title: 1999/268/CE: Decisión de la Comisión de 20 de enero de 1999 sobre la compra de tierras al amparo de la Ley sobre compensación de costos [notificada con el número C(1999) 42] (El texto en lengua alemana es el único auténtico)

eurovoc_concepts:
Germany
State aid
acquisition of property
agricultural real estate
aid to agriculture
restriction on competition

text: 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/21 II (Actos cuya publicaci(cid:155)n no es una condici(cid:155)n para su aplicabilidad) COMISI(cid:222)N DECISI(cid:222)N DE LA COMISI(cid:222)N de 20 de enero de 1999 sobre la compra de tierras al amparo de la Ley sobre compensaci(cid:155)n de costos [notificada con el n(cid:156)mero C(1999) 42] (El texto en lengua alemana es el (cid:156)nico aut(cid:130)ntico) (1999/268/CE) LA COMISI(cid:222)N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el primer p(cid:145)rrafo del apartado 2 de su art(cid:146)culo 93, Tras haber emplazado, de conformidad con lo dispuesto por dicho art(cid:146)culo, a los interesados a que presentaran sus observaciones y haber tenido en cuenta dichas observa- ciones, Considerando lo que sigue: I Mediante Decisi(cid:155)n de 18 de marzo de 1998, la Comisi(cid:155)n inco(cid:155) procedimiento de examen, con arreglo al apartado 2 del art(cid:146)culo 93 del Tratado CE antes citado, contra la compra de tierras al amparo de la Ley sobre compensa- ci(cid:155)n de costos (denominada en lo sucesivo, «EALG») [carta al Gobierno de la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania no SG (98) D/2532 de 30 de marzo de 1998]. En dicha carta, la Comisi(cid:155)n invitaba a Alemania a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de su recepci(cid:155)n. Seg(cid:156)n el procedimiento del apartado 2 del art(cid:146)culo 93, los dem(cid:145)s Estados miembros y otros inte- resados fueron tambi(cid:130)n informados de los hechos por la publicaci(cid:155)n de la carta de emplazamiento en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas e invitados a presentar sus observaciones (1). La Comisi(cid:155)n inco(cid:155) el procedimiento de examen porque no pudo adquirir la certeza de que la base jur(cid:146)dica (EALG) en vigor ya desde 1994 no permitiera la aplicaci(cid:155)n de medidas que deben considerarse incompatibles con el mercado com(cid:156)n. (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 7. La Comisi(cid:155)n plante(cid:155) la cuesti(cid:155)n de la delimitaci(cid:155)n de las medidas en cuesti(cid:155)n para determinar si se trata de ayudas conformes a lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, o bien de otras medidas destinadas a compensar expropiaciones, sin relaci(cid:155)n alguna con la normativa de las ayudas. Si bien la Comisi(cid:155)n reconoci(cid:155) la posibilidad de conceder compensaciones a los llamados «refundadores», la concesi(cid:155)n de compensaciones de este tipo a los llamados «nuevos fundadores» y a determinadas personas jur(cid:146)dicas la oblig(cid:155) a plantearse expresamente ciertas dudas. Por lo que se refiere a las medidas calificadas de ayudas, la Comisi(cid:155)n expres(cid:155), por otra parte, algunas dudas en cuanto al respeto de los l(cid:146)mites m(cid:145)ximos de intensidad de la ayuda para la compra de tierras agr(cid:146)colas [de confor- midad con la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, que establece un 35 % para las superficies agr(cid:146)- colas de las zonas no desfavorecidas]. Adem(cid:145)s, el procedimiento de examen tiene por objeto precisar si las disposiciones previstas constituyen una discriminaci(cid:155)n incompatible con los art(cid:146)culos 6 y 52 y siguientes del Tratado, en particular, en detrimento de los ciudadanos de Alemania Occidental u otros ciudadanos de la Uni(cid:155)n, y en caso afirmativo, hasta qu(cid:130) punto. Mediante carta de 29 de mayo de 1998, Alemania comu- nic(cid:155) sus observaciones a la Comisi(cid:155)n (v(cid:130)ase la secci(cid:155)n II). Otros Estados miembros no formularon observaciones, pero s(cid:146) lo hicieron cientos de interesados (v(cid:130)ase la secci(cid:155)n III). Alemania present(cid:155) informaciones adicionales a la Comisi(cid:155)n en cartas del 22 de octubre y del 16 de diciembre de 1998, as(cid:146) como en una reuni(cid:155)n de trabajo realizada el 18 de diciembre de 1998. L 107/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 II Alemania present(cid:155) las siguientes observaciones con respecto a la comunicaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n de 30 de marzo de 1998 relativa a la apertura del procedimiento de examen: 1. Aplicabilidad de los art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado Alemania considera que la compra de tierras no est(cid:145) sometida a las normas de ayudas contempladas en los art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado, ya que se trata de un r(cid:130)gimen que, desde el punto de vista temporal, habr(cid:146)a debido ser adoptado por la Rep(cid:156)blica Demo- cr(cid:145)tica Alemana (RDA) y cuyo contenido se refiere a la soluci(cid:155)n de cuestiones patrimoniales pendientes y que, debido a su naturaleza de medida general, no est(cid:145) incluido en las disposiciones del Tratado en materia de ayudas. Alemania contin(cid:156)a as(cid:146) su argu- mentaci(cid:155)n: «La normativa en materia de compra de tierras contemplada en la EALG forma parte del proceso de reconversi(cid:155)n, ya iniciado por la RDA, del r(cid:130)gimen de propiedad agr(cid:146)cola o forestal para adaptarlo al orde- namiento jur(cid:146)dico de la Rep(cid:156)blica Federal de lo tanto una Alemania (RFA) y constituye por medida general resultante de circunstancias hist(cid:155)ricas (cid:156)nicas. Sus premisas jur(cid:146)dicas y sus orientaciones de fondo ya se inscrib(cid:146)an en el primer Tratado interna- cional con la RDA y en el Tratado de unificaci(cid:155)on: 1. 1. Tratado internacional de 18 de mayo de 1990 La base esencial de la uni(cid:155)n monetaria, econ(cid:155)mica y social creada por el Tratado internacional de 18 de mayo de 1990 (Tratado sobre la creaci(cid:155)n de una uni(cid:155)n monetaria, econ(cid:155)mica y social entre la Rep(cid:156)- blica Federal de Alemania y la Rep(cid:156)blica Democr(cid:145)- tica Alemana) resid(cid:146)a en la creaci(cid:155)n de un r(cid:130)gimen de Derecho privado de la propiedad. En el Tratado, las dos Partes declaran adherirse al orden liberal, democr(cid:145)tico, federal y social, as(cid:146) como al Estado de Derecho (primera frase del apartado 1 del art(cid:146)culo 2) y al principio de la propiedad privada (apartado 3 del art(cid:146)culo 1). La RDA se compromete formalmente a organizar la legislaci(cid:155)n de la Rep(cid:156)blica Democr(cid:145)tica Alemana seg(cid:156)n los principios de orden jur(cid:146)dico previamente mencionados (Protocolo com(cid:156)n sobre las directrices, A. I, punto 1). Por este Tratado interna- cional, la RDA asumi(cid:155) el compromiso de crear, para la “propiedad nacionalizada” existente hasta entonces, un r(cid:130)gimen de propiedad inspirado en los principios del Estado de derecho y en la econom(cid:146)a privada. 1. 2. Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n de 15 de junio de 1990 Las cuestiones patrimoniales pendientes planteaban, sin embargo, problemas particulares, por lo que las Partes contratantes acordaron, antes de la ratificaci(cid:155)n del Tratado internacional el 15 de junio de 1990, hacer una declaraci(cid:155)n com(cid:156)n destinada a esclarecer cuestiones patrimoniales pendientes. Del objetivo mismo del r(cid:130)gimen considerado, se derivaba una reducci(cid:155)n regional del (cid:145)mbito de aplicaci(cid:155)n al terri- torio de la RDA, reducci(cid:155)n que, al no haber formado nunca parte la RDA del mercado com(cid:156)n, no estaba sometida a la aplicaci(cid:155)n de los criterios del Tratado a efectos de esclarecimiento de las cuestiones patrimo- niales pendientes. No se trataba ya de la adaptaci(cid:155)n de las empresas a la incipiente transformaci(cid:155)n de la situaci(cid:155)n competitiva, sino de medidas indispensa- bles para la reestructuraci(cid:155)n de la propiedad tras d(cid:130)cadas de perjuicios personales sufridos por los inte- resados. Por lo tanto, el objetivo de la medida no presentaba ning(cid:156)n v(cid:146)nculo con las funciones de la Comunidad seg(cid:156)n lo dispuesto en el Tratado. El objeto de la medida considerada, circunscrito al esclarecimiento de cuestiones patrimoniales pendientes, se describe de forma precisa en el pre(cid:145)m- bulo de la declaraci(cid:155)n com(cid:156)n: las “La divisi(cid:155)n de Alemania, los flujos migratorios de este a oeste que implic(cid:155) y los ordenamientos jur(cid:146)- dicos diferentes en los dos Estados alemanes dieron lugar a numerosos problemas patrimoniales que afectan a muchos ciudadanos de la Rep(cid:156)blica Demo- cr(cid:145)tica Alemana y de la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania. Para solucionar las cuestiones patrimoniales que se plantean, los dos Gobiernos convienen que procede establecer un pacto social de compensaci(cid:155)n de los distintos intereses. La seguridad jur(cid:146)dica y el car(cid:145)cter inequ(cid:146)voco del Derecho, as(cid:146) como el derecho a la propiedad son los principios a los cuales se atendr(cid:145)n los Gobiernos de la Rep(cid:156)blica Democr(cid:145)tica Alemana y de la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania en la soluci(cid:155)n de los problemas patrimoniales que se plantean. Esta es la (cid:156)nica manera de garantizar una paz jur(cid:146)dica duradera en la futura Alemania. ”. Por lo que se refiere a las empresas industriales o comerciales, fue la propia RDA la que cre(cid:155) el funda- mento jur(cid:146)dico del restablecimiento de la estructura de la propiedad privada: la Ley sobre la privatizaci(cid:155)n y la reorganizaci(cid:155)n del patrimonio del Estado (TREUHANDGESETZ), de 17 de junio de 1990, instituye el mandato de privatizaci(cid:155)n de las empresas. Sin embargo, las bases de la reestructuraci(cid:155)n de la propiedad s(cid:155)lo se refieren a las empresas industriales o comerciales. La transformaci(cid:155)n de las empresas de Estado en sociedades de capitales pertenecientes a la Treuhandanstalt dejaba abierta la posibilidad de que (cid:130)sta las vendiera a cualquiera seg(cid:156)n los principios de la econom(cid:146)a de mercado. Inmediatamente despu(cid:130)s (cid:190)a(cid:156)n en la (cid:130)poca de la independencia de la RDA(cid:190) comenz(cid:155) el proceso de privatizaci(cid:155)n de las empresas industriales o de otros tipos. La RDA hubo de enfrentarse a dificultades particulares en el caso de la reestructuraci(cid:155)n del patrimonio del Estado de natura- leza agr(cid:146)cola o forestal. Si bien, como en el caso de las empresas, la Ley prescribe, en principio, la priva- sin tizaci(cid:155)n de este patrimonio, combina, la 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/23 embargo, con condiciones restrictivas, previendo en particular que la privatizaci(cid:155)n y la reorganizaci(cid:155)n de tipo agr(cid:146)cola o forestal deben tener en cuenta las especificidades econ(cid:155)micas, ecol(cid:155)gicas, estructurales y de propiedad de este sector (primera frase del apar- tado 1 y apartado 6 del art(cid:146)culo 1 de la Ley sobre la privatizaci(cid:155)n). Habida cuenta de las especificidades de la tierra objeto de la reforma agraria, ambos Gobiernos acor- daron, en el proceso de negociaciones que condujo a la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n, que s(cid:155)lo podr(cid:146)a instaurarse una paz jur(cid:146)dica duradera si se ten(cid:146)an debidamente en cuenta las diferencias de intereses y las fuertes tensiones existentes entre los explotadores actuales y los antiguos propietarios. Por lo tanto, el pre(cid:145)mbulo de la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n estipula que es necesario establecer un pacto social de compensaci(cid:155)n. En materia agr(cid:146)cola, esta compensaci(cid:155)n se bas(cid:155) en el principio de no restituci(cid:155)n de las tierras a los anti- guos propietarios, por una parte, y en la imposibi- lidad de una opci(cid:155)n de propiedad unilateral en favor de las (LPG) cooperativas agrarias, por otra parte. En el marco del pacto social de compensaci(cid:155)n, se trataba pues de determinar qui(cid:130)nes y en qu(cid:130) condiciones iban a poder adquirir las tierras de la reforma agraria antes propiedad del Estado. La RDA ten(cid:146)a un enorme inter(cid:130)s en ello, ya que no ve(cid:146)a ninguna posibilidad de efectuar una revisi(cid:155)n de las expropiaciones realizadas entre 1945 y 1949 (punto 1 de la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n) y se propon(cid:146)a, por tanto, preservar las oportunidades de sus ciudadanos respecto a la utilizaci(cid:155)n de las la RDA se hab(cid:146)a comprometido tierras. Adem(cid:145)s, tambi(cid:130)n a solucionar estos problemas vinculados a la propiedad, con vistas a la creaci(cid:155)n de una estructura de propiedad de Derecho privado (punto 13 de la al Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n). No desarrollo del proceso de unificaci(cid:155)n, a la RDA le falt(cid:155) tiempo, de modo que las cuestiones patrimo- niales quedaron sin resolver. obstante, debido 1. 3. Tratado de unificaci(cid:155)n del 31 de agosto de 1990 El Tratado de uniftcaci(cid:155)n tambi(cid:130)n se realiz(cid:155) en la (cid:130)poca de la independencia de la RDA y queda, por tanto, fuera del (cid:145)mbito de aplicaci(cid:155)n del Tratado. En las negociaciones para la conclusi(cid:155)n del Tratado, la RDA mantuvo con tenacidad el punto de vista que hab(cid:146)a expresado en la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n. Como a(cid:156)n no se hab(cid:146)an solucionado las cuestiones patrimoniales, la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n se convirti(cid:155) en parte integrante del Tratado de unificaci(cid:155)n (art(cid:146)culo 41 del Tratado). S(cid:155)lo el legislador de la Alemania unificada pudo realizar el objetivo del pacto social de compensaci(cid:155)n, haciendo adoptar el r(cid:130)gimen de compra de tierras previsto por la EALG. El legislador de la Alemania unificada ten(cid:146)a pues que recuperar un retraso de ejecuci(cid:155)n de un trabajo normativo que a la RDA le era imposible realizar. Las posiciones jur(cid:146)- dicas relativas al territorio adherente establecidas en la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n y confirmadas por la conclu- si(cid:155)n del Tratado de unificaci(cid:155)n con la RDA soberana prolongan sus efectos en el contexto de esta norma- tiva. El programa de compra de tierras transpone (cid:190) sobre todo a iniciativa de los nuevos Estados fede- rados (cid:190) disposiciones del Tratado de unificaci(cid:155)n que favorecen los intereses de los ciudadanos de la RDA protegidos por la cl(cid:145)usula de salvaguardia de su art(cid:146)culo 44. En una Resoluci(cid:155)n de 19 de diciembre de 1996, el Bundesrat reafirm(cid:155) expresamente, en el contexto de la compensaci(cid:155)n de intereses prevista por el pacto social sobre la resoluci(cid:155)n de cuestiones patrimoniales pendientes, que la Declaraci(cid:155)n com(cid:156)n es elemento integrante del Tratado de unificaci(cid:155)n, cuya observancia pueden exigir los nuevos Estados federados ante el Tribunal constitucional federal (Br- Dr. 871/96). ». Las precisiones suplementarias sobre el origen de la medida proporcionadas por el Gobierno federal alem(cid:145)n, hacen hincapi(cid:130) en que una normativa modi- ficada que excluyera del r(cid:130)gimen de compra de tierras a los nuevos fundadores residentes el 3 de octubre de 1990 y a las personas jur(cid:146)dicas nunca habr(cid:146)a podido conseguir mayor(cid:146)a parlamentaria. Eso habr(cid:146)a tenido como consecuencia dejar sin soluci(cid:155)n por tiempo indefinido la cuesti(cid:155)n de la propiedad de las tierras de la reforma agraria, ya que habr(cid:146)a sido necesario reiniciar el proceso de formaci(cid:155)n de la opini(cid:155)n pol(cid:146)tica, lo que habr(cid:146)a significado para la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania un nuevo desgarro pol(cid:146)tico. 2. Compensaci(cid:155)n por da(cid:157)os El Gobierno federal alem(cid:145)n hace hincapi(cid:130) en el concepto de da(cid:157)o en sentido amplio y explica que se trataba en realidad de restablecer las bases de una actividad econ(cid:155)mica ejercida de manera responsable. El restablecimiento lo m(cid:145)s completo posible de la propiedad privada y de estructuras de propiedad equilibradas, a las que ning(cid:156)n pa(cid:146)s puede renunciar, est(cid:145) justificado por imperativos de la integraci(cid:155)n interna y de la estabilidad pol(cid:146)tica, y debe entenderse en sentido amplio como la reparaci(cid:155)n de un da(cid:157)o. El Gobierno alem(cid:145)n afirma a continuaci(cid:155)n que la concepci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n respecto a la compensa- ci(cid:155)n de los perjuicios es demasiado limitada y no tiene en cuenta las particularidades de la transforma- ci(cid:155)n y de la integraci(cid:155)n de una parte de un pa(cid:146)s con econom(cid:146)a de Estado en el contexto de la econom(cid:146)a de mercado. Por (cid:156)ltimo, el Gobierno alem(cid:145)n destaca que, adem(cid:145)s, en la pr(cid:145)ctica, una reflexi(cid:155)n basada en un caso parti- cular es irrealizable, y corre el riesgo de poner seria- mente en peligro la paz jur(cid:146)dica en los nuevos Estados federados. Por otra parte, el procedimiento de la prueba individual del da(cid:157)o implicar(cid:146)a un aluvi(cid:155)n de notificaciones particulares. L 107/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 3. Derecho de adquisici(cid:155)n de los nuevos funda- dores que en la fecha de referencia no ten(cid:146)an a(cid:156)n la edad laboral No se proporciona ninguna otra precisi(cid:155)n sobre este particular. Esta categor(cid:146)a de nuevos fundadores suscita las obser- vaciones siguientes por parte de Alemania: «Este caso s(cid:155)lo es concebible en circunstancias muy particulares y no reviste importancia en la pr(cid:145)ctica. En efecto, adem(cid:145)s de la obligaci(cid:155)n de residencia, el legislador impuso una condici(cid:155)n que preve(cid:146)a que el 1 de octubre de 1996, el derechohabiente se hubiera instalado en una nueva explotaci(cid:155)n (concepto de nuevo fundador) y hubiera arrendado a largo plazo las tierras cedidas en alquiler por la Treuhand. Por otra parte, la concesi(cid:155)n de un arrendamiento a largo plazo se supeditaba a la condici(cid:155)n de explotar por cuenta propia las superficies y poseer una calificaci(cid:155)n profe- sional conveniente para la gesti(cid:155)n. En la hip(cid:155)tesis formulada por la Comisi(cid:155)n, el nuevo fundador no habr(cid:146)a debido estar, en 1990, en edad laboral o habr(cid:146)a debido obtener una calificaci(cid:155)n profesional entre 1990 y 1996, habr(cid:146)a debido insta- larse a continuaci(cid:155)n en una explotaci(cid:155)n agr(cid:146)cola y establecer inmediatamente un contrato de arrenda- miento a largo plazo el 1 de octubre de 1996. En la gran mayor(cid:146)a de los casos, los nuevos fundadores adquirieron su calificaci(cid:155)n profesional en la RDA, antes de 1990, y trabajaban en calidad de empleados u obreros en una LPG o en una propiedad del Estado (VEG). No existen, sin embargo, estad(cid:146)sticas a este respecto. ». 4. Personas jur(cid:146)dicas sin refundadores entre sus asociados Siempre seg(cid:156)n el Gobierno alem(cid:145)n, la posibilidad de adquisici(cid:155)n por personas jur(cid:146)dicas que no cuenten a refundadores entre sus asociados no tiene actual- mente ning(cid:156)n alcance pr(cid:145)ctico: en primer lugar apenas existen empresas sucesoras de una LPG que no cuenten entre sus miembros con alguna persona que cumpla con los criterios aplicables a una persona reinstalada. De haberse producido, sin embargo, en el pasado, esta situaci(cid:155)n (excepcional), los detalles divul- gados entretanto en la carta de la Comisi(cid:155)n y, en cualquier caso, la publicaci(cid:155)n de la carta en el Diario Oficial de tuvieron como efecto la regularizaci(cid:155)n de la situaci(cid:155)n por parte de las personas jur(cid:146)dicas. las Comunidades Europeas, 5. Renuncia a posibles ingresos Por lo que se refiere al hecho de renunciar a posibles ingresos, el Gobierno alem(cid:145)n parte de una base inicial de 3 000 millones de marcos alemanes, pero indica, sin embargo, que hay que prever que «la reducci(cid:155)n del valor comercial relativice este importe». 