title: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados

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freedom to provide services
investment company
securities

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS *r Tir Bruselas, 17. 07. 1998 COM(1998)451 final 98/ 0242 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 85/611/CEE, POR LA QUE SE COORDINAN LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS SOBRE DETERMINADOS ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA EN VALORES MOBILIARIOS (OICVM), CON VISTAS A LA REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN Y LOS FOLLETOS SIMPLIFICADOS (presentada por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. INTRODUCCIÓN Con la adopción de la Directiva sobre los OICVM1 en 1985 se dio un primer paso importante hacia la coordinación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a determinados organismos de inversión colectiva. La Directiva regulaba la autorización, la supervisión y la política de inversiones de los OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) e imponía a los mismos una serie de requisitos de transparencia. El propósito fundamental de la coordinación era aproximar las condiciones de competencia de los OICVM a escala comunitaria y garantizar una protección efectiva y uniforme a los inversores. La Directiva establecía también -lo cual era una novedad en el sector financiero- el principio de reconocimiento mutuo, con arreglo al cual un OICVM autorizado en su Estado miembro de origen puede comercializar sus participaciones en otros Estados miembros, sin tener que solicitar en ellos una nueva autorización. Los organismos de inversión colectiva contemplados, por ahora, en la Directiva son los organismos de capital variable que promueven la venta de sus participaciones al público y cuya única finalidad consiste en invertir en valores mobiliarios (esencialmente, acciones admitidas a cotización oficial e instrumentos de renta fija). No obstante, cuando se adoptó la Directiva, se acordó que convendría armonizar con posterioridad otros tipos de organismos de inversión colectiva2. En 1993, la Comisión presentó una propuesta de modificación de la Directiva OICVM, cuyo principal objetivo era hacer extensivo a otros tipos de organismos de inversión colectiva su ámbito de aplicación. No obstante, los Estados miembros no lograron acordar un planteamiento común, por lo que era necesario que la Comisión estudiase nuevas soluciones. 1 Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), DO L 375 de 31. 12. 1985, p. 3. 2 Sexto considerando de la Directiva 85/611/CEE. Tal como se ponía de relieve en el Plan de Acción para el Mercado Único de la Comisión, que fue refrendado por el Consejo Europeo en junio de 1997, los organismos de inversión colectiva constituyen aún un sector de los servicios financieros en el que el mercado único está inconcluso. Por ello, es necesario eliminar sin demora los obstáculos que dificultan todavía la libre comercialización transfronteriza de las participaciones emitidas por tales organismos, mediante nuevas medidas legislativas que hagan extensivas las ventajas del mercado único a otros tipos de organismos de inversión colectiva, ofreciendo al mismo tiempo un grado mínimo y uniforme de protección a los inversores. De cara a la plena realización del mercado único en este ámbito, el Plan de Acción consideraba también indispensable que se establecieran normas armonizadas sobre el acceso al mercado y las condiciones de ejercicio de la actividad de las sociedades de gestión -de las que hasta ahora se carece por completo-, a fin de crear condiciones equitativas para los operadores del sector de servicios financieros. Por consiguiente, la Comisión ha elaborado un conjunto de medidas que se distribuyen en dos propuestas independientes: la propuesta n° 1 se centra básicamente en el "producto" (los diversos tipos de fondos de inversión), en tanto que la n° 2 se ocupa esencialmente del "proveedor de servicios" (la sociedad de gestión) y de los folletos de los OICVM. La separación de aspectos que presentan una problemática diferente podría facilitar el proceso negociador en el Consejo. El hecho de que una directiva se adopte antes que la otra carece de importancia. Resumen El objetivo de la propuesta n° 2 es consolidar el mercado único para los OICVM, a través de las siguientes medidas: Q Actualizando la reglamentación de las sociedades de gestión y aproximándola a la que existe ya para otros operadores del sector de servicios financieros (bancos, empresas de inversión, entidades de seguros), lo cual resulta de vital importancia si se considera el constante crecimiento de este sector. En concreto, las mencionadas sociedades obtendrán un pasaporte europeo, que, de acuerdo con los principios enunciados en el Tratado, les permitirá abrir sucursales en otros Estados miembros y desarrollar actividades en toda la UE en régimen de libre prestación de servicios. • Revisando las restricciones existentes, que impiden a las sociedades de gestión dedicarse a cualquier actividad que no sea la gestión de los activos de fondos comunes de inversión y sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas). En el futuro, dichas sociedades podrán prestar, además del servicio de gestión de carteras colectivas, servicios de gestión de carteras individuales (a inversores individuales, ya sean particulares o instituciones, tales como fondos de pensiones), así como una serie de servicios accesorios concretos vinculados a su actividad principal. a Determinando las funciones que engloba la gestión de carteras colectivas y definiendo las condiciones en las que tales funciones podrán delegarse en terceros. a Modernizando los documentos informativos que deben facilitarse a los inversores. La propuesta introduce folletos simplificados. 2. CONSIDERACIONES GENERALES 2. 1. El enfoque de la Directiva OICVM es bastante diferente del adoptado con posterioridad en las directivas de segunda generación en materia de servicios financieros (es decir, la Segunda Directiva de coordinación bancaria, la Tercera Directiva sobre seguros de vida y la Directiva sobre servicios de inversión). Mientras que estas últimas se centran más bien en el "proveedor del servicio", la Directiva OICVM establece normas referidas ante todo al "producto" que disfruta del pasaporte europeo, siendo la regulación de las sociedades de gestión, por su parte, muy escasa3. En realidad, la Directiva OICVM no contiene normas armonizadas en relación con el acceso al mercado de las sociedades de gestión (entre las que se incluirían los requisitos mínimos de capital), ni tampoco normas cautelares o disposiciones que garanticen la supervisión de los principales accionistas de tales sociedades. 2. 2. Por otra parte, la actividad transfronteriza se contempla exclusivamente desde la óptica de la distribución del "producto" (las participaciones de los organismos de inversión colectiva), sin que se mencione quién puede distribuir las participaciones (por ejemplo, no se especifica si la propia sociedad de gestión puede comercializarlas) ni se hayan previsto disposiciones que regulen, de acuerdo con los principios del Tratado, el establecimiento de sucursales y la libre prestación de servicios por parte de las sociedades de gestión. 2. 3. Además, la Directiva OICVM restringe el ámbito de actividad de las sociedades de gestión exclusivamente a la gestión de carteras colectivas (esto es, la gestión de los activos de los fondos comunes y las sociedades de inversión). Esta restricción ha sido, en reiteradas ocasiones, objeto de críticas por los Estados miembros y los operadores, ya que impide realizar importantes economías de escala y da lugar a una fragmentación irracional del mercado entre la gestión de carteras colectivas e individuales. 2. 4. En lo que respecta a la regulación de la gestión de carteras colectivas, la Directiva OICVM plantea una serie de problemas adicionales que conviene destacar: (1) Dado que no define en absoluto la "gestión de carteras colectivas", no queda claro qué tipo de funciones puede desempeñar una sociedad de gestión. Concretamente, es difícil determinar si la actividad se limita a la gestión de inversiones (es decir, la inversión de los fondos recibidos del público en valores y otros instrumentos financieros) o si incluye otras funciones (tales como las tareas administrativas y de comercialización). Las soluciones adoptadas difieren entre unos Estados miembros y otros. 3 Esto es: la forma en que deben invertirse los activos de los OICVM; la información que ha de facilitarse a las autoridades supervisoras y los inversores; las normas aplicables a la comercialización transfronteriza de las participaciones, etc. (2) Suponiendo que la actividad de una sociedad de gestión comprenda diversas funciones, algunas de las cuales pueden referirse a diferentes mercados, no queda claro si dicha sociedad debe realizar por sí misma toda la actividad o si, con vistas a una organización más eficiente, puede delegar en terceros sus tareas. En realidad, la estructura del sector de los fondos de inversión en los Estados miembros es dispar: mientras que, en algunos Estados miembros, se permite en general a las sociedades de gestión delegar sus funciones, en otros está prohibido en principio o se admite sólo en casos limitados. Habida cuenta de la creciente importancia del sector de los fondos de inversión en Europa, estas lagunas de la actual Directiva OICVM no pueden ya justificarse y deben colmarse sin demora, ya que propician la incertidumbre jurídica, impiden crear condiciones realmente equitativas entre los operadores del mercado de servicios financieros, hacen imposible una supervisión efectiva y una protección eficaz de los inversores y, de forma general, socavan la estabilidad y la fiabilidad del sistema financiero europeo. Por otra parte, la introducción de una moneda única y de una política monetaria única intensifican la necesidad de prevenir las crisis e irregularidades en el sector de los servicios financieros, las cuales podrían incidir también negativamente en otros sistemas económicos. La Comisión debe hacer frente al reto que supone el adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las zonas oscuras existentes en la legislación comunitaria sobre servicios financieros y fomentar la solidez del sistema financiero. 3. PRINCIPALES OBJETIVOS El principal objetivo de esta propuesta es modificar la Directiva OICVM para actualizar las normas relativas a las sociedades de gestión, mediante: 3. 1. La introducción de un pasaporte europeo para las sociedades de gestión A tal fin, la propuesta establece un procedimiento de autorización similar al existente para las entidades competidoras del sector de servicios financieros (bancos, empresas de inversión, entidades de seguros). En consecuencia, muchos de los artículos de la propuesta reflejan mutatis mutandis lo dispuesto en la Segunda Directiva bancaria, la Directiva sobre servicios de inversión y la Directiva sobre seguros de vida. Una vez que dispongan de tal autorización, las sociedades de gestión podrán establecer en la UE sus propias redes (sucursales, canales de distribución electrónica, etc. ) para la distribución de las participaciones de los organismos de inversión colectiva que gestionan. Atendiendo a los debates mantenidos con los Estados miembros, la propuesta puntualiza también en su preámbulo que: a a fin de impedir el recurso a sociedades ficticias y de limitar la posibilidad de elegir el Estado miembro más favorable, el pasaporte europeo sólo podrá concederlo el Estado miembro en el que la sociedad de gestión desempeñe de manera efectiva la parte fundamental de su actividad; • el principio de supervisión por el país de origen se aplicará también plenamente en lo que respecta a la gestión de fondos comunes de inversión: la aprobación de los reglamentos de los fondos seguirá siendo competencia de las autoridades de supervisión del país de origen de la sociedad de gestión. 