title: Informe explicativo sobre el Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Texto aprobado por el Consejo el 28 de mayo de 1998)

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customs regulations

text: 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/1 (Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea) INFORME EXPLICATIVO SOBRE EL CONVENIO CELEBRADO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K. 3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS (Texto aprobado por el Consejo el 28 de mayo de 1998) (98/C 189/01) I. INTRODUCCIÓN iv) i) ii) iii) El Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (en lo sucesivo denominado «el Convenio») (DO C 24 de 23. 1. 1998, p. 1) tiene la finalidad de mejorar la cooperación de las administraciones aduaneras de los Estados miembros de la Unión en la prevención, investigación y persecución de las infracciones de la legislación aduanera. Fue redactado por el Consejo de la Unión Europea en Bruselas el 18 de diciembre de 1997 y firmado el mismo día. Está basado en un Conve- nio anterior sobre cooperación aduanera (el Convenio de los Estados miembros de la Comu- nidad Económica Europea para la asistencia las respectivas administraciones mutua entre aduaneras), firmado en Roma el 7 de septiembre de 1967 («Convenio de Nápoles de 1967»). Antecedentes históricos La cooperación efectiva entre las administracio- nes aduaneras ha sido siempre una de las princi- pales prioridades de los Estados miembros. El Convenio de Nápoles de 1967 vio la luz como resultado de la convicción de que la cooperación entre las administraciones aduaneras contribuiría a garantizar la precisión en la recaudación de derechos de aduanas y otros gravámenes sobre la importación y la exportación, y a mejorar la eficacia de la prevención, investigación y persecu- ción de las infracciones de las leyes aduaneras. Desde entonces, han ido adhirie´ndose al Conve- nio todos los Estados miembros de la Unión Europea con excepción de Suecia, Finlandia y Austria (1). (1) En Austria está en marcha el proceso de ratificación del Convenio de Nápoles de 1967. Desde la entrada en vigor del Tratado de Maas- tricht, la cooperación aduanera ha sido una de las principales prioridades conforme al título VI del Tratado de la Unión Europea, reconocie´ndo- se que era necesario elaborar un nuevo convenio para actualizar el de Nápoles de 1967 a la luz del mercado único y de la supresión de los controles aduaneros de trámite en las fronteras interiores. Los trabajos sobre el Convenio se contaban entre las actividades prioritarias enu- meradas en la Resolución del Consejo de 14 de octubre de 1996 sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior para el período que va del 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1998 (DO C 319 de 26. 10. 1996, p. 1). v) Los debates sobre el nuevo convenio habían dado comienzo en 1990. Los primeros proyectos de Convenio incorporaban propuestas para un sistema de información aduanero (SIA) que pos- teriormente fueron retiradas para pasar a consti- tuir un Convenio separado, el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros [«Convenio SIA» — (DO C 316 de 27. 11. 1995, p. 33)], que se aprobó en 1995, tras lo cual se reanudaron las negociacio- nes sobre el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administracio- nes aduaneras. Apoyo de alto nivel al Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las admi- nistraciones aduaneras vi) Más recientemente se han producido varias manifestaciones de apoyo de alto nivel a la conclusión del Convenio. Por ejemplo, en reco- nocimiento del importante cometido de las admi- nistraciones aduaneras en la lucha contra la C 189/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 delincuencia organizada, el Consejo recomendó en su Plan de acción contra la delincuencia organizada, que fue suscrito por el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997, que los debates sobre el Convenio concluyesen a finales de 1997 (DO C 251 de 15. 8. 1997, p. 1). Dicho Plan de acción tambie´n incluía como recomendación general que inscribieran cuanto antes en los órdenes del día de los parlamentos nacionales los procedimientos de ratificación pertinentes. se vii) En el mismo sentido, la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Un plan de acción para el tránsito en Europa — Una nueva política aduanera», que se elaboró a raíz de la constitución por el Parlamento Euro- peo de una Comisión temporal de investigación sobre el re´gimen de tránsito comunitario, con- tiene la siguiente recomendación (punto 4. 3. 4): «Es necesario desarrollar, además de la preven- ción del fraude, una política de detección y de represión del mismo, en particular cuando es obra de la gran criminalidad financiera y econó- mica organizada. Ello exige, por una parte, la aplicación efectiva de los instrumentos existentes, algunos de los cuales son nuevos, y, por otra, el desarrollo de los instrumentos y de los mecanis- mos adecuados para la instauración de una polí- tica de penalizaciones más dura. » La celebración del Convenio debe considerarse una contribución significativa a este objetivo. Bases jurídicas existentes para la cooperación aduanera Existe una necesidad de cooperación efectiva entre las administraciones aduaneras de los Esta- dos miembros, tanto respecto del Tratado consti- tutivo de la Comunidad Europea como del título VI del Tratado de la Unión Europea. La coope- ración aduanera en el marco del Tratado consti- tutivo de la Comunidad Europea tiene por objeto la aplicación correcta de la legislación comunitaria en materia de aduanas y cuestiones agrícolas. La cooperación aduanera conforme al título VI del Tratado de la Unión Europea tiene por objeto la represión de las infracciones adua- neras; se trata, pues, de descubrir, investigar y perseguir las infracciones de la normativa adua- nera nacional, y de castigar y perseguir las infracciones de la normativa aduanera comunita- ria. Estos te´rminos se definen en el Convenio y se explican más adelante en el presente informe explicativo. El vigente Convenio de Nápoles de 1967 quedará derogado cuando el presente Con- viii) ix) x) xi) venio haya sido ratificado por todos los Estados miembros y haya entrado en vigor. Dentro del marco de la Comunidad, el Regla- mento (CE) no 515/97 del Consejo (DO L 82 de 22. 3. 1997, p. 1), constituye la base de la asisten- cia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y de la colaboración entre e´stas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria. Las disposiciones del Regla- mento sobre asistencia previa solicitud y sobre asistencia espontánea son semejantes a las dispo- siciones del Convenio en la materia. En el cuadro del anexo A del presente informe se observa el paralelismo de las disposiciones. Mientras que el Reglamento (CE) no 515/97 preve´ la asistencia y la cooperación en la detección e investigación de infracciones de la normativa aduanera comunita- ria, el presente Convenio preve´ las formas nece- sarias de cooperación en la fase de persecución y castigo de dichas infracciones, mediante procedi- mientos penales en particular. Las disposiciones del Reglamento (CE) no 515/ 97, en los casos en que son de aplicación, sustituyen a las disposiciones correspondientes del Convenio de Nápoles de 1967. No obstante, el Convenio de Nápoles de 1967 sigue regulando la cooperación aduanera en lo que se refiere a los procedimientos penales. Hasta que los Esta- dos miembros incorporen el nuevo Convenio, el Convenio de 1967 seguirá siendo la base para la cooperación aduanera conforme al título VI del Tratado de la Unión Europea. El Convenio de Nápoles de 1967 constituye la base jurídica para el intercambio de información entre las adminis- traciones aduaneras. El nuevo Convenio, una vez haya entrado en vigor, reforzará la base jurídica que proporciona, por lo que respecta al inter- cambio de información, el Convenio SIA. Entrada en vigor El Convenio entrará en vigor a los noventa días de la culminación de los procedimientos consti- tucionales correspondientes en el último Estado miembro. Hasta que el Convenio entre en vigor, cualquier Estado miembro puede declarar que lo aplicará en sus relaciones con otros Estados miembros que hayan realizado similar declara- ción. Esto significa que los Estados miembros que no tienen que esperar a que el último de ellos haya finalizado sus procedimientos consti- tucionales para poder aplicar las disposiciones del Convenio. xii) El Convenio de Nápoles de 1967 será de aplica- ción para la cooperación entre los Estados miem- bros signatarios que no hayan finalizado aún los 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/3 xiii) xiv) xv) procedimientos constitucionales pertinentes para la adopción del Convenio, o que los hayan finalizado pero no hayan realizado la declaración mencionada en el párrafo anterior. El Convenio de Nápoles de 1967 quedará sin efecto una vez entre en vigor el Convenio. Se dará cumplimiento a las solicitudes de asisten- cia y cooperación con arreglo a la legislación nacional. Una vez entre en vigor el Convenio, los Estados miembros estarán obligados a aplicar sus disposiciones. Las únicas excepciones previs- tas son las que figuran en los apartados 3 y 4 del artículo 19 y en el artículo 28 del Convenio, que contemplan exenciones a la obligación de prestar asistencia, y en el artículo 30, que preve´ la posibilidad de formular reservas en relación con disposiciones optativas referentes a la persecu- ción con cruce de fronteras, la vigilancia trans- fronteriza y las investigaciones encubiertas. Relación con otras disposiciones sobre coopera- ción en materias penales El artículo 1 del Convenio establece la relación que guarda el Convenio con las disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia penal entre autoridades judiciales, y con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes. En el marco del Convenio ha de hacerse una distinción entre asistencia mutua entre administraciones aduane- ras y asistencia mutua en materia penal, ya que mientras que la primera se refiere a las disposi- ciones aduaneras nacionales y comunitarias que tienen aspectos penales, la segunda se refiere tan sólo a las disposiciones de derecho penal. No se impide a los Estados miembros que se adhieran a regímenes existentes o los apliquen, siempre y cuando sean más favorables que las disposiciones del Convenio. El artículo 3 del Convenio dispone que cuando una autoridad judicial practique o dirija una investigación penal, estará facultada para decidir si debe aplicar las disposiciones del Convenio o disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia penal. La intervención de una autoridad judicial, así como la decisión de e´sta sobre las disposiciones que hayan de aplicarse, dependerá de la legislación nacional y de las circunstancias particulares de cada caso. 1990 («el Convenio de Schengen») que sean más favorables, ni permite a los Estados miembros que sean tambie´n miembros de Schengen sus- traerse a las obligaciones que hayan asumido en virtud del Convenio de Schengen. Más adelante se trata con más detalle de las disposiciones paralelas de ambos convenios. Estas disposicio- nes figuran tambie´n en el cuadro del anexo A. Exposición esquemática de las disposiciones del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduane- ras xvii) El Convenio preve´ la asistencia previa solicitud y la asistencia espontánea entre administraciones aduaneras. Estas disposiciones coinciden en gran medida con las del Convenio de Nápoles de 1967. En el anexo A del presente informe figura un cuadro con las disposiciones equivalentes. xviii) El Convenio va más allá del Convenio de Nápo- les de 1967 en varios aspectos. Contempla «for- mas especiales de cooperación» entre administra- ciones aduaneras, entre las cuales se incluyen la persecución con cruce de fronteras, la vigilancia transfronteriza, las entregas vigiladas, las investi- gaciones encubiertas y los equipos comunes para investigaciones especiales. Con arreglo al apar- tado 8 del artículo 20, al apartado 5 del artículo 21 y al apartado 5 del artículo 23, los Estados miembros podrán declarar desvincularse total o parcialmente de algunas de las disposiciones rela- tivas a estas formas especiales de cooperación. Estas declaraciones pueden ser retiradas en cual- quier momento. En determinadas circunstancias, organismos represivos distintos de los servicios de aduanas pueden hacer uso de las disposicio- nes del Convenio que no figuraban en el Conve- nio de Nápoles de 1967. xix) El Convenio contiene disposiciones sobre protec- ción de datos que se refieren a los datos que se intercambian al margen del SIA. Se trata en gran medida de intercambios de datos no automatiza- dos. El Convenio SIA tiene sus propias medidas de protección de datos. xvi) El artículo 30 del Convenio establece la relación entre el Convenio y el re´gimen de Schengen. El Convenio no afecta a las disposiciones del Con- venio de aplicación del Convenio de Schengen de xx) El Convenio, en su artículo 26, atribuye al Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- peas una función de interpretación del Conve- nio. C 189/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 II. COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS afecta a las competencias nacionales de las admi- nistraciones aduaneras. TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. Este artículo, que define el ámbito de aplicación del Convenio, dispone que los Estados miembros se presten asistencia recíproca con el fin de prevenir e investigar las infracciones de las nor- mativas aduaneras nacionales y de perseguir y reprimir las infracciones de las normativas adua- neras comunitarias y nacionales. En este contexto, cabe señalar que la prevención y la detección de las infracciones de la normativa aduanera comunitaria está contemplada en el Reglamento (CE) no 515/97; sin embargo, la represión (es decir, la persecución y castigo) de dichas infracciones corresponde al título VI del Tratado y es el objeto del presente Convenio. La «normativa aduanera comunitaria» y la «norma- tiva aduanera nacional» se definen en el artículo 4 del Convenio. Este artículo dispone asimismo que el Convenio no afectará a las disposiciones aplicables relati- vas a la asistencia judicial en materia penal ni a las disposiciones más favorables de acuerdos bilaterales o multilaterales ya vigentes. Nada impide que los Estados miembros suscriban o sigan utilizando los acuerdos de asistencia judi- cial o los acuerdos bilaterales o multilaterales de asistencia mutua existentes, siempre que e´stos sean más favorables. Esta disposición es el reflejo de una disposición semejante del artículo 23 del Convenio de Nápoles de 1967. La elección de que´ vía de asistencia mutua utili- zar dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. Dinamarca y Finlandia han hecho declaraciones sobre su interpretación del te´rmino «autoridades judiciales», en el apartado 2 del artículo 1 y en el apartado 2 del artículo 3 del Convenio. Las declaraciones figuran íntegras en el anexo B del presente informe explicativo. Artículo 2 2. 