6. Distorsi(cid:155)n de la competencia y riesgo de ataque al comercio comunitario A este respecto, se formulan las consideraciones siguientes: «La ayuda a la adquisici(cid:155)n no influye en la situaci(cid:155)n competitiva y de mercado de la explotaci(cid:155)n en cues- ti(cid:155)n en relaci(cid:155)n con sus competidores, ya que dicha explotaci(cid:155)n no puede adquirir sino tierras arrendadas mediante arrendamiento con opci(cid:155)n de compra que (cid:130)sta ya cultiva. En la hip(cid:155)tesis de una adquisici(cid:155)n efectuada recurriendo a capitales en pr(cid:130)stamo, la comparaci(cid:155)n entre el coste de los intereses a reem- bolsar y los arrendamientos actuales arroja un resul- tado neutro, de modo que tanto la estructura de la producci(cid:155)n como la de los precios de la explotaci(cid:155)n permanecen sin cambios. Por tanto, la compra de tierras no afecta al comportamiento de mercado de las explotaciones agr(cid:146)colas; el nivel de los precios y de los m(cid:145)rgenes permanece inalterado. Toda vez que el programa de compra de tierras no tiene ning(cid:156)n efecto de distorsi(cid:155)n de la competencia, el comercio comunitario no corre ning(cid:156)n riesgo. Puede producirse a lo sumo una mejora de la estabi- lidad a largo plazo de las explotaciones, ya que con las tierras adquiridas no existe la incertidumbre inhe- rente a la prolongaci(cid:155)n necesaria de los contratos de arrendamiento. El programa por otra parte no ocasiona ninguna mejora de la posici(cid:155)n competitiva en relaci(cid:155)n con las dem(cid:145)s explotaciones. S(cid:146) se aumenta, en cambio, el porcentaje de tierras en propiedad respecto al total de tierras explotadas. En el antiguo territorio de la RFA, el porcentaje de propiedad de las explotaciones agr(cid:146)colas es del 51,8 %; en los nuevos Estados federados, este porcen- taje s(cid:155)lo alcanza un 8,9 %. El r(cid:130)gimen de compra de tierras tiene por objeto contribuir a alcanzar una proporci(cid:155)n entre tierras arrendadas mediante arren- damiento con opci(cid:155)n de compra y tierras en propiedad comparable a la de las estructuras de los antiguos Estados federados. Con car(cid:145)cter comple- mentario, se puede a(cid:157)adir que debido a las limita- ciones del derecho de disposici(cid:155)n [inscripci(cid:155)n en el registro de la propiedad de la tierra en favor de la Sociedad de valoraci(cid:155)n y administraci(cid:155)n del suelo (BVVG) en caso de transferencia, prohibici(cid:155)n de enajenaci(cid:155)n durante veinte a(cid:157)os], las tierras s(cid:155)lo pueden desempe(cid:157)ar un papel limitado como capi- tales de garant(cid:146)a y sirven sobre todo para avalar el precio de compra. Sin embargo, la mejor estructura patrimonial en relaci(cid:155)n con una explotaci(cid:155)n arren- dada mediante arrendamiento con opci(cid:155)n de compra en sentido estricto puede facilitar el acceso a otros empr(cid:130)stitos en forma de cr(cid:130)dito personal. ». 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/25 7. Exenci(cid:155)n citada en la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92 del Tratado fin de contribuir a estas consecuencias con el suprimir el desfase y de alcanzar un nivel comparable al del oeste del pa(cid:146)s. ». En este contexto, Alemania indica lo siguiente: 8. Exenci(cid:155)n citada en la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado «Es cierto que el estado de hecho de la “compensa- ci(cid:155)n de las desventajas econ(cid:155)micas causadas por la divisi(cid:155)n” est(cid:145) vinculado a la escisi(cid:155)n del pa(cid:146)s. (cid:144)sta no es, sin embargo, el fruto de circunstancias naturales que compliquen o que impidan las relaciones entre la parte occidental y la parte oriental del pa(cid:146)s, sino que se basa en “contingencias pol(cid:146)ticas” [TJCE (Recopilaci(cid:155)n 1960, p. 343) apartado 415, en relaci(cid:155)n con la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92]. Habida cuenta de la realidad de los hechos, en la formula- ci(cid:155)n de la cl(cid:145)usula de la divisi(cid:155)n, el concepto de “divisi(cid:155)n” no debe considerarse simplemente como la instauraci(cid:155)n efectiva de la frontera, como una barrera artificialmente creada, sino m(cid:145)s bien como la expre- si(cid:155)n del contexto pol(cid:146)tico global que genera el trazado de la frontera y la introducci(cid:155)n de un sistema econ(cid:155)mico intervencionista. El bloqueo de la antigua RDA y la creaci(cid:155)n de una econom(cid:146)a de Estado centralizada estaban indisolublemente vinculados y deben considerarse como un proceso homog(cid:130)neo. Por lo tanto, no es posible imputar la causa de las desventajas sufren los nuevos Estados federados, por una parte, al enclaustramiento material, y por otra, al sistema econ(cid:155)mico regulado por el Estado. econ(cid:155)micas que El argumento formulado por la Comisi(cid:155)n, seg(cid:156)n el las dificultades econ(cid:155)micas actuales de los cual nuevos Estados federados no se deben a la divisi(cid:155)n, sino a la supresi(cid:155)n de la divisi(cid:155)n, s(cid:155)lo tendr(cid:146)a validez si las causas de la mala situaci(cid:155)n econ(cid:155)mica de los Estados federados del este de Alemania desapare- cieran sin dejar rastro una vez suprimida la divisi(cid:155)n y si los problemas actuales fueran imputables a nuevas circunstancias que no ten(cid:146)an nada que ver con el anterior aislamiento de la antigua RDA, ni con su sistema econ(cid:155)mico intervencionista. Es innegable que las carencias del sistema econ(cid:155)mico intervencio- nista subsistieron tras la supresi(cid:155)n de la RDA. La realizaci(cid:155)n de la unificaci(cid:155)n alemana y la introduc- ci(cid:155)n conexa de la econom(cid:146)a de mercado en Alemania del Este no son acontecimientos que hayan inte- rrumpido la cadena causal: se limitan a poner de manifiesto los perjuicios econ(cid:155)micos inherentes a la divisi(cid:155)n. Todos los casos contemplados por el r(cid:130)gimen de compra de tierras implican ciertos perjuicios, como se especifica en la parte anterior. Todos estos perjui- cios son consecuencia directa de la divisi(cid:155)n y tienen su origen por lo tanto en el “incidente”. El legislador de la EALG estaba, por tanto, autorizado a eliminar Alemania no invoca la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. La reparaci(cid:155)n de una situa- ci(cid:155)n de injusticia del pasado no puede considerarse como una ayuda normal destinada a favorecer el desarrollo econ(cid:155)mico de una regi(cid:155)n, sino m(cid:145)s bien como una ayuda sectorial que deber(cid:145) examinarse, cuando proceda, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. 9. Exenci(cid:155)n citada en la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado En el contexto de la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92, Alemania comunica lo siguiente a la Comisi(cid:155)n: «Los l(cid:146)mites establecidos por el legislador alem(cid:145)n (un m(cid:145)ximo del 50 % en r(cid:130)gimen de propiedad y un (cid:146)ndice de rendimiento entre 600 000 y 800 000 unidades de vendimiento) deber(cid:146)an garantizar que la adquisici(cid:155)n en condiciones preferenciales conduce a una proporci(cid:155)n equilibrada entre tierras en arrenda- miento y en propiedad. La compra de tierras, habida cuenta del derecho de adquisici(cid:155)n concedido a los agricultores, los desequilibrios estructurales de las explotaciones agr(cid:146)- colas en los nuevos Estados federados. asimismo a contribuye evitar Para apreciar, en este caso, el objeto de la venta, conviene considerar, desde el punto de vista del r(cid:130)gimen de las ayudas, que las superficies cedidas de manera preferencial est(cid:145)n sometidas a importantes restricciones del derecho de enajenaci(cid:155)n y, en parti- cular, a una prohibici(cid:155)n de enajenaci(cid:155)n de veinte a(cid:157)os y a una obligaci(cid:155)n de explotaci(cid:155)n por cuenta la BVVG propia de la misma duraci(cid:155)n. Adem(cid:145)s, dispone de un derecho de rescisi(cid:155)n en caso de que, durante la duraci(cid:155)n de la prohibici(cid:155)n de enajenaci(cid:155)n, las tierras se destinen a la construcci(cid:155)n y adquieran por ello un valor m(cid:145)s alto. En el caso de que el comprador adquiera tierras que ya haya tenido en arrendamiento durante un largo per(cid:146)odo de tiempo, en principio no cambia nada por lo que se refiere a: (cid:190) la estructura, el volumen o la intensidad de la producci(cid:155)n, (cid:190) la liquidez y la rentabilidad (a un inter(cid:130)s del 7 %, la participaci(cid:155)n de capitales externos corresponde a alrededor de 5 marcos alemanes por parcela). L 107/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 Para el agricultor, el beneficio reside solamente en el hecho de obtener, al t(cid:130)rmino de un per(cid:146)odo de veinte a(cid:157)os, unas tierras de uso agr(cid:146)cola sin restricciones en el derecho de enajenaci(cid:155)n, con un valor comercial correspondiente, y que no ser(cid:145) tampoco plenamente hipotecable hasta despu(cid:130)s de ese plazo. Estas tierras no permiten al comprador beneficiario realizar el mismo precio que puede obtenerse normalmente en el mercado de las propiedades agr(cid:146)colas. La ventaja debe calcularse pues del modo siguiente: El valor comercial correspondiente a las 4 300 unidades de rendimiento estaba en 1996 en cerca de 6 298 marcos alemanes por hect(cid:145)rea. La diferencia de valor en relaci(cid:155)n con el precio EALG (3 010 marcos alemanes por hect(cid:145)rea) asciende a 3 288 marcos alemanes por hect(cid:145)rea. Sin embargo, el comprador s(cid:155)lo puede adquirir esta “plusval(cid:146)a” al cabo de veinte a(cid:157)os. Si se parte de la hip(cid:155)tesis de que los valores reales no cambiar(cid:145)n durante los veinte pr(cid:155)ximos a(cid:157)os, la diferencia de valor, corregida con los inte- reses devengados desde la fecha de la compra (i = 5 %), asciende a 1 240 marcos alemanes por hect(cid:145)rea. Este valor corresponder(cid:146)a al beneficio obte- nido en el momento de la compra. El porcentaje instant(cid:145)neo de la ayuda en el momento de la compra asciende pues al 29,2 %. Llegaremos a un resultado comparable si nos plan- teamos en qu(cid:130) condiciones el beneficiario de la ayuda podr(cid:146)a obtener un “efecto beneficioso”, es decir, el aumento de su patrimonio en las condi- ciones actuales del mercado. En este caso, conviene tambi(cid:130)n tener en cuenta el hecho de que las tierras se someten a una prohibici(cid:155)n de enajenaci(cid:155)n de veinte a(cid:157)os, que el beneficio asociado a la ayuda no es pues realizable sino al t(cid:130)rmino de veinte a(cid:157)os y que el comprador no puede obtener beneficios procedentes de la especulaci(cid:155)n. En relaci(cid:155)n con el valor comercial de una tierra libre de restricciones del derecho de enajenaci(cid:155)n, el valor de la parcela en cuesti(cid:155)n debe considerares afectado por ciertas reduc- ciones. Como no existe mercado para este tipo de parcelas, es necesario calcular un valor comercial te(cid:155)rico y compararlo con el precio preferencial. En las condiciones indicadas, un agricultor en activo s(cid:155)lo est(cid:145) dispuesto a pagar un precio de compra que corresponda al valor de rendimiento de la parcela, ya que el agricultor (cid:156)nicamente puede adquirir la parcela para la explotaci(cid:155)n (est(cid:145) sometido incluso a la obligaci(cid:155)n de presentar un plan de explotaci(cid:155)n a la oficina de privatizaci(cid:155)n). El agricultor fijar(cid:145) pues el precio de compra determi- nante para (cid:130)l en funci(cid:155)n del valor actual del arrenda- miento a largo plazo (capitalizado sobre un per(cid:146)odo de veinte a(cid:157)os) puesto que el valor actual del arrenda- miento corresponde al valor de rendimiento desde el punto de vista de la producci(cid:155)n agr(cid:146)cola. Para un precio de arrendamiento de 5 marcos alemanes por parcela, el valor actual del arrendamiento as(cid:146) calcu- lado asciende a 2 084 marcos alemanes por hect(cid:145)rea (i = 5 %). Como quiera que las restricciones del derecho de enajenaci(cid:155)n desaparecen al cabo de veinte a(cid:157)os, el agricultor estar(cid:145) dispuesto a pagar m(cid:145)s a cambio de esta ventaja. Este beneficio, junto con los intereses devengados desde la fecha de compra, debe pues imputarse al valor comercial del arrendamiento en firme (mencionado anteriormente). Se desprende de estas cifras un precio de mercado te(cid:155)rico de 4 044 marcos alemanes por hect(cid:145)rea que el agricultor estar(cid:146)a dispuesto a pagar en condiciones de mercado por la parcela sometida a la prohibici(cid:155)n de enajena- ci(cid:155)n. En relaci(cid:155)n con el precio mejorado de 3 010 marcos alemanes por hect(cid:145)rea, el porcentaje instan- t(cid:145)neo de la ayuda asciende a un 25,6 %. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el alcance de un beneficio ligado a la privatizaci(cid:155)n de tierras anteriormente en propiedad del pueblo no puede calcularse pura y simplemente mediante una comparaci(cid:155)n con precios de mercado surgidos en condiciones totalmente diferentes. ». 10. Limitaci(cid:155)n de las posibilidades de compra a las personas residentes el 3 de octubre de 1990 A este respecto, las autoridades alemanas declararon lo siguiente: (cid:190) «El hecho de limitar la ordenaci(cid:155)n de las estruc- turas sociales y de propiedad en el marco de la EALG a la regi(cid:155)n del territorio adherente crea una relaci(cid:155)n directa con los habitantes de la antigua RDA que tienen v(cid:146)nculos con esta regi(cid:155)n, por una parte, y c(cid:155)n los antiguos propietarios, por otra. Al fijar la fecha del 3 de octubre de 1990, el legislador quiso procurar que las persona intere- sadas, o las familias de (cid:130)stas, que hab(cid:146)an vivido y hab(cid:146)an trabajado durante d(cid:130)cadas en la RDA, pudieran participar en el pacto social de compen- saci(cid:155)n que deb(cid:146)a establecerse entre ellas y los antiguos propietarios. Al definir las modalidades del pacto social de compensaci(cid:155)n y las condi- ciones de adquisici(cid:155)n que resultar(cid:146)an de (cid:130)ste, el legislador no pod(cid:146)a dejar de establecer un v(cid:146)nculo con la situaci(cid:155)n existente en el territorio adhe- rente el 3 de octubre de 1990. (cid:190) El desarrollo de la agricultura y de la silvicultura, objetivo del r(cid:130)gimen de compra de tierras, debe conceder un lugar particular, debido a la nece- sidad vinculante de garantizar una amplia conti- nuidad social, a los compradores que resid(cid:146)an ya desde hac(cid:146)a tiempo en la regi(cid:155)n, siempre que no se tratase de antiguos propietarios. La reestructu- raci(cid:155)n de la agricultura de la RDA modelada por las LPG no pod(cid:146)a hacer abstracci(cid:155)n de las conse- cuencias sociales. Con el final abrupto del sistema 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/27 la posibilidad de un desmantela- de la RDA, miento no coordinado de las estructuras sociales se convert(cid:146)a en una amenaza real. S(cid:155)lo una adap- taci(cid:155)n progresiva a las nuevas condiciones pod(cid:146)a permitir conducir el proceso de reconversi(cid:155)n. En opini(cid:155)n del legislador, este principio se deb(cid:146)a aplicar tambi(cid:130)n para elucidar cu(cid:145)les hab(cid:146)an de ser los beneficiarios del r(cid:130)gimen de reestructuraci(cid:155)n de las tierras. Era necesario pues crear una posibi- lidad de adquisici(cid:155)n que permitiese a los antiguos ciudadanos de la RDA insertarse en las nuevas estructuras sociales, en el marco de sus relaciones particulares con la regi(cid:155)n. Por estas razones, el legislador estaba tambi(cid:130)n autorizado a garantizar la participaci(cid:155)n de los nuevos fundadores en el proceso de reestructuraci(cid:155)n, con respecto a las tierras que hab(cid:146)an pasado a ser propiedad del Estado de la RDA. ». (cid:190) Alemania declara por otro lado que si no se hubiera fijado la fecha del 3 de octubre, habida cuenta del desfase entre los precios de las superfi- cies (sobre todo forestales) tanto dentro como fuera de Alemania, con toda probabilidad los bosques de la Alemania del Este se habr(cid:146)an liqui- dado r(cid:145)pidamente y sin ninguna coordinaci(cid:155)n, sin una participaci(cid:155)n significativa de sus habi- tantes. III Despu(cid:130)s de la correspondiente publicaci(cid:155)n de esta comu- nicaci(cid:155)n en el Diario Oficial de las Comunidades Euro- peas (1), la Comisi(cid:155)n recibi(cid:155) observaciones y comentarios de centenares de asociaciones, empresas o particulares interesados, procedentes tanto de los Estados miembros (en particular, Francia, el Reino Unido, Alemania y B(cid:130)lgica) como de pa(cid:146)ses de fuera de la Uni(cid:155)n Europea (entre otros, Estados Unidos, Canad(cid:145), Argentina y Brasil). Aparte de las observaciones formuladas por Alemania anteriormente mencionadas, ning(cid:156)n Gobierno de otro Estado miembro formul(cid:155) comentarios. Tras la expiraci(cid:155)n del plazo fijado en la comunicaci(cid:155)n previamente mencionada, se transmitieron a Alemania los comentarios y observaciones (2). En esencia, su contenido puede resumirse del modo siguiente. Por lo que se refiere a las observaciones directamente referentes a las cuestiones planteadas por el procedi- miento, pudieron comprobarse dos tendencias opuestas. Una serie de interesados (3) considera que, en la medida en que sean aplicables las disposiciones en materia de competencia, las medidas en cuesti(cid:155)n deben darse por compatibles con el mercado com(cid:156)n. El otro grupo (los (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 7. (2) Carta no VI/32143 de 19. 8. 