title: Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Social Europeo

eurovoc_concepts:
European Social Fund
Structural Funds
operation of the Institutions
structural policy

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 18. 03. 1998 COM(1998) 131 final 98/0090 (AVC) 98/0114 (SYN) 98/0115 (SYN) 98/0116 (CNS) Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales Popuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al Fondo Social Europeo Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero (presentadas por la Comisión) REFORMA DE LOS FONDOS EXTRUCTURALES Indice INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE REVISAR LOS REGLAMENTOS PRIMERA PARTE: IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA REFORMA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES A. La cohesión económica y social como prioridad política B. Prioridades comunitarias de las políticas estructurales C. Definición de las responsabilidades 1. 2. 3. Profundizar y ampliar la cooperación Replantear las responsabilidades de la Comisión Completar las responsabilidades de los Estados miembros D. Propuestas equilibradas Concentrar las intervenciones de los Fondos estructurales Integrar la programación estratégica 1. 2. 3. Descentralizar y simplificar las intervenciones 4. Mejorar el seguimiento y el control Estructura de los Reglamentos de los Fondos estructurales E. Fundamento jurídico 1. 2. Nueva arquitectura reglamentaria SEGUNDA PARTE: REGLAMENTO GENERAL DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES A. Esfuerzo general de concentración 1. Limitación del número de objetivos prioritarios a) Tres objetivos b) Iniciativas comunitarias 2. Mayor concentración a) b) c) Concentración temática Concentración geográfica progresiva Concentración financiera B. Método operativo simplificado y descentralizado 1. Mayor división de las tareas y de las responsabilidades mediante una cooperación ampliada y más profunda Programación estratégica integrada Programación descentralizada Seguimiento responsable y transparente 2. 3. 4. 5. Gestión financiera más sencilla y exigente a cargo de la Comisión 6. Método particular para las iniciativas comunitarias C. Mayor eficacia 1. Adicionalidad negociada 2. Admisibilidad de los gastos mejor definida 3. Desarrollo de la ingeniería financiera Plena integración de la evaluación 4. 5. Nuevo instrumento: la reserva de eficacia 6. Función de los comités consultivos y de gestión D. Controles mejorados 1. 2. Sistemas de control fiables Correcciones financieras operativas TERCERA PARTE: REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA FONDO A. FEDER B. FSE C. Apoyo del FEOGA al desarrollo rural D. Reglamento específico de las medidas estructurales en el sector pesquero EXPOSICIÓN DE MOTIVOS INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE REVISAR LOS REGLAMENTOS Son ya casi diez años los transcurridos desde la reforma de los Fondos estructurales de 1988. El propósito al que respondió la adaptación del marco jurídico decidida en 1993 fue más la consolidación y mejora de las nuevas estructuras creadas cinco años antes que la elaboración de una nueva reforma fundamental. Para ésta, era indispensable realizar antes un balance pormenorizado. Tal balance pudo llevarse a cabo finalmente en noviembre de 1996 con motivo del primer Informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social. Este Informe no sólo permite extraer conclusiones sobre la situación y evolución de la cohesión económica y social y sobre la contribución a ella de las políticas estructurales de la Unión, sino que además desvela unas primeras pistas para mejorar la eficacia de dichas políticas. En materia de convergencia económica y social, se observa que en el curso de los últimos diez años se han reducido considerablemente las diferencias de renta por habitante entre los Estados miembros. Esto se debe fundamentalmente al proceso de recuperación de los cuatro países llamados de la cohesión, cuya renta ha pasado del 66 al 74% de la media comunitaria. Si bien es cierto que durante ese periodo se han mantenido prácticamente sin cambios las disparidades de renta entre las regiones, se ha registrado, no obstante, en el caso de las regiones menos prósperas (las contempladas por el objetivo n° 1) un aumento de 2,5 puntos de porcentaje en el nivel medio de renta por habitante, que ha pasado así del 64,6 al 67,2% de la media de la Unión. Los hechos son, en cambio, menos favorables en lo que atañe al empleo y a las disparidades de renta dentro de los Estados miembros. Mientras estas últimas han aumentado en la casi totalidad de los Estados, se observa que en materia de empleo, y pese a la creación en términos netos de unos 7 millones de puestos de trabajo desde 1983, no sólo ha disminuido apenas el número de parados en la Unión sino que además ha crecido notablemente la magnitud de las diferencias regionales de tasa de desempleo. A esto se añade el grave hecho de que el paro haya tendido a producir sus peores efectos precisamente en los grupos sociales más débiles, es decir, los jóvenes (de los que 1 de cada 5 carece de trabajo), las mujeres (cuya tasa media de desempleo es sensiblemente más elevada que la de los hombres) y las personas sin cualificaciones. Si, además, se tiene en cuenta que la mitad de los parados se encuentra sin empleo desde hace más de un año, no debe sorprender el hecho de que hoy haya aumentado el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Este aumento, que es preocupante para el futuro de toda la sociedad europea, resulta más notable en algunos Estados que son, sin embargo, más prósperos y están más urbanizados. Frente a esta situación, el Tratado de Amsterdam representa ya un importante avance por incluir un Título dedicado al empleo y conceder un lugar preponderante a la lucha contra el paro en la Unión, al desarrollo sostenible y a la igualdad entre hombres y mujeres. La voluntad de aplicar una política fuerte en favor de la igualdad exige que este principio se generalice en las políticas e intervenciones estructurales. La Unión se enfrenta, por otra parte, a los grandes desafíos que representan para su futuro el proceso de mundialización, la rapidez de los avances tecnológicos, el establecimiento de la Unión económica y monetaria, la ampliación a nuevos países y la necesidad de hacer progresar la Europa de los ciudadanos. En este contexto general, es preciso que continúe aumentando el grado de cohesión, ya que, si bien es cierto que las fuerzas del mercado y el espíritu de empresa son indispensables para aprovechar las nuevas oportunidades, también lo es que la solidaridad y la ayuda mutua constituyen el complemento necesario, tanto por razones sociales como por la necesidad de generar un desarrollo competitivo y un crecimiento sostenible que creen puestos de trabajo e ingresos suplementarios. Esto producirá un impacto no sólo en las propias regiones beneficiarías sino también, gracias a los intercambios generados, en el conjunto de la Unión. Materializando esta idea, la Comunicación de la Comisión titulada "Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia" propone mantener la cohesión económica y social como prioridad política. La perspectiva de la ampliación a otros países con un menor nivel de desarrollo aumenta la necesidad de esa cohesión; sólo así se alcanzará el gran objetivo dispuesto en el artículo 130 A del Tratado, es decir, reducir las diferencias de desarrollo. Son varios los instrumentos que contribuyen a la consecución de ese objetivo, y ello tanto dentro de la Unión actual como en el contexto de la ampliación. Se trata de los Fondos estructurales (FEDER, FSE, Sección de Orientación del FEOGA e IFOP), del Fondo de Cohesión y del Instrumento de Política Estructural de Preadhesión. En el caso de los Fondos estructurales, se confirma la necesidad de seguir asistiendo dentro de los Quince a las regiones y grupos sociales en dificultades, así como de facilitar al mismo tiempo la integración en la Unión de los países candidatos. Las propuestas de la Comisión, elaboradas en un contexto general de disciplina presupuestaria, se articulan así en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, se mantiene la solidaridad financiera en el nivel fijado para 1999, es decir, un importe de 286. 400 millones de euros (a precios de 1999) para el periodo de 2000-2006. Con esta suma (equivalente a 275. 000 millones de ecus a precios de 1997), se consagra al objetivo de la cohesión económica y social un 0,46% del PIB de la Unión y, de ella, 218. 700 millones de euros (210. 000 millones de ecus a precios de 1997) van para los Fondos estructurales destinados a los quince Estados miembros actuales. En segundo lugar, la continuación del esfuerzo decidido por el Consejo Europeo de Edimburgo (200. 000 millones de ecus, a precios de 1997, para 1993-1999, es decir, 208. 000 millones a precios de 1999) pone de manifiesto la voluntad de que la Unión participe en las actividades de desarrollo y reconversión de las regiones de los Estados miembros, contribuyendo al mismo tiempo a sus políticas de saneamiento presupuestario. Esta estrategia será realizable en la medida en que aumente la concentración de las intervenciones de los Fondos, concentración que es necesaria, no sólo por el hecho de que algunas regiones hayan realizado ya importantes avances en materia de convergencia real, sino también por motivos de eficacia del apoyo estructural. Y, en tercer y último lugar, partiendo de una definición más precisa del papel de los distintos agentes del desarrollo, se reconoce que la simplificación, la evaluación y el control son indispensables para garantizar una mejor relación coste - eficacia en el funcionamiento de los Fondos estructurales reformados. Estas orientaciones de la Comisión, que figuran en la Agenda 2000, se presentan ahora con detalle en una propuesta de nuevo Reglamento general de los Fondos estructurales, completado con un Reglamento especial para cada uno de ellos. PRIMERA PARTE: IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA REFORMA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES A. La cohesión económica y social como prioridad política El concepto de cohesión económica y social se recogió por primera vez en el Acta Única Europea, que constituyó la base de la reforma de los Fondos estructurales de 1988. El Tratado de la Unión Europea hizo de la cohesión uno de los tres pilares de la construcción europea, junto con la UEM y el mercado único. Por su parte, el Tratado de Amsterdam no sólo confirma el lugar preponderante que corresponde a la cohesión sino que además lo refuerza al conceder prioridad a la lucha contra el paro e introducir un nuevo capítulo sobre el empleo. Es preciso, pues, mantener con claridad la prioridad política de la cohesión económica y social y continuar, por tanto, el apoyo a ella. Esta necesidad viene reforzada por la perspectiva de una ampliación a nuevos países con niveles de desarrollo muy diferentes. La solidaridad europea será más indispensable que nunca para poder alcanzar ese objetivo fundamental de reducción de las diferencias de desarrollo que dispone el artículo 130 A del Tratado. Por lo demás, la cohesión económica y social constituye un elemento esencial para la estabilidad de la Unión y el fomento de un alto nivel de empleo y una igualdad real entre hombres y mujeres. En este sentido, la acción de los Fondos estructurales, además de garantizar la eliminación de las desigualdades, debe estimular un desarrollo competitivo y sostenible desde el punto de vista medioambiental, un crecimiento duradero y generador de empleo, una verdadera innovación económica y tecnológica y una mano de obra cualificada y adaptable. B. Prioridades comunitarias de las políticas estructurales Establecimiento de crecimiento, competitividad y empleo las condiciones para un desarrollo económico sostenible: Los Fondos estructurales constituyen un instrumento privilegiado para la reducción de las disparidades y para el fomento del crecimiento y el empleo. Los efectos de su acción, especialmente en lo que atañe a este último, deben centrarse en sus tres principales ámbitos de intervención (infraestructuras, desarrollo de los recursos humanos y apoyo al sector productivo), y ello tanto a corto como a largo plazo: a corto, estimulando la demanda de bienes y servicios y, a largo, mejorando el funcionamiento del mercado de trabajo y la integración de los recursos humanos y físicos en el medioambiente productivo. No obstante, en la mayoría de los aspectos políticos que afectan a la situación del empleo en la Unión Europea, la responsabilidad principal sigue incumbiendo en primer lugar a los propios Estados miembros, cuyas políticas macroeconómicas pueden ejercer una influencia determinante para el establecimiento de un clima favorable al crecimiento de la economía y del empleo. Pese a las difíciles circunstancias existentes, esas políticas han permitido, en efecto, unas notables mejoras en los fundamentos económicos de los Estados miembros, lo cual es particularmente cierto en lo que se refiere, por ejemplo, a la estabilidad de los precios y a los tipos de interés (tipos que han convergido hasta el nivel más bajo alcanzado en los últimos 30 años). Además, la mayor parte de los Estados miembros ha adoptado todo un conjunto de nuevas medidas que tienen por objeto aumentar la innovación y el ritmo de creación de nuevas empresas, así como mejorar la eficacia del mercado de trabajo mediante el equilibrio de la oferta y la demanda. Pese a estos éxitos, las políticas aplicadas a nivel nacional tienen, sin embargo, sus propias limitaciones. Los Estados miembros coinciden en señalar que hay todavía por explotar a nivel regional y local un potencial suplementario de creación de empleo. En este contexto, el principal objetivo de la intervención de los Fondos estructurales debe ser ayudar a establecer las condiciones necesarias para garantizar un desarrollo económico sostenible basado en el crecimiento, la competitividad y el empleo. Sólo con el establecimiento de esas condiciones podrá alcanzarse plenamente el objetivo esencial de mantenimiento y creación de puestos de trabajo. Aumento de la competitividad, la innovación y el apoyo al desarrollo de las PYME Esta prioridad significa que las tareas esenciales de los Fondos deberán centrarse en los grandes ajustes estructurales y en la reducción de las disparidades que todavía subsisten debido principalmente a tres factores: una inadecuada dotación de infraestructuras de base (especialmente en las regiones del objetivo n° 1), una mano de obra escasamente cualificada y una insuficiente capacidad innovadora (resultado, esta última, de un deficiente desarrollo de la investigación tecnológica). Todo ello ocasiona problemas de competitividad e impide a las empresas, especialmente a las medianas y pequeñas, dar el impulso necesario para corregir la situación. La disminución de la dependencia económica respecto de un muy reducido número de sectores, la diversificación del tejido económico con la creación y desarrollo de PYME innovadoras, la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y a los cambios de los sistemas de producción y el fortalecimiento de las capacidades administrativas son, todos ellos, factores esenciales para mejorar los niveles de competitividad y aumentar así el desarrollo económico y el empleo. Empleo: desarrollo de los recursos humanos Las conclusiones de varios Consejos Europeos sucesivos han establecido un marco europeo que define los objetivos prioritarios para las inversiones en materia de empleo y de iniciativas tendentes al desarrollo de los recursos humanos. El Consejo Europeo de Amsterdam ha sido determinante para las políticas de empleo en la Comunidad: con la adopción de un nuevo Título sobre el empleo, el Consejo ha reconocido que éste ha de ser considerado como una cuestión de interés común. De esta forma, el nuevo Tratado ha iniciado un proceso que permitirá a los Estados miembros examinar anualmente la situación del empleo y adoptar líneas directrices para sus políticas nacionales en la materia. Estas formarán parte de un enfoque integrado cuyos elementos esenciales son los siguientes: unas políticas macroeconómicas sanas, un buen funcionamiento del mercado único, una profunda reforma del mercado de trabajo (basada en las prioridades que se acuerden en la líneas directrices antes mencionadas) y una inclusión sistemática del empleo en todas las políticas comunitarias y, particularmente, en las estructurales, que constituyen un poderoso instrumento para la consecución de los objetivos en este ámbito. Los Fondos estructurales deberán prestar su apoyo a los cuatro ejes de la estrategia europea por el empleo (espíritu de empresa, aptitud para el empleo, adaptabilidad e igualdad de oportunidades), ejes éstos en los que se basará el necesario desarrollo de los recursos humanos. Medioambiente y desarrollo sostenible El principio que proclama la necesidad de un desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente y la integración de las exigencias de protección de éste en las otras políticas comunitarias quedó consagrado en el Tratado de la Unión Europea (artículo 2) y ha sido reforzado más tarde en el Tratado de Amsterdam1. Los artículos 1 y 2 del proyecto de Reglamento general, que recogen los objetivos, medios y tareas de los Fondos estructurales, disponen la aplicación de ese principio en las intervenciones realizadas por ellos. Además, otros varios artículos de la reglamentación contienen propuestas para aumentar la contribución de estos Fondos a los objetivos del desarrollo sostenible y de la protección y mejora del medio ambiente. las infraestructuras ambientales básicas), A este respecto, la situación medioambiental de las zonas urbanas será uno de los criterios que se tendrán en cuenta para determinar la facultad de acogerse al objetivo n° 2. De igual forma, por medio de la ayuda financiera destinada directamente al sector del medio ambiente (como, por ejemplo, los Fondos concederán más importancia a las medidas económicas y sociales que, por su carácter específicamente preventivo, tengan un verdadero valor en materia de desarrollo sostenible. La ayuda, que abarcará las inversiones medioambientales en la industria (como, por ejemplo, las destinadas al uso de energías renovables o al empleo de tecnologías de ahorro, tratamiento o reciclaje de agua y energía), apoyará también a las empresas para que puedan respetar las normas legales. La creciente importancia que habrá de darse a estos objetivos se pone de manifiesto en los Reglamentos revisados al establecerse una diferenciación de porcentajes de ayuda que permitirá estimular e impulsar la consecución de los mismos. Por último, otros cambios suplementarios de importancia incluyen el establecimiento de exigencias más estrictas en materia de evaluación "ex-ante", la información requerida para el caso de las autoridades medioambientales en la preparación y ejecución de los programas. los grandes proyectos o el fortalecimiento del papel de Igualdad de oportunidades En aplicación del compromiso contraído en Madrid en materia de igualdad de oportunidades, tanto el nuevo Tratado de Amsterdam como la Resolución del Consejo2 invitan a la Comisión y los Estados miembros a hacer un esfuerzo continuo, sostenido y decidido para materializar Nuevo artículo 2: "La Comunidad tendrá por misión promover. un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad. ". Nuevo artículo 6: Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la elaboración y aplicación de las políticas y actividades comunitarias. especialmente con vistas al fomento de un desarrollo sostenible. DO C 386/1, de 2. 12. 1996, sobre el tratamiento de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los Fondos estructurales europeos. 9 en las medidas apoyadas por los Fondos estructurales el principio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Establecimiento de orientaciones comunitarias Con el fin de que las prioridades arriba expuestas lleguen a hacerse efectivas, los Reglamentos propuestos contienen una serie de disposiciones especiales por las que la Comisión podrá fijar orientaciones comunitarias para cada uno de los objetivos de los Fondos estructurales. Tales orientaciones, que se establecerán antes de la presentación de los planes por los Estados miembros y antes de la revisión intermedia de los programas, constituirán el marco político general para la elaboración de los programas de los Fondos y sus posibles ajustes ulteriores. C. Definición de las responsabilidades Partiendo de un enfoque político innovador basado en cuatro principios (concentración, cooperación, programación y adicionalidad), los diez años de aplicación de las políticas estructurales hasta hoy transcurridos se han basado en una fuerte solidaridad financiera que ha dado lugar a dos importantes decisiones del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras plurianuales. Hoy, además de seguir asentando las políticas estructurales en esos cuatro grandes principios (que han demostrado su pertinencia), parece necesario utilizar la experiencia adquirida con objeto de introducir una verdadera renovación en la ejecución de las mismas. Con ello se verán reforzadas su credibilidad, eficacia y transparencia. Asimismo, la propuesta se basa en la necesidad de una reforma del principio de cooperación que parta de una división más clara de las competencias no sólo entre los Estados miembros y la Comisión sino también a nivel nacional. Es preciso definir las responsabilidades de cada uno de los socios (Estado, región, Comisión) con objeto de favorecer una mejor aplicación del principio de subsidiaridad y del artículo 205 del Tratado, que confiere a la Comisión las competencias de ejecución del presupuesto comunitario. En este contexto, junto a una fuerte descentralización y una mayor simplicidad de los procedimientos, se introduce la exigencia de una mayor eficacia, transparencia y rigor a través de la evaluación de los resultados y el fortalecimiento de los controles. En fin, la introducción de un quinto principio, que proclama la necesidad de aumentar la eficacia de las medidas apoyadas por los Fondos estructurales, garantizará a los ciudadanos un uso adecuado de los recursos públicos consagrados a las intervenciones estructurales europeas. 1. Profundizar y ampliar la cooperación El principio de cooperación se estableció en 1988 como uno de los medios necesarios para garantizar la eficacia de los Fondos. En efecto, esta forma particular de funcionamiento hace posible que todos los agentes interesados participen en la preparación, aplicación, seguimiento y evaluación de las financiaciones comunitarias. Gracias a ella, se puede, no sólo comprobar lo acertado de la estrategia, prioridades y medidas de aplicación adoptadas, sino además aumentar la credibilidad como resultado del consenso que tal participación permite alcanzar en el momento de tomarse las decisiones y de ejecutarlas. 10 Obviamente, es necesario que esta cooperación se lleve a la práctica dentro del más estricto respeto de las competencias propias de cada uno de los socios. En la situación actual, quedan todavía por dar muchos pasos tanto para profundizar la cooperación como para ampliarla. Profundizar la cooperación significa que la participación de los socios debería ser la regla a lo largo de todo el proceso de financiación de los Fondos: desde la concepción de las estrategias hasta la evaluación "ex-post" de las intervenciones. Actualmente, la cooperación se limita, de hecho, a algunas etapas concretas, por lo general restrictivas y sujetas a rigurosas limitaciones temporales. Frente a esta situación, la Comisión propone varias adaptaciones importantes, como, por ejemplo, la exigencia de que los planes presentados por los Estados miembros vayan acompañados de la opinión expresada por los socios, o la participación más activa de los comités de seguimiento en las decisiones de programación y en las tareas de evaluación de la autoridad de gestión que sea responsable de la intervención comunitaria. la participación de Ampliar la cooperación es también, por su parte, otra importante necesidad. Si bien es cierto las autoridades regionales ha registrado notables avances que (especialmente en los Estados miembros donde el grado de regionalización es menor), subsisten aún profundas lagunas tanto en la participación de las autoridades locales más directamente interesadas y de las autoridades medioambientales como en la necesaria consulta a los organismos más activos sobre el terreno o responsables inmediatos de la aplicación de medidas apoyadas por los Fondos estructurales (interlocutores sociales, asociaciones locales u organismos no gubernamentales). Algunos de esos organismos encarnan, además, preocupaciones fundamentales de la Comunidad en materia de empleo, de desarrollo sostenible o de igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, la Comisión propone regular expresamente la participación de esos organismos en la concertación que se lleve a cabo a nivel nacional, regional o local para las intervenciones de los Fondos estructurales. No obstante, con objeto de que este principio pueda conservar un carácter plenamente operativo, se propone también que, en caso necesario, el funcionamiento de la cooperación pueda modularse en función de la contribución de los socios a la financiación de las intervenciones. 2. Replantear las responsabilidades de la Comisión Es preciso replantear y reorganizar el papel que desempeña la Comisión en la ejecución de las políticas estructurales. El sistema de aplicación es hoy demasiado complicado, lento y prolijo, negándose así con frecuencia, y no sin razón, el valor añadido que puedan aportar estos procedimientos excesivamente burocráticos. Al igual que la de los Estados miembros, la responsabilidad política de la Comisión debe definirse con mayor precisión. En la situación actual, debido a la insuficiente definición de las competencias y a una cierta confusión en el ejercicio de la cooperación, se atribuyen a la Comisión responsabilidades que no puede asumir. Además, no debe permitirse que esta confusión, generadora de un complejo sistema de procedimientos administrativos, termine por ocultar la positiva aportación real de las políticas estructurales. Es preciso, pues, que se especifique con claridad la responsabilidad institucional y política de la Comisión como garante del interés europeo. En este sentido, su principal responsabilidad debe ser garantizar que los resultados de las intervenciones de los Fondos estructurales contribuyan a la consecución del objetivo del artículo 130 A, es decir, la reducción de las diferencias de desarrollo. Esta responsabilidad, que se deriva también directamente del artículo 205 (atribución a la Comisión de la competencia general y exclusiva de ejecución del 11 presupuesto comunitario), permite asimismo garantizar que las operaciones financiadas por los Fondos respeten las otras disposiciones del Tratado y las demás políticas comunitarias. Es éste el espíritu con el que debe confirmarse y afianzarse la responsabilidad política de la Comisión en la programación estratégica, el respeto de las prioridades comunitarias y la verificación de los resultados a través del seguimiento, la evaluación y el control. No se trata, pues, de una cogestion con los Estados miembros en estos aspectos. Además, de esta forma se podrán eliminar algunas ambigüedades a las que ha dado lugar en el pasado la práctica de la cooperación y que han llevado a atribuir a la Comisión responsabilidades que no puede asumir. De igual modo, es necesario que el análisis de los resultados obtenidos tenga sus consecuencias en las asignaciones finales de créditos y que, por tanto, dejen éstas de tener el carácter automático que revisten actualmente. A tal efecto, el establecimiento de una reserva para su utilización a medio plazo permitiría a la Comisión decidir las últimas dotaciones financieras en función de los resultados intermedios arrojados por los programas. 3. Completar las responsabilidades de los Estados miembros Para poder lograr la mayor eficacia necesaria, es preciso que las prioridades de desarrollo estructural y el valor añadido comunitario se definan mejor. La referencia actual a las prioridades nacionales o regionales de desarrollo no basta para asegurar que la cofinanciación comunitaria produzca automáticamente resultados claramente identificables. Así pues, debe garantizarse que la eficacia de las intervenciones pueda medirse en términos de resultados concretos. A tal fin, es necesario que los socios que se benefician de los Fondos estructurales asuman más claramente sus responsabilidades. El papel de los Estados y regiones en la ejecución de los programas debe basarse más en una descentralización real, y tener como contrapartida una mayor responsabilidad ante la Comunidad por las tareas de control, verificación y evaluación de los resultados. El control y la evaluación pasan a convertirse así en instrumentos fundamentales para la gestión de los Fondos estructurales. D. Propuestas equilibradas Partiendo de una clara división de competencias entre los Estados miembros y la Comisión, el contrato político renovado se articulará en torno a dos ejes fundamentales: la concentración de las intervenciones de los Fondos estructurales y la simplificación y descentralización de su ejecución de acuerdo con procedimientos que garanticen una mayor eficacia y un control más riguroso. 1. Concentrar las intervenciones de los Fondos estructurales La eficacia de los Fondos estructurales depende de un esfuerzo de concentración a cuatro niveles: concentración en tres objetivos prioritarios y tres iniciativas comunitarias; 12 concentración en ámbitos de intervención prioritarios que favorezcan un enfoque integrado del desarrollo (y no simples medidas aisladas) tanto para las necesidades regionales y nacionales como para las prioridades comunitarias; concentración geográfica que, gracias a un periodo transitorio, permita en el año 2006 una cobertura de la población comunitaria subvencionable que oscile entre el 35 y el 40%, en lugar del 51% actual. concentración financiera que mantenga en un nivel equivalente al actual la prioridad de la intervención de los Fondos en favor de las regiones menos desarrolladas. 2. " Integrar la programación estratégica Para poder alcanzar la necesaria eficacia económica de todas las intervenciones cofinanciadas por los Fondos, es preciso que el conjunto de las medidas de desarrollo o de reconversión se integren en las estrategias y prioridades de desarrollo. Sin esta integración, hay grandes probabilidades de que las medidas apoyadas por los Fondos se acometan de forma aislada y dispareja. Esto puede afectar gravemente a sus resultados y a su impacto en términos de desarrollo. Se propone, pues, que, mediante una reducción del número de objetivos y de iniciativas comunitarias, la acción regional de la Comunidad se integre en un solo programa por región circunscrito al ámbito territorial adecuado, a saber, el nivel regional (NUTS II). En este nivel, el conjunto de los Fondos (FEDER, FSE, FEOGA e IFOP) dedicados a un objetivo podrá contribuir de forma coherente y en sinergia a su consecución. Por consiguiente, el enfoque integrado que puso progresivamente en marcha la reforma de 1988 debe utilizarse hoy de forma mucho más amplia y sistemática. 3. Descentralizar y simplificar las intervenciones intervención de La responsabilidades de la Comisión y las de los Estados miembros. los Fondos debe simplificarse distinguiendo con claridad las La Comisión decide las estrategias y prioridades de desarrollo de los documentos de programación no sólo a propuesta de los Estados miembros sino también, en el ejercicio de la cooperación, de acuerdo con ellos, y es asimismo en este contexto en el que asigna los créditos de los Fondos estructurales. De esta forma, los Estados miembros y las regiones toman decisiones para la ejecución de la programación y la gestionan, controlan y evalúan, rindiendo después cuentas de ello a la Comisión. 4. Mejorar el seguimiento y el control La Comisión considera que esta simplificación y descentralización debe tener como contrapartida necesaria la garantía de que el esfuerzo de solidaridad de la Unión se utilice con la máxima eficacia posible y se controle a todos los niveles. En este contexto, la Comisión, los Estados miembros y las regiones deberán mantener varios tipos de encuentros para garantizar, en particular, que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con los ejes estratégicos del programa y que tenga lugar el oportuno control financiero. 13 E. Estructura de los Reglamentos de los Fondos estructurales 1. Fundamento jurídico Los Reglamentos adoptados en 1988 y revisados en 1993 lo fueron en virtud del Acta Única Europea. El artículo 130 D disponía que la Comisión presentara una propuesta global (de "Reglamento marco") y, el artículo 130 E, que se adoptara para cada Fondo un Reglamento de aplicación. Cada uno de estos dos artículos preveía un procedimiento de adopción diferente. Además, sobre la base del segundo de ellos y en aplicación del Reglamento marco, se adoptó también un Reglamento de aplicación suplementario, el llamado "Reglamento de coordinación", cuyas disposiciones incluyeron numerosas repeticiones innecesarias respecto del otro Reglamento general, es decir, el Reglamento marco. Los Reglamentos ahora propuestos se basan en los artículos 130 D y 130 E modificados por el Tratado de la Unión Europea. El nuevo artículo 130 D prevé la adopción de una reglamentación general que determine, por una parte, "las funciones, los objetivos prioritarios y la organización de los Fondos" y, por otra, "las normas generales aplicables a los Fondos, así como las disposiciones necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación de los Fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes". Por su parte,, el artículo 130 E sigue disponiendo la adopción de una reglamentación para cada Fondo, y ello con arreglo a procedimientos diferentes del previsto en el artículo 130 D. Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comisión procederá a las adaptaciones que sean necesarias en aplicación de las nuevas disposiciones. No obstante, la presente propuesta integra ya los principios subrayados por ese Tratado, particularmente la prioridad a tres campos: el empleo, la igualdad de hombres y mujeres y el desarrollo sostenible. 2. Nueva arquitectura reglamentaria Con vistas a la simplificación y transparencia de la normativa, la Comisión, procediendo de conformidad con el Tratado, propone reagrupar en uno sólo los dos Reglamentos generales, conservar los Reglamentos especiales de los Fondos y establecer una clara distinción entre aquél y éstos, cuya finalidad es precisamente establecer las disposiciones particulares de cada Fondo. El IFOP, por su parte, pasa a convertirse en Fondo estructural de pleno derecho. El Reglamento general regula los principios generales de los Fondos estructurales, incluidos la sus objetivos prioritarios y funciones, coordinación de los Fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros, el sistema de programación y de gestión financiera y los medios de garantizar la necesaria eficacia, incluido el control. los principios generales de organización, Por su parte, el Reglamento de cada Fondo contiene las disposiciones que le son específicas y regula su ámbito de intervención. 14 SEGUNDA PARTE: REGLAMENTO GENERAL DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES A. Esfuerzo general de concentración 1. Limitación del número de objetivos prioritarios a) Tres objetivos Con objeto de que la acción de los Fondos estructurales pueda hacerse más patente y gane en eficacia, se propone que los siete objetivos actuales se reduzcan a tres, dos de ellos regionales y, el tercero, horizontal, consagrado a los recursos humanos. Regiones menos desarrolladas (objetivo n° 1) El primer objetivo sigue orientado al progreso de las regiones menos desarrolladas, cuyo PIB por habitante (medido en paridad de poder de compra dentro del nivel NUTS II) es inferior al 75% de la media comunitaria, umbral del objetivo. El cálculo se basará en las cifras correspondientes a los tres últimos años de los que se disponga de datos en la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT). Enfrentadas a gravísimos problemas de potencial económico, renta, empleo, infraestructuras y nivel de formación de la mano de obra, estas regiones deberán gozar del mismo nivel de prioridad que actualmente. El primer Informe sobre la cohesión ha confirmado que siguen existiendo diferencias substanciales en materia de infraestructuras y de recursos humanos. Y, si bien es cierto que estas diferencias se han reducido en algunos campos, como el de las telecomunicaciones, su eliminación total exigirá un proceso de larga duración debido al gran volumen de inversiones que es necesario. Las regiones ultraperiféricas (departamentos franceses de Ultramar, Azores, Madeira e islas Canarias) acumulan un gran número de problemas estructurales y se encuentran así en una situación particular (reconocida en un nuevo artículo y un Protocolo del Tratado) que justifica su facultad de acogerse al objetivo n° 1. Se propone que las regiones englobadas actualmente por el objetivo n° 6 cuyo PIB por habitante sea inferior al umbral del 75% se incluyan de pleno derecho en el objetivo n° 1. Asimismo, las zonas que subvenciona hoy el objetivo n° 6 se integrarán en el objetivo n° 1, beneficiándose de un tratamiento financiero equitativo. La aplicación estricta de las normas de subvencionabilidad requerirá que la lista de las regiones enmarcadas en el objetivo n° 1 (válida para el periodo de 7 años de 2000 - 2006) sea establecida por la Comisión una vez que el Consejo haya adoptado los nuevos Reglamentos. Como ha indicado la Comisión, con ello se conseguirá una concordancia completa entre las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB por habitante es inferior al 75% de la media comunitaria) y las regiones ayudadas por los Estados miembros en el marco de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Los cuatro Fondos estructurales (FEDER, FSE, Sección de Orientación del FEOGA e IFOP) prestarán su apoyo al desarrollo de las regiones encuadradas en el objetivo n° 1. 15 Para el caso de las que están incluidas actualmente en este objetivo pero que no figurarán ya en la lista antes mencionada, se concederá una ayuda decreciente que quedará suprimida el 31 de diciembre del año 2005 en el caso del FEDER, prolongándose hasta el 31 de diciembre del año siguiente para las zonas que cumplan los criterios de subvencionabilidad del objetivo n° 2. Ese mismo año, las otras zonas a las que se haya aplicado esta eliminación progresiva de la ayuda se beneficiarán del apoyo del FSE, la Sección de Orientación del FEOGA y el IFOP en el marco del programa inicialmente decidido. Regiones en proceso de reconversión económica y social (nuevo objetivo n° 2) La Unión debe seguir apoyando la reconversión económica y social de las zonas con dificultades estructurales, incluidas las de los Estados miembros más prósperos. Esta necesidad de reconversión, que tiene su origen en la falta de diversidad del tejido económico, afecta a tipos muy distintos de zonas de la Unión: zonas industriales, rurales, urbanas o dependientes de la pesca que se enfrentan a problemas estructurales de reconversión socioeconómica y de los servicios. Al igual que en el objetivo n° 1, es necesario un esfuerzo de concentración en las zonas más gravemente afectadas, lo que exige mantener, dentro siempre de la cooperación con los Estados miembros interesados, el papel actual de la Comisión en la delimitación de las zonas, así como basarse fundamentalmente en criterios de subvencionabilidad comunitarios que sean simples, transparentes y específicos de los diversos tipos de zonas del objetivo n° 2. Tan pronto como el Consejo adopte los nuevos Reglamentos, los Estados miembros propondrán a la Comisión las zonas que consideren más gravemente afectadas por la reconversión económica y social. En principio y de conformidad con la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la política regional y la de competencia, estas propuestas de inclusión en el objetivo n° 2 deberían contemplar únicamente zonas para las que los Estados propongan también la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. La población cubierta por el objetivo n° 2 durante todo el periodo de 2000 - 2006 no debería sobrepasar el 18% de la población total de la Unión. Basándose en criterios objetivos, la Comisión fijará para cada uno de los Estados miembros un límite máximo de población subvencionable; y, a fin de garantizar que cada Estado contribuya al esfuerzo general de concentración, se limitará a un tercio en términos de población la disminución máxima posible que pueda sufrir la cobertura del nuevo objetivo n° 2, en el año 2006, con relación a la de los objetivos nos 2 y 5 b) actuales, incluido el caso de las zonas que, beneficiándose del apoyo transitorio concedido en el marco del objetivo n° 1, cumplan los criterios de subvencionabilidad del objetivo n° 2. La lista de las zonas se elaborará en un marco de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales. Con objeto de conservar el carácter comunitario del objetivo n° 2, se concederá una importancia particular a las regiones industriales y rurales que se seleccionen, dentro del nivel NUTS III, como prioridades comunitarias sobre la base de los últimos datos estadísticos armonizados de los que disponga la Comisión. La población de esas zonas industriales y rurales, seleccionadas con criterios estrictamente comunitarios, deberá representar como mínimo la mitad de la población total que pueda acogerse a la ayuda del objetivo n° 2 en cada uno de los Estados miembros en los que se aplique este objetivo. 16 Además, dentro de los límites máximos de población que le correspondan, cada Estado miembro podrá hacer otras propuestas acogidas a los otros criterios que figuran en el Reglamento, incluidos los relativos a las zonas urbanas y a las dependientes de la pesca. Estos criterios deberán aplicarse al nivel geográfico que sea adecuado. Por otra parte, habrá que garantizar un reparto equitativo entre los distintos tipos de zonas. En términos de población total de la Unión y con carácter indicativo, las zonas industriales y del sector servicios deberían representar un 10%, las zonas rurales un 5%, las urbanas un 2% y las dependientes de la pesca un 1% La lista de las zonas más gravemente afectadas en el ámbito comunitario será decidida por la Comisión y, al igual que la del objetivo n° 1, tendrá una validez de siete años. La experiencia de los dos primeros periodos de programación indica que los Estados miembros no han expresado nunca en el curso de éstos su deseo de modificar la lista de zonas subvencionables. No obstante, para poder hacer frente a un caso de grave crisis en una región, se propone conservar la posibilidad de que, a propuesta del Estado miembro interesado y respetando siempre el límite para él fijado inicialmente, se modifique dicha lista en el curso del año 2003. En la presente propuesta, son tres Fondos estructurales (FEDER, FSE e IFOP), además de la Sección de Garantía del FEOGA, los que apoyan la reconversión de estas zonas, y ello dentro de un solo programa por región de nivel NUTS IL Por último, con objeto de no perturbar gravemente el proceso de reconversión realizado hasta hoy con el apoyo de los Fondos estructurales, las zonas actualmente acogidas a los objetivos nos2 y 5 b) que no cumplan los criterios del nuevo objetivo n° 2 se beneficiarán de una ayuda decreciente del FEDER, limitada hasta el 31 de diciembre del año 2003. Además, a partir del año 2000, estas zonas recibirán el apoyo del FSE en el marco del objetivo n° 3 y de la Sección de Garantía del FEOGA en el marco de sus intervenciones en el conjunto de la Comunidad, incluidas las estructurales en favor de la pesca. Desarrollo de los recursos humanos (nuevo objetivo n° 3) El nuevo objetivo n° 3 (cofinanciado por el FSE), que tiene por objeto apoyar la adaptación y la modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo, intervendrá financieramente fuera de las regiones y zonas de los objetivos nos 1 y 2 y garantizará un marco de referencia político para el conjunto de las medidas en favor de los recursos humanos en un territorio nacional, sin perjuicio de las especificidades regionales. A este respecto, será esencial garantizar un enfoque integrado a través de cada uno de los tres objetivos de los Fondos estructurales, por medio de una coordinación reforzada de las intervenciones de los distintos Fondos. El desarrollo de los recursos humanos desempeñará un papel central en las estrategias europea y nacionales, basándose, en particular, en los marcos de referencia establecidos mediante cooperación para el objetivo n° 3 y aplicándose en consecuencia a las intervenciones de los objetivos nos 1 y 2. El punto de partida de este nuevo objetivo será el nuevo título sobre el empleo del Tratado de Amsterdam, la estrategia europea del empleo que se ha venido siguiendo desde el Consejo Europeo de Essen y el nuevo proceso -a raíz de las disposiciones del nuevo título sobre el empleo- para establecer planes nacionales de actuación por el empleo. 17 La aplicación del objetivo n° 3 deberá ser lo suficientemente flexible como para tener en cuenta la gran diversidad de políticas, prácticas y necesidades existentes entre los distintos Estados miembros en materia de empleo. En consecuencia -y visto que los nuevos reglamentos tienen una duración de siete años- la definición de las medidas subvencionables es relativamente amplia con el fin de facilitar una articulación eficaz entre las intervenciones y los planes nacionales de actuación por el empleo y garantizar tipos de financiación adaptados a las prioridades y a las políticas nacionales y regionales de cada Estado miembro. b) Iniciativas comunitarias El número actual de iniciativas comunitarias -13 iniciativas que han generado más de 400 programas, es decir, tantos como todas las demás medidas estructurales juntas- es claramente excesivo. La Comisión propone tres iniciativas comunitarias: cooperación (transfronteriza, transnacional e interregional) destinada tanto a estimular el desarrollo económico de las regiones como a fomentar una ordenación del territorio europeo armoniosa y equilibrada; desarrollo rural, y cooperación transnacional en pro de nuevas prácticas de lucha contra la discriminación y las desigualdades de todo tipo en el acceso al mercado del trabajo. La Comisión desea asignarles un fin específico: la realización de actividades de interés común en ámbitos prioritarios para la Unión gracias a la cooperación entre las regiones, los Estados miembros y los agentes económicos y sociales. Para simplificar, cada iniciativa será financiada por un único Fondo estructural cuyo ámbito de intervención podrá ampliarse al de los otros fondos, en la medida necesaria para la realización de las actuaciones. Una asignación del 5% de los recursos de los Fondos estructurales a estas tres iniciativas comunitarias permitirá emprender actividades de interés comunitario importantes, incluso fuera de las zonas que pueden acogerse a los objetivos nos 1 y 2 en el caso de las dos primeras iniciativas. Por otra parte, con el fin de proseguir la mejora de la calidad de las intervenciones de los objetivos nos 1 a 3, las medidas innovadoras se aplicarán por iniciativa de la Comisión. Su aplicación, en forma de estudios, proyectos piloto o intercambio de experiencias, deberá tener más en cuenta la necesidad de sencillez, transparencia y conformidad con la buena gestión financiera. En materia de desarrollo regional, debería hacerse un esfuerzo especial para estimular la ingeniería financiera en las regiones menos dotadas en este ámbito. En total, el 1% de los recursos se dedicará en conjunto a las medidas innovadoras (0,7%) y a la asistencia técnica (0,3%). 2. Mayor concentración a) Concentración temática La experiencia de los Fondos estructurales pone de manifiesto que la actuación comunitaria debe seguir respondiendo a las necesidades reales de sus beneficiarios. Es la prueba de la eficacia de toda actividad de desarrollo o de reconversión estructural. Los actores locales, regionales y nacionales deben, pues, seguir siendo los verdaderos iniciadores de las medidas que haya que tomar. Para concentrar la ayuda comunitaria, y aumentar así su eficacia, la Comunidad se fijó, incluso en el Tratado, una serie de prioridades de actuación, que los socios y actores afectados por los Fondos deben tener en cuenta. Así, algunos de los principios enunciados en el artículo 2 del Tratado deben encontrar aplicaciones directas y concretas en los Fondos estructurales. A modo de ejemplos cabe citar los siguientes: un alto grado de competitividad y de innovación, un elevado nivel de empleo, un desarrollo equilibrado y duradero de las actividades e igualdad entre los hombres y las mujeres. A los socios de la Comisión no siempre les resulta sencillo aplicar estas prioridades en sus actuaciones sobre el terreno. Por eso, la Comisión se propone fijar orientaciones que presenten las prioridades comunitarias para cada uno de los objetivos, antes del comienzo del ejercicio de programación a nivel local, regional o nacional. Estas orientaciones tendrán una doble ventaja: por una parte, pedir a los futuros beneficiarios que concentren sus actuaciones en los temas que son prioritarios para la Comunidad en su conjunto; por otra, facilitar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en el momento de fijar las prioridades conjuntas de la programación definitiva de los Fondos. b) Concentración geográfica progresiva El porcentaje de la población de los 15 Estados miembros que puede acogerse a los objetivos nos 1 y 2 deberá reducirse del 51% a una cifra situada entre el 35% y el 40%, es decir, un nivel inferior al de las zonas que pueden acogerse a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Ese nivel deberá reducirse también a partir del 1 de enero de 2000, pues se fijó en el 42,7% para el periodo de 2000-2006. Sin embargo, la creación de una ayuda transitoria de duración amplia (6 años para el objetivo n° 1 y 4 años para el objetivo n° 2) evitará los efectos negativos que esta reducción puede tener en las regiones cuyo desarrollo o reconversión, que se inició en 1988, justifica que dejen de poder acogerse a dichos objetivos en el 2000. La concentración geográfica debería afectar de manera equivalente a los objetivos nos 1 y 2. Las regiones del objetivo n° 1 deberían abarcar una población no superior al 20% de la de la Unión, frente al 25% actualmente. Lo mismo cabe decir de las del objetivo n° 2, cuya población admisible en 1999 no debería sobrepasar el 20%, incluidas las zonas (en torno al 2%) que disfrutarán del apoyo transitorio del objetivo n° 1 entre el 2000 y el 2005 y que cumplen los criterios para poder acogerse al objetivo n° 2. c) concentración financiera El Consejo Europeo de Edimburgo decidió asignar unos dos tercios de los recursos de los Fondos estructurales a las regiones con un desarrollo insuficiente. Aunque se han conseguido avances tangibles en este ámbito gracias al apoyo de los Fondos estructurales, hay que realizar aún esfuerzos importantes, principalmente en equipamiento en infraestructuras y reducción del desempleo, que sigue superando a la media comunitaria en un 60%. Por eso, dos tercios de los recursos financieros de los Fondos estructurales deberían seguir concentrados en estas regiones, incluidas las que disfrutan de la ayuda transitoria, lo que supone un porcentaje comparable a la media del periodo de programación actual. Dentro de la dotación financiera que la Comisión decidirá para cada uno de los objetivos nos 1, 2 y 3, una distribución indicativa por Estado miembro, basada exclusivamente en criterios objetivos, permitirá concentrar los medios financieros en las regiones con mayores dificultades, incluidas las regiones ultraperiféricas y las que reciban ayudas transitorias. Estos 19 criterios objetivos serán similares a los utilizados en el periodo actual, a saber: la población admisible, la prosperidad nacional, la prosperidad regional y la gravedad relativa de los problemas estructurales, en particular, el nivel de desempleo. B. Método operativo simplificado y descentralizado 1. Mayor división de las tareas y de las responsabilidades mediante una cooperación ampliada y más profunda La cooperación (en primer lugar entre la Comisión y los Estados miembros), que es uno de los principios clave del funcionamiento de los Fondos, permite la participación de los socios más comprometidos en la actuación conjunta de la Comunidad y los Estados miembros. Asimismo, garantiza el compromiso y el necesario consenso entre los actores, elementos indispensables para el éxito de toda actividad vinculada al desarrollo. La Comisión considera, sin embargo, que se precisan avances complementarios en dos direcciones gracias a la ampliación y a la profundización de la cooperación. Ampliación de la cooperación Sucede aún con demasiada frecuencia que las autoridades nacionales o regionales incluyan a los demás agentes del desarrollo económico y social sólo de manera episódica o puntual, lo que, en cualquier caso, resulta insuficiente para garantizar la eficacia perseguida. Los Estados miembros, que deberán garantizar la participación de las autoridades regionales y locales, de las autoridades medioambientales y de los interlocutores económicos y sociales, incluidas las organizaciones no gubernamentales, mantendrán su papel central y asegurarán el pleno cumplimiento de las normas institucionales nacionales. En efecto, todos los interlocutores son portadores de proyectos o asesores valiosos para impulsar las actividades económicas y sociales necesarias para lograr un crecimiento duradero y crear empleo. Los recientes pactos territoriales por el empleo dan prueba de esta necesaria asociación que supera los medios institucionales. La Comisión considera que son los Estados miembros, en cuanto contrapartida de la descentralización del método de aplicación, los que deben garantizar la ampliación de la cooperación. División clara de las responsabilidades Antes de proceder a la simplificación del método operativo hay que realizar una división clara de las responsabilidades, lo que permite, además, garantizar una verdadera profundización de la cooperación. El funcionamiento actual de los Fondos prevé un número demasiado grande de disposiciones que deben aplicarse «en el marco de la cooperación», sin designar claramente la instancia -Comisión, Estado miembro, etc- encargada de tal o cual parte de la elaboración o de la aplicación de los Fondos. Esta dilución de las responsabilidades lleva a que cada uno de los interlocutores intervenga en cualquier decisión, independientemente de la fase en la que se halle o de su importancia, lo que sobrecarga considerablemente el conjunto del edificio. Por eso, la Comisión desea que se precisen las responsabilidades de los distintos interlocutores en todas las etapas de funcionamiento de los Fondos. Dicho de manera resumida, la Comisión publicará orientaciones, como se ha indicado anteriormente, que se utilizarán para la preparación de los planes. Las autoridades competentes de los Estados miembros establecerán los planes una vez que la 20 cooperación se haya consolidado efectivamente en el Estado miembro de que se trate. El contenido de las intervenciones adoptadas por la Comisión será más estratégico y se centrará en los objetivos y las prioridades de cada documento de programación. Como contrapartida, los Estados miembros darán garantías en materia de seguimiento, gestión, evaluación y control. Por su parte, la Comisión aprobará las disposiciones de aplicación. En cambio, el contenido detallado de la programación y la gestión de las intervenciones incumbirán plenamente a los Estados miembros. En consecuencia, para dar cuenta de esta gestión se determinan mejor sus obligaciones. La simplificación y descentralización de la programación serán posibles y efectivas si se cumple esta condición. 2. Programación estratégica integrada Intervenciones menos numerosas e integradas La reducción del número de objetivos e iniciativas comunitarias es la primera contribución a una simplificación importante del método operativo de los Fondos. La aplicación de un único programa integrado de los Fondos estructurales por región es la segunda contribución importante. En principio, el nivel regional de que se trate es el nivel II de la nomenclatura NUTS. Este programa debe incluir las intervenciones integradas promovidas a través del conjunto de los Fondos estructurales, ya sea en el marco del objetivo n° 1 o del objetivo n° 2. Esta racionalización tiene varias ventajas: la eficacia y la sinergia que se consiguen gracias a la integración de los Fondos, la reducción del número de decisiones iniciales y modificativas, la flexibilidad que se aporta en beneficio de los gestores que actúen sobre el terreno y finalmente la armonización de hecho de las prácticas de los Fondos. De manera más precisa, la Comisión propone que los objetivos nos 2 y 3 se apliquen siempre en forma de documentos únicos de programación que integren todos los Fondos, incluidos el FEOGA y el IFOP en el caso del objetivo n° 2, mientras que el recurso a los marcos comunitarios de apoyo sigue siendo la norma general en el caso del objetivo n° 1 debido a la importancia de los créditos en cuestión y a la posibilidad que ofrecen para aplicar programas multiregionales relativos a tal o cual tema o sector particular, incluido el desarrollo de los recursos humanos. Un contenido más estratégico que tiene en cuenta las prioridades comunitarias La programación de los Fondos se ha criticado a menudo en nombre del principio de subsidiariedad. Numerosos interlocutores consideran que el nivel comunitario debería concentrarse aún más en la selección estratégica y en descentralizar la gestión. La Comisión propone a este respecto que la programación conste de dos partes: la que sigue siendo objeto de una decisión a escala comunitaria, de la que se ocupa la Comisión, y la que en adelante incumbirá exclusivamente a los Estados miembros. Las decisiones de programación que deben adoptarse a escala comunitaria se centrarán en los objetivos estratégicos cuantificados, los ejes prioritarios y su dotación financiera, la descripción de las medidas y las necesarias garantías relativas a las disposiciones de aplicación en el caso de una mayor cooperación. Estas decisiones estratégicas pueden ser modificadas por la Comisión. 21 3. Programación descentralizada Dentro de la programación establecida a nivel comunitario, la programación detallada incumbirá completamente a los Estados miembros. Éstos desglosarán los créditos a escala de las medidas operativas, cuantificarán los beneficiarios finales y los criterios de selección. los objetivos específicos y determinarán Cada Estado miembro designará a tal efecto un organismo de gestión que asumirá esta responsabilidad y la regularidad de la aplicación. Este organismo gozará de gran autonomía y se encargará de elaborar, aprobar y modificar esta parte de la programación, que transmitirá a la Comisión. Asimismo, se ocupará de toda la aplicación de los Fondos, inclusive garantizar el cumplimiento de las políticas comunitarias y la calidad de la aplicación. A tal efecto, administrará los planes de financiación a escala de las medidas y creará sistemas de gestión, seguimiento y evaluación bajo su autoridad. Cuando la plena asociación de los actores locales sea crucial para la eficacia de los fondos (desarrollo local, reconversión de los barrios urbanos en crisis, pactos por el empleo, etc. ), el recurso a la «subvención global» confiada a intermediarios especiales (autoridades locales, agencias de desarrollo, ONG especializadas, etc. ) podrá resultar especialmente pertinente. 4. Seguimiento responsable y transparente Comité de seguimiento El seguimiento de la programación estará garantizado como ahora por un comité de seguimiento. La autoridad de gestión presidirá este comité. Además, con el fin de poder garantizar una cooperación lo más amplia posible, todos los tipos de interlocutores (autoridades locales medioambientales, agentes económicos y sociales) deben estar representados en este comité. Se hace, sin embargo, una diferencia entre los socios que participan directamente en la financiación de las intervenciones y los que están representados con derecho a voz. El papel del representante de los servicios de la Comisión será nuevo. Con el fin de no contravenir la descentralización en materia de gestión, se propone que este miembro participe en los comités únicamente con derecho a voz. Para preservar su responsabilidad institucional, la Comisión se cerciorará, sin embargo, del cumplimiento de la programación estratégica y velará por la buena utilización de las contribuciones comunitarias. Por último, se propone que el comité de seguimiento contribuya aún-más a la calidad de la aplicación de la intervención. En primer lugar, dará en lo sucesivo el visto bueno sobre el complemento de programación propuesto por la autoridad responsable del programa antes de que ésta lo transmita a la Comisión. En consecuencia, aprobará también toda modificación. Por otro lado, dado que participa con demasiada frecuencia en la gestión, debería deliberar periódicamente, más que hoy, acerca de la aplicación de las orientaciones estratégicas y de las prioridades de la intervención. A tal efecto, examinará las evaluaciones del programa para poder proponer, con pleno conocimiento de causa, las adaptaciones que la cambiante situación del terreno haga necesarias y aprobará el informe anual de ejecución elaborado por la autoridad de gestión antes de su transmisión a la Comisión. 22 Aplicación transparente La descentralización de las financiaciones no puede ir en contra del principio del Tratado que hace a la Comisión responsable de la ejecución del presupuesto. De acuerdo con esta responsabilidad, la Comisión debe garantizar la transparencia de las financiaciones concedidas y dar cuenta a la autoridad presupuestaria y a los ciudadanos europeos. A tal efecto, debe ser informada de la utilización de los créditos presupuestarios por los responsables de su gestión. Con este fin se han previsto varias medidas: el informe anual de ejecución, que deberá contener datos suficientes sobre el estado de las intervenciones y sobre los resultados y los efectos obtenidos en los Estados miembros; la recogida de datos y de indicadores desempeñará una función crucial, tanto para la Comisión como para los organismos de gestión, para garantizar un seguimiento eficaz y en concreto permitirá realizar un seguimiento de los ámbitos de interés comunitarios, como la igualdad entre hombres y mujeres, la ayuda a las empresas o las reservas transeuropeas; una reunión anual de seguimiento entre la Comisión y el organismo de gestión, que tendrá por objeto examinar los resultados obtenidos durante el año anterior; podrá completarse con recomendaciones destinadas a mejorar la calidad de la gestión; una reunión anual entre la Comisión y los responsables de los controles de los Estados miembros, en la que se procurará evaluar los resultados de los controles efectuados, las observaciones de los otros organismos de control y las medidas adoptadas o que se vayan a tomar para solucionar los defectos observados; un examen intermedio profundo del conjunto de las intervenciones de los Fondos, necesario debido a la duración del próximo periodo de programación (7 años) y de la asignación de la reserva de eficacia; un esfuerzo especial en materia de información y de publicidad a la vez respecto de los beneficiarios potenciales y de la opinión pública en general, para informarles de las posibilidades ofrecidas y del papel desempeñado por la Comunidad en favor de la cohesión. 5. Gestión financiera más sencilla y exigente a cargo de la Comisión El método de gestión actual de los compromisos y los pagos en favor de los programas cofinanciados por los Fondos estructurales es complejo. Además, tiene el inconveniente de producir bloqueos y retrasos en los pagos cuando se presenta un problema, incluso si éste afecta sólo a una parte limitada de un programa. La Comisión considera que es posible y deseable mejorar de manera decisiva los instrumentos actuales. Para ello propone en primer lugar que se utilice un sistema más sencillo y automático para los compromisos presupuestarios. El primer compromiso anual se produciría en el momento de la intervención. Los compromisos anuales siguientes se realizarían aprobación de automáticamente a principios de cada nuevo año del programa. No obstante, con el fin de limitar los inconvenientes debidos a los posibles retrasos de la liquidación de los compromisos, se propone liberar de oficio las partes de los compromisos no utilizadas la 23 después del final del segundo año siguiente al del compromiso. No obstante, con motivo del nuevo acuerdo interinstitucional, se propone la posibilidad de volver a asignar al presupuesto los créditos de compromiso que no se hayan utilizado en el 2000. Este mecanismo servirá también para estimular una ejecución eficaz de las intervenciones. Por lo que se refiere a los pagos, la Comisión considera que el principio general debería basarse en la devolución de los gastos efectivos y certificados. No obstante, para que la aplicación de los programas pueda comenzar gracias a la cofinanciación comunitaria, es necesario prever un anticipo global, del orden de un 10% de la contribución total prevista, que la Comisión pagará en el momento de la aprobación del programa. Este sistema de un anticipo único, completado con devoluciones escalonadas regularmente a lo largo del año, es a la vez más sencillo y exigente. Las devoluciones deberán cumplir una serie de condiciones específicas: la Comisión deberá disponer de la programación complementaria de los informes anuales y no deberá observar irregularidades en la gestión o la aplicación de las medidas. La simplificación de la gestión financiera se conseguirá gracias a un nuevo mecanismo sobre indización. Esta será global y se efectuará antes de la programación. En caso necesario se revisará a mitad de proceso en función de la tasa de inflación real. 6. Método particular para las iniciativas comunitarias Debido a su finalidad específica centrada en la cooperación y la innovación, los programas de iniciativa comunitaria tendrán un ámbito de aplicación original en relación con las intervenciones emprendidas de conformidad con los objetivos prioritarios. Para simplificar, está prevista una única fuente de financiación (un único Fondo) para cada iniciativa. Su interés comunitario justifica que la Comisión desempeñe un mayor papel en su concepción y aplicación. Para disfrutar de todas las ventajas de la cooperación transnacional o interregional, podría resultar preciosa la existencia de estructuras ligeras de coordinación y de intercambio entre los distintos territorios en cuestión. Estas estructuras, colocadas bajo la responsabilidad de la Comisión, deberían incluir a los representantes de los Estados miembros. Además, aunque la cooperación transfronteriza y transnacional tiene por objeto las regiones externas de los programas PHARE, TACIS y MEDA, éstos deberán adaptarse necesariamente. En cambio, los encargados de la concepción y la gestión de las medidas operativas, determinadas en aplicación de las orientaciones que establezca la Comisión, deberían ser las autoridades o los interlocutores que estén más directamente relacionados. C. Mayor eficacia La aclaración de las responsabilidades y la descentralización deben ponerse al servicio de la eficacia de los Fondos estructurales. Esta exigencia deberá concretarse en todas las etapas de la programación. 