1. En este artículo se especifica que las administra- ciones aduaneras sólo pueden aplicar el Conve- nio dentro de los límites de sus respectivas competencias nacionales y que el Convenio no 2. 2. 2. 3. La definición de administraciones aduaneras a efectos del Convenio figura en el apartado 7 de su artículo 4. Conviene tener en cuenta, en relación con este Convenio, que las competencias de las adminis- traciones aduaneras difieren mucho en los distin- tos Estados miembros. Artículo 3 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. Este artículo señala que el Convenio se aplicará a la asistencia mutua y a la cooperación en investi- gaciones penales relativas a infracciones de las normativas aduaneras nacionales y comunitarias. En e´l se estipula que las autoridades judiciales, al llevar a cabo o dirigir una investigación penal, podrán optar por aplicar las disposiciones del Convenio o las disposiciones relativas a la asis- tencia judicial en materia penal. La decisión dependerá de las circunstancias espe- cíficas del caso concreto y de los principios que informen el procedimiento penal del Estado miembro requirente. Los Estados miembros aplicarán el Convenio dentro del marco de su ordenamiento interno, del cual dependerá el que corresponda a una autoridad judicial la aplicación de las disposicio- nes del Convenio. Dinamarca y Finlandia han hecho declaraciones sobre su interpretación del te´rmino «autoridades judiciales» en el apartado 2 del artículo 1 y en el apartado 2 del artículo 3 del Convenio. Las declaraciones figuran íntegras en el anexo B del presente informe explicativo. Artículo 4 Este artículo contiene una serie de definicio- nes de te´rminos utilizados en el Convenio. 4. 1. Por «normativa aduanera nacional» se entende- rán todas las disposiciones legales, reglamenta- rias y administrativas de un Estado miembro en lo que respecta al tráfico transfronterizo de mer- cancías sujetas a medidas de prohibición o res- tricción y a los impuestos especiales no armoni- zados, cuya aplicación sea competencia total o parcial de la administración aduanera de dicho Estado miembro. La expresión «total o parcial« de esta definición es importante, porque las competencias de las administraciones aduaneras 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/5 4. 2. difieren mucho de un Estado miembro a otro. El apartado 7 del artículo 4 del Convenio define las «administraciones aduaneras» y preve´ la posibili- dad de que sean otros órganos de ejecución de la ley los que apliquen las disposiciones del Conve- nio si tienen jurisdicción en la aplicación de la normativa aduanera nacional. Como ejemplos de normativa aduanera nacional pueden citarse las leyes que prohíben la importa- ción y exportación de estupefacientes y sustan- cias psicotrópicas o de material relacionado con la pederastia, las leyes que fijan condiciones para la importación de determinadas armas de fuego, o las que limitan las importaciones de bebidas alcohólicas y de tabaco a las destinadas exclusi- vamente a uso personal. Esta enumeración es meramente ilustrativa. La normativa aduanera nacional es distinta en cada Estado miembro. Por «normativa aduanera comunitaria» se enten- derán las disposiciones comunitarias y las dispo- siciones de aplicación correspondientes que regu- lan la importación, exportación, tránsito y per- manencia de mercancías que sean objeto de intercambios entre los Estados miembros y terce- ros países y entre Estados miembros en lo que respecta a las mercancías que no tengan estatuto comunitario o que este´n sujetas a controles o investigaciones complementarias para determinar su estatuto comunitario. Se incluyen en esta definición las disposiciones adoptadas a nivel comunitario en el contexto de la política agrícola común y las disposiciones específicas sobre mer- cancías resultantes de la transformación de pro- ductos agrícolas. Se incluyen asimismo las dispo- siciones comunitarias los impuestos especiales armonizados y el impuesto sobre el valor añadido aplicable a las importacio- nes, así como las disposiciones nacionales que las desarrollan. Hay que advertir que la aplicación de la normativa aduanera comunitaria compete en general totalmente a las administraciones aduaneras nacionales. En esto difiere de la nor- mativa aduanera nacional, en cuya aplicación pueden ser parcialmente competentes otros órga- nos de ejecución de la ley. relacionadas con 4. 3. En la definición de «infracciones» se incluyen la participación en la comisión de infracciones de la normativa aduanera nacional o comunitaria o en la tentativa de cometerlas, la participación en una organización delictiva que cometa tales infracciones y el blanqueo de dinero procedente de las infracciones, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 del Convenio. Dinamarca ha efectuado declaraciones en rela- ción con el apartado 3 del artículo 4 en las que expone la interpretación que hace Dinamarca de «participación en una organización delictiva que cometa tales infracciones» y de «blanqueo de dinero procedente de las infracciones». El texto íntegro de las declaraciones figura en el anexo B del presente informe explicativo. 4. 4. La «asistencia mutua» es la asistencia entre administraciones aduaneras. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4. 8. 4. 9. La «autoridad requirente» es la autoridad com- petente del Estado miembro que formula una solicitud de asistencia. La «autoridad requerida» es la autoridad compe- tente del Estado miembro a la que se dirige la solicitud de asistencia. En la definición de «administraciones aduane- ras» se incluyen las autoridades aduaneras de los Estados miembros y otras autoridades responsa- bles de la aplicación de las disposiciones del Convenio. Las competencias de las autoridades los distintos Estados difieren aduaneras de ampliamente, y esta definición permite que otros cuerpos (por ejemplo, la policía) impongan el cumplimiento de las disposiciones del Convenio, siempre que tengan competencias en relación con las infracciones de la normativa aduanera defi- nida en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Convenio. Se entenderá por «datos personales» toda infor- mación relativa a una persona física identificada o identificable. Esta definición atañe a las dispo- siciones sobre protección de datos contempladas en el artículo 25 del Convenio. Se entenderá por «cooperación transfronteriza» la cooperación entre las administraciones adua- neras que trasciende las fronteras de cada Estado miembro. Este tipo de cooperación se rige por el título IV del Convenio. Artículo 5 5. 1. Este artículo estipula que las solicitudes de asis- tencia en virtud del Convenio deben ser coordi- nadas por un servicio central que deberá crearse al tal efecto en cada una de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. Añade, no obstante, que, especialmente en casos urgentes, no se excluye la posibilidad de la cooperación directa entre otros servicios de las administracio- nes aduaneras de los Estados miembros. El obje- tivo de estas disposiciones es velar por el control y la coordinación adecuados de las medidas adoptadas para la asistencia mutua y por que se aprovechen del mejor modo posible los recursos disponibles; tambie´n consiste en velar por que en todos los casos el dispositivo adoptado sea útil y eficaz. C 189/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 5. 2. Cuando una solicitud de asistencia quede fuera de la competencia de una autoridad aduanera, el servicio central de coordinación se encargará de remitir la solicitud a la autoridad competente. Esta disposición reconoce que los organismos y administraciones de cada Estado miembro tienen esferas de responsabilidad y de competencia dife- rentes. Con esta disposición se pretende que la cooperación no se vea menoscabada por el hecho de que el Estado miembro que solicite asistencia desconozca la atribución exacta de competencias en otro Estado miembro. 5. 3. Cuando no pueda darse curso a una solicitud, su denegación irá acompañada de una explicación de los motivos. Artículo 6 6. 1. En este artículo se preve´ el intercambio de fun- cionarios de enlace entre Estados miembros en las condiciones que ellos mismos acuerden. Por ejemplo, los Estados miembros podrían convenir en que los funcionarios de enlace no porten armas. El artículo deja claro que dichos funcio- narios no tendrán poder de intervención, sino que se limitarán a facilitar la cooperación. El cometido de los funcionarios de enlace podría incluir facilitar y agilizar el intercambio de infor- mación entre Estados miembros, prestar asisten- cia en las investigaciones y en la tramitación de las solicitudes de asistencia y asesorar y asistir al país de acogida en la preparación y realización de las investigaciones transfronterizas. 6. 2. El Consejo adoptó el 14 de octubre de 1996 la Acción común 96/602/JAI (DO L 268 de 19. 10. 1996, p. 2), en la que se define un marco de orientación común para las iniciativas de los Estados miembros sobre funcionarios de enlace. Artículo 7 Este artículo estipula que los funcionarios de enlace que se hallen en otro Estado miembro de conformidad con el Convenio deben estar siempre en condiciones de presen- tar una acreditación escrita que indique su identidad y su condición oficial. El motivo de este requisito, que queda condicionado por la cláusula «salvo disposición contraria del presente Convenio», es evitar malentendidos con otros funcionarios o con los ciudadanos. El citado condi- cionamiento se refiere al hecho de que, conforme al artículo 23, relativo a las investigaciones encubiertas, un funcionario puede estar presente en el territorio de otro Estado miembro con una identidad supuesta. TÍTULO II Asistencia previa solicitud TII. 1. Las disposiciones del título II regulan la forma de hacer las solicitudes de asistencia y las medi- das que debe tomar el Estado miembro que recibe una solicitud de asistencia con arreglo a lo dispuesto en el Convenio. En este título se esta- blecen la forma y el contenido de las solicitudes escritas de información; se dispone que los Esta- dos miembros deberán responder cumplidamente a dichas solicitudes; se establece que en caso de solicitárseles, los Estados miembros deben llevar a cabo, en la medida de lo posible, operaciones de vigilancia por cuenta de otro Estado miem- bro; se establece que en caso de solicitárseles, los Estados miembros deben llevar a cabo investiga- ciones por cuenta de otro Estado miembro; tam- bie´n se contempla la utilización como elemento de prueba de la información obtenida de este modo. Sólo podrán denegarse las solicitudes de asistencia por los motivos especificados en el artículo 28 del Convenio (incidencia negativa en el orden público o en otros intereses esenciales del Estado miembro afectado o cuando el alcance de la actuación solicitada sea manifiesta- mente desproporcionado en relación con la gra- vedad de la presunta infracción). TII. 2. El principio en que se basa este título es que los Estados miembros deberían atender las solicitu- des de asistencia que les dirijan otros Estados miembros. Con la firma de las disposiciones del Convenio, los Estados miembros están concer- tando el compromiso de facilitar información y asistencia, previa solicitud, a otros Estados miembros siempre que sea posible y dentro los límites del derecho interno. El artículo 28 esta- blece las excepciones a esta obligación general de proporcionar asistencia. TII. 3. Los te´rminos «autoridad requerida» y «autori- dad requirente», que se utilizan con frecuencia en este título, están definidos en el artículo 4. TII. 4. En este título aparecen disposiciones similares a las del Convenio de Nápoles de 1967. El Regla- mento (CE) no 515/97 tambie´n contiene disposi- ciones semejantes sobre asistencia previa solici- tud en relación con cuestiones aduaneras comu- nitarias, al igual que la mayoría de los acuerdos de asistencia mutua entre la Comunidad y sus Estados miembros y terceros países (como, por ejemplo, los denominados «Acuerdos euro- peos»). Artículo 8 En este artículo se establecen los principios generales que rigen la prestación de la asistencia, a saber, que toda autoridad requerida debe proceder como si actuase por cuenta propia y ejercer todos los poderes legales de que disponga dentro del marco del ordenamiento jurídico 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/7 interno. Asimismo, debe hacer extensiva dicha asistencia a todas las circunstancias de la infracción que parezcan tener relación con la solicitud recibida. 11. 4. Este texto se basa en el artículo 6 del Convenio de Nápoles de 1967. Artículo 9 Artículo 12 9. 1. 9. 2. 9. 3. 9. 