title: Comunicación de la Comisión sobre la solución extrajudicial de conflictos en materia de consumo

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS CORRIGENDUM Rediffusion du document SEC(1998) 576 final du 30. 03. 1998 car la cote de ce document doit se lire COM(1998) 198 final. (concerne toutes les versions linguistiques) Bruselas, 30. 03. 1998 COM(1998) 198 final COMUNICACIÓN de la COMISIÓN la solución extrajudicial de conflictos en materia de consumo sobre RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo. SUMARIO La presente Comunicación forma parte de un conjunto de iniciativas comunitarias en el ámbito del acceso de los consumidores a la justicia que se vienen realizando desde hace muchos años. Durante todo el proceso de consultas sobre el Libro Verde (1993) y en torno al Plan de Acción (1996) sobre el "acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único" se destacó y confirmó la necesidad y la urgencia de una acción comunitaria en lo que se refiere a la solución de litigios en materia de consumo. El resultado de los debates pone de manifiesto que uno de los principales objetivos que deben alcanzarse es facilitar la solución de litigios en materia de consumo resolviendo los problemas causados por la desproporción entre el valor económico del asunto y el coste de su solución judicial. Para lograr este objetivo, la presente Comunicación contiene dos elementos que contemplan la mejora del acceso del consumidor individual a la justicial: por una parte, un formulario de reclamación destinado a facilitar la comunicación entre los consumidores y los profesionales y, en caso de fracaso de una solución amistosa, a facilitar el acceso a los procedimientos extrajudiciales, y por otra parte, una recomendación que establece principios aplicables a procedimientos extrajudiciales para la resolución de los litigios en materia de consumo2. los A efectos de la presente Comunicación, por "acceso del consumidor a la justicia" se entiende el acceso al ejercicio práctico de sus derechos, y no el acceso a la justicia en sentido estricto, esto es, a los tribunales. 2 Las primeras iniciativas comunitarias en el ámbito del acceso de los consumidores a la justicia datan de los años ochenta; el 4 de enero de 1985 se transmitió al Consejo, en forma de memorándum, una primera Comunicación de la Comisión sobre el acceso de los consumidores a la justicia (COM(84) 692 final), que fue seguida de una Comunicación "complementaria" el 7. 05. 1987 (COM(87) 210 final). El Parlamento Europeo se expresó sobre este tema mediante una Resolución de 13 de marzo de 1987, (DO n° C 99 de 13. 04. 1987, p. 203). El Consejo reaccionó a través de la Resolución de 25 de junio de 1987, dedicada exclusivamente al acceso de los consumidores a Injusticia (87/C 176/02. DO n° C 176, de 04. 07. 1987, p. 2) en la que invitaba ¡i la Comisión a completar el análisis teniendo en cuenta la ampliación de la Comunidad. Además, en la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 1992 (DO n° C 094 de 13. 04. 1992, p. 217), y en la Resolución del Consejo de 13 de julio de 1992, relativa a las futuras prioridades de la política de protección de los consumidores (DO n° C 186 de 23. 07. 1992, p. l), se señalaba la dimensión comunitaria del problema del acceso de los consumidores a la justicia. La 111 Conferencia europea sobre el acceso de los consumidores a la justicia, celebrada en Lisboa los días 21, 22 y 23 de mayo de 1992 bajo la égida de la Presidencia de la época y de la Comisión, congregó a unos 300 expertos representantes de los 12 Estados miembros de la CEE y de algunos países de la AELC. Las conclusiones de esta reunión confirman las preocupaciones expresadas en las iniciativas antes citadas. En su Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios de consumo en el mercado único (COM(93) 576 final de 16. 11. 1993), la Comisión formuló una serie de INDICE INTRODUCCIÓN 1. El problema del acceso del consumidor individual a la justicia 2. Tres vías para llegar a una solución : a) Simplificación y mejora de los procedimientos judiciales b) Mejora de la comunicación entre los consumidores y los profesionales c) Creación de procedimientos extrajudicial I CONTENIDO DE LA ACCIÓN PROPUESTA 1. 1. Fomento de la solución amistosa de los problemas en materia de consumo 1. 2. Seguridad de garantías adecuadas en la creación y el funcionamiento de los órganos extrajudiciales competentes para la solución de litigios en materia de consumo II. III. FORMULARIO EUROPEO DE RECLAMACIÓN DEL CONSUMIDOR RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA A LOS PRINCIPIOS APLICABLES A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO Anexo : Ficha de información sobre los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo los propuestas destinadas a resolver los litigios transIVonleri/. os individuales y colectivos. Entre dichas propuestas se citaban la libre circulación de las acciones de cesación y la simplificación de la solución de litigios. A raíz del Libro Verde, la Comisión presentó una propuesta de directiva sobre las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, que se encuentra en curso de adopción (Posición común del Consejo relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (CE n° 48/97 de 30 de octubre de 1997, DO n° C 389 de 22. 12. 1997, p. 51)|, así como una Comunicación sobre un Plan de acción para el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios de consumo en el mercado interior (COM (96) 13 final, de 14. 02. 1996). El Parlamento Europeo, en su Resolución de 14. 11. 1996 sobre la citada comunicación (N° A4-0355/96, DO n° C 362 de 02. 12. 1996, p. 275), apoya los objetivos previstos en el Plan de acción e invita a la Comisión a elaborar otros trabajos en la materia. INTRODUCCIÓN 1. El problema del acceso del consumidor individual a la justicia Con motivo de la aprobación en 19753 del primer programa para una política de protección y de información de los consumidores, el Consejo de las Comunidades Europeas enunció cinco derechos fundamentales4. Desde entonces, el acervo comunitario en este ámbito ha experimentado un gran desarrollo. Varios textos comunitarios tienen por objeto otorgar al consumidor un conjunto de derechos concretos de los que se beneficia en todos los Estados miembros. La responsabilidad de los productos, el crédito al consumo, las ventas a domicilio, los viajes combinados, la sobrerreserva en los transportes aéreos, la responsabilidad por los accidentes aéreos5, las cláusulas abusivas, los contratos negociados a distancia y la multipropiedad («timeshare") han sido objeto de legislación a nivel europeo. También se han propuesto otros textos, que están siendo debatidos, en ámbitos como la venta y las garantías de los bienes de consumo. La instauración de estos derechos a escala comunitaria permite que el consumidor pueda obtener mayor beneficio del gran mercado interior, objetivo asumido por los Estados miembros con la aceptación del Plan de acción para el mercado único, presentado por la Comisión al Consejo Europeo de Amsterdam (Objetivo estratégico 4, CSE (97) 1 final, 4. 6. 97). legislaciones destinadas a conceder derechos específicos a Los Estados miembros, a los cuales incumbe en primer lugar la responsabilidad en materia de protección de los consumidores, adoptaron también, por propia iniciativa, un conjunto los muy variado de consumidores, tanto en los ámbitos no cubiertos por textos comunitarios como en los ámbitos armonizados cubiertos por disposiciones comunitarias que permiten a los Estados miembros garantizar una mayor protección de los consumidores. Por otro lado, en las los relaciones con consumidores se benefician de la protección concedida por las normas generales del derecho civil. legislación específica, los profesionales, e incluso a falta de Sin embargo, instaurar derechos sustanciales sin poner a disposición de sus titulares mecanismos que garanticen su ejercicio efectivo privaría a estos derechos de todo su valor práctico6. Por lo tanto, con el fin de alcanzar una adecuación a la realidad del marco DO N°C 92 de 25. 04. 1975, p 1-1-16. El derecho a la protección de la salud y la seguridad, el derecho a la prolección de los intereses económicos, el derecho a la información y a la educación, el derecho a la representación, el derecho a la justa reparación de los daños por medio de procedimientos rápidos, eficaces y poco costosos. Reglamento (CE) 2027/97 sobre la responsabilidad aérea, de 9. 10. 1997, DO n° L 285, 17. 10. 