1. Adicionalidad negociada La adicionalidad, que tiene por objeto evitar la substitución de los gastos estructurales públicos o asimilables de los Estados miembros por los Fondos estructurales, es una 24 condición necesaria para garantizar un efecto económico real en las regiones que pueden acogerse a los Fondos. La experiencia muestra que la comprobación de la adicionalidad resulta compleja, principalmente porque se efectúa para cada uno de los objetivos y porque a menudo es difícil determinar las financiaciones subvencionables, sobre todo en las zonas de dimensiones geográficas tuviese limitadas. Además, esta comprobación ganaría en eficacia repercusiones. Parece, pues, necesario tener en cuenta el cumplimiento de la adicionalidad en la asignación de la reserva de eficacia y simplificar la aplicación limitando tanto su frecuencia como los niveles en los que se evalúa. si El nivel de los gastos estructurales sobre el que se comprometa cada Estado miembro se acordará entre éste y la Comisión. Por regla general, será igual, al menos, al alcanzado en el periodo de programación anterior con el fin de mantener el esfuerzo de los Estados miembros. La frecuencia de las comprobaciones se reducirá a tres: una comprobación previa, una intermedia y una al final del periodo de programación. En el objetivo n° 1, los gastos que se tengan en cuenta serán los gastos estructurales públicos o asimilables, y en los objetivos nos 2 y 3, los gastos en favor de la política activa del mercado del trabajo. Por último, los niveles geográficos de comprobación se reducirán a dos: por una parte, las regiones que pueden acogerse al objetivo n° 1, que abarcan en general un nivel significativo del territorio nacional, y, por otra, un ámbito nacional común a los objetivos nos 2 y 3. 2. Admisibilidad de los gastos mejor definida Descentralizar la gestión supone en primer lugar que las autoridades encargadas de ello conocen las reglas del juego que deben aplicarse. Éstas se establecen de manera general en los reglamentos sobre los Fondos. No obstante, los trabajos realizados en el contexto del ejercicio SEM 2000 al servicio de una gestión financiera más sana pusieron de manifiesto que, en algunos casos, los agentes necesitan normas más detalladas en materia de admisibilidad de los gastos que los reglamentos de los Fondos no pueden determinar con precisión. Se propone, por lo tanto, que: los reglamentos de los Fondos establezcan, como ahora, el ámbito de aplicación que sirve de base para determinar las medidas que deben financiar los Fondos en cada intervención; además de la determinación del ámbito de aplicación, las normas nacionales pertinentes se apliquen a los gastos subvencionables, salvo si la Comisión fija normas comunes de admisibilidad de los gastos, tal como ocurre con las actuales «fichas de admisibilidad» que se incluyeron en 1997 en los documentos de programación. De este modo, los principios que deben aplicarse son más transparentes para los operadores: la admisibilidad de las medidas se define en los reglamentos; la subvencionabilidad de los gastos para realizar las medidas depende del Derecho nacional, excepto en un número limitado de ámbitos en los que, a la luz de la experiencia de los gestores y de los órganos de control, es deseable que haya normas comunes. Teniendo presente la experiencia adquirida, la Comisión efectuará una evaluación, antes de mediados de 1999, de la aplicación por parte de los Estados miembros de las 22 fichas 25 existentes para determinar cuáles de ellas podrían mantenerse de forma útil con una situación legal durante el nuevo periodo de programación. Además, dos aspectos concretos han planteado problemas de gestión en los últimos años. Se trata, por un lado, de la deslocalización de inversiones productivas que previamente han recibido ayudas públicas para la implantación y, por otro, de la privatización de infraestructuras subvencionadas en el momento de su construcción. En ambos casos y sin poner en tela de juicio las reglas de mercado, los Estados miembros y la Comisión deberán cerciorarse, basándose en disposiciones normativas más precisas y sencillas, que las ayudas de los fondos no se desvían, durante un periodo de cinco años, de su objetivo inicial y no proporcionan ventajas indebidas. Dichas ventajas indebidas podrían beneficiar a determinadas empresas si deslocalizan de forma prematura una producción por la que hayan recibido una ayuda para la creación de puestos de trabajo duraderos o si compran equipamiento en condiciones que puedan suponer una ayuda implícita. Un problema comparable puede presentarse a las colectividades públicas que obtengan ventajas financieras con la venta de una infraestructura y que las utilicen para fines que no sean los previstos inicialmente por los Fondos estructurales. 3. Desarrollo de la ingeniería financiera La Comisión indicó en la Agenda 2000 que, con motivo de las críticas dirigidas por diferentes instancias, inclusive el Tribunal de Cuentas, el efecto multiplicador de los recursos estructurales debe potenciarse mediante otras formas de intervención distintas de las subvenciones. Dos son las razones que han originado esta preocupación por lograr una mayor eficacia financiera: responder mejor a las necesidades económicas y tener más en cuenta la rentabilidad de los proyectos en función de los ingresos netos que se esperen obtener normalmente, lo que permitirá por otra parte reforzar la cooperación con el BEI y el FEI. Se proponen tres modificaciones reglamentarias a este respecto: el reglamento general precisa que, al aplicar las medidas, la participación de los Fondos puede adoptar formas que nos sean la ayuda directa: ayudas reembolsables, bonificación de interés, prima de garantía, participación en el capital, etc. ; el reglamento prevé también una mayor modificación de los tipos, precisando el tratamiento particular que debe reservarse a las infraestructuras generadoras de ingresos importantes y a las inversiones en las empresas; para fomentar todo lo posible la utilización de fuentes privadas de financiación con los proyectos que reciban ayuda de los Fondos (cooperación pública y privada) y para lograr la mayor transparencia posible respecto del organismo de gestión al efectuarse la programación descentralizada, se proponen porcentajes reducidos para estas dos categorías de inversión; en el caso de las infraestructuras, por ingresos importantes cabría entender los que asciendan como mínimo al 25% del coste total de la inversión de que se trate; además se incentiva la utilización de una parte de la ayuda comunitaria que no sea la ayuda directa; como excepción a la norma general, los grandes proyectos, que en adelante se integrarán siempre en los programas, serán objeto de una aprobación específica que permita comprobar previamente tanto su conformidad con los objetivos del programa y las incluido el porcentaje de políticas comunitarias, como su montaje financiero, 26 intervención más adecuado, en su caso, teniendo debidamente en cuenta los ingresos no esperados y, si fuera necesario, consultando con el BEL 4. Plena integración de la evaluación Al basarse en la generalización del proceso de evaluación en los Estados miembros durante los periodos de programación anteriores, la evaluación debe proseguir y reforzar su papel de ayuda a la toma de decisiones y a la buena gestión de las intervenciones de los recursos nacionales y comunitarios. Con el fin de desempeñar plenamente su papel operativo, el proceso de evaluación debe basarse claramente en una división de las responsabilidades entre sus socios. Este proceso tendrá por objeto una mayor integración de la evaluación previa en la elaboración de los planes y la cuantificación de los objetivos que se persiguen, el establecimiento sistemático de evaluaciones intermedias que complementen las nuevas programaciones y la realización de evaluaciones posteriores con el fin de capitalizar la experiencia adquirida. Tener en cuenta, en el momento de preparar los planes, las enseñanzas adquiridas con las evaluaciones de los periodos de programación anteriores contribuirá a la difusión de las mejores prácticas y a una mayor rentabilidad socioeconómica del gasto público. 5. Nuevo instrumento: la reserva de eficacia El objetivo intermedio de la reserva de eficacia consiste en aumentar la eficacia con la que cada programa operativo o DOCUP utiliza los medios financieros de que dispone para lograr tanto los objetivos fijados como un efecto económico real complementario. Con ella se quiere promover la mejor utilización posible de los fondos públicos nacionales y comunitarios. A tal efecto, basándose en una propuesta de la Comisión, la reserva de eficacia se asignará a los programas operativos o a los DOCUP que se consideren rentables o muy rentables en función del valor medido a mitad del periodo de ejecución valiéndose de un grupo restringido de indicadores que puedan ser evaluados y comprobados con relación a normas de rendimiento establecidas al comienzo. Los indicadores se fijarán con el fin de garantizar que las intervenciones permiten alcanzar los objetivos perseguidos (programación de calidad), que se establecen mecanismos administrativos adecuados que garanticen la buena gestión de las medidas emprendidas (seguimiento, selección de los proyectos y evaluación), que los importes financieros movilizados se utilizan al ritmo previsto en los programas (absorción financiera) y que se busca el efecto multiplicador sobre los capitales. Los resultados de la comprobación de la adicionalidad intermedia determinarán el porcentaje final de la reserva asignada a los programas rentable y muy rentable. A los programas de los Estados miembros que no hayan cumplido sus compromisos en materia de adicionalidad se les reducirá su parte en beneficio de los demás programas seleccionados. 6. Función de los comités consultivos y de gestión La Comisión propone que se prorroguen los cinco comités existentes (Comité Consultivo para el Desarrollo y la Reconversión de las Regiones, Comité del FSE, Comité de Gestión de Estructuras Agrícolas y Desarrollo Rural, Comité de Gestión del Sector de la Pesca y de la Acuicultura y Comité de Gestión de las Iniciativas Comunitarias), aunque habría sido 27 deseable reducir su número. Esta reducción choca, sin embargo, con dificultades jurídicas que el reglamento general sobre los Fondos no puede solucionar por sí solo. D. Controles mejorados Otra contrapartida de la descentralización de la aplicación es la obtención de un mayor control de las intervenciones de los Fondos estructurales en los Estados miembros. 1. Sistemas de control fiables La condición previa para lograr un mayor control es determinar con más claridad las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en materia de controles. En la línea de los trabajos que condujeron a la aprobación por la Comisión de un reglamento en la materia, y sin perjuicio de las competencias institucionales de la Comisión, el hecho de que no deba subsistir ninguna ambigüedad sobre el principio de la responsabilidad principal de los Estados miembros es una condición previa indispensable para garantizar la eficacia y la regularidad de la gestión financiera, y para que la prevención, la detección y la corrección de las irregularidades surtan efecto. La Comisión prevé disposiciones específicas en todas las etapas de la programación que le permitan comprobar si se cumplen estas exigencias. En caso de comprobarse fallos o irregularidades, la Comisión tendría la posibilidad de recurrir a correcciones financieras. La Comisión se propone también reforzar el vínculo entre el seguimiento de los programas, la gestión financiera y los controles. Al igual que para los sistemas de control y de evaluación, pediría garantías a los Estados miembros sobre la eficacia de sus sistemas de gestión y control. Por su parte, tendría la facultad de suspender la devolución de los gastos si la eficacia o la regularidad de éstos o de los programas se viese comprometida. La celebración de reuniones periódicas entre los servicios gestores y los servicios de control de la Comisión y de los Estados miembros o de las regiones garantizaría que la eficacia de la aplicación se ajusta a los objetivos de los programas, a las políticas comunitarias y a los principios de buena gestión financiera. El conjunto de estos principios ya se discutió detenidamente con los Estados miembros con motivo del ejercicio SEM 2000, en particular en la preparación del reglamento de aplicación de la Comisión n° 2064/97 relativo a la aplicación del actual artículo 23 del Reglamento de coordinación n° 4253/88. 2. Correcciones financieras operativas Al prorrogar el sistema actual, se ha sentido la necesidad de aclarar y mejorar algunas de las disposiciones de las correcciones financieras para hacerlas más operativas. A imagen de lo que se ha previsto para el control, conviene potenciar claramente el principio de responsabilidad primera que tienen los Estados miembros de efectuar las correcciones financieras necesarias en caso de comprobarse la existencia de errores o irregularidades. Cuando un Estado miembro realice esas correcciones, la ayuda comunitaria de que se trate debe poder utilizarse de nuevo para otros finales dentro del mismo programa. Al igual que ahora, en caso de que un Estado miembro no corrija las infracciones al Derecho comunitario, las irregularidades o los errores; cuando la ayuda comunitaria ya no se justifique total o parcialmente, o cuando los defectos de los sistemas de gestión o control produzcan 28 irregularidades sistemáticas, corresponderá a la Comisión efectuar las correcciones que estén debidamente justificadas. El Estado miembro en cuestión tendrá la posibilidad de presentar sus observaciones en un plazo determinado. Estas correcciones se harán en principio deduciendo la ayuda disponible correspondiente al Estado miembro de que se trate. La corrección podrá limitarse a la irregularidad observada o tener mayor amplitud si la infracción o la irregularidad se deben a un defecto más general del sistema de gestión o control. Por último, seguirá siendo necesario efectuar correcciones financieras en el caso de irregularidades que no tengan un valor financiero preciso (por ejemplo, el incumplimiento de una disposición determinada del Derecho comunitario). 29 TERCERA PARTE: REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA FONDO A. FEDER De acuerdo con la lógica global de su propuesta, la Comisión propone que el reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional sólo tenga por objeto las normas específicas de este Fondo, es decir, su ámbito de aplicación. Además, dado que este último ha mostrado su eficacia en los diez últimos años, la Comisión no propone que se modifique radicalmente, sino que se precisen tan sólo algunos aspectos. Teniendo presente su objetivo más preciso -fomentar la cohesión económica y social-, el FEDER debe seguir participando en cuatro tipos de financiación: inversiones productivas; inversiones en infraestructuras, diferenciadas según los tipos de regiones; ayuda al del desarrollo endógeno, y actividades innovadoras y medidas de asistencia técnica. Se presta una mayor atención al acceso a las nuevas técnicas de ingeniería financiera y a los servicios de proximidad, con el fin de disponer de instrumentos mejor adaptados a la innovación en el ámbito de las inversiones en las empresas y de las iniciativas locales de desarrollo y empleo. Esto podría ser especialmente útil para el desarrollo endógeno. El recurso a la financiación del FEDER debe utilizarse para satisfacer las necesidades de desarrollo de las regiones a la vez que se persiguen las prioridades comunitarias de intervención. Esta es la razón por la que la propuesta de reglamento distingue una serie de ámbitos respaldados por el FEDER, a saber: el medio ambiente productivo, la investigación y el desarrollo tecnológico, la protección y la mejora del medio ambiente, el desarrollo económico local, la igualdad entre los hombres y las mujeres, y la cooperación europea en el ámbito del desarrollo regional. Por último, el Reglamento del FEDER debería precisar el campo de intervención específico de las medidas innovadoras respaldadas por éste, con el fin de enriquecer los programas financiados de conformidad con los objetivos prioritarios de los Fondos. B. FSE Relación con el reglamento general El reglamento por el que se regula el Fondo Social Europeo (FSE) se ajusta a la lógica del paquete general de reglamentos de los Fondos estructurales que se presenta en la introducción. Incluido en el contexto amplio del reglamento general, el reglamento del FSE establece una serie de disposiciones que se aplican única y específicamente a este fondo. Contexto político Dentro de los Fondos estructurales revisados, la función del FSE se basa en el nuevo capítulo sobre el empleo que se recoge en el Tratado de Amsterdam, la estrategia de empleo creada tras el Consejo Europeo de Essen y el nuevo proceso -iniciado por el Consejo en previsión del Tratado de Amsterdam- de crear planes nacionales de actuación por el empleo. Asimismo, la 30 aplicación del FSE tiene que ser lo suficientemente flexible como para que se tenga en cuenta la gran diversidad de políticas, prácticas y necesidades relacionadas con el fomento del empleo y de los recursos humanos en los Estados miembros. En esa medida, y teniendo en cuenta que el reglamento se aplica durante un periodo de siete años, la determinación en esta fase de las medidas subvencionables es relativamente amplia para facilitar una vinculación eficaz con las directrices anuales sobre empleo y garantizar que todos los Estados miembros puedan encontrar categorías de financiación adecuadas. El objetivo general del enfoque es lograr una adicionalidad normativa más que por programas o por proyectos y tratar de determinar de qué modo se proponen emplear los Estados miembros el dinero del FSE para potenciar, mejorar o modificar totalmente sus políticas de empleo de acuerdo con las directrices previstas al respecto en el Tratado de Amsterdam. Es muy importante garantizar la debida articulación del marco general del FSE y su conexión con la estrategia y las directrices aplicables al empleo, por un lado, y del funcionamiento de la financiación regionalizada del FSE, por otro. La Comisión se ha comprometido a lograr un enfoque integrado de los objetivos de los tres Fondos estructurales y una coordinación considerablemente mayor entre las intervenciones de los Fondos, sobre todo respecto de la mejora de los recursos humanos. La importancia de la mejora de los recursos humanos es tal que no puede disociarse de la estrategia nacional y europea general, y los acuerdos entre los Estados miembros y la Comisión sobre el objetivo n° 3 serán un punto de referencia importante para el debate acerca de las actividades específicas sobre recursos humanos dentro de los objetivos nos 1 y 2. Contenido de las actividades del FSE La actividad del FSE se basa en cinco campos normativos: Políticas activas sobre el mercado laboral para luchar contra el desempleo. Fomentar la inclusión social. Sistemas permanentes de educación y formación profesional para fomentar el empleo. Prever y facilitar las transformaciones económicas y sociales. Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. La finalidad es garantizar una participación mínima del Fondos Social en los cinco campos a la vez que se permite que cada Estado miembro decida sus propias prioridades de inversión de este fondo. La distribución exacta entre los cinco epígrafes tiene que tener en cuenta la evaluación previa y el grado de financiación general disponible en relación con los objetivos del programa. La propuesta de reglamento recoge un nivel mínimo de inversión en cada intervención para las actividades mencionadas en cuarto y quinto lugar. Se concederá una importancia especial a los ámbitos políticos contemplados en las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 2, a saber, la mejora de los sistemas para que prevean y faciliten los cambios socioeconómicos y la mejora de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. En la práctica, debería haber un objetivo indicativo de al menos un 15% de los recursos de los fondos disponibles para cada uno de estos dos ámbitos políticos. Los Estados miembros están obligados a garantizar que el dinero del FSE se invierte de manera selectiva y que sus efectos pueden comprobarse con claridad. Estos últimos aspectos, que no pueden traducirse en medidas, se presentarán como el resultado de la negociación. 31 Esto permite a los Estados miembros seleccionar con cuidado las medidas que se adapten mejor a su situación particular y que encajen con la estrategia y las prioridades sobre empleo acordadas entre los Estados miembros y la Comisión a escala europea. El resultado final para cada Estado miembro es un "marco de referencia" decidido como parte de la programación nacional del objetivo n° 3 o dentro del marco comunitario de apoyo pertinente (con una programación regional en caso necesario). Gracias a este marco se determinarán las siguientes medidas: i) la asignación del dinero a los cinco objetivos normativos; ii) un número concreto de prioridades de gasto dentro de esas cinco categorías; iii) los mecanismos para determinar los resultados y el rendimiento precisos del gasto del programa con vistas al seguimiento y la evaluación, y iv) objetivos concretos que permitan la evaluación de la eficacia (cuyos resultados se incluirán en la asignación a medio plazo de la reserva). C. Apoyo del FEOGA al desarrollo rural. El nuevo reglamento sobre el apoyo del FEOGA al desarrollo rural sienta las bases de una política de desarrollo rural coherente, cuyo objetivo será también completar la política de mercado garantizando que el gasto agrícola participe más que antes en la ordenación del espacio y la protección de la naturaleza. Una parte importante de la financiación de los gastos que se le asignan se transferirá de la Sección de Orientación del FEOGA a la Sección de Garantía. El texto, que reagrupa en un marco único el conjunto de las medidas de desarrollo rural respaldadas por el FEOGA, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de determinar sus prioridades y de hacer una selección entre las medidas que se recogen en el reglamento. La selección se efectuará en el marco de una programación de conjunto. Las disposiciones administrativas y financieras del reglamento sobre el apoyo del FEOGA al desarrollo rural corresponden a las propuestas de la Agenda 2000 sobre las medidas de desarrollo rural: programación en el marco de los Fondos estructurales en las regiones que reciben ayuda en virtud de los objetivos nos 1 y 2; financiación a cargo de la Sección de Garantía o de Orientación del FEOGA en función de la medida y de la región. Las medidas sobre modernización y diversificación siguen un planteamiento diferenciado en función de su contexto regional. En las regiones de los objetivos nos 1 y 2, se incluirán en los programas regionales y contribuirán de este modo a los objetivos específicos fijados por la política de cohesión económica y social. Respecto de estas disposiciones, el reglamento sobre la ayuda del FEOGA al desarrollo rural forma parte del marco legal general de los Fondos estructurales, refiriéndose en concreto al reglamento general de los Fondos estructurales. D. Reglamento específico de las medidas estructurales en el sector pesquero El reglamento específico de las medidas estructurales en el sector pesquero, que forma parte de la presente propuesta legislativa, se limita a establecer la doble filiación de estas medidas con la política pesquera común, por una parte, y con la política de cohesión económica y social, por 32 otra. Con relación a esta última, las medidas contribuyen a la realización de los objetivos nos 1 y 2 de los Fondos estructurales. El Consejo fijará posteriormente en un reglamento basado en el artículo 43 del Tratado las modalidades y condiciones de la participación financiera comunitaria en las medidas estructurales del sector pesquero. El procedimiento es rigurosamente idéntico al de 1993, cuando el Consejo adoptó con algunos meses de intervalo el Reglamento (CEE) n°2080/933, que debe ser substituido por el "Reglamento específico de la pesca" que forma parte de la presente propuesta, y posteriormente el Reglamento (CE) n°3699/934. La programación de las medidas complementarias de la reestructuración de las flotas pesqueras es incompatible con el carácter exclusivamente "regional" de la programación del objetivo n° 2. Las medidas en cuestión5 están destinadas en efecto a aplicar los programas de orientación plurianuales de ajuste del esfuerzo pesquero (POP), que fijan por vía legislativa vinculante los objetivos precisos de reducción de las capacidades pesqueras en cada Estado miembro, sin posibilidad de desglose regional. En las regiones afectadas por el objetivo n° 1, se mantendrá el enfoque actual. Esta es la razón por la que se propone que las medidas complementarias de reestructuración de las flotas pesqueras no se integren en la programación del objetivo n° 2, ya que para ellas habrá una programación específica propia que englobará todas las regiones no incluidas en el objetivo n°l, inclusive las del objetivo n° 2. Los recursos procederán del FEOGA-Sección "Garantía". Todas las demás medidas del sector (modernización de la acuicultura, transformación de los productos, equipamientos portuarios, etc. ) se seguirán programando en el objetivo n° 2. Por lo que se refiere a las regiones del objetivo n° 1, todas las medidas del sector, incluidas las medidas complementarias de reestructuración de las flotas pesqueras, se programarán en este objetivo. Por último, de acuerdo con la propuesta Agenda 2000, la Comunidad podrá intervenir financieramente fuera de las regiones de los objetivos nos 1 y 2, y para todos los ámbitos del sector, por medio de recursos procedente del FEOGA-Sección "Garantía". DO L 193 de 31. 7. 93, p. l. DO L 346 de 31. 12. 93, p. l. Sin prejuzgar lo que el Consejo decida según el procedimiento contemplado en el artículo 43 del Tratado, este término incluye actualmente el conjunto de las primas y ayudas pagadas a los propietarios de buques pesqueros y las ayudas sociales concedidas a los pescadores que se ven afectados por la reestructuración. 33 Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales 34 Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales 98/0090(AVC) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 130 D, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen favorable del Parlamento Europeo2, Visto el dictamen del Comité Económico y Social3, Visto el dictamen del Comité de las Regiones4, (1) Considerando que el artículo 130 A del Tratado prevé que, a fin de reforzar la cohesión económica y social, la Comunidad se propone reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales, y que el artículo 130 B establece que esos objetivos se logren con la ayuda de los fondos con finalidad estructural ("Fondos estructurales"), del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los demás instrumentos financieros existentes; (2) Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes5, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3193/946, el Consejo debe reexaminar dicho Reglamento, a propuesta de la Comisión, en un plazo que vence el 31 de diciembre de 1999; que, con el fin de hacer más transparente la legislación comunitaria, es conveniente agrupar en un único Reglamento las disposiciones relativas a los Fondos estructurales, y por lo tanto, derogar el Reglamento (CEE) n° 2052/88 modificado y el Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos DOL 185 de 15. 7. 1988, p. 9. DO L 337 de 24. 12. 1994, p. 11. 35 financieros existentes7, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3193/94; (3) Considerando que, con arreglo al artículo 5 del Protocolo n° 6 sobre las disposiciones especiales relativas al objetivo n° 6 en el marco de los Fondos estructurales en Finlandia y en Suecia, anejo al Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, conviene reexaminar antes de finales de 1999, al mismo tiempo que el Reglamento (CEE) n° 2052/88, las disposiciones de dicho Protocolo; (4) Considerando que, con el fin de reforzar la concentración y simplificar la acción de los Fondos estructurales, conviene reducir el número de objetivos prioritarios con relación al Reglamento (CEE) n° 2052/88; que conviene determinar que estos objetivos sean el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales y la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo; (5) Considerando que, con su política de mejora de la cohesión económica y social a través de los Fondos estructurales, la Comunidad pretende asimismo promover un desarrollo armonioso, equilibrado y duradero de las actividades económicas, un alto grado de competitividad, particularmente en las pequeñas y medianas empresas, un elevado nivel de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres y un alto grado de protección y mejora del medio ambiente; que, en particular, conviene que esta política contribuya a eliminar desigualdades y a promover la igualdad entre hombres y mujeres y que integre las necesidades de protección medioambiental en la definición y la aplicación de las medidas de los Fondos estructurales; (6) Considerando que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuye principalmente a la realización del objetivo de desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y a la reconversión económica y social de las regiones con deficiencias estructurales; (7) Considerando que conviene adaptar las funciones del Fondo SocialEuropeo (FSE) a la estrategia europea de empleo para facilitar la aplicación de la misma; (8) Considerando que el apartado estructural de la política pesquera común, que constituye una política estructural en sí mismo, está integrado en el dispositivo de los Fondos estructurales desde 1993; que conviene proseguir la aplicación de este apartado en el contexto de los Fondos estructurales a través del instrumento financiero de orientación pesquera (IFOP), (9) Considerando que la Comunidad está inmersa en una reforma de la política agrícola común que implica medidas estructurales y de acompañamiento en favor del desarrollo rural; que, en este marco, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección "Orientación" debe seguir contribuyendo a la realización del objetivo prioritario de desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas mediante la mejora de la eficacia de las estructuras de producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas, así como mediante el desarrollo del potencial endógeno de las zonas rurales; que conviene que el FEOGA, Sección "Garantía", contribuya a la consecución del objetivo prioritario de reconversión DO L 374 de 31. 12. 1988, p. 1. 