4. Este artículo establece la forma y contenido de las solicitudes de asistencia. Las solicitudes deben formularse siempre por escrito en una lengua oficial del Estado miembro de la autoridad requerida o en una lengua que esta última acepte. Si la urgencia de la situación lo requiere, se admitirán las solicitudes verbales, pero deberán confirmarse a continuación por escrito. Las solicitudes de asistencia deberán ir acompa- ñadas de información específica que facilite su ejecución. Artículo 10 10. 1. Este artículo se refiere a las solicitudes de infor- mación. En e´l se dispone que la autoridad reque- rida facilitará toda la información que pueda servir a la autoridad requirente para prevenir, investigar y reprimir infracciones. Está basado en el artículo 4 del Convenio de Nápoles de 1967. las 10. 2. Mediante acuerdo mutuo, los funcionarios de un Estado miembro podrán obtener información procedente de la documentación que se encuen- tre en las dependencias de otro Estado miembro, así como copias de dicha documentación. Esta disposición se basa en el artículo 11 del Conve- nio de Nápoles de 1967. Artículo 11 11. 1. Este artículo regula las solicitudes de vigilancia especial hechas por un Estado miembro a otro. A tenor de dicho artículo, la autoridad requerida ejercerá, en la medida de lo posible, una vigilan- cia especial sobre personas de las que haya motivos fundados para pensar que están implica- das en infracciones. 11. 2. Si así se solicita, el Estado miembro tambie´n vigilará lugares, medios de transporte y mercan- cías. 12. 1. 12. 2. Este artículo se refiere a las solicitudes en que se pide que se hagan investigaciones. La autoridad requerida debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre operaciones que constituyan o que a juicio de la autoridad requirente puedan constituir infracciones. Podrá autorizarse a funcionarios de la autoridad requirente a estar presentes mientras se llevan a cabo dichas investigaciones. El Convenio permite que los funcionarios competentes de la autoridad requerida los autoricen a estar presentes en las operaciones de comprobación e investigación. Su participación será de carácter exclusivamente consultivo: las investigaciones serán efectuadas siempre por funcionarios de la autoridad reque- rida. 12. 3. En los artículos 13 y 14 del Convenio de Nápo- les de 1967 aparecen disposiciones similares. Artículo 13 13. 1. En este artículo se dispone que, si se le solicita, la autoridad requerida notificará al destinatario los actos o resoluciones emanados de las autori- dades competentes del Estado miembro requi- rente que se relacionen con la aplicación del presente Convenio. A las solicitudes de notifica- ción debe adjuntarse una traducción en una de las lenguas oficiales del Estado miembro reque- rido. 13. 2. Este texto está basado en el artículo 17 del Convenio de Nápoles de 1967. Artículo 14 14. 1. Este artículo dispone que las actas, diligencias, comunicaciones, información y documentación obtenida por funcionarios de la autoridad reque- rida conforme a su normativa nacional en los supuestos de asistencia contemplados en los artículos 10 a 12 del Convenio podrá ser utili- zada como prueba, de conformidad con la nor- mativa nacional, por los organismos competentes del Estado miembro en el que tenga su sede la autoridad requirente. 11. 3. La vigilancia especial a que se refiere este artícu- lo la ejercerá la administración aduanera de un Estado miembro en su propio territorio. 14. 2. Este texto se basa en el artículo 15 del Convenio de Nápoles de 1967. C 189/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 TÍTULO III Asistencia espontánea 17. 2. Está basado en los artículos 8 y 9 del Convenio de Nápoles de 1967. TIII. 1. Las disposiciones de este título regulan la forma en que las administraciones aduaneras propor- cionarán asistencia a otros Estados miembros sin que medie solicitud. El principio general en que se basa este artículo es que todos los Estados miembros, sin que se les solicite, deberían llevar a cabo las investigaciones pertinentes y entregar toda prueba o información obtenida que pueda ser de utilidad a otro Estado miembro en la detección, investigación o represión de infraccio- nes aduaneras. TIII. 2. Este título repite disposiciones similares del Con- venio de Nápoles de 1967. El Reglamento (CE) no 515/97 tambie´n contiene disposiciones seme- jantes en relación con cuestiones aduaneras comunitarias al igual que la mayoría de los acuerdos de asistencia mutua celebrados entre la Comunidad y sus Estados miembros y terceros países (como, por ejemplo, los denominados «Acuerdos europeos»). Artículo 15 Este artículo establece el principio general de que, con las limitaciones que imponga el Derecho nacional, los Esta- dos miembros proporcionarán asistencia sin solicitud previa en los casos descritos en los artículos 16 y 17. Artículo 16 16. 1. Aquí se estipula que los Estados miembros man- tendrán bajo vigilancia especial a personas y mercancías y comunicarán al Estado miembro correspondiente toda la información que tengan sobre operaciones que guarden relación con infracciones proyectadas o cometidas cuando sea útil para prevenir, investigar o reprimir infraccio- nes en otro Estado miembro. 16. 2. Este texto está basado en el artículo 6 del Convenio de Nápoles de 1967. Artículo 17 17. 1. En este artículo se establece que las autoridades competentes de cada Estado miembro han de enviar inmediatamente a las autoridades compe- tentes de los demás Estados miembros toda la información pertinente sobre infracciones pro- yectadas o cometidas y, en particular, la infor- mación sobre las mercancías que sean objeto de tales operaciones y sobre nuevos me´todos o medios empleados para cometer las infraccio- nes. Artículo 18 18. 1. En este artículo se indica que la información relativa a la vigilancia y los datos obtenidos con arreglo a este título podrán ser utilizados como prueba, de conformidad con su Derecho nacio- nal, por los órganos competentes del Estado miembro que reciba la información. 18. 2. Esta disposición está relacionada con el artículo 15 del Convenio de Nápoles de 1967. TÍTULO IV Formas especiales de cooperación TIV. 1. Este título establece formas especiales de coope- ración para prevenir, investigar y perseguir infracciones aduaneras. Las formas especiales de cooperación contempladas en este título son la persecución con cruce de fronteras, la vigilancia transfronteriza, las entregas vigiladas, las investi- gaciones encubiertas y el recurso a equipos comunes de investigación especial. TIV. 2. Varias de las formas de cooperación descritas en este título implican la posibilidad de que funcio- narios de un Estado miembro este´n presentes o lleven a cabo actividades en el territorio de otro Estado miembro con el fin de investigar las infracciones aduaneras tranfronterizas contem- pladas en el apartado 2 del artículo 19. TIV. 3. En el Convenio de Nápoles de 1967 no se contemplaban de forma explícita las investigacio- nes transfronterizas, y estas disposiciones repre- sentan uno de los avances más importantes con el nuevo Convenio. TIV. 4. Al depositar sus instrumentos de adopción del Convenio, los Estados miembros pueden declarar que no están vinculados por algunas o ninguna de las disposiciones de determinados artículos de este título, a saber, el artículo 20 relativo a la persecución con cruce de fronteras, el artículo 21 sobre vigilancia transfronteriza y el artículo 23 sobre investigaciones encubiertas. Los Estados miembros podrán retirar sus declaraciones sobre estas disposiciones en cualquier momento. Artículo 19 19. 1. Este artículo establece los principios generales relativos a las formas especiales de cooperación. 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/9 Especifica que las formas especiales de coopera- ción transfronteriza descritas en este título sólo se permitirán en relación con infracciones relati- vas: a) al tráfico ilícito de drogas y otras mercancías determinadas sometidas a prohibición; b) al tráfico de sustancias precursoras (es decir, sustancias destinadas a la fabricación ilegal de drogas); c) al comercio transfronterizo ilegal de mercan- cías sometidas a gravamen para evitar el pago del impuesto u obtener el pago de prestaciones públicas no autorizadas, cuando el coste financiero potencial para el presu- puesto de las Comunidades Europeas o para un Estado miembro sea considerable; d) a cualquier otro comercio de mercancías sometidas a prohibición por las normativas aduaneras nacionales o la comunitaria. 19. 2. Se establece tambie´n que un Estado miembro podrá rehusar una solicitud de otro Estado miembro cuando su propio Derecho nacional no autorice o no contemple la forma de investiga- ción solicitada. 19. 3. Cuando sea necesaria la autorización de las autoridades judiciales, habrá que solicitar y obte- ner dicha autorización y cumplir las condiciones que pudieran imponerse. 19. 4. 19. 5. 19. 6. En caso de que los funcionarios de un Estado miembro causen daños mientras se encuentren en el territorio de otro Estado miembro, este último deberá reparar el perjuicio. Los importes abona- dos a terceros en concepto de daños y perjuicios serán reembolsados por el Estado miembro cuyos funcionarios hayan causado los daños. En este artículo se dispone asimismo que los organismos competentes del Estado miembro que reciba información obtenida como resultado de la cooperación transfronteriza contemplada en el presente título podrán utilizar dicha información como prueba conforme a su Derecho nacional. Las disposiciones de este artículo establecen igualmente que en el desempeño de las operacio- nes transfronterizas contempladas en el título IV, los funcionarios de un Estado miembro que lleven a cabo una misión en otro Estado miem- bro recibirán el mismo trato que los funcionarios de e´ste en lo que respecta a las infracciones que cometan o de que sean víctimas. Artículo 20 20. 1. Este artículo se refiere a la persecución con cruce de fronteras. Dispone que los funcionarios de un Estado miembro podrán penetrar en otro Estado miembro para continuar la persecución de una persona que haya sido sorprendida de forma flagrante cometiendo o participando en la comi- sión o participación en la comisión de una de las infracciones de las mencionadas en el apartado 2 del artículo 19 que puedan dar lugar a extradi- ción. Esta persecución podrá efectuarse sin auto- rización previa cuando la urgencia de la situa- ción imposibilite la notificación previa o cuando las autoridades competentes del otro Estado miembro no hayan podido llegar a tiempo al sitio para continuar la persecución. A más tardar en el momento en que crucen la frontera, los funcionarios que realizan la persecución deberán entablar contacto con las autoridades competen- tes del Estado miembro en cuyo territorio vaya a producirse la persecución. Este último Estado miembro podrá solicitar en todo momento que se ponga fin a la persecución. Los funcionarios que realizan la persecución no tendrán derecho a detener al sospechoso, aunque, en caso de no haberse formulado una solicitud de cese de la persecución, podrán retenerlo para entregarlo a las autoridades competentes del Estado miembro en que haya tenido lugar la persecución. En dichas circunstancias el sospechoso podrá ser sometido a un registro y podrá ser esposado. 20. 2. No obstante, las circunstancias precisas en las que puede llevarse a cabo la persecución con cruce de fronteras figuran en este artículo y en los Estados las declaraciones realizadas por miembros con arreglo al apartado 6 del artículo 20 del Convenio. Cada Estado miembro que haya optado por participar en la persecución con cruce de fronteras deberá haber realizado una declaración al firmar el Convenio, en que se definen los procedimientos para llevar a cabo la persecución en su territorio. Dichas declaraciones incluirán los límites temporales y geográficos en que se permitirá la persecución con cruce de fronteras, y establecerá si se pueden portar armas reglamentarias. Dichas declaraciones podrán ser sustituidas por otras declaraciones siempre que estas últimas no restrinjan el alcance de las primeras. Dinamarca ha hecho una declaración en la que se definen las circunstancias en que podrá permi- tirse la persecución con cruce de fronteras en territorio dane´s. La declaración figura íntegra- mente en el anexo B del presente informe expli- cativo. 20. 3. En este artículo se enumeran los requisitos gene- rales que deberán cumplirse antes, durante y despue´s de la persecución. 20. 4. La persecución podrá efectuarse cruzando fron- teras de todo tipo. Está prohibida la entrada en domicilios y lugares que no sean de acceso público y los funcionarios que realizan la perse- C 189/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 cución deberán ser fácilmente identificables en todo momento. 20. 5. Los funcionarios que realicen la persecución podrán llevar su arma reglamentaria, salvo que el Estado miembro en cuyo territorio deseen entrar haya hecho una declaración prohibie´ndo- lo. 20. 6. Al depositar los instrumentos de adopción del Convenio, los Estados miembros podrán realizar una declaración en la que hagan constar que no están obligados al cumplimiento de este artículo o de parte del mismo. Tales declaraciones podrán ser retiradas en cualquier momento. 21. 2. 20. 