1997 Para los consumidores, el acceso a la justicia es el corolario de los derechos sustanciales otorgados por el ordenamiento comunitario. Si bien, a falta de una reglamentación comunitaria, corresponde a cada Estado miembro regular las modalidades de procedimiento de los recursos en justicia destinados a garantizar la protección íntegra de dichos derechos, el Derecho comunitario impone límites a esta competencia, de modo que tales disposiciones legislativas no pueden operar una discriminación respecto a personas a las que el Derecho comunitario confiere el derecho a la igualdad de trato ni restringir las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. "Cuando el Derecho comunitario garantiza la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior, la posibilidad de estos - 4- trazado por el legislador (ya sea comunitario o nacional) para la protección de los consumidores, es necesario garantizar que el consumidor pueda hacer valer sus derechos, en caso de violación de éstos, por medio de canales jurídicos sencillos, rápidos, eficaces y poco costosos. Los problemas específicos que los consumidores encuentran en la aplicación práctica de sus derechos ya fueron objeto de varias tomas de postura adoptadas por las instituciones competentes. En efecto, una serie de obstáculos se alzan ante el consumidor que ejerce sus derechos ante los tribunales. En primer lugar se puede citar el coste de la consulta y la representación jurídicas, los gastos judiciales, los gastos de consulta de expertos (especialmente porque las economías modernas presentan productos y servicios cada vez más complejos, que a veces superan los conocimientos del juez). Además, en algunos países se corre el riesgo de tener que garantizar, en caso de fracaso, las costas de la otra parte o, en otros países, la certeza de tener que soportar las costas propias, incluso en caso de « sentencia favorable ». Por último, dada la acumulación de casos en los tribunales de algunos Estados miembros, pueden transcurrir largos períodos antes de que un asunto sea juzgado. Además de estos factores materiales, también hay barreras de carácter psicológico, debidas a la complejidad y al formalismo que acompaña a los procedimientos judiciales. El consumidor experimenta a menudo cierta vacilación frente a los tribunales a causa del lenguaje jurídico y de los rituales herméticos del procedimiento. Si la situación ya es compleja en el marco de los conflictos nacionales, se vuelve aún más con su internacionalización. El riesgo de litigios transfronterizos7 aumenta con la multiplicación de las transacciones de consumo a través de las fronteras y con la aparición de nuevas técnicas de venta y de prestación de servicios. Teniendo en cuenta estos hechos se puede concluir que, en la mayoría de los conflictos en materia de consumo, tanto nacionales como transfronterizos, el valor limitado del aspecto económico del litigio hace que la duración del procedimiento judicial resulte desmesurada y su coste desproporcionado8. Ante esta situación, muchos consumidores renuncian a hacer valer sus derechos y sufren simplemente la conculcación de éstos, operadores de recurrir a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para solventar los litigios a los que puedan dar lugar sus actividades económicas, por las mismas razones que los ciudadanos de dicho Estado, constituye el corolario de estas libertades. " (sentencia de 26 de septiembre de 1996. Data Delecta y Forsbcrg, C-43/95, Rcc. 96/I-4661, sentencia de 20 de marzo de 1997, Haves. C- 323/95, Rcc. 1-171) 7 Para una descripción detallada de la definición del término y de lodos los problemas específicos o suplementarios que se derivan, consúltese el Libro Verde, pagina 72. El fundamento real de esta afirmación se comprobó en el estudio sobre « el coste de las fronteras judiciales para los consumidores en el mercado único ». En el marco de este estudio se observó que el coste medio (costes procesales + gastos de abogado) de la solución judicial de un litigio intracomunitario referente a un importe de 2000 Eícus, asciende, en el mejor de los casos, para la parte demandante, a un importe de cerca de 2500 Ecus. Para un resumen de los resultados del estudio, consúltese el "Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios de consumo en el mercado interior", páginas 8-11 (COM(96) 00013). 2. Tres vías para llegar a una solución: Para mejorar el acceso de los consumidores a la justicia se dispone de tres vías : la simplificación y mejora de los procedimientos judiciales, la mejora de la comunicación entre los profesionales y los consumidores, y los procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos en materia de consumo. Estas tres vías no son métodos alternativos, sino totalmente complementarios. No obstante, una diferencia fundamental separa la primera vía de las otras dos: mientras que la primera se sitúa en el marco tradicional de la solución judicial de los litigios, y tiene por objeto mejorar los sistemas existentes, las otras dos extraen, en la medida de lo posible, los litigios del marco judicial. a) Simplificación y mejora de los procedimientos judiciales La mayoría de los Estados miembros han emprendido iniciativas destinadas a simplificar los procedimientos judiciales para los litigios "de pequeña cuantía", por norma general, o especialmente para los litigios en materia de consumo. La idea común es la ausencia de formalismo de estos procedimientos que permitan la introducción del asunto por modalidades simplificadas, hagan facultativa la intervención de un abogado o propongan una tentativa de conciliación ante un juez (obligatoria o a discreción del juez o de las partes). A pesar de las semejanzas, existe un gran abanico de diferencias entre los procedimientos simplificados de distintos ordenamientos jurídicos, en particular en lo que se refiere a los criterios usados para la definición de pequeños litigios o a las costas. En el marco del Plan de Acción de 14. 02. 1996, la Comisión presentó la idea de crear un formulario, concebido como un medio de simplificación del acceso de los consumidores a los procedimientos judiciales. No obstante, los resultados de la consulta sobre el Plan de Acción demostraron que los Estados miembros no están convencidos de la ventaja de un formulario único en el marco de los procedimientos judiciales simplificados, máxime cuando para la mayoría de ellos la posibilidad de iniciar tal procedimiento por el simple envío de un formulario implicaría modificaciones de las normas nacionales de procedimiento civil. Sin embargo, los trabajos realizados en este contexto inspiraron a la Comisión una de las iniciativas en el ámbito extrajudicial que se presentan en la presente Comunicación (véase el punto II). La presente Comunicación no se refiere a los procedimientos judiciales, por lo que no contiene propuestas en este ámbito primordial; evidentemente, esto no significa que la Comisión renuncie a alentar un progreso en los procedimientos judiciales, sino que, muy al contrario, seguirá estudiando la necesidad y las modalidades de una acción comunitaria relativa al funcionamiento de los procedimientos judiciales en el contexto global del mercado interior y del espacio judicial europeo, esfuerzo que encontrará un gran apoyo en el Tratado de Amsterdam. Por otra parte, la Comisión acaba de presentar una Comunicación9 que contempla, en particular, la mejora de los procedimientos de ejecución Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo « Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea » (COM (97) 609 final de 26. 11. 1997). 6- de las resoluciones judiciales en el extranjero y de las normas relativas a la determinación de los tribunales competentes para la tramitación de litigios transfronterizos. Esta comunicación, que tiene en cuenta los intereses de los consumidores, abre también un debate sobre un planteamiento común de la Unión en lo que se refiere a determinados aspectos de los Derechos procesales nacionales. Además, se iniciará una reflexión más general sobre el problema del funcionamiento de los procedimientos judiciales simplificados (para los pequeños litigios) en el marco del espacio judicial europeo. b) Mejora de la comunicación entre los consumidores v los profesionales Con el fin de atenuar los problemas del acceso del consumidor a la justicia en los tribunales, el objetivo sería ayudar al consumidor a encontrar una solución amistosa de su discrepancia con el profesional. El diálogo entre las dos partes y la solución amistosa del litigio evitan al consumidor todos los problemas inherentes a los procedimientos judiciales previamente mencionados y resuelven la situación creada por la posible violación de sus derechos. La solución amistosa de los litigios satisface también las necesidades y preocupaciones de los profesionales que, por su parte, desean evitar pleitos judiciales y mantener su clientela. Normalmente, el diálogo se realiza por iniciativa del consumidor, con o sin la intervención de las asociaciones de consumidores o de otros órganos de ayuda a los consumidores. Sin embargo, el nacimiento de una comunicación fructífera se ve a menudo impedido por la falta de información del consumidor, por su dificultad para exponer claramente su demanda o, en caso de litigios transfronterizos, por sus reticencias a entablar un diálogo con un "interlocutor" que se expresa en una lengua diferente a la suya. Obviamente, el recurso a órganos competentes para la solución de los litigios en materia de consumo es inevitable cuando la solución amistosa del litigio no se produce. Además, en el ámbito de los servicios financieros, la Comisión ha lanzado una iniciativa10 que tiene como objeto que las partes interesadas, es decir, la industria de servicios financieros y las organizaciones de consumidores, puedan encontrar acuerdos voluntarios con el fin de mejorar la información del consumidor y su acceso a los sistemas de recurso. c) Creación de procedimientos extraiudiciales Por todo ello, muchas iniciativas en los distintos Estados miembros se han orientado hacia soluciones extrajudiciales de resolución de los litigios en materia de consumo. La Comisión Europea apoya, desde hace tiempo, "proyectos piloto" a nivel nacional y local, que tienen por objeto la creación o el desarrollo de este tipo de sistemas. Junto a los procedimientos judiciales, actualmente hay en Europa una pluralidad de «métodos extrajudiciales» específicos para la solución de los litigios en materia de 10 Comunicación de la Comisión "Servicios financieros: reforzar la confianza del consumidor" COM(97) 309 de 26. 