3. 2. La revisión de la actual limitación del ámbito de actividad de las sociedades de gestión El objeto del principio de exclusividad vigente es proteger al inversor, estableciendo un nivel óptimo de especialización de la sociedad de gestión. Además, al impedirse que una sociedad de gestión realice operaciones de inversión por cuenta propia se evitan los conflictos de intereses y los problemas de estabilidad de tales intermediarios. Este objetivo debe preservarse. Ahora bien, habida cuenta de la evolución de las normativas nacionales, que tienden a soslayar la actual fragmentación entre la gestión de carteras colectivas (gestión de organismos de inversión colectiva) y de carteras individuales (gestión de carteras de clientes individuales, incluidas las de los fondos de pensiones), la propuesta permite a los Estados miembros autorizar a las sociedades de gestión para llevar a cabo ambos tipos de actividad, así como dos funciones accesorias (asesoramiento en materia de inversiones y custodia de participaciones de organismos de inversión colectiva). En aras de la protección de los inversores, no debe permitirse a las sociedades de gestión desarrollar otras actividades. Dado que la Directiva sobre servicios de inversión (DSI)4 regula ya la gestión de carteras individuales, es necesario que la solución adoptada sea coherente con lo dispuesto en la misma. Así pues, la propuesta establece que las sociedades cuya autorización englobe también la gestión de carteras individuales quedarán sujetas, a efectos únicamente de dicha actividad, a lo dispuesto en la DSI y, por consiguiente, tal como ocurre ya para los bancos, al régimen de la DAC5. 3. 3. La clarificación de una serie de aspectos fundamentales de la actividad de las sociedades de gestión Habida cuenta de que, hoy por hoy, los Estados miembros tienen una visión distinta de la forma en que debe concebirse y organizarse la actividad de gestión de carteras colectivas, es imprescindible garantizar el reconocimiento mutuo de las diferentes soluciones adoptadas por aquéllos, por lo que la propuesta pretende dejar claro: Q qué funciones pueden considerarse incluidas en la actividad de gestión de carteras colectivas (se establecerá una lista en el nuevo Anexo 2); a que los Estados miembros pueden permitir a las sociedades de gestión delegar funciones en terceros -con vistas a una organización más racional de su actividad-, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La propuesta subraya que las responsabilidades de la sociedad de gestión no podrán, en ningún caso, verse alteradas por el hecho de que haya delegado sus propias funciones. 3. 4. Una regulación más racional del procedimiento de notificación en caso de distribución transfronteriza de participaciones Hasta ahora, la distribución transfronteriza de las participaciones estaba supeditada a una doble notificación previa: una a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y otra a las del Estado miembro de acogida. La propuesta hace coincidir el procedimiento con el previsto para la prestación transfronteriza de servicios, que guarda mayor coherencia con el principio de control por el país de origen. En consecuencia, la sociedad de gestión deberá notificar su 4 Directiva 93/22/CEE, relativa a los servicios de inversión, DO L 141 de 11. 6. 1993. 5 Directiva 93/6/CEE, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito, DO L 141 de 11. 6. 1993. propósito de distribuir -ya sea mediante sus propias sucursales o al amparo de la libre prestación de servicios- las participaciones de los organismos de inversión colectiva que administre a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, las cuales se encargarán de informar a las autoridades del país de acogida. Como las normas de comercialización y el control de la observancia de las mismas siguen siendo competencia del país de acogida, la propuesta no modificará la norma actualmente en vigor y con arreglo a la cual la distribución de las participaciones no puede comenzar hasta que transcurra un determinado plazo (dos meses), durante el cual las autoridades del país de acogida pueden comprobar que se cumplen las referidas normas. En caso de distribución transfronteriza de participaciones sin establecimiento de sucursales, la propuesta reduce el citado plazo de dos meses a uno. 3. 5. La introducción de folletos simplificados Hasta ahora se consideraba apropiado facilitar a los inversores una cantidad sustancial de información detallada, a fin de que pudieran formarse una opinión con pleno conocimiento de causa sobre la calidad y la oportunidad de la inversión en participaciones de un determinado organismo de inversión colectiva que se les proponía. No obstante, en los últimos años, se ha ido generalizando la opinión de que las normas en materia de información contenidas en la Directiva OICVM vigente no son satisfactorias, ya que no responden bien a las necesidades del inversor medio, y de que puede garantizarse una protección más eficaz a los inversores mediante el suministro de información básica, clara y simple. Por consiguiente, la propuesta introduce folletos simplificados, en los que deberán constar los datos enumerados en el nuevo esquema C, que se incorporará al Anexo actual de la Directiva. El folleto simplificado constituye un documento informativo obligatorio, que deberá facilitarse siempre al posible inversor antes de la celebración del contrato. La entrega del folleto completo, que contiene información más detallada sobre el OICVM y el reglamento del fondo (o, en el caso de las sociedades de inversión, su escritura de constitución) no será ya obligatoria, si bien los inversores podrán obtenerlo gratuitamente previa solicitud. Varios Estados miembros han adoptado ya un planteamiento similar e introducido folletos simplificados. El sector europeo de los fondos de inversión viene igualmente abogando por este tipo de reforma desde hace algún tiempo. 4. COMENTARIO A LAS MODIFICACIONES Artículo 1 - Modificaciones de la Directiva 85/611/CEE Modificación n° 1 Se definen una serie de términos utilizados en la Directiva. Modificación n° 2 - Artículo 4 (autorización de los OICVM) V Se trata de una modificación de orden técnico relativa a las condiciones previas que las autoridades competentes deben comprobar al conceder autorización a un OICVM. Los requisitos que deben cumplirse para la autorización de una sociedad de gestión se establecen ahora en los artículos 5, 5 bis y 5 ter. Modificación n° 3 - Artículos 5 y 6 (sociedad de gestión) Se introduce una serie de nuevos artículos que sustituyen a los anteriores artículos 5 y 6 y en los que se establecen las nuevas normas a que estarán sujetas las sociedades de gestión. Artículo S Este artículo establece lo siguiente: Q el principio de reconocimiento mutuo de la autorización concedida a las sociedades de gestión; a que las sociedades de gestión únicamente podrán administrar los activos de los fondos comunes de inversión y las sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas); las funciones que comprende esta actividad se enumeran en un nuevo anexo que se añadirá a la Directiva; • que los Estados miembros podrán, no obstante, autorizar a las sociedades de gestión a encargarse además de la gestión de carteras individuales. Dado que este servicio entra ya en el ámbito de aplicación de la DSI, las sociedades de gestión quedarán sujetas -únicamente a efectos del citado servicio y de acuerdo con la solución adoptada en relación con los báñeos lo a las disposiciones pertinentes de la DSI (a tal fin, se remite a las normas de la DSI, incluido el apartado 2 del artículo 8, que se refiere a la aplicación de las disposiciones de la DAC); Q que los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades de gestión a desarrollar dos actividades accesorias específicas, que se consideran funcionalmente relacionadas con la actividad principal, a saber, el asesoramiento en materia de inversiones y la custodia de participaciones de organismos de inversión colectiva. Articulo 5 bis Este artículo fija los requisitos para la concesión de autorización a las sociedades de gestión en su Estado miembro de origen y señala, asimismo, los supuestos en los que la autorización debe retirarse. Se basa en requisitos similares establecidos por la DSI en relación con las empresas de inversión. La propuesta determina también el capital inicial mínimo que las sociedades de gestión necesitan para recibir la autorización, estableciendo una distinción entre: a) las sociedades de gestión cuya autorización sólo se refiere a la gestión de carteras colectivas: se prevé un capital mínimo de 50. 000 ecus. Este importe es coherente con lp dispuesto en la DAC6 en relación con las empresas que no pueden mantener en su poder fondos o valores de los inversores (éste es el caso de las sociedades de gestión, que han de entregar los activos de los fondos de inversión que administran a un depositario); b) las sociedades de gestión cuya autorización engloba también la gestión de carteras individuales: además de los 50. 000 ecus, éstas deberán disponer del capital inicial previsto en la DAC para las empresas de inversión que realizan esa misma actividad (es decir, 125. 000 ecus, que pueden reducirse a 50. 000 ecus si la sociedad no está autorizada a mantener en su poder los fondos o valores de los inversores). Finalmente, atendiendo a lo dispuesto en la que se conoce como Directiva BCCI, destinada a reforzar la supervisión7, se introducen normas por las que sólo se permite a las autoridades 6 Directiva 93/6/CEE, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito, DO L 141 de 11. 6. 1993. 7 Directiva 95/26/CE, de 29 de junio de 1995, DO L 168. 11 competentes conceder la autorización a la sociedad de gestión después de haber comprobado que, aun cuando existan vínculos estrechos entre ésta y cualesquiera personas físicas o jurídicas, la efectividad de la supervisión no se verá afectada. Artículo 5 ter Este artículo refleja una serie de disposiciones similares de la DSI (artículos 4, 5 y 6). En él se enuncian diversos requisitos adicionales a los que las autoridades competentes deberán atenerse al otorgar una autorización, esto es: a comprobar la identidad de los accionistas que cuenten, directa o indirectamente, con un participación cualificada en el capital de la sociedad de gestión (apartado 1); • no conceder a las sucursales de sociedades de gestión no comunitarias un trato más favorable que el otorgado a las sucursales de sociedades de gestión establecidas en alguno de los Estados miembros (apartado 2); a consultar previamente a las autoridades competentes del correspondiente Estado miembro si la sociedad de gestión es una filial de otra entidad financiera (banco, empresa de inversión, otra sociedad de gestión) o está bajo el control de la misma persona que otras entidades financieras (apartado 3). Artículo 5 quater Este artículo hace extensivo a las sociedades de gestión no comunitarias el régimen de reciprocidad previsto en la DSI en relación con las empresas de inversión. Articulo 5 quinto Este artículo dispone que las normas previstas a efectos de la autorización inicial deben seguir observándose una vez que la sociedad de gestión ha comenzado a desarrollar su actividad. En el supuesto de que la sociedad de gestión opere en varios Estados miembros, el control del cumplimiento de tales requisitos corresponde a las autoridades de supervisión del país de origen. 