento del Mercado Interior31. Hay grandes diferencias en las prácticas de pago en la Comunidad, y esas diferencias desalientan a las empresas a comerciar con otros países. Las diferencias en la legislación de los Estados miembros sobre morosidad y los distintos procedimientos de recurso y de compensación por los costes de recuperación de deudas también están actuando como barrera para el comercio transfronterizo. Por último, las diferencias en plazos de pago y los problemas de morosidad deterioran igualmente la competitividad de las empresas32. 31 32 Véase por ejemplo European Payment Habits Survey 1996, Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997. Véase Informe de la Comisión sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales, DO C 216 de 17. 7. 1997, p. 10, en particular las secciones 3. 1 y 3. 2. 20 La Recomendación de la Comisión de 1995 relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales33 dio a los Estados miembros la oportunidad de abordar ellos mismos el problema, mediante un instrumento no vinculante. No obstante, el informe de la Comisión de julio de 1997 señaló la falta de medidas en los Estados miembros, y la necesidad de proponer medidas adicionales para reducir los pagos morosos en la Comunidad tales como una propuesta de Directiva34. Las últimas estadísticas indican también que los problemas de morosidad no han mejorado en numerosos Estados miembros después de la publicación de la recomendación de la Comisión35. Dada la acción insuficiente de los Estados miembros y los efectos nocivos que sigue causando la morosidad al normal funcionamiento del Mercado Único, la propuesta de un instrumento vinculante en forma de Directiva parece ahora lo más conveniente. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad de la letra b) del artículo 3 del Tratado, está claro actualmente que el objetivo de reducir la morosidad dentro del Mercado Único no puede conseguirse satisfactoriamente mediante la acción individual de los Estados miembros y que se puede conseguir mejor mediante la acción de la Comunidad en su conjunto. REPERCUSIONES SOBRE LAS EMPRESAS EN GENERAL 2. ¿A quién afectará la propuesta? Hay tres situaciones básicas en las que las empresas en general se verán afectadas por la propuesta: a) Cuando una empresa cobra tarde de otra empresa b) Cuando una empresa paga tarde a otra empresa c) Cuando una empresa cobra tarde de un cliente (una persona individual más bien que una empresa cliente De acuerdo con una serie de encuestas, existen amplias variaciones entre los plazos de pago convenidos contractualmente y los plazos reales de pago en los países del EEE36. La media más larga de periodos de pago se suele dar en Grecia, Portugal e Italia. La media más corta de plazos de pago se registran en Noruega, Finlandia y Suecia. Los países con la media de vencimiento más larga (es decir el número de días entre el plazo de pago real y el plazo de crédito contractual) son Portugal, Italia, Bélgica, Grecia, Países Bajos y Reino Unido. Los sectores que aparecen frecuentemente como peores pagadores en Europa suelen ser la construcción, el sector público, transporte/logística, comercio al por menor y al por mayor e industrias básicas. En cambio, la banca y los seguros, el sector químico y las telecomunicaciones aparecen como los sectores que mejor pagan37. 33 34 35 36 37 DO L 127 de 10. 6. 1995, p. 19. DO C 216 de 17. 7. 1997, secciones 2. 1 y 4. DO C 216 de 17. 7. 1997, sección 2. 2. Véase resumen de un reciente estudio estadístico en DO C 216 de 17. 7. 1997, sección 2. 2. European Payment Habits Survey 1996, Intrum Justifia, Amsterdam, abril de 1997. 21 Las grandes empresas son los clientes que tienden a pagar más tarde en toda Europa, seguidas por el sector público y las pequeñas empresas. Las grandes empresas aparecen como el tipo de clientes que más tarda en pagar en un 32% de casos como media europea, con cifras especialmente altas en España (49%) e Italia (41 %). 38 Una encuesta sobre el Reino Unido en 1994 desveló que los más altos niveles de importes totales netos pendientes de pago se daban en los sectores de la industria de transformación, la construcción y el comercio al por mayor, mientras que los niveles más bajos se registraban en el comercio al por menor, las industrias básicas y el transporte39. También hay diferencias regionales significativas. Otra encuesta reciente sobre el Reino Unido confirmó que el sector de la industria de transformación tenía el récord de peor pagador (14,0% de pagos dentro del plazo), seguido por la construcción (20,4%) y el comercio al por mayor (20,6%), mientras que el mejor pagador con diferencia era el sector de servicios financieros (31,6%)40. La encuesta reveló asimismo que el número de pequeñas empresas que pagan puntualmente es el doble que el de las grandes empresas (un 23,2% de pequeñas empresas pagaron dentro de plazo frente a un 13,8% de medianas empresas y un 9,7% de grandes empresas). En Francia, los prestatarios netos (es decir los que más se benefician del crédito comercial) se concentran en los sectores del comercio al por menor, especialmente en la distribución de alimentos a larga escala, y del comercio al por mayor, automoción y venta y reparación de automóviles41. Las cantidades del crédito comercial se concentran en las grandes empresas: un 43% lo disfrutan empresas de más de 500 empleados y un 31% empresas de más de 2. 