36 económica y social de las zonas con deficiencias estructurales, de conformidad con el Reglamento (CE) n°. del Consejo, [relativo a la contribución del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) al desarrollo rural]8; (10) Considerando que las normas específicas aplicables a cada uno de los Fondos se precisarán en decisiones de aplicación adoptadas con arreglo a los artículos 43, 125 y 130E del Tratado; (11) Considerando que es necesario fijar criterios para definir las regiones y zonas subvencionables; que, con tal fin, procede basar la determinación de las regiones y zonas prioritarias a escala comunitaria en el sistema común de clasificación de regiones, denominado "nomenclatura de unidades territoriales estadísticas" (NUTS), elaborado por la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas en colaboración con los institutos nacionales de estadísticas; (12) Considerando que procede definir las regiones menos desarrolladas como aquéllas cuyo PIB per capita es inferior al 75% de la media comunitaria; que, con el fin de lograr una concentración eficaz de las intervenciones, es necesario que la Comisión aplique estos criterios estrictamente sobre bases estadísticas objetivas; que conviene que las regiones ultraperiféricas y las zonas con muy baja densidad de población del objetivo n° 6, previsto en el Protocolo n° 6 anejo al Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia para el período de 1995-1999 se incluyan asimismo en el objetivo n° 1; (13) Considerando que procede definir el conjunto de zonas en trance de reconversión económica y social como las que agrupan zonas que registran cambios socioeconómicos en los sectores de la industria y de los servicios, las zonas rurales en declive, las zonas urbanas con dificultades y las zonas en crisis que dependen de la pesca; que es necesario garantizar una concentración efectiva en las zonas más afectadas de la Comunidad; que conviene que sea la Comisión quien, a propuesta de los Estados miembros, determine estas zonas en estrecha concertación con aquéllos; (14) Considerando que, con el fin de garantizar el carácter comunitario de la acción de los Fondos, conviene que, en la medida de lo posible, las zonas que registran cambios socioeconómicos en los sectores de la industria y las zonas rurales en declive sean determinadas sobre la base de indicadores objetivos aplicados a escala comunitaria; que, además, es oportuno que la población abarcada por este objetivo prioritario represente aproximadamente un 10% de la población comunitaria por lo que se refiere a las zonas industriales, un 5% por lo que se refiere a las zonas rurales, un 2% por lo que se refiere a las zonas urbanas y un 1% por lo que se refiere a las zonas dependientes de la pesca; que, con el fin de garantizar que cada Estado miembro contribuya de manera equitativa al esfuerzo global de concentración, la disminución máxima posible de la población abarcada por el objetivo n° 2 previsto en el presente Reglamento en 2006, incluyendo las zonas beneficiarías de la ayuda transitoria en virtud del objetivo n° 1 que respondan a los criterios de subvencionabilidad del objetivo n° 2, en relación con la de los objetivos nos 2 y 5b) previstos por el Reglamento (CEE) n° 2052/88 para 1999, no debe sobrepasar un tercio; DOC (15) Considerando que, en aras de la eficacia de la programación, es necesario que las regiones menos desarrolladas cuyo PIB per capita es inferior al 75% de la media comunitaria coincidan con las que reciben ayuda de los Estados miembros en virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado; que, asimismo, conviene que, de acuerdo con la comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la política regional y la política de competencia9, las zonas que registran cambios económicos y sociales sean lo más coherentes posible con las que reciben ayuda de los Estados miembros en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado y que, por ello, los Estados miembros propongan fundamentalmente como zonas de reconversión económica y social subvencionables las que notifican a la Comisión en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado; (16) Considerando que el objetivo de adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo interviene financieramente en las regiones y zonas no cubiertas por los otros dos objetivos prioritarios; que este objetivo proporciona también un marco de referencia destinado a garantizar la coherencia con el conjunto de medidas desarrolladas en favor de los recursos humanos en un mismo Estado miembro; (17) Considerando que es necesario que las regiones adscritas a un objetivo prioritario en 1999 que no cumplan los criterios de subvencionalidad reciban un apoyo transitorio que vaya reduciéndose progresivamente; (18) Considerando que procede prever disposiciones de reparto de los recursos disponibles; que éstos se reparten anualmente y que aproximadamente las dos terceras partes de los mismos se concentran en las regiones menos desarrollas, incluidas las que reciben ayuda de manera transitoria; (19) Considerando que procede que la Comisión elabore repartos indicativos del 90% de los créditos de compromiso disponibles para los objetivos prioritarios basándose plenamente en criterios objetivos convenientes; que procede que el 10% de los créditos no asignados en esos repartos indicativos sean asignados sobre la marcha por la Comisión; (20) Considerando que un 5% del total de créditos de compromiso disponibles se consagran a iniciativas comunitarias y otro 1% a medidas innovadoras de asistencia técnica; (21) Considerando que conviene aplicar un índice de adaptación global a los créditos disponibles de los Fondos estructurales con miras a la programación de los mismos y que, en caso necesario, se efectúe un ajuste técnico del citado índice antes del 31 de diciembre de 2003; (22) Considerando que los principios fundamentales de la reforma de los Fondos estructurales de 1988 deben seguir regulando las actividades de los Fondos hasta 2006; que la experiencia demuestra que es necesario efectuar mejoras para simplificarlos y hacerlos más transparentes y que, particularmente, conviene considerar la búsqueda de eficacia como un principio fundamental; (23) Considerando que la eficacia y la transparencia de las actividades de los Fondos estructurales exigen una definición precisa de las responsabilidades de los Estados 9 DOC 38 miembros y de la Comunidad y que estas responsabilidades deben especificarse en cada fase de la programación, del seguimiento, de la evaluación y del control; que, en aplicación del principio de subsidiariedad y sin perjuicio de las competencias de la Comisión, la puesta en marcha de las intervenciones y su control competen, en primera instancia, a los Estados miembros; (24) Considerando que la acción de la Comunidad es complementaria de la llevada por los Estados miembros o tiene por objeto contribuir a ella y que, para que suponga un valor añadido significativo, conviene reforzar la cooperación; que ésta concierne a las autoridades regionales y locales, a las demás autoridades competentes -incluidas las responsables en materia de medio ambiente y de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres-, a los interlocutores económicos y sociales y a los demás organismos competentes; que conviene asociarlos a todos en la preparación, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones; (25) Considerando que procede definir el proceso de programación desde el momento de su concepción hasta el beneficiario final y facilitar este proceso en los Estados miembros mediante orientaciones dictadas por la Comisión en las que se presenten las prioridades comunitarias relativas a la acción de los Fondos estructurales; (26) Considerando que la programación debe garantizar la coordinación de los Fondos estructurales entre sí y de éstos con los demás instrumentos financieros existentes y el BEI; que esta coordinación también tiene por objeto combinar las subvenciones y los préstamos; (27) Considerando que las actividades de los Fondos y las operaciones que contribuyan a financiar deben ser compatibles con las demás políticas comunitarias y respetar la normativa comunitaria; que deben establecerse disposiciones específicas al respecto; (28) Considerando que conviene determinar criterios y modalidades de comprobación y de aplicación del principio de adicionalidad más simples; (29) Considerando que es necesario simplificar el sistema de programación aplicando un período único de programación de siete años; que, con este mismo fin, conviene limitar las formas y el número de intervenciones, plasmándolas por regla general en una intervención integrada por región, generalizando la utilización de los documentos únicos de programación en el marco de algunos objetivos prioritarios e integrando los grandes proyectos y las subvenciones globales en las otras formas de intervención; (30) Considerando que, con el fin de reforzar el enfoque integrado del desarrollo, procede garantizar, sin perder de vista las peculiaridades regionales, la coherencia entre las acciones de los distintos Fondos y las prioridades comunitarias, la estrategia en favor del empleo, las políticas económicas y sociales de los Estados miembros y sus políticas regionales; ' O* (31) Considerando que, con el fin de acelerar y simplificar los procedimientos de programación, conviene distinguir las responsabilidades de la Comisión y las de los Estados miembros; que, a tal efecto, procede disponer que la Comisión, a propuesta de los Estados miembros, apruebe las estrategias y las prioridades de desarrollo de la programación, la participación financiera comunitaria y las disposiciones de aplicación 39 que corresponda, y que los Estados miembros decidan su aplicación; que conviene precisar también el contenido de las distintas formas de intervención; (32) Considerando que la aplicación descentralizada de las medidas de los Fondos estructurales por los Estados miembros debe ofrecer garantías en cuanto a las modalidades y a la calidad de la aplicación, a los resultados y a la evaluación de los mismos, así como a la buena gestión financiera y a su control; (33) Considerando que conviene que la Comisión pueda aprobar, asociando en caso necesario al BEI, los grandes proyectos de inversión superiores a un determinado volumen financiero con el fin de evaluar sus efectos y la utilización prevista de los recursos comunitarios; (34) Considerando que procede que las acciones emprendidas con arreglo a los objetivos prioritarios se completen con acciones de interés comunitario llevadas a cabo por iniciativa de la Comisión; (35) Considerando que es necesario dedicar las iniciativas comunitarias a la promoción de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, que serán financiadas por el FEDER, al desarrollo rural, que será financiado por el FEOGA Sección de "Orientación", y al desarrollo de los recursos humanos en un contexto de igualdad de oportunidades, que será financiado por el FSE; que conviene garantizar la coherencia de las medidas transnacional e la cooperación desarrolladas en virtud del Reglamento (CEE) n° 3906/89 del Consejo10, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 753/96" interregional con transfronteriza, (36) Considerando que conviene que los Fondos estructurales apoyen de forma simple y transparente estudios, proyectos piloto e intercambios de experiencia encaminados a promover enfoques y prácticas que sean innovadores; (37) Considerando que, con el fin de potenciar el efecto de palanca de los recursos comunitarios favoreciendo tanto como sea posible la participación de fuentes privadas de financiación y de tener en cuenta en mayor medida la rentabilidad de los proyectos, conviene diversificar las formas de la ayuda de los Fondos estructurales y modular los porcentajes de intervención para promover el interés comunitario, incitar a la utilización de recursos financieros diversificados y limitar la participación de los Fondos, incentivando el empleo de formas de ayuda apropiadas; que, para ello, es conveniente fijar porcentajes de participación reducidos para las inversiones en empresas y en infraestructuras que generen importantes; que, a efectos del presente Reglamento, procede definir con carácter indicativo los ingresos importantes netos como aquéllos que asciendan como mínimo al 25% del coste total de la inversión considerada; ingresos (38) Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, conviene que las normas nacionales pertinentes se apliquen a los gastos subvencionables cuando no existan normas comunitarias, que podrán ser adoptadas por la Comisión cuando resulten necesarias para garantizar una aplicación uniforme y equitativa de los Fondos estructurales en la Comunidad; que, no obstante, es necesario especificar extremos DO L 375 de 23. 12. 1989, p. 11. DOL 103 de 26. 4. 1996, p. 5. 40 relativos a la admisibilidad de los gastos como las fechas iniciales y finales de admisibilidad y la perennidad de las inversiones; que, por consiguiente, para garantizar que la acción de los Fondos resulte eficaz y tenga efectos duraderos, es preciso que la totalidad o parte de la ayuda de los Fondos sólo se considere granjeada para una operación cuando ni su naturaleza ni sus condiciones de ejecución experimenten modificaciones importantes que alteren el objetivo inicial; (39) Considerando que es necesario simplificar las normas y procedimientos de los compromisos y pagos; que, con tal fin, los compromisos presupuestarios deben efectuarse anualmente y de una sola vez, de acuerdo con las perspectivas financieras plurianuales y el plan de financiación de las intervenciones, y que los pagos deben revestir la forma de un anticipo y, posteriormente, de reembolsos de los gastos efectuados; que, según la jurisprudencia constante, los intereses que, en su caso, produzca el anticipo constituyen recursos del Estado miembro de que se trate y que, para potenciar los efectos de los Fondos, es importante que se dediquen a los mismos fines que el anticipo; (40) Considerando que, para garantizar una gestión financiera correcta, es necesario asegurarse de que los gastos se justifiquen y certifiquen y establecer condiciones de pago vinculadas al respeto de las responsabilidades esenciales de seguimiento de la programación, de control financiero y de aplicación del Derecho comunitario; (41) Considerando que, con el fin de garantizar la correcta gestión de los recursos comunitarios, es necesario mejorar las previsiones y la ejecución de los gastos; que, para ello, conviene que los Estados miembros remitan periódicamente a la Comisión sus previsiones de utilización de los recursos comunitarios y que los retrasos en la ejecución financiera den lugar a reembolsos del anticipo y a liberaciones de oficio; (42) Considerando que, durante el período transitorio del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2001, toda referencia al euro debe considerarse, por regla general, como una referencia al euro como unidad monetaria contemplada en la segunda frase del artículo 2 del Reglamento (CE) n°. / 98 del Consejo12; (43) Considerando que la eficacia de la acción de los Fondos estructurales depende, entre otros factores, de un seguimiento eficaz; que es necesario mejorar el seguimiento y definir mejor las responsabilidades en la materia; que, en particular, conviene diferenciar las funciones de gestión de las de seguimiento; (44) Considerando que es necesario que se designe una única autoridad de gestión para cada intervención y que deben precisarse sus responsabilidades; que éstas se refieren principalmente a la recogida de información sobre los resultados y a su envío a la Comisión, a una correcta ejecución financiera, a la organización de la evaluación y a la observancia de las obligaciones en materia de publicidad y de Derecho comunitario; que, a este respecto, procede prever encuentros regulares de seguimiento de la intervención entre la Comisión y la autoridad de gestión; (45) Considerando que procede especificar que el comité de seguimiento sea un órgano nacional que acompañe la intervención, compruebe su gestión por parte de la autoridad DOL 41 de gestión, garantice que se respeten las orientaciones y las disposiciones de aplicación aprobadas y examine su evaluación; (46) Considerando que es fundamental para el seguimiento que existan indicadores e informes anuales de ejecución y que es necesario definirlos mejor para que reflejen de manera fiable el grado de ejecución de las intervenciones y la calidad de la programación; (47) Considerando que, para garantizar una aplicación eficaz y regular, es necesario especificar las obligaciones de los Estados miembros en materia de sistemas de gestión y control, de certificación de gastos y de prevención, detección y corrección de las irregularidades e infracciones del Derecho comunitario; (48) Considerando que, sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, conviene reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito previendo consultas periódicas entre dichos Estados y la Comisión para examinar las medidas adoptadas por los Estados miembros y para que, en su caso, la Comisión pueda pedir medidas correctoras; (49) Considerando que es necesario definir la responsabilidad de los Estados miembros en materia de procedimientos judiciales y de corrección de las irregularidades e infracciones así como la de la Comisión en caso de que los Estados miembros incumplan sus obligaciones; (50) Considerando que la eficacia y los efectos de las actividades de los Fondos estructurales dependen de que se mejore y profundice la evaluación y que es necesario precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como algunas reglas que garanticen la fiabilidad de la evaluación; (51) Considerando que conviene evaluar las intervenciones con miras a la preparación, aprobación, revisión intermedia y valoración de los efectos de las mismas, e integrar el proceso de evaluación en el seguimiento de las intervenciones; que, a tal efecto, procede definir los objetivos y el contenido de cada etapa de evaluación y potenciar la evaluación de la situación del medio ambiente y de la igualdad entre hombres y mujeres; (52) Considerando que la evaluación intermedia y el hecho de reservar una parte de los créditos permiten asignar créditos suplementarios en función del resultado de las intervenciones y que esta asignación debe basarse en criterios objetivos, simples y transparentes que reflejen la eficacia, la gestión y la ejecución financiera; (53) Considerando que conviene presentar un informe trienal sobre los progresos realizados en materia de cohesión económica y social y que este informe debería contener un análisis de la situación y del desarrollo económico y social de las regiones de la Comunidad; (54) Considerando que, para que la cooperación funcione realmente y se fomenten de manera adecuada las intervenciones comunitarias, conviene darles la información y la publicidad más amplias posibles; que son responsables de ello las autoridades 42 encargadas de la gestión de las intervenciones que, además, deben mantener informada a la Comisión de las medidas adoptadas; (55) Considerando que procede definir las normas de funcionamiento de los comités destinados a ayudar a la Comisión a aplicar el presente Reglamento; (56) Considerando que conviene establecer disposiciones transitorias específicas que permitan preparar la nueva programación a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y garanticen que la ayuda a los Estados miembros no quede interrumpida hasta que se aprueben planes e intervenciones con arreglo al nuevo sistema, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 43 TITULO I. PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y FUNCIONES Artículo 1 Objetivos La actuación que lleve a cabo la Comunidad con ayuda de los Fondos estructurales, del Fondo de cohesión, del FEOGA Sección "Garantía", del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los demás instrumentos financieros existentes estará encaminada a conseguir los objetivos generales enunciados en los artículos 130 A y 130 C del Tratado. Los Fondos estructurales, el BEI y los demás instrumentos financieros contribuirán de manera conveniente a la consecución de los tres objetivos prioritarios siguientes: 1) 2) 3) promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, en lo sucesivo denominado "objetivo n° 1"; apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales, en lo sucesivo denominado "objetivo n° 2"; apoyar la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo, en lo sucesivo denominado "objetivo n° 3"; este objetivo, se plasmará financieramente fuera de las regiones o zonas incluidas en los objetivos nos 1 y 2 y proporcionará un marco de referencia político para todas las medidas que se emprendan en favor de los recursos humanos en un territorio nacional dado, sin perjuicio de las peculiaridades regionales. En su acción en pro de estos objetivos, la Comunidad contribuirá por medio de los Fondos a promover un desarrollo armonioso, equilibrado y duradero de las actividades económicas y, en particular, a desarrollar la competitividad y las innovaciones, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, el empleo y los recursos humanos, y la protección y mejora del medio ambiente, así como a eliminar las desigualdades y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Artículo 2 Medios y funciones 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por Fondos estructurales el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) Sección "Orientación" y el Instrumento financiero de orientación pesquera (IFOP), en lo sucesivo denominados "los Fondos". 2. De acuerdo con los artículos 39, 123 y 130 C del Tratado, los Fondos contribuirán, cada uno según las disposiciones específicas que lo regulan, a la realización de los objetivos nos 1, 2 y 3, según la siguiente distribución: a) b) c) objetivo n° 1 objetivo n° 2 objetivo n° 3 FEDER, FSE, FEOGA Sección "Orientación", e IFOP; FEDER, FSE e IFOP; FSE. 44 3. 4. El FEOGA Sección "Garantía" contribuirá a la realización del objetivo n° 2 según las disposiciones del Reglamento (CE) n°. 798, relativo al apoyo del FEOGA al desarrollo rural. Los Fondos contribuirán a financiar iniciativas comunitarias y medidas innovadoras y de asistencia técnica. Las medidas de asistencia técnica se desarrollarán en el marco de la programación definida en los artículos 12 a 26 o por iniciativa de la Comisión al amparo del artículo 22. 5. Otros recursos del presupuesto comunitario que podrán utilizarse para conseguir los objetivos contemplados en el artículo 1 serán, entre otros, los asignados a las demás medidas con finalidad estructural y al Fondo de cohesión. La Comisión y los Estados miembros velarán por que exista coherencia entre la acción de los Fondos y otras políticas y programas comunitarios, en particular en los ámbitos del empleo, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la política social, de las políticas de educación y formación profesional, de la política agrícola común, de la política pesquera común, de los transportes, de la energía y de las redes transeuropeas, y por que las exigencias de protección del medio ambiente se integren en la definición y en la aplicación de la acción de los Fondos. 6. El BEI cooperará en la consecución de los objetivos indicados en el artículo 1 de acuerdo con las reglas establecidas en sus estatutos. Los demás instrumentos financieros existentes que podrán participar en la realización de los objetivos contemplados en el artículo 1, cada uno según las disposiciones específicas que lo regulan, son el Fondo Europeo de Inversiones y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) (préstamos, garantías), en lo sucesivo denominados «los demás instrumentos financieros». CAPÍTULO II. CRITERIOS GEOGRÁFICOS DE INCLUSIÓNEN LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS Artículo 3 Objetivo n° 1 1. Serán regiones del objetivo n° 1 las correspondientes al nivel II de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS II) cuyo producto interior bruto (PIB) per capita, medido en estándar de poder adquisitivo y calculado a partir de los datos comunitarios de los tres últimos años disponibles, sea inferior al 75% de la media comunitaria. Se incluirán también en este objetivo las regiones ultraperiféricas (los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias) y las zonas incluidas en el objetivo n° 6 durante el período de 1995-1999, con arreglo al Protocolo n° 6 del Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia. 45 2. La Comisión establecerá la lista de las regiones del objetivo n° 1 aplicando estrictamente el párrafo primero del apartado 1, sin perjuicio del apartado 1 del artículo 6. Esa lista tendrá una validez de siete años a partir del 1 de enero de 2000. Artículo 4 Objetivo n° 2 1. 2. Serán regiones del objetivo n° 2 las zonas que conozcan problemas estructurales de reconversión económica y social y cuya población o superficie sea significativa. Se incluirán las zonas que estén experimentando transformaciones socioeconómicas en los sectores de la industria y los servicios, las zonas rurales en declive, las zonas urbanas en situación difícil y las zonas dependientes de la pesca que se encuentren en crisis. La Comisión y los Estados miembros velarán por que la intervención se concentre realmente en las zonas de la Comunidad más afectadas y en el nivel geográfico más adaptado. La población de las zonas citadas en el apartado 1 no representará más de un 18% de la población total de la Comunidad. Sobre esta base, la Comisión elaborará un límite de población por Estado miembro en función de los siguientes criterios: a) b) c) la población total de las regiones NUTS III de cada Estado miembro que se ajusten a los criterios citados en los apartados 5 y 6; la gravedad de los problemas estructurales que conozca, a escala nacional, cada Estado miembro en relación con los otros Estados miembros; esta gravedad se evaluará en función de la tasa total de desempleo y de la de desempleo de larga duración fuera de las regiones incluidas en el objetivo n° 1; la necesidad de garantizar que cada Estado miembro contribuya de manera equitativa al esfuerzo global de concentración definido en el presente párrafo; la reducción máxima de la población abarcada por el objetivo n° 2, incluidas las zonas contempladas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 6, no sobrepasará un tercio en relación con la población abarcada por los objetivos nos2 y 5b) en 1999, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2052/88. La Comisión transmitirá a los Estados miembros toda la información de que disponga sobre los criterios definidos en los apartados 5 y 6. 3. Dentro de los límites citados en el apartado 2, los Estados miembros propondrán a la Comisión una lista de zonas significativas que representen: a) b) las regiones de nivel NUTS III o las zonas con mayores problemas dentro de cada una de dichas regiones, que cumplan los criterios indicados en el apartado 5 o en el apartado 6; las demás zonas con graves problemas que cumplan los criterios indicados en los apartados 7, 8 y 9; para la aplicación de estos criterios, los Estados miembros podrán, asimismo, tomar como base de referencia las realidades específicas que influyan en la tasa de actividad o de empleo real de la población. 46 Los Estados miembros enviarán a la Comisión las estadísticas y demás datos, del nivel geográfico más conveniente, que sean necesarios para evaluar esas propuestas. 4. Sobre la base de las informaciones contempladas en el apartado 3, la Comisión elaborará la lista de las zonas del objetivo n° 2, en estrecha concertation con el Estado miembro de que se trate, teniendo en cuenta las prioridades nacionales, sin perjuicio del apartado 2 del artículo 6. los criterios enunciados en los Las zonas industriales y rurales que cumplan apartados 5 y 6 abarcarán como mínimo el 50% de la población del objetivo n° 2 de cada Estado miembro, salvo excepción debidamente justificada por circunstancias objetivas. 5. Las zonas industriales contempladas en el apartado 1 deberán corresponder o pertenecer a una unidad territorial de nivel NUTS III que cumpla los criterios siguientes: a) b) c) una tasa media de desempleo superior a la media comunitaria, registrada durante los tres últimos años; un porcentaje de empleos industriales en relación con el empleo total igual o superior a la media comunitaria para cualquier año de referencia a partir del año 1985; una decadencia comprobada del empleo industrial con relación al año de referenciaelegido en la letrab). 6. Las zonas rurales contempladas en el apartado 1 deberán corresponder o pertenecer a una unidad territorial de nivel NUTS III que cumpla los criterios siguientes: a) o bien una densidad de población inferior a 100 habitantes por km2 o un porcentaje de empleos agrícolas en relación con el empleo total igual o superior al doble de la media comunitaria para cualquier año de referencia a partir del año 1985; b) o bien una tasa media de desempleo superior a la media comunitaria registrada durante los tres últimos años, o una disminución de la población desde 1985. 7. Las zonas urbanas contempladas en el apartado 1 serán zonas densamente pobladas que, además, cumplan al menos uno de los criterios siguientes: a) b) c) d) e) una tasa de desempleo de larga duración superior a la media comunitaria; un elevado nivel de pobreza, incluidas malas condiciones de vivienda; una situación medioambiental especialmente deteriorada; una tasa de criminalidad elevada; un bajo nivel de educación de la población. 8. Las zonas dependientes de la pesca contempladas en el apartado 1 serán zonas costeras en las que la proporción del empleo del sector pesquero en el empleo total represente un 47 porcentaje significativo y que registren problemas socioeconómicos estructurales derivados de la reestructuración del sector pesquero que tengan como consecuencia una disminución significativa del número de empleos en este sector. 9. La intervención comunitaria podrá hacerse extensiva a zonas cuya población o superficie sean significativas y que correspondan a uno de los siguientes tipos: a) b) c) Zonas que cumplan los criterios señalados en el apartado 5 colindantes con una zona industrial; zonas que cumplan los criterios señalados en el apartado 6 colindantes con una zona rural; zonas que cumplan los criterios señalados en el apartado 5 o los indicados en el apartado 6 colindantes con una región del objetivo n° 1. Zonas rurales que tengan graves problemas socioeconómicos derivados del envejecimiento de la población activa agrícola. Zonas que tengan un elevado nivel de desempleo, o estén amenazadas por él, como consecuencia de la reestructuración presente o futura de una actividad determinante en el sector agrícola, industrial o de servicios. 10. Una misma zona solo podrá ser seleccionada para uno de los objetivos n° 1 o 2. 11. La lista de zonas tendrá una validez de siete años a partir del 1 de enero de 2000. A instancia de un Estado miembro, en caso de grave crisis en una región, la Comisión podrá modificar la lista de las zonas en 2003, según lo dispuesto en los apartados 1 a 10, sin aumentar la población abarcada en cada región contemplada en el apartado 2 del artículo 12. Artículo 5 Objetivo n° 3 Las zonas que podrán recibir financiación en virtud del objetivo n° 3 serán las que no estén incluidas en los objetivos nos 1 y 2, sin perjuicio del apartado 2 del artículo 6. Artículo 6 Ayuda transitoria 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las regiones incluidas en 1999 en el objetivo n° 1 en virtud del Reglamento (CEE) n° 2052/88 que no estén contempladas en el párrafo segundo del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 3 del presente Reglamento, recibirán una ayuda transitoria de los Fondos en virtud del objetivo n° 1 del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2005. Cuando apruebe la lista indicada en el apartado 2 del artículo 3, la Comisión determinará también la lista de las zonas de nivel NUTS III pertenecientes a esas regiones que vaya a beneficiarse temporalmente de la ayuda de los Fondos en 2006 en virtud del objetivo n° 1, siguiendo lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 4. 48 En 2006, las zonas pertenecientes a regiones que no figuren en la lista contemplada en el párrafo segundo únicamente seguirán recibiendo ayuda del FSE, del IFOP y del FEOGA Sección "Orientación", dentro de la misma intervención. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, las zonas incluidas en 1999 en los objetivos nos2 y 5b) en virtud del Reglamento (CEE) n° 2052/88 que no figuren en la lista contemplada en el apartado 4 del artículo 4 del presente Reglamento recibirán ayuda transitoria del FEDER del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2003 en virtud del objetivo n° 2 previsto en el presente Reglamento. Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2006, estas zonas recibirán ayudas del FSE, en virtud del objetivo n° 3, y del FEOGA Sección "Garantía", dentro de la ayuda que ésta dedica al desarrollo rural y a sus actuaciones estructurales en el sector pesquero del conjunto de la Comunidad. CAPÍTULO III. DISPOSICIONES FINANCIERAS Artículo 7 Recursos y concentración 1. Los recursos que los Fondos podrán comprometer en el período de 2000-2006, expresados en precios de 1999, ascienden a 218. 400 millones de euros. El reparto anual de estos recursos figura en el Anexo. 2. 3. En las regiones del objetivo n° 1 se realizará un esfuerzo especial de concentración de los recursos presupuestarios. Los recursos que podrán comprometerse en esas regiones representarán aproximadamente las dos terceras partes de los créditos totales de los Fondos. Siguiendo procedimientos transparentes, la Comisión repartirá con carácter indicativo por Estado miembro el 90% de los créditos de compromiso disponibles para la programación contemplada del artículo 12 al 18 ateniéndose plenamente, en el caso de los objetivos nos 1 y 2, a uno o varios criterios objetivos similares a los del período anterior amparado por el Reglamento (CEE) n° 2052/88, es decir: la población subvencionable, la prosperidad regional, la prosperidad nacional y la gravedad relativa de los problemas estructurales, particularmente el nivel de desempleo. En el objetivo n° 3, el reparto por Estado miembro se basará principalmente en la población subvencionable, en la situación del empleo y en la gravedad de problemas como la exclusión social, los niveles de educación y formación o la participación de la mujer en el mercado laboral. En esos repartos, se diferenciarán los créditos asignados a regiones y zonas beneficiarías de la ayuda transitoria. Tales créditos se determinarán con arreglo a los criterios contemplados en el párrafo primero. El reparto anual de los mismos será decreciente. 4. El 10% de los créditos de compromiso no asignados en los repartos indicativos señalados en el apartado 3 será objeto de una asignación intermedia por parte de la Comisión con arreglo al artículo 43. 49 5. Durante el período señalado en el apartado 1, un 5% de los créditos de compromiso de los Fondos citados en el apartado 1 se dedicará a la financiación de las iniciativas comunitarias. Un 1% de los créditos indicados en el apartado 1 se dedicará a la financiación de las medidas innovadoras y de asistencia técnica definidas en los artículos 21 y 22. 6. Con miras a la programación y posterior inscripción en el presupuesto comunitario los importes citados en los apartados 1 y 2 se ajustarán un 2% cada año, a partir del 1 de enero de 2000. En caso necesario y a más tardar el 31 de diciembre de 2003, la Comisión efectuará una revisión de carácter técnico del ajuste de los créditos previstos para los años 2004 a 2006, en función de los últimos datos económicos disponibles. La diferencia con relación a la programación inicial se asignará al importe previsto en el apartado 4. CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN Artículo 8 Complementariedad y cooperación 1. La acción comunitaria se concibe como un complemento de las acciones nacionales correspondientes o como una contribución a éstas. Se plasmará en una estrecha concertation, en lo sucesivo denominada "cooperación", entre la Comisión, el Estado miembro y: a) las autoridades regionales y locales y demás autoridades competentes; b) los interlocutores económicos y sociales; c) los demás organismos competentes. Cada Estado miembro* en el marco de su régimen institucional, jurídico y financiero, deberá elegir y designar a los interlocutores más representativos a nivel nacional, regional, local o de otro tipo mencionados en el párrafo primero, buscando la asociación más amplia posible e incluyendo si procede a autoridades u organismos responsables en materia de medio ambiente y de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Todas las partes designadas serán interlocutores con un objetivo común, en lo sucesivo denominados "los interlocutores". Los Estados miembros garantizarán la participación de todos y cada uno de los interlocutores; dicha participación tendrá lugar en todas las etapas de la programación, en el nivel territorial conveniente. La cooperación se aplicará a la preparación, la financiación, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones. En aplicación del principio de subsidiariedad, y sin perjuicio de las competencias de la Comisión, la puesta en marcha de las intervenciones incumbirá a los Estados miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado. Los Estados miembros cooperarán con la Comisión para garantizar que la utilización de los fondos comunitarios sea conforme al principio de correcta gestión financiera. 