12 Artículo 5 sexto En virtud de este artículo, las sociedades de gestión quedan sujetas a las disposiciones de la DSI relativas a la supervisión de las participaciones cualificadas en su capital y de toda modificación relevante de tales participaciones. Artículo 5 séptimo Este artículo se refiere a las normas cautelares que las autoridades del Estado miembro de origen deben imponer a las sociedades de gestión que administren exclusivamente fondos de inversión. Las sociedades autorizadas además a ocuparse de la gestión de carteras individuales tendrán que atenerse -únicamente en relación con este servicio- a las normas cautelares previstas en la DSI. A fin de garantizar que la actividad se lleve a cabo con profesionalidad y fiabilidad, este artículo hace hincapié en la necesidad de que las sociedades de gestión cuenten con una estructura organizativa y mecanismos de control interno adecuados. El apartado 2 de este artículo establece una serie de normas para prevenir los conflictos de intereses que pueden plantearse cuando la sociedad está autorizada a prestar servicios de gestión de carteras tanto colectivas como individuales. Artículo 5 octavo Este artículo regula las condiciones en las que los Estados miembros pueden permitir a las sociedades de gestión delegar en terceros sus propias funciones. De los debates mantenidos recientemente con los Estados miembros y los operadores se desprende que la estructura del sector de los fondos de inversión varía de manera considerable de unos Estados miembros a otros, debido en parte a las diferentes tradiciones jurídicas. Mientras que en algunos Estados miembros la delegación de funciones es muy común, en otros no está prevista o se admite sólo en casos muy concretos. Con vistas a garantizar el reconocimiento mutuo de la autorización y del régimen de supervisión, así como una adecuada protección de los inversores, se establecen, mediante esta modificación, diversos requisitos mínimos que las autoridades competentes del país de origen deberán comprobar antes de aprobar el mandato otorgado a un tercero por una sociedad de gestión. 13 Se especifica, asimismo, que la responsabilidad de la sociedad de gestión no debe, en ningún caso, verse alterada por el hecho de que haya delegado funciones en terceros. Articulo 5 nono Por ahora no existen normas armonizadas sobre los mecanismos de indemnización que ofrezcan una cobertura mínima a los partícipes en el supuesto de que un OICVM se vea en la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con los mismos. Por consiguiente, se señala en este artículo que, dependiendo de las conclusiones del informe sobre la aplicación de la Directiva 97/9/CE, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores8, que la Comisión debe remitir al Consejo y al Parlamento para el 31 de diciembre de 1999, la Comisión podría considerar oportuno presentar una propuesta para la introducción de mecanismos de indemnización orientados a los partícipes de OICVM. Artículo 6 Se enuncia en este artículo la norma con arreglo a la cual, una vez que una sociedad de gestión ha recibido autorización en su Estado miembro de origen, puede desarrollar su actividad en toda la UE, ya sea mediante el establecimiento de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios, sin estar sujeta a requisitos adicionales o tener que solicitar una nueva autorización en los demás Estados miembros. Artículo 6 bis Este artículo se refiere a la notificación y los trámites que deben realizarse al abrir una sucursal en un Estado miembro de acogida. Su contenido coincide con otras disposiciones similares de la DSI, las cuales se han adaptado al caso de una sociedad de gestión que desee comercializar las participaciones de los fondos de inversión que administra. Dado que las normas en materia de comercialización del producto (las participaciones de OICVM) y el control de su aplicación siguen siendo competencia del país de distribución (país de acogida)9, el apartado 5 de este artículo incorpora una norma ya prevista en la Directiva 8 Directiva 97/9/CE, de 3 de marzo de 1997, DO L 84 de 26. 3. 1997. 9 Cabe señalar que uno de los requisitos vigentes para los OICVM que deseen comercializar sus participaciones en otro Estado miembro es el de contar en ese país con la infraestructura necesaria (esto es, puntos de contacto) para la realización de los pagos a los partícipes, el reembolso o la readquisición de las participaciones y la distribución de los documentos informativos obligatorios. 14 OICVM, con arreglo a la cual la comercialización de las participaciones no puede comenzar hasta que haya transcurrido un determinado plazo, durante el cual las autoridades del país de acogida pueden comprobar si se cumplen las referidas normas (dos meses, que es también el plazo fijado para que el país de acogida organice las tareas de supervisión). Articulo 6 ter Se regula en este artículo la notificación que deberá realizarse cuando esté previsto prestar servicios y distribuir participaciones en el Estado miembro de acogida sin establecer sucursal alguna. El apartado 3 de este artículo se refiere a la comercialización de las participaciones. Al igual que el artículo 6 bis anterior, esta disposición incorpora la norma ya prevista en la Directiva sobre los OICVM por la que se ofrece a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la posibilidad de comprobar el cumplimiento de las normas de comercialización vigentes en su territorio por parte de los OICVM. El plazo para ello se reduce de dos meses a uno. El apartado 5 señala que, en caso de distribución transfronteriza de las participaciones, y aun cuando esta tarea haya sido encomendada por la sociedad de gestión a un tercero, deberá seguirse siempre el procedimiento de notificación establecido en este artículo. Artículo 6 quater Este artículo se basa en el artículo 19 de la DSI y se refiere a las facultades conferidas a los Estados miembros de acogida en relación con las sociedades de gestión de otros Estados miembros que establezcan sucursales u operen en régimen de libre prestación de servicios en su territorio. Modificación n° 4 Esta modificación de carácter formal está destinada a separar -a través de la inclusión de una nueva sección III bis (de la que únicamente se añade el título)- las normas relativas a las sociedades de gestión de las relativas a los depositarios. 15 Modificación n° 5 - Apartado 1 del artículo 27 Mediante esta modificación se incluye entre los documentos que las sociedades de gestión deben publicar por cada uno de los fondos que administren el folleto simplificado. La obligación se hace extensiva a las sociedades de inversión. Modificación n° 6 - Apartado 1 del artículo 28 Los apartados 1 y 2 reflejan las adaptaciones técnicas derivadas de la inclusión del folleto simplificado en la lista de documentos informativos que deben publicar los OICVM. El apartado 3 determina las condiciones de forma y contenido a las que deberán atenerse los folletos simplificados, remitiendo a los datos que se enumeran en un nuevo esquema C, que se añadirá al Anexo actual de la Directiva. Asimismo, se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de permitir que el folleto simplificado sea una parte separable del folleto completo (una especie de resumen y guía de lectura de este último). Habida cuenta del desarrollo de los nuevos sistemas de información, el apartado 4 reconoce la posibilidad de que los folletos simplificados se incorporen a soportes distintos de los documentos escritos (es decir, electrónicos), siempre que tengan la misma consideración jurídica y sean aprobados por las autoridades competentes. Modificaciones n° 7,8 y 9 - Artículos 29,30 y 32 Reflejan las adaptaciones técnicas que requiere la introducción de los folletos simplificados. Modificación n° 10-Artículo 33 Señala la obligación de facilitar a los inversores un folleto simplificado (en lugar del folleto completo), antes de la celebración del contrato. De esta forma se considerará cumplida la obligación legal de información a los inversores contenida en la Directiva propuesta. Los inversores podrán, previa solicitud, obtener gratuitamente, en cualquier momento, el folleto completo, junto con el reglamento del fondo (o los documentos constitutivos en el caso de las sociedades de inversión) y los informes periódicos. 16 Modificación n° 11 - Artículo 35 Refleja las adaptaciones técnicas que requiere la introducción de los folletos simplificados. Modificación n° 12 - Artículo 46 Este artículo se refería inicialmente al procedimiento de notificación aplicable en caso de distribución transfronteriza de las participaciones de OICVM. Dado que la propuesta establece un procedimiento de notificación específico cuando quien se encarga de la distribución transfronteriza es una sociedad de gestión (véase el nuevo artículo 6 ter), el artículo modificado sólo se aplicará a la distribución transfronteriza de participaciones de OICVM constituidos como sociedades de inversión, siempre que no sea una sociedad de gestión la que la lleve a cabo. La modificación reduce de dos meses a uno el plazo durante el cual las autoridades competentes del Estado miembro de acogida pueden comprobar el cumplimiento de las normas de comercialización vigentes en su territorio. Modificación n° 13 - Artículo 47 Regula la lengua en la que deben redactarse los folletos tanto completo como simplificado cuando las participaciones se comercializan en otro Estado miembro. En lo que respecta al folleto simplificado, dado que es un documento informativo dirigido al inversor medio, deberá redactarse en un idioma que dicho inversor pueda entender fácilmente y que puede ser la lengua o una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida u otra lengua hablada por el inversor. En cuanto al folleto completo y a los demás documentos informativos que deben publicarse, habida cuenta de que contienen datos importantes para los inversores profesionales o experimentados y los supervisores, deberán traducirse al menos a una de las lenguas oficiales del país de acogida o a otra lengua de uso habitual en los círculos financieros y aceptada por el país de acogida. La solución propuesta es coherente con la adoptada en la denominada Directiva "Eurolist"10. 10 Directiva 94/18/CE, de 30 de mayo de 1994, DO L 135. 17 Modificación n° 14 - Artículos 52 bis y 52 ter Estos artículos se basan en el apartado 3 del artículo 23 y el artículo 24 de la DSI y tratan de la cooperación entre las autoridades supervisoras de distintos Estados miembros en caso de actividad transfronteriza de una sociedad de gestión. Modificación n° 15 - Esquema A del Anexo actual Se reajusta la información que deberá constar en el folleto completo en función de la exigida en el folleto simplificado. Articulo 2 - Disposiciones transitorias y finales El apartado 1 permite a las empresas sujetas a lo dispuesto en la DS1 que deseen especializarse en la gestión de carteras solicitar autorización de conformidad con la nueva Directiva OICVM, con vistas a la gestión de carteras tanto colectivas como individuales; a tal fin deberán renunciar a la autorización obtenida en virtud de la DSI. El apartado 2 reconoce derechos adquiridos a las sociedades de gestión que hayan obtenido autorización, en virtud de la Directiva OICVM, antes de la entrada en vigor de esta propuesta. Las sociedades que se encuentren en este caso y cuya autorización se ajuste ya a las normas de la propuesta no tendrán que solicitar una nueva autorización cuando entre en vigor la Directiva. El apartado 3 ofrece a las sociedades de gestión cuya autorización no se atenga a las normas de la propuesta la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad, siempre que se adapten al nuevo régimen y obtengan, en un determinado plazo, una nueva autorización. Nuevo Anexo 2 Se enumeran en él las funciones que se consideran incluidas en la actividad de gestión de carteras colectivas. Se refiere no sólo a la actividad inversora, sino también a las tareas administrativas y de comercialización. 