000 empleados. Los acreedores netos están más dispersos en distintos sectores pero se encuentran principalmente entre los productores de bienes intermedios e instalaciones y bienes de equipo, el sector mayorista y los servicios a las empresas. Un 57% del crédito comercial lo conceden empresas de menos de 500 empleados. Las recientes tendencias del crédito comercial han favorecido a las grandes empresas y han perjudicado a las PYME. Por último, se han registrado graves problemas de pagos en el sector de la construcción en España, con plazos medios de pago de 215 días por parte de las grandes empresas de construcción a las PYME proveedoras de materiales de construcción42. También se han comunicado serios problemas de pago para los proveedores de material sanitario a los hospitales públicos en Italia (plazo medio de 307 días), España (305 días), Portugal y Grecia, con grandes variaciones regionales43. La propuesta fijará también nuevos requisitos para garantizar un pronto pago por parte de los poderes públicos en todos los Estados miembros. 38 39 40 41 42 43 European Business Survey, Grant Thornton International Business Strategies Ltd. , primavera de 1997, p. 25. Forum of Private Business, Londres, 31 de marzo de 1994. Survey of the payment performance in Britain, Dun & Bradstreet, Londres, octubre de 1997. Observatoire des délais de paiement, cinquième rapport, París, septiembre de 1997. p. 10. Confederation of Suppliers of Construction Materials (CEPCO), Report on the Spanish Construction Industry, Madrid, septiembre de 1996. European Diagnostic Manufacturers Association, octubre de 1997. 22 3. ¿ Qué deberán hacer las empresas para ejecutar la propuesta ? Para las empresas en general, las disposiciones de la propuesta relativas a compensación en caso de morosidad (artículo 3) van a introducir nuevos derechos y obligaciones. Las empresas deberán observar esos nuevos derechos y obligaciones que pretenden compensar adecuadamente a los acreedores que sufren la morosidad y disuadir a los morosos de retrasarse en los pagos. Al mismo tiempo, la propuesta respeta totalmente el principio de libertad contractual para que las partes contratantes conserven su libertad de negociar y acordar, por ejemplo, la fecha de vencimiento para el pago y el tipo de interés de demora. legales, Cuando, a pesar de todo, no se paga, incumpliendo la obligación contractual o las normas las empresas víctimas de la morosidad podrán solicitar una compensación y se podrá exigir a las empresas morosas que paguen una compensación en forma de intereses y demás costes relativos al cobro de las deudas, como gastos de abogados y costes administrativos. Los intereses de demora se incrementarán automáticamente, sin necesidad de que el acreedor deba notificarlo (artículo 3, letra Id)). Ello supondrá un ahorro administrativo para las empresas en aquellos Estados miembros (por ej. Bélgica) donde se exige actualmente una notificación. La cláusula de reserva de dominio (artículo 4) supondrá un ahorro administrativo para las empresas que se sirvan de ella, en particular en las exportaciones. La situación presente es que los exportadores pueden necesitar una cláusula específica de reserva de dominio para cada Estado Miembro al que exportan, con objeto de satisfacer los distintos requisitos legales de cada Estado miembro. Ello impone una carga adicional de requisitos sobre las empresas. Ahora, las empresas podrán invocar una única cláusula de reserva de dominio utilizando una de las fórmulas o una fórmula equivalente en la propuesta. También se producirán ahorros de costes legales y administrativos al suprimir la exigencia de que las empresas deban cumplir determinadas formalidades en algunos Estados miembros como registrar el contrato o pasar por un notario. Inicialmente, las empresas deberán modificar tal vez su contrato normalizado o los contratos individuales para conformarse a la cláusula de reserva de dominio. No obstante, dichas modificaciones no serán costosas y sólo deberán introducirse una vez. Esos costes quedarán compensados ampliamente gracias a un ahorro administrativo a largo plazo y al estímulo de las exportaciones que aportará la cláusula de reserva de dominio. Las propuestas sobre procedimientos de recurso (artículos 5 y 6) pretenden garantizar que los acreedores cobren las deudas rápida y eficazmente y con el mínimo coste. Las modificaciones deberían suponer un ahorro para las empresas que utilicen esos procedimientos al reducir las formalidades correspondientes y mantener el coste financiero en un mínimo, especialmente en los casos en que deudor y acreedor residen en diferentes Estados miembros. En relación con los procedimientos acelerados de cobro (artículo 5), la supresión del límite (basado en la cuantía de la deuda) que se aplica en los procedimientos de algunos Estados miembros permitirá que se puedan beneficiar más deudas de los procedimientos acelerados. En Alemania, el procedimiento acelerado de cobro (Mahnverfahren) no tiene límite y en 1996 se tramitaron más de 8 millones de casos con ese sistema. En él, los honorarios medios para una deuda 23 tipo giran en tomo a 17 ecus frente a los 100 ecus que cuesta el procedimiento legal tradicional de cobro de deudas. En los procedimientos jurídicos simplificados en las demandas de menor cuantía (artículo 6), el límite de 20. 