2. 3. 4. 50 5. Cada año, la Comisión consultará a los interlocutores sociales organizados a escala europea sobre la política estructural de la Comunidad. Artículo 9 Programación y coordinación 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) b) c) "programación": el proceso de organización, decisión y financiación efectuado en varias etapas y destinado a desarrollar sobre una base plurianual la acción conjunta de la Comunidad y de los Estados miembros para conseguir los objetivos enunciados en el artículo 1 ; "plan": el análisis de la situación efectuado por el Estado miembro habida cuenta de los objetivos contemplados en el artículo 1 y de las necesidades prioritarias para lograr estos objetivos, así como la estrategia y las prioridades de actuación consideradas, sus objetivos específicos y los recursos financieros indicativos que lleven aparejados; "marco comunitario de apoyo": el documento aprobado por la Comisión una vez analizado el plan presentado por el Estado miembro en el que se describa la estrategia y las prioridades de la acción de los Fondos y del Estado miembro, sus objetivos específicos, la participación de los Fondos y los demás recursos financieros; este documento estará dividido en ejes prioritarios y se aplicará mediante uno o más programas operativos; d) "intervenciones": las formas de intervención de los Fondos, es decir: i) el programa operativo o el documento único de programación; ii) el programa de iniciativa comunitaria; iii) la ayuda a medidas de asistencia técnica y a acciones innovadora; e) f) g) "programa operativo": el documento aprobado por la Comisión para desarrollar un marco comunitario de apoyo, integrado por un conjunto coherente de ejes prioritarios, compuestos por medidas plurianuales, para cuya realización puede recurrirse a uno o más Fondos, a uno o más instrumentos financieros, así como al BEI; un programa operativo integrado es un programa operativo cuya financiación corre a cargo de varios Fondos; "documento único de programación": un único documento aprobado por la Comisión que agrupa los elementos contenidos en un marco comunitario de apoyo y en un programa operativo; "eje prioritario": una de las prioridades de la estrategia aprobada en un marco comunitario de apoyo o en una intervención; lleva aparejada la participación de los Fondos y de los demás instrumentos financieros, los recursos financieros que el Estado miembro le asigne, y unos objetivos específicos; 51 h) i) j) "medida": el medio por el cual se lleva a la práctica de manera plurianual un eje prioritario y que permite financiar operaciones; todo régimen de ayuda a efectos del artículo 92 del Tratado y cualquier concesión de ayudas por organismos designados por los Estados miembros se definirá como medida; "operación": cualquier proyecto 0 medida realizado por los beneficiarios finales de las intervenciones; "beneficiarios finales": los organismos o las empresas públicas o privadas que encargan las operaciones; en el caso de los regímenes de ayudas a efectos del artículo 92 del Tratado y en el de las ayudas concedidas por organismos designados por los Estados miembros, los beneficiarios finales son los organismos que conceden las ayudas. 2. La coordinación entre los distintos Fondos se efectuará en los siguientes niveles: a) en las orientaciones indicadas en el apartado 4, b) en los marcos comunitarios de apoyo, c) d) en la programación financiera y la aplicación de las intervenciones, en el seguimiento y la evaluación de las intervenciones desarrolladas en virtud de alguno de los objetivos. 3. La Comisión garantizará la coordinación entre las intervenciones de los distintos Fondos, por una parte, y entre éstas y las del BEI y las de los demás instrumentos financieros existentes, por otra, respetando el principio de cooperación. Con el fin de acentuar al máximo el efecto de impulsión de los recursos presupuestarios utilizados recurriendo a los instrumentos financieros apropiados, se combinarán adecuadamente las intervenciones comunitarias en forma de subvención y los préstamos. Esta combinación se determinará conjuntamente con el BEI cuando se apruebe el marco comunitario de apoyo o el documento único de programación. Se tendrá en cuenta el equilibrio del plan de financiación propuesto, la participación de los Fondos y los objetivos de desarrollo perseguidos. 4. Antes de la presentación de los planes y de la revisión intermedia contemplada en el artículo 41, la Comisión dictará orientaciones en las que señalará las prioridades comunitarias para cada uno de los objetivos enumerados en el artículo 1. Estas orientaciones se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Estados miembros y la Comisión tendrán en cuenta estas orientaciones en las distintas etapas de la programación. Artículo 10 Adicionalidad 1. Con el fin de que los créditos de los Fondos tengan verdaderos efectos económicos, no podrán sustituir los gastos estructurales públicos o asimilables del Estado miembro. 52 2. La Comisión y el Estado miembro establecerán en los marcos comunitarios de apoyo o en los documentos únicos de programación del objetivo n° 1 el nivel de los gastos estructurales públicos o asimilables del Estado miembro en el conjunto de las regiones del objetivo n°l durante el período de programación. En los documentos únicos de programación de los objetivos nos 2 y 3, la Comisión y el Estado miembro establecerán el nivel de gastos de la política activa del mercado laboral del Estado miembro a escala nacional durante el período de 2000-2006. El nivel anual medio de gastos contemplado en los párrafos primero y segundo deberá ser, cuando menos, igual al alcanzado durante el período de programación anterior, amparado por el Reglamento (CEE) n° 2052/88. 3. Se realizarán programación: tres comprobaciones de la adicionalidad durante el período de a) b) una comprobación previa a la aprobación de los marcos comunitarios de apoyo o de los documentos únicos de programación, que servirá de referencia para todo el período de programación; una comprobación intermedia a más tardar el 31 de diciembre de 2003, tras la cual la Comisión y el Estado miembro podrán acordar una revisión del nivel de gastos estructurales si la situación económica condujere a una evolución de los ingresos públicos o del empleo en el Estado miembro que se aparte significativamente de la prevista en la comprobación previa; c) una comprobación a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El Estado miembro proporcionará a la Comisión información adecuada al presentar los planes, cuando se efectúe la comprobación intermedia y en el momento de realizar la comprobación a más tardar el 31 de diciembre de 2005. Independientemente de estas comprobaciones, durante el período de programación el Estado miembro informará a la Comisión de los acontecimientos que puedan mermar su capacidad para mantener el nivel de gastos contemplado en el apartado 2. Artículo 11 Compatibilidad Las operaciones que sean financiadas por los Fondos, por el BEI o por otro instrumento financiero deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado y de los actos adoptados en virtud de éste, así como a las políticas comunitarias y, en particular, a las referidas a las normas de competencia (especialmente en materia de ayudas estatales), a la contratación pública, a la protección y mejora del medio ambiente, a la eliminación de desigualdades y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 53 TITULO II. PROGRAMACIÓN CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS OBJETIVOSNo sl,2Y3 Artículo 12 Ámbito geográfico 1. 2. 3. Los planes de desarrollo regional presentados en virtud del objetivo n° 1 deberán abarcar, en general, una región del nivel NUTS II. No obstante, los Estados miembros podrán presentar un plan global de desarrollo para el conjunto de regiones incluidas en la lista contemplada en el apartado 2 del artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 6, siempre y cuando ese plan incluya los elementos indicados en el artículo 15. Los planes de reconversión regional presentados en virtud del objetivo n° 2 deberán abarcar, en principio, el conjunto de zonas de una misma región del nivel NUTS II, incluidas en la lista contemplada en el apartado 4 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 6. En estos planes se diferenciarán las medidas destinadas a las zonas del objetivo n° 2 y las llevadas a cabo en otras partes de la misma región, y se deberá demostrar la coherencia de las medidas con las políticas seguidas a escala regional. Los planes presentados en virtud del objetivo n° 3 abarcarán el territorio de un Estado miembro, cuando se trate de financiaciones fuera de las regiones o zonas de los objetivos nos 1 y 2, y servirán de marco de referencia para el conjunto del territorio nacional en materia de desarrollo de los recursos humanos sin perjuicio de las particularidades regionales. Artículo 13. Duración y revisión 1. Cada plan, marco comunitario de apoyo, programa operativo y documento único de programación abarcará un período de siete años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6. El período de programación comenzará el 1 de enero de 2000. 2. Los planes, marcos comunitarios de apoyo, programas operativos y documentos únicos de programación se revisarán según las disposiciones del presente Capítulo una vez efectuada la evaluación intermedia contemplada en el artículo 41 y asignada la reserva de eficacia contemplada en el artículo 43. Asimismo, podrán revisarse con arreglo a esas mismas disposiciones cuando se produzcan cambios importantes de la situación socioeconómica, incluyendo los que puedan producirse en el mercado laboral. Artículo 14 Preparación y aprobación 1. Los planes enmarcados en los objetivos nos 1, 2 y 3 serán elaborados de acuerdo con el artículo 8 por las autoridades competentes designadas por el Estado miembro a escala 54 nacional, regional o de otro tipo y serán presentados por el Estado miembro a la Comisión una vez que se hayan pronunciado sobre ellos los distintos interlocutores. Cada interlocutor se pronunciará en un plazo que permita cumplir el plazo establecido en el párrafo tercero. Salvo acuerdo en contrario con el Estado miembro de que se trate, los planes se presentarán a más tardar tres meses después del establecimiento de las listas de las zonas contempladas en el apartado 2 del artículo 3 y en el apartado 4 del artículo 4. La Comisión evaluará los planes en función de su coherencia con los objetivos del presente Reglamento, incluido el marco de referencia contemplado en el punto 3 del artículo 1, con las orientaciones contempladas en el apartado 4 del artículo 9 y con las políticas comunitarias y las disposiciones del artículo 40. Tendrá en cuenta los mecanismos seguidos para asociar a los interlocutores y las opiniones expresadas por éstos en la fase de consultas señalada en el apartado 1. Además, la Comisión evaluará cada plan propuesto dentro del objetivo n° 3 en función de la coherencia de las medidas consideradas con el plan nacional de aplicación de la estrategia europea en materia de empleo contemplado en el párrafo segundo de la letra b) del apartado 2 del artículo 15. Basándose en los planes, la Comisión elaborará los marcos comunitarios de apoyo del objetivo n° 1, en colaboración con el Estado miembro, de acuerdo con los procedimientos fijados en los artículos 47 a 50. Asociará al BEI en la elaboración de los marcos comunitarios de apoyo. La Comisión adoptará una decisión de participación de los Fondos a más tardar seis meses después de haber recibido el plan o los planes correspondientes y siempre y cuando contengan todos los elementos previstos en el artículo 15. La Comisión evaluará las propuestas de programas operativos del objetivo n° 1 presentadas por el Estado miembro en función de su coherencia con los objetivos del marco comunitario de apoyo correspondiente y de su compatibilidad con las políticas comunitarias. Adoptará una decisión de participación de los Fondos de acuerdo con el apartado 1 del artículo 27, en colaboración con el Estado miembro en la medida en que las propuestas contengan todos los datos contemplados en el artículo 17. Los Estados miembros podrán adjuntar a sus planes solicitudes de participación financiera para los programas operativos con el fin de acelerar el examen de las solicitudes y la ejecución de los programas. Junto con la decisión relativa al marco comunitario de apoyo, la Comisión aprobará también, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 27, los programas operativos presentados al mismo tiempo que los planes en la medida en que incluyan todos los datos contemplados en el artículo 17. Cuando deba aplicarse el apartado 1 del artículo 15, la Comisión adoptará una única decisión referida a un documento único de programación en la que figurarán al mismo tiempo los elementos contemplados en los artículos 16 y 17 y la participación de los Fondos indicada en el apartado 1 del artículo 27. Basándose en los documentos únicos de programación de los objetivos nos 2 y 3, en colaboración con el Estado miembro y de los planes, la Comisión establecerá 55 acuerdo con los procedimientos fijados en los artículos 47 a 50. Asociará al BEI en la elaboración de los documentos únicos de programación. La Comisión adoptará una única decisión de participación de los Fondos de conformidad con el apartado 1 del artículo 27 a más tardar seis meses después de haber recibido el plan correspondiente y siempre y cuando éste contenga todos los elementos previstos en los artículos 16 y 17. En el plazo de tres meses después de la decisión de la Comisión por la que ésta apruebe un programa operativo o un documento único de programación, la autoridad de gestión aprobará los elementos complementarios de programación, previo acuerdo del comité de seguimiento señalado en el artículo 34, y los remitirá a la Comisión, a más tardar un mes después de la decisión de ésta, en un único documento denominado en lo sucesivo "programación complementaria". Las decisiones de la Comisión relativas al marco comunitario de apoyo o al documento único de programación se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Si el Parlamento Europeo lo solicita, la Comisión le comunicará con carácter informativo estas decisiones y los marcos comunitarios de apoyo que apruebe. 5. 6. CAPÍTULO II. CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN RELATIVA A LOS OBJETIVOS N0 S1 , 2 Y3 Artículo 15 Planes 1. En el marco del objetivo n° 1, cuando la asignación comunitaria sea inferior a 1. 000 millones de euros o no supere significativamente esta cifra, los Estados miembros presentarán un plan que incluya, en un único documento, los elementos indicados en los apartados 2, 3 y 4 y en el artículo 17. En el marco de los objetivos nos 2 y 3, los Estados miembros presentarán, también mediante un único documento, un plan que incluya esos elementos. En cualquier caso, los planes distinguirán las dotaciones financieras previstas en las zonas beneficiarías de la ayuda transitoria y las que correspondan a las demás regiones y zonas de los objetivos nos 1 ó 2. 2. Los planes presentados en virtud de los objetivos nos 1, 2 y 3 seguirán las orientaciones contempladas en el apartado 4 del artículo 9 y las prioridades expresadas por las regiones en cuestión e incluirán: a) una descripción cuantificada de la situación actual, bien en materia de disparidades, atrasos y posibilidades de desarrollo en el caso de las regiones del objetivo n° 1, bien en materia de reconversión en las zonas del objetivo n° 2, o bien en materia de desarrollo de los recursos humanos y de las políticas de empleo en el Estado miembro y en las zonas del objetivo n° 3; los recursos financieros movilizados y los principales resultados del período de programación anterior teniendo en cuenta los resultados conocidos de las evaluaciones; b) la descripción de una estrategia adecuada para lograr los objetivos a que se refiere el artículo 1 y de los principales ejes por los que se opte para el desarrollo y la reconversión duradera de las regiones y de las zonas, entre ellas las rurales, así 56 como para el desarrollo de los recursos humanos necesarios o para la adaptación y modernización de las políticas y programas de educación, formación y empleo; el resultado de la evaluación previa a que se refiere el artículo 40; además de dichos elementos, los planes presentados de conformidad con el objetivo n° 3 garantizarán la coherencia de la estrategia de empleo y de desarrollo de recursos humanos para el conjunto del territorio del Estado miembro, teniendo en cuenta, en particular, el plan nacional de desarrollo de la estrategia europea de empleo; asimismo, incluirán una descripción de los objetivos principales de esta estrategia y los medios principales para alcanzarlos; c) indicaciones sobre la utilización prevista de la participación financiera de los Fondos, del BEI y de los demás instrumentos financieros; en el caso del objetivo n° 1, esta información se completará con un gráfico financiero indicativo global en el que se recapitulen los recursos financieros nacionales, públicos y privados, y los recursos comunitarios previstos que correspondan a cada uno de los ejes principales seleccionados en el plan; las necesidades previstas en materia de asistencia técnica; d) los resultados del proceso de consulta llevado a cabo en aplicación del apartado 1 del artículo 4, así como las modalidades seguidas y las disposiciones adoptadas para permitir la participación de los interlocutores. En las regiones del objetivo n° 1, los planes de desarrollo regional incluirán todo tipo de medidas de reconversión económica y social, de desarrollo de los recursos humanos, teniendo en cuenta el marco de referencia contemplado en el punto 3 del artículo 1, y de desarrollo rural. En los Estados miembros cuyo territorio esté incluido íntegramente en el objetivo n° 1, los planes incluirán los elementos citados en el párrafo segundo de la letra b) del apartado 2. Los Estados miembros indicarán los elementos específicos de cada Fondo, incluidos los volúmenes de participación financiera solicitados, e incluirán una reseña de los programas operativos previstos, en particular, sus objetivos específicos y los principales tipos de medidas consideradas. Artículo 16 Marcos comunitarios de apoyo del objetivo n° 1 El marco comunitario de apoyo del objetivo n° 1 garantizará la coordinación del conjunto de la ayuda estructural comunitaria en las regiones beneficiarías, inclusive en materia de desarrollo de los recursos humanos, de conformidad con el punto 3 del artículo 1, en particular cuando la totalidad del territorio de un Estado miembro esté incluida en este objetivo. Todo marco comunitario de apoyo incluirá: a) la estrategia y los ejes prioritarios definidos para la acción conjunta de la Comunidad y del Estado miembro, sus objetivos específicos, a ser posible cuantificados, una evaluación de los efectos previstos de conformidad con el 57 b) c) artículo 40, así como información sobre su coherencia con las orientaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 9 y con las políticas económicas, de estrategia de empleo y de desarrollo de los recursos humanos, y, cuando proceda, con las políticas regionales del Estado miembro; un resumen de los programas operativos que no se aprueben al mismo tiempo que el marco comunitario de apoyo, reseñando la duración y los objetivos específicos de los mismos, así como las prioridades por las que se haya optado; un plan de financiación indicativo en el que, de acuerdo con los artículos 27 y 28, se precise la cuantía anual de la participación financiera de cada Fondo, del BEI y de los demás instrumentos financieros que contribuyan directamente al plan de financiación, prevista para cada eje prioritario, así como las dotaciones financieras nacionales subvencionables, públicas y privadas, que correspondan a la participación de cada Fondo; en este plan de financiación se especificarán los créditos previstos para las regiones beneficiarías de la ayuda transitoria; la participación total de los Fondos prevista anualmente para cada marco comunitario de apoyo será compatible con las perspectivas financieras aplicables, sin perjuicio de la disminución progresiva establecida en el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 7; d) una comprobación previa de la adicionalidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 e indicaciones pertinentes sobre la transparencia de los flujos financieros en cuestión, en particular los que vayan del Estado miembro a las regiones beneficiarías; e) las disposiciones de aplicación del marco comunitario de apoyo, que incluirán: i) ii) la designación por el Estado miembro de una autoridad o de un organismo encargado de la gestión del marco comunitario de apoyo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33; la definición y utilización, en colaboración con la Comisión, de sistemas informáticos compatibles de gestión, seguimiento y evaluación; estos sistemas deberán ofrecer garantías de eficacia para la gestión y de fiabilidad de la información relativa a la aplicación y a los resultados y ajustarse a lo dispuesto en los artículos 35, 41 y 42; iii) las disposiciones previstas para permitir interlocutores; la participación de los 58 í) cuando proceda, indicaciones sobre los créditos necesarios para medidas de preparación, seguimiento y evaluación de las intervenciones. Artículo 17 Programas operativos del objetivo n° 1 1. Las intervenciones amparadas en un marco comunitario de apoyo del objetivo n°l revestirán por regla general la forma de un programa operativo integrado por región. 2. Cada programa operativo incluirá: a) los ejes prioritarios del programa, de los que se reseñará la coherencia con el los objetivos específicos marco comunitario de apoyo del que dependan, cuantificados, una evaluación de los efectos previstos de conformidad con el artículo 40, así como la coherencia con las orientaciones indicadas en el apartado 4 del artículo 9; b) una descripción de las medidas previstas para aplicar los ejes prioritarios, incluidos los elementos necesarios para valorar los regímenes de ayudas a efectos • del artículo 92 del Tratado; cuando proceda, las medidas necesarias para la preparación, el seguimiento y la evaluación del programa operativo; c) un plan de financiación en el que se precise, con arreglo al artículo 27, la cuantía anual de la participación financiera de cada Fondo, del BEI y de los demás instrumentos financieros prevista para cada eje prioritario, así como las dotaciones financieras nacionales subvencionables, públicas y privadas, que correspondan a la participación de cada Fondo; en este plan de financiación se especificarán los créditos previstos para las regiones beneficiarías de la ayuda transitoria; la participación total de los Fondos prevista anualmente será compatible con las perspectivas financieras aplicables, sin perjuicio de la disminución progresiva establecida en el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 7; d) las disposiciones de aplicación del programa operativo, que incluirán: • i) la designación por el Estado miembro de una autoridad o de un organismo encargado de la gestión del programa operativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33; ii) una descripción del método de gestión del programa operativo, iii) una descripción de los sistemas de seguimiento y evaluación; iv) la definición y utilización, en colaboración con la Comisión, de sistemas informáticos compatibles de gestión, seguimiento y evaluación; estos sistemas deberán ofrecer garantías de eficacia para la gestión y de fiabilidad y disponibilidad de la información relativa a la aplicación y a los resultados y ajustarse a lo dispuesto en los artículos 35, 41 y 42; 59 v) vi) la definición de las normas de movilización y de circulación de los importes financieros destinadas a garantizar la transparencia de los flujos; la descripción de las reglas específicas de control del programa operativo, incluidas la designación de las funciones respectivas y el control de la observancia de las disposiciones en materia de ayudas estatales; vii) la definición de las funciones y de las responsabilidades respectivas de los interlocutores que participen en el seguimiento y evaluación del programa operativo. 3. La programación complementaria incluirá: a) las medidas de desarrollo de los correspondientes ejes prioritarios del programa operativo, la evaluación previa de las mismas con arreglo al artículo 40, y los indicadores de seguimiento correspondientes a que se refiere el artículo 35; b) una definición de las categorías de beneficiarios finales de las medidas; c) d) los criterios de selección de las operaciones financiadas en virtud de cada una de las medidas, incluido el método de evaluación previa de viabilidad de las mismas; un plan de financiación en el que se precise, con arreglo a los artículos 27 y 28, la cuantía de la participación financiera de cada Fondo, del BEI y de los demás instrumentos financieros prevista para cada medida, así como la dotación financiera nacional subvencionable, pública y privada, que corresponda a la participación de los Fondos; el porcentaje de participación de un Fondo dado en una medida se calculará de acuerdo con el artículo 28 y con el total de los créditos comunitarios totales asignados al eje prioritario; en este plan de financiación se especificarán los créditos previstos para las regiones beneficiarías de la ayuda transitoria; e) las medidas previstas para dar la adecuada publicidad al programa operativo de conformidad con el artículo 45. Cuando participen en la financiación de la intervención varios interlocutores de rango nacional, regional, local u otro, suscribirán entre sí un convenio sobre sus cometidos respectivos destinado a garantizar que se pueda disponer de los fondos de manera eficaz y conforme al plan de financiación de la intervención. Este convenio se adjuntará a la programación complementaria. Artículo 18 Documentos únicos de programación de los objetivos nos 2 y 3 En aplicación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 15, las intervenciones desarrolladas de conformidad con los objetivos nos 2 y 3 serán documentos únicos de programación. El documento único de programación del objetivo n° 2 garantizará la coordinación de toda la ayuda estructural comunitaria, inclusive en materia de desarrollo de los recursos humanos y 60 de desarrollo rural, en el conjunto de zonas del objetivo n° 2 de cada región contemplada en el apartado 2 del artículo 12, incluidas las zonas beneficiarías de la ayuda transitoria del FEDER. El documento único de programación del objetivo n° 3 garantizará la coordinación del conjunto de la ayuda estructural comunitaria al desarrollo de los recursos humanos en las zonas contempladas en el artículo 5, incluidas las zonas que reciban ayuda del FSE en virtud del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 6. CAPÍTULO III. INICIATIVAS COMUNITARIAS Artículo 19 Contenido 1. Las iniciativas comunitarias se desarrollarán en los siguientes ámbitos: a) la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional destinada a fomentar un desarrollo y una ordenación del territorio europeo armoniosos y equilibrados; b) el desarrollo rural; c) la cooperación transnacional en materia de nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en el acceso al mercado laboral. 2. Los programas aprobados en el marco de las iniciativas comunitarias podrán referirse a zonas distintas de las contempladas en los artículos 3 y 4. Artículo 20 Elaboración, aprobación y desarrollo 1. 2. 3. 4. La Comisión establecerá orientaciones en las que se describan los objetivos, los ámbitos de aplicación y las reglas apropiadas de aplicación de cada iniciativa con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51 y tras informar de ellas al Parlamento Europeo. Estas orientaciones se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Cada ámbito contemplado en el apartado 1 del artículo 19 será financiado por un único Fondo, ya sea el FEDER, el FEOGA Sección "Orientación" o el FSE. Con objeto de abarcar todas las medidas necesarias para la aplicación del programa de iniciativa comunitaria de que se trate, la decisión de participación de los Fondos podrá ampliar el ámbito de aplicación fijado en los Reglamentos específicos de cada Fondo, aunque sin rebasar esas disposiciones específicas. La Comisión aprobará los programas de iniciativa comunitaria con arreglo al artículo 27 basándose en propuestas elaboradas de acuerdo con las orientaciones y en función de la evaluación previa de dichas propuestas efectuada de conformidad con el artículo 40. La Comisión revisará los programas de iniciativa comunitaria tras la evaluación intermedia contemplada en el artículo 41. 61 CAPÍTULO IV ACCIONES INNOVADORAS Y ASISTENCIA TÉCNICA Artículo 21 Acciones innovadoras 1. Los Fondos podrán financiar, por iniciativa de la Comisión y dentro del límite del 0,7% de su dotación anual respectiva, acciones innovadoras a escala comunitaria. Estas medidas incluirán estudios, proyectos piloto e intercambios de experiencia. Las acciones innovadoras contribuirán a la elaboración de métodos y prácticas innovadores destinados a mejorar la calidad de las intervenciones de conformidad con los objetivos nos 1 a 3. Estas acciones se aplicarán de manera simple, transparente y conforme a una correcta gestión financiera. 2. Cada ámbito de proyectos piloto será financiado por un único Fondo. A fin de abarcar las medidas necesarias para la aplicación del proyecto piloto en cuestión, la decisión de participación de los Fondos podrá ampliar el ámbito de aplicación definido en los Reglamentos específicos de cada Fondo aunque sin rebasar estas disposiciones específicas. Artículo 22 Asistencia técnica Los Fondos podrán financiar, por iniciativa o por cuenta de la Comisión y dentro del límite del 0,3% de su dotación anual respectiva, las medidas de preparación, seguimiento, evaluación y control necesarias para la aplicación del presente Reglamento. Dichas medidas incluirán en particular: a) estudios, incluso los de carácter general, relativos a la intervención de los Fondos, b) c) acciones de asistencia técnica, de intercambios de experiencia y de información destinadas a las intervenciones de los Fondos y al público en general; los beneficiarios interlocutores, a los diferentes finales de la instalación, el funcionamiento y la interconexión de los sistemas informáticos de gestión, seguimiento y evaluación. Artículo 23 Aprobación de las acciones innovadoras y de asistencia técnica La Comisión valorará las solicitudes de participación de los Fondos presentadas en virtud de los artículos 21 y 22 en función de los siguientes elementos: a) una descripción de la intervención propuesta, de su ámbito de aplicación -incluida la cobertura geográfica-, y de sus objetivos específicos, b) una evaluación previa, c) los organismos responsables de la ejecución de la intervención y los beneficiarios, 62 d) e) f) el calendario y el plan de financiación, incluida la participación de cualquier otra fuente de financiación comunitaria, las disposiciones que garanticen una aplicación eficaz y regular, cualquier otra información necesaria para comprobar la compatibilidad con las políticas comunitarias y con las orientaciones contempladas en el apartado 4 del artículo 9. La Comisión aprobará la participación de los Fondos cuando estos elementos permitan valorar la solicitud. CAPÍTULO V. GRANDES PROYECTOS Artículo 24 Definición de los grandes proyectos Dentro de una misma intervención los Fondos podrán financiar gastos vinculados a grandes proyectos, es decir: a) b) un conjunto de trabajos económicamente indivisibles que ejerzan una función técnica precisa y que contemplen objetivos claramente definidos, y cuyo coste total considerado para determinar la cuantía de la participación de los Fondos exceda de 50 millones de euros. Artículo 25 Aprobación y desarrollo 1. Durante el desarrollo de las intervenciones, cuando el Estado miembro o la autoridad de gestión prevean la participación de los Fondos en un gran proyecto, informarán previamente de ello a la Comisión y comunicarán las siguientes informaciones: a) organismo responsable del desarrollo, b) naturaleza de la inversión y descripción de la misma, así como sus costes y localization, c) calendario de ejecución del proyecto, d) e) f) g) análisis de los costes y ventajas - incluidos los financieros - y de los riesgos; para las los costes y ventajas infraestructuras, el análisis de socioeconómicos del proyecto, incluyendo el índice previsible de utilización, inversiones en la viabilidad económica del proyecto; para datos sobre inversiones productivas, el análisis incluirá las perspectivas del mercado en el sector en cuestión y el análisis de la rentabilidad previsible del proyecto, las efectos directos e indirectos sobre el empleo, elementos que permitan valorar la repercusión ambiental y la aplicación de los principios de precaución y de acción preventiva, de - prioritariamente en origen - de los daños medioambientales y del principio de que la corrección 63 quien contamina paga, así como la aplicación de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente; elementos necesarios para la valoración del respeto de las normas de competencia, en particular, en materia de ayudas estatales; para las inversiones en infraestructuras, impacto previsible en el desarrollo o la reconversión de la región en cuestión, así como la aplicación de las normativa comunitaria sobre contratos públicos, h) i) j) repercusión de la participación de los Fondos en la realización del proyecto, k) plan de financiación e importe total de los recursos financieros previstos para la participación de los Fondos y de cualquier otra fuente de financiación comunitaria. 