18 5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 5. 1. ¿Cuáles son los objetivos de la medida propuesta en relación con las obligaciones que incumben a la Comunidad? El objetivo es consolidar el mercado interior en lo tocante a los organismos de inversión colectiva, actualizando las normas a que están sujetas las sociedades de gestión y los requisitos de información de los OICVM, a fin de crear condiciones equitativas de competencia entre los operadores del sector de los servicios financieros, reforzar la supervisión y ofrecer una mayor protección a los inversores. 5. 2. ¿Es la medida propuesta competencia exclusiva de la Comunidad o forma parte de las competencias compartidas con los Estados miembros? Habida cuenta de que la principal finalidad de la propuesta consiste en implantar un procedimiento armonizado de autorización para las sociedades de gestión, regular la apertura de sucursales y la libre prestación de servicios por parte de tales sociedades, garantizar la colaboración de las autoridades de supervisión de distintos Estados miembros y mejorar la calidad de la información facilitada a los inversores, únicamente una directiva comunitaria vinculante puede alcanzar los objetivos perseguidos. 5. 3. ¿De qué medios de actuación dispone la Comunidad? Únicamente una directiva comunitaria en la que se establezcan normas mínimas consensuadas permitirá alcanzar el objetivo fijado. 5. 4. ¿Son necesarias normas uniformes? Al margen de las normas mínimas fundamentales, los Estados miembros pueden definir libre y pormenorizadamente las disposiciones aplicables a las sociedades de gestión y los folletos simplificados, imponiendo incluso requisitos adicionales y más estrictos. Los Estados miembros disfrutan, pues, de un amplio margen de discrecionalidad. 19 PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 85/611/CEE, POR LA QUE SE COORDINAN LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS SOBRE DETERMINADOS ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA EN VALORES MOBILIARIOS (OICVM), CON VISTAS A LA REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN Y LOS FOLLETOS SIMPLIFICADOS EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DELA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 57, Vista la propuesta de la Comisión 1, Visto el dictamen del Comité Económico y Social^, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado, 1. Considerando que la Directiva 85/611/CEE, relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)-*, modificada en último lugar por la Directiva 88/220/CEE^, ha contribuido ya sustancialmente a la creación de un mercado único en este ámbito, al establecer -por primera vez en el sector de servicios financieros- el principio de reconocimiento mutuo de la autorización y otras disposiciones que facilitan la libre circulación, dentro de la Unión Europea, de las participaciones de los organismos de inversión colectiva (constituidos como fondos comunes de inversión o sociedades de inversión) a que se refiere dicha Directiva; 2. Considerando, no obstante, que la Directiva 85/611/CEE no regula en gran medida las sociedades que se encargan de la gestión de los organismos de inversión colectiva (denominadas "sociedades de gestión"); que la Directiva 85/611/CEE no establece, en particular, disposiciones que garanticen la existencia de normas de acceso al mercado y condiciones de ejercicio de la actividad equivalentes en todos los Estados miembros para tales sociedades; que la Directiva 85/611/CEE no contiene disposiciones que regulen el establecimiento de sucursales y la libre prestación de servicios por tales sociedades en Estados miembros distintos del de origen; 3. Considerando que la autorización concedida en el Estado miembro de origen de la sociedad de gestión debe garantizar la protección de los inversores y la estabilidad del sistema financiero; que el planteamiento adoptado consiste en llevar a cabo la armonización básica necesaria y suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de la autorización y de los sistemas de supervisión cautelar, haciendo posible la concesión de una única autorización válida en toda la Unión Europea y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen; 1 DO C. 2 DOC. 3 DO L 375 de 31. 12. 1985. 4 DO L 100 de 19. 4. 1988. -20 4. Considerando que, a fin de proteger a los inversores, es necesaria una supervisión interna de toda sociedad de gestión, en particular a través de una dirección bipersonal y mecanismos adecuados de control interno; 5. Considerando que, en virtud del principio de reconocimiento mutuo, debe permitirse a las sociedades de gestión autorizadas en su Estado miembro de origen prestar, en toda la Unión Europea, los servicios para los cuales hayan recibido autorización, ya sea mediante el establecimiento de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios; que la aprobación de los reglamentos de los fondos comunes de inversión es competencia del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión; 6. Considerando que, en lo que respecta a la gestión de carteras colectivas (gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión), la autorización otorgada a una sociedad de gestión en su Estado miembro de origen debe capacitarla para desarrollar en el Estado miembro de acogida las siguientes actividades: distribuir las participaciones de los fondos comunes de inversión establecidos por ella en su Estado miembro de origen; distribuir las acciones de las sociedades de inversión por ella gestionadas; desempeñar todas las demás funciones y tareas que implica la actividad de gestión de carteras colectivas; gestionar los activos de sociedades de inversión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen; desempeñar, en virtud de un mandato y por cuenta de sociedades de gestión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen, las funciones que implica la actividad de gestión de carteras colectivas; 7. Considerando que la presente Directiva representa, por tanto, un paso importante hacia la plena realización del mercado único en el ámbito de los organismos de inversión colectiva; 8. Considerando que, en virtud de los principios de reconocimiento mutuo y supervisión por el Estado miembro de origen, las autoridades competentes de los Estados miembros deben denegar o retirar la autorización cuando factores tales como el contenido de los programas de actividad, la distribución geográfica o las actividades desarrolladas en la práctica, indiquen claramente que la sociedad de gestión ha optado por el ordenamiento jurídico de un Estado miembro para evadir las normas más estrictas vigentes en otro Estado miembro, en cuyo territorio se propone desarrollar o desarrolla ya la mayor parte de sus actividades; que, a efectos de la presente Directiva, las sociedades de gestión deben recibir autorización en el Estado miembro en que tengan su sede social; que, de conformidad con el principio de control por el país de origen, únicamente el Estado miembro en el que la sociedad de gestión tenga su sede social puede considerarse competente para aprobar los reglamentos de los fondos comunes de inversión establecidos por dicha sociedad y la elección del depositario; 9. Considerando que la Directiva 85/611/CEE limita el ámbito de actividad de las sociedades de gestión exclusivamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas); que, atendiendo a la evolución reciente de la legislación de los Estados miembros y a fin de permitir a las mencionadas sociedades realizar importantes economías de escala, resulta conveniente revisar esta restricción; que, por consiguiente, resulta oportuno permitir que dichas sociedades se dediquen también a la gestión de carteras de inversión de clientes individuales (gestión de carteras individuales), incluida la gestión de fondos de pensiones, así como A/ ciertas actividades accesorias específicas relacionadas con la actividad principal; que esta ampliación del ámbito de actividad de las sociedades de gestión no afectará a la estabilidad de las mismas; que, no obstante, deben instaurarse normas específicas para prevenir los conflictos de intereses en caso de que las sociedades de gestión estén autorizadas para desarrollar actividades de gestión de carteras tanto colectivas como individuales; 10. Considerando que la gestión de carteras de inversiones es un servicio de inversión ya contemplado por la Directiva 93/22/CEE (Directiva sobre servicios de inversión -DSI); que, a fin de crear un marco normativo homogéneo en este ámbito, resulta oportuno que las sociedades de gestión cuya autorización englobe también dicho servicio queden sujetas a las condiciones de ejercicio de la actividad establecidas en tal Directiva; 11. Considerando que, por regla general, el Estado miembro de origen puede establecer normas más estrictas que las contenidas en la presente Directiva, en particular en relación con las condiciones de autorización, los requisitos cautelares, las obligaciones de información y los folletos; 12. Considerando que es conveniente establecer normas por las que se determinen las condiciones en las que una sociedad de gestión podrá delegar en terceros, en virtud de un mandato, tareas y funciones específicas, con el objeto de desarrollar su actividad de forma más eficiente; que, a fin de garantizar la correcta aplicación de los principios de reconocimiento mutuo de la autorización y control por el país de origen, los Estados miembros que permitan tal delegación deben asegurarse de que las sociedades de gestión a las que hayan concedido autorización no delegan en un tercero o terceros la totalidad de sus funciones, convirtiéndose en entidades vacías, y de que la existencia de un mandato no obstaculiza la supervisión efectiva de la sociedad de gestión; que el hecho de que la sociedad de gestión delegue sus propias funciones no debe, sin embargo, alterar en ningún caso las responsabilidades de la misma y del depositario frente a los partícipes y las autoridades competentes; 13. Considerando que, a fin de atender a la evolución de las técnicas de información, resulta oportuno revisar las actuales disposiciones sobre información contenidas en la Directiva 85/611/CEE; que resulta, en particular, oportuno introducir un nuevo tipo de folleto para los OICVM (folleto simplificado), además del folleto completo existente; que este nuevo folleto debe ser de fácil utilización por los inversores y representar, por tanto, una valiosa fuente de información para el inversor medio; que dicho folleto debe ofrecer información fundamental sobre los OICVM de forma clara, sintética y fácilmente comprensible; que el inversor debe, no obstante, ser informado en cualquier caso, mediante la inclusión de una indicación apropiada en el folleto simplificado, de que el folleto completo y los informes anuales y semestrales del OICVM, que podrá obtener sin ningún gasto previa solicitud, contienen información más detallada; que el folleto simplificado debe ofrecerse siempre gratuitamente a los suscriptores antes de la celebración del contrato; que de esta forma se entenderá oportunamente cumplida la obligación legal contenida en la presente Directiva de facilitar información a los suscriptores antes de la celebración del contrato; M 14. Considerando que es necesario garantizar condiciones equitativas a los intermediarios del sector financiero que prestan los mismos servicios, así como un nivel mínimo armonizado de protección a los inversores; que