7. El artículo 41 del Convenio de aplicación de Schengen contiene una disposición análoga sobre persecución con cruce de fronteras. Las diferen- cias fundamentales son las siguientes: la disposi- ción del Convenio de Schengen es obligatoria, en tanto que los signatarios del Convenio pueden desligarse de una parte o de la totalidad de este artículo siempre que dichas reservas no afecten a sus obligaciones con arreglo al Convenio de Schengen (1); la disposición del Convenio de Schengen permite a cada parte contratante deci- dir si permitirá la persecución con cruce de fronteras dentro de su territorio para todos los delitos por los que puede solicitarse extradición o para una lista de delitos graves, en tanto que la disposición del Convenio se refiere exclusiva- mente a las infracciones aduaneras definidas en el apartado 2 del artículo 19 del Convenio que podrían dar lugar a extradición; la disposición del Convenio de Schengen se refiere únicamente a las fronteras terrestres, en tanto que la del Convenio se refiere a todas las fronteras; la disposición del Convenio de Schengen permite portar las armas reglamentarias sin excepciones, en tanto que la del Convenio permite a cada Estado miembro efectuar una declaración general de que nunca se podrán portar armas en su territorio o bien decidir en cada caso concreto que no podrán llevarse armas. Artículo 21 21. 1. Este artículo se refiere a la vigilancia transfronte- riza. En e´l se determina que se podrá autorizar a los funcionarios de un Estado miembro a conti- nuar en otro Estado miembro la observación de personas respecto de las cuales existan razones fundadas para creer que están implicadas en alguna de las infracciones enumeradas en el apartado 2 del artículo 19, siempre que este (1) Ve´ase tambie´n la descripción en el presente informe explica- tivo del artículo 30 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduane- ras. último Estado miembro lo autorice previamente. La autorización puede estar sujeta a condiciones. Por razones de especial urgencia, podrá cruzarse la frontera sin la autorización previa, siempre las autoridades competentes del Estado que miembro en cuyo territorio haya de proseguirse la observación sean advertidas inmediatamente del cruce de la frontera, durante la observación, y se transmita sin demora una solicitud de auto- rización al respecto. Entre las condiciones a que estará sometida la vigilancia transfronteriza se cuentan las siguien- tes. Los funcionarios que realicen la vigilancia deben cumplir las leyes del Estado miembro en cuyo territorio este´n actuando y obedecer las instrucciones de las autoridades competentes de dicho Estado miembro; deben estar en condicio- nes de justificar su identidad oficial y el carácter oficial de su actuación y no están autorizadas a penetrar en domicilios y lugares donde el público no tenga acceso. Estos funcionarios no tendrán poder de intervención —es decir, no podrán ni interpelar ni detener a la persona vigilada. Los funcionarios podrán llevar su arma reglamenta- ria salvo que el Estado miembro en cuyo territo- rio deseen entrar haya hecho una declaración prohibie´ndolo. 21. 3. Se redactará un informe de todas las operaciones de vigilancia transfronteriza dirigido a las autori- dades del Estado miembro en cuyo territorio se hayan efectuado. Podrá exigirse a los funciona- rios que hayan efectuado la vigilancia que com- parezcan personalmente. 21. 4. Al depositar los instrumentos de adopción del Convenio, los Estados miembros podrán realizar una declaración en la que hagan constar que no se vinculan a este artículo o a parte del mismo. Tales declaraciones podrán ser retiradas en cual- quier momento. 21. 5. Dinamarca ha realizado una declaración en la que se definen las circunstancias en que acepta las disposiciones del artículo 21. Dicha declara- ción figura íntegramente en el anexo B del pre- sente informe explicativo. 21. 6. El artículo 40 de Schengen tambie´n contempla la vigilancia transfronteriza. Las disposiciones de ambos Convenios son semejantes: en ambos casos se contempla la vigilancia transfronteriza previa aprobación o sin aprobación previa en caso de necesidad urgente. Las diferencias funda- mentales son las siguientes: la disposición de Schengen es obligatoria, en tanto que los signata- rios del Convenio pueden optar por no vincu- larse a la totalidad o a una parte de la disposi- ción sobre vigilancia transfronteriza siempre que 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/11 dichas reservas no afecten a sus obligaciones con arreglo al Convenio de Schengen (1); la disposi- ción del Convenio de Schengen se refiere a la vigilancia previa aprobación para todos los deli- tos por los que puede solicitarse extradición, y a la vigilancia sin aprobación previa para una amplia gama de delitos graves, en tanto que la disposición del Convenio se refiere únicamente a las infracciones aduaneras definidas en el apar- tado 3 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 19 del Convenio; la disposición del Convenio de Schengen permite llevar armas reglamentarias, salvo decisión contraria expresa de la parte requerida, en tanto que la disposición del Convenio permite a cada Estado miembro efectuar una declaración general de que nunca se podrán portar armas en su territorio o bien decidir en cada caso concreto que no podrán llevarse armas. Conforme al Convenio se permite que sean vigilados no sólo los autores materiales de una infracción, sino tambie´n los que este´n involucrados en la misma. 22. 3. 22. 4. Este artículo se deriva del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psi- cotrópicas (Convención de Viena) que fomenta el principio de las entregas controladas internacio- nales con relación al tráfico de drogas. El artículo 73 del Convenio de Schengen tambie´n contempla las entregas vigiladas. Ambas disposi- ciones son semejantes. Las diferencias fundamen- tales consisten en que el Convenio contiene la obligación de mantener una vigilancia de la entrega controlada y permite interceptar los car- gamentos y permitir que continúe su transporte, ya sea con su contenido original intacto, retirado o sustituido, en tanto que el Convenio de Schen- gen no menciona estas cuestiones. El Convenio de Schengen preve´ entregas controladas de droga y sustancias psicotrópicas, mientras que el Con- venio establece entregas controladas en relación con «delitos extraditables». Artículo 23 Artículo 22 23. 1. 22. 1. 22. 2. Este artículo regula las entregas vigiladas. La entrega vigilada es una investigación te´cnica en la que los cargamentos ilícitos o sospechosos de mercancías no se confiscan en la frontera sino que se mantienen bajo vigilancia hasta que llegan a su destino. Así, las administraciones aduaneras pueden identificar a las organizaciones responsa- bles del tráfico, y procesar a las principales personas implicadas en dichas organizaciones, en vez de limitarse a la incautación de las mercan- cías en la frontera y/o al procesamiento de los portadores de las mismas. El artículo indica que los Estados miembros se comprometerán a velar por que se permitan en sus territorios las entregas vigiladas en relación con investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a extradición. La decisión de autorizar entregas vigiladas será tomada por las autoridades competentes del Estado miembro requerido, respetando debidamente el Derecho nacional. Las entregas vigiladas deberán estar dirigidas por las autoridades competentes del Estado miembro en que tenga lugar la entrega. Podrán interceptarse los cargamentos y dejar intacto su contenido, retirarlo o sustituirlo total o parcialmente. (1) Ve´ase tambie´n la descripción en el presente informe explica- tivo del artículo 30 del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduane- ras. Este artículo se refiere a las investigaciones encu- biertas. Por e´stas, en el contexto del artículo, debe entenderse aquella situación en que un funcionario de la administración aduanera de un Estado miembro (o un funcionario que opere por cuenta de dicha administración) es autorizado a operar en el territorio de otro Estado miembro con identidad supuesta. La forma en que los Estados miembros apliquen este artículo depen- derá de las disposiciones de su legislación nacio- nal. 23. 2. Sólo podrán hacerse solicitudes de investigación encubierta cuando sea extremadamente difícil aclarar los hechos de otro modo. 23. 3. 23. 4. 23. 5. En el curso de la investigación encubierta, los funcionarios están autorizados únicamente a recoger información y a establecer contactos con sospechosos u otras personas del entorno de los sospechosos. La investigación encubierta deberá realizarse de conformidad con el derecho interno del Estado miembro en que e´sta tenga lugar y tendrá una duración limitada. La autoridad requerida tendrá la obligación de prestar la asistencia necesaria tanto en lo que se refiere a personal, como a medios te´cnicos. En el momento de depositar sus respectivos instrumentos de adopción del Convenio, los Estados miembros podrán formular una declara- ción en el sentido de que no están vinculados por este artículo o parte del mismo. Dichas declara- ciones podrán retirarse en cualquier momento. C 189/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 Artículo 24 24. 1. 24. 2. Este artículo se refiere a los equipos comunes de investigación especial y permite que los Estados miembros creen dichos equipos de mutuo acuerdo. Su finalidad consistirá en llevar a cabo investigaciones difíciles y complicadas que requieran una actuación simultánea y concertada y actividades comunes de coordinación para pre- venir y detectar determinados tipos de infraccio- nes aduaneras. Los equipos sólo podrán crearse con una finali- dad específica y para un período limitado. La dirección del equipo corresponderá a un funcio- nario del Estado miembro en cuyo territorio vaya a intervenir el equipo, Estado que se ocupa- rá de crear las condiciones necesarias para que el equipo pueda operar. El equipo debe operar antenie´ndose al Derecho de dicho Estado miem- bro. 24. 3. La pertenencia al equipo no concederá ningún poder de intervención en el territorio de otro Estado miembro. TÍTULO V Protección de datos Artículo 25 Este artículo regula la protección de los datos personales intercambiados por las administracio- nes aduaneras al amparo de las disposiciones del presente Convenio. En virtud de este artículo, los Estados miembros se comprometen a respetar las disposiciones per- tinentes del Convenio del Consejo de Europa de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 25. 5. 25. 6. 25. 7. 25. 8. contempladas en el apartado 3 del artículo 4. En todos los demás casos, la transmisión de datos estará supeditada al consentimiento del Estado miembro que los haya facilitado. El Estado miembro que comunique los datos deberá asegurarse de que los mismos este´n en todo momento actualizados, se corrijan cuando no sean exactos y se borren si han sido transmi- tidos ilícitamente. Análogamente, el Estado miembro receptor deberá efectuar las correccio- nes necesarias que se le hayan señalado. Si el Estado miembro que recibe los datos tiene moti- vos para suponer que los datos comunicados son inexactos o deben borrarse, informará de ello al Estado miembro que los haya suministrado. La persona afectada tiene derecho a corregir los datos y puede solicitar que se le informe de los datos que han sido comunicados a su respecto y de los fines para los que se hizo (con una excepción ligada al intere´s público). El derecho de la persona a obtener esta información viene determinado por las disposiciones legales y regla- mentarias y los procedimientos nacionales del Estado miembro en cuyo territorio se solicite la información. No obstante, la autoridad que haya comunicado los datos tendrá la oportunidad de manifestar su posición antes de que se tome cualquier decisión de transmitir información. Los datos comunicados sólo se conservarán durante el tiempo necesario para lograr el obje- tivo que con su transmisión se perseguía. Ade- más, deberá darse a los datos el mismo nivel de protección que a los datos similares obtenidos de fuentes nacionales dentro de dicho Estado miem- bro. Los Estados miembros responderán, con arreglo a sus respectivas disposiciones legales y regla- mentarias y a sus propios procedimientos, de los daños causados a terceros por el tratamiento de datos personales comunicados en relación con este Convenio. Permite que los Estados miembros impongan condiciones con relación al tratamiento de datos personales al pasar información a otro Estado miembro. 25. 9. Los Estados miembros podrán atribuir una fun- ción supervisora a las autoridades nacionales de protección de datos que realicen este cometido en relación con el Convenio SIA. Este artículo dispone que los datos personales sólo podrán ser tratados por una autoridad destinataria para los fines que establece el Con- venio en el apartado 1 del artículo 1. La autori- dad que recibe los datos al amparo de este Convenio podrá transmitírselos a sus administra- ciones aduaneras, autoridades de investigación y órganos judiciales sin la autorización del Estado miembro que suministre los datos, con el fin de permitirles perseguir y reprimir las infracciones 25. 10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del Convenio SIA, que contiene sus propias disposi- ciones en materia de protección de datos perso- nales intercambiados mediante el SIA. 25. 11. A efectos del presente Convenio el te´rmino «tra- tamiento de datos personales» se entenderá en el sentido definido en la Directiva 95/46/CE, cuyas letras a) y b) del artículo 2 definen «datos 25. 1. 25. 2. 25. 3. 25. 4. 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/13 personales» y «tratamiento de datos personales» del siguiente modo: b) cualquiera de los órganos jurisdiccionales nacionales. a) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determi- narse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o una o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social; b) «tratamiento de datos personales» («trata- miento»): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante proce- dimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, orga- nización, conservación, elaboración o modifi- cación, extracción, consulta, utilización, co- municación por transmisión, difusión o cual- quier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción; TÍTULO VI Interpretación del Convenio Artículo 26 26. 1. Este artículo regula el cometido del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominado «el Tribunal», en relación con el Convenio. 