1998. (3) Alrededor de una cent(cid:130)sima parte de las reacciones recibidas. interesados restantes) comparte las dudas expresadas por la Comisi(cid:155)n en la comunicaci(cid:155)n, las confirma, o incluso declara que la Comisi(cid:155)n no fue lo bastante lejos: En cuanto contienen elementos de ayuda, las medidas son incompatibles con el mercado com(cid:156)n 1. Aplicabilidad de los art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado Algunos interesados comienzan por apuntar que la misma Alemania, por su carta de 25 de enero de 1995, as(cid:146) como por sus dict(cid:145)menes posteriores sobre el derecho a compensaci(cid:155)n de los sucesores de las LPG y las personas recientemente instaladas, consi- dera que la EALG entra en el (cid:145)mbito de aplicaci(cid:155)n de las disposiciones sobre el control de las ayudas previstas en los art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado. Seg(cid:156)n ellos, la aplicabilidad de dichos art(cid:146)culos no deja lugar a duda. En cambio, uno de los interesados afirma que, debido al proceso de unificaci(cid:155)n, sin precedentes en la historia, la adquisici(cid:155)n de tierras no est(cid:145) incluida en el (cid:145)mbito de aplicaci(cid:155)n de los art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado. Todos los dem(cid:145)s interesados, o no ponen en duda la aplicabilidad de las disposiciones en cuesti(cid:155)n, o la aceptan impl(cid:146)citamente. Varios interesados, tanto a favor como en contra de la compatibilidad, indican que el programa de adquisi- ci(cid:155)n de tierras (cid:190)contrariamente a la intenci(cid:155)n inicial del legislador(cid:190) s(cid:155)lo se incorpor(cid:155) a la EALG en una segunda etapa. Como resulta del origen de la Ley, (cid:130)sta ten(cid:146)a por objeto favorecer un amplio acceso a la propiedad de las personas f(cid:146)sicas. En especial, se precisa a este respecto que el Gobierno federal no pod(cid:146)a argumentar que se trataba «en la situaci(cid:155)n hist(cid:155)rica sin precedentes de la unificaci(cid:155)n alemana, de una medida general destinada a crear un r(cid:130)gimen de la propiedad conforme al ordenamiento jur(cid:146)dico de la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania». Esta frase ten(cid:146)a por objeto una vez m(cid:145)s disimular la existencia de una subvenci(cid:155)n seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, ya que el propio proyecto del Gobierno de 31 de marzo de 1993 (Documento parlamentario del Bundesrat 244/1993 de 16 de abril de 1993) de una Ley de compensa- (EALG) no implicaba ciones e indemnizaciones ning(cid:156)n programa de adquisici(cid:155)n de tierras. Seg(cid:156)n esta (cid:155)ptica, «el Tratado de unificaci(cid:155)n no otorg(cid:155) ning(cid:156)n mandato al legislador alem(cid:145)n» para establecer tambi(cid:130)n un pacto social de compensaci(cid:155)n de dife- sector agr(cid:146)cola o forestal rentes mediante un programa de adquisici(cid:155)n de tierras. En realidad, este programa no se integr(cid:155) en el proyecto de Ley por iniciativa del Gobierno federal, sino que intereses en el L 107/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 lo introdujeron por primera vez los grupos parlamen- tarios de la coalici(cid:155)n CDU/CSU y FDP, tras la primera lectura de la Ley el 13 de mayo de 1993 (Documento parlamentario del Bundesrat 12/4887; informe estenogr(cid:145)fico de la 158a reuni(cid:155)n de la 12a legislatura de 13 de mayo de 1993). Esta iniciativa parlamentaria no ten(cid:146)a por otra parte por objeto «establecer tambi(cid:130)n un pacto social de compensaci(cid:155)n sector agr(cid:146)cola o de intereses diferentes en el inicialmente un forestal», «programa de compra de tierras» en favor de las v(cid:146)ctimas de las expropiaciones o beneficiarios de una compensaci(cid:155)n con el fin de ofrecerles una indemni- zaci(cid:155)n. sino tan s(cid:155)lo instituir S(cid:155)lo despu(cid:130)s de que el proyecto fuese rechazado dos veces por el Bundesrat y examinado dos veces por la comisi(cid:155)n de conciliaci(cid:155)n, el programa de compra de tierras, inicialmente concebido para reparar los da(cid:157)os sufridos por las v(cid:146)ctimas de las expropiaciones, fue «amonedado» para transformarse en un programa de asentamiento en favor de personas que no ten(cid:146)an derecho a indemnizaci(cid:155)n (nuevos fundadores y «suce- sores de las LPG»). Entre toda la documentaci(cid:155)n legislativa que se remonta al per(cid:146)odo 1991-1994 no se menciona en parte alguna la motivaci(cid:155)n actualmente aducida por Alemania para justificar el programa de compra de tierras. 2. Compensaci(cid:155)n por da(cid:157)os 2. 1. Refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n Ninguno de los interesados pone substancialmente en duda la necesidad y la facultad de conceder, seg(cid:156)n el Derecho alem(cid:145)n, una compensaci(cid:155)n a los refunda- dores sin derecho a restituci(cid:155)n (1). Algunos acent(cid:156)an el car(cid:145)cter de compensaci(cid:155)n de la EALG respecto a esta categor(cid:146)a de beneficiarios. Tal es el caso tambi(cid:130)n de una parte importante de los interesados que se basan en los argumentos de Alemania. Admiten estos (cid:156)ltimos que «la EALG s(cid:155)lo concede una reparaci(cid:155)n o una compensaci(cid:155)n insuficiente a los expropiados». 2. 2. Refundadores con derecho a restituci(cid:155)n Se hace notar a la Comisi(cid:155)n que, seg(cid:156)n la Ley alemana «el simple deterioro del patrimonio» no se considera da(cid:157)o que autorice a la persona interesada a adquirir en condiciones de favor tierras agr(cid:146)colas o forestales con arreglo al art(cid:146)culo 3 de la EALG ya que se restituye su antigua propiedad a los refundadores lo tanto, esas con derecho a restituci(cid:155)n (2). Por personas quedan por ley excluidas a priori de la (1) Para la definici(cid:155)n v(cid:130)ase el DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 9, los refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n son antiguos due(cid:157)os de explotaciones agr(cid:146)colas que se expropiaron entre 1945 y 1949. (2) Para la definici(cid:155)n v(cid:130)ase el DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 9, los refundadores que se beneficiaban de un derecho a restituci(cid:155)n han sido expropiadas despu(cid:130)s de 1949 y tienen un derecho a restituci(cid:155)n que les confiere la Ley sobre el patrimonio. adquisici(cid:155)n preferencial de tierras agr(cid:146)colas o fores- tales, con una sola excepci(cid:155)n: seg(cid:156)n la segunda parte de la tercera frase del apartado 2 del art(cid:146)culo 3, los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n s(cid:155)lo tienen la posibilidad de adquirir tierras agr(cid:146)colas o forestales en condiciones preferenciales en caso de que no hubieran podido ejercer el derecho a restituci(cid:155)n que les confiere la Ley sobre el patrimonio debido a la existencia de una de las causas de exclusi(cid:155)n contem- pladas en los art(cid:146)culos 4 y 5 de dicha Ley. En tal caso, no hay restituci(cid:155)n. Por lo tanto, los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n se encontrar(cid:146)an excepcional- mente en la misma situaci(cid:155)n que las personas sin derecho a restituci(cid:155)n a las que no se devolvi(cid:155) ninguna propiedad. En estos casos, est(cid:145) claro que la propiedad (no devuelta) no pudo sufrir ning(cid:156)n dete- rioro del patrimonio. En cambio, cuando a una persona reinstalada con derecho a restituci(cid:155)n se le haya devuelto su antigua propiedad, queda excluida en el Derecho alem(cid:145)n la hip(cid:155)tesis de un da(cid:157)o (residual) del patrimonio (a causa de deterioro). Por ello, los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n no se vieron favorecidos por Ley por la disposici(cid:155)n controvertida del art(cid:146)culo 3 de la EALG. de del patrimonio Todo ello no resulta s(cid:155)lo de la disposici(cid:155)n primera de la tercera frase del apartado 2 del art(cid:146)culo 3 de la EALG, sino tambi(cid:130)n del apartado 3 del art(cid:146)culo 349 de la ley sobre compensaci(cid:155)n de costos. Seg(cid:156)n (cid:130)sta, en caso de restituci(cid:155)n de un bien econ(cid:155)mico incau- tado, se supone que «incluso en caso de deterioro considerable la propiedad devuelta» el da(cid:157)o econ(cid:155)mico sufrido ha sido entera- mente compensado. Por lo tanto, seg(cid:156)n la Ley alemana no subsistir(cid:146)a en este caso ning(cid:156)n «da(cid:157)o residual» por compensar. Por tanto, esta categor(cid:146)a de personas queda excluida del derecho a adquirir tierras agr(cid:146)colas o forestales en condiciones prefe- rentes, de acuerdo con el art(cid:146)culo 3 de la EALG. Adem(cid:145)s, debido a la propia naturaleza de las cosas, no es posible compensar legalmente la p(cid:130)rdida de pertenencias agr(cid:146)colas inventariadas por la adquisi- ci(cid:155)n preferencia) de tierras. Por otra parte, se ha aducido que, en el caso de los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n, la compensaci(cid:155)n de la p(cid:130)rdida de patrimonio ya ha alcanzado incluso un m(cid:156)ltiplo de su valor, dado que desde 1990 se les han conce- dido todos los a(cid:157)os importantes ayudas a la adapta- ci(cid:155)n. Esta afirmaci(cid:155)n no se ha documentado sin embargo de forma pormenorizada. No se ha englobado a determinados refundadores (los «colonos resultantes de la reforma de propiedad de la tierra») en la categor(cid:146)a de los que tienen derecho a 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/29 una compensaci(cid:155)n, ya que nunca han disfrutado de la plena propiedad de sus tierras (que no pod(cid:146)an ni venderse, ni transmitirse por herencia, ni hipote- carse). El derecho a restituci(cid:155)n se les neg(cid:155) pues en virtud de la jurisprudencia de los tribunales supe- riores. 2. 3. Refundadores residentes Algunos interesados consideran inadmisible que Alemania haga valer las pretensiones de compensa- ci(cid:155)n de da(cid:157)os en pertenencias de inventario sufridos por los refundadores residentes (1). En este caso, no se puede aducir que «a menudo, no se produjo una restituci(cid:155)n completa de los equipamientos aportados a las LPG». En efecto, en este caso, para apreciar los elementos de ayuda contenidos en la Ley alemana, la situaci(cid:155)n jur(cid:146)dica determinante es la que se deriva del punto 1 del art(cid:146)culo 44 de la Ley de adaptaci(cid:155)n de la agricultura, que estipula que los refundadores resi- dentes tienen derecho a obtener la indemnizaci(cid:155)n (cid:146)ntegra del valor de sus contribuciones de equipa- miento. Eso es lo que acaba de decidir el Tribunal constitucional federal en su Sentencia de 22 de abril de 1998 (1 BvR 2146/94 y 2189/94), como consta en el art(cid:146)culo del Frankfurter Allgemeine Zeitung de 6 de mayo de 1998, p. 19. Sin embargo, si los refundadores residentes tuvieran derecho a obtener la indemnizaci(cid:155)n (cid:146)ntegra del valor de las contribuciones de equipamiento, ser(cid:146)a nece- sario deducir que una indemnizaci(cid:155)n (cid:146)ntegra de los equipamientos aportados a las LPG tuvo o habr(cid:146)a debido tener lugar. Estos derechos, deber(cid:146)an poder reclamarse incluso en la pr(cid:145)ctica, dado que los suce- sores de las LPG poseen generalmente capitales sufi- cientes, entre otros motivos por la concesi(cid:155)n desde 1990 de generosas subvenciones procedente del presupuesto de la Uni(cid:155)n, para satisfacer las preten- siones de los refundadores residentes en cuanto a indemnizaci(cid:155)n de las contribuciones de equipa- mientos. Por lo tanto, dada la situaci(cid:155)n legislativa alemana, la Comisi(cid:155)n no puede partir de la base de que «a menudo, no se produjo una restituci(cid:155)n completa de los equipamientos aportados a las LPG» ni debe negar, desde este punto de vista, los elementos de ayuda contenidos en las condiciones preferenciales concedidas a los refundadores resi- dentes. En cambio, la referencia hecha por la Comisi(cid:155)n (2) a la sentencia del Tribunal constitucional federal de 21 de mayo de 1996 en Europ(cid:132)ische Grundrechte- Zeitschrift 1996, p. 332 y siguientes se aplica completamente a esta categor(cid:146)a de refundadores resi- dentes. En este proceso, el propio Gobierno federal alem(cid:145)n aduce ante el Tribunal constitucional federal que el art(cid:146)culo 3 de la EALG prev(cid:130) «un programa aut(cid:155)nomo de fomento de la agricultura y la silvicul- tura en los nuevos Estados federados» y no est(cid:145) orien- tado a establecer una reparaci(cid:155)n. Uno de los interesados advierte, sin embargo, a este respecto que la propiedad de los antiguos agricultores individuales en la RDA qued(cid:155) desprovista de conte- nido frente al derecho de disfrute ilimitado conce- dido legalmente a las LPG. Ser(cid:146)a conveniente que este tipo de restricciones, que afect(cid:155) a todos los ciudadanos de la RDA, quedase compensado para los agricultores, por lo menos en parte, con el programa de compra de tierras en condiciones favorables. 2. 4. Nuevos fundadores Uno de los interesados indic(cid:155) que ser(cid:146)a profunda- mente discriminatorio que de las 800 a 1 000 nuevos fundadores (3), a los que se deber(cid:145) asignar alrededor de un d(cid:130)cimo de las tierras a privatizar y que no tengan, como todos los dem(cid:145)s beneficiarios, la posi- bilidad de adquirir un patrimonio y de ejercer una profesi(cid:155)n aut(cid:155)noma debido a la orientaci(cid:155)n econ(cid:155)- mica y social del sistema comunista, fueran objeto, en el marco de la EALG, de un tratamiento menos favorable que los dem(cid:145)s beneficiarios. Las dificul- tades que encuentran los nuevos fundadores para crear explotaciones no tienen parang(cid:155)n con las que encuentran todas las dem(cid:145)s categor(cid:146)as, ya que no tuvieron la posibilidad, contrariamente a otros ciuda- danos de la Uni(cid:155)n, de acumular un capital durante los (cid:156)ltimos cuarenta a(cid:157)os y no pod(cid:146)an disponer, como los dem(cid:145)s beneficiarios, en forma de capital de riesgo, de partes de la antigua propiedad que se les categor(cid:146)a de devolvi(cid:155). Del mismo modo, personas no pudo disponer de un capital inicial comparable al que se asign(cid:155) a los refundadores tras la liquidaci(cid:155)n de bienes fijada por la ley de adaptaci(cid:155)n de la agricultura sobre la base de la utilizaci(cid:155)n de sus propiedades por las LPG. No es admisible reservar a los nuevos fundadores un tratamiento diferente del de los dem(cid:145)s beneficiarios. esta Otros interesados consideran por el contrario que no hay raz(cid:155)n para reservar mejor trato a los nuevos fundadores que a todos los dem(cid:145)as empresarios de los nuevos Estados federados que crearon un estable- cimiento industrial despu(cid:130)s de la unificaci(cid:155)n. 2. 5. Personas jur(cid:146)dicas Generalmente se destaca que, contrariamente a la mayor(cid:146)a de los ciudadanos de la antigua RDA, las personas jur(cid:146)dicas no sufrieron ning(cid:156)n da(cid:157)o indivi- dual y que en cualquier caso pertenecen al (cid:156)ltimo «nivel de perjuicios». (1) Para la definici(cid:155)n v(cid:130)ase el DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 9. (2) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 14. (3) Para la definici(cid:155)n v(cid:130)ase el DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 10. L 107/30 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 M(cid:145)s concretamente, se hizo observar a la Comisi(cid:155)n que, por lo que se refiere a la delimitaci(cid:155)n entre compensaci(cid:155)n y ayuda en el caso de las personas jur(cid:146)dicas colectivas a las que pertenezcan como miembros refundadores con derecho a restituci(cid:155)n o refundadores residentes, las consideraciones perti- nentes son, mutatis mutandis, las que se hicieron para dichas categor(cid:146)as. Las observaciones expresadas por la Comisi(cid:155)n en su inicio del proceso (1), seg(cid:156)n las decisi(cid:155)n sobre el cuales en el caso de las personas jur(cid:146)dicas que cuenten entre sus miembros con refundadores se podr(cid:146)a denegar la ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, fueron criti- cadas en varios casos con el argumento de que tal disposici(cid:155)n constituye una invitaci(cid:155)n a posibles abusos. Existe en efecto el riesgo de que las disposi- ciones en materia de ayuda sean eludidas por personas jur(cid:146)dicas que emplean a posteriori a refun- dadores para obtener beneficios a los que no tendr(cid:146)an derecho. Se propuso, por tanto, que se fijara una fecha de referencia en la cual la sociedad deb(cid:146)a ya existir o la persona reinstalada estar afiliada a la persona jur(cid:146)dica. Como alternativa se propuso fijar una cifra m(cid:146)nima de afiliaci(cid:155)n de refundadores; si esta cifra es insignificante respecto a la persona jur(cid:146)- dica en cuesti(cid:155)n, se ignorar(cid:146)a el principio de propor- cionalidad si se considerara perjudicado al conjunto de la persona jur(cid:146)dica y se le concedieran condiciones preferentes. Otros exigen en cambio que solamente la persona reinstalada interesada pueda beneficiarse, en calidad de coasociado, del derecho de adquisici(cid:155)n y que s(cid:155)lo su nombre y no el de la sociedad (persona jur(cid:146)dica) est(cid:130) inscrito en el registro de propiedad de la tierra. En este caso, ni siquiera se autorizar(cid:146)a a la sociedad a beneficiarse de la ayuda con car(cid:145)cter indirecto. 3. Derecho de adquisici(cid:155)n de los nuevos funda- dores que, en la fecha de referencia, no estaban a(cid:156)n en edad laboral Uno de los interesados invoc(cid:155) a este respecto que entre los beneficiarios s(cid:155)lo se encontraban pr(cid:145)ctica- mente personas que, en 1990, eran mayores de edad y pose(cid:146)an experiencia suficiente para administrar una explotaci(cid:155)n agr(cid:146)cola. En efecto, la compra de tierras se combinaba con la condici(cid:155)n de que el comprador beneficiario tuviese en arrendamiento de larga dura- ci(cid:155)n, el 1 de octubre de 1996, una explotaci(cid:155)n agr(cid:146)- cola cedida en alquiler por la BVVG, siempre y cuando no se tratara de una persona expropiada por la potencia de ocupaci(cid:155)n sovi(cid:130)tica es decir, de anti- guos propietarios. Seg(cid:156)n las directivas adoptadas por la Treuhand despu(cid:130)s de una concertaci(cid:155)n con el servicio federal de arrendamientos de tierras, el arren- damiento de superficies agr(cid:146)colas s(cid:155)lo era concebible (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 12. respecto a personas que hubiesen, presentado un proyecto de explotaci(cid:155)n agr(cid:146)cola viable. La Ley prescribe la explotaci(cid:155)n por cuenta propia, de modo que solamente las personas con suficiente experiencia y conocimientos en materia de agricul- tura y gesti(cid:155)n podr(cid:146)an establecer contratos de arren- damiento y en consecuencia, finalmente, adquirir seg(cid:156)n la EALG. No debe excluirse que tierras algunas personas (se estim(cid:155) su n(cid:156)mero entre 10 y 15 para los cinco nuevos Estados federados) hayan podido cumplir la condici(cid:155)n relativa a la residencia en la RDA el 3 de octubre de 1990, sin pertenecer a la categor(cid:146)a de los antiguos propietarios ni a la de los colonos que trabajaban en las condiciones vigentes en la RDA. El n(cid:156)mero de personas que ya ten(cid:146)an su domicilio fijo en la RDA el 3 de octubre de 1990 sin tener la nacionalidad es tan insignificante que se puede ignorar en el marco del procedimiento de examen. 4. Distorsi(cid:155)n de la competencia y riesgo de ataque al comercio comunitario Uno de los interesados critic(cid:155) las consideraciones formuladas por la Comisi(cid:155)n con respecto a esta cues- ti(cid:155)n precisando que la venta de tierras en condi- ciones preferentes no mejora la posici(cid:155)n competitiva del comprador beneficiario. La compra de tierras agr(cid:146)colas o forestales en condiciones preferentes no permite a las explotaciones constituir un capital social en condiciones m(cid:145)s favorables que sus compe- tidores. Si las explotaciones dispusieran de capitales propios y los transfirieran en valor de propiedad de la tierra, su capital social no aumentar(cid:146)a. Debido, sin embargo, a la situaci(cid:155)n precaria de las rentas agr(cid:146)- colas, la mayor parte de las explotaciones debe recu- rrir al cr(cid:130)dito para comprar tierras, y las inevitables cargas de inversi(cid:155)n reducen a(cid:156)n m(cid:145)s la ya poca liquidez de las explotaciones, con lo que debilitan la posici(cid:155)n competitiva de los beneficiarios, siempre y cuando sean (cid:130)stos econ(cid:155)micamente activos en el sector agrario. Por a(cid:157)adidura, los bancos dudan en conceder cr(cid:130)ditos para las tierras compradas, al ser (cid:130)stas objeto de una prohibici(cid:155)n de venta de veinte a(cid:157)os inscrita en el registro de propiedad de la tierra. Por lo tanto, las tierras adquiridas no ofrecen ninguna seguridad suplementaria para la constituci(cid:155)n de capitales. La fijaci(cid:155)n del precio de adquisici(cid:155)n preferente se inspir(cid:155) en el valor de rendimiento de las tierras indi- cado en el «Documento Bohl», adoptado el 16 de noviembre de 1992 bajo la direcci(cid:155)n de los servicios de la canciller(cid:146)a federal. En aras de la simplificaci(cid:155)n, la EALG adopt(cid:155) el triple del valor unitario (inicial- mente fundado en el valor de rendimiento en 1935). 