el requisito previo fundamental a efectos de la plena realización del mercado interior para tales operadores es una armonización mínima de las condiciones de acceso a la actividad y ejercicio de la misma; que, por consiguiente, únicamente una directiva comunitaria vinculante por la que se establezcan normas mínimas consensuadas puede alcanzar los objetivos perseguidos; que la presente Directiva sólo establece la armonización mínima indispensable; 15. Considerando que, de momento, no existen normas armonizadas sobre los sistemas de indemnización de los partícipes en caso de que una sociedad de gestión o de inversión se halle en la imposibilidad de reembolsarles o recomprarles las participaciones; que la Directiva 97/9/CE establece normas armonizadas en lo tocante a los sistemas de indemnización de los inversores que recurran a los servicios de las empresas de inversión (incluidas las entidades de crédito); que. de acuerdo con el artículo 14 de dicha Directiva, el 31 de diciembre de 1999 a más tardar, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento un informe sobre la aplicación de la Directiva; que, dependiendo de las conclusiones de tal informe, la Comisión podría considerar oportuno presentar una propuesta con vistas a la introducción de un sistema de indemnización de los partícipes; HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 15 La Directiva 85/611/CEE queda modificada del siguiente modo: 1) Se añade el siguiente artículo 1 bis: A efectos de la presente Directiva se entenderá por: "Artículo 1 bis 1. depositario: toda entidad a la que se confien las tareas señaladas en los artículos 7 y 14 y que esté sujeta a las demás disposiciones contenidas en las secciones III y IV; 2. sociedad de gestión: toda sociedad cuya actividad habitual consista en la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas); 3. Estado miembro de origen de una sociedad de gestión: el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de gestión; 4. Estado miembro de acogida de una sociedad de gestión: cualquier Estado miembro distinto del de origen en cuyo territorio la sociedad de gestión tenga una sucursal o preste servicios; Las modificaciones con respecto al texto de la actual Directiva 85/611/CEE están subrayadas. J. 3 5. Estado miembro de origen de un OICVM: a) en lo que respecta a los OICVM constituidos en forma de fondo común de inversión, el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de gestión; b) en lo que respecta a los OICVM constituidos como sociedades de inversión, el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de inversión; 6. Estado miembro de acogida de un OICVM: todo Estado miembro en el que se comercialicen las participaciones del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión; 7. sucursal: un centro de actividad que forme parte de la sociedad de gestión, que no tenga personalidad jurídica y que preste los servicios a que se refiera la autorización de la sociedad de gestión; todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una sociedad de gestión con sede social en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal; 8. autoridades competentes: las autoridades que designe cada uno de los Estados miembros en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Directiva 85/611/CEE; 9. vínculos estrechos: toda situación que se ajuste a lo definido en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 95/26/CE§; 10. participación cualificada: toda participación directa o indirecta en una sociedad de gestión que represente un 10% o un porcentaje mayor del capital o de los derechos de voto o que permita ejercer una influencia significativa en la gestión de la sociedad de gestión en la que se posea tal participación. A efectos de la anterior definición se tendrán en cuenta los derechos de voto a que se refiere el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEEZ; 11. DSI: la Directiva 93/22/CEE, relativa a los servicios de inversión?. 6 DO L 168 de 18. 7. 1995, p. 9. 7 DO L 348 de 17. 12. 1988, p. 62. x IX) L 141 de II. 6. IW3, p. 27. M 2) El apartado 3 del artículo 4 se sustituye por el siguiente texto: "3. Las autoridades competentes no podrán autorizar un OICVM cuando la sociedad de gestión no cumpla los requisitos previos establecidos en la sección III de la presente Directiva. Asimismo, las autoridades competentes no podrán autorizar un OICVM cuando los directivos de la sociedad de inversión o del depositario, no tengan la honorabilidad o la experiencia necesarias para el ejercicio de sus funciones. Con este fin, deberá notificarse inmediatamente a las autoridades competentes la identidad de los directivos de la sociedad de inversión y del depositario, asi como cualquier sustitución de los mismos. Se entenderá por "directivos" las personas que, en virtud de las disposiciones legales o de los documentos constitutivos, representan a la sociedad de inversión o al depositario o que determinan efectivamente la orientación de la actividad de la sociedad de inversión o del depositario. " 3) Los artículos 5 y 6 se sustituyen por el siguiente texto: "Sección III Obligaciones relativas a las sociedades de gestión Título A Condiciones de acceso a la actividad Artículo 5 1. El acceso a la actividad de las sociedades de gestión quedará supeditado a la concesión previa de una autorización oficial por las autoridades competentes del Estado miembro de origen. La autorización concedida a una sociedad de gestión con arreglo a lo previsto en la presente Directiva será válida en todos los Estados miembros. 2. Las sociedades de gestión no podrán ejercer actividades distintas de la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión. A efectos de la presente Directiva, la actividad de gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión englobará las actividades mencionadas en el Anexo 2. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades de gestión a realizar, además de la actividad de gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión, las siguientes prestaciones de servicios: ¿K - gestion discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato otorgado por los inversores, siempre que tales carteras incluyan uno o varios de los instrumentos enumerados en la sección B del anexo de la DS1; - como servicios accesorios: a) asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos enumerados en la sección B del anexo de la DSI; b) custodia y administración de participaciones de organismos de inversión colectiva. En ningún caso podrá autorizarse a las sociedades de gestión, en virtud de la presente Directiva, a prestar únicamente los servicios mencionados en el presente apartado. 4. Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 8, los artículos 10 y 11, el apartado 1 del artículo 12 y el artículo 13 de la DSI será de aplicación a las sociedades de gestión cuya autorización abarque el servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del anterior apartado 3. 1. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las autoridades competentes sólo concederán autorización a una sociedad de gestión cuando: Articulo 5 bis disponga de un capital inicial del siguiente importe: a) en el supuesto de que la autorización se refiera exclusivamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión, 50. 000 ecus; b) en el supuesto de que la autorización se refiera también al servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 del artículo 5, se añadirá al capital señalado en la anterior letra a) un importe determinado con arreglo a las normas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva 93/6/CEE?, atendiendo a la naturaleza del servicio considerado; las personas que dirijan efectivamente la actividad de la sociedad de gestión tengan la oportuna honorabilidad y experiencia en relación, asimismo, con el tipo de OICVM administrado por la sociedad de gestión. La orientación de la actividad de la sociedad de gestión deberá ser determinada por un mínimo de dos personas que cumplan estas condiciones; 9 DO L 141 de 11. 6. 1993, p. 1. -Sí la solicitud de autorización vaya acompañada de un programa de actividad en el que se especifique, entre otros aspectos, la estructura organizativa de la sociedad de gestión; tanto su administración central como su sede social estén situadas en el mismo Estado miembro. 2. Asimismo, cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de gestión y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes sólo concederán autorización si dichos vínculos no impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión. Las autoridades competentes denegarán también la autorización cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o jurídicas con las que la sociedad de gestión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que suponga su aplicación, impidan el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión- Las autoridades competentes exigirán a las sociedades de gestión que les faciliten la información necesaria para comprobar que se cumplen en todo momento las condiciones previstas en el presente apartado. 3. Los solicitantes serán informados, en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización. Toda denegación de autorización deberá motivarse. 4. La sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en cuanto se haya concedido la autorización. 5. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización otorgada a una sociedad de gestión sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva cuando dicha sociedad: a) no haga uso de la autorización en un plazo de 12 meses, renuncie a ésta expresamente o haya cesado la actividad a que se refiere la presente Directiva con más de 6 meses de anterioridad, si en el correspondiente Estado miembro no existen disposiciones que establezcan la caducidad de la autorización en estos supuestos; b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular; c) deje de reunir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de autorización; d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE, en el supuesto de que la autorización se refiera también al servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 del artículo 5; e) haya infringido seria y sistemáticamente las disposiciones adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva; 0 incurra en alguno de los supuestos en los que la normativa nacional disponga la retirada de la autorización. =n Articulo 5 ter 1. Las autoridades competentes no concederán a una sociedad de gestión autorización para iniciar su actividad antes deque les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en la sociedad, y el importe de dicha participación. Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de la sociedad de gestión, no están convencidas de la idoneidad de dichos accionistas o socios. 2. Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de sociedades de gestión con sede social fuera de la Unión Europea que inicien o ejerzan ya una actividad disposiciones que supongan un trato más favorable que el otorgado a las sucursales de sociedades de gestión cuya sede social está situada en un Estado miembro. 3. Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán ser consultadas antes de conceder autorización a una sociedad de gestión cuando ésta: - sea una filial de otra sociedad de gestión, una empresa de inversión o una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro; - sea una filial de la empresa matriz de otra sociedad de gestión, de una empresa de inversión o de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro; - esté bajo el control de las mismas personas físicas o jurídicas que otra sociedad de gestión, una empresa de inversión o una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro. Titulo B Relaciones con terceros países Artículo 5 quater 1. Las relaciones con terceros países se regirán por las normas pertinentes establecidas en el artículo 7 de la Directiva 93/22/CEE. A efectos de la presente Directiva, los términos "empresa de inversión" y "empresas de inversión" contenidos en el artículo 7 de la DSI se leerán respectivamente "sociedad de gestión" y "sociedades de Jr gestión"; la expresión "prestar servicios de inversión" contenida en el apartado 2 del artículo 7 de la DSI se leerá "prestar servicios". 