26. 2. El Tribunal será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre Estados miembros relativo a la interpretación o aplicación del Con- venio, cuando el propio Consejo no sea capaz de hacerlo en el plazo de seis meses. El Tribunal tambie´n será competente en los litigios que se planteen entre los Estados miembros y la Comi- sión en relación con la interpretación o aplica- ción del Convenio. Asimismo será competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación del Convenio, pero únicamente con respecto a aquellos Estados miembros que hayan hecho una declaración al efecto, acep- tando este cometido del Tribunal. Los Estados miembros que hagan dicha declaración podrán especificar que pueden solicitar al Tribunal que se pronuncie con carácter prejudicial bien: a) los órganos jurisdiccionales cuya decisión no admite ulterior recurso; o bien Los Estados miembros que no hayan aceptado esta función del Tribunal podrán de todos modos presentar memorias u observaciones escri- tas sobre los asuntos presentados ante el mismo. 26. 3. El Tribunal no tendrá competencia para compro- bar la validez o porporcionalidad de las opera- ciones llevadas a cabo por los servicios policiales pertinentes ni sobre el ejercicio de las responsabi- lidades de los Estados miembros para mantener la ley y el orden y salvaguardar la seguridad interna. TÍTULO VII Ejecución y disposiciones finales Artículo 27 Este artículo obliga a las administraciones aduaneras a tener en cuenta las exigencias de la confidencialidad de la investigación. A este respecto, los Estados miembros podrán imponer condiciones en relación con la utilización de la información que transmitan a otro Estado miembro cuando así lo requieran las circunstancias para mantener el secreto de la investigación. Artículo 28 Este artículo establece que los Estados miembros no estarán obligados a ofrecer asistencia cuando al hacerlo perjudiquen el orden público u otros intereses esenciales del Estado, especialmente en relación con la protección de datos. Tambie´n podrán denegarse las solicitudes cuando el alcance de la actuación solicitada, especialmente en el marco de las formas especiales de cooperación previstas en el título IV, sea manifiestamente desproporcionada en relación con la gravedad de la presunta infracción. Las denegaciones de asistencia deberán ser motivadas. Artículo 29 En este artículo se establece que los Estados miembros renunciarán en principio a cualquier reclamación de reembolso de los gastos que suponga la aplicación del Convenio, con excepción de los gastos en concepto de pagos a expertos. Si los gastos fueran considerables o extraordinarios, las administraciones aduaneras interesa- das se consultarán para determinar la manera de sufra- garlos. C 189/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 Artículo 30 30. 1. Este artículo se refiere a las reservas al Convenio y determina que las únicas reservas permitidas son las previstas en el apartado 8 del artículo 20, el apartado 5 del artículo 21 y el apartado 5 del artículo 23, que permiten a los Estados miem- bros optar por no vincularse, en parte o en su totalidad, a las disposiciones sobre persecución con cruce de fronteras, vigilancia transfronteriza e investigaciones encubiertas. 30. 2. Tambie´n indica que las obligaciones derivadas de otros acuerdos y, en particular, del Convenio de aplicación de Schengen, que establece una coope- ración más estrecha, no se verán afectadas por este Convenio. Ello significa que los Estados miembros que son Parte en los acuerdos de Schengen no pueden liberarse de obligaciones más vinculantes con arreglo al Convenio de Schengen optando por obligaciones menos vincu- lantes con arreglo al Convenio. 30. 3. Por ejemplo, la disposición del Convenio de Schengen relativa a la persecución con cruce de fronteras terrestres es obligatoria. El Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras establece la persecución con cruce de todo tipo de fronteras, pero esta disposición es facultativa. Sin embargo, los miembros de Schengen no pueden renunciar a la disposición sobre persecución con cruce de fronteras del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administracio- nes aduaneras cuando se trata de fronteras terrestres. 31. 2. El Consejo, por unanimidad con arreglo al pro- cedimiento que establece el título VI del Tratado de la Unión Europea, podrá adaptar el apartado 1 a cualquier modificación de las disposiciones de Derecho comunitario que en e´l se citan. Artículo 32 En este artículo se establece que el Convenio entrará en vigor noventa días despue´s de que se reciba la última notificación de haber completado los procedimientos constitucionales para la adopción del Convenio. Entre tanto, cualquier Estado miembro que haya completado dichos procedimientos podrá declarar que sus relaciones con los demás Estados miembros que hayan efectuado la misma declaración se rigen por el Convenio (con excep- ción del artículo 26). El Convenio de Nápoles de 1967 quedará derogado el día en que entre en vigor este Convenio. Artículo 33 Este artículo establece que el Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado que se adhiera a la Unión Europea en el futuro. Establece asimismo los procedi- mientos que deberán seguir los nuevos Estados miembros que deseen adherirse al Convenio. Artículo 34 Este artículo se refiere a las modificaciones futuras del Convenio y en e´l se manifiesta que cualquier Estado miembro que se haya adherido al Convenio podrá propo- ner modificaciones, sobre las que se pronunciará el Con- sejo. Artículo 31 Artículo 35 31. 1. Este artículo limita la aplicación territorial del Convenio al territorio aduanero comunitario. El territorio aduanero comunitario se define ínte- gramente en el artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo (Código aduanero). En este artículo se indica que el Secretario General del Consejo será el depositario del Convenio; en virtud de ello, dispondrá la publicación en el Diario Oficial de la información sobre el estado de las adopciones y adhesio- nes, la aplicación, las declaraciones y reservas y cuales- quiera otras notificaciones relativas al Convenio. 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/15 ANEXO A Cuadro en el que figuran, si procede, los artículos del Convenio de Nápoles de 1967 y del Reglamento (CE) no 515/97 que abarcan cuestiones similares a las contempladas por el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras («el Convenio») «El Convenio» «El Convenio de Nápoles de 1967» Reglamento (CE) no 515/97 Asunto Apartado 1 del artículo 1 Apartado 2 del artículo 1 y artículo 30 Artículo 2 Artículo 3 Apartado 1 del artículo 1 Artículo 1 Ámbito Artículo 23 Artículo 1 Relación con otros acuerdos de asistencia mutua Competencias Artículo 3 Artículo 51 Relación con asistencia mutua que incluya a autori- dades judiciales Artículo 4 Artículo 2 Artículo 2 Definiciones Apartado 7 del artículo 4 Apartado 2 del artículo 1 Apartado 2 del artículo 2 Otras autoridades incluidas en la definición de admi- nistración aduanera, si procede/autoridades compe- tentes Artículo 5 Artículo 10 y apartado 1 del artículo 22 Letra b) del artículo 46 Servicios directa centrales de coordinación/cooperación Artículo 6 Artículo 14 Artículo 11 Funcionarios de enlace/presencia de funcionarios en otro Estado miembro Artículo 7 Artículo 16 Artículo 11 Acreditación de identidad Artículo 8 Artículo 9 Artículo 10 Artículo 5 Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 Artículo 8 Artículo 11 Artículo 4 Principios de la asistencia previa solicitud Forma y contenido de las solicitudes de asistencia Artículo 5 Artículo 8 Artículo 10 Solicitudes de información Artículo 11 Artículo 6 Artículo 7 Solicitudes de vigilancia Artículo 12 Artículos 13 y 14 Artículo 9 Solicitudes de investigaciones Artículo 13 Artículo 17 Artículo 6 Notificación Artículo 14 Artículo 15 Artículo 12 Utilización como elemento de prueba Artículo 15 Artículo 5 Artículo 6 Artículo 8 Artículo 9 Artículo 13 Principio de asistencia espontánea C 189/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 «El Convenio» «El Convenio de Nápoles de 1967» Reglamento (CE) no 515/97 Asunto Artículo 16 Artículo 6 Artículo 14 Vigilancia Artículo 17 Artículo 8 Artículo 9 Artículo 15 Comunicación espontánea de información pertinente sobre infracciones Artículo 18 Artículo 15 Artículo 16 Utilización como elemento de prueba Artículo 19 Artículo 20 Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 24 Principios de las formas especiales de cooperación Persecución con cruce de fronteras Vigilancia transfronteriza Entregas vigiladas Investigaciones encubiertas Equipos comunes de investigación especial Artículo 25 Artículo 20 Artículos 34 a 41 (en relación con SIA) Artículo 42 Protección de datos Artículo 26 Artículo 27 Artículo 20 Artículo 28 Artículo 19 Protocolo adicional Artículo 45 Artículo 51 Artículo 48 Tribunal de Justicia Confidencialidad Excepción a asistencia la obligatoriedad de prestación de Artículo 29 Artículo 18 Artículo 50 Renuncia a la reclamación de reembolsos Artículo 30 Artículo 31 Apartado 2 del artículo 23 Reservas Aplicación territorial Artículo 32 Apartados 1 y 2 del artículo 24 Artículo 53 Entrada en vigor Artículo 33 Apartado 3 del artículo 24 Artículo 34 Artículo 35 Apartado 1 del artículo 24 y apartado 3 del artículo 25 Adhesión Modificaciones Depositario 17. 6. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 189/17 ANEXO B DECLARACIONES 1 A 8 QUE FIGURARÁN COMO ANEXO AL CONVENIO Y SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO OFICIAL (DO C 24 de 23. 1. 1998, p. 20) 1. Ad apartado 1 del artículo 1 y ad artículo 28 Con referencia a las excepciones a las obligaciones de prestar asistencia con arreglo al artículo 28 del Convenio, Italia declara que la ejecución de solicitudes de asistencia mutua basadas en el Convenio relativas a las infracciones que según la legislación italiana no constituyen infracciones de disposiciones nacionales o comunitarias, puede —por motivos relacionados con la subdivisión de competencias entre autoridades nacionales en materia de prevención y persecución de delitos— perjudicar al orden público o a otros intereses nacionales esenciales. 2. Ad apartado 2 del artículo 1 y ad apartado 2 del artículo 3 Dinamarca y Finlandia declaran que interpretan los te´rminos «autoridades judiciales» o «autoridad judicial» contemplados en el apartado 2 del artículo 1 y en el apartado 2 del artículo 3 del Convenio en el sentido de las declaraciones que formularon conforme al artículo 24 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959. 3. Ad segundo guión del apartado 3 del artículo 4 Dinamarca declara que, en lo que le concierne, el tercer guión del apartado 3 del artículo 4 sólo cubre aquellas acciones mediante las que una persona, asociada a un grupo de personas que obran con un objetivo común, participa en la comisión de una o varias de las infracciones en cuestión, incluidas las situaciones en que dicha persona no tome parte en la comisión efectiva de la infracción o infracciones en cuestión; dicha participación deberá basarse en el conocimiento del objetivo y de las actividades delictivas del grupo, o en el conocimiento de la intención del grupo de perpetrar la infracción o infracciones en cuestión. 4. Ad tercer guión del apartado 3 del artículo 4 Dinamarca declara que, en lo que le concierne, el tercer guión del apartado 3 del artículo 4 se aplica únicamente a las infracciones principales con respecto a las cuales, en cualquier momento, la ocultación de bienes robados es un delito penado con arreglo a la legislación danesa, incluido el artículo 191 A del Código penal dane´s sobre ocultación de drogas robadas y el artículo 284 del Código penal sobre ocultación de bienes en relación con actos de contrabando particularmente graves. 5. Ad apartado 4 del artículo 6 Dinamarca, Finlandia y Suecia declaran que los funcionarios de enlace mencionados en el apartado 4 del artículo 6 tambie´n pueden representar los intereses de Noruega e Islandia o viceversa. Los cinco países nórdicos celebraron en 1982 un acuerdo por el que los funcionarios de enlace de cualquiera de estos países tambie´n representan a los demás países nórdicos. Dicho acuerdo se adoptó a fin de reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y de reducir la carga financiera que suponía para cada país el destinar funcionarios de enlace a otros países. Dinamarca, Finlandia y Suecia otorgan especial importancia al mantenimiento de este acuerdo que funciona de forma satisfactoria. 6. Ad apartado 8 del artículo 20 Dinamarca declara que acepta las disposiciones del artículo 20, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: En caso de que las autoridades aduaneras de otro Estado miembro realicen una persecución con cruce de fronteras por mar o aire, dicha persecución podrá continuar en territorio dane´s, incluidos las aguas territoriales y el espacio ae´reo del territorio y de las aguas territoriales daneses, únicamente si las autoridades competentes danesas reciben previamente notificación al respecto. 7. Ad apartado 5 del artículo 21 Dinamarca declara que acepta las disposiciones del artículo 21, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: La vigilancia transfronteriza sin autorización previa podrá realizarse en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 21 únicamente si se puede pensar fundadamente que la persona vigilada está implicada en una de las infracciones que, estando contempladas en el apartado 2 del artículo 19, puedan dar lugar a extradición. C 189/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 98 8. Ad letra i) del apartado 2 del artículo 25 Los Estados miembros se comprometen a informarse mutuamente en el seno del Consejo sobre las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los compromisos a que se refiere la letra i)