06. 1997, que seguía al Libro Verde sobre "Servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores" COM(96) 209 de 22. 05. 96. 7- consume Unas veces se trata de procedimientos complementarios o previos en relación con el judicial, como la mediación o la conciliación, y otras se recurre a mecanismos alternativos, como el arbitraje. Dado que el mismo método puede tener calificaciones diferentes en los Estados miembros, y con el fin de evitar la confusión que provoca esta diversidad terminológica, conviene precisar que la presente Comunicación trata de los métodos que, independientemente de su denominación, conducen a una solución del litigio por la intervención activa de una tercera persona que propone o impone una solución. No se contemplan los procedimientos que se limitan a un simple intento de acercar a las partes para convencerlas de encontrar una solución de común acuerdo. Los sistemas de solución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo se caracterizan por una gran diversidad en cuanto a su estructura, a su funcionamiento y al desarrollo del proceso. Los instrumentos extrajudicial establecidos pueden ser el resultado de iniciativas de los poderes públicos tanto a nivel central (ejemplo : Consumer Complaints Boards en los países escandinavos), como a nivel local (ejemplo : los tribunales arbitrales en España), o de iniciativas promovidas u organizadas por asociaciones o sectores profesionales (ejemplo : los defensores del pueblo u "ombudsman" de los bancos o las compañías de seguros), o por profesionales o establecimientos que prestan servicios de arbitraje y de mediación como actividad principal (ejemplo: juristas o centros de arbitraje privados) Debido precisamente a esta diversidad, la naturaleza de las decisiones tomadas por estos órganos es muy variada. Algunas son simples recomendaciones (como en el caso de los Complaints Boards de los países escandinavos y la mayoría de los «ombudsman» privados), otras sólo son obligatorias para el profesional (como la mayoría de los «ombudsman» de los bancos) y otras para las dos partes (arbitraje). Pero en una perspectiva de protección de los intereses de las personas justiciables, la cuestión estriba en saber en qué medida los procedimientos extrajudiciales pueden ofrecer garantías similares a las de los procedimientos judiciales (en particular, garantías de independencia y de imparcialidad) mejorando al mismo tiempo el acceso práctico a la solución de sus conflictos. La importancia de esta cuestión es aún mayor puesto que el sistema extrajudicial, a pesar de sus innegables ventajas, puede presentar algunos posibles fallos, como la flexibilidad que permite excluir la aplicación estricta de las normas de derecho, la falta de vías de recurso contra la decisión dictada, cuando ésta es obligatoria, o las dificultades de ejecución de estas decisiones, sobre todo en un Estado distinto de aquel en donde se dictó la decisión (el Convenio de Nueva York de 1958, que permite la ejecución de las decisiones arbitrales, no es aplicable en todos los Estados miembros de la Unión11). Por ejemplo, Portugal no se ha adherido a este Convcjiio (sentencia de 25. 7. 1991, Rich, C-190/89, Rcc. 1-3855), lo que implica que el reconocimiento y la ejecución de las decisiones arbitrales no están garantizados en toda la Unión. 8- La seguridad de algunas garantías de "buena justicia*' en los procedimientos extrajudiciales podría, por una parte, reducir el peso de sus inconvenientes y, por otra, aumentar ante los consumidores la credibilidad de los sistemas extrajudiciales y la confianza mutua de los órganos existentes en los diferentes Estados miembros. -9 I. CONTENIDO DE LA ACCIÓN PROPUESTA Mediante la presente Comunicación, la Comisión propone dos iniciativas destinadas a mejorar la situación existente en materia de acceso de los consumidores a la justicia. La iniciativa de la Comisión tiene por objeto completar la política aplicada por los Estados miembros en este ámbito con el fin de alcanzar un "alto nivel de protección de los consumidores" de acuerdo con el artículo 129A del Tratado; habida cuenta del principio de subsidiariedad (artículo 3B del Tratado), el contenido de la acción se limita a lo que es necesario para alcanzar el objetivo contemplado y se prevé que la aplicación de la iniciativa propuesta sea voluntaria. 1. 1. Fomento de la solución amistosa de los problemas en materia de consumo Por lo que se refiere a este aspecto, la Comunicación tiene por objeto, en primer lugar, fomentar y facilitar la solución de los conflictos de consumo en una fase inicial, de modo que las partes eviten las molestias causadas por la apertura de un procedimiento (judicial o extrajudicial). A tal efecto, la comunicación presenta un «formulario europeo de reclamación del consumidor» destinado a mejorar la comunicación entre los consumidores y los profesionales con el fin de llegar a una solución amistosa de sus discrepancias. En el supuesto de que el diálogo entre el consumidor y el profesional no lograra una solución del problema, este formulario podría utilizarse para iniciar un procedimiento extrajudicial. Sería deseable que los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo aceptaran la apertura de un procedimiento de su incumbencia mediante la simple presentación del formulario europeo, con el fin de hacer un amplio uso de las posibilidades que ofrece dicho formulario. El formulario de reclamación puede utilizarse tanto a nivel nacional como transfronterizo, independientemente del valor en discusión o del tipo de litigio de consumo de que se trate. Se deja que sean los interesados quienes decidan en qué medida su problema puede resolverse mediante la utilización del formulario. Por lo que se refiere más concretamente a los servicios financieros, el "diálogo" en curso entre la industria de servicios financieros y las asociaciones de consumidores examina actualmente la adecuación del formulario a los litigios en este ámbito. El formulario estará en Internet (http://europa. eu. int/comm/dg24'). en todas las lenguas de la Unión Europea, a disposición de todas las personas y organizaciones interesadas. Este formulario no puede ser modificado, pero sí «personalizado» por las organizaciones (empresas, asociaciones de empresas, organizaciones de consumidores, centros de información de los consumidores, etc. ) que propongan su utilización al consumidor, mediante la introducción de su logotipo sobre la esquina superior derecha del formulario. HI «formulario de reclamación del consumidor», que ha adoptado su forma actual tras numerosas consultas con las partes interesadas y los Estados miembros, está concebido de forma que pueda "guiar" y orientar al consumidor en la formulación de su demanda. Propone una serie de respuestas múltiples para ayudar al consumidor a delimitar mejor sus problemas y su reclamación, dejando al mismo tiempo un espacio suficiente para que los usuarios puedan añadir precisiones complementarias o describir asuntos particulares no cubiertos por las listas del formulario. La combinación de un sistema de opciones múltiples y de texto libre facilitará considerablemente la cuestión de las traducciones en los asuntos de litigios transfronterizos en que las partes se expresan en lenguas diferentes. Los servicios de la Comisión introducirán cualquier modificación técnica del formulario que sea conveniente. 10 Esta iniciativa de la Comisión se lanza con carácter de proyecto piloto. Dentro de dos años la Comisión procederá a la evaluación de la pertinencia y los efectos del formulario, basándose en la experiencia obtenida gracias a su utilización. 1. 