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/31 Resulta de lo que precede que la compra de tierras en condiciones preferentes no implica de ninguna manera una reducci(cid:155)n de las inversiones relativas a los medios de producci(cid:155)n ni permite a los beneficia- rios presentar una oferta m(cid:145)s ventajosa de productos agrarios en el mercado. De todas maneras, el mercado de las tierras agr(cid:146)colas no est(cid:145) subordinado a las posibilidades de rendi- miento. En Alemania y en casi todos los pa(cid:146)ses de la Uni(cid:155)n, el importe de los precios de las tierras no est(cid:145) vinculado a las posibilidades de rendimiento. En casi todas las regiones de la Uni(cid:155)n, la compra de tierras agr(cid:146)colas, en cuesti(cid:155)n desde el punto de vista de los costes de producci(cid:155)n, desemboca en un encareci- miento de la producci(cid:155)n y tiene una influencia nega- tiva sobre la competencia. Los costes de producci(cid:155)n agr(cid:146)colas vienen determi- nados por los precios de los arrendamientos y no por los precios de compra de las tierras. Es innegable que las explotaciones agr(cid:146)colas cuyos colonos pudieron, gracias a su esp(cid:146)ritu de econom(cid:146)a, adquirir tierras durante varias d(cid:130)cadas, o incluso, a menudo, durante varios siglos, disponen de mayor estabilidad y de mayor seguridad. Sin embargo, este argumento no se aplica a las explo- taciones en curso de constituci(cid:155)n en los nuevos Estados federados, que ya deben hacer frente a costes de cr(cid:130)dito muy elevados, ni, a(cid:156)n menos, al presente problema de la compra de tierras en condiciones preferenciales. A ello hay que a(cid:157)adir el hecho de que dentro de la Uni(cid:155)n Europea, los precios de las tierras var(cid:146)an mucho de un Estado miembro a otro y de una regi(cid:155)n a otra y que no tienen ninguna conexi(cid:155)n con las posibilidades de rendimiento. El nivel del triple del valor unitario, que constituye el precio al cual los beneficiarios de la EALG pueden comprar las tierras, es m(cid:145)s elevado que el valor comercial que alcanzan por t(cid:130)rmino medio las tierras en Francia, Espa(cid:157)a, el Pa(cid:146)s de Gales y Escocia. Las quejas de las asociaciones de propietarios de tierras que pertenecen a estos Estados miembros pueden pues refutarse alegando que el precio del terreno es m(cid:145)s ventajoso en dichos Estados. Por otra parte, en todos los Estados miembros de la Uni(cid:155)n, con excep- ci(cid:155)n de Alemania Occidental, el importe de los arrendamientos, determinantes para la competencia en el sector agr(cid:146)cola, es pr(cid:145)cticamente comparable al de los nuevos Estados federados. Otro interesado se(cid:157)al(cid:155) en cambio que la compra de tierras en condiciones preferentes mejora la posici(cid:155)n competitiva de los beneficiarios. A su modo de ver, las sirven tambi(cid:130)n de capital social, puesto que el registro de la en condiciones preferenciales tierras BVVG es generalmente poco eficaz o es invalidado. Adem(cid:145)s, nada se opone al recurso a cr(cid:130)ditos de segundo rango. 5. Exenci(cid:155)n citada en la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92 del Tratado interesados Ninguno de los impugn(cid:155) las dudas emitidas por la Comisi(cid:155)n respecto a la aplicabilidad de la excepci(cid:155)n contemplada en la letra c) del apar- tado 2 del art(cid:146)culo 92 del Tratado al programa de compra de tierras. Uno de los interesados considera que Alemania no present(cid:155) ning(cid:156)n argumento contrario convincente, en particular, por lo que se refiere al argumento de la Comisi(cid:155)n que alega que las disposiciones cuestionadas no tienen su origen en la divisi(cid:155)n de Alemania, sino que se deben a la supresi(cid:155)n de tal divisi(cid:155)n. Este argumento no puede tampoco refutarlo Alemania se(cid:157)alando que «las carencias del sistema econ(cid:155)mico intervencionista sobrevivieron a la supresi(cid:155)n de la RDA» ni, a(cid:156)n menos, a(cid:157)adiendo que «la introducci(cid:155)n conexa de la econom(cid:146)a de mercado en la Alemania del Este» viene determinada por la divisi(cid:155)n, que justifica, por lo tanto, las condiciones preferentes en cuesti(cid:155)n. El «incidente» de la divisi(cid:155)n pertenece al pasado desde 1990, lo que legitima el argumento seg(cid:156)n el cual la supresi(cid:155)n de la divisi(cid:155)n est(cid:145) en el origen de las condiciones preferentes concedidas a los agricul- tores para que puedan en lo sucesivo explotar, seg(cid:156)n los criterios de la econom(cid:146)a privada, inmensas super- ficies agr(cid:146)colas con el fin de constituirse un patri- monio. No se ve realmente porqu(cid:130), incluso recu- rriendo a la divisi(cid:155)n, ser(cid:146)a necesario facilitarles a(cid:156)n un mayor acceso a la propiedad. 6. Exenci(cid:155)n citada en la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado En este contexto, hay que tener en cuenta que ninguna de las reacciones recibidas indica que la medida en cuesti(cid:155)n deba considerarse como una ayuda destinada a favorecer el desarrollo econ(cid:155)mico de regiones en las que el nivel de vida es anormal- mente bajo o en las cuales exista una situaci(cid:155)n grave de subempleo, seg(cid:156)n lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. 7. Exenci(cid:155)n citada en la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado 7. 1. Desarrollo de determinadas actividades o regiones econ(cid:155)micas/inter(cid:130)s com(cid:156)n A este respecto, se se(cid:157)al(cid:155) que Alemania no puede argumentar que «las explotaciones agr(cid:146)colas de los nuevos Estados federados acusan un desequilibrio estructural en materia de propiedad de la tierra, ya L 107/32 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 que la gran mayor(cid:146)a (91,1 %) cultiva tierras arren- dadas». En realidad esta circunstancia se debe al hecho de que, contrariamente a otros interesados y, en particular a los demandantes, los beneficiarios se encontraron con superficies a arrendar demasiado grandes. Por otra parte, los arriendos a largo plazo de grandes superficies agr(cid:146)colas pueden tambi(cid:130)n garan- tizar las inversiones y garantizar la estabilidad de los empleos de modo suficiente. La adquisici(cid:155)n en condiciones preferentes habr(cid:146)a podido conducir «a una relaci(cid:155)n equilibrada entre superficies arrendadas y tierras en propiedad», si se examina aisladamente a los sucesores de las LPG. Sin embargo, si se considera al conjunto de la estructura agr(cid:146)cola de los nuevos Estados federados, no puede hablarse de distribuci(cid:155)n equilibrada de la propiedad de la tierra agr(cid:146)cola o forestal entre las categor(cid:146)as interesadas. 7. 2. Intensidad de la ayuda en el caso de superficies agr(cid:146)colas que no se hallan en una zona desfavore- cida Uno de los interesados destac(cid:155) que las restricciones legales que pesan sobre la compra de tierras agr(cid:146)colas ejerc(cid:146)an una influencia negativa sobre su valor comercial en comparaci(cid:155)n con la adquisici(cid:155)n de superficies agr(cid:146)colas en el mercado libre. As(cid:146) pues, en aplicaci(cid:155)n del Reglamento sobre compra de tierras, los contratos de compra se combinan regu- larmente con prohibiciones de enajenar o disponer, con cl(cid:145)usulas que prev(cid:130)n la transferencia de posibles plusval(cid:146)as y con derechos de cancelaci(cid:155)n que abarcan un per(cid:146)odo de veinte a(cid:157)os a partir de la conclusi(cid:155)n del contrato de compra. En cuanto a la estimaci(cid:155)n del valor de las superficies agr(cid:146)colas, generalmente se admite que estas pesadas restricciones y cargas de car(cid:145)cter jur(cid:146)dico determinan de forma duradera la fijaci(cid:155)n del precio del suelo. Por lo tanto, no es admisible la comparaci(cid:155)n entre el precio de adquisici(cid:155)n preferencia en el marco del programa de compra de tierras, correspondiente al triple del valor unitario, con procedimientos de compra de superficies agr(cid:146)colas «exentas de cargas» en el mercado libre. Una determinaci(cid:155)n del valor comercial efectivo de estas superficies agr(cid:146)colas que tenga en cuenta las restricciones de disponer que las afectan conduce generalmente a una intensidad de ayuda inferior al 35 %, incluso en caso de existir un precio de compra preferente correspondiente al triple del valor unitario. Tras estas consideraciones, el interesado admite que, en algunos casos, se puede esperar una intensidad de m(cid:145)s del 35 %. Otros interesados acusan al Gobierno federal alem(cid:145)n de haber calculado de manera incorrecta la inten- sidad de las ayudas. Refutan la tentativa del Gobierno de «subestimar» la preferencia, para llegar a una intensidad pretendida de la ayuda del 29,2 % sola- mente en el momento de la compra, habida cuenta del hecho de que, para la Comisi(cid:155)n, se justifica una intensidad de ayuda del 35 % en las zonas no desfa- vorecidas. En efecto, a quien quiera adquirir tierras en calidad de arrendatario de larga duraci(cid:155)n, en parti- cular, con el fin de garantizar cr(cid:130)ditos, no le «inco- moda» la prohibici(cid:155)n de enajenaci(cid:155)n limitada en el tiempo, puesto que, de todas formas, no tiene ni la la necesidad de vender. En algunos intenci(cid:155)n ni casos se documentan intensidades de ayuda que pueden sobrepasar el 70 %. 7. 3. Fecha de referencia del 3 de octubre de 1990 (cid:190) Discriminaci(cid:155)n Uno de los interesados indica que del proceso que dio origen a la Ley as(cid:146) como de las consideraciones que lo precedieron, efectuadas bajo la direcci(cid:155)n de los servicios de la canciller(cid:146)a federal, resulta que el Gobierno se esforzaba, con el apoyo del Parlamento, en limitar la adquisici(cid:155)n preferencial de tierras a las personas residentes en la RDA. Los antiguos ciuda- danos de la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania, siempre y cuando no pertenecieran a la categor(cid:146)a de las personas expropiadas bajo la ocupaci(cid:155)n sovi(cid:130)tica o por la RDA ni dispusieran de propiedades de tierras en la RDA, quedaron tambi(cid:130)n excluidos y fueron objeto del mismo trato que los dem(cid:145)s ciudadanos de la Uni(cid:155)n. La Comisi(cid:155)n no pod(cid:146)a excluir de los beneficios de la Ley a los nuevos fundadores. Durante los cuarenta (cid:156)ltimos a(cid:157)os, estas personas no tuvieron la posibi- lidad, contrariamente a otros ciudadanos de la Uni(cid:155)n, de acumular un capital. Los dem(cid:145)s interesados defienden, sin embargo, una posici(cid:155)n diferente. A menudo se quejan de la falta de proporcionalidad de la medida en relaci(cid:155)n con el perjuicio sufrido, lo que consideran como una discri- minaci(cid:155)n: tanto los antiguos propietarios con o sin derecho a restituci(cid:155)n (en calidad de refundadores o de personas que no explotan por cuenta propia) como los refundadores residentes se vieron perjudi- cados. Admiten no obstante que es dif(cid:146)cil calcular con exactitud el importe del perjuicio sufrido por los distintos grupos, sobre todo en el caso de los refunda- dores con derecho a restituci(cid:155)n y de los refundadores residentes, para quienes el deterioro del patrimonio o la ausencia de posibilidades de desarrollo deben considerarse como un perjuicio. Si se quiere, sin embargo, establecer una relaci(cid:155)n entre los distintos perjuicios y fijar una escala de valores, es innegable que, comparativamente, el perjuicio mayor es el que sufrieron las personas expropiadas sin derecho a restituci(cid:155)n, mientras que los refundadores residentes, que no sufrieron nunca expropiaci(cid:155)n, son en cambio, las que sufrieron menor perjuicio. 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/33 Aunque quede este argumento fuera de duda, es preocupante que, en el contexto de la concesi(cid:155)n de las ayudas, los beneficios destinados a compensar los da(cid:157)os sufridos se hayan clasificado en el orden opuesto. Seg(cid:156)n la EALG, los refundadores residentes, es decir, las que no fueron nunca expropiadas, y para las cuales el perjuicio se reduce a la ausencia de posibilidades de desarrollo, gozan de un derecho de prelaci(cid:155)n y del derecho a adquirir 600 000 unidades de rendimiento. A los antiguos propietarios no colonos, que en parte debieron renunciar a recuperar la explotaci(cid:155)n porque los residentes «estaban ya all(cid:146)», s(cid:155)lo se les concedi(cid:155), en cambio, el «derecho de adquisici(cid:155)n posterior» y el derecho a obtener 300 000 unidades de rendimiento. Los que sufrieron mayores da(cid:157)os y que, por lo tanto, ten(cid:146)an derecho a una compensaci(cid:155)n m(cid:145)s elevada obtuvieron, comparativa- mente, la compensaci(cid:155)n m(cid:145)s escasa, por lo menos, si eran al mismo tiempo arrendatarios, y aquellos cuyos perjuicios eran comparativamente menores se benefi- ciaron de la indemnizaci(cid:155)n m(cid:145)s importante. Se da un desequilibrio en el hecho de que las personas que sufr(cid:146)an da(cid:157)os relativamente escasos se beneficiaron de una compensaci(cid:155)n m(cid:145)s elevada que las personas m(cid:145)s seriamente perjudicadas. Algunos acusan al legislador de arbitrario: seg(cid:156)n el programa de compra de tierras, no se autoriza a bene- ficiarse del programa al ciudadano de la antigua RDA que, debido a las represiones y a los des(cid:155)rdenes de 1989, huy(cid:155) de su pa(cid:146)s para no volver de nuevo hasta despu(cid:130)s del 3 de octubre de 1990, aunque, a lo mejor, haya pasado antes toda su vida en la RDA. Por otra parte, puede beneficiarse de la Ley aquel que, dejando el territorio de la antigua Rep(cid:156)blica Federal de Alemania, se mud(cid:155) «exactamente a tiempo» para instalarse en el de la antigua RDA antes del 3 de octubre de 1990. En el caso del firmante, ello signi- fica que le result(cid:155) imposible aumentar su explotaci(cid:155)n existente para conferirle una dimensi(cid:155)n econ(cid:155)mica- mente viable, ni siquiera sobre la base de su valor comercial, porque se hab(cid:146)an enajenado todos los espacios lim(cid:146)trofes a precios preferenciales en virtud de la EALG. Los dem(cid:145)s interesados califican la medida en cues- ti(cid:155)n de discriminatoria e invocan una infracci(cid:155)n de los art(cid:146)culos 52, 6 y 40, apartado 3, del Tratado, suscribiendo as(cid:146) las dudas expresadas por la Comi- si(cid:155)n en la comunicaci(cid:155)n. Algunos indican que Alemania intenta en vano justificar una desigualdad de tratamiento innegable respecto a otros ciudadanos de Alemania Occidental o de la Uni(cid:155)n Europea por «las circunstancias que existen en la RDA». En este caso tambi(cid:130)n, parece olvidarse que la EALG s(cid:155)lo entr(cid:155) en vigor cinco a(cid:157)os despu(cid:130)s de la unificaci(cid:155)n de Alemania, cuando no hab(cid:146)a ya ninguna raz(cid:155)n de hecho o de derecho para discriminar a otros ciuda- danos de Alemania Occidental o de la Uni(cid:155)n Europea en relaci(cid:155)n con los sucesores de las LPG y los nuevos fundadores. En este contexto, Alemania se defiende tambi(cid:130)n haciendo simplemente alusi(cid:155)n (cid:190)sin fundamento no obstante(cid:190) a la «estructuraci(cid:155)n del pacto social de compensaci(cid:155)n» y a hipot(cid:130)ticas «razones imperativas para garantizar la continuidad social» en materia de desarrollo de la agricultura y de la silvicultura. A eso los interesados responden que las condiciones prefe- rentes concedidas a los sucesores de las LPG son arbitrarias, socialmente desequilibradas y profunda- mente injustas, de modo que la alusi(cid:155)n de Alemania a un pacto presuntamente social de compensaci(cid:155)n no debe confundirse con la constataci(cid:155)n de que la compra de tierras en condiciones preferenciales desemboca efectivamente en tal resultado. A ello apunta precisamente la observaci(cid:155)n de Alemania, seg(cid:156)n la cual, en la reestructuraci(cid:155)n de la organizaci(cid:155)n agr(cid:146)cola de la RDA forjada por las LPG, «no se habr(cid:146)a debido descuidar las consecuencias sociales». Lo que, en este contexto, se califica de «desmantelamiento no coordinado de las estructuras sociales existentes» significa en realidad la p(cid:130)rdida efectivamente sufrida de varias centenas de millares de empleos en la agricultura, p(cid:130)rdida que de todas formas no habr(cid:146)a podido evitarse. Incluso la conce- si(cid:155)n de condiciones preferentes a los sucesores de las LPG y a los nuevos fundadores en la adjudicaci(cid:155)n de contratos de arrendamiento o en la adquisici(cid:155)n de propiedades no consigui(cid:155) evitarlo. Por lo tanto, el trato preferente en cuesti(cid:155)n no tiene absolutamente ninguna relaci(cid:155)n con la preservaci(cid:155)n de las «estructuras sociales existentes», a la que se comprometi(cid:155) Alemania. Por el contrario, el (cid:130)xodo masivo de mano de obra agr(cid:146)cola de las LPG revel(cid:155) la vacuidad de este pretexto. Adem(cid:145)s, el argumento de Alemania de que se propon(cid:146)a crear posibilidades de adquisici(cid:155)n «que permit(cid:146)an a los ciudadanos de la antigua RDA insertarse estructuras sociales, en el contexto de sus v(cid:146)nculos particulares con la regi(cid:155)n», ha debido parecer bien hip(cid:155)crita a los interesados que viven a(cid:156)n hoy en los nuevos Estados federados, pero que no se beneficiaron de condi- ciones preferenciales comparables. Tampoco en este contexto, Alemania pens(cid:155) «en las personas» de los nuevos Estados federados (y en consecuencia en estos interesados), sino exclusivamente en los alrededor de 3 000 sucesores de las LPG. El legislador, precisa- mente «por estas razones», no cre(cid:155) ning(cid:156)n pacto social. en nuevas Por otra parte, se precis(cid:155) ante la Comisi(cid:155)n que en cualquier caso, en 1996, la gran mayor(cid:146)a de los contratos de arrendamiento de larga duraci(cid:155)n se hab(cid:146)a establecido con nacionales de Alemania del Este. Como la mayor(cid:146)a de los alemanes occidentales y de los otros ciudadanos de la Uni(cid:155)n no cumplen con esta condici(cid:155)n, esta categor(cid:146)a queda excluida para participar en el programa de compra de tierras, incluso si no se fija la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990. Por lo tanto, la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990 resulta innecesaria. L 107/34 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 IV Mediante carta del 22 de octubre de 1998, Alemania expres(cid:155) lo siguiente con respecto a los comentarios formulados por los interesados: 1. Refundadores con derecho a restituci(cid:155)n Contrariamente a las observaciones de los recu- rrentes, as(cid:146) como a las afirmaciones de otros intere- sados, los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n y los refundadores residentes que pueden de nuevo disponer libremente de las tierras aportadas a las LPG son beneficiarios del derecho en la acepci(cid:155)n de la primera frase del apartado 2 del art(cid:146)culo 3 de la EALG. La remisi(cid:155)n a la primera parte de la tercera frase del apartado 2 del art(cid:146)culo 3 de la EALG, alegando que s(cid:155)lo autorizar(cid:146)a a los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n a adquirir tierras agr(cid:146)colas o forestales en condiciones preferenciales si no pueden ejercer el derecho a restituci(cid:155)n que les confiere la Ley del patrimonio debido a las excepciones contempladas en los art(cid:146)culos 4 y 5 de la Ley en cuesti(cid:155)n, no es pertinente. Ya la formulaci(cid:155)n de la tercera frase del apartado 2 del art(cid:146)culo 3 de la EALG, que estipula que «se entiende tambi(cid:130)n por refundadores en la acepci(cid:155)n de la primera frase [. ]» prueba que esta disposici(cid:155)n no define de manera exhaustiva la cate- gor(cid:146)a de los refundadores. De hecho, esta disposici(cid:155)n se limita a precisar que las categor(cid:146)as de personas que se citan all(cid:146), para las cuales es imposible una restitu- ci(cid:155)n del bien expropiado por distintas razones, se incluyen tambi(cid:130)n entre los refundadores que pueden beneficiarse de condiciones preferenciales. De acuerdo con la voluntad expresa del legislador, debe precisamente considerarse como refundadores, en la acepci(cid:155)n de la primera frase del apartado 2 del art(cid:146)culo 3 de la EALG, a aquellos que recuperaron su antigua propiedad tras una restituci(cid:155)n y a los anti- guos miembros de una LPG que vuelven a explotar ellos mismos las tierras. En el caso contrario, se excluir(cid:146)a del r(cid:130)gimen de compra de tierras a un gran n(cid:156)mero de refundadores residentes que tomaron en arrendamiento una parte considerable de las tierras de la BVVG (sociedad de valorizaci(cid:155)n y gesti(cid:155)n de las tierras). Para estar autorizado a adquirir como persona reins- talada seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 2 del art(cid:146)culo 3, en relaci(cid:155)n con el apartado 1, de la EALG, basta con que el interesado haya reemprendido una explo- taci(cid:155)n agr(cid:146)cola y haya extendido, durante esta reinsta- laci(cid:155)n, la explotaci(cid:155)n a las tierras contempladas en el apartado 1 del art(cid:146)culo 3 de la EALG. Ahora bien, como ya se ha expuesto, la capacidad de adquirir tierras en virtud del art(cid:146)culo 3 de la EALG no queda excluida por otras leyes alemanas (Ley sobre compensaci(cid:155)n de costos, Ley de adaptaci(cid:155)n de la agricultura). S(cid:155)lo en la perspectiva de una demanda de restitu- ci(cid:155)n/compensaci(cid:155)n de costos, el apartado 3 del ar- t(cid:146)culo 349 de la Ley sobre compensaci(cid:155)n de costos simula una compensaci(cid:155)n (cid:146)ntegra de los da(cid:157)os a cargo del derechohabiente, aunque en la realidad (cid:130)ste no recupere una explotaci(cid:155)n en actividad. Esta ficci(cid:155)n se justifica exclusivamente por razones de t(cid:130)cnica jur(cid:146)dica con miras a fundamentar el derecho a restituci(cid:155)n. Ahora bien, la demanda de restituci(cid:155)n de la compensaci(cid:155)n de los costos siempre se limita al valor efectivo de los objetos a restituir. La compensaci(cid:155)n de los costos es una medida de rigor y no constituye, de la misma forma que las disposiciones que regulan las cuestiones patrimo- niales pendientes previstas en el Tratado de unifica- ci(cid:155)n, una compensaci(cid:155)n total de los da(cid:157)os sufridos en el sentido, por ejemplo, del Derecho civil o de una indemnizaci(cid:155)n a causa de expropiaci(cid:155)n en virtud del apartado 3 del art(cid:146)culo 14 de la Ley fundamental. Por lo tanto, la compensaci(cid:155)n de los costos no excluye de ninguna manera la aplicaci(cid:155)n de norma- tivas que se basen en otra base jur(cid:146)dica, como, en este caso, la del r(cid:130)gimen de propiedad. Por otra parte, partiendo del principio de que, de acuerdo con el punto 1 del art(cid:146)culo 44 de la Ley de adaptaci(cid:155)n de la agricultura, los antiguos miembros de las LPG tienen derecho a obtener la indemniza- ci(cid:155)n (cid:146)ntegra del valor de sus contribuciones de equi- pamiento, los demandantes deducen que es necesario «por derecho» partir del principio de que las contri- buciones de equipamiento en las LPG fueron objeto de una indemnizaci(cid:155)n total, y con ello asimilan el derecho a una prestaci(cid:155)n a su ejecuci(cid:155)n. Sin embargo, es de sobras sabido que, en muchos casos, las contribuciones de equipamiento para las LPG no fueron objeto de indemnizaci(cid:155)n completa. 