title: Rozhodnutie Rady a Komisie z 28. mája 1998 o uzatvorení Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane

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text: 32 SK Úradný vestník Európskej únie 11/zv. 29 31998D0401 24. 6. 1998 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 181/1 ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE z 28. mája 1998 o uzatvorení Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane (1) (98/401/ES, ESUO, Euratom) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a najmä na jej článok 95, KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54 ods. 2, poslednú vetu článku 57 ods. 2 a články 66, 73c ods. 2, 75, 84 ods. 2, 99, 100, 113 a 235, v súvi- slosti s poslednou vetou jej článku 228 ods. 2 a druhým podod- sekom jej článku 228 ods. 3, (1) Táto dohoda o partnerstve a spolupráci bola podpísaná 28. novem- bra 1994 medzi Moldavskou republikou a Európskym spoločen- stvom a vtedajšími 12 štátmi. Po rozšírení Moldavská republika pod- písala 15. mája 1995 Dodatkový protokol, aby Rakúsko, Fínsko a Švédsko popri ostatných dvanástich štátoch sa stali členmi dohody a fínština a švédština sa stali oficiálnym jazykom dohody. Po uzatvorení potrebných postupov spoločenstvá a ich členské štáty sa rozhodli tiež – pri uzavretí tejto dohody o partnerstve – uplatňo- vať spomínaný dodatkový protokol do nadobudnutia účinnosti dočasne, v súlade s jeho článkom 4. Podľa toho text dohody o part- nerstve obsiahnutý vo fínskom a švédskom vydaní úradného vestníka sa stane úradným dodatkovým protokolom. Dohoda o partnerstve a spolupráci uzatvorená s Moldavskou republikou nadobudne účin- nosť 1. júla 1998 po uskutočnení oznámení strán do 29. mája 1998 o ukončení vnútroštátnych postupov v súlade s článkom 105 ods. 2 tejto dohody. so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101, so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2), po konzultácii s poradným výborom ESUO a so súhlasom Rady, so zreteľom na schválenie Rady v súlade s článkom 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, keďže Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spo- ločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane podpísaná 28. júna 1994 v Bruseli prispeje k uskutočneniu cieľov Európskych spoločenstiev; keďže cieľom tejto dohody je upevnenie vzťahov založených najmä dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločen- stvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (2) Ú. v. ES C 339, 18. 12. 1995, s. 48. 11/zv. 29 SK Úradný vestník Európskej únie 33 a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísanou 18. decem- bra 1989 a schválenou rozhodnutím 90/116/EHS (1); vyhláseniami a výmenou listov sú týmto schválené v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. keďže určité záväzky ustanovené v dohode o partnerstve a spo- lupráci mimo rozsahu platnosti obchodnej politiky spoločenstva ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať opatrenia ustanovené v zákone spoločenstva prijaté v oblastiach práva usadiť sa, dopravy a zaobchádzania s podnikmi; keďže spomínaná dohoda ukladá určité záväzky Európskemu spoločenstvu z hľadiska toku kapitálu a peňazí medzi spoločen- stvom a Moldavskou republikou; keďže k tomu, nakoľko spomínaná dohoda sa týka smernice Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania obchodných spoločností rôznych členských štátov pri zlučovaní, rozdeľovaní a prevode aktív a výmene akcií (2) a smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a pobočiek v rôznych členských štátoch (3) založenej na základe článku 100 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa tento článok aplikuje ako právny základ; keďže určité ustanovenia spomínanej dohody ukladajú spoločen- stvu záväzky v rámci cezhraničných služieb; keďže na určité opatrenia spomínanej dohody, ktoré sa majú vykonávať spoločenstvom, Zmluva o založení Európskeho spo- ločenstva nemá špecifické právomoci; keďže je preto potrebné brať do úvahy článok 235 Zmluvy; Texty sú v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Článok 2 1. Postoj spoločenstva stanovený radou pre spoluprácu a Výbo- rom pre spoluprácu je stanovený Radou, na návrh Komisie, alebo ak je to vhodné, Komisiou, v každom prípade v súlade s prísluš- nými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločen- stva, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spolo- čenstva pre atómovú energiu. 2. V súlade s článkom 83 dohody o partnerstve a spolupráci predseda Rady predsedá rade pre spoluprácu a prezentuje stano- visko spoločenstva. Zástupca Komisie predsedá Výboru pre spo- luprácu v súlade s pravidlami postupu a prezentuje stanovisko spoločenstva. O uverejnení doporučení rady pre spoluprácu a Výboru pre spo- luprácu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev rozhodne z prí- padu na prípad Rada a Komisia. Článok 3 Notifikáciu na základe článku 105 dohody v mene Európskeho spoločenstva oznámi predseda. Notifikáciu v mene Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu oznámi predseda. SA ROZHODLI TAKTO: Článok 1 spolupráci medzi Európskymi Dohoda o partnerstve spoločenstvami a ich členskými strane štátmi na jednej a Moldavskou republikou na druhej strane s protokolom, a Za Komisiu J. SANTER Predseda Za Radu Predseda M. FISHER V Bruseli 28. mája 1998 (1) Ú. v. ES L 68, 15. 3. 1990, s. 1. (2) Ú. v. ES L 225, 20. 8. 1990, s. 1. (3) Ú. v. ES L 225, 20. 8. 1990, s. 6