2. La Comisión valorará el proyecto, consultando en caso necesario al BEI, en función de los siguientes elementos: a) tipo de inversión considerado y, cuando proceda, ingresos esperados; b) resultados del análisis de costes y ventajas; c) evaluación del impacto ambiental; d) coherencia con los ejes prioritarios de la intervención correspondiente; e) f) g) conformidad con las políticas comunitarias; ventajas socioeconómicas esperadas, en particular, en términos de empleo, habida cuenta de los recursos financieros movilizados; coordinación de los instrumentos financieros y combinación de las subvenciones y préstamos contemplada en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 9. 3. En un plazo de 3 meses después de la recepción de las informaciones citadas en el apartado 1, la Comisión confirmará o modificará el tipo de participación comunitario. Si considerare que el proyecto no parece justificar una parte o la totalidad de la participación de los Fondos, la Comisión podrá denegar total o • parcialmente esta participación. CAPÍTULO VI. SUBVENCIÓN GLOBAL Artículo 26 Subvención global 1. El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán decidir, de acuerdo con la Comisión, confiar a los intermediarios adecuados - por ejemplo, autoridades locales, organismos de desarrollo regional u organizaciones no gubernamentales-, el desarrollo y la gestión de una parte de una intervención (en lo sucesivo "subvención global"), preferiblemente en favor de las iniciativas de desarrollo local. 64 2. 3. En el caso de los programas de iniciativa comunitaria y de las acciones innovadoras, la Comisión podrá decidir recurrir a una subvención global para la totalidad o parte del programa. Los intermediarios, que habrán de tener la solvencia y capacidad administrativa necesarias, deberán estar presentes o representados en la región en cuestión y estar facultados para ejercer una misión de interés público y asociar a los medios socioeconómicos directamente afectados por la aplicación de las medidas previstas. El recurso a una subvención global figurará en la correspondiente decisión de participación de los Fondos como disposición especial de aplicación de la intervención tal como se define en la letra d) del apartado 2 del artículo 17: Las normas de utilización de las subvenciones globales serán convenidas entre la autoridad de gestión y el organismo intermediario interesado. En el caso de los programas de iniciativa comunitaria y de las medidas innovadoras, las normas de utilización de las subvenciones globales serán convenidas entre la Comisión y el organismo intermediario interesado. La programación complementaria no se referirá a la parte de la intervención que dependa de la subvención global. 4. Las normas de utilización de la subvención global precisarán en particular: a) las medidas que deban aplicarse, b) los criterios de selección de los beneficiarios, c) las condiciones y los tipos de concesión de la ayuda de los Fondos, incluida la utilización de los intereses eventualmente producidos, d) las normas de seguimiento y evaluación de la subvención global, e) si procede, el recurso a una garantía bancaria, con el acuerdo de la Comisión. TÍTULO III. PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS Artículo 27 Decisión de participación de los Fondos 1. La Comisión adoptará mediante una única decisión la participación del conjunto de los Fondos, siempre que se cumplan todas las condiciones requeridas por el presente Reglamento, en un plazo de seis meses, por regla general, a partir de la recepción de la solicitud de intervención. La decisión distinguirá los créditos asignados a las regiones o zonas beneficiarías de la ayuda transitoria. La participación máxima de los Fondos se fijará para cada eje prioritario de la intervención. Una medida sólo podrá beneficiarse al mismo tiempo para un período determinado de la participación financiera de un Fondo. 65 Una misma operación no podrá beneficiarse al mismo tiempo de la participación de un Fondo en virtud de uno de los objetivos nos 1 a 3 y en virtud de una iniciativa comunitaria. La participación de los Fondos en programas operativos deberá ser compatible con el plan de financiación establecido en el marco comunitario de apoyo correspondiente. En la aplicación de las medidas, la participación de los Fondos podrá adoptar una de las formas siguientes: ayuda directa no reembolsable (en lo sucesivo denominada "ayuda directa"), ayuda reembolsable, bonificación de interés, garantía, participación en el capital, participación en el capital de riesgo u otro tipo de financiación. 2. 3. Las ayudas reembolsadas a la autoridad de gestión o a otra autoridad pública serán reasignadas a los mismos fines por ésta. Artículo 28 Modulación de los tipos de participación 1. La participación de los Fondos se modulará en función de los siguientes elementos: a) b) c) d) e) f) la gravedad de los problemas específicos, en particular, regionales o sociales, que motiven la intervención, la capacidad financiera del Estado miembro, teniendo en cuenta, en particular, la prosperidad relativa de dicho Estado y la necesidad de evitar aumentos excesivos de los gastos presupuestarios, el interés que revistan las intervenciones y los ejes prioritarios desde el punto de vista comunitario, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1, especialmente para eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como para proteger y mejorar el medio ambiente, en particular, la aplicación del principio de precaución, de actuación preventiva y de que quien contamina paga, el interés que revistan las intervenciones y los ejes prioritarios desde el punto de vista regional y nacional, las características propias del tipo de intervención y de eje prioritario de que se trate, la utilización óptima de los recursos financieros en los planes de financiación, incluida la combinación de los recursos públicos y privados, y el recurso a los instrumentos financieros convenientes de acuerdo con el apartado 3 del artículo 9. 2. La participación de los Fondos se calculará bien en relación con los costes totales subvencionables, bien en relación con el total de los gastos públicos o asimilables subvencionables (nacionales, regionales o locales y comunitarios) relativos a cada intervención. 3. La participación de los Fondos no podrá sobrepasar los siguientes límites: 66 a) El 75% a lo sumo del coste total subvencionable y, en principio, un 50% al menos de los gastos públicos subvencionables, para las medidas aplicadas en las regiones del objetivo n° 1. En caso de que estas regiones pertenezcan a un Estado miembro beneficiario del Fondo de cohesión, la participación comunitaria podrá, en casos excepcionales debidamente justificados, ascender a lo sumo al 80% del coste total subvencionable y como máximo al 85% de ese mismo coste en las regiones ultraperiféricas y en las islas periféricas griegas que sufren una desventaja a causa de la distancia. b) Un 50% a lo sumo del coste total subvencionable y, por regla general, un 25% al menos de los gastos públicos subvencionables, para las medidas aplicadas en las regiones de los objetivos nos 2 o 3. La participación de los Fondos respetará los límites de intensidad de la ayuda y de acumulación establecidos para las ayudas estatales. 4. Cuando la intervención considerada implique la financiación de inversiones generadoras de ingresos, la participación de los Fondos en estas inversiones se determinará, teniendo en cuenta, entre sus características propias, la importancia del margen bruto de autofinanciación que se esperaría normalmente de esa categoría de inversiones, en función de las condiciones macroeconómicas en que aquéllas deban llevarse a cabo, y sin que la participación de los Fondos implique un aumento del esfuerzo presupuestario nacional. La participación de los Fondos respetará los límites siguientes: a) En el caso de inversiones en infraestructuras generadoras de ingresos importantes: i) un 40% del coste total subvencionable en las regiones del objetivo n° 1, al cual podrá añadirse un incremento máximo del 10% en los Estados miembros beneficiarios del Fondo de cohesión ; ii) un 25% del coste total subvencionable en las regiones del objetivo n°2; iii) estos porcentajes podrán incrementarse a la altura de la utilización de otras formas de financiación distintas de las ayudas directas, sin que el incremento pueda superar un 10% del coste total subvencionable. b) En el caso de inversiones en las empresas: i) un 35% del coste total subvencionable en las regiones del objetivo n° 1 ; ii) un 15% del coste total subvencionable en las regiones del objetivo n° 2; iii) en el caso de inversiones en pequeñas y medianas empresas, estos porcentajes podrán incrementarse a la altura de la utilización de otras formas de financiación distintas de las ayudas directas, sin que este aumento pueda superar un 10% del coste total subvencionable. 5. Las referencias hechas en los apartados 3 y 4 a las regiones y zonas incluidas en los objetivos nos 1 y 2 se entenderán también como hechas a las regiones y zonas 67 beneficiarías de la ayuda transitoria en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 6, respectivamente. 6. Las medidas realizadas por iniciativa de la Comisión contempladas en los artículos 21 y 22 podrán financiarse hasta el 100% del coste total. Las medidas realizadas por cuenta de la Comisión contempladas en el artículo 22 se financiarán al 100% del coste total. Para las medidas de asistencia técnica en el marco de la programación y de las iniciativas comunitarias, se aplicarán los porcentajes contemplados en el presente artículo. Artículo 29 Subvencionabilidad , 1. Los gastos vinculados a operaciones sólo podrán optar a la participación de los Fondos si aquéllas se integran en la intervención en cuestión. 2. Un gasto no podrá optar a la participación de los Fondos si es pagado por el beneficiario final antes de la fecha de recepción por la Comisión de la solicitud de intervención. Esta fecha constituirá la fecha inicial de la subvencionabilidad de los gastos. La fecha límite final de subvencionabilidad de los gastos se fijará en la decisión de participación de los Fondos. Esta fecha se referirá a los pagos ejecutados por los beneficiarios finales. Podrá ser prorrogada por la Comisión previa petición debidamente justificada del Estado miembro, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13 y 14. 3. 4. Las normas nacionales pertinentes se aplicarán a los gastos subvencionables salvo si, en caso necesario, la Comisión establece normas comunes de subvencionabilidad de los gastos de acuerdo con los procedimientos contemplados en los artículos 47 a 51. Los Estados miembros comprobarán que sólo se garantice la participación de los Fondos en una operación si ésta no sufre ninguna modificación importante: a) b) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de aplicación o que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un ente público, y que resulte, en su caso, antes del vencimiento de un periodo de cinco años bien de un cambio del régimen de propiedad de una infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de localization de una actividad productiva. En caso de existencia de tal modificación, se aplicarán las disposiciones del artículo 38. CAPÍTULO II. GESTIÓN FINANCIERA Artículo 30 Compromisos presupuestarios 1. 2. Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectuarán sobre la base de la decisión de participación de los Fondos. Los compromisos para las intervenciones de una duración igual o superior a dos años se efectuarán, en principio, anualmente. El primer compromiso se efectuará cuando la 68 Comisión adopte la decisión de aprobación de la intervención. Los compromisos siguientes se efectuarán, por regla general, a más tardar el 30 de abril. La Comisión liberará de oficio la parte de un compromiso para la cual no se haya presentado ninguna solicitud de pago admisible a la Comisión al término del segundo año siguiente al del compromiso o transcurrida la fecha límite de entrega del informe final contemplada en el apartado 1 del artículo 36; la participación de los Fondos en esta intervención se reducirá en la misma cantidad. 3. Para las intervenciones cuya duración sea inferior a dos años, el importe total de la participación de los Fondos se comprometerá cuando la Comisión adopte la decisión de participación de los Fondos. Artículo 31 Pagos 1. La Comisión abonará la participación de los Fondos de conformidad con los compromisos presupuestarios a la autoridad o al organismo (denominado "autoridad pagadora" a efectos del presente artículo) nacional, regional o local designado a tal efecto en la solicitud presentada por el Estado miembro en cuestión. Los pagos se referirán al compromiso más antiguo efectuado en virtud del artículo 30. El pago podrá revestir la forma de anticipos, pagos intermedios o pagos del saldo. Los pagos intermedios o del saldo se referirán a gastos efectivamente pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente. La Comisión efectuará los pagos intermedios en un plazo que, por regla general, no excederá de dos meses a partir de la recepción de una solicitud admisible. La autoridad pagadora velará por que los beneficiarios finales reciban los importes de la participación de los Fondos a los que tengan derecho cuanto antes y en su totalidad. No se efectuará ninguna deducción o retención, ni se aplicará carga alguna posterior específica que pueda reducir esos importes. 2. Al efectuar el primer compromiso, la Comisión abonará a la autoridad pagadora un anticipo. Éste podrá alcanzar como máximo un 10% de la participación de los Fondos en la intervención en cuestión y se podrá fraccionar, en caso necesario, en uno o más ejercicios, en función de las disponibilidades presupuestarias. Durante toda la intervención, la autoridad pagadora recurrirá al anticipo para abonar la participación comunitaria en los gastos efectivamente pagados y declarados a la Comisión de acuerdo con el apartado 3. La autoridad pagadora reembolsará total o parcialmente el anticipo en caso de que no se haya presentado ninguna solicitud de pago a la Comisión 18 meses después de la decisión de participación de los Fondos. 69 Los intereses eventualmente producidos por el anticipo se asignarán a la intervención en cuestión. 3. Los pagos intermedios reembolsarán los gastos efectivamente pagados de conformidad con los Fondos y certificados por la autoridad pagadora. Se referirán a las medidas fijadas en la programación complementaria y en el plan de financiación de la intervención y se supeditarán al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) b) c) d) e) f) presentación a la Comisión de la programación complementaria con todos los elementos previstos en el apartado 3 del artículo 17, transmisión a la Comisión, cuando expire el plazo previsto, del informe anual de ejecución del año anterior con todos los elementos previstos en artículo 36, envío de las informaciones requeridas para la evaluación intermedia de la intervención contemplada en el artículo 41, conformidad de las decisiones de la autoridad de gestión y del comité de seguimiento con el importe total de la participación de los Fondos concedido a los ejes prioritarios de que se trate, haber dado curso, en el plazo fijado, a las solicitudes de adaptaciones contempladas en el apartado 3 del artículo 33 o a las solicitudes de medidas correctivas contempladas en el apartado 4 del artículo 37, la ausencia de suspensión en virtud del párrafo primero del apartado 2 del artículo 38 y la ausencia de decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado, en contra de la intervención y de la medida de que se trate. En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, el Estado miembro y la autoridad designada serán informados de ello sin demora y adoptarán las disposiciones necesarias para subsanar esa situación. Los Estados miembros-velarán por que, en la medida de lo posible, las solicitudes de pago intermedio se presenten a la Comisión de manera agrupada tres veces al año, debiendo ser presentada la última a más tardar el 31 de octubre. Las solicitudes de pago intermedio distinguirán, en cada eje prioritario, los gastos pagados en las regiones o zonas beneficiarías de la ayuda transitoria. El total acumulado de los pagos contemplados en el apartado 2 y en el presente apartado abonados para una intervención representará como máximo el 95% de la participación de los Fondos en esa intervención. 4. El pago del saldo de la intervención se efectuará si: a) la autoridad pagadora ha presentado a la Comisión, en los seis meses siguientes al plazo de pago fijado en la decisión de participación de los Fondos, una declaración certificada de los gastos efectivamente pagados, 70 b) c) el informe final de ejecución ha sido presentado a la Comisión y aprobado por ella, el Estado miembro ha enviado a la Comisión la declaración contemplada en la letra f) del apartado 1 del artículo 37. El pago definitivo del saldo ya no podrá rectificarse a petición del Estado miembro si la autoridad designada no ha presentado la solicitud a la Comisión dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de pago de este saldo. 5. Los Estados miembros designarán a las autoridades facultadas para expedir las certificaciones y declaraciones contempladas en los apartados. 3 y 4. 6. A más tardar el 30 de abril de cada año, los Estados miembros enviarán a la Comisión una actualización de las previsiones de solicitudes de pago para el ejercicio en curso y para el ejercicio presupuestario siguiente. 7. La Comisión determinará los procedimientos de pago convenientes para las medidas innovadoras previstas en el artículo 21 y para las medidas previstas en el artículo 22. Artículo 32 Utilización del euro Los importes de las decisiones, de los compromisos y de los pagos de la Comisión se expresarán en euros, según modalidades que la Comisión adoptará de conformidad con los procedimientos contemplados de los artículos 47 a 51. TÍTULO IV. EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS FONDOS CAPÍTULO I. SEGUIMIENTO Artículo 33 Gestión por la autoridad designada 1. La autoridad u organismo designado por el Estado miembro para la gestión de una intervención, denominada "autoridad de gestión" a efectos del presente Reglamento, será responsable de la eficacia y regularidad de la gestión y el desarrollo y, en particular: a) b) del establecimiento del dispositivo de recogida de los datos financieros y estadísticas de aplicación y de los indicadores de seguimiento contemplados en el artículo 35, así como de su disponibilidad de conformidad con normas convenidas con la Comisión ; de la ejecución del plan de financiación de la intervención, en particular, en lo referente a la puesta a disposición de los fondos por los interlocutores que participen en la financiación en el marco del convenio contemplado en el párrafo segundo del apartado 3 del Artículo 17; c) de la elaboración y utilización de sistemas informatizados compatibles de gestión, seguimiento y evaluación que garanticen la eficacia de la gestión, así como la 71 d) e) f) g) h) fiabilidad y disponibilidad de los datos contemplados en la letra a), y se ajusten a las disposiciones de los artículos 35, 41 y 42; del establecimiento y la presentación a la Comisión del informe anual de ejecución, así como, si procede y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31, de las solicitudes de pago; de la organización conjunta con la Comisión de la evaluación intermedia contemplada en el artículo 41; de la utilización por los organismos que intervienen en la gestión y aplicación de la intervención bien de un sistema de contabilidad separada, bien de una codificación contable adecuada de todas las transacciones afectadas por la intervención, de la regularidad de las operaciones financiadas en virtud de la intervención, en particular, de la aplicación de medidas de control interno compatibles con los principios de una correcta gestión financiera, así como de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones o solicitudes formuladas de conformidad con el apartado 3 del presente artículo o con el apartado 4 del artículo 37, del respeto de las políticas comunitarias; en el marco de la aplicación de las normas comunitarias sobre contratos públicos; los anuncios que se envíen para su publicación al Diario Oficial de las Comunidades Europeas precisarán las referencias de los proyectos para los cuales se haya solicitado o decidido una participación de los Fondos; i) del respeto de las obligaciones en materia de información y de publicidad contempladas en el artículo 45. 2. Previo acuerdo del comité de seguimiento, la autoridad de gestión podrá adaptar ,si fuere necesario, la programación complementaria, sin modificar el importe total de la participación de los Fondos concedido para ese eje prioritario ni los objetivos específicos de éste. En el plazo de un mes, deberá informar a la Comisión de su decisión. La Comisión decidirá las modificaciones de los elementos contenidos en la decisión de participación de los Fondos, de acuerdo con el Estado miembro en cuestión, después de que el comité de seguimiento haya emitido su dictamen. 3. La Comisión y la autoridad de gestión examinarán al menos anualmente los principales resultados del año anterior, en particular, con motivo de la entrega del informe anual de ejecución contemplado en el artículo 36, según modalidades que se definirán de acuerdo con el Estado miembro y la autoridad de gestión correspondiente. Tras este examen, la Comisión formulará observaciones o recomendaciones que dirigirá al Estado miembro y a la autoridad de gestión. Cuando proceda, esas observaciones o recomendaciones irán acompañadas de solicitudes de adaptaciones para mejorar la calidad o la eficacia del seguimiento o de la gestión de la intervención, y si procede para hacer efectivas las conclusiones formuladas en virtud del apartado 4 del artículo 37. La autoridad de gestión adaptará consecuentemente, en un plazo fijado por la Comisión, la 72 programación complementaria de acuerdo con el apartado 2. En caso necesario, la intervención en cuestión se revisará de conformidad con los artículos 12, 13 y 14. Artículo 34 Comités de seguimiento 1. A cada marco comunitario de apoyo o documento único de programación y cada programa operativo corresponderá un comité de seguimiento. Los comités de seguimiento se crearán en virtud de un acuerdo entre la autoridad de gestión y los interlocutores. Los interlocutores velarán por la participación equilibrada de mujeres y hombres. Los comités de seguimiento se constituirán en un plazo máximo de tres meses después de la decisión de participación de los Fondos. La responsabilidad jurídica de la actuación del comité de seguimiento incumbirá al Estado miembro. 2. Un representante de la Comisión y, cuando proceda, del BEI, participará con carácter consultivo en los trabajos de los comités. Los representantes de todos los interlocutores que participen en la financiación de la intervención, y en el caso de los recursos humanos, los representantes de los demás interlocutores, tendrán derecho a voto cuando se adopten las decisiones del comité. Los representantes de los otros interlocutores tendrán voz consultiva. El comité de seguimiento estará presidido por un representante de la autoridad de gestión. 3. El comité de seguimiento comprobará la eficacia y la calidad del desarrollo de la intervención con el fin de alcanzar los objetivos específicos y los contemplados en el artículo 1. A tal efecto: a) b) deliberará acerca de las orientaciones estratégicas y de las prioridades de la intervención y se cerciorará de su coherencia con las orientaciones contempladas en el apartado 4 del artículo 9, con las políticas económicas, sociales y, si procede, regionales, del Estado miembro, con el marco de referencia contemplado en el punto 3 del artículo 1, y con las políticas comunitarias; examinará los resultados de la aplicación, en particular, la realización de los objetivos cuantificados en las medidas, así como la evaluación intermedia contemplada en el artículo 41. 4. El comité de seguimiento podrá proponer a la autoridad de gestión cualquier adaptación o revisión de la intervención que permita lograr los objetivos contemplados en el artículo 1. Esta adaptación se efectuará de acuerdo con el apartado 2 del artículo 33. /3 Artículo 35 Indicadores de seguimiento 1. La autoridad de gestión y el comité de seguimiento garantizarán el seguimiento por medio de indicadores físicos y financieros definidos, en particular, en la programación complementaria basándose en orientaciones metodológicas y en listas indicativas elaboradas por la Comisión. Estos indicadores harán referencia al carácter específico de la intervención en cuestión, a sus objetivos, así como a la situación socioeconómica, estructural y medioambiental del Estado miembro, y tendrán en cuenta, en su caso, la existencia de regiones o de zonas beneficiarías de la ayuda transitoria. Entre estos indicadores figurarán en particular los elegidos para la asignación de la reserva contemplada en el artículo 43. 2. Los indicadores de seguimiento se estructurarán y cuantificarán de modo que indiquen, respecto de las intervenciones en cuestión: a) b) los objetivos específicos cuantificados de las medidas y los ejes prioritarios, y su coherencia, el estado actual de los ejes prioritarios y de las medidas en términos de realizaciones físicas, de resultado y de repercusión, c) el estado actual del plan de financiación. Cuando la naturaleza de las intervenciones lo permita, las estadísticas se desglosarán por sexo y por tamaño de las empresas beneficiarías. Los indicadores financieros y físicos se desglosarán según una nomenclatura regional y sectorial propuesta por la Comisión. 3. Los grandes proyectos serán objeto de indicadores financieros y de desarrollo distintos y adaptados a sus características. Artículo 36 Informe anual de ejecución 1. Siempre que se trate de una intervención plurianual, la autoridad de gestión designada enviará a la Comisión, dentro de los seis meses siguientes al final de cada año civil entero de aplicación, un informe sobre los progresos realizados. A más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha límite final de subvencionabilidad, se enviará un informe final a la Comisión. Si la duración de la intervención fuere inferior a dos años, la autoridad designada a tal efecto por el Estado miembro presentará un informe a la Comisión dentro de los seis meses siguientes al último pago efectuado por la autoridad pagadora. Antes de su envío a la Comisión, este informe será examinado y aprobado por el comité de seguimiento. 2. Los informes de ejecución anuales y finales contendrán al menos los siguientes elementos: 74 a) b) c) la descripción del contexto en el que se desarrolle la intervención, en particular, las evoluciones socioeconómicas significativas, la coherencia con otras políticas nacionales, regionales o sectoriales y con el marco de referencia contemplado en el punto 3 del artículo 1, y la coherencia entre las intervenciones de los distintos Fondos o con otros instrumentos financieros; el estado actual de los ejes prioritarios, las medidas, y las operaciones cuando la naturaleza de las intervenciones lo permita, respecto de cada Fondo, cada eje y cada medida, en relación con sus objetivos específicos, cuantificando a tal efecto los indicadores físicos, de resultado y de repercusión contemplados en el artículo 35; la ejecución financiera de la intervención presentando, para cada medida, la relación de los gastos efectivamente pagados por la autoridad pagadora, así como de los pagos recibidos de la Comisión, y cuantificando los indicadores financieros contemplados en el artículo 35; la ejecución financiera en las zonas beneficiarías de la ayuda transitoria se presentará por separado para cada eje prioritario; d) las disposiciones tomadas por. la autoridad de gestión y el comité de seguimiento para garantizar la calidad y eficacia de la aplicación, en particular: i) el seguimiento y control de las operaciones, ii) la utilización de la asistencia técnica, iii) el dispositivo de evaluación establecido, en particular los resultados y la recogida de los datos necesarios para el seguimiento, iv) la fiabilidad del sistema de gestión, v) las medidas adoptadas a raíz de las recomendaciones, solicitudes de adaptaciones contempladas en el apartado 3 del artículo 33 o en las solicitudes de medidas correctivas contempladas en el apartado 4 del artículo 37, vi) las medidas adoptadas para garantizar la publicidad de la intervención de acuerdo con el artículo 45; e) f) las medidas adoptadas para garantizar el respeto de las políticas comunitarias; un capítulo distinto, cuando proceda, relativo al estado de avance y de financiación de los grandes proyectos. CAPÍTULO II. CONTROL FINANCIERO Artículo 37 Disposiciones generales 1. Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros el control financiero de las intervenciones. Al respecto, adoptarán, en particular, las siguientes medidas: 75 a) comprobarán que se han establecido y aplicado sistemas de gestión y control a fin de garantizar una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios; b) comunicarán a la Comisión la descripción de estos sistemas; c) d) e) f) g) h) garantizarán que las intervenciones se gestionen de conformidad con el conjunto de la normativa comunitaria aplicable, incluso cuando se Jes haya comunicado una carta de emplazamiento o un dictamen motivado en virtud del artículo 169 del Tratado, y que los fondos puestos a su disposición se utilicen de acuerdo con los principios de una correcta gestión financiera; se cerciorarán de que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión sean exactas y procedan de sistemas de contabilidad basados en justificantes cuya comprobación sea posible; prevendrán, detectarán y corregirán las irregularidades de acuerdo con la normativa vigente, y comunicarán dichas irregularidades a la Comisión, así como la evolución de las diligencias administrativas y judiciales; presentarán a la Comisión al término de cada intervención una declaración establecida por una persona o un servicio funcionalmente independiente de la autoridad de gestión;, la declaración resumirá las conclusiones de los controles efectuados durante los años anteriores y se pronunciará sobre la validez de la solicitud de pago del saldo así como sobre la legalidad y regularidad de las operaciones registradas en el certificado final de los gastos; si lo juzgan necesario los Estados miembros acompañarán esta declaración de su dictamen; cooperarán con la Comisión para garantizar una utilización de los fondos comunitarios conforme al principio de una correcta gestión financiera, recuperarán comprobada, aplicando, cuando proceda, intereses de demora. los fondos perdidos como consecuencia de una irregularidad La Comisión comprobará la existencia y el buen funcionamiento en los Estados miembros de sistemas de gestión y control que garanticen una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios. A tal efecto, sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ, en particular, mediante muestreo, de las operaciones financiadas por los Fondos y de los sistemas de gestión y control. Sin perjuicio del apartado 4, la Comisión informará de ello al Estado miembro en cuestión, para obtener toda la ayuda necesaria. En estos controles podrán participar funcionarios o agentes del Estado miembro. La Comisión podrá pedir al Estado miembro interesado que efectúe un control in situ para comprobar la regularidad de una o más operaciones. En estos controles podrán participar funcionarios o agentes de la Comisión. 76 La Comisión podrá recurrir a controles in situ sin previo aviso. En estos controles podrán participar funcionarios o agentes del Estado miembro. La Comisión y los Estados miembros cooperarán para coordinar los programas y la metodología de los controles con el fin de maximizar la utilidad de los controles efectuados. El Estado miembro y la Comisión se comunicarán sin demora los resultados de los controles efectuados. La Comisión y los Estados miembros cooperarán para examinar y evaluar al menos una vez al año y, en cualquier caso, antes del examen anual previsto en el apartado 3 del Artículo 33: 3. 