2. Compensaci(cid:155)n por p(cid:130)rdidas de patrimonio Varias de las observaciones presentadas consideran que las explotaciones agr(cid:146)colas de los nuevos Estados federados gozan desde 1990 «de ayudas anuales a la adaptaci(cid:155)n de un importe tan elevado que la compensaci(cid:155)n por la p(cid:130)rdida de patrimonio ya se ha producido con creces». Esta afirmaci(cid:155)n se basa en presupuestos err(cid:155)neos: si bien es cierto que, a partir de 1990, se pusieron 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/35 recursos considerables a disposici(cid:155)n de las explota- ciones agr(cid:146)colas de los nuevos Estados federados, estos medios no estaban destinados a compensar las p(cid:130)rdidas de patrimonio sufridas por las explotaciones o por sus propietarios antes de la instauraci(cid:155)n de la unidad alemana. En realidad, con la introducci(cid:155)n de la uni(cid:155)n econ(cid:155)mica, monetaria y social, la adopci(cid:155)n del r(cid:130)gimen de las organizaciones de mercado de la Comunidad Europea y la aproximaci(cid:155)n del nivel de los precios agr(cid:146)colas al del antiguo territorio federal, los precios de la producci(cid:155)n en los nuevos Estados federados, que en tiempos de la RDA eran fijados por el Estado, bajaron considerablemente. Aunque al mismo tiempo los precios de los factores de produc- ci(cid:155)n hayan bajado tambi(cid:130)n, su descenso distaba mucho de compensar, ni tan s(cid:155)lo aproximadamente, las p(cid:130)rdidas de ingresos, de modo que la mayor(cid:146)a de las explotaciones no estaba en condiciones de cumplir obligaciones de pago. Para compensar estas desventajas se concedieron algunas ayudas a la adaptaci(cid:155)n, ayudas que fueron notificadas a la Comisi(cid:155)n y aprobadas por ella. con sus Adem(cid:145)s, el hecho de que s(cid:155)lo se autorice a participar en la compra de tierras a las personas directamente afectadas por la divisi(cid:155)n de Alemania pone de mani- fiesto que el objetivo de la creaci(cid:155)n de nuevas estruc- turas de propiedad, con el fin de liberar as(cid:146) fuerzas econ(cid:155)micas y sociales, y el principio de la compensa- ci(cid:155)n de las desventajas sufridas en la RDA no son en modo alguno contradictorios. El programa de compra de tierras no implica desigualdad arbitraria de trato respecto a los alemanes occidentales y a los dem(cid:145)s ciudadanos de la Uni(cid:155)n. El legislador de la EALG deb(cid:146)a referirse, en su trabajo de concepci(cid:155)n del pacto social de compensaci(cid:155)n y de definici(cid:155)n conexa de las condiciones aplicables a la compra de tierras, a la situaci(cid:155)n existente el 3 de octubre de 1990 en el territorio adherente. Para realizar la unidad interna y garantizar la paz jur(cid:146)dica, era indispensable conceder tambi(cid:130)n el derecho a adquirir tierras en condiciones preferenciales a los colonos residentes en dicha fecha. Ello permit(cid:146)a al mismo tiempo procurar que s(cid:155)lo pudieran tomar parte en la compra de tierras las personas individual y directamente afectadas por la divisi(cid:155)n de Alemania. 3. Discriminaci(cid:155)n V Por lo que se refiere a la cuesti(cid:155)n de la existencia de una discriminaci(cid:155)n relevante desde el punto de vista del Derecho comunitario, Alemania mantiene que, aunque (en un caso particular hipot(cid:130)tico) se hubieran lesionado efectivamente los intereses de un antiguo due(cid:157)o en relaci(cid:155)n con otro con derecho a compra de tierras, en la conclusi(cid:155)n del contrato de arrenda- miento y en la adquisici(cid:155)n subsiguiente de tierras agr(cid:146)colas o en la venta de superficies forestales, la nacionalidad no habr(cid:146)a tenido ninguna importancia. De hecho, la competencia se ejerce exclusivamente entre antiguos ciudadanos de la RDA. La fijaci(cid:155)n de una fecha de referencia (el 3 de octubre de 1990) para la aplicaci(cid:155)n del r(cid:130)gimen de compra de tierras tiene una justificaci(cid:155)n objetiva. En relaci(cid:155)n con los ciuda- danos de la RDA, los ciudadanos de Alemania Occi- dental dispon(cid:146)an de oportunidades significativas de orientar su trayectoria profesional en funci(cid:155)n de sus aspiraciones y aptitudes personales, lo que generaba tambi(cid:130)n la posibilidad de adquirir patrimonio. Ahora bien, si se hac(cid:146)a participar en la compra de tierras a alemanes occidentales (o nacionales de otros Estados miembros) que no se vieron afectados personalmente por la divisi(cid:155)n de Alemania, se les ofrecer(cid:146)a la posibi- lidad de colocar ventajosamente en los nuevos Estados federados el capital adquirido en Europa Occidental (en el caso presente, en forma de adquisi- ci(cid:155)n de una explotaci(cid:155)n forestal de car(cid:145)cter acce- sorio). Se privar(cid:146)a con ello a ciudadanos de la RDA, que tuvieron much(cid:146)simas menos oportunidades de adquirir un patrimonio personal, de la posibilidad de constituir un nuevo capital de explotaci(cid:155)n (y no un capital privado). La exclusi(cid:155)n de cualquier esquema de colocaci(cid:155)n de capitales fue una preocupaci(cid:155)n pol(cid:146)tica primordial en la elaboraci(cid:155)n del pacto social de compensaci(cid:155)n. Al iniciar el procedimiento de examen, la Comisi(cid:155)n cons- tat(cid:155) que el programa de compra de tierras no hab(cid:146)a sido notificado como r(cid:130)gimen de ayudas seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 3 del art(cid:146)culo 93 del Tratado. Esta disposici(cid:155)n prev(cid:130) que las ayudas estatales deben notificarse a la Comi- si(cid:155)n a partir de la fase de proyecto. La infracci(cid:155)n de la disposici(cid:155)n previamente mencionada tiene por conse- cuencia que la ayuda, una vez verificada su existencia, debe darse por ilegal. Alemania, sin embargo, aleg(cid:155) que el apartado 3 del art(cid:146)culo 93, as(cid:146) como las dem(cid:145)s disposiciones del Tratado relativas a las ayudas, eran inaplicables. A eso la Comisi(cid:155)n responde que, con la adhesi(cid:155)n de la RDA a la RFA el 3 de octubre de 1990, el Tratado pas(cid:155) a ser igualmente aplicable en el territorio de la antigua RDA. Por lo tanto, a partir de esta fecha, las reglas que rigen la competencia se aplican de manera uniforme tanto en la parte occi- dental como en la parte oriental de Alemania. La parte de la EALG que contiene el programa de compra de tierras entr(cid:155) en vigor el 1 de diciembre de 1994 (1), o sea, despu(cid:130)s del 3 de octubre de 1990, y por lo tanto en un momento en que el Tratado era ya aplicable en todo el territorio alem(cid:145)n. Por tanto, la EALG est(cid:145) incluida en el apartado 3 del art(cid:146)culo 93, as(cid:146) como en otras disposiciones relativas a la concesi(cid:155)n de ayudas. Con car(cid:145)cter preventivo, sin embargo, lo siguiente: Alemania aleg(cid:155) que, ya desde antes del 3 de octubre de 1990, la aprobaci(cid:155)n de la medida en la Comisi(cid:155)n observa, (1) BGBl. I, (Bolet(cid:146)n Oficial del Estado alem(cid:145)n, serie I), p. 2624. L 107/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 cuesti(cid:155)n representaba para ella una obligaci(cid:155)n no s(cid:155)lo pol(cid:146)tica, sino tambi(cid:130)n jur(cid:146)dica. Muchos interesados en el procedimiento refutaron este argumento afirmando que, originalmente, el programa de compra de tierras ni siquiera formaba parte de la iniciativa legislativa sobre la EALG y que, por otra parte, la documentaci(cid:155)n legislativa correspondiente no menciona en parte alguna una obliga- ci(cid:155)n jur(cid:146)dica de este tipo. No hay por qu(cid:130) profundizar en esta cuesti(cid:155)n, que no tiene por otra parte ninguna incidencia sobre la presente decisi(cid:155)n: aunque efectivamente Alemania hab(cid:146)a asumido, antes de la fecha del 3 de octubre de 1990 que menciona, el compromiso no s(cid:155)lo pol(cid:146)tico, sino tambi(cid:130)n jur(cid:146)dico, de adoptar en fecha posterior (es decir, tras la entrada en vigor del Tratado en el territorio de los nuevos Estados federados) medidas de ayuda concretas aplicables en dichos Estados, habr(cid:146)a debido notificar la medida a la Comisi(cid:155)n, de acuerdo con el apartado 3 del art(cid:146)culo 93, antes de asumir este compromiso jur(cid:146)dico, porque, desde 1958, Alemania est(cid:145) obligada a respetar el Tratado. Es sin embargo innegable que esta notificaci(cid:155)n nunca ha tenido lugar. Por lo tanto, en la medida en que contiene elementos de ayuda, el programa de compra de tierras es ilegal. VI La ilegalidad de una ayuda no prejuzga la compatibilidad de esta ayuda con el mercado com(cid:156)n de conformidad con el art(cid:146)culo 92 del Tratado, que se declar(cid:155) aplicable a la agricultura, al igual que los art(cid:146)culos 93 y 94, sobre la base del art(cid:146)culo 42. Esta cuesti(cid:155)n se examinar(cid:145) posterior- mente. En una primera etapa habr(cid:145) que determinar en qu(cid:130) medida el programa de compra de tierras implica disposiciones que no re(cid:156)nen los presupuestos de hecho del apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado y que eluden as(cid:146) la determinaci(cid:155)n de su compatibilidad o incompatibilidad con el mercado com(cid:156)n. Tal puede ser el caso cuando un Estado se limita a resti- tuir a un operador econ(cid:155)mico lo que anteriormente le hab(cid:146)a retirado (de forma ilegal). El ejemplo t(cid:146)pico lo cons- tituye, en este caso, la indemnizaci(cid:155)n del da(cid:157)o (en especie o en efectivo) sufrido por el operador tras una expropia- ci(cid:155)n o acci(cid:155)n similar. Al la Comisi(cid:155)n indic(cid:155) claramente que, siempre y cuando el importe de la compensaci(cid:155)n no fuera superior al perjuicio sufrido por el agente econ(cid:155)mico tras las intervenciones en cuesti(cid:155)n, no puede tratarse de una acci(cid:155)n que consiste en favorecer a los beneficiarios seg(cid:156)n lo dispuesto en el iniciar el procedimiento, apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. En este caso, no habr(cid:145) pues ayuda. En este contexto, la Comisi(cid:155)n constata que este principio nunca ha sido cuestionado ni por Alemania ni por los restantes interesados. Al mismo tiempo la Comisi(cid:155)n hab(cid:146)a precisado expresa- mente que la orden de pago de la compra de tierras en condiciones preferentes era tal que daba lugar a una presunci(cid:155)n de existencia de ayuda. Ahora bien, en este contexto, la Comisi(cid:155)n constata que absolutamente ninguno de los interesados, ni Alemania ni ninguno de los dem(cid:145)s interesados, contradijo la hip(cid:155)tesis de la presunci(cid:155)n de existencia de ayuda. Por lo tanto, la Comisi(cid:155)n considera que no existe motivo para modificar su punto de vista a este respecto. La Comi- si(cid:155)n parte, pues, del presupuesto de la existencia de una ayuda, a menos que sea posible comprobar que se trata exclusivamente de una medida destinada a compensar da(cid:157)os resultantes de expropiaciones o acciones an(cid:145)logas. El criterio adoptado a este respecto por la Comisi(cid:155)n es el del Derecho nacional, en el presente caso, el Derecho alem(cid:145)n. Ser(cid:145) por ello preciso aportar a la Comisi(cid:155)n la prueba innegable de que el Derecho nacional reconoce a las distintas categor(cid:146)as de personas mencionadas en el programa de compra de tierras la calidad y la capacidad de obtener una compensaci(cid:155)n. Existen b(cid:145)sicamente cinco grupos de personas en cuesti(cid:155)n. 1. Refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n Los refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n son los antiguos propietarios de explotaciones agr(cid:146)colas que fueron expropiados entre 1945 y 1949 (1). Por regla general, se trataba de explotaciones cuyo tama(cid:157)o alcanzaba por lo menos 100 hect(cid:145)reas. Este grupo de personas no ha recuperado hasta hoy las explotaciones. El da(cid:157)o sufrido es, por lo menos, igual al valor de los activos de las explotaciones expropiadas. Al iniciar el procedimiento, la Comisi(cid:155)n hab(cid:146)a se(cid:157)a- lado que, para esta categor(cid:146)a de personas, el provecho consiste «s(cid:155)lo [en el] derecho de readquisici(cid:155)n, en condiciones preferentes, de una parte de sus tierras». Ni Alemania ni los dem(cid:145)s interesados lo pusieron en duda. Del mismo modo, la conclusi(cid:155)n que se sac(cid:155), que precisaba que «la ventaja ofrecida queda por debajo del valor de los bienes expropiados» (2), no ha sido impugnada por ninguno de los interesados previamente mencionados. No existiendo observaciones contrarias ni otros aspectos dignos de menci(cid:155)n, la Comisi(cid:155)n no ve ninguna raz(cid:155)n para abandonar su punto de vista inicial. La Comisi(cid:155)n hab(cid:146)a establecido claramente que estas compensaciones no hac(cid:146)an m(cid:145)s que reflejar los principios de Derecho en materia de protecci(cid:155)n de la propiedad comunes a todos los Estados miem- bros. (1) Incluidos los «antiguos due(cid:157)os». (2) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 12, punto 1 de la secci(cid:155)n III. 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/37 Por estas razones, la Comision constata que, en el caso de los refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n, no se dan los elementos que permiten hablar de una ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. 2. Refundadores con derecho a restituci(cid:155)n Los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n son las personas expropiadas despu(cid:130)s de 1949 y que poseen el derecho a restituci(cid:155)n al amparo de la Ley sobre el patrimonio. Dentro de esta categor(cid:146)a, la Ley establece una distin- ci(cid:155)n entre las personas cuyo derecho a restituci(cid:155)n es practicable y aquellas para quienes no lo es. Por lo que se refiere a los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n no practicable, es evidente que una persona expropiada con un derecho a restituci(cid:155)n que no puede ejercer se encuentra pr(cid:145)cticamente en la misma situaci(cid:155)n que una persona sin derecho a resti- tuci(cid:155)n. Resulta de lo dicho que la persona reinstalada con derecho a restituci(cid:155)n no practicable debe, pues, asimilarse a una persona reinstalada sin derecho a restituci(cid:155)n. De lo que precede se desprende que las conclusiones expuestas en el punto 1 antes citado son aplicables a la subcategor(cid:146)a espec(cid:146)fica de los refundadores con derecho a restituci(cid:155)n. Por lo que se refiere al fundamento del derecho de adquisici(cid:155)n de los dem(cid:145)s refundadores con derecho a restituci(cid:155)n, es decir, aquellos cuyo derecho es practi- cable, se pudo constatar una diferencia de puntos de vista entre las autoridades alemanas y la mayor parte de los interesados en el procedimiento, ya que unos afirmaban la existencia del Derecho en cuesti(cid:155)n y otros la impugnaban. El desacuerdo se refiere a la interpretaci(cid:155)n del derecho nacional, con respecto a la cual ninguna de las dos partes present(cid:155) jurispru- dencia de los tribunales superiores. En este caso, la Comisi(cid:155)n no tiene que pronunciarse sobre la inter- pretaci(cid:155)n del Derecho nacional. Sin embargo, dado que Alemania parte del principio de la existencia de derecho de adquisici(cid:155)n, no se puede excluir que en realidad, esta categor(cid:146)a de personas pueda efectivamente sacar provecho de la compra de tierras en condiciones preferentes. En este caso, no queda excluida de ninguna manera la existencia de una ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92. En el contexto de esta subcategor(cid:146)a espec(cid:146)fica de refundadores con derecho a restituci(cid:155)n, es necesario examinar cada caso parti- cular, ya que la Comisi(cid:155)n no dispone de ning(cid:156)n punto de referencia que le permita establecer con certeza que, en todos los casos, el beneficio produ- cido por la compra de tierras en condiciones prefe- rentes en relaci(cid:155)n con el derecho a restituci(cid:155)n (ejer- cido) es (siempre) igual o inferior al perjuicio causado por la expropiaci(cid:155)n (o por el da(cid:157)o de pertenencias de inventario). Este resultado no se ve afectado por las «importantes ayudas a la adaptaci(cid:155)n» concedidas a las explota- ciones agr(cid:146)colas de los nuevos Estados federados a partir de 1990, invocadas por los interesados en el procedimiento. Estas ayudas no est(cid:145)n destinadas a compensar las p(cid:130)rdidas de patrimonio sufridas por los beneficiarios ant(cid:130)s de la unificaci(cid:155)n y no entran, consecuentemente, en consideraci(cid:155)n. Si bien lo que precede revela elementos constitutivos de ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92, la existencia de una posible compatibilidad de la ayuda con el mercado com(cid:156)n no ha sido, sin embargo, abordada. Esta cuesti(cid:155)n ser(cid:145) objeto de las secciones siguientes. 