title: Verordening (EG) nr. 1093/98 van de Commissie van 28 mei 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1773/97

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text: 29. 5. 98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 155/37 VERORDENING (EG) Nr. 1093/98 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1773/97 DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassings- bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2052/97 (4), en met name op artikel 7, Gelet op Verordening (EG) nr. 1773/97 van de Commissie van 12 september 1997 betreffende een bijzondere inter- ventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 837/98 (6), en met name op artikel 8, Overwegende dat een openbare inschrijving voor de vast- stelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die landen geproduceerde haver naar alle derde landen is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 1773/97; Overwegende dat in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1773/97 is bepaald dat de Commissie, op grond van de meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond van de meegedeelde offertes kan besluiten niet tot toewijzing over te gaan; Overwegende dat het, met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumresti- tutie vast te stellen; Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre- gelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comit(cid:130) van beheer voor granen, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die in de periode van 22 tot en met 28 april 1998 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1773/97 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van haver. Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op 29 mei 1998. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepassel¶k in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 28 mei 1998. Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie (1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21. (2) PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37. (3) PB L 147 van 30. 6. 1995, blz. 7. (4) PB L 287 van 21. 10. 1997, blz. 14. (5) PB L 250 van 13. 9. 1997, blz. 1. (6) PB L 119 van 22. 4. 1998, blz. 14


title: Regolamento (CE) n. 1095/98 della Commissione del 28 maggio 1998 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

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text: L 155/40 ‹ IT ‹ Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:133) europee 29. 5. 98 REGOLAMENTO (CE) N. 1095/98 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1998 che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT(cid:211) EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunit(cid:133) europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, considerando che, ai sensi dell’articolo 13 del regola- mento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunit(cid:133) pu(cid:149) essere compensata mediante una restitu- zione all’esportazione; (CEE) considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della recante modalit(cid:133) Commissione, del 29 giugno 1995, n. 1766/92 regolamento del d’applicazione riguardo al regime d’importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalit(cid:133) particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), ha definito, all’articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della resti- tuzione per tali prodotti; considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, (cid:138) opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal gran- turco, che costituisce il cereale pi(cid:151) comunemente utiliz- zato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d’altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantit(cid:133) di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali; considerando che restituzione deve l’importo della d’altronde tener conto delle possibilit(cid:133) e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessit(cid:133) di evitare perturbazioni sul mercato della Comunit(cid:133) e degli aspetti economici delle esportazioni; considerando tuttavia che per la fissazione della restitu- zione (cid:138) opportuno basarsi, per il momento, sulla diffe- renza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si pu(cid:149) tener conto con maggior precisione della realt(cid:133) economica delle esportazioni dei suddetti prodotti; considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che pu(cid:149) essere modificata nel periodo intermedio; considerando che le misure previste dal presente regola- mento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all’esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all’allegato del presente rego- lamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1998. Il presente regolamento (cid:138) obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell’1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51. 29. 5. 98 ‹ IT ‹ Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:133) europee L 155/41 ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 28 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all’esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all’esportazione (1): 2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000, 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000, 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000, 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000. Prodotti cerealicoli (2) Ammontare delle restituzioni (2) (ECU/t) Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1104 23, 1904 10 10 1104 19 50, 1103 29 40, Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati 35,92 33,81 (1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato. (2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l’espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non (cid:138) pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non (cid:138) possibile individuare, mediante analisi, l’origine degli amidi o delle fecole


title: Règlement (CE) n° 1088/98 de la Commission du 28 mai 1998 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