2. Los Estados miembros informarán, además, a la Comisión de las dificultades de carácter general que los QICVM encuentren para comercializar sus participaciones en un tercer país. Título C Condiciones de ejercicio de la actividad Artículo 5 quinto 1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen impondrán a las sociedades de gestión por ellas autorizadas la obligación de cumplir en todo momento las condiciones previstas en el articulo 5 y los apartados 1 y 2 del artículo 5 bis de la presente Directiva. 2. La supervisión cautelar de las sociedades de gestión corresponderá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, independientemente de que la sociedad establezca una sucursal o preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva que atribuyan competencias a las autoridades del Estado miembro de acogida. Artículo 5 sexto 1. Las participaciones cualificadas en sociedades de gestión estarán sujetas a normas idénticas a las contenidas en el artículo 9 de la DSI. A efectos de la presente Directiva, los términos "empresa/empresa de inversión" y "empresas de inversión" contenidos en el artículo 9 de la DSI se leerán respectivamente "sociedad de gestión" y "sociedades de gestión". Artículo 5 séptimo 1. El Estado miembro de origen establecerá las normas cautelares que deberán observar en todo momento las sociedades de gestión cuya autorización se refiera únicamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión. •29 Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán en particular, atendiendo asimismo a la naturaleza de los OICVM administrados por la sociedad de gestión, que cada una de estas sociedades cuente con una buena organización administrativa y contable, con mecanismos de control y seguridad para el tratamiento electrónico de datos, así como con procedimientos de control interno adecuados, a fin de garantizar, entre otras cosas, que los activos de los fondos comunes de inversión o de las sociedades de inversión que administre la sociedad de gestión se inviertan con arreglo a los reglamentos de los fondos o los documentos constitutivos y a las disposiciones legales vigentes. 2. En el supuesto de que la autorización de la sociedad de gestión abarque también el servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 del artículo 5, dicha sociedad: - no podrá invertir ni la totalidad ni parte de la cartera de un inversor en participaciones de fondos comunes o sociedades de inversión por ella gestionados, salvo con el consentimiento general previo del cliente; - no podrá prestar el servicio de gestión discrecional de carteras al depositario que desempeñe por cuenta de la misma las tareas señaladas en los artículos 7 y 14 de la presente Directiva; - quedará sujeta a lo dispuesto en la Directiva 97/9/CE, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores!!!. Articulo 5 octavo 1. Cuando un Estado miembro permita a una sociedad de gestión delegar en terceros, en virtud de un mandato específico y con vistas a un desarrollo más eficiente de la actividad de la sociedad, para que desempeñen por cuenta de aquélla una o varias de las funciones que comporta la actividad de gestión de carteras colectivas y que se contemplan en el Anexo 2, cada uno de los mandatos deberá someterse a la aprobación previa de las autoridades competentes. 2. Las autoridades competentes únicamente aprobarán el mandato tras haber comprobado que concurren las siguientes condiciones: - que el mandato no impide llevar a cabo una supervisión efectiva de la sociedad de gestión; - que, a fin de prevenir los conflictos de intereses, no se otorga un mandato al depositario o a personas que posean participaciones cualificadas en el capital de la sociedad de gestión o del depositario, ni a ninguna otra persona cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de la sociedad de gestión o los partícipes; 10 DO L 84 de 26. 3. 1997, p. 22. ^ - que existen procedimientos mediante los cuales las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión pueden verificar en cualquier momento la actuación de la persona a la que se otorga el mandato; - que el mandato no impide a las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión dar, en cualquier momento, instrucciones adicionales a la persona en la que se delegan funciones ni revocar, en cualquier momento, el mandato; - que, habida cuenta de la naturaleza de las funciones que se delegan, la persona a la que éstas se confían ofrece garantías profesionales y financieras suficientes; - que los folletos de los OICVM y toda publicación de promoción enumeran las funciones que se ha permitido delegar a la sociedad de gestión. 3. Las obligaciones de la sociedad de gestión y del depositario no se verán, en ningún caso, afectadas por el hecho de que la sociedad de gestión delegue en terceros sus propias funciones. Artículo 5 nono El Consejo y el Parlamento toman nota del compromiso de la Comisión de proponer, si resulta oportuno, dependiendo de las conclusiones del informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 97/9/CE, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento a más tardar el 31 de diciembre de 1999, la introducción de mecanismos de indemnización para los partícipes de OICVM. Título D Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios Artículo 6 1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades de gestión autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, por las autoridades competentes de otro Estado miembro puedan ejercer en su territorio la actividad a que se refiera su autorización, ya sea por medio del establecimiento de una sucursal o mediante la prestación de servicios. 2. Los Estados miembros no podrán supeditar el establecimiento de sucursales o la prestación de servicios a la obligación de obtener una autorización, ni a la de aportar capital de dotación, o a cualquier otra medida de efecto equivalente. *%Y Artículo 6 bis 1. Además de cumplir las condiciones previstas en los artículos 5 y 5 bis, toda sociedad de gestión que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. 2. Los Estados miembros exigirán que toda sociedad de gestión que desee establecer una sucursal en otro Estado miembro adjunte a la notificación prevista en el apartado 1 los siguientes datos y documentos: I. Información general: a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la sucursal; b) el programa de actividad previsto y la estructura organizativa de la sucursal; c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que se le puede solicitar documentación; d) la identidad de los responsables de la gestión de la sucursal. II. Información relativa a la distribución, por la sucursal, de las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión a que se refiere la presente Directiva y que administra la sociedad de gestión: a) pormenores de la distribución proyectada y de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones en ese otro Estado miembro; b) en relación con cada uno de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión considerados, ios reglamentos del fondo o los documentos constitutivos; los folletos y, en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo. 3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa o de la situación financiera de la sociedad de gestión, habida cuenta de las actividades que ésta se proponga ejercer, las autoridades competentes del Estado miembro de origen transmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la totalidad de dicha información, y lo notificarán a la sociedad de gestión. Además, transmitirán la siguiente información: - datos sobre los posibles sistemas de indemnización destinados a proteger a los inversores; - por cada fondo común de inversión o sociedad de inversión cuyas participaciones se distribuyan en el Estado miembro de acogida, un certificado que acredite que cumple las condiciones impuestas por la presente Directiva. 3JL En caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen rehusen transmitir a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2, comunicarán las razones de su negativa a la sociedad de gestión afectada, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la totalidad de la información. La negativa o la ausencia de respuesta podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen. 4. Antes de que la sucursal de una sociedad de gestión comience a ejercer su actividad, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida dispondrán de dos meses, a partir de la recepción de la información a que se refiere el apartado 2, para organizar la supervisión de la sociedad de gestión y para indicar, en su caso, las condiciones en las que, por razones de interés general, deberá ejercerse la actividad en el Estado miembro de acogida, incluidas las disposiciones a que se refieren los artículos 44 y 45 y que estén vigentes en el Estado miembro de acogida y las reglas de conducta que deberán observarse en caso de prestación del servicio de gestión de carteras mencionado en el apartado 3 del artículo 5. 5. A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, o en el caso de que, transcurrido el plazo previsto en el apartado 4, no se haya recibido comunicación alguna, la sucursal podrá establecerse y comenzar a ejercer su actividad. A partir de ese momento, la sociedad de gestión podrá también comenzar a distribuir las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión sujetos a la presente Directiva y por ella gestionados, salvo que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de dos meses y que se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45. 6. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con arreglo a las letras b), c) o d) del subapartado I y al subapartado II del apartado 2, la sociedad de gestión notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, como mínimo un mes antes de hacer efectiva tal modificación, para que las autoridades competentes del Estado miembro de origen puedan pronunciarse sobre la misma con arreglo al apartado 3, y las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, con arreglo al apartado 4. 7. En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al párrafo segundo del apartado 3, las autoridades del Estado miembro de origen informarán de ello a las autoridades del Estado miembro de acogida. Artículo 6 ter 1. Toda sociedad de gestión que desee ejercer por primera vez su actividad en el territorio de otro Estado miembro al amparo de la libre prestación de servicios, notificará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen: I. Información general: a) el Estado miembro en cuyo territorio tenga previsto operar; b) el programa de actividad previsto. 