3. Nuevos fundadores Los nuevos fundadores son personas que, hasta el momento del cambio, trabajaban en una LPG o en una explotaci(cid:155)n colectiva (VEG) y que antes no pose(cid:146)an explotaciones agr(cid:146)colas, pero que actual- mente se han establecido en una nueva explotaci(cid:155)n agr(cid:146)cola. No se ha expropiado nunca a estas personas. En tiempos de la RDA, sencillamente no pod(cid:146)an consti- tuir una propiedad agr(cid:146)cola o forestal. Las autoridades alemanas hablan a este respecto de «oportunidades perdidas» (1). Por lo tanto, seg(cid:156)n el Derecho alem(cid:145)n, esta categor(cid:146)a de personas no puede beneficiarse de compensaci(cid:155)n pecuniaria alguna (2). Esto nadie lo impugna. En relaci(cid:155)n a esto, al iniciar el procedimiento, la Comisi(cid:155)n hab(cid:146)a se(cid:157)alado lo siguiente: todos «A este respecto, la Comisi(cid:155)n desea hacer constar que probablemente casi los ciudadanos de la antigua RDA, en la medida en que (cid:130)sta aplic(cid:155) el sistema planificada, de independientemente del perdieron oportunidades, [. ] sector en que trabajaran. comunista econom(cid:146)a [. ] Tras examinar el concepto de perjuicio seg(cid:156)n la jurisprudencia citada, la Comisi(cid:155)n no puede excluir en ning(cid:156)n caso la existencia de ayudas con arreglo al apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado CE. ». Despu(cid:130)s de haber analizado las observaciones y los comentarios de todos los interesados, la Comisi(cid:155)n no ve razones para abandonar su punto de vista actual. Ninguno de los interesados consigui(cid:155) defender que, para este tipo de «da(cid:157)os», el Derecho alem(cid:145)n prevea una obligaci(cid:155)n de compensaci(cid:155)n. Es cierto que el (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 13, punto 5 de la secci(cid:155)n III. (2) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 10, punto 2 de la secci(cid:155)n II. L 107/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 restablecimiento de la propiedad privada y estruc- turas equilibradas de la propiedad podr(cid:146)a considerarse como la reparaci(cid:155)n en sentido amplio de un da(cid:157)o. El Derecho alem(cid:145)n no considera, sin embargo, que tal financiada por acci(cid:155)n deba obligatoriamente ser fondos p(cid:156)blicos, lo que parece por otra parte impo- sible de realizar en la pr(cid:145)ctica. En caso contrario, todos los operadores de los dem(cid:145)s sectores econ(cid:155)- micos deber(cid:146)an beneficiarse de una «indemnizaci(cid:155)n» porque se les impidi(cid:155) ejercer libremente una acti- vidad econ(cid:155)mica durante cuarenta a(cid:157)os. Esta es la raz(cid:155)n por la que no es posible suscribir el dictamen seg(cid:156)n el cual las consideraciones expre- sadas por la Comisi(cid:155)n con respecto a la compensa- ci(cid:155)n del perjuicio son estrechas de miras y no tienen en cuenta las especificidades de la transformaci(cid:155)n y la integraci(cid:155)n en un contexto de econom(cid:146)a de mercado de una parte del pa(cid:146)s forjada por una econom(cid:146)a nacionalizada. La Comisi(cid:155)n confirma su apreciaci(cid:155)n, seg(cid:156)n la cual la venta subvencionada de tierras agr(cid:146)colas o fores- tales a los nuevos fundadores constituye una ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. La cuesti(cid:155)n de la compatibilidad de esta medida con el mercado com(cid:156)n se examinar(cid:145) en las secciones siguientes. Las consideraciones anteriormente mencionadas se aplican naturalmente a fortiori a dos subcategor(cid:146)as de nuevos fundadores, a saber, los que, procedentes de Occidente, se fueron a Alemania del Este poco antes de la fecha del 3 de octubre de 1990 (y a los que no se impidi(cid:155) nunca constituir propiedades agr(cid:146)icolas o forestales) y los que, en la fecha de refe- rencia, no estaban a(cid:156)n en edad de ejercer una profe- si(cid:155)n o de trabajar (por ejemplo, los j(cid:155)venes en edad escolar). 4. Refundadores residentes Los refundadores residentes son los propietarios de tierras agr(cid:146)colas que recuperaron sus tierras de las LPG y que refundaron su explotaci(cid:155)n. Alemania aleg(cid:155) que, para esta categor(cid:146)a de personas, el perjuicio reside en el hecho de que tambi(cid:130)n, por regla general, tuvieron que sufrir graves deterioros del valor de sus explotaciones iniciales, que no fueron objeto de compensaci(cid:155)n pecuniaria. Por otra parte, a menudo no se produce un reembolso completo de los equipa- mientos aportados a la cooperativa agraria. Sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal cons- titucional alem(cid:145)n, algunos interesados objetaron que el ordenamiento jur(cid:146)dico alem(cid:145)n ya prev(cid:130) un derecho a la indemnizaci(cid:155)n de los da(cid:157)os de inventario, lo que Alemania no neg(cid:155). Alemania aleg(cid:155), con todo, que el derecho a una prestaci(cid:155)n no puede asimilarse a su ejecuci(cid:155)n, un punto de vista que la Comisi(cid:155)n comparte. Alemania, sin embargo, no adujo hechos que permi- tieran deducir que, en los casos t(cid:146)picos, la ejecuci(cid:155)n de tales derechos no se verifica en la pr(cid:145)ctica. En opini(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n, cabr(cid:146)a esperar que, en un Estado de Derecho como Alemania, la administra- ci(cid:155)n respetara a(cid:156)n m(cid:145)s escrupulosamente las leyes en los casos de aplicaci(cid:155)n general. A falta de indicaciones en sentido contrario, la Comi- si(cid:155)n debe pues suponer que, como regla general, se concede una compensaci(cid:155)n por da(cid:157)os de inventario. La Comisi(cid:155)n admite, sin embargo, que puede no ser as(cid:146) en determinados casos particulares, debido a una compensaci(cid:155)n inexistente o insuficiente. En defini- tiva, la Comisi(cid:155)n parte, pues, del principio de que (cid:190)siempre y cuando los da(cid:157)os de inventario consti- tuyan la regla(cid:190) est(cid:145) garantizada una compensaci(cid:155)n al amparo de la Ley de adaptaci(cid:155)n de la agricultura, de modo que los efectos de la presente medida no se sit(cid:156)en por debajo de los da(cid:157)os causados por la p(cid:130)rdida o la destrucci(cid:155)n de los bienes de inventario, sino que excedan, por el contrario, el l(cid:146)mite m(cid:145)ximo de da(cid:157)os. En este caso, la existencia de una ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado deber(cid:146)a preverse, siempre sobre la base de los casos que constituyen la regla. No hay que perder de vista, sin embargo, los casos particulares, sobre todo teniendo en cuenta que pueden existir dete- rioros del patrimonio. En tal situaci(cid:155)n, es necesario proceder a c(cid:145)lculos precisos relativos al caso parti- cular. Como los deterioros (da(cid:157)os de inventario/ da(cid:157)os del patrimonio) pueden producirse tanto de manera acumulativa como alterna y que las ventajas pueden igualmente acumularse (Ley de adaptaci(cid:155)n de la agricultura/Ley de compensaciones e indemniza- ciones), procede efectuar un c(cid:145)lculo que se refiera a cada caso particular para establecer si el conjunto de los beneficios es inferior o no a los da(cid:157)os totales. En funci(cid:155)n del resultado obtenido, ser(cid:146)a posible deter- minar si se trata de una simple compensaci(cid:155)n o de una ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. La cuesti(cid:155)n de la compatibi- lidad de una posible ayuda con el mercado com(cid:156)n deber(cid:146)a examinarse separadamente. 5. Personas jur(cid:146)dicas Las personas jur(cid:146)dicas pueden tambi(cid:130)n beneficiarse de la compra de tierras a precios preferentes, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones fijadas por el legislador. De acuerdo con estas condiciones, un 75 % del capital de la persona jur(cid:146)dica en cuesti(cid:155)n deber(cid:146)a encontrarse en manos de personas residentes el 3 de octubre de 1990. Algunos interesados alegaron que, contrariamente a la mayor(cid:146)a de los ciudadanos de la antigua RDA, las personas jur(cid:146)dicas no sufrieron ning(cid:156)n perjuicio a t(cid:146)tulo individual, lo que Alemania no impugn(cid:155). 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/39 Si y en la medida en que las personas jur(cid:146)dicas favo- recidas no han sido v(cid:146)ctimas de expropiaciones o acciones equiparables a una expropiaci(cid:155)n, conviene partir del principio, de acuerdo con la hip(cid:155)tesis ante- riormente mencionada, de que, seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, no debe excluirse a priori una ayuda. Esto es lo que la Comi- si(cid:155)n destac(cid:155) expresamente con respecto a esta cate- gor(cid:146)a de beneficiarios en la apertura del procedi- miento de examen (1). La Comisi(cid:155)n opina, sin embargo, a pesar de todos los reparos sobre posibles abusos, que, en circunstancias precisas y bien definidas, pueden no hallarse reunidos los elementos constitutivos de una ayuda, aunque la persona jur(cid:146)dica no perjudicada participe en la adquisici(cid:155)n preferente de tierras. Tal puede ser, por ejemplo, el caso cuando una persona reinstalada sin derecho a restituci(cid:155)n o una persona residente en el lugar que le sea equiparable (a saber, una persona reinstalada con derecho a restituci(cid:155)n no practicable) decida encargar a la persona jur(cid:146)dica de la que forma parte adquirir en r(cid:130)gimen de favor las tierras que le corresponden. El hecho de que una persona reinstalada sin derecho a restituci(cid:155)n o una persona residente en el lugar que le sea equiparable hagan inscribir en el registro de propiedad de la tierra el nombre de la persona jur(cid:146)- dica a la que pertenece en vez del suyo es irrelevante para el Derecho comunitario (intermediaci(cid:155)n de compra). La Comisi(cid:155)n examin(cid:155) con especial atenci(cid:155)n las numerosas observaciones efectuadas por interesados que indicaban que un r(cid:130)gimen de este tipo consti- tuye una invitaci(cid:155)n a abusar de las disposiciones en materia de ayuda o a eludirlas. En primer lugar, conviene repetir aqu(cid:146) que, en este caso, el an(cid:145)lisis concierne exclusivamente a la delimitaci(cid:155)n entre compensaci(cid:155)n y ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apar- tado 1 del art(cid:146)culo 92, y que no se trata de constatar la compatibilidad con el mercado com(cid:156)n. Por lo que se refiere a los reparos respecto a los abusos, la Comisi(cid:155)n constata lo siguiente: s(cid:155)lo hay ausencia de ayuda si y en la medida en que pueda excluirse con certeza una doble adquisici(cid:155)n por el asociado y por la persona jur(cid:146)dica. En este contexto, se entiende por «doble adquisici(cid:155)n» el hecho de que la compra pueda ser efectuada tanto por el asociado como por la persona jur(cid:146)dica. Si tal fuera el caso, la Comisi(cid:155)n no puede en modo alguno excluir la exis- tencia de ayuda con respecto a la persona jur(cid:146)dica. En cambio, en el supuesto de que quedara excluida la doble adquisici(cid:155)n, la persona jur(cid:146)dica no dispondr(cid:146)a de un volumen m(cid:145)ximo de adquisici(cid:155)n mayor (por t(cid:130)rmino medio, un m(cid:145)ximo de 140 hect(cid:145)reas) que (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 12. aquel que habr(cid:146)a tenido su asociado (si hubiera estado autorizado a comprar). Habida cuenta de estas condiciones, la Comisi(cid:155)n considera que no es indispensable fijar una fecha de referencia en la que la sociedad debe haber estado constituida o en la cual la persona residente en el lugar deba haber estado afiliada a la persona jur(cid:146)dica, tal como han exigido algunos interesados en el proceso. Ser(cid:145) necesario, sin embargo, que las autori- dades alemanas env(cid:146)en cada a(cid:157)o a la Comisi(cid:155)n un informe que certifique el cumplimiento de las condi- ciones previamente mencionadas. Habida cuenta de las condiciones anteriormente mencionadas, la Comisi(cid:155)n juzga sin fundamento las objeciones de los interesados seg(cid:156)n las cuales, en caso de participaci(cid:155)n totalmente insignificante en la persona jur(cid:146)dica, se dar(cid:146)a una violaci(cid:155)n del principio de proporcionalidad, porque el conjunto de la persona jur(cid:146)dica ser(cid:146)a considerado como perjudicado y se beneficiar(cid:146)a as(cid:146) de la ayuda. Como ya se mencion(cid:155) anteriormente, de ninguna manera la Comisi(cid:155)n parte autom(cid:145)ticamente del prin- cipio de un perjuicio sufrido por la persona jur(cid:146)dica (en forma de expropiaci(cid:155)n o acci(cid:155)n equivalente). Por a(cid:157)adidura, la persona jur(cid:146)dica no puede adquirir m(cid:145)s tierras que los refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n (o las personas asimiladas) en calidad de asociados. En los dem(cid:145)s casos, la Comisi(cid:155)n remite a la norma del 7 % prevista por la Ley. Finalmente, se recuerda que, en virtud del modelo antes indicado, s(cid:155)lo es posible excluir de forma abso- luta la existencia de ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, a favor de una persona colectiva en el caso de que (cid:130)sta cuente entre sus miembros con al menos una persona reinstalada sin derecho a restituci(cid:155)n (o con una persona reinsta- lada con derecho a restituci(cid:155)n no practicable) y que detente el capital social previsto por la Ley. En el caso de los dem(cid:145)s asociados contemplados en los puntos 2, 3 y 4, la Comisi(cid:155)n no puede excluir e incluso puede presumir, por las razones que en ellos se exponen, la existencia de una ayuda en favor de la persona jur(cid:146)dica. En estos casos queda por establecer la compatibilidad de la medida con el mercado com(cid:156)n. Como conclusi(cid:155)n relativa a los problemas planteados en la presente secci(cid:155)n, la Comisi(cid:155)n puede excluir con certeza la existencia de una ayuda seg(cid:156)n lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado s(cid:155)lo en el caso de los refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n, de los refundadores con derecho a restitu- ci(cid:155)n que pueden asimil(cid:145)rseles y de las personas jur(cid:146)- dicas que cuenten entre sus asociados con al menos una de las personas previamente mencionadas. No es posible llegar a la misma conclusi(cid:155)n trat(cid:145)ndose de beneficiarios de cualquier otro tipo. L 107/40 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 En la medida en que no sea posible excluir la exis- tencia de una ayuda, son aplicables las disposiciones en materia de competencia previstas en las art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado. El propio Gobierno alem(cid:145)n admiti(cid:155) en sus observa- ciones que las tierras adquiridas pueden servir de capital social. Adem(cid:145)s, pueden tambi(cid:130)n facilitar el acceso a capitales suplementarios de terceros. El apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado proh(cid:146)be en principio cualquier ayuda otorgada por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falsee o amenace con falsear la competencia favore- ciendo a determinadas empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios comer- ciales entre Estados miembros. Todo ello afianza a la Comisi(cid:155)n en la opini(cid:155)n que hab(cid:146)a formulado en la apertura del procedimiento de examen (3), seg(cid:156)n la cual la adquisici(cid:155)n a precio preferente de tierras agr(cid:146)colas y forestales permite a los beneficiarios constituir un capital de explotaci(cid:155)n y, por lo tanto, tambi(cid:130)n un capital social. La Comi- si(cid:155)n mantiene ese punto de vista. Como se precis(cid:155) en la apertura del procedi- miento (1), la existencia de una ayuda se mide en funci(cid:155)n de la ventaja que reporta al receptor y no de los objetivos y consideraciones de orden econ(cid:155)mico de los Estados miembros. Alemania pone en duda los efectos positivos del programa de compra de tierras. De acuerdo con la Comunicaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n relativa a los elementos de ayuda contenidos en ventas de tierras y edificios por las autoridades p(cid:156)blicas (2), la Comisi(cid:155)n puede partir del principio de que las expropiaciones de tierras contienen elementos de ayuda: a) si (cid:130)stas no se han realizado en el marco de un procedimiento de oferta abierto e incondicional que preve(cid:146)a la venta al licitador con la oferta m(cid:145)s alta o al (cid:156)nico licitador, o bien b) si en ausencia de tal procedimiento, la venta no se ha efectuado al menos seg(cid:156)n el valor de mercado establecido por expertos independientes. En el caso presente, la Comisi(cid:155)n se inclina m(cid:145)s bien en favor de la hip(cid:155)tesis de la existencia de una ventaja resultante del programa de compra de tierras. Es cierto que el beneficiario ya pod(cid:146)a disponer ante- riormente de las tierras en cuesti(cid:155)n en su calidad de arrendatario, pero, en este caso, la propiedad viene a a(cid:157)adirse a la detentaci(cid:155)n. El simple derecho a detentar debe oponerse a la propiedad, que se basa en un derecho m(cid:145)s s(cid:155)lido, atribuido al arrendatario. El propietario no s(cid:155)lo tiene m(cid:145)s derechos que el tenedor; su posici(cid:155)n es mejor, en especial a nivel econ(cid:155)mico. Si el programa de compra de tierras no contuviese ning(cid:156)n elemento de trato preferente, los interesados y los compradores de estas tierras ser(cid:146)an escasos; lo cierto es, en cambio, que el programa de compra de tierras suscit(cid:155) un vivo inter(cid:130)s. Por otra parte, la referencia a cargas que recaen sobre las tierras adquiridas (en particular, la prohibici(cid:155)n de enajenar durante veinte a(cid:157)os) no modifica de ning(cid:156)n modo la comprobaci(cid:155)n fundamental de la existencia de ayuda. Este tipo de cl(cid:145)usula aplicado, en otros contextos, a las ayudas a las inversiones o a las compras de tierras a precio preferente no es desconocido de la Comi- si(cid:155)n. El objeto de tal cl(cid:145)usula antiespeculativa es precisa- mente impedir que el beneficio adquirido sea inme- diatamente convertido en efectivo. El agricultor o el silvicultor deber(cid:145) explotar las tierras que adquiri(cid:155) en condiciones preferentes para garantizar sus medios de existencia y no puede obtener ning(cid:156)n lucro a trav(cid:130)s de la especulaci(cid:155)n. Ahora bien, la exis- tencia de esta cl(cid:145)usula antiespeculativa es un indicio precisamente de que el programa de compra de tierras contiene una ventaja econ(cid:155)mica. El nivel (la intensidad) de examinar(cid:145) m(cid:145)s ventaja adelante. esta as(cid:146) se Uno de los interesados opina que las tierras adqui- ridas no ofrecen adem(cid:145)s ninguna garant(cid:146)a suplemen- taria en la constituci(cid:155)n de capital, ya que los bancos «dudan» en proponer cr(cid:130)ditos para las superficies compradas. Este es otro de los argumentos que la Comisi(cid:155)n no puede suscribir. Es cierto que la prohibici(cid:155)n de enajenar inscrita en el registro de propiedad de la tierra constituye una dificultad; con todo, se trata de una dificultad limitada en el tiempo. El terreno libre de cargas puede ser objeto de cargas como todos los dem(cid:145)s. Por otra parte, como uno de los dem(cid:145)s intere- sados se(cid:157)al(cid:155) con mucha raz(cid:155)n, nada se opone a recurrir a cr(cid:130)ditos de rango m(cid:145)s bajo, incluso durante los veinte a(cid:157)os de prohibici(cid:155)n de venta (a pesar de la anotaci(cid:155)n de la limitaci(cid:155)n de enajenar ante la BVVG que es generalmente poco eficaz o termina por ser suprimida), lo que Alemania no pone tampoco en duda. (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 17. (2) DO C 209 de 10. 7. 1997, p. 3. (3) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 13. 