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meal
rice

text: L 155/22 FR Journal officiel des Communaut(cid:130)s europ(cid:130)ennes 29. 5. 98 R(cid:221)GLEMENT (CE) No 1088/98 DE LA COMMISSION du 28 mai 1998 fixant les taux des restitutions applicables (cid:133) certains produits des secteurs des c(cid:130)r(cid:130)ales et du riz export(cid:130)s sous forme de marchandises ne relevant pas de l’an- nexe II du trait(cid:130) LA COMMISSION DES COMMUNAUT(cid:144)S EUROP(cid:144)ENNES, vu le trait(cid:130) instituant la Communaut(cid:130) europ(cid:130)enne, vu le r(cid:138)glement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des march(cid:130)s dans le secteur des c(cid:130)r(cid:130)ales (1), modifi(cid:130) en dernier lieu par le r(cid:138)glement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notam- ment son article 13 paragraphe 3, (CE) no 3072/95 du Conseil, du 22 vu le r(cid:138)glement d(cid:130)cembre 1995 portant organisation commune du march(cid:130) du riz (3), modifi(cid:130) par le r(cid:138)glement (CE) no 192/ 98 (4), et notamment son article 13 paragraphe 3, consid(cid:130)rant que, conform(cid:130)ment (cid:133) l’article 13 paragraphe 1 du r(cid:138)glement (CEE) no 1766/92 et (cid:133) l’article 13 para- graphe 1 du r(cid:138)glement (CE) no 3072/95, la diff(cid:130)rence entre les cours ou les prix sur le march(cid:130) mondial des produits vis(cid:130)s (cid:133) l’article 1er de chacun de ces deux r(cid:138)gle- ments et les prix dans la Communaut(cid:130) peut (cid:136)tre couverte par une restitution (cid:133) l’exportation; (CE) no 1222/94 de la consid(cid:130)rant que le r(cid:138)glement Commission, du 30 mai 1994, (cid:130)tablissant, pour certains produits agricoles export(cid:130)s sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du trait(cid:130), les modalit(cid:130)s communes d’application relatives (cid:133) l’octroi des restitu- tions (cid:133) l’exportation et les crit(cid:138)res de fixation de leur montant (5), modifi(cid:130) en dernier lieu par le r(cid:138)glement (CE) no 1909/97 (6), a sp(cid:130)cifi(cid:130) ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution appli- cable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, (cid:133) l’annexe B du r(cid:138)glement (CEE) no 1766/92 ou (cid:133) l’annexe B du r(cid:138)glement (CE) no 3072/95; consid(cid:130)rant que, suite (cid:133) l’arrangement entre la Commu- naut(cid:130) europ(cid:130)enne et les (cid:144)tats-Unis d’Am(cid:130)rique concer- nant les exportations de p(cid:131)tes alimentaires de la Commu- naut(cid:130) aux (cid:144)tats-Unis et approuv(cid:130) par la d(cid:130)cision 87/ 482/CEE du Conseil (7), il est n(cid:130)cessaire de diff(cid:130)rencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination; consid(cid:130)rant que, conform(cid:130)ment (cid:133) l’article 4 paragraphe 5 point b) du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94, lorsque la preuve vis(cid:130)e (cid:133) l’article 4 paragraphe 5 point a) dudit r(cid:138)glement n’est pas apport(cid:130)e, il y a lieu de fixer un taux de restitu- tion (cid:133) l’exportation r(cid:130)duit, compte tenu du montant de la restitution (cid:133) la production applicable, en vertu du r(cid:138)gle- ment (CEE) no 1722/93 de la Commission (8), modifi(cid:130) en dernier lieu par le r(cid:138)glement (CE) no 1516/95 (9), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la p(cid:130)riode pr(cid:130)sum(cid:130)e de fabrication des marchandises; consid(cid:130)rant que les mesures pr(cid:130)vues au pr(cid:130)sent r(cid:138)glement sont conformes (cid:133) l’avis du comit(cid:130) de gestion des c(cid:130)r(cid:130)ales, A ARR(cid:219)T(cid:144) LE PR(cid:144)SENT R(cid:221)GLEMENT: Article premier Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant (cid:133) l’annexe A du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94 et vis(cid:130)s (cid:133) l’article 1er du r(cid:138)glement (CEE) no 1766/92 ou (cid:133) l’article 1er paragraphe 1 du r(cid:138)glement (CE) no 3072/95 modifi(cid:130), export(cid:130)s sous forme de marchandises reprises respectivement (cid:133) l’annexe B du r(cid:138)glement (CEE) no 1766/ 92 ou (cid:133) l’annexe B du r(cid:138)glement (CE) no 3072/95, sont fix(cid:130)s comme indiqu(cid:130) en annexe. consid(cid:130)rant que, conform(cid:130)ment (cid:133) l’article 4 paragraphe 1 premier alin(cid:130)a du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base consid(cid:130)r(cid:130)s doit (cid:136)tre fix(cid:130) pour chaque mois; Article 2 (1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (3) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. (4) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16. (5) JO L 136 du 31. 5. 1994, p. 5. (6) JO L 268 du 1. 10. 1997, p. 20. Le pr(cid:130)sent r(cid:138)glement entre en vigueur le 29 mai 1998. (7) JO L 275 du 29. 9. 1987, p. 36. (8) JO L 159 du 1. 7. 1993, p. 112. (9) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 49. 29. 5. 98 FR Journal officiel des Communaut(cid:130)s europ(cid:130)ennes L 155/23 Le pr(cid:130)sent r(cid:138)glement est obligatoire dans tous ses (cid:130)l(cid:130)ments et directement applicable dans tout (cid:144)tat membre. Fait (cid:133) Bruxelles, le 28 mai 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission L 155/24 FR Journal officiel des Communaut(cid:130)s europ(cid:130)ennes 29. 5. 98 ANNEXE du r(cid:138)glement de la Commission, du 28 mai 1998, fixant les taux des restitutions applicables (cid:133) certains produits des secteurs des c(cid:130)r(cid:130)ales et du riz export(cid:130)s sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du trait(cid:130) Code NC D(cid:130)signation des marchandises (1) Taux de la restitution par 100 kg du produit de base 1001 10 00 Froment (bl(cid:130)) dur: – en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les (cid:144)tats-Unis d’Am(cid:130)rique – dans les autres cas 1001 90 99 Froment (bl(cid:130)) tendre et m(cid:130)teil: – en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les (cid:144)tats-Unis d’Am(cid:130)rique – dans les autres cas: – – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94 (2) – – dans les autres cas 1002 00 00 Seigle 1003 00 90 Orge 1004 00 00 Avoine 1005 90 00 Ma(cid:139)s, mis en œuvre sous forme de: – amidon: – – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94 (2) – – dans les autres cas – glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): – – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94 (2) – – dans les autres cas – autres (y compris en l’(cid:130)tat) F(cid:130)cule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimil(cid:130)e (cid:133) un produit issu de la transformation du ma(cid:139)s: – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du r(cid:138)glement 1006 20 ex 1006 30 (CE) no 1222/94 (2) – dans les autres cas Riz d(cid:130)cortiqu(cid:130): – (cid:133) grains ronds – (cid:133) grains moyens – (cid:133) grains longs Riz blanchi: – (cid:133) grains ronds – (cid:133) grains moyens – (cid:133) grains longs 1006 40 00 Riz en brisures, mis en œuvre sous forme de: – amidon du code NC 1108 19 10: – – en cas d’application de l’article 4 paragraphe 5 b) du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94 (2) – – dans les autres cas – autres (y compris en l’(cid:130)tat) (cid:190) (cid:190) 1,286 0,798 1,978 4,610 4,783 1,790 2,117 3,592 1,714 3,189 3,592 2,117 3,592 3,178 2,829 2,829 4,100 4,100 4,100 1,148 2,700 2,700 29. 5. 98 FR Journal officiel des Communaut(cid:130)s europ(cid:130)ennes L 155/25 Code NC D(cid:130)signation des marchandises (1) Taux de la restitution par 100 kg du produit de base 1007 00 90 Sorgho 1101 00 Farine de froment (bl(cid:130)) et de m(cid:130)teil: – en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les (cid:144)tats-Unis d’Am(cid:130)rique – dans les autres cas 1102 10 00 Farine de seigle 1103 11 10 Gruaux et semoules de froment (bl(cid:130)) dur: – en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les (cid:144)tats-Unis d’Am(cid:130)rique – dans les autres cas 1103 11 90 Gruaux et semoules de froment (bl(cid:130)) tendre: – en cas d’exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les (cid:144)tats-Unis d’Am(cid:130)rique – dans les autres cas 4,783 1,581 2,300 4,750 (cid:190) (cid:190) 1,581 2,433 (1) En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimil(cid:130)s, il y a lieu d’appliquer les coefficients figurant (cid:133) l’annexe E du r(cid:138)glement (CE) no 1222/94 de la Commission (JO L 136 du 31. 5. 1994, p. 5), modifi(cid:130). (2) Les marchandises concern(cid:130)es sont vis(cid:130)es (cid:133) l’annexe I du r(cid:138)glement (CE) no 1722/93 de la Commission (JO L 159 du 1. 7. 1993, p. 112), modifi(cid:130). (3) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par m(cid:130)lange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit (cid:133) la restitution (cid:133) l’exportation


title: Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial - Declaración, aneja al acta del Consejo, adoptada durante el Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior de los días 28 y 29 de mayo, en el momento del establecimiento del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial

eurovoc_concepts:
EU law - national law
application of the law
divorce
family law
marriage
simplification of formalities

text: C 221/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 7. 98 Declaración, aneja al acta del Consejo, adoptada durante el Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior de los días 28 y 29 de mayo, en el momento del establecimiento del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial (98/C 221/02) El Consejo, consciente de las adversas repercusiones que la larga duración de los procedimientos relativos a los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueda tener en el ámbito del Derecho de familia, subraya la necesidad de realizar un estudio, tan pronto como sea posible, de las posibles maneras de reducir la duración de dichos procedimientos; el Consejo propone que dicho estudio sea llevado a cabo por el organismo competente del Consejo, así como por el Tribunal de Justicia


title: Resolução sobre a África do Sul

eurovoc_concepts:
South Africa
negotiation of an agreement (EU)

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