35 II. Información relativa a la distribución, en el Estado miembro de acogida, de las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión a que se refiere la presente Directiva y que administra la sociedad de gestión: a) pormenores de la distribución proyectada y de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones en ese otro Estado miembro; b) en relación con cada uno de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión considerados, los reglamentos del fondo o los documentos constitutivos; los folletos y, en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo. 2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remitirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información a que se refiere el apartado 1 en el plazo de un mes a partir de la recepción de la misma. Además, transmitirán la siguiente información: datos sobre los posibles sistemas de indemnización destinados a proteger a los inversores; por cada fondo común de inversión o sociedad de inversión cuyas participaciones se distribuyan en el Estado miembro de acogida, un certificado que acredite que cumple las condiciones impuestas por la presente Directiva. 3. Seguidamente, la sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en el Estado miembro de acogida. La distribución de las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión a que se refiere la presente Directiva podrá comenzar un mes después de que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida reciban la información contemplada en los apartados 1 y 2, salvo que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de un mes y que se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45. Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida indicarán a la sociedad de gestión, si procede, las condiciones a las que, por razones de interés general, deberá atenerse en el Estado miembro de acogida, incluidas las reglas de conducta que deberán observarse en caso de prestación del servicio de gestión de carteras mencionado en el apartado 3 del artículo 5. 4. En caso de modificación del contenido de la información notificada de conformidad con la letra b) del subapartado 1 y el subapartado II del apartado 1, la sociedad de gestión notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida antes de hacerla efectiva, para que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan, en su caso, indicar a la sociedad los posibles cambios o adiciones que deberán efectuarse en la información comunicada con arreglo al apartado 2. 5. Las sociedades de gestión quedarán, asimismo, sujetas al procedimiento de notificación previsto en el presente artículo en caso de que encomienden a terceros la comercialización de las participaciones en el Estado miembro de acogida. 3f Artículo 6 quater 1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines estadísticos, que todas las sociedades de gestión que cuenten con sucursales en su territorio informen periódicamente a las autoridades competentes de los mismos sobre las actividades que hayan desarrollado en dicho territorio. 2. Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumben con arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros de acogida podrán exigir a las sucursales de sociedades de gestión la misma información que exijan, con este fin, a las sociedades de gestión nacionales. Los Estados miembros de acogida podrán exigir a las sociedades de gestión que desarrollen actividades en su territorio en régimen de libre prestación de servicios la información necesaria para controlar el cumplimiento por parte de estas sociedades de las normas de los Estados miembros de acogida que les sean aplicables, sin que tal exigencia pueda ser más rigurosa que la que estos mismos Estados miembros impongan, para controlar el cumplimiento de esas mismas normas, a las sociedades de gestión establecidas. 3. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueben que una sociedad de gestión que posee una sucursal o presta servicios en su territorio no cumple las disposiciones legales o reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que confieren facultades a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, exigirán a la sociedad de gestión de que se trate que ponga fin a su situación irregular. 4. Si la sociedad de gestión no adopta las medidas oportunas, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Estas tomarán, en el más breve plazo posible, todas las medidas necesarias para que la sociedad de gestión ponga fin a su situación irregular. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deberán ser informadas de la naturaleza de las medidas adoptadas. 5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen, o debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no están previstas en dicho Estado, la sociedad de gestión continúa violando las disposiciones legales o reglamentarias contempladas en el apartado 2 que estén vigentes en el Estado miembro de acogida, este último podrá, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tomar las medidas oportunas a fin de evitar nuevas irregularidades o sancionarlas y, en la medida en que sea necesario, prohibir a la sociedad de gestión efectuar nuevas operaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por que puedan entregarse en su territorio a las sociedades de gestión los documentos legales necesarios para la ejecución de tales medidas. 6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los Estados miembros de acogida de tomar las medidas oportunas a fin de prevenir o sancionar la comisión en su territorio de actos que sean contrarios a las disposiciones legales o reglamentarias que hayan adoptado por razones de interés 2£" general. Dicha facultad incluirá la posibilidad de impedir que las sociedades de gestión infractoras efectúen nuevas operaciones en su territorio. 7. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 que implique sanciones o restricciones a las actividades de una sociedad de gestión deberá ser debidamente motivada y comunicada a la sociedad de gestión afectada. Toda medida de este tipo podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro que la haya adoptado. 8. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y 5, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, en casos de urgencia, adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias para proteger los intereses de los inversores u otros destinatarios de los servicios. La Comisión y las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados deberán ser informadas de dichas medidas a la mayor brevedad posible. La Comisión podrá decidir, previa consulta a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro de que se trate modifique o anule tales medidas. 9. En caso de retirada de autorización, se informará de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán las medidas oportunas a fin de evitar que la sociedad de gestión afectada inicie nuevas operaciones en su territorio y de salvaguardar los intereses de los inversores. Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos al Comité de Contacto creado en virtud del artículo 53 de la presente Directiva. 10. Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y la naturaleza de aquellos casos en que se hayan registrado negativas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 bis, o se hayan adoptado medidas de acuerdo con lo previsto en el apartado 5. Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos al Comité de Contacto creado en virtud del artículo 53 de la presente Directiva. 4) Antes del artículo 7 se añade el siguiente texto: "Sección III bis Obligaciones relativas al depositario" 5) El apartado 1 del artículo 27 se sustituye por el siguiente texto: "1. La sociedad de gestión, para cada uno de los fondos administrados por la misma, y la sociedad de inversión deberán publicar: i¿ - un folleto simplificado, - un folleto completo, - un informe anual para cada ejercicio, y - un informe semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio. " 6) El apartado 1 del artículo 28 se sustituye por el siguiente texto: "1. Tanto el folleto completo como el simplificado deberán contener las informaciones necesarias para que los inversores puedan formular un juicio fundado sobre la inversión que se les propone. 2. líl folleto completo incluirá como mínimo las informaciones previstas cu el esquema A anejo a la presente Directiva, siempre que estas informaciones no figuren en el reglamento del fondo o los documentos constitutivos anejos al folleto completo de conformidad con el apartado 1 del artículo 29. 3. El folleto simplificado contendrá como mínimo, de forma resumida, los datos fundamentales contemplados en el esquema C anejo a la presente Directiva. Deberá estructurarse y redactarse de tal forma que resulte fácilmente comprensible para el inversor medio. Los Estados miembros podrán permitir que el folleto simplificado se incorpore al folleto completo como parte separable del mismo. 4. Tanto el folleto completo como el simplificado podrán integrarse en un documento escrito o en cualquier soporte duradero de equivalente consideración jurídica que cuente con la aprobación de las autoridades competentes. " 7) El artículo 29 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 29 1. El reglamento del fondo o los documentos constitutivos de la. sociedad de inversión forman parte integrante del folleto completo, al que deben ir anejos. 2. Sin embargo, los documentos previstos en el apartado 1 podrán no ir anejos al folleto completo siempre que el titular de las participaciones sea informado de que podrá, a petición suya, bien tener comunicación de estos documentos, bien conocer el lugar en que podrá consultarlos, en cada Estado miembro en que se ofrecen las participaciones. " s*} 8) El artículo 30 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 30 Los elementos esenciales de los folletos completo y simplificado deberán estar actualizados. " 9) El artículo 32 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 32 El OICVM deberá comunicar sus folletos completo y simplificado y las modificaciones de los mismos, así como sus informes anual y semestral, a las autoridades competentes. " 10) El artículo 33 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 33 1. El folleto simplificado deberá entregarse gratuitamente a los suscriptores antes de la celebración del contrato. Asimismo, se facilitarán gratuitamente a los suscriptores, previa solicitud, el folleto completo y los últimos informes anual y semestral publicados. 2^Los informes anual y semestral se remitirán gratuitamente a los partícipes que lo soliciten. 