000 euros supondrá que esos procedimientos cubrirán muchas más transacciones comerciales, con lo que serán más las empresas que puedan beneficiarse de la relativa agilidad y bajos costes de los tribunales para las deudas de escaso importe. Los poderes públicos deberán garantizar que en los anuncios de contratos públicos y en los pliegos de condiciones de las licitaciones conste información detallada sobre los plazos de pago (artículo 7). Esto dará lugar a ciertos costes administrativos, aunque si se introducen plazos de pago normalizados, los costes serán únicos. Los poderes públicos deberán asimismo observar las obligaciones relativas a los plazos máximos de pago y el pago automático de los intereses de demora (artículo 8). Esto supondrá la modificación de los términos contractuales así como el establecimiento de procedimientos y sistemas administrativos que garanticen el respeto de los plazos en los pagos públicos. El cambio de los sistemas informáticos podrá ocasionar algunos costes. La necesidad de establecer ese tipo de procedimientos ya la destacó la Recomendación de la Comisión de 1995 (letras (b) y (c) del artículo 6). En Irlanda, que ha introducido recientemente una ley sobre el pronto pago por parte del sector público, los costes administrativos de creación y funcionamiento de sistemas para el pago automático de intereses de demora no se consideran excesivos y no parece que haga falta más personal para ocuparse de los nuevos procedimientos. 4. ¿ Qué efectos económ icos puede tener la propuesta ? Se espera que esta propuesta aporte unos notables beneficios a las empresas, especialmente las PYME. La reducción de la morosidad mejorará la liquidez de las empresas y también reducirá los costes financieros causados por aquella. Las empresas se beneficiarán gracias a las reducciones de los gravosos costes administrativos del cobro de deudas, ahorrando tiempo y recursos humanos, por ejemplo, en el envío de notificaciones, la gestión de reclamaciones pendientes y el cobro de deudas mediante diversos procedimientos de recurso. También se ahorrará en gastos legales para el cobro de deudas. las empresas, deberá compensarse tarde a Por otra parte, cuando se pague adecuadamente a éstas por todos los gastos ocasionados. Esto tendrá asimismo un efecto positivo para la rentabilidad y competitividad de las empresas. La reducción de los plazos de pago hará mejorar la situación financiera de las empresas gracias a una menor proporción de las deudas comerciales en sus activos totales. El riesgo de quiebra también será menor. Disponer de liquidez más rápidamente a través de la cadena de clientes y proveedores contribuirá también a hacer más improbable la cadena de insolvencias en caso de morosidad por parte de un cliente importante. Para dar una idea de las dimensiones de los beneficios potenciales, una encuesta sobre el Reino Unido en 1994 calculaba en £10. 000 millones (14. 800 millones de ecus) el volumen líquido total de crédito comercial debido a empresas privadas en el Reino Unido, por lo que, eliminando la morosidad las empresas se beneficiarían de ese 24 volumen total líquido44. Si aceptamos que el volumen de la deuda comercial en el Reino Unido es más o menos representativo del de los demás Estados miembros, y basándonos en el número total de empresas británicas como proporción del número total de empresas comunitarias45, el volumen líquido total de la deuda comercial debido a empresas comunitarias sería de unos 90. 000 millones de ecus. Considerando que el tipo medio de descuento oficial es del 12%, los costes financieros de la morosidad para las empresas europeas se situaría en torno a 10. 800 millones de ecus al año. Las propuestas deberán tener también consecuencias positivas sobre el empleo. Según una determinada fuente, una de cada cuatro insolvencias en Europa es debida a la morosidad46. Se calcula que hubo 44. 567 insolvencias o liquidaciones en cinco Estados miembros (Bélgica, Italia, Países Bajos, Finlandia y Suecia) en 199547, y las microempresas (con menos de 10 empleados) representen la mayor parte de esos casos. Teniendo en cuenta que la media de empleados en esas empresas era de cinco, el número de puestos de trabajo perdidos en esos cinco países en un solo año a causa de la morosidad rondaría los 55. 