4. a) b) c) los resultados de los controles efectuados por el Estado miembro y la Comisión; las posibles observaciones de los demás organismos o instituciones de control nacionales o comunitarios; las consecuencias financieras de las irregularidades comprobadas, las medidas ya adoptadas o las modificaciones de los sistemas de gestión y control. todavía necesarias para corregirlas y, cuando proceda, A raíz de este examen, y sin perjuicio de las medidas que el Estado miembro deberá adoptar a la mayor brevedad, en particular, en virtud del presente artículo y del artículo 38, la Comisión sacará conclusiones, en particular, sobre las consecuencias financieras de las irregularidades que se hubieren observado. Estas conclusiones se dirigirán al Estado miembro y a las autoridades de gestión de las intervenciones en cuestión. Asimismo, se combinarán, cuando proceda, con recomendaciones o con la solicitud de medidas correctivas destinadas a remediar, en un plazo fijado por la Comisión, las insuficiencias de la gestión y a corregir las irregularidades detectadas que aún persistieren. El Estado miembro y las autoridades de gestión interesadas tomarán, dentro del plazo fijado, las medidas requeridas en respuesta a las recomendaciones o solicitudes de la Comisión. 5. Sin perjuicio de las disposiciones del presente artículo, la Comisión podrá suspender la totalidad o parte de un pago intermedio si constatare la existencia de indicios de una irregularidad significativa no corregida en los gastos en cuestión y la necesidad de una acción inmediata. En este caso informará de ello al Estado miembro. 6. Durante los tres años siguientes al último pago relativo a una intervención, las autoridades responsables mantendrán a disposición de los justificantes relativos a los gastos y a los controles correspondientes a esa intervención. Este plazo se suspenderá en caso de procedimientos judicial o de petición justificada de la Comisión. la Comisión todos Artículo 38 Correcciones financieras 1. Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de perseguir las irregularidades, sacar las consecuencias de toda modificación importante que afecte a la 77 naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de una intervención, y de efectuar las necesarias correcciones financieras. Las correcciones efectuadas por los Estados miembros consistirán en la supresión total o parcial de la participación comunitaria. Los fondos comunitarios así liberados podrán ser reasignados por el Estado miembro a la intervención de que se trate respetando las normas que deberán definirse con arreglo al artículo 53. La Comisión suspenderá los pagos intermedios en cuestión y solicitará, al Estado miembro que presente sus observaciones en un plazo determinado, si ella considera: a) b) c) d) que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1, o que parte de una intervención o su totalidad no justifican parte o la totalidad de la participación de los Fondos, o que existen deficiencias en los sistemas de gestión o de control que puedan conducir a irregularidades sistemáticas, o que existe la duda fundada, basada en las necesarias comprobaciones de que se cometió una infracción del Derecho comunitario, Al expirar el plazo contemplado en el párr 78 2. La eficacia de la acción de los Fondos se medirá en tres niveles: a) b) c) su impacto global en los objetivos contemplados en el artículo 130 A del Tratado, y, en particular, el refuerzo de la cohesión económica y social de la Comunidad, el impacto de las prioridades propuestas en los planes y previstas en cada marco comunitario de apoyo, impacto de las prioridades específicas definidas en relación con el intervenciones. las 3. La evaluación será, según los casos previstos en los artículos 40 a 42, responsabilidad principal del Estado miembro o de la Comisión y se inscribirá en el marco de la cooperación. Las autoridades competentes de los Estados miembros y de la Comisión se dotarán de los medios convenientes y reunirán los datos necesarios para que la evaluación pueda efectuarse de la manera más eficaz. La evaluación utilizará en este contexto los distintos elementos que pueda proporcionar el sistema de seguimiento, completados en caso necesario por la recopilación de informaciones destinadas a aumentar su pertinencia. Por iniciativa de los Estados miembros o de la Comisión, podrán realizarse evaluaciones complementarias, si procede temáticas, con el fin de definir experiencias transferibles. 4. Los informes de evaluación se pondrán a disposición del público. 5. El principio y las reglas de la evaluación se precisarán en los marcos comunitarios de apoyo y en las intervenciones. Artículo 40 Evaluación previa 1. La evaluación previa servirá para preparar y aprobar los planes, dentro de los cuales se integrará. En ella se analizarán las capacidades, deficiencias y potencialidades del Estado miembro, de la región o del sector en cuestión. Se valorarán la coherencia de la estrategia y de los objetivos seleccionados con las características de las regiones o zonas en cuestión, incluida su evolución demográfica, así como los efectos esperados de las acciones prioritarias previstas, cuantificando, si sus características lo permiten, sus objetivos específicos en relación con la situación inicial. La evaluación tendrá como objeto la situación en materia de competitividad e innovación, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, de empleo y de recursos humanos, de medio ambiente y de igualdad entre hombres y mujeres e incluirá en concreto: a) una evaluación previa de la situación medioambiental de la región en cuestión y de las disposiciones adoptadas para integrar la dimensión medioambiental en la intervención asegurando el respeto de las normas comunitarias en materia de medio ambiente; la evaluación previa comprenderá la descripción cuantificada de la situación medioambiental actual; la indicación de los objetivos a corto y medio plazo teniendo en cuenta los planes de gestión ambiental establecidos a nivel nacional, regional o local, los recursos financieros movilizados y los principales 79 resultados del período de programación anterior; por último comprenderá la evaluación de la repercusión prevista de la estrategia de la intervención en la situación medioambiental; b) una evaluación previa de la situación en términos de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo las dificultades específicas de cada grupo y los resultados de las acciones emprendidas durante el período de programación anterior; la evaluación de los resultados esperados de la estrategia y de las intervenciones, en particular, en lo referente a la integración de mujeres y hombres en el mercado del empleo, a la educación y la formación profesional, a la capacidad empresarial de las mujeres y a la conciliación de la vida privada y profesional. La evaluación previa comprobará la calidad de las normas de desarrollo y de seguimiento así como la coherencia con las políticas comunitarias y con las orientaciones contempladas en el apartado 4 del artículo 9. La evaluación previa tendrá en cuenta la experiencia de las evaluaciones relativas a los períodos de programación anterior. La evaluación será responsabilidad de las autoridades competentes para la preparación de los planes. Basándose en criterios previamente definidos por ella, la Comisión valorará los planes de acuerdo con las disposiciones contempladas en los artículos 14 y 15, y, en particular, en función de la pertinencia y la calidad de la evaluación previa. Recabará, cuando proceda, información complementaria. La evaluación de las medidas previstas en la programación complementaria tendrá por objeto demostrar su coherencia con los ejes prioritarios correspondientes, cuantificar sus objetivos específicos y comprobar la pertinencia de los criterios de selección. los objetivos de Artículo 41 Evaluación intermedia La evaluación intermedia examinará los primeros resultados de las intervenciones, su coherencia con la evaluación previa, la pertinencia de los objetivos y su realización. Apreciará también la correcta gestión financiera, así como la calidad del seguimiento y de la aplicación. La evaluación intermedia será responsabilidad de la autoridad de gestión, en colaboración con la Comisión. Se referirá a cada marco comunitario de apoyo y a cada intervención. Será realizada por un evaluador independiente de la autoridad de gestión, presentada al comité de seguimiento del marco comunitario de apoyo o de la intervención de acuerdo con el apartado 3 del artículo 34 y enviada a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2003, para el examen anual contemplado en el apartado 3 del artículo 33. 2. 3. 1. 2. 3. La Comisión examina la pertinencia y la calidad de la evaluación con arreglo a criterios previamente definidos por ella, con vistas a la revisión de la intervención y a la asignación de la reserva contemplada en el artículo 43. 80 Artículo 42 Evaluación posterior 1. La evaluación posterior tendrá por objeto dar cuenta de la utilización de los recursos, de la eficacia y eficiencia de las intervenciones y de sus efectos, de su coherencia con la evaluación previa, así como sacar conclusiones en materia de cohesión económica y social. Se centrará en los factores de éxito o de fracaso de la aplicación, así como en las realizaciones y resultados, incluida su durabilidad. Como prolongación de la evaluación intermedia, se elaborará un primer balance de cada marco comunitario de apoyo y de cada intervención que deberá estar concluido a más tardar el 31 de diciembre de 2005 con el fin de preparar las intervenciones posteriores. 2. La evaluación posterior será responsabilidad de la Comisión, en colaboración con el Estado miembro y la autoridad de gestión. Se centrará en las intervenciones y será realizada por evaluadores independientes. Finalizará a más tardar 3 años después del final del período de programación. CAPÍTULO IV. RESERVA DE EFICACIA GENERAL Artículo 43 Asignación de la reserva de eficacia general 1. La Comisión asignará a medio camino los créditos de compromiso contemplados en el apartado 4 del artículo 7 en función del respeto de la adicionalidad y del resultado de la. aplicación de los programas operativos o documentos únicos de programación realizados en cada Estado miembro. 2. 3. La Comisión comprobará, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 10, la adicionalidad a mitad del periodo, en virtud del objetivo n° 1, por una parte, y del conjunto de los objetivos nos 2 y 3 por otra, y evaluará el resultado de cada uno de los programas operativos o documentos únicos de programación a partir de un número reducido de indicadores de seguimiento que reflejen la eficacia, la gestión y la ejecución financiera y midan los resultados intermedios en relación con los objetivos específicos iniciales de los programas operativos o de los documentos únicos. Estos indicadores se definirán a partir de propuestas metodológicas de la Comisión y se cuantificarán en los informes anuales de ejecución, en particular, en el correspondiente al tercer año de ejecución y en el informe de evaluación intermedia. Los créditos de la reserva se asignarán, en virtud de cada objetivo, a los programas operativos o documentos únicos de programación que hayan alcanzado un grado de eficacia satisfactorio, pero con una reducción en caso de incumplimiento de las obligaciones del Estado miembro de que se trate en materia de adicionalidad. La Comisión adoptará una decisión a más tardar el 31 de marzo de 2004. Los programas operativos o documentos únicos de programación se adaptarán de acuerdo con los artículos 12, 13 y 14. 81 TITULO V. INFORMES Y PUBLICIDAD Artículo 44 Informes 1. En aplicación del artículo 130 B del Tratado, cada tres años la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los progresos logrados en la realización de la cohesión económica y social y sobre la forma en que los Fondos, el Fondo de cohesión, el BEI y los otros instrumentos hayan contribuido a ello. Este informe incluirá en particular: a) b) c) un balance de los progresos logrados en la realización de la cohesión económica y social, incluidas la situación y la evolución socioeconómica de las regiones, un balance del papel de los Fondos, del Fondo de cohesión, del BEI y de los demás instrumentos financieros, así como la repercusión de las otras políticas comunitarias o nacionales, en la realización de este proceso, las posibles propuestas relativas a las acciones y políticas comunitarias que convenga adoptar para reforzar la cohesión económica y social. 2. Antes del 1 de noviembre de cada año, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación del presente Reglamento durante el año anterior. Este informe incluirá en particular: a) b) c) d) e) f) un balance de las actividades de cada Fondo, de la utilización de sus recursos presupuestarios y de la concentración de las intervenciones, así como de la utilización de los otros instrumentos financieros que son competencia de la Comisión y de la concentración de los recursos de estos últimos; este balance contendrá un desglose anual por Estado miembro de los créditos comprometidos y pagados por cada Fondo, incluidos iniciativas comunitarias y a la asistencia técnica, los correspondientes a las un balance de la coordinación de las intervenciones de los Fondos entre sí y con las del BEI y de los demás instrumentos financieros, los resultados de la evaluación contemplados en los artículos 39 a 42, incluidas indicaciones relativas a la revisión de las intervenciones y una evaluación de la coherencia de las acciones de los Fondos con las políticas comunitarias contempladas en el artículo 11, la lista de los grandes proyectos que se hayan beneficiado de una participación de los Fondos, los resultados de los controles efectuados, así como las conclusiones de los mismos, informaciones relativas a los dictámenes de los comités emitidos en aplicación de los artículos 47 a 51. 82 Artículo 45 Información y publicidad 1. 2. Con el fin de efectuar la consulta contemplada en el apartado 1 del artículo 14, los Estados miembros velarán por que los planes sean objeto de una publicidad adecuada. Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 22, la autoridad de gestión tendrá la responsabilidad de garantizar una publicidad adecuada a la intervención y, en particular, de informar: a) de las posibilidades ofrecidas por la intervención a los beneficiarios finales potenciales, a las organizaciones profesionales, a los interlocutores económicos y sociales, a los organismos de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y a las organizaciones no gubernamentales, b) de los resultados de la intervención y del papel desempeñado por la Comunidad en favor de aquélla a la opinión pública. 3. De conformidad con el artículo 36, los Estados miembros consultarán e informarán a la Comisión anualmente acerca de las iniciativas adoptadas a los fines previstos en los apartados 1 y 2. TÍTULO VI. COMITÉS Artículo 46 Disposiciones generales 1. En la aplicación del presente Reglamento, la Comisión estará asistida por cinco comités. 2. 3. La Comisión someterá los informes contemplados en el artículo 44 a los comités. Podrá pedir el dictamen de los comités sobre cualquier otra cuestión relativa a las intervenciones de los Fondos que no esté prevista en el presente Título. Los dictámenes de cada comité serán comunicados a los demás comités contemplados en el presente Título. 4. El Parlamento Europeo será informado regularmente de los trabajos de los comités. Artículo 47 Comité Consultivo para el desarrollo y la reconversión de las regiones Se constituirá ante la Comisión un Comité Consultivo para el desarrollo y la reconversión de las regiones, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El BEI designará a un representante sirf derecho a voto. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las decisiones. El Comité emitirá un dictamen sobre este proyecto, en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del tema, cuando proceda, mediante votación. El dictamen se inscribirá en el acta. Además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición figure en esta acta. La Comisión tendrá muy en cuenta el dictamen emitido por el Comité. Informará al Comité de la forma en que haya tomado en consideración dicho dictamen. El Comité emitirá un dictamen sobre los proyectos de decisiones de la Comisión relativas a los marcos comunitarios de apoyo del objetivo n° 1 y a los documentos únicos de programación del objetivo n° 2, así como sobre la definición y revisión de la lista de las zonas subvencionables en virtud del objetivo n° 2. Además, la Comisión podrá someterle las cuestiones contempladas en el artículo 21. El Comité adoptará su reglamento interno. Artículo 48 Comité con arreglo al artículo 124 del Tratado El Comité con arreglo al artículo 124 del Tratado estará formado por dos representantes del Gobierno, dos representantes dé las organizaciones sindicales de trabajadores y dos representantes de las organizaciones sindicales de empresarios de cada uno de los Estados miembros. El miembro de la Comisión encargado de la Presidencia podrá delegar esta función en un alto funcionario de la Comisión. Cada Estado miembro nombrará a un suplente para cada categoría contemplada en el párrafo primero. En ausencia de uno o de los dos miembros, el suplente participará de pleno derecho en las deliberaciones. Los miembros y los suplentes serán nombrados por la Comisión a propuesta del Estado miembro por un período de tres años. Su mandato será renovable. La Comisión se esforzará por lograr en la composición del Comité una representación equitativa de los distintos grupos interesados. El BEI designará, para los puntos del orden del día que le conciernan, a un representante sin derecho a voto. El Comité emitirá un dictamen sobre los proyectos de decisiones de la Comisión sobre los documentos únicos de programación del objetivo n° 3, así como sobre los marcos comunitarios de apoyo y documentos únicos de programación de los objetivos nos 1 y 2 cuando se trate de cuestiones que dependan de la ayuda del FSE. Los dictámenes del Comité se adoptarán por mayoría absoluta de los votos válidos. La Comisión informa al Comité de la forma en que haya tenido en cuenta sus dictámenes. El Comité adoptará su reglamento interno. Artículo 49 Comité de gestión de estructuras agrícolas y de desarrollo rural Se constituirá ante la Comisión un Comité de gestión de estructuras agrícolas y de desarrollo rural, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El BEI designará a un representante que no tomará parte en el voto. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las decisiones. El Comité emitirá su dictamen sobre este proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del tema tratado. El dictamen se emitirá por la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisiones que el Consejo debe 84 tomar a propuesta de la Comisión; en las votaciones del Comité, se aplicará a los votos de los representantes de los Estados miembros la ponderación definida en el artículo mencionado. El Presidente no participará en la votación. La Comisión adoptará decisiones que serán inmediatamente aplicables. No obstante, si tales decisiones no se ajustaren al dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará sin demora al Consejo. En este caso, la Comisión podrá diferir durante un período de un mes a lo sumo, a partir de la fecha de la comunicación, la aplicación de las medidas que haya decidido. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el párrafo tercero. El Comité emitirá un dictamen sobre los proyectos de decisiones de la Comisión relativos a la definición de la lista de las zonas subvencionables en virtud del objetivo n° 2, así como a los documentos únicos de programación correspondientes a dicho objetivo. Además, se consultará al Comité sobre las acciones que afecten a las estructuras agrícolas y al desarrollo rural incluidas en los proyectos de decisión de la Comisión relativos a los marcos comunitarios de apoyo o a los documentos únicos de programación de las regiones del objetivo n° 1. El Comité adoptará su reglamento interno. Artículo 50 Comité de Gestión del sector de la pesca y de la acuicultura Se constituirá ante la Comisión un Comité de Gestión del sector de la pesca y de la acuicultura, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El BEI designará a un representante que no tomará parte en las votaciones. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las decisiones. El Comité emitirá un dictamen sobre este proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del tema tratado. El dictamen se emitirá por la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la aprobación de las decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión; en las votaciones del Comité, se aplicará a los votos de los representantes de los Estados miembros la ponderación definida en el mencionado artículo. El presidente no participará en la votación. La Comisión adoptará decisiones que serán inmediatamente aplicables. No obstante, si tales decisiones no se ajustaren al dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará sin demora al Consejo. En este caso, la Comisión podrá diferir durante un período de un mes a lo sumo, a partir de la fecha de la comunicación, la aplicación de las medidas que haya decidido. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el párrafo tercero. El Comité emitirá un dictamen sobre los proyectos de decisiones de la Comisión relativos a la definición de la lista de las zonas subvencionables en virtud del objetivo n° 2, así como sobre los documentos únicos de programación correspondientes a dicho objetivo. 85 Además, se consultará al Comité sobre las acciones relativas a las estructuras incluidas en los proyectos de decisión de la Comisión relativos a los marcos comunitarios de apoyo o a los documentos. únicos de programación de las regiones del objetivo n° 1. El Comité adoptará su reglamento interno. Artículo 51 Comité de Gestión de las iniciativas comunitarias Se constituirá ante la Comisión un Comité de Gestión de las iniciativas comunitarias, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. El BEI designará a un representante que no tomará parte en las votaciones. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las decisiones. El Comité emitirá un dictamen sobre este proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del tema tratado. El dictamen se emitirá por la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la aprobación de las decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión; en las votaciones del Comité, se aplicará a los votos de los representantes de los Estados miembros la ponderación definida en el mencionado artículo. El presidente nç participará en la votación. La Comisión adoptará decisiones que serán inmediatamente aplicables. No obstante, si tales decisiones no se ajustaren al dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará sin demora al Consejo. En este caso, la Comisión podrá diferir durante un período de un mes a lo sumo, a partir de la fecha de la comunicación, la aplicación de las medidas que haya decidido. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión diferente en el plazo previsto en el párrafo tercero. El Comité emitirá un dictamen sobre las propuestas de la Comisión a los Estados miembros contempladas en el artículo 21. El Comité adoptará su reglamento interno. TÍTULO VIL DISPOSICIONES FINALES Artículo 52 Disposiciones transitorias 1. 2. El presente Reglamento no afectará a la continuación ni la modificación, incluida la supresión total o parcial, de una intervención aprobada por el Consejo o por la Comisión al amparo del Reglamento (CEE) n° 2052/88 y del Reglamento (CEE) n° 4253/88 o de cualquier otra legislación aplicable a esa intervención el 31 de diciembre de 1999. Las solicitudes cuyo objetivo sea la obtención de una participación de los Fondos en intervenciones presentadas al amparo del Reglamento (CEE) n° 2052/88 y del Reglamento (CEE) n° 4253/88 serán examinadas y aprobadas por la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 1999 en virtud de dichos Reglamentos. 3. La Comisión tendrá en cuenta, al establecer los marcos comunitarios de apoyo y las intervenciones, toda acción que haya sido aprobada por el Consejo o por la Comisión 86 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento y tenga una incidencia financiera durante el período cubierto por los marcos comunitarios de apoyo o por las intervenciones. Estas acciones no se supeditarán al cumplimiento de las disposiciones del apartado 2 del artículo 29. 4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29, podrá considerarse subvencionable para la participación de los Fondos a partir del 1 de enero de 2000 un gasto para el cual la Comisión haya recibido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2000 una solicitud que reúna todas las condiciones previstas en el presente Reglamento. 5. Las partes de las cantidades comprometidas para las operaciones o programas aprobados por la Comisión antes del 1 de enero de 1994, que no hayan sido objeto una solicitud de pago definitivo a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2001, serán liberadas de oficio por ésta a más tardar el 30 de septiembre de 2001 y darán lugar al reembolso de las sumas indebidas, sin perjuicio de las operaciones o programas que sean objeto de suspensión por razón judicial. Las partes de las cantidades comprometidas para los programas aprobados por la Comisión entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1999, que no hayan sido objeto de una solicitud de pago definitivo a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2003, serán liberadas de oficio por ésta a más tardar el 30 de septiembre de 2003 y darán lugar al reembolso de las sumas indebidas, sin perjuicio de las operaciones o programas que sean objeto de suspensión por razón judicial. Artículo 53 Disposiciones de aplicación La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del presente Reglamento con arreglo a los procedimientos contemplados en los artículos 47 a 51. Artículo 54 Derogación Los Reglamentos (CEE) n° 2052/88 y (CEE) n° 4253/88 quedarán derogados con efectos a partir del 1 de enero de 2000. Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán hechas al presente Reglamento. Artículo 55 Cláusula de revisión A propuesta de la Comisión, el Consejo revisará el presente Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Se pronunciará sobre esta propuesta con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 130 D del Tratado. 87 Artículo 56 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los artículos 27, 30 y 31 serán aplicables a partir del 1 de enero de 2000. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, Por el Consejo El Presidente 88 ANEXO Créditos de compromiso para el período 2000-2006 Millones de euros - precios de 1999 Fondos estructurales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 32. 600 33. 430 32. 600 3. 1. 560 30. 410 29. 370 28. 430 218. 400 89 Popuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 90 Popuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 98/0114 (SYN) EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130 E, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen del Comité Económico y Social2, Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, De conformidad con el artículo 189C, en cooperación con el Parlamento Europeo4, (1) Considerando que el artículo 130 C del Tratado dispone que la finalidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir a corregir los principales desequilibrios regionales existentes dentro de la Comunidad; (2) Considerando que el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° [. ] del Consejo, de. de de 19. , por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales5, establece que la función esencial del FEDER es ayudar a la consecución de los objetivos nos 1 y 2 indicados en el artículo 1 del citado Reglamento; que los artículos 18 y 19 de ese mismo Reglamento establecen que el FEDER contribuye a la financiación de la cooperación transnacional, transfronteriza e interregional enmarcada en las iniciativas comunitarias; que los artículos 20 y 21 de dicho Reglamento prevén que apoye proyectos innovadores a escala comunitaria y medidas de asistencia técnica; (3) Considerando que las disposiciones comunes de los Fondos estructurales figuran en el Reglamento (CE) n° [. ]; que conviene precisar qué medidas pueden ser financiadas por el FEDER al amparo de los objetivos nos 1 y 2, de las iniciativas comunitarias y de las medidas innovadoras; (4) Considerando que conviene precisar la contribución del FEDER, dentro de su cometido de desarrollo regional, a un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, así como a lograr un grado de competitividad elevado, un nivel de empleo alto, la igualdad entre hombres y mujeres y un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente; DOL 91 (5) Considerando que, dentro de su cometido, es conveniente que el FEDER apoye el entorno productivo y la competitividad de las empresas, especialmente los de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo económico local, la investigación y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las redes transeuropeas, garantizando al mismo tiempo un acceso adecuado en los sectores de las infraestructuras de transporte, de las telecomunicaciones y de la energía, la protección y mejora del medio ambiente según los principios de precaución, prevención, corrección de los daños al medio ambiente - preferentemente en origen - y el de quien contamina paga, favoreciendo el uso limpio y eficaz de la energía y el desarrollo de las energías renovables, y la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo; (6) Considerando que el FEDER debe desempeñar una función especial en el desarrollo económico local, en un contexto de mejora del entorno y de desarrollo territorial, principalmente a través de pactos territoriales de empleo; (7) Considerando que las medidas de interés comunitario realizadas por iniciativa de la Comisión pueden contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos generales de la acción estructural comunitaria establecida en el artículo 1 del Reglamento (CE) n°. [general]; (8) Considerando que el FEDER contribuye a apoyar medidas innovadoras y de asistencia técnica con arreglo a los artículos 21 y 22 del Reglamento (CE) n°. [general]; (9) Considerando que conviene fijar las competencias para la adopción de las disposiciones de aplicación y prever determinadas disposiciones transitorias; (10) Considerando que procede derogar el Reglamento (CEE) n° 4254/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1998, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional6, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2083/937, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 Cometido En aplicación del artículo 130 C del Tratado y del Reglamento [general], el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuirá a financiar las intervenciones descritas en el apartado 1 del artículo 9 de dicho Reglamento para fomentar la cohesión económica y social corrigiendo los desequilibrios regionales y participando en el desarrollo y la reconversión de las regiones. En este sentido, el FEDER contribuirá también a fomentar el desarrollo sostenible y a crear empleo. DO L 374 de 31. 12. 1988, p. 15. DOL 193 de 31. 7. 1993, p. 34. 92 Artículo 2 Ámbito de aplicación En el marco del cometido señalado en el artículo 1, el FEDER contribuirá a financiar: a) inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de empleos duraderos; b) inversiones en infraestructuras; i) ii) en las regiones del objetivo n° 1, las inversiones en infraestructuras en las que el FEDER podrá participar serán las que contribuyan a un aumento del potencial económico, al desarrollo, al ajuste estructural y al empleo duradero de estas regiones, incluidas las inversiones que contribuyan a crear y desarrollar las telecomunicaciones y la energía; transeuropeas en el sector del transporte, redes en las regiones o zonas incluidas en los objetivos nosl y 2 o en la iniciativa comunitaria de cooperación contemplada en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento [general], las inversiones en infraestructuras en las que el FEDER podrá participar serán las encaminadas a la ordenación de zonas industriales en crisis, a la renovación de zonas urbanas degradadas o a la revitalización, integración y articulación territorial de las zonas rurales y de las que dependen de la pesca; inversiones cuya modernización y ordenación condicionan la creación o el desarrollo de actividades económicas que creen empleo, incluidas las conexiones de infraestructuras de comunicación y de otro tipo que sean un requisito para el desarrollo de esas actividades; c) el desarrollo del potencial endógeno mediante medidas de incentivación y apoyo de las iniciativas de desarrollo local y empleo y de las actividades de las pequeñas y medianas empresas como, por ejemplo: i) ayudas a los servicios a empresas, particularmente en el ámbito de la gestión, de los estudios de mercado y de los servicios comunes a varias empresas; ii) financiación de transferencias de tecnologías, que comprenden la recogida y las difusión de información y la financiación de la utilización de innovaciones en las empresas, iii) mejora del acceso de las empresas a financiaciones y créditos mediante la creación y el desarrollo de instrumentos de financiación apropiados; iv) ayudas directas a la inversión, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 27 del Reglamento [general], en caso de que no exista un régimen de ayuda; v) realización de infraestructuras de pequeñas dimensiones; vi) ayudas a las estructuras de servicios de cercanía dirigidas a la creación de nuevos puestos de trabajo, exceptuando las medidas financiadas por el FSE; 93 d) medidas de asistencia técnica contempladas en el artículo 22 del Reglamento [general]. En las regiones del objetivo n° 1, el FEDER podrá contribuir a financiar las inversiones en los sectores de la educación y la salud que contribuyan al ajuste estructural de éstos. 