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/41 En la medida en que el an(cid:145)lisis efectuado hasta ahora ha revelado la existencia de ayudas, se trata de ayudas que falsean o amenazan con falsear la competencia favoreciendo a ciertas empresas o a ciertas produc- ciones. Seg(cid:156)n el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, basta con que amen con falsear la compe- tencia. La distorsi(cid:155)n de la competencia o, por lo menos, la amenaza de distorsi(cid:155)n se derivan de la mejor situa- ci(cid:155)n econ(cid:155)mica en la que se encuentran los compra- dores de tierras a precio preferente en comparaci(cid:155)n con sus competidores que no pudieron beneficiarse de un apoyo similar. A eso, Alemania responde que en el «supuesto» de adquisici(cid:155)n mediante capitales prestados, la compara- ci(cid:155)n entre el coste de los intereses a pagar y los arrendamientos actuales conduce a la «neutralidad en t(cid:130)rminos de lucro», de modo que la estructura de producci(cid:155)n y los costes de explotaci(cid:155)n permanecen inalterados. Este argumento no es convincente, porque se limita a prever una de las distintas hip(cid:155)tesis de adquisici(cid:155)n. Varios interesados se(cid:157)alaron que los beneficiarios (en particular, los sucesores de las LPG) pueden estar en perfectas condiciones de pagar el precio de compra a trav(cid:130)s de sus propios recursos. El recurso al cr(cid:130)dito no es, por tanto, indispensable en todos los casos. Adem(cid:145)s, conviene destacar que la «neutralidad en t(cid:130)rminos de lucro» no ha sido documentada ni afir- mada para cada caso particular, de modo que no se encuentra de forma alguna excluida la existencia de una influencia sobre la estructura de los costes de explotaci(cid:155)n. La Comisi(cid:155)n no puede suscribir la valoraci(cid:155)n seg(cid:156)n la cual el nivel de los precios y el margen perma- necen inalterados. Lo mismo vale para la afirmaci(cid:155)n seg(cid:156)n la cual la compra de tierras en condiciones preferentes permite a la explotaci(cid:155)n realizar gastos menores para los factores de producci(cid:155)n y presentar as(cid:146) en el mercado una oferta de productos agr(cid:146)colas m(cid:145)s ventajosa. Uno de los interesados aleg(cid:155) que «en casi todas las regiones de la Uni(cid:155)n la compra de tierras agr(cid:146)colas desemboca en un encarecimiento de la producci(cid:155)n que tiene una influencia negativa sobre la compe- interesado tencia». Si, a trav(cid:130)s esta afirmaci(cid:155)n, el pretende mantener seriamente que la compra de tierras a precio preferente en Alemania del Este (cid:190)y es solamente de eso de lo que se trata en este caso(cid:190) debilita la posici(cid:155)n competitiva de las explotaciones interesadas, hay que plantearse por qu(cid:130) raz(cid:155)n las explotaciones en cuesti(cid:155)n participan en el programa de compra de tierras. Por otra parte, el argumento seg(cid:156)n el cual el triple del valor unitario, que constituye el precio al cual los beneficiarios de la EALG pueden comprar las tierras, es m(cid:145)s elevado que el valor comercial que alcanzan por t(cid:130)rmino medio las tierras en Francia, Espa(cid:157)a, el Pa(cid:146)s de Gales y Escocia, no es pertinente. Las disposiciones en materia de vigilancia de las ayudas deben basarse en la situaci(cid:155)n real de la econom(cid:146)a en los distintos Estados miembros y en las distintas regiones de Europa. Por toda una serie de razones, el derecho de competencia no puede tener por objeto y por objetivo uniformar la diversidad objetiva de las condiciones de competencia (1) y esta- blecer una semejanza absoluta. Al iniciar el procedimiento, la Comisi(cid:155)n expres(cid:155) la opini(cid:155)n de que «El perjuicio del mercado com(cid:156)n puede suponerse cuando el beneficiario de la ayuda compite con empresas de otros Estados miembros. En opini(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n, la compra de tierras a precio reducido autorizada por la Ley tiene unos efectos que alcanzan a los otros Estados miembros debido al volumen de la compra, sobre todo en el caso de las empresas sucesoras de cooperativas agra- rias (LPG). En cambio, las empresas extranjeras, al no verse favorecidas, resultan perjudicadas respecto a los beneficiarios. ». A este respecto, conviene destacar que una ayuda comparativamente escasa no excluye necesariamente que los intercambios entre Estados miembros puedan sufrir un perjuicio. Las observaciones realizadas hasta ahora no ofrecen motivo a la Comisi(cid:155)n para renunciar a esta posici(cid:155)n. Por tanto, el programa de compra de tierras responde a los criterios incluidos en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, con excepci(cid:155)n de las medidas previstas en favor de los refundadores sin derecho a restituci(cid:155)n, los refundadores con derecho a restitu- ci(cid:155)n que puedan asimil(cid:145)rseles y las personas jur(cid:146)dicas que cuenten entre sus asociados con alguna de las personas previamente mencionadas. VII Existen, con todo, excepciones o exenciones al principio general de la incompatibilidad con arreglo al apartado 1 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. 1. Exenci(cid:155)n con arreglo a la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92 del Tratado De acuerdo con la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, las ayudas concedidas a la econom(cid:146)a de algunas regiones de la RFA afectadas por la divi- si(cid:155)n de Alemania son compatibles con el mercado com(cid:156)n siempre y cuando sean necesarias para compensar las desventajas econ(cid:155)micas causadas por esta divisi(cid:155)n. (1) Asuntos 6/69 y 11/69: Banque de France, (Recopilaci(cid:155)n 1969, pp. 523 y ss. ). L 107/42 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 iniciar el procedimiento de En este contexto, al examen la Comisi(cid:155)n aleg(cid:155) que tanto la letra como el esp(cid:146)ritu de la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92 del Tratado contemplaban las consecuencias directas de la divisi(cid:155)n de Alemania, pero no la compensaci(cid:155)n m(cid:145)s amplia por la mala situaci(cid:155)n econ(cid:155)mica en los nuevos Estados federados. Adem(cid:145)s, no existe el v(cid:146)nculo de causalidad necesario entre la divisi(cid:155)n y las desventajas econ(cid:155)micas, dado que las empresas de la antigua RDA se ven afectadas no por la divisi(cid:155)n, sino, por el contrario, por la supresi(cid:155)n de la divisi(cid:155)n. Los d(cid:130)ficit econ(cid:155)micos se deben al sistema comu- nista de econom(cid:146)a planificada y no son imputables a la divisi(cid:155)n de Alemania. La ausencia de capital de explotaci(cid:155)n y capital social tienen su origen en la estructura de propiedad socia- lista de la RDA y no es una consecuencia de la divisi(cid:155)n de Alemania. Alemania opina que el estancamiento de la antigua RDA y la creaci(cid:155)n de una econom(cid:146)a central de Estado est(cid:145)n indisolublemente vinculados y deben considerarse como un proceso homog(cid:130)neo. Es no obstante innegable que las insuficiencias del sistema econ(cid:155)mico intervencionista se prolongaron m(cid:145)s all(cid:145) de la existencia de la RDA. Las desventajas econ(cid:155)- micas permanecen condicionadas por la divisi(cid:155)n, pero se engloban en todas las categor(cid:146)as de desven- tajas previstas por el programa de compra de tierras. A eso conviene oponer, en primer lugar, que la disposici(cid:155)n en cuesti(cid:155)n debe interpretarse en sentido estricto y que tan s(cid:155)lo constituye una excepci(cid:155)n al principio de la prohibici(cid:155)n de las ayudas enunciado en el apartado 1 del art(cid:146)culo 92. Antes de la unificaci(cid:155)n de Alemania, el contenido normativo de esta disposici(cid:155)n se limitaba solamente a los territorios de la antigua RFA situados cerca de la frontera interior (Zonenrandgebiete y Berl(cid:146)n Oeste), desfavorecidos tras la divisi(cid:155)n de Alemania. Incluso en el caso de que la disposici(cid:155)n siguiera siendo apli- cable, su mantenimiento despu(cid:130)s de la reunificaci(cid:155)n alemana ya s(cid:155)lo justificar(cid:146)a la inclusi(cid:155)n de los territo- rios de la antigua RDA que se encuentran cerca de esta zona fronteriza. Adem(cid:145)s, la Comisi(cid:155)n indica que no est(cid:145) demostrada la existencia de un v(cid:146)nculo necesario de causa a efecto entre la divisi(cid:155)n de Alemania y las desventajas en la totalidad del territorio de la antigua RDA. Es cierto que la divisi(cid:155)n hizo surgir dificultades, sobre todo en el (cid:145)mbito de las infraestructuras (soluci(cid:155)n de continuidad) y de los mercados (compartimentaci(cid:155)n), dificultades que ahora ya se pueden dar por supe- radas. Los problemas econ(cid:155)micos con los que se enfrenta a(cid:156)n hoy la antigua RDA son repercusiones directas del r(cid:130)gimen pol(cid:146)tico y econ(cid:155)mico anterior (y no de la divisi(cid:155)n de Alemania) o, en rigor, de las consecuencias de la supresi(cid:155)n de esta divisi(cid:155)n, ya que, en realidad, se deben a otras causas surgidas posteriormente. Por estas razones, la Comisi(cid:155)n se atiene a su pr(cid:145)ctica constante, seg(cid:156)n la cual la letra c) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92 no es aplicable a la totalidad del territorio de la antigua RDA (1). 2. Exenci(cid:155)n con arreglo a la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado Seg(cid:156)n la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, son compatibles con el mercado com(cid:156)n las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo econ(cid:155)mico de regiones en las cuales el nivel de vida es anormal- mente bajo en relaci(cid:155)n con el conjunto de la Comu- nidad. Como ya indicaba la Comunicaci(cid:155)n que iniciaba el procedimiento (2), esta disposici(cid:155)n regula solamente las ayudas regionales en favor de regiones especialmente desfavorecidas de la Comunidad. Estas medidas deben aplicarse en el marco de programas de pol(cid:146)tica con objetivos concretos, y tienen normalmente por objeto la crea- ci(cid:155)n de empleos y la ayuda a las nuevas inversiones en todos los sectores. regional amplios y A este respecto, la Comisi(cid:155)n se atiene a su constata- ci(cid:155)n de que no ha sido demostrada la existencia de este componente de ayuda en el (cid:145)mbito de la pol(cid:146)tica regional. Por el momento, el programa de compra de futuro r(cid:130)gimen de tierras se limita a regular el propiedad de eran antes «propiedad del pueblo». No ha quedado demostrada ninguna mejora de la estructura econ(cid:155)mica regional. superficies que las Adem(cid:145)s, no existe ning(cid:156)n v(cid:146)nculo entre el programa de compra de tierras y las condiciones econ(cid:155)micas generales previamente mencionadas relativas a las empresas beneficiarias. La cuesti(cid:155)n de saber en qu(cid:130) medida la compra de tierras en condiciones preferentes por los nuevos fundadores y por las empresas sucesoras de las LPG En ning(cid:156)n caso se puede invocar esta disposici(cid:155)n para justificar una extensi(cid:155)n a la totalidad del terri- torio de la antigua RDA. Ahora bien, el presente programa de compra de tierras tiene precisamente por objeto la venta subvencionada por el Estado de tierras en todo el territorio de la antigua RDA. (1) V(cid:130)anse: documento SG(94) D/5981, p. 2 (Comunicaciones Tettau/Baviera); Decisi(cid:155)n 92/465/CEE de la Comisi(cid:155)n (Pots- damer Platz) (DO L 263 de 9. 9. 1992, p. 15); Opel-Eisenach (DO C 43 de 16. 2. 1993, p. 14); Jena (DO C 97 de 6. 4. 1993, p. 7); R(cid:155)dano Rhotex (DO C 210 de 4. 8. 1993, p. 11); SST-Garn- gesellschaft (DO L 114 de 5. 5. 1994, p. 21); Volkswagen I (DO L 385 de 31. 12. 1995, p. 1) y Deggendorf (DO L 386 de 31. 12. 1994, p. 13). (2) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 15. 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/43 puede mejorar el nivel de vida o la situaci(cid:155)n del mercado del empleo en los nuevos Estados federados permanece sin respuesta. Ahora bien, la adecuaci(cid:155)n fundamental de la ayuda para lograr este objetivo seg(cid:156)n lo constituye dispuesto en la letra a) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. condici(cid:155)n justificante la Por estas razones, no puede invocarse aqu(cid:146) la exis- tencia de elementos constitutivos de un caso de excepci(cid:155)n; por lo dem(cid:145)s ni las autoridades alemanas ni otros interesados lo han hecho. 3. Excepci(cid:155)n con arreglo a la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado De acuerdo con la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, las ayudas estatales destinadas a faci- litar el desarrollo de algunas actividades o algunas regiones econ(cid:155)micas pueden aprobarse si no alteran las condiciones de los intercambios en contra del inter(cid:130)s com(cid:156)n. La letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 es aplicable, en particular, cuando la ayuda en cuesti(cid:155)n permite remediar las debilidades estructurales de dichas acti- vidades o regiones econ(cid:155)micas. La situaci(cid:155)n jur(cid:146)dica determinante en la fecha de la entrada en vigor de la EALG permit(cid:146)a en principio a la Comisi(cid:155)n, en virtud del apartado 1 del art(cid:146)culo 35 en relaci(cid:155)n con el apartado 5 del art(cid:146)culo 12 (1) del Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agr(cid:146)colas (2), considerar compatibles con el mercado com(cid:156)n y autorizar las ayudas a la compra de tierras como ayudas a la inversi(cid:155)n (3), siempre y cuando la intensidad de la ayuda no sobrepasara un 35 % [75 % en las regiones desfavorecidas (4)]. Por lo que se refiere a las medidas forestales en general, el apartado 2 del art(cid:146)culo 8 del Reglamento (CEE) no 2080/82 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se instituye un r(cid:130)gimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura dispone que los Estados miembros pueden adoptar medidas de ayuda suplementarias cuyas condiciones de concesi(cid:155)n se aparten de las all(cid:146) previstas o cuyo importe exceda los l(cid:146)mites m(cid:145)ximos, con tal que estas medidas sean conformes con los art(cid:146)culos 92, 93 y 94 del Tratado. En este (cid:145)mbito, es una pr(cid:145)ctica corriente de la Comisi(cid:155)n no plantear objeci(cid:155)n respecto a las ayudas a las inversiones que pueden alcanzar hasta un 100 % de los costes de la medida en cuesti(cid:155)n (5). La Comisi(cid:155)n indica sin embargo, con car(cid:145)cter preventivo, que esta pol(cid:146)tica podr(cid:146)a probable- mente verse modificada a corto plazo. En este caso, la venta a precio preferente de superfi- cies forestales debe considerarse como «una moda- lidad de concesi(cid:155)n que se aleja de las all(cid:146) previstas». Las ayudas estatales (cid:190)cualquiera que sea su natura- leza(cid:190) no pueden, sin embargo, invocar una exen- ci(cid:155)n en virtud del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, si y en la medida en que sean discriminato- rias y violen el Tratado. Por lo tanto, antes de preguntarse si las normas espe- c(cid:146)ficas de la Comisi(cid:155)n anteriormente mencionadas se tuvieron en cuenta en la definici(cid:155)n de la adquisici(cid:155)n a precio preferente de tierras agr(cid:146)colas o forestales, la Comisi(cid:155)n debe examinar la cuesti(cid:155)n prioritaria de si tienen un efecto discriminatorio seg(cid:156)n las disposi- ciones del Tratado. 3. 1. Discriminaci(cid:155)n Al iniciar el procedimiento, la Comisi(cid:155)n hab(cid:146)a expre- sado dudas en cuanto a la compatibilidad con los algunos art(cid:146)culos del Tratado (en particular, art(cid:146)culos 52 y 6) de la condici(cid:155)n relativa a la resi- dencia de los nuevos fundadores o de la detentaci(cid:155)n de 75 % de las partes sociales de las personas jur(cid:146)- dicas en la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990. En este contexto, hab(cid:146)a recordado que los art(cid:146)culos 52 a 58 prev(cid:130)n la supresi(cid:155)n de las restric- ciones a la libertad de establecimiento. Esto se aplica a la fundaci(cid:155)n o a la construcci(cid:155)n de empresas, esta- blecimientos principales y sucursales o filiales. Seg(cid:156)n una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (6), el concepto de libertad tambi(cid:130)n comprender la adquisici(cid:155)n de bienes inmuebles para la realizaci(cid:155)n de un objetivo econ(cid:155)mico (7). Al mencionar las «restricciones a la libertad de estableci- miento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro», la disposici(cid:155)n hace claramente referencia a la nacionalidad (8) y proh(cid:146)be toda discriminaci(cid:155)n a este respecto. La prohibici(cid:155)n de toda discriminaci(cid:155)n no se refiere s(cid:155)lo establecimiento puede de (1) Actualmente letra a) del apartado 2 del art(cid:146)culo 12 del Regla- mento (CE) no 950/97. (5) V(cid:130)anse las ayudas N 567/97, N 752/96, N 750/96, N 646/96 y N 153/96. (6) Asunto 305/87: Comisi(cid:155)n contra Rep(cid:156)blica Hel(cid:130)nica (Recopi- (2) V(cid:130)anse las ayudas N 682/97, N 156/97, N 797/96 y N 940/ laci(cid:155)n 1989, pp. 1461 y ss. ). 96. (3) V(cid:130)anse los criterios expuestos en el inciso i) del punto 18 del anexo de la Comunicaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n de 1979 (DO C 31 de 3. 2. 1979). (4) En los nuevos Estados federados, solamente alrededor de la mitad de la superficie total se clasifica como zona desfavo- recida; v(cid:130)anse los art(cid:146)culos 2 y 3 de la Directiva 75/268/CEE [actualmente anexo del Reglamento (CE) no 950/97]. (7) Programa general para la supresi(cid:155)n de las restricciones a la libertad de establecimiento de 1962 (DO 2 de 15. 1. 1962, p. 36/62). (8) Por lo que se refiere a las personas jur(cid:146)dicas, seg(cid:156)n el art(cid:146)culo 58, la nacionalidad de una sociedad debe determinarse en funci(cid:155)n del ordenamiento del Estado miembro en base al cual se ha constituido as(cid:146) como en funci(cid:155)n de su sede social y su administraci(cid:155)n central. L 107/44 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 a las discriminaciones directas, sino que se refiere tambi(cid:130)n a las discriminaciones subrepticias. Existe discriminaci(cid:155)n subrepticia basada en la nacionalidad cuando «el criterio de distinci(cid:155)n aplicado logra el mismo resultado que la aplicaci(cid:155)n de una discrimi- naci(cid:155)n basada en la nacionalidad» (1), es decir, cuando la distinci(cid:155)n no se basa directamente en la nacionalidad, sino en criterios caracter(cid:146)sticos que solamente los nacionales o, por el contrario, sola- mente los extranjeros pueden satisfacer (por ejemplo, en el caso de requisitos relativos al lugar de origen o de residencia). La letra h) del apartado 3 del art(cid:146)culo 54 del Tratado estipula que la Comisi(cid:155)n debe garantizar que las condiciones de establecimiento no queden falseadas por ayudas concedidas por los Estados miembros. En aplicaci(cid:155)n de esta disposici(cid:155)n y por su programa general para la supresi(cid:155)n de las restricciones a la libertad de establecimiento de 1962 (2), el Consejo estipul(cid:155) que deben eliminarse las disposiciones regla- mentarias o administrativas que excluyen, limitan o supeditan a determinadas condiciones el acceso o el ejercicio por extranjeros de una actividad por cuenta propia. Entre estas disposiciones o pr(cid:145)cticas figuran tambi(cid:130)n las ayudas estatales directas o indirectas, como la concesi(cid:155)n de subvenciones a la compra de tierras. La prohibici(cid:155)n de las restricciones a la libertad de establecimiento contemplada en los art(cid:146)culos 52 a 58 tiene por objeto principal reservar a las empresas en cuesti(cid:155)n el mismo trato que a las empresas que tienen su sede en el Estado de recepci(cid:155)n. Ahora bien, el r(cid:130)gimen en cuesti(cid:155)n prev(cid:130) que solamente los resi- dentes pueden beneficiarse de las medidas contem- pladas en el apartado 2 del art(cid:146)culo 3 de la Ley de compensaciones. Para poder beneficiarse de este r(cid:130)gimen, las sociedades que no tengan su sede en los nuevos Estados federados habr(cid:146)an debido transferirla a estas regiones, o las personas f(cid:146)sicas su residencia principal, lo que, debido a las circunstancias pol(cid:146)ticas y econ(cid:155)micas, era pr(cid:145)cticamente imposible para las empresas extranjeras de la Comunidad Europea en la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990. Por lo tanto, la Ley favorece a las personas f(cid:146)sicas y jur(cid:146)dicas de los nuevos Estados federados en relaci(cid:155)n con aquellas que no tienen sede o residencia en Alemania y pueden constituir una infracci(cid:155)n de la prohibici(cid:155)n de discriminaci(cid:155)n prevista por los art(cid:146)culos 52 a 58 del Tratado, seg(cid:156)n lo establecido por el Tribunal de en su Justicia de las Comunidades Europeas (1) Sentencia de 23 de febrero de 1994, asunto C-419/92: Scholz contra Opera Universitaria, I-505), apartado 7; sentencia de 23 de mayo de 1996, asunto C-237/ 94: O’Flynn (Recopilaci(cid:155)n 1996, p. I-2617), apartado 17. (Recopilaci(cid:155)n 1994, p. (2) DO 2 de 15. 1. 1962, p. 36/62. sentencia de 7 de junio de 1996, pronunciada en el asunto C-107/94: (Asscher) (3). Si bien es cierto que, de jure, les era posible a todos los ciudadanos de la Uni(cid:155)n Europea probar que su residencia principal estaba en el territorio de la antigua RDA el 3 de octubre de 1990, esta condici(cid:155)n s(cid:155)lo la cumpl(cid:146)an de facto, casi exclusivamente, ciuda- danos alemanes, y sobre todo aquellos cuya resi- dencia previa estaba en los nuevos Estados federados. Por lo tanto, esta condici(cid:155)n produce un efecto de exclusi(cid:155)n respecto a las personas que no satisfacen el criterio de residencia. Es cierto que, al referirse a la jurisprudencia en la materia (4), la Comisi(cid:155)n admiti(cid:155) que criterios de distinci(cid:155)n tales como el lugar de residencia o el lugar de origen no constituyen una discriminaci(cid:155)n il(cid:146)cita indirecta basada en la nacionalidad cuando los crite- rios de distinci(cid:155)n (y, en consecuencia, el tratamiento diferenciado) corresponden a diferencias pertinentes de situaci(cid:155)n. El criterio de distinci(cid:155)n de «residencia en el lugar el 3 de octubre de 1990» s(cid:155)lo puede justificarse si es a la vez necesario y adecuado para realizar el objetivo perseguido por el legislador. Una medida no es nece- saria si el objetivo fijado por el legislador puede tambi(cid:130)n lograrse con la aplicaci(cid:155)n de una disposi- ci(cid:155)n m(cid:145)s ligera, es decir, menos vinculante, de la misma naturaleza. Seg(cid:156)n el Gobierno federal, «al fijar la fecha del 3 de octubre de 1990, [. ] el legislador quiso procurar que todas las personas interesadas, o las familias de (cid:130)stas, que hab(cid:146)an vivido y trabajado durante d(cid:130)cadas en la RDA, pudieran participar en el pacto social de compensaci(cid:155)n a establecer entre ellas y los antiguos propietarios. ». El objetivo consist(cid:146)a, pues, en permitir que se benefi- ciaran del programa las personas interesadas o las familias de (cid:130)stas que hab(cid:146)an vivido y trabajado durante d(cid:130)cadas en la RDA. Alemania justifica esta manera de proceder por «la necesidad apremiante de garantizar una amplia conti- nuidad social». Era necesario llegar a establecer «un pacto de compensaci(cid:155)n social». Deb(cid:146)a prestarse una atenci(cid:155)n especial a los «compradores que ya resid(cid:146)an desde hac(cid:146)a tiempo en la regi(cid:155)n». El legislador estaba autorizado «a garantizar la participaci(cid:155)n de los nuevos fundadores reestructuraci(cid:155)n, respecto a las tierras que se hab(cid:146)an convertido en propiedad del Estado de la RDA». en el proceso de (3) Asunto C-107/94: Asscher (Recopilaci(cid:155)n 1996, p. I-3089), apartado 36. (4) Sentencia de 23 de mayo de 1996, asunto C-237/94: O’Flynn (Recopilaci(cid:155)n 1996, p. I-2617), apartados 20 y 21; sentencia de 12 de septiembre de 1996, asunto C-278/94: Comisi(cid:155)n contra Reino de B(cid:130)lgica (Recopilaci(cid:155)n 1996, p. I-4307), apartado 20. 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/45 A este respecto, la Comisi(cid:155)n Europea destaca expre- samente que admite sin reserva el objetivo perse- guido por las medidas en cuesti(cid:155)n. La adaptaci(cid:155)n de las estructuras de la propiedad de Alemania del Este al nuevo sistema econ(cid:155)mico es un objetivo perfecta- mente leg(cid:146)timo del legislador alem(cid:145)n. De hecho, la mayor(cid:146)a de los Estados miembros aplicaron reformas de propiedad de la tierra que permit(cid:146)an a los agricul- tores adquirir las tierras que explotaban. La Comisi(cid:155)n respeta sin restricciones la intenci(cid:155)n de tener en cuenta un v(cid:146)nculo territorial del tipo referido. Sin embargo, para lograr este objetivo, no habr(cid:146)a sido necesario fijar la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990 para la residencia en el lugar. En efecto, se habr(cid:146)a autorizado a los nuevos fundadores o personas jur(cid:146)dicas, con arreglo el apartado 1 del art(cid:146)culo 3 de la Ley sobre compensaci(cid:155)n de costos, a participar en el programa de compra de tierras si, el 1 de octubre de 1996, hubieran arrendado a largo plazo (1) tierras anteriormente propiedad del pueblo, en v(cid:146)as de priva- tizaci(cid:155)n por la Treuhandanstalt. Durante este procedimiento de examen, algunos interesados llamaron expresamente la atenci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n sobre el hecho de que la gran mayor(cid:146)a de los contratos de arrendamiento a largo plazo se esta- blecieron con ciudadanos de Alemania del Este. Todas las cuestiones planteadas en materia de discri- minaci(cid:155)n suscitaron por parte de Alemania una reac- ci(cid:155)n pormenorizada y resuelta, pero esta (cid:156)ltima afir- maci(cid:155)n no fue objetada ni, menos a(cid:156)n, ocasion(cid:155) una contestaci(cid:155)n motivada. Resulta claramente de ello que la realizaci(cid:155)n del objetivo fijado por el legislador, incluso reconociendo su legitimidad (a saber, la participaci(cid:155)n de los alemanes del Este en el programa de compra de tierras), no habr(cid:146)a peligrado en la pr(cid:145)ctica de haber renunciado fijar la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990. Por lo tanto, en la medida en que la compra de tierras agr(cid:146)colas o forestales sigue estando vinculada a la fecha de referencia del 3 de octubre de 1990, la Comisi(cid:155)n considera que esta disposici(cid:155)n no es nece- saria y, por consiguiente, no est(cid:145) justificada. Cuando la disposici(cid:155)n relativa a la residencia en el lugar no coincide con la condici(cid:155)n relativa a la exis- tencia de un arrendamiento a largo plazo (2), se aplica lo siguiente: Seg(cid:156)n la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, existe una discriminaci(cid:155)n prohibida por el Tratado cuando se dispensa un trato diferente a lo equiparable o un mismo trato a lo diferente (3). La igualdad y desigualdad de trato deben poder justi- ficarse por razones objetivas que se derivan objetiva- mente de los hechos correspondientes. La Comisi(cid:155)n ya manifest(cid:155) que considera que la adaptaci(cid:155)n de las estructuras de la propiedad al nuevo sistema econ(cid:155)mico constituye un objetivo perfectamente leg(cid:146)timo. Adaptar las estructuras de la propiedad ofreciendo a los que ya explotan las tierras a privatizar una posibi- lidad de adquisici(cid:155)n privilegiada podr(cid:146)a representar una medida justificable (cid:190)en principio(cid:190) habida cuenta de la existencia de un estrecho v(cid:146)nculo obje- tivo (arrendatario (cid:190) futuro propietario). En cualquier caso, la fecha del 3 de octubre de 1990 no est(cid:145) ligada a la existencia de una relaci(cid:155)n de arrendamiento (a largo plazo). A la luz de lo que precede, la exclusi(cid:155)n (cid:190)de facto y a priori(cid:190) de otros ciudadanos de la Comunidad no tiene justificaci(cid:155)n. Resulta claramente de las consideraciones relativas a fundadores (4) que un trato desigual los nuevos basado en los da(cid:157)os sufridos es igualmente injustifi- cable: com(cid:155) algunos interesados indicaron con raz(cid:155)n, los nuevos fundadores nunca fueron expropiados, al igual que sus competidores en los dem(cid:145)s Estados miembros, hecho que la Comisi(cid:155)n ya hab(cid:146)a estable- cido al iniciar el procedimiento (5). Por estos motivos, la Comisi(cid:155)n no puede suscribir el argumento que uno de los interesados hab(cid:146)a formu- lado, seg(cid:156)n el cual la Comisi(cid:155)n querr(cid:146)a «excluir del beneficio de la Ley» a los nuevos fundadores. La Comisi(cid:155)n pretende solamente, en virtud de sus funciones, garantizar la aplicaci(cid:155)n de las disposi- ciones del Tratado. En definitiva, la Comisi(cid:155)n se atiene a la comprobaci(cid:155)n de la existencia de una discriminaci(cid:155)n que infringe los art(cid:146)culos 52 a 58 del Tratado, debido al trato desigual injustificado dispen- sado a categor(cid:146)as de interesados b(cid:145)sicamente id(cid:130)n- ticas [candidatos a compradores de Alemania (del Este)/candidatos a compradores de los dem(cid:145)s Estados miembros] en el acceso a la compra de tierras en condiciones preferentes. (3) V(cid:130)anse, por ejemplo, para el primer caso: asuntos 8/55 y 9/55: Federaci(cid:155)n Carbonera de B(cid:130)lgica contra Alta Autoridad (Reco- pilaci(cid:155)n 1955/56, pp. 297 y 331); asunto 14/59: Soci(cid:130)t(cid:130) des Fonderies de Pont-(cid:133)-Mousson (Recopilaci(cid:155)n 1958/59, p. 465); asunto 79/77: K(cid:129)hlhaus-Zentrum (Recopilaci(cid:155)n 1978, p. 611); para el segundo caso: asunto 13/63: Italia contra Comisi(cid:155)n (Recopilaci(cid:155)n 1963, p. 357); asunto 8/78: Milac (Recopilaci(cid:155)n 1978, p. 1721); asunto 230/78: Eridania (Recopilaci(cid:155)n 1979, p. 2749); asunto 8/82: Wagner (Recopilaci(cid:155)n 1983, p. 371). (1) Con excepci(cid:155)n de la adquisici(cid:155)n de superficies forestales por nuevos fundadores, de acuerdo con la letra b) del apartado 8 del art(cid:146)culo 3 de la Ley sobre compensaci(cid:155)n de costos. (2) Letra b) del apartado 8 del art(cid:146)culo 3 de la Ley sobre compen- (4) V(cid:130)ase el punto 3 de la secci(cid:155)n VI; de acuerdo con la letra b) del apartado 8 del art(cid:146)culo 3 de la Ley sobre compensaci(cid:155)n de costos, las personas jur(cid:146)dicas no podr(cid:145)n adquirir tierras. (5) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 18, pen(cid:156)ltimo p(cid:145)rrafo del punto 5 saci(cid:155)n de costos. de la secci(cid:155)n IV. L 107/46 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 tambi(cid:130)n el Esta discriminaci(cid:155)n indirecta art(cid:146)culo 6 del Tratado seg(cid:156)n queda expuesto en la decisi(cid:155)n de iniciar el procedimiento (1). viola Por lo que se refiere el apartado 3 del art(cid:146)culo 40 del Tratado, la Comisi(cid:155)n no descart(cid:155) tampoco la posibi- lidad de que existiera infracci(cid:155)n (2). Alemania refut(cid:155) correctamente esta afirmaci(cid:155)n indi- cando que, aunque las disposiciones en cuesti(cid:155)n tengan tambi(cid:130)n como destinatario a los Estados miembros, s(cid:155)lo son aplicables en el contexto de las organizaciones comunes de mercado. de una Es efectivamente exacto que el programa de compra de tierras es una medida nacional. No se trata de la aplicaci(cid:155)n de mercado (3), de modo que el programa en cuesti(cid:155)n no est(cid:145) cubierto por el (cid:145)mbito de aplicaci(cid:155)n del apartado 3 del art(cid:146)culo 40 del Tratado. Esta cuesti(cid:155)n no dio lugar a otras observaciones debidamente docu- mentadas. organizaci(cid:155)n com(cid:156)n Por las razones anteriormente mencionadas, es in(cid:156)til profundizar en las numerosas observaciones formu- ladas por interesados seg(cid:156)n las cuales los beneficia- rios del programa de compra de tierras son en primer lugar las empresas que suceden a las LPG, lo que ha sido considerado «arbitrario, socialmente desequili- brado y profundamente injusto». Por las mismas razones, la Comisi(cid:155)n se abstiene tambi(cid:130)n de todo comentario relativo a la objeci(cid:155)n que afirma que reina una enorme disparidad incluso dentro del grupo de los beneficiarios, puesto que el programa prev(cid:130) para las personas relativamente menos afec- tadas compensaciones m(cid:145)s elevadas que para las que sufrieron da(cid:157)os m(cid:145)s graves tras las expropiaciones. Siempre por las mismas razones, la Comisi(cid:155)n no comenta las recriminaciones, no impugnadas por el Gobierno federal, de que la medida controvertida no puede de ninguna manera preservar las «estructuras sociales existentes», y de que Alemania no hab(cid:146)a pensado en absoluto «en las personas» de los nuevos Estados federados, sino que contemplaba exclusiva- mente a las alrededor de 3 000 empresas sucesoras de las LPG. En definitiva, la Comisi(cid:155)n constata que las ayudas vinculadas a la condici(cid:155)n relativa a la residencia en el lugar el 3 de octubre de 1990 (nuevos fundadores y personas jur(cid:146)dicas) violan el art(cid:146)culo 6 y los art(cid:146)culos 52 a 58 del Tratado y que, por lo tanto, no son compatibles con el mercado com(cid:156)n seg(cid:156)n lo dispuesto en los art(cid:146)culos 92 a 94 del Tratado. Por lo que se refiere a la fecha de referencia del 1 de octubre de 1996, la Comisi(cid:155)n indica que no ha sido objeto de observaciones por parte de los interesados (1) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 17 y otras. (2) DO C 215 de 10. 7. 1998, p. 17. (3) V(cid:130)anse los asuntos C-351/92 JCE-Graff: (Recopilaci(cid:155)n 1994, pp. I-3361 y 3379); 201/85 y 202/85: Klensch e. a. contra Luxemburgo: (Recopilaci(cid:155)n 1986, p. 3477). en el proceso y no ha sido tampoco comentada por las autoridades alemanas. 3. 2. Intensidad de las ayudas Con car(cid:145)cter subsidiario, la Comisi(cid:155)n indica que no pudo adquirir una certeza suficiente de que el programa de ayuda se ajuste en todos los casos a los l(cid:146)mites m(cid:145)ximos de intensidad de las ayudas por ella fijados. Por s(cid:146) solo, el m(cid:130)todo de c(cid:145)lculo presentado por Alemania (v(cid:130)ase el punto 9 de la secci(cid:155)n II) alcanza un porcentaje de ayuda del 29,2 % para Alemania del Este. Aunque la Comisi(cid:155)n admitiese enteramente el fundamento de este m(cid:130)todo, s(cid:155)lo se tratar(cid:146)a, sin embargo, de valores medios. Los datos transmitidos a la Comisi(cid:155)n por Alemania en la carta del 25 de julio de 1997, elaborados por la Statistisches Bundesamt (oficina estad(cid:146)stica federal) muestran, sin embargo, de modo inequ(cid:146)voco que los intervalos de fluctuaci(cid:155)n pueden alcanzar un +8,7 % hacia arriba (tipos medios para el Estado federado de Brandeburgo) y –7,8 % hacia abajo (para el Estado federado de Pomerania Occidental), seg(cid:156)n los Estados federados. Con tal intervalo de fluctuaci(cid:155)n de los valores medios relativos a los distintos Estados federados, no se puede sino temer, sobre la base del m(cid:130)todo de c(cid:145)lculo comunicado por las autoridades alemanas, un rebasamiento del l(cid:146)mite del 35 % en las regiones no desfavorecidas de algunos Estados federados. Como estos valores no son a su vez m(cid:145)s que valores medios que se aplican a los distintos Estados federados, siempre partiendo del principio de la aplicaci(cid:155)n del m(cid:130)todo de c(cid:145)lculo recientemente transmitido, es probable que el l(cid:146)mite del 35 % se vea considerablemente sobrepasado en algunos casos particulares. Por otra parte, la Comisi(cid:155)n expresa muy serias dudas respecto a la legitimidad de los m(cid:130)todos de c(cid:145)lculo que las autoridades alemanas le presentaron. La Comisi(cid:155)n reconoce, desde luego, de manera expresa que las restricciones a las que est(cid:145)n sometidas las superficies agr(cid:146)colas en cuesti(cid:155)n (prohibici(cid:155)n de enajenaci(cid:155)n por un per(cid:146)odo de veinte a(cid:157)os, derecho de rescisi(cid:155)n en caso de conversi(cid:155)n en terreno para construcci(cid:155)n) son adecuadas para rebajar el valor comercial de estas tierras. Los m(cid:130)todos de c(cid:145)lculo comunicados por Alemania est(cid:145)n, sin embargo, viciados por el hecho de que parten del principio de que la compra de tierras a precio preferente no presenta ninguna agricultor durante los veinte a(cid:157)os de vigencia de la prohibici(cid:155)n de enajenar. Como algunos interesados indicaron sin «plusval(cid:146)a» para el 24. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 107/47 raz(cid:155)n, limitada en el la prohibici(cid:155)n de embargo con mucha enajenar tiempo no «incomoda» normalmente al arrendatario de larga duraci(cid:155)n. Debido a la existencia de contratos de arrendamiento a largo plazo, el arrendatario tipo no tiene de todas formas la necesidad de vender durante este per(cid:146)odo. la intenci(cid:155)n ni En opini(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n, ser(cid:146)a pues m(cid:145)s correcto partir, por principio, de un equivalente en subven- ci(cid:155)n de un 55,5 % por t(cid:130)rmino medio, eventual- mente corregido por un coeficiente medio de venta o de rescisi(cid:155)n, como Alemania indic(cid:155) expresamente en la carta previamente mencionada. Las autoridades alemanas no comunicaron este coeficiente de venta o de rescisi(cid:155)n (esto es, el n(cid:156)mero medio de ventas de tierras agr(cid:146)colas o conversiones en terrenos de cons- trucci(cid:155)n en un per(cid:146)odo de veinte a(cid:157)os). La Comisi(cid:155)n no tiene, pues, ning(cid:156)n punto de refe- rencia para comprobar si los equivalentes en subven- ci(cid:155)n expl(cid:146)citamente mencionados por las autoridades alemanas para los distintos Estados federados (Bran- deburgo: 64,2 %; Sajonia: 61,9 %; Sajonia-Anhalt: 61,3 %; Turingia: 59,4 %; Mecklemburgo-Pomerania occidental: 47,7 %) respetan el l(cid:146)mite del 35 % fijado por la Comisi(cid:155)n. Ello constituye una raz(cid:155)n adicional por la cual el programa de compra de tierras no puede, a este respecto (1), considerarse compatible con la pol(cid:146)tica de la Comisi(cid:155)n en materia de fijaci(cid:155)n de l(cid:146)mifes m(cid:145)ximos de intensidad de ayuda tal como ha sido descrita. Por estas razones, la Comisi(cid:155)n no puede admitir exenci(cid:155)n en virtud de la letra c) del apartado 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado. Como quiera que el r(cid:130)gimen de ayudas en cuesti(cid:155)n no tiene tampoco por objeto realizar ninguno de los dem(cid:145)s objetivos fijados por los apartados 2 (2) y 3 del art(cid:146)culo 92 del Tratado, la Comisi(cid:155)n se ve obligada a sacar la conclusi(cid:155)n de que la medida en cuesti(cid:155)n no puede considerarse compatible con el mercado com(cid:156)n. VIII En conclusi(cid:155)n, la Comisi(cid:155)n comprueba que Alemania, en tanto que Estado miembro, aplic(cid:155) el r(cid:130)gimen de ayudas en infracci(cid:155)n del apartado 3 del art(cid:146)culo 93 del Tratado. Cualquier ayuda concedida ilegalmente deber(cid:145) ser objeto de restituci(cid:155)n por el beneficiario, con el fin de restablecer la situaci(cid:155)n econ(cid:155)mica anterior a la concesi(cid:155)n de la ayuda impugnada. El reembolso se efectuar(cid:145) seg(cid:156)n las disposi- ciones y procedimientos del Derecho alem(cid:145)n, incluidos los intereses calculados, a partir de la fecha de concesi(cid:155)n, sobre la base del tipo de referencia aplicable en la valora- ci(cid:155)n de los reg(cid:146)menes de ayudas regionales. Por lo tanto, Alemania deber(cid:145) recuperar las ayudas conce- didas al amparo del programa de compra de tierras vincu- ladas a la condici(cid:155)n relativa a la residencia en el lugar el 3 de octubre de 1990 o que sobrepasen el l(cid:146)mite de inten- sidad m(cid:145)ximo del 35 % aplicable a las superficies agr(cid:146)- colas situadas en regiones no desfavorecidas en virtud del Reglamento (CE) no 950/97. En el plazo de dos meses a partir de la notificaci(cid:155)n de la presente Decisi(cid:155)n, Alemania comunicar(cid:145) a la Comisi(cid:155)n las medidas que haya adoptado para darle cumplimiento, HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISI(cid:222)N: Art(cid:146)culo 1 El programa contemplado en el art(cid:146)culo 3 de la Ley sobre compensaci(cid:155)n alemana de costos no contiene ayudas, en la medida en que sus disposiciones s(cid:155)lo se refieren a compensaciones por expropiaciones o acciones asimila- bles a una expropiaci(cid:155)n llevadas a cabo por intervenci(cid:155)n soberana, y que los beneficios concedidos son equiva- lentes o inferiores a los da(cid:157)os patrimoniales causados por dichas acciones. Art(cid:146)culo 2 Las ayudas ser(cid:145)n compatibles con el mercado com(cid:156)n en la medida en que no est(cid:130)n vinculadas a la condici(cid:155)n de residencia en el lugar el 3 de octubre de 1990 y siempre que observen el l(cid:146)mite del 35 % aplicable a las superficies agr(cid:146)colas situadas en regiones no desfavorecidas en virtud del Reglamento (CE) no 950/97. Las ayudas vinculadas a la condici(cid:155)n de residencia en el lugar el 3 de octubre de 1990 no ser(cid:145)n compatibles con el mercado com(cid:156)n. Alemania deber(cid:145) suprimir las ayudas contempladas en el segundo apartado y no podr(cid:145) concederlas de nuevo. Art(cid:146)culo 3 Alemania reclamar(cid:145), en el plazo de dos meses, la restitu- ci(cid:155)n integral de las ayudas contempladas en el apartado 2 del art(cid:146)culo 2. El reembolso se efectuar(cid:145) seg(cid:156)n las disposi- ciones y los procedimientos del Derecho alem(cid:145)n, e incluir(cid:145) los intereses calculados, a partir de la fecha de concesi(cid:155