000. Aparte de mantener esos puestos de trabajo, la propuesta, al mejorar la liquidez, rentabilidad y competitividad de las empresas, y al crear un clima de pagos más saludable en la economía europea, va a animar a las empresas a crear más puestos de trabajo. La propuesta tendrá además consecuencias positivas sobre la competitividad. Las empresas podrán, tener en cuenta con más precisión el plazo de pago a la hora de calcular los precios. Las empresas que incrementan los precios para tener en cuenta los dilatados plazos de pago y prevenir así la morosidad, especialmente al exportar, podrán ahora reducir los precios si tienen la seguridad de que les van a pagar más deprisa. Además, la reducción del volumen de deuda comercial atrasada liberará recursos que podrán utilizarse más productivamente, por ejemplo en investigación y desarrollo tecnológico. Una reducción general de la morosidad en la Comunidad, unos procedimientos perfeccionados para cobrar deudas en un Estado miembro distinto y la cláusula de reserva de dominio estimularán el comercio intracomunitario. Todo ello intensificará la participación en el Mercado Único y contribuirá a alcanzar el objetivo de la cohesión económica y social. Por último, el pronto pago por parte de los poderes públicos tendrá un efecto positivo sobre la economía en su conjunto. Los proveedores de los poderes públicos a los que se pague puntualmente podrán, a su vez, pagar puntualmente a sus proveedores, y ello tendrá un efecto de ejemplo beneficioso sobre la economía. 44 45 46 47 Forum of Private Business, Londres, 31 de marzo de 1994. Las cifras son 2. 549 millones y 15. 777 millones respectivamente: Enterprises in Europe, Fourth Report, Comisión Europea /Eurostat, 1996. Fédération Nationale de l'Information d'Entreprises et de la Gestion de Créances, Lyón, septiembre de 1997. Fifth Report of the European Observatory for SMEs, European Network for SME Research, noviembre de 1997, cap. 7: "Failures and bankruptcies". 25 REPERCUSIONES SOBRE LAS PYME 5. ¿Contiene la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (menores o distintas exigencias, etc. )? La propuesta no contiene medidas específicas para las PYME, sino que afecta a todo tipo de empresas. No obstante, la propuesta va a beneficiar más a las PYME, ya que son ellas las que más sufren la morosidad. La propuesta beneficiará especialmente a las PYME que venden bienes o servicios sin contrato escrito (se calcula que la mayoría de las transacciones comerciales de las PYME se realizan sin contrato escrito). La propuesta proporcionará claridad y seguridad sobre los plazos de pago y las consecuencias de pagar con retraso. CONSULTA 6. Lista de las organizaciones consultadas sobre la propuesta y líneas generales de su posición. Se ha estado realizando una amplia consulta con las partes afectadas por el problema de la morosidad durante varios años. Una primera ronda de consultas se basó en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los plazos de pago en las transacciones comerciales48. Se recibieron más de 130 comentarios por escrito de organizaciones profesionales nacionales y europeas y de determinados Estados miembros. Se organizó asimismo una sesión pública los días 7 y 8 de julio de 1993, en la que unas 30 organizaciones expresaron sus opiniones. Tras la publicación del informe de la Comisión, de julio de 1997, tuvo lugar una segunda ronda de consultas. Se recibieron 114 respuestas escritas, procedentes principalmente de asociaciones profesionales nacionales, así como de organizaciones europeas, entre ellas las que representan a empresas, abogados y agencias de cobro de morosos. 91 (80%) estaban a favor de la legislación comunitaria sobre morosidad y 23 (20%) en contra en términos generales. La Comisión organizó igualmente una sesión pública el 7 de octubre de 1997, a la que asistieron más de 200 personas. Se manifestó un gran apoyo a la legislación comunitaria en la sesión pública, incluida la que se recibió por parte de eurodiputados y de miembros del Comité Económico y Social. Las respuestas se mostraron claramente a favor de un derecho a cobrar intereses de demora con un tipo de interés lo suficientemente alto como para disuadir a los morosos. También se mostraron claramente a favor de que el acreedor tenga derecho a una compensación por los costes totales del cobro de las deudas, como los gastos administrativos y legales. Todos aquellos que hicieron comentarios sobre el sector público estaban a favor de medidas legislativas, por ejemplo fijando plazos máximos de pagos y un derecho automático a percibir intereses de demora del sector público. Hubo también un apoyo unánime para una cláusula de reserva de dominio de ámbito comunitario. Muchas respuestas se mostraron a favor de unos procedimientos simplificados de recurso. Finalmente, las agencias de cobro de morosos tanto a nivel europeo como nacional reclaman la concesión de licencias para las agencias de cobro de 48 SEC(92) 2214 final, 18. 11. 1992. 26 morosos en todos los Estados miembros y un verdadero Mercado Único de recuperación de deudas con reconocimiento mutuo de licencias en la Comunidad. 27 ISSN 0257-9545 COM(98) 126 final DOCUMENTOS ES 08 10 09 06 N° de catálogo : CB-CO-98-216-ES-C ISBN 92-78-32937-1 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 28