2. En aplicación del apartado 1, la participación financiera del FEDER apoyará, entre otros, los siguientes campos: a) b) c) d) e) f) el entorno productivo, con miras a desarrollar la competitividad y las inversiones duraderas de las empresas, especialmente las de las pequeñas y medianas empresas, y la capacidad de atracción de las regiones, principalmente mediante la mejora de sus infraestructuras; la investigación y el desarrollo tecnológico tendentes a incentivar el uso de nuevas tecnologías e innovaciones o a potenciar la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico cuando ello sea necesario para el desarrollo regional; el desarrollo de la sociedad de la información; la protección y mejora del medio ambiente, atendiendo a los principios de precaución y de acción preventiva en la ayuda al desarrollo económico, así como la utilización limpia y eficaz de la energía y el desarrollo de energías renovables; la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, por ejemplo mediante la creación de empresas y facilitando formas de conjugar la vida familiar y profesional; la cooperación transnacional, trans fronteriza e interregional en cuestiones de desarrollo regional. Artículo 3 Iniciativa comunitaria 1. En aplicación del artículo 19 del Reglamento [general], el FEDER contribuirá con arreglo al apartado 1 del artículo 20 del citado Reglamento al desarrollo de la iniciativa comunitaria de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional destinada a fomentar un desarrollo y una ordenación del territorio europeo armonioso y equilibrado. 2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento [general], podrá ampliarse el ámbito de aplicación indicado en el apartado 1 del presente artículo, mediante una decisión de participación de los Fondos, a medidas que puedan ser financiadas en virtud de los Reglamentos del Consejo (CE) nos. 8. 9 y. 10 [FSE, FEOGA, IFOP] para que puedan llevarse a cabo todas las medidas previstas por el programa de iniciativa comunitaria de que se trate. DO DO DO 94 Artículo 4 Medidas innovadoras 1. De conformidad con el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento [general], el FEDER podrá contribuir a financiar: a) b) c) estudios realizados por iniciativa de la Comisión cuyo fin sea analizar y determinar problemas y soluciones de desarrollo regional, principalmente en materia de ordenación territorial y en relación con la perspectiva europea de ordenación territorial; proyectos piloto para detectar o proponer soluciones nuevas a problemas de desarrollo regional con objeto de transferirlas a las intervenciones una vez demostrada su validez; intercambios de experiencias innovadoras que rentabilicen y transfieran experiencia adquirida en temas de desarrollo regional. la 2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento [general], podrá ampliarse el ámbito de aplicación indicado en el apartado 1 del presente artículo, mediante una decisión de participación de los Fondos, a medidas que puedan ser financiadas en virtud de los Reglamentos [FSE, FEOGA, IFOP] para que puedan llevarse a cabo todas las medidas previstas por el proyecto piloto de que se trate. Artículo 5 Disposiciones de aplicación La Comisión adoptará las disposiciones de aplicación del presente Reglamento con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 47 del Reglamento [general]. Artículo 6 Derogación El Reglamento (CEE) n° 4254/88 queda derogado con efectos desde el 1 de enero de 2000. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento. Artículo 7 Cláusula de revisión A propuesta de la Comisión, el Consejo revisará el presente Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Se pronunciará sobre dicha propuesta con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 130 D del Tratado. Artículo 8 Disposiciones transitorias Las disposiciones transitorias enunciadas en el artículo 52 del Reglamento [general] se aplicarán mutatis mutandis. 95 Artículo 9 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente 96 Propuesta de REGLAMENTO (CE) del CONSEJO relativo al Fondo Social Europeo 97 Propuesta de REGLAMENTO (CE) del CONSEJO relativo al Fondo Social Europeo 98/0115 (SYN) EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 125, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen del Comité Económico y Social2, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189C, en cooperación con el Parlamento Europeo3, (1) Considerando que el Reglamento (CE) n° (Reglamento General)4 ha sustituido al Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo5, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE)'n° 3193/946, y al Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo7, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3193/94; que es asimismo necesario sustituir el Reglamento (CEE) n° 4255/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo8, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2084/939; (2) Considerando que el Reglamento (CE) n°. 798 (Reglamento General) establece las condiciones generales por las que se rigen los Fondos estructurales en su conjunto, y que es necesario definir la naturaleza de las actividades que el Fondo Social Europeo (en lo sucesivo "el Fondo"), puede financiar dentro de los objetivos 1, 2 y 3, en el marco de la iniciativa comunitaria para combatir la discriminación y las desigualdades en el acceso al mercado laboral, por un lado, y de las medidas innovadoras y la asistencia técnica, por otro; (3) Considerando que es necesario definir la misión del Fondo en relación con las tareas que se especifican en el Tratado y en el contexto de las prioridades acordadas por la Comunidad en los ámbitos del empleo y del desarrollo de los recursos humanos; (4) Considerando que las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Amsterdam en junio de 1997 y su Resolución sobre crecimiento y empleo10 dieron inicio a la aplicación, de acuerdo con el artículo 2 del Tratado, de la Estrategia Europea de Empleo DO DO DO DO DO L 185 de 15. 7. 1988, p. 9. DO L 337 de 24. 12. 1994, p. 11. DO L 374 de 31. 12. 1988, p. 1. DO L 374 de 31. 12. 1988, p. 21. DOL 193 de 31. 7. 1993, p. 39. DO C 236 de 2. 8. 1997, p. 3. 98 y de las Directrices Anuales de Empleo, así como al proceso de establecimiento de planes nacionales de acción para el empleo; (5) Considerando que es necesario volver a definir el ámbito de actuación del Fondo, sobre todo a raíz de la reestructuración y simplificación de los objetivos de los Fondos estructurales y de la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo y de los planes nacionales de acción para el empleo con ésta relacionados; (6) Considerando que es necesario establecer un marco común para las intervenciones del Fondo en los tres objetivos de los Fondos estructurales, de tal manera que se consiga la coherencia y complementariedad de las actuaciones en dichos objetivos con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y de impulsar el desarrollo de los recursos humanos; (7) Considerando que los Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que la programación y aplicación de las acciones financiadas por el Fondo en todos los objetivos contribuyen a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres; (8) Considerando que los Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que al poner en marcha las acciones financiadas por el Fondo se tengan debidamente en cuenta los aspectos sociales y del mercado de trabajo propios de la sociedad de la información; (9) Considerando que es necesario velar por que las operaciones relacionadas con la adaptación industrial satisfagan las necesidades generales de los trabajadores de ambos. sexos, derivadas del cambio industrial y de los cambios detectados o previstos en los sistemas de producción, y de que no estén concebidas para beneficiar a una única empresa o a un sector en particular; que ha de prestarse especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a la mejora del acceso a la formación y de la organización del trabajo; (10) Considerando que procede velar por que el Fondo continúe consolidando el empleo y las cualificaciones laborales mediante el apoyo a las operaciones de anticipación, asesoramiento, cooperación y formación en toda la Comunidad, y que las actividades financiadas deben por tanto ser horizontales y cubrir la economía como un todo, sin referirse a priori a industrias o sectores específicos; (11) Considerando que es necesario volver a definir las acciones subvencionables para aumentar la eficacia al poner en marcha políticas específicas en el contexto de todos los objetivos en los que actúa el Fondo; considerando que es necesario definir los gastos elegibles para la ayuda del Fondo en el marco de la asociación; (12) Considerando que es necesario completar y especificar el contenido de los planes y formas de asistencia, sobre todo conforme a la redefinición del objetivo 3; (13) Considerando que es necesario velar por que, en cada objetivo, el apoyo del Fondo se concentre en las necesidades más importantes y en las operaciones más eficaces; (14) Considerando que es necesario introducir mecanismos mediante los cuales los grupos locales puedan acceder de manera sencilla y rápida a la ayuda del Fondo para 99 operaciones relacionadas con la exclusión social, y de este modo aumentar su capacidad de acción en este ámbito; (15) Considerando que las medidas adoptadas a iniciativa de la Comisión, tan importantes para la Comunidad, tienen un papel decisivo que desempeñar en la consecución de los objetivos generales de la acción estructural comunitaria a la que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) n° ; considerando que estas medidas deben ante todo fomentar la cooperación transnacional y la innovación en las políticas; (16) Considerando que el Fondo contribuye también a la financiación de la asistencia técnica, de medidas innovadoras y de medidas preparatorias, de supervisión, de evaluación y de control, de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General); (17) Considerando que conviene fijar las competencias para la adopción de las disposiciones de aplicación y prever determinadas disposiciones transitorias; (18) Considerando que procede derogar el Reglamento (CEE) 4255/88; HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 Misión En el marco de la misión confiada al Fondo Social Europeo (denominado en lo sucesivo "el Fondo") en el artículo 123 del Tratado y de las misiones confiadas a los Fondos estructurales de conformidad con el artículo 130B del Tratado y establecidas en el Reglamento (CE) n° (Reglamento General), el Fondo apoyará medidas de desarrollo de los recursos humanos a fin de promover un elevado nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social. En especial, el Fondo contribuirá a las acciones emprendidas en virtud de la Estrategia Europea de Empleo y de las Directrices anuales sobre el empleo. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El Fondo apoyará y complementará las actividades de los Estados miembros en los ámbitos políticos siguientes, en especial, en el marco de sus planes nacionales de acción para el empleo plurianuales: (a) desarrollo de políticas activas del mercado de trabajo para combatir el desempleo, proteger a las mujeres y los hombres contra el desempleo de larga duración, facilitar la reintegración de los desempleados de larga duración en el mercado de trabajo, y apoyar la integración profesional de los jóvenes y de las personas que se reincorporan al mercado de trabajo; (b) promoción de la integración social y la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado de trabajo; 100 (c) * desanollo de sistemas de educación y formación como parte de una política de aprendizaje permanente, para mejorar y apoyar la empleabilidad, la movilidad y la integración en el mercado de trabajo; (d) mejora de los sistemas para promover una mano de obra cualificada, con formación y adaptable, estimular la innovación y la adaptabilidad de la organización del trabajo, apoyar la iniciativa empresarial y la creación de empleo e incrementar el potencial humano en la investigación, la ciencia y la tecnología; (e) mejora de la participación de la mujer en el mercado de trabajo incluido el desanollo de sus carreras, su acceso a las nuevas oportunidades de trabajo y a la creación de empresas, y que reduzcan la segregación vertical y horizontal en el mercado de trabajo. 2. 3. El Fondo contribuirá a promover las iniciativas de empleo locales, incluidos los pactos de empleo territoriales. Se tendrán en cuenta la dimensión social y las repercusiones en el mercado de trabajo de la Sociedad de la Información, en especial, mediante el desarrollo de políticas y programas concebidos para aprovechar el potencial de empleo de la Sociedad de la Información y para garantizar la igualdad de acceso a sus posibilidades y beneficios. Artículo 3 Actividades subvencionables 1. Las ayudas financieras del Fondo se destinarán especialmente a las siguientes actividades: a) asistencia a personas: i) educación y formación profesional (incluida la formación profesional equivalente a la escolaridad obligatoria) y formación previa, incluidas la enseñanza y la la mejora de alfabetización), la orientación y el asesoramiento; las competencias básicas (incluida ii) ayudas al empleo y ayudas para el autoempleo; iii) en el ámbito del desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología, formación postuniversitaria y formación de directivos y técnicos en centros de investigación y en empresas; iv) desarrollo de nuevas fuentes de empleo; b) asistencia a estructuras y sistemas: i) desarrollo y mejora de la calidad y el contenido de los sistemas de formación, de enseñanza y de cualificación, incluida la formación del profesorado, los instructores y el personal, y mejora del acceso de los trabajadores a la formación y las cualificaciones; ii) modernización y mayor eficacia de los servicios de empleo; 101 iii) desarrollo de vínculos entre el mundo del trabajo y los centros de enseñanza, formación e investigación; iv) desarrollo de sistemas para la planificación y la previsión de los cambios en el empleo y el desarrollo de las cualificaciones, particularmente en relación con los nuevos modelos de trabajo y con las nuevas formas de organización del trabajo; c) medidas de acompañamiento: i) asistencia a la prestación de servicios a beneficiarios, incluida la puesta a disposición de servicios e instalaciones de asistencia para personas dependientes, la atención sanitaria y la ayuda jurídica; ii) desarrollo de capacidades, en especial, para facilitar la vía a la integración en el mercado de trabajo; iii) sensibilización, información y publicidad. Las actividades contempladas en el apartado 1 anterior se combinarán o completarán como parte de la vía a la integración en el mercado de trabajo. El Fondo podrá financiar actividades en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General). Artículo 4 Concentración de las intervenciones Para lograr la máxima eficacia de las ayudas del Fondo, se concentrarán sus intervenciones en cada uno de los ámbitos prioritarios mencionados en el apartado 1 del artículo 2 a fin de cubrir un número limitado de áreas o temas y de orientarlo hacia las necesidades más importantes y las acciones más efectivas, teniendo debidamente en cuenta las evaluaciones ex ante pertinentes. Para apoyar estas necesidades y acciones, deberán utilizarse tasas variables de cofinanciación dentro de los límites definidos en el artículo 27 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General). La programación de las intervenciones del Fondo, en función de los resultados de las evaluaciones ex ante, deberá garantizar que se adoptan medidas relativas a cada uno de los cinco ámbitos políticos mencionados en las letras (a) a (e) del apartado 1 del artículo 2. Los créditos del Fondo disponibles para la intervención en cuestión deberán hacer un especial hincapié en los ámbitos políticos establecidos en las letras (d) y (e) del apartado 1 del artículo 2. En los casos en que la asignación financiera del programa sea insuficiente para apoyar una intervención política efectiva en cada uno de los cinco ámbitos establecidos en el apartado 1 del artículo 2, la estrategia fijada en la programación de las actividades financiadas por el Fondo deberá no obstante tener explícitamente en cuenta todos esos ámbitos políticos. 2. 3. 1. 2. 3. La programación de las intervenciones del Fondo deberá asimismo tener en cuenta que, (Reglamento General), de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (CE) n° 102 el 1% como mínimo de los créditos del Fondo disponibles para la intervención en cuestión deberán ser distribuidos por organizaciones intermediarias en forma de pequeñas subvenciones con especiales condiciones de acceso para organizaciones no gubernamentales. Artículo 5 Iniciativa comunitaria 1. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General), y de acuerdo con el apartado 1 de su artículo 20, el Fondo deberá contribuir a la puesta en marcha de la iniciativa comunitaria para combatir la discriminación y las desigualdades en el acceso al mercado de trabajo. 2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General), las decisiones relativas a la contribución del Fondo a la iniciativa comunitaria podrán ampliar el ámbito de aplicación al que se refiere el artículo 3, con el fin de cubrir las medidas que pueden ser financiadas conforme a los Reglamentos del Consejo (CE) nos ". 12 y. 13 {FEDER, FEOGA, IFOP}, y de permitir así la aplicación de todas las medidas previstas en la iniciativa. Artículo 6 Acciones innovadoras y asistencia técnica 1. De conformidad con el apartado '2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General), la Comisión podrá financiar acciones de preparación, de seguimiento y de evaluación en los Estados miembros o a escala comunitaria necesarias para realizar las acciones relacionadas con el presente Reglamento, y abarcarán: a) acciones de carácter innovador y proyectos piloto relativos a los mercados de trabajo, al empleo y a la formación profesional; b) estudios, e intercambio de experiencias que presenten un carácter multiplicador; c) d) e) asistencia técnica vinculada a la preparación, el seguimiento y la evaluación, así como el control de las acciones financiadas por el Fondo; acciones dirigidas, en el marco del diálogo social, al personal de las empresas en dos o más Estados miembros, dirigidas a la transferencia de conocimientos específicos relativos a áreas de intervención del Fondo; la información a los socios involucrados, a los beneficiarios finales de la participación del Fondo y al público en general. 2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n°. [General], el ámbito de aplicación de las acciones contempladas en la letra a) del apartado. 1 del presente artículo se ampliará, por decisión de participación de los Fondos, a medidas que podrán financiarse con arreglo a los Reglamentos (CE) nos [FEDER, FEOGA, DO DO DO 12 13 103 IFOP], a fin de aplicar todas las medidas previstas por las acciones innovadoras de que se trate. Artículo 7 Solicitudes de participación Las solicitudes para obtener la participación del Fondo deberán ir acompañadas de un formulario informatizado, elaborado por la Comisión tras consultar a los Estados miembros, en el que figuren las acciones relativas a cada forma de ayuda, de modo que pueda ser objeto de seguimiento desde el compromiso presupuestario hasta el pago final. Artículo 8 Disposiciones de aplicación Las disposiciones de aplicación del presente Reglamento serán adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 53 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General). Artículo 9 Disposiciones transitorias Las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 52 del Reglamento (CE) n° (Reglamento General) se aplicarán mutatis mutandis. Artículo 10 Cláusula de revisión A propuesta de la Comisión, el Consejo revisará el presente Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Se pronunciará sobre dicha propuesta con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 130 D del Tratado. Artículo 11 Derogación del Reglamento El Reglamento (CEE) n° 4255/88, quedará derogado con efectos desde el 1 de enero de 2000. La referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento. 104 Artículo 12 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente 105 Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero 106 Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero 98/0116 (CNS) EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 43, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, Visto el dictamen del Comité Económico y Social3, (1) Considerando que la política pesquera común contribuye a la consecución de los objetivos generales enunciados en el artículo 39 del Tratado; que, en particular, el Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura4, modificado por el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, participa en el establecimiento del equilibrio entre la conservación y la gestión de los recursos, por una parte, y el esfuerzo pesquero y la explotación estable y racional de dichos recursos, por otra; (2) Considerando que las medidas estructurales en el sector de la pesca y la acuicultura ("el sector") deben contribuir a la consecución de los objetivos de la política pesquera común y a la de los enunciados en el artículo 130A del Tratado; (3) Considerando que la integración de las acciones estructurales del sector en el dispositivo operativo de los Fondos estructurales en 1993 ha mejorado la sinergia de las intervenciones comunitarias y ha contribuido de manera más coherente a potenciar la cohesión económica y social; (4) Considerando que el Reglamento (CE) n° [general de los Fondos] del Consejo, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales5, establece una revisión completa de los mecanismos de funcionamiento de las políticas estructurales que entrará en vigor el 1 de enero de 2000; que las intervenciones estructurales del sector se enmarcan dentro de los objetivos prioritarios nos 1 y 2 de los Fondos estructurales que estarán vigentes a partir de esa fecha; que, por lo tanto, conviene derogar el Reglamento (CEE) n° 2080/93, de 20 de julio de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88 en lo referente al instrumento financiero de orientación de la pesca6, y sustituirlo por un nuevo Reglamento que, entre otras cosas, contenga disposiciones que faciliten la transición y eviten que se produzca una interrupción de las medidas estructurales; DOC DOC DOC DO L 389 de 31. 12. 1992, p. l DOL DOL 193 de 31. 7. 93, p. l 107 (5) Considerando que existe incompatibilidad entre el carácter exclusivamente regional de la programación prevista para el objetivo n° 2 de los Fondos estructurales y la programación de las medidas de acompañamiento de la reestructuración de las flotas pesqueras; que este problema no se plantea en el caso del objetivo n° 1 ; (6) Considerando que, por consiguiente, no resulta apropiado integrar en la programación del objetivo n° 2 las medidas de acompañamiento de la reestructuración de las flotas pesqueras; que, en cambio, sí resulta indicado asignar a estas medidas recursos del FEOGA sección "Garantía" con objeto de poder aplicarlas en todas las regiones, incluidas las zonas del objetivo n° 2, aunque no en las del objetivo n° 1; que este trato separado no afecta a la aplicación de las demás medidas estructurales del sector, que seguirán programándose dentro del objetivo n° 2; (7) Considerando además que la Comunidad Europea debe poder intervenir financieramente en todas las medidas estructurales llevadas a cabo en el sector, incluso en regiones y zonas que no pertenezcan a los objetivos nos 1 y 2; que resulta indicado asignar también a esta medida recursos procedentes del FEOGA sección "Garantía", HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 1. Las acciones estructurales desarrolladas en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (en adelante, denominado "el sector") con participación financiera comunitaria en virtud del presente Reglamento, contribuirán a la consecución de los objetivos generales enunciados en los artículos 39 y 130A del Tratado y a los establecidos por los Reglamentos (CEE) n° 3760/92 y (CE) n° [general de los Fondos]. 2. Las acciones a que se refiere el apartado 1 tendrán los siguientes objetivos: a) b) contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre los recursos de la pesca y su explotación; incrementar la competitividad de las estructuras de explotación y el desanollo de empresas económicamente viables en el sector; c) mejorar el abastecimiento y revalorizar los productos de la pesca y de la acuicultura; d) contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca. 3. 4. La participación financiera de la Comunidad podrá concederse a medidas que contribuyan a uno o más objetivos de los enunciados en el apartado 2, con arceglo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3. En el marco del procedimiento contemplado en el artículo 5, el Consejo fijará los ámbitos de intervención de las acciones estructurales contempladas en el apartado 1 del presente artículo. IOS Artículo 2 1. 2. Se crea un instrumento financiero de orientación pesquera, en adelante denominado "IFOP". Las acciones desarrolladas con participación financiera del IFOP se enmarcarán en los objetivos nos 1 y 2 de los Fondos estructurales. Abarcarán todas las medidas estructurales del sector, exceptuando las contempladas en el artículo 3. 3. Además, de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Reglamento (CE) n° [general de los Fondos], el IFOP participará también en la financiación de: a) acciones innovadoras, particularmente los proyectos de carácter transnacional y de interconexión de agentes del sector y de zonas litorales dependientes de la pesca; b) medidas de asistencia técnica. De conformidad con el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n° [general de los Fondos], el ámbito de aplicación previsto en la letra a) del párrafo primero podrá ser ampliado, por decisión de participación de los Fondos, a medidas financiables en virtud de los Reglamentos del Consejo (CE) nos. 7. 8. y. 9 [FEDER, FSE, FEOGA] con objeto de llevar a cabo todas las medidas previstas por las acciones innovadoras de que se trate. El FEOGA Sección "Garantía", participará en la financiación de: Artículo 3 a) b) las medidas de acompañamiento de la reestructuración de las flotas pesqueras en las regiones no incluidas en el objetivo n° 1 de los Fondos estructurales, todas las medidas estructurales del sector desarrolladas en regiones no incluidas en los objetivos nos 1 y 2 de los Fondos estructurales. TÍTULO IV: DISPOSICIONES COMUNES Y FINALES Artículo 4 La participación financiera concedida a cada operación concreta con arreglo a las medidas contempladas en el apartado 3 del artículo 1 no podrá sobrepasar la cuantía máxima que se determine con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 5. 7 8 9 DO DO DO 109 Artículo 5 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, el Consejo decidirá, a más tardar el [31 de diciembre de 1998], las características y condiciones de la participación financiera comunitaria en las medidas estructurales a que se refieren los artículos 2 y 3, basándose en la propuesta que le presente la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 43 del Tratado. Artículo 6 1. 2. (CEE) n° 4028/8610 y Las disposiciones de los Reglamentos del Consejo (CEE) n° 4042/8911 seguirán siendo aplicables a las solicitudes de ayuda presentadas antes del 1 de enero de 1994. Las partes de las sumas comprometidas como ayuda para proyectos de la Comisión entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1993 en virtud del Reglamento (CEE) n° 4028/86, con respecto a las cuales no se haya presentado a la Comisión una solicitud de pago definitivo como máximo seis años y tres meses después de la fecha de concesión de la ayuda, y den lugar al reembolso de las sumas pagadas indebidamente, serán liberadas de oficio por la Comisión a más tardar seis años y nueve meses después de la fecha de concesión de la ayuda, sin perjuicio de los proyectos que se encuentren suspendidos por razones judiciales. Artículo 7 El Reglamento (CEE) n° 2080/93 quedará derogado con efecto desde el 1 de enero de 2000. Las referencias al Reglamento derogado se considerarán hechas al presente Reglamento. Artículo 8 Las disposiciones transitorias previstas en el artículo 52 del Reglamento (CE) n° [general de los Fondos] se aplicarán mutatis mutandis. Artículo 9 El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente 10 11 DO L 376 de 31. 12. 1986, p. 7. DO L 388 de 30. 12. 1989, p. 1. 110 FICHA SOBRE LAS PYME 1. ¿Por qué es necesaria una normativa en este ámbito y cuáles son sus objetivos? La normativa se fundamenta en los artículos del Tratado que regulan la cohesión económica y social, especialmente los Artículos 130 A, B y C, en virtud de los cuales la Comunidad debe intervenir para reducir las disparidades regionales y contribuir al desanollo de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales, a través de los Fondos estructurales y los demás instrumentos financieros comunitarios. Esta nueva propuesta es necesaria ya que los actuales reglamentos por los que se rigen los Fondos estructurales deberán ser revisados por el Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre de 1999 (artículo 19 del Reglamento 2052/88, modificado por el Reglamento 2081/93). El artículo 1 de esta propuesta enuncia los objetivos generales de la política estructural de la Comunidad: i) ii) fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas (objetivo n°l); favorecer la reconversión económica y social de las zonas con dificultades estructurales (objetivo n° 2); iii) promover la adaptación y la modernización de las políticas y los sistemas de educación, formación y empleo. Este objetivo, el n° 3, proporcionará asistencia financiera a las zonas no incluidas en los objetivos nos 1 o 2. 2. ¿A quiénes afectará esta normativa? La ayuda financiera suministrada a través de los Fondos estructurales supone un complemento de las intervenciones nacionales de los Estados miembros. Uno de los principios clave que sustenta la actuación de los Fondos estructurales es el de cooperación entre la Comisión, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las autoridades responsables del medio ambiente, los interlocutores económicos y sociales y las demás autoridades competentes, incluidas las responsables de fomentar la igualdad de hombres y mujeres. Los interlocutores son designados por los Estados miembros y todos ellos participan en las diversas fases de preparación y ejecución de los Fondos estructurales. 3. ¿Qué deberán hacer las empresas para cumplir las normas? Las empresas no tienen que actuar de forma directa para ajustarse a la normativa una vez haya sido aprobada por la Comunidad. Para recibir ayuda de los Fondos estructurales, deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por las autoridades de los Estados miembros responsables de la aplicación de los Fondos estructurales. 4. ¿Qué posibles repercusiones económicas encierra la propuesta? La Comisión propone que se dediquen a recursos presupuestarios del orden de 210 billones de ecus para el periodo 2000-2006. Ello tendrá regiones subvencionables con arreglo al objetivo n° 1, a las que, según la propuesta de la Comisión, quedarán reservados cerca de dos tercios de los recursos totales. De forma repercusiones económicas, especialmente en los Fondos estructurales importantes las 111 general, la ayuda de los Fondos estructurales repercutirá en todo el entorno empresarial a través de las mejoras en la infraestructura, la prestación de servicios a las empresas, las inversiones en recursos humanos y la ayuda para prever y facilitar los cambios económicos y sociales en las empresas, y, de forma más directa, a través de las ayudas a las inversiones productivas. ¿Contiene la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las PYME? En las directrices publicadas por la Comisión para facilitar la programación del periodo actual, 1994-1999, se subraya el papel que pueden desempeñar los Fondos estructurales en el fomento del desarrollo de las PYME. Los servicios de la Comisión consideran que entre un 15% y un 20% de los recursos de los Fondos estructurales correspondientes al periodo de programación actual (aproximadamente 150 billones de ecus) se destinan a ayuda a las PYME. Cabe esperar que en el próximo periodo, el nivel de ayuda sea por lo menos tan cuantioso, si no más, prioridad en la que insistirán las directrices para los Fondos estructurales que la Comisión propone en el apartado 4 del artículo 8 del proyecto de reglamento general. La Comisión está realizando en este momento una evaluación de las repercusiones de la ayuda de los Fondos estructurales en las PYME, cuyos resultados podrían utilizarse para desanollar nuevas formas de ayuda a éstas en el próximo periodo de programación. 6. Consultas En la fase actual, aún no se han celebrado consultas formales fuera de la Comisión sobre las presentes propuestas, aunque la propuesta de la Agenda 2000 de julio de 1997, que presentaba los principios básicos de la reforma de los Fondos estructurales, ha sido objeto de intensos debates en toda la Unión. Tras la aprobación de los proyectos de propuestas de nuevos reglamentos presentados por la Comisión se celebrarán amplias consultas; además, la propuesta recoge de forma específica la participación de los interlocutores económicos y sociales en la ejecución de las acciones. Además, cada año, la Comisión propone consultar a los interlocutores sociales organizados a nivel europeo acerca de la política estructural de la Comunidad. 112 ISSN 0257-9545 COM(98) 131 final DOCUMENTOS ES 10 01 13 03 N° de catálogo : CB-CO-98-184-ES-C ISBN 92-78-32407-8 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo \tt