3. Los informes anual y semestral se pondrán a disposición del público en los lugares, o por cualesquiera medios aprobados por las autoridades competentes, que se indiquen en los folletos completo y simplificado. " 11) El artículo 35 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 35 Toda publicidad que contenga una invitación para comprar participaciones de un OICVM, deberá indicar la existencia de folletos y los lugares en que éstos pueden obtenerse por parte del público o la forma en que el público puede tener acceso a ellos. " 2¿ 12) El artículo 46 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 46 Si una sociedad de inversión se propone comercializar sus participaciones en un Estado miembro distinto de aquel en que está situada, deberá informar de ello previamente a las autoridades competentes de este otro Estado miembro. Simultáneamente, deberá remitir a estas últimas autoridades: - un certificado de las autoridades competentes por el que se acredite que la sociedad de inversión reúne las condiciones enunciadas en la presente Directiva, - sus documentos constitutivos, - sus folletos completo y simplificado, " en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo, - una descripción de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones en ese otro Estado miembro. La sociedad de inversión podrá iniciar la comercialización de sus participaciones en este otro Estado miembro un mes después de la mencionada comunicación, a menos que las autoridades del Estado miembro interesado hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de un mes, que las modalidades previstas para la comercialización de participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45. " 13) El artículo 47 se sustituye por el siguiente texto: "Artículo 47 Si un OICVM comercializa sus participaciones en un Estado miembro distinto de aquel en que está situado, deberá facilitar en ese otro Estado miembro, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Estado miembro de origen: 1) el folleto simplificado y los demás documentos previstos en los artículos 29 y 30 de la presente Directiva en una lengua fácilmente comprensible para los inversores considerados en el Estado miembro de acogida; 2) el folleto completo y los informes anual y semestral en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida, o en otra lengua si ésta se utiliza habitualmente en las esferas financieras del correspondiente Estado miembro y cuenta con la aprobación de las autoridades competentes, y siempre que se cumplan, en su caso, todas aquellas condiciones adicionales que dichas autoridades puedan imponer. " a"} 14) Tras el artículo 52, se añaden los siguientes artículos: "Artículo 52 bis 1. Cuando uña sociedad de gestión opere en uno o varios Estados miembros de acogida, en régimen de prestación de servicios o mediante el establecimiento de sucursales, las autoridades competentes de todos los Estados miembros interesados colaborarán estrechamente. Dichas autoridades se proporcionarán, previa solicitud, toda aquella información relativa a la gestión y estructura de propiedad de tales sociedades que pueda facilitar su supervisión, así como toda información que pueda facilitar el control de las mismas. En particular, las autoridades del Estado miembro de origen contribuirán a garantizar que las autoridades del Estado miembro de acogida obtengan la información a que se refiere el apartado 2 del artículo 6 quater. 2. Siempre que resulte necesario para ejercer sus facultades de supervisión, las autoridades competentes del Estado miembro de origen serán informadas por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de cualquier medida adoptada por este último Estado en virtud del apartado 6 del artículo 6 quater y que implique la imposición de sanciones a una sociedad de gestión o de restricciones a su actividad. Artículo 52 ter 1. El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una sociedad de gestión autorizada en otro Estado miembro ejerza actividades en su territorio a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión puedan, por sí mismas o a través de las personas que designen a tal efecto, y tras haber informado a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, realizar verificaciones in situ de la información a que se refiere el artículo 52 bis. 2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión podrán asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la realización de tales verificaciones. Las autoridades que reciban tal solicitud deberán satisfacerla, en el marco de sus competencias, realizando ellas mismas la verificación, permitiendo que lo hagan las autoridades que hayan presentado la solicitud o autorizando a auditores o expertos para que la lleven a cabo. 3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de realizar verificaciones in situ de las sucursales establecidas en su territorio, en cumplimiento de las responsabilidades que les atribuye la presente Directiva. " 4o 15) El esquema A del Anexo queda modificado del siguiente modo: En la columna "Información relativa a la sociedad de inversión", se añade, tras el punto 1. 2, el siguiente texto: "1. 3. Cuando la sociedad de inversión cuente con distintos compartimentos de inversión, la indicación de éstos. " En la columna "Información relativa a la sociedad de inversión", se añade, en el punto 1. 13. , la siguiente frase: "Cuando la sociedad de inversión cuente con distintos compartimentos de inversión, indicación de la forma en que los partícipes pueden pasar de uno a otro y de las comisiones aplicables en tales casos. " Tras el punto 4, se añaden los siguientes puntos 5 y 6: "5. Otros datos sobre las inversiones 5. 1. Evolución histórica del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión (si procede); 5. 2. Perfil del inversor típico al que va dirigido el fondo común de inversión o la sociedad de inversión. 6. Información económica 6. 1. Posibles gastos o comisiones, al margen de las cargas mencionadas en el punto 1. 17, diferenciando aquellos que haya de pagar el partícipe de los que se paguen con cargo a los activos del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión. " Disposiciones transitorias y finales Artículo 2 1. Las empresas de inversión, según se definen en el apartado 2 del artículo 1 de la DSI, que estén autorizadas a prestar únicamente los servicios mencionados en el punto 3 de la sección A y los puntos 1 y 6 de la sección C del Anexo de la Directiva 93/22/CEE, podrán obtener autorización, en virtud de la presente Directiva, para gestionar fondos comunes de inversión y sociedades de inversión y denominarse "sociedades de gestión". En tal caso, dichas empresas de inversión deberán renunciar a la autorización obtenida en virtud de la DSI. U, 2. Las sociedades de gestión que, antes del 31 de diciembre del 2002, hayan obtenido autorización en su Estado miembro de origen, en virtud de la Directiva 85/611/CEE, para gestionar fondos comunes de inversión y sociedades de inversión, se considerarán autorizadas a efectos de la presente Directiva, si la normativa de dicho Estado miembro supedita su acceso a tal actividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a las previstas en los artículos 5 bis y 5 ter. 3. Las sociedades de gestión que hayan obtenido autorización antes del 31 de diciembre del 2002 y que no estén incluidas entre las contempladas en el apartado 2 podrán seguir ejerciendo tal actividad, siempre que, a más tardar el 31 de diciembre del 2005 y de conformidad con la normativa de su Estado miembro de origen, obtengan autorización para continuar su actividad con arreglo a las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Únicamente la obtención de dicha autorización permitirá a tales sociedades de gestión beneficiarse de la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva en materia de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Artículo 3 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio del 2002. Dichas disposiciones entrarán en vigor, a más tardar, el 31 de diciembre del 2002. Los Estados miembros informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten las citadas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. La presente Directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 4 Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. Artículo 5 Hecho en Bruselas, Por el Parlamento Europeo El Presidente Por el Consejo El Presidente < *. ESQUEMAC CONTENIDO DEL FOLLETO SIMPLIFICADO Breve presentación del OICVM fecha de creación del fondo común de inversión o la sociedad de inversión e indicación del Estado miembro en que se ha registrado o constituido sociedad de gestión (si procede) duración prevista (si procede) depositario auditores grupo financiero (p. ej. , banco) promotor del OICVM Información sobre la inversión breve definición de los objetivos del OICVM cuando se trate de una sociedad de inversión con distintos compartimentos de inversión, indicación de este hecho política de inversiones del fondo común o sociedad de inversión evolución histórica del fondo común o la sociedad de inversión (si procede) perfil del inversor típico al que va dirigido el fondo común o la sociedad de inversión Información económica régimen fiscal comisiones de suscripción y reembolso otros posibles gastos o comisiones, diferenciando aquellos que haya de pagar el partícipe de los que se paguen con cargo a los activos del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión <« Información comercial • • • • • • forma de adquirir las participaciones forma de vender las participaciones cuando se trate de una sociedad de inversión con distintos compartimentos de inversión, forma de pasar de uno a otro y comisiones aplicables en tal caso fecha y forma de distribución de los dividendos (si procede) frecuencia con que se publicarán los precios y lugar o forma en que podrán consultarse indicación de un punto de contacto (persona o servicio,, horarios, etc. ) en el que podrán obtenerse, en su caso, aclaraciones suplementarias Información adicional • declaración por la que se indique que el folleto completo y los informes anual y semestral podrán obtenerse gratuitamente, previa solicitud, tanto antes como después de la celebración del contrato. W Funciones incluidas en la actividad de gestión colectiva de carteras Anexo 2 • Actividad de inversión: a) gestión de inversiones b) administración de inversiones (por ejemplo, instrucciones a los agentes, organización de la liquidación, instrucciones al depositario sobre el ejercicio de los derechos de voto) • Comercialización: a) elaboración de documentación b) distribución de las participaciones de los fondos comunes o sociedades de inversión administrados por la sociedad de gestión c) relaciones con los agentes de distribución • Administración: a) servicios jurídicos y contabilidad de gestión del fondo b) consultas de los clientes c) valoración y determinación de precios (incluidas declaraciones fiscales) d) control de la observancia de la normativa e) teneduría del registro de partícipes f) distribución de rendimientos g) emisión y reembolso de participaciones h) contactos con los inversores (incluida la expedición de certificados) i) teneduría de registros <f¿ ISSN 0257-9545 COM(98) 451 final DOCUMENTOS ES 06 09 10 17 N° de catálogo : CB-CO-98-462-ES-C ISBN 92-78-38206-X Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo </c


title: Decision of the EEA Joint Committee No 75/98 of 17 July 1998 amending Annex XI (Telecommunication services) to the EEA Agreement

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telecommunications

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text: L 172/54 EN Official Journal of the European Communities 8. 7. 1999 DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 75/98 of 17 July 1998 amending Annex XI (Telecommunication services) to the EEA Agreement THE EEA JOINT COMMITTEE, Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as adjusted by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, and in particular Article 98 thereof, Whereas Annex XI to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 31/98 of 30 April 1998 (1); Whereas Council Resolution (97/C 303/01) of 22 September 1997 on the further development of a numbering policy for telecommunications services in the European Community (2) is to be incorporated into the Agreement, HAS DECIDED AS FOLLOWS: Article 1 The following point shall be inserted after point 26e (Council Resolution (95/C 341/03)) in Annex XI to the Agreement: ‘26f. 397 Y 1004(01): Council Resolution (97/C 303/01) of 22 September 1997 on the further development of a numbering of a numbering policy for telecommunications services in the European Community (OJ L 303, 4. 10. 1997, p. 1). ’ Article 2 The texts of Council Resolution (97/C 303/01) in the Icelandic and Norwegian languages, which are annexed to the representative language versions of this Decision, are authentic. This Decision shall enter into force on 1 August 1998, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee. Article 3 This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Communities. Article 4 Done at Brussels, 17 July 1998. For the EEA Joint Committee The President N. v. LIECHTENSTEIN (1) OJ L 310, 19. 11. 1998, p. 17. (2) OJ C 303, 4. 10. 1997, p. 1