2. Seguridad de las garantías adecuadas en la creación v el funcionamiento de los órganos extraiudiciales competentes para la solución de litigios en materia de consumo El segundo aspecto de la iniciativa de la Comisión se presenta en forma de una recomendación encaminada a establecer una serie de principios aplicables al funcionamiento de los órganos extrajudiciales (existentes o por crear) de solución de los litigios en materia de consumo. Los procedimientos extrajudiciales contemplados por la presente recomendación son los que, independientemente de su «naturaleza jurídica» (decisión, recomendación o propuesta de transacción), se caracterizan por la interposición de una tercera persona que no se limita a convencer a las partes para que se entiendan, sino que adopta una posición concreta sobre la solución del litigio. tranquilizado por El respeto de algunos principios como la independencia, la transparencia y la eficacia puede contribuir a un nivel más elevado de protección de los derechos de los consumidores. Paralelamente, la seguridad de contar con estas garantías es un factor de fiabilidad y confianza. Esta confianza se sitúa a dos niveles: en primer lugar el consumidor, las garantías otorgadas por los procedimientos extrajudiciales que se encuentran a su disposición, podrá beneficiarse plenamente, sin reservas y sin desconfianza, de las ventajas que ofrezca el sistema extrajudicial de su país, o de otro Estado miembro en el caso de los conflictos transfronterizos; en segundo lugar, los órganos responsables de la solución extrajudicial de los conflictos de consumo existentes en países diferentes tendrán mayor confianza recíproca en caso de conflictos transfronterizos. En un ambiente de confianza mutua, podrán colaborar de manera eficaz con el fin de mejorar la tramitación de los litigios de consumo de carácter transfronterizo. La Comisión facilitará la introducción en red de estos órganos para permitir una colaboración activa en la solución de asuntos concretos. El resultado final hacia el que debería tenderse es que, en caso de litigios transfronterizos, el consumidor, a través del órgano extrajudicial homólogo que exista en su propio país, pueda escoger el órgano extrajudicial competente en el extranjero. En este sentido, sería deseable que los órganos extrajudiciales establecidos en los distintos Estados los principios enunciados en esta recomendación. Las asociaciones de miembros respetaran consumidores y las organizaciones profesionales, de forma individual o en cooperación, tienen una función clave que desempeñar en la realización de este objetivo. Además, estos principios pueden hacer más fácil que los prestadores de servicios extrajudiciales establecidos en un Estado miembro ofrezcan sus servicios en otro. Con el fin de alcanzar un nivel de transparencia y de difusión de los procedimientos extrajudiciales que garantice el respeto de los principios expuestos en la recomendación, así como su introducción en red, la Comisión tomará la iniciativa de crear una base de datos sobre los órganos extrajudiciales de solución de los conflictos en materia de consumo que ofrecerán estas garantías. Conforme al principio de subsidiariedad, el contenido de la base de datos estará constituido por la información que comuniquen a la Comisión los Estados miembros que quieran participar en esta iniciativa. Para permitir una información normalizada y simplificar la transmisión de estos datos, la Comisión pone a disposición de los Estados miembros una ficha de información normalizada, adjunta a la presente Comunicación. 11 En la misma perspectiva de transparencia y de información, cada Estado miembro podría prever la creación de un único punto de contacto en su territorio que indicara a toda persona interesada los órganos a los que puede dirigirse para la solución extrajudicial de un asunto concreto de litigio en materia de consumo. La Comisión evaluará la aplicación de esta recomendación en el plazo de dos años. n. FORMULARIO EUROPEO DE RECLAMACIÓN DEL CONSUMIDOR -12 En su caso, sello de la entidad que propone a los consumidores la utilización del presente formulario FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DEL CONSUMIDOR El presente formulario ha sido elaborado por los servicios de la Comisión Europea y no debe ser modificado por sus usuarios. Con el uso del formulario se pretende mejorar la comunicación entre los consumidores y los profesionales a fin de alcanzar, en la medida de lo posible, un arreglo amistoso a ¡os problemas que pueden plantear las diferentes transacciones: Este formulario está disponible en todas las lenguas de la Unión Europea(ítttp://europa. eu. int/comm/dg2-f). ¡Este formulario no debe enviarse en ningún caso a la Comisión Europea, puesto que ésta no tiene competencia para intervenir en este tipo de litigios! DATOS DE LAS PARTES Reclamación presentada por: Contra: Nombro y apellidos. Dirección, calle Ciudad, código postal. País: N°Tcl. : N°Fax: Correo electrónico En nombre de* Nombre y apellidos. Dirección, calle Ciudad, postal Pais: N^TcI: N°Fax: Correo electrónico. Otros datos: código Complétese sólo cuando sea un tercero quien presente la reclamación del consumidor, en cuyo caso es conveniente qo¿ consumidor firme debajo de su nombre. INSTRUCCIONES • Para determinar con precisión la naturaleza del problema planteado, este formulario le propone una serie de respuestas n cada pregunta. Seleccione las respuestas que mejor correspondan a su caso (una o varias) y, si fuera necesario, complete esta información en los espacios libres previstos al efecto. • Se recomienda que adjunte a este formulario la copia de los justificantes pertinentes y que lo envíe, guardando una copia, por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que permita probar el envío y la recepción. • El reclamante deberá dejar al profesional un plazo de respuesta apropiado (15 días como minima). 1M respuesta del profesional deberá comunicarse al reclamante mediante el envío del formulario completo, y posteriormente el consumidor deberá devolver el cupón de respuesta (página 4). NOTA : La mayoría de las legislaciones nacionales prevén un plazo límite para la reivindicación de los derechos por la vía del procedimiento judicial liste plazo de prescripción es, a veces, relativamente corto, en particular en el caso de adquisición de bienes. Será la legislación aplicable al litigio la que determine si la utilización de este formulario interrumpe este plazo. -13- RECLAMACIÓN DEL CONSUMIDOR I. PROBLEMAS PLANTEADOS Fecha en la que se planteó el o los problemas (Día/Mes/Año): problema : Problema relativo a :. / / Precise si fue la primera vez o no, que se planteó el 1 D Falta de entrega del producto 2 D Falta de prestación del servicio 3 O Retraso en la entrega del producto 4 D Retraso en la prestación del servicio Duración del retraso 5 G Defecto del producto 6 D Fallo en la prestación del servicio Describa el fallo 7 D Producto no conforme con el pedido 8 D Productos/servicios no solicitados 9 D Daños sufridos 10 D Negativa a ejecutar la garantía 11 O Negativa de venta 12 D Negativa a prestar el servicio 13 G Engaño 14 D Información incorrecta 33 G Otras precisiones. 34 G Otro tipo de problema. 15 O Información insuficiente 16 O Modalidades de pago 17 O Precio pagado 18 D Incremento del precio 19 G Gastos suplementarios 20 D Gastos/facturación no justificados 21 D Condiciones del contrato 22 G Cobertura del contrato 23 G Evaluación de daños 24 G Negativa a pagar indemnización 25 G Indemnización insuficiente 26 n Modificación del contrato 27II Ijccución defectuosa del contrato 28 ll Anulación/rescisión del contrato 2911 Anulación de una prestación 3011 Reembolso de un préstamo 3111 Intereses exigidos 32 n Incumplimiento de un compromiso II. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS (Precise la fecha y el lugar de compra o de firma del contrato, describa el producto o servicio en cuestión y su precio, las modalidades de pago o cualquier otro elemento útil para la apreciación de su reclamación) III. RECLAMACIÓN DEL CONSUMIDOR Obtener: 35 G Entrega del producto o prestación del servicio 36 G Reparación del producto o del servicio 37 G Cambio del producto 38 G Anulación de la venta 39 G Ejecución de la garantía 40 G Cumplimiento de los compromisos 41 G Conclusión de un contrato 42 G Anulación/rescisión de un contrato 43 G Anulación de una factura 44 G Entrega de información 51 G Otras precisiones : 52 G Otro tipo de reclamación. 45 TI Corrección de la evaluación de los daños 46 11 Pago de indemnización por un importe de 47 ll Devolución de la cantidad a cuenta por un importe de 4X n Devolución de otros pagos efectuados por un importe de. 49 G Descuento por un importe de 50 G Pago de daños e intereses por un importe de 14 IV. Otras explicaciones (opcional) V. Fundamento jurídico (opcional) VI. JUSTIFICANTES (si es posible, adjunte a este formulario una COPIA de los justificantes en su poder, como facturas, contrato, recibo, etc. ) Lista de los documentos que se adjuntan : 1 2 3 4 Si no se alean/ase un arreglo amistoso o se diese una respuesta en el plazo de días a partir del envío de lu presente reclamación, me reservo el derecho de someter la cuestión a las instancias competentes. I lecho en Pinna: ,. el 15 ITL RESPUESTA DELA EMFlRESií/PROFESIONAL Referencia (que debe dar el profesional) : 53 G Acepto totalmente su reclamación y me comprometo a 54 G Acepto parcialmente su reclamación y le propongo 55 G Considero injustificada su reclamación pero, en un gesto de buena voluntad en beneficio del comercio, me comprometo a: en un plazo de 56 D No acepto su reclamación Justificación: en un plazo de 57 D Le propongo someter el litigio a un órgano indicado a continuación, competente para la solución extrajudicial de este tipo de litigios en materia de consumo: Hecho en Firma: , el -X. PARTE QUE EL CONSUMIDOR DEBE ENVIAR AL PROFESIONAL Referencia dada por el profesional : Reclamación presentada por: I in nombre de 58 0 Estoy satisfecho/a y acepto su propuesta de solución del litigio. 59 D No acepto su propuesta por las siguientes razones Con respecto a: 60 G De acuerdo con su propuesta, le informo de que plantearé el litigio ante el órgano propuesto por Vd. Hecho en l-'inna: , el -16 m. RECOMENDACIÓN N°. /. /CE DE LA COMISIÓN RELATIVA A LOS PRINCIPIOS APLICABLES A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 155, Considerando que, en las conclusiones aprobadas por el Consejo de consumidores celebrado el 25 de noviembre de 1996, el Consejo destacó que el deseo de aumentar la confianza de los consumidores en el funcionamiento del mercado interior y su capacidad para beneficiarse de las posibilidades que éste les ofrece incluye la posibilidad de que los consumidores puedan resolver sus litigios de forma eficaz y adecuada por la vía de procedimientos extrajudiciales u otros procedimientos comparables; Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 14 de noviembre de 199612 destacó que es necesario que dichos procedimientos satisfagan unos criterios mínimos que garanticen la imparcialidad del órgano, la eficacia del procedimiento, y la publicidad y la transparencia de la actuación, e invitó a la Comisión a elaborar propuestas en la materia; Considerando que, debido a su naturaleza, la mayoría de los litigios en materia de consumo se caracterizan por una desproporción entre el valor económico del asunto y el coste de su solución judicial; que, en particular en el caso de los conflictos trasfronterizos, las posibles dificultades ligadas a los procedimientos judiciales pueden disuadir al consumidor de hacer valer efectivamente sus derechos; Considerando que "el Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único"13 fue objeto de una consulta muy amplia, cuyos resultados confirmaron la necesidad y la urgencia de una acción comunitaria destinada a mejorar la situación actual; Considerando que la experiencia adquirida por varios Estados miembros demuestra que, a condición de que se garantice el respeto de algunos principios esenciales, los mecanismos alternativos de solución no judicial de los litigios en materia de consumo pueden garantizar buenos resultados, tanto para los consumidores como para las empresas, reduciendo el coste y la duración de la solución de los litigios en materia de consumo; Considerando que el establecimiento de tales principios a nivel europeo facilitaría la aplicación de procedimientos extrajudiciales para la solución de los litigios en materia tic consumo; que, habida cuenta de los conflictos trasfronterizos, ello aumentaría la confianza mutua de los órganos extrajudiciales existentes en los distintos Estados 12 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión "Plan de acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior", de 14. 11. 1996, DO n°C 362 de 02. 12. 1996, p. 275. 13 Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios de consumo en el mercado único, COM (93) 576 final de 16. 11. 1993. miembros, así como la confianza de los consumidores en los diferentes procedimientos nacionales existentes; que estos criterios facilitarán que los prestadores de servicios extrajudiciales establecidos en un Estado miembro puedan ofrecer sus servicios en otro Estado miembro; Considerando que entre las conclusiones del Libro Verde figuraba la adopción de "una Recomendación de la Comisión, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los sistemas de "Ombudsman" (mediador) encargados de la tramitación de los litigios en materia de consumo"; Considerando que durante el proceso de consulta sobre el Libro Verde se destacó la necesidad de tal recomendación, y que durante la consulta acerca de la Comunicación sobre un "Plan de Acción"14 una gran mayoría de las partes interesadas ratificó dicha necesidad; Considerando que la presente Recomendación debe limitarse a los procedimientos que, con independencia de su denominación, conducen a una solución del litigio por intervención activa de una tercera persona que propone o impone una solución; que, por lo tanto, no se refiere a los procedimientos que se limitan a un simple intento de aproximar a las partes para convencerlas de encontrar una solución de común acuerdo; Considerando que las decisiones de los órganos extrajudiciales pueden tener un efecto obligatorio para las partes, limitarse a simples recomendaciones o a propuestas de transacción que deben ser aceptadas por las partes; que a los efectos de la presente Recomendación, el término "decisión" abarca estos diferentes casos; Considerando que la imparcialidad y la objetividad del órgano responsable de la toma de decisiones son calidades necesarias para garantizar la protección de los derechos de los consumidores y aumentar su confianza en los mecanismos alternativos de solución de los litigios en materia de consumo; Considerando que un órgano sólo puede ser imparcial si en el ejercicio de sus funciones no está sometido a presiones que podrían influir sobre su decisión; que, en consecuencia, ha de garantizarse su independencia sin que ello implique el establecimiento de garantías tan estrictas como las destinadas a garantizar la independencia de los jueces en el sistema judicial; Considerando que, cuando la decisión se toma de forma individual, la imparcialidad de la persona responsable sólo puede garantizarse si ésta demuestra independencia y posee las cualificaciones necesarias y actúa en un entorno que le permite decidir de manera autónoma; que ello implica que el mandato de dicha persona sea por un período de duración suficiente, durante el cual no pueda ser destituida sin un motivo justo; Considerando que, cuando la decisión se toma de forma colegial, la participación paritaria de los representantes de los consumidores y de los profesionales es un medio adecuado para garantizar esta independencia; 14 Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior, COM (96) 13 final de 14. 02. 1996. - 18- Considerando que, con el fin de asegurar la información adecuada de las personas interesadas, es necesario garantizar la transparencia del procedimiento y de la actividad de los órganos responsables de la solución de litigios; que la falta de transparencia puede perjudicar los derechos de las partes y suscitar reticencias respecto a los procedimientos extrajudiciales de solución de litigios en materia de consumo; Considerando que los intereses de las partes sólo pueden protegerse si el procedimiento les permite hacer valer su punto de vista ante la institución competente e informarse sobre los hechos expuestos por la otra parte y, en su caso, sobre la declaración de los expertos; que ello no implica necesariamente una audiencia oral de las partes; Considerando que los procedimientos extrajudiciales están destinados a facilitar el acceso de los consumidores a la justicia; que por ello, en aras de la eficacia, deben solucionar algunos problemas que se plantean en el marco judicial, como las elevadas costas, los largos plazos y la utilización de procedimientos muy lentos; Considerando que, con el fin de aumentar la eficacia y la equidad del procedimiento, conviene asignar a la institución competente un papel activo que le permita tener en cuenta todo elemento útil para la solución del litigio; que este papel activo resulta aún más importante en la medida en que, en el marco de los procedimientos extrajudiciales, con frecuencia las partes actúan sin asesoramiento jurídico; Considerando que los órganos extrajudiciales pueden decidir no sólo sobre la base de disposiciones legales, sino también con equidad y basándose en códigos de conducta; que, no obstante, esta flexibilidad respecto al fundamento de sus decisiones no debe tener como resultado que disminuya el nivel de protección de los consumidores en comparación con la protección que, respetando el Derecho comunitario, les garantizaría la aplicación del Derecho por los tribunales; Considerando que las partes tienen derecho a ser informadas de las decisiones adoptadas y de sus motivos; que la motivación de las decisiones es un elemento necesario para garantizar la transparencia y la confianza de las partes en el funcionamiento de los procedimientos extrajudiciales; Considerando que, de acuerdo con el artículo (> del Convenio lùiropeo de Derechos Humanos, el acceso a los tribunales es un derecho fundamental sin excepciones, que cuando el Derecho comunitario garantiza la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior, el corolario de estas libertades es que los agentes económicos, incluidos los consumidores, pueden recurrir a los óiganos jurisdiccionales de un listado miembro para solventar los litigios a los que pueden dar lugar sus actividades económicas, por las mismas razones que los ciudadanos de dicho Estado; que los procedimientos extrajudiciales no pueden tener como objetivo sustituir al sistema judicial; que, por lo tanto, la utilización de la vía extrajudicial sólo puede privar al consumidor de su derecho de acceso a los tribunales si éste lo acepta expresamente, con pleno conocimiento de causa y con posterioridad al surgimiento del litigio; Considerando que algunas veces, e independientemente del objeto y del valor del litigio, las partes, y en particular el consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, -19 pueden necesitar la asistencia y los servicios jurídicos de una tercera persona para defender y proteger mejor sus derechos; Considerando que, con el fin de lograr un nivel de transparencia y de difusión de los procedimientos extrajudiciales que garanticen el respeto de los principios expuestos en la presente Recomendación, así como para facilitar su introducción en red, la Comisión adoptará la iniciativa de crear una base de datos sobre los órganos extrajudiciales de solución de los conflictos en materia de consumo que ofrezcan estas garantías; que el contenido de la base de datos estará constituido por la información que los Estados miembros que quieran participar en esta iniciativa comuniquen a la Comisión; que para que la información sea normalizada y para simplificar la transmisión de los datos se pondrá a disposición de los Estados miembros una ficha de información normalizada; Considerando, por último, que, en estas condiciones, parece necesario establecer a escala comunitaria principios mínimos sobre la creación y el funcionamiento de procedimientos extrajudiciales de solución de litigios en materia de consumo para apoyar y completar, en un ámbito esencial, las iniciativas realizadas por los Estados miembros, con el fin de lograr, con arreglo al artículo 129 A del Tratado, un alto nivel de protección de los consumidores, y que ello no excede lo que es necesario para garantizar el buen funcionamiento de los procedimientos extrajudiciales; que, por lo tanto, se ajusta al principio de subsidiariedad, RECOMIENDA que todo órgano existente o que pueda crearse, que tenga como competencia la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo, respete los siguientes principios: I Principio de independencia La independencia del órgano responsable de la toma de la decisión estará asegurada, de forma que se garantice la imparcialidad de su acción. Cuando la decisión se adopte de forma individual, esta independencia estará garantizada por las siguientes medidas: - la persona designada tendrá la capacidad, la experiencia y la competencia, en paiticulai en materia jurídica, necesarias para la función; - la duración del mandato de la persona designada deberá ser suficiente para garantizar la independencia de su acción, sin que ésta pueda ser destituida sin motivo justificado; - cuando la persona designada sea nombrada o remunerada por tina asociación profesional o por una empresa, no deberá haber trabajado para dicha asociación profesional, ni para uno de sus miembros, ni para la empresa en cuestión, durante los tres años anteriores a su entrada en funciones. 20 Cuando la decisión se adopte de forma colegial, la independencia del órgano responsable de ella puede garantizarse mediante la representación paritaria de los consumidores y de los profesionales o por el respeto de los criterios antes enunciados. II Principio de transparencia Se adoptarán las medidas convenientes para garantizar la transparencia del procedimiento. Entre dichas medidas se incluirán: 1 ) la comunicación por escrito, o en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de la información siguiente: - una descripción precisa de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, así como los límites que puedan existir en relación con la cobertura territorial y el valor del objeto de los litigios; - las normas relativas a la consulta del órgano, incluidas, en su caso, las gestiones previas impuestas al consumidor, así como otras normas de procedimiento, en particular las relativas al carácter escrito u oral del procedimiento, a la comparecencia personal y a las lenguas del procedimiento; - el posible coste del procedimiento para las partes, incluidas las normas relativas al reparto de los costes con posterioridad al procedimiento; - el tipo de normas en las que se basan las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad, códigos de conducta, etc. ); - las modalidades de toma de decisión en el órgano; - el valor jurídico de la decisión, precisando claramente si es o no de carácter obligatorio, para el profesional o para las dos partes. Si la decisión tuviera carácter obligatorio, deberán precisarse las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la decisión. Lo mismo se aplica a las vías de recurso que puedan existir para la parte que no obtenga satisfacción. 2) La publicación, por el órgano competente, de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que permita evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios presentados. Ill Principio de contradicción El procedimiento que habrá de seguirse implicará la posibilidad de que todas las partes interesadas den a conocer su punto de vista a la institución competente y que tengan conocimiento de todas las posturas y de todos los hechos expuestos por la otra parte, así como, en su caso, de las declaraciones de los expertos. 21 - IV Principio de eficacia La eficacia del procedimiento estará asegurada por medidas que garanticen: - el acceso del consumidor al procedimiento, sin estar obligado a utilizar un representante legal; - la gratuidad del procedimiento o la fijación de costes moderados; - la fijación de plazos cortos entre la consulta presentada ante el órgano y la toma de la decisión; - la atribución de un papel activo al órgano competente, que le permita tener en cuenta todo elemento útil para la solución del litigio. V Principio de legalidad La decisión del órgano no podrá tener como resultado privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado en el que esté establecido el órgano. En caso de litigios transfronterizos, la decisión del órgano no podrá tener como resultado privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado miembro en el cual el consumidor tenga su residencia habitual, en los asuntos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 10 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Toda decisión se justificará y comunicará por escrito, o de cualquier otra forma apropiada, a las partes interesadas, en el menor plazo posible VI Principio de libertad La decisión del órgano sólo podrá ser obligatoria para las partes cuando éstas hayan sido previamente informadas y la hayan aceptado expresamente. La adhesión del consumidor al procedimiento extrajudicial no podrá ser resultado de un compromiso anterior al surgimiento de un desacuerdo, cuando dicho compromiso tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los óiganos jurisdiccionales competentes para la solución judicial del litigio Vil Principio de representación El procedimiento no podrá privar a las partes del derecho a hacerse representar o acompañar por un tercero en toda las etapas del procedimiento. - 2 2- LA PRESENTE RECOMENDACIÓN se dirige a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios de consumo, a cualquier persona física o jurídica responsable de la creación o el funcionamiento de tales órganos, y a los Estados miembros cuando participen en ellos. 23 ANEXO Ficha de información sobre los órganos extrajudicial de solución de los litigios en materia de consumo DATOS DEL ÓRGANO: (Indíquese el nombre, la dirección, el número de teléfono y de fax, la dirección de correo electrónico y cualquier otro elemento útil que permita y facilite la localization de las personas interesadas). ESTRUCTURA : (Describa la composición del órgano, su carácter individual o colegial, la duración de su mandato y las normas relativas al nombramiento y la revocación de las personas responsables de la decisión). COMPETENCIA: (describa el tipo de litigios tramitados, la extensión geográfica y los posibles límites existentes en relación al valor del objeto de los litigios) PROCEDIMIENTO: (describa las normas relativas a la presentación del asunto, en particular los trámites previos que el consumidor debe efectuar, los plazos con los que cuenta para actuar, si es necesaria la comparecencia personal, el carácter escrito u oral del procedimiento). COSTES: (indique el posible coste del procedimiento y las normas relativas al reparto de los costes después del procedimiento) NATURALEZA DE LA DECISIÓN: (indique si el procedimiento acaba con una decisión de carácter obligatorio para una o para ambas partes, o con una simple recomendación o una propuesta de transacción) MODALIDADES DE EJECUCIÓN: (cuando el procedimiento acabe con una decisión obligatoria, indique los medios para la ejecución de dicha decisión). 24- ISSN 0257-9545 COM(98) 198 final DOCUMENTOS ES 10 06 01 N° de catálogo : CB-CO-98-307-ES-C ISBN 92-78-36006-6 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo - 2S -


title: 98/262/CE: Decisión del Consejo de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la asociación para la adhesión de la República Eslovaca

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EU programme
Slovakia
accession to the European Union
cooperation policy

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text: L 121/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 4. 98 DECISIÓN DEL CONSEJO de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la asociación para la adhesión de la República Eslovaca (98/262/CE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) no 622/98 del Consejo, de 16 de marzo de 1998, relativo a la asistencia en favor de los Estados candidatos en el marco de una estrategia de preadhesión y, en particular, de la creación de asociacio- nes para la adhesión (1) y, en particular, su artículo 2, Considerando que el dictamen de la Comisión presenta un análisis objetivo sobre la preparación de la República Eslovaca para la adhesión y señala determinados aspectos prioritarios en los que quedan progresos por realizar; Considerando que, para prepararse para la adhesión, la República Eslovaca debe elaborar un programa nacional para la adopción del acervo; que este programa debe establecer un calendario para la ejecución de las priorida- des y los objetivos intermedios establecidos en la asocia- ción para la adhesión, Vista la propuesta de la Comisión, DECIDE: Considerando que el Consejo Europeo de Luxemburgo ha afirmado que la asociación para la adhesión es un nuevo instrumento que constituye un aspecto clave de la estrategia de preadhesión reforzada; Considerando que el Reglamento (CE) no 622/98 esta- blece que el Consejo debe decidir por mayoría cualificada y previa propuesta de la Comisión los principios, priori- dades, objetivos intermedios y condiciones aplicables a cada asociación para la adhesión, dado que se someterán a cada país candidato, así como los ajustes significativos que se les apliquen posteriormente; Considerando que la asistencia comunitaria está supedi- tada al cumplimiento de determinados elementos esencia- les, en particular los compromisos contenidos en el Acuerdo europeo, así como a los progresos en el cumpli- miento de los criterios de Copenhague; que cuando falte un elemento esencial el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada sobre una propuesta de la Comisión, puede tomar las medidas apropiadas en lo relativo a cualquier asistencia previa a la adhesión; Considerando que el Consejo Europeo de Luxemburgo decidió que la aplicación de la asociación para la adhe- sión y los progresos realizados en la adopción del acervo habrán de ser examinados por los órganos del Acuerdo europeo; Artículo 1 De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 622/98, los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones que figuran en la asociación para la adhe- sión de la República Eslovaca se establecen en el anexo, que es parte integrante de la presente Decisión. Artículo 2 La aplicación de la asociación para la adhesión será examinada en el marco del Acuerdo europeo y por las correspondientes instancias del Consejo a los que la Comisión informará regularmente. Artículo 3 La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 1998. Por el Consejo El Presidente M. BECKETT (1) DO L 85 de 20. 3. 1998, p. 1. 23. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 121/17 ANEXO ESLOVAQUIA 1. Objetivos La finalidad de la asociación para la adhesión es integrar en un marco único las áreas prioritarias de la futura labor definidas en el dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Eslovaquia, los recursos financieros disponibles para ayudar a Eslovaquia a realizar estas prioridades y las condiciones que se aplicarán a esta asistencia. La asociación para la adhesión proporcionará el marco para varios instrumentos políticos que servirán para ayudar a los países candidatos en su preparación para la adhesión. Entre estos figura, entre otros, el programa nacional de adopción del acervo, que será adoptado por Eslovaquia, la evaluación conjunta de las prioridades de política económica, el pacto contra la delincuencia organizada y los mapas de carreteras del mercado interior. Cada uno de estos instrumentos será de distinta naturaleza y se elaborará y aplicará con arreglo a procedimientos específicos. No formarán parte de esta asociación, aunque sus prioridades serán compatibles con la misma. 2. Principios Las principales áreas prioritarias definidas para cada candidato corresponden a su capacidad para asumir la obligación de cumplir los criterios de Copenhague, que establecen que la adhesión requiere: — que el país candidato haya alcanzado una estabilidad institucional que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías; — la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión; — la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria. En su reunión de Madrid, el Consejo Europeo hizo hincapie´ en la necesidad de que los países candidatos ajusten sus estructuras administrativas con el fin de asegurar una aplicación armoniosa de las políticas comunitarias despue´s de la adhesión, y en Luxemburgo insistió en que la incorporación del acervo en la legislación es necesaria, aunque no suficiente; es preciso garantizar su aplicación efectiva. 3. Prioridades y objetivos intermedios Los dictámenes de la Comisión y el examen de los mismos realizado por el Consejo, han puesto de relieve la labor que a los países candidatos les queda por realizar en varios ámbitos con objeto de prepararse para la adhesión, y han manifestado la opinión de que ninguno de estos países cumple plenamente los criterios de Copenhague. Esta situación exigirá que se definan fases intermedias en cuanto a las prioridades, cada una de las cuales deberá ir acompañada de objetivos precisos que deberán establecerse en colaboración con los países de que se trate, y cuyo cumplimiento condicionará el grado de asistencia prestada, el avance de las negociaciones en curso con algunos de los países y la apertura de nuevas negociaciones con los demás. Las prioridades y los objetivos intermedios se han dividido en dos grupos: a corto y a medio plazo. Los incluidos en el grupo a corto plazo se han seleccionado según la premisa de que es realista esperar que Eslovaquia los haya cumplido o haya avanzado sustancialmente en su realización a finales de 1998. A la vista de la premura de tiempo y teniendo en cuenta la capacidad administrativa necesaria para su realización, se ha limitado el grupo de prioridades seleccionado a corto plazo. La realización de las prioridades del grupo a medio plazo se preve´ que se prolongue durante más de un año, si bien la tarea puede y debe iniciarse en el transcurso de 1998. Se invitará a Eslovaquia a elaborar, antes de finales de marzo, un programa nacional de adopción del acervo, que incluya un calendario para conseguir estas prioridades y estos objetivos intermedios y, en la medida de lo posible y cuando corresponda, que indique el personal y los recursos financieros necesarios. La asociación para la adhesión indicará que Eslovaquia tendrá que abordar todas las cuestiones señaladas en el dictamen. La incorporación del acervo en la legislación no es en sí suficiente; es preciso garantizar que se aplica efectivamente en la misma medida que en la Unión. En todos los ámbitos citados a continuación se requiere una aplicación y cumplimiento creíble y efectivo del acervo. L 121/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 4. 98 Sobre la base del análisis del dictamen de la Comisión y el examen del mismo realizado por el Consejo, se han definido para Eslovaquia las siguientes prioridades y objetivos intermedios a corto y a medio plazo. 3. 1. A c o r t o p l a z o ( 1 9 9 8 ) Criterios políticos: celebrar en 1998 elecciones presidenciales, nacionales y locales, libres y democráticas; garantizar la aute´ntica participación de la oposición en los comite´s parlamentarios de supervisión y comisiones de control; adoptar disposiciones legislativas sobre la utilización de las lenguas minoritarias, y las correspondientes medidas de aplicación. Reforma económica: establecer prioridades de política económica a medio plazo y evaluación conjunta dentro del marco del Acuerdo europeo, aplicar políticas dirigidas a combatir los desequilibrios interiores y exteriores y mantener la estabilidad macroeconómica; avanzar en las reformas estructurales y en la privatización y reestructuración de las empresas, la banca, las finanzas y las industrias pesadas grandes consumidoras de energía. Fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa: incluyendo la aprobación de una ley de la función pública y de desarrollo de la estrategia de reforma de la administración, en especial la encargada de la adhesión a la Unión; fortalecer las instituciones responsables del medio ambiente, las administraciones fitosanitaria y veterinaria, sobre todo en cuanto a las instalaciones de las fronteras exteriores; emprender la creación de las estructuras necesarias para la política regional y estructural. Mercado interior: continuar la adaptación de cuestiones relativas a las normas y certificación, ayudas de Estado (avanzar hacia la aprobación de una ley), propiedad intelectual (adaptación de la legislación), contratación pública (transparencia), quiebras y agricultura (sectores veterinario y fitosanitario), establecer estructuras de normalización y evaluación de la conformidad. Medio ambiente: continuar con la incorporación de legislación marco, establecer programas específicos de aproximación y estrategias de aplicación de determinados actos legislativos. Planificar e iniciar la aplicación de estos programas y estrategias. 3. 2. A m e d i o p l a z o Criterios políticos: tomar medidas adicionales para garantizar el respeto a la Constitución y de los derechos de la oposición, garantizar la independencia del poder judicial y afianzar y fortalecer el funcionamiento de las instituciones democráticas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), la independencia de los medios de comunicación (sobre todo la radio y la televisión) y las políticas e instituciones que defienden los derechos de las minorías. Política económica: reexaminar periódicamente la evaluación conjunta de las prioridades de política económica y monetaria, en el marco del Acuerdo europeo, centrado en el cumplimiento de los criterios de Copenhague para la adhesión a la Unión y del acervo relativo a la política económica (coordinación de políticas económicas, presentación de programas de convergencia, evitación de de´ficit excesivos); aunque no se espera que Eslovaquia adopte el euro inmediatamente despue´s de la adhesión, se espera que adopte políticas destinadas a alcanzar una verdadera convergencia con los objetivos de la Unión en pro de la cohesión económica y social, y una convergencia nominal compatible con el objetivo último de adopción del euro. Fortalecimiento de la capacidad institucional y adminsitrativa: desarrollar un organismo de auditores del Estado; mecanismos de control financiero y auditoría interna, organismos de supervisión de las aduanas, la banca y los mercados financieros; estructuras institucionales y mecanismos presupuestarios de desarrollo regional; mejorar el funcionamiento del sistema judicial; formar al estamento judicial en el Derecho comunitario y su aplicación; fortalecer las instituciones de justicia e interior (garantizando que cuentan con personal en número suficiente y con una formación adecuada, en particular la policía, la policía de fronteras, los ministerios y los tribunales); fortalecer la autoridad responsable de la seguridad nuclear, reformar las administraciones aduanera y fiscal para garantizar su capacidad para aplicar el acervo; fortalecer la administración de control alimentario. Mercado interior: seguir adaptando la legislación en los sectores de competencia (control y transparencia de cuestiones antimonopolísticas y de ayudas de Estado) fiscalidad indirecta, propiedad intelectual (cumpli- miento), servicios financieros, protección de datos y medios audiovisuales; fortalecer las estructuras de normalización y evaluación de la conformidad; establecer un sistema de vigilancia del mercado y adaptar la legislación te´cnica horizontal sobre los productos industriales; fomentar el desarrollo de la empresa, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME); adoptar el acervo en el sector de telecomunicaciones, protección del consumidor y mercado interior de la energía. 23. 4. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 121/19 Justicia y asuntos de interior: desarrollar y fortalecer aún más las instituciones de justicia e interior (con vistas sobre todo a garantizar la responsabilidad de la policía y la independencia del poder judicial), desarrollar y potenciar la gestión eficaz de fronteras, luchar contra la delincuencia organizada (en particular el blanqueo de dinero, la droga y el tráfico de seres humanos) y la corrupción, alinear la política de visados con la de la Unión y ultimar su adaptación a los convenios internacionales, mejorar la capacidad para tratar cuestiones de asilo e inmigración, sobre todo en relación con el acervo de Schengen. Agricultura: adaptarse al acervo agrícola (incluidas las cuestiones veterinarias y fitosanitarias, en particular en los controles en las fronteras exteriores); prestar atención a los aspectos medioambientales de la agricultura y la biodiversidad; desarrollar la capacidad de aplicar y poner por obra la política agrícola común (PAC), en particular los mecanismos fundamentales y las estructuras administrativas de control de los mercados agrícolas y la aplicación de medidas estructurales y de desarrollo rural, adoptar y aplicar los requisitos veterinarios y fitosanitarios, modernizar algunos establecimientos de la industria agroalimentaria e instalaciones de pruebas y diagnóstico, reestructurar el sector agroalimentario. Energía: aplicar una estrategia energe´tica global a largo plazo basada en la eficacia y la diversificación que prevea la adopción y aplicación de la legislación comunitaria relativa a la energía, la terminación de la central nuclear de Mochovce de acuerdo con los principios de seguridad acordados internacionalmente, y emprender un programa realista sobre el cierre definitivo de la central de Bohunice. Transportes: realizar esfuerzos adicionales en la adopción del acervo, en particular en cuanto al transporte por carretera (acceso a los mercados, normas de seguridad y fiscalidad) y el transporte por ferrocarril, y aportar la inversión necesaria para la infraestructura de transportes, en especial la ampliación de las redes transeuropeas. Empleo y asuntos sociales: desarrollar las adecuadas estructuras laborales y de mercado y evaluar conjuntamente las políticas de empleo como preparación para la participación en la coordinación con la Unión; adaptar la legislación sobre salud y seguridad laboral y profesional, y desarrollar estructuras de ejecución, en particular la adopción de la directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo; cumplir el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; potenciar el diálogo social activo; promover el desarrollo de la protección social; tomar medidas para situar las normas de sanidad pública al mismo nivel que las de la Unión. Medio ambiente: desarrollar las estructuras y la capacidad de control, planificación continua y aplicación de programas de aproximación relativos a determinados actos legislativos. Debe prestarse especial atención al medio atmosfe´rico, acuático y sector de residuos, así como al control integrado de la contaminación industrial y la gestión de riesgos. Los requisitos de protección del medio ambiente y la necesidad de desarrollo sostenible deben integrarse en la definición y aplicación de políticas sectoriales nacionales. Política regional y cohesión: establecer un marco jurídico, administrativo y presupuestario para una política regional integrada, con objeto de participar en los programas estructurales de la Unión despue´s de la adhesión. 4. Programación La dotación PHARE correspondiente al período 1995–1997 ascendió a 95 millones de ecus. Sujeto a la aprobación del presupuesto PHARE para el período restante, la Comisión confirmará las dotaciones para 1998 y 1999. Además, Eslovaquia puede acogerse al apoyo del mecanismo de recuperación previsto para 1998. De acuerdo con el Reglamento (CEE) no 3906/89, se presentarán propuestas de financiación al Comite´ de gestión PHARE. Se requerirá sistemáticamente a los países candidatos una financiación conjunta para todos los proyectos de inversión. A partir del año 2000, la asistencia financiera consistirá en subvenciones a la agricultura y un instrumento estructural que concederá prioridad a medidas similares a los Fondos de cohesión. 5. Condicionalidad La asistencia comunitaria estará supeditada al cumplimiento por parte de Eslovaquia de sus compromisos en virtud del Acuerdo europeo, así como a sus progresos en el cumplimiento de los criterios de Copenhague y en la aplicación de la presente asociación para la adhesión. En caso de que no se observaran estas condiciones generales, el Consejo podría decidir, en virtud del artículo 4 del Reglamento (CE) no 622/98, la suspensión de la asistencia financiera. L 121/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 4. 98 6. Seguimiento La aplicación de la asociación para la adhesión se supervisará en el marco del Acuerdo europeo. Se iniciará en 1998, antes de que la Comisión presente al Consejo su primer informe ordinario sobre los progresos alcanzados por Eslovaquia y sobre la aplicación de la asociación para la adhesión. Los aspectos relevantes de la asociación para la adhesión se debatirán en el seno de los correspondientes subcomite´s. El Comite´ de asociación tratará las líneas generales, los avances y los problemas surgidos para conseguir estas prioridades y estos objetivos intermedios, así como otras cuestiones específicas que le sean comunicadas por los subcomite´s. El Comite´ de asociación informará al Consejo de asociación acerca del desarrollo de la asociación para la adhesión. El Comite´ de gestión PHARE garantizará que las decisiones de financiación se ajusten a las asociaciones para la adhesión. La asociación para la adhesión podrá ser modificada en caso necesario de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 622/98. La Comisión propondrá antes de finalizar 1999, y posteriormente a intervalos regulares, una revisión de dicha asociación sobre la cual el Consejo adoptará una decisión formal. En estas revisiones se estudiará la necesidad de especificar con mayor detalle los objetivos intermedios en función de los avances alcanzados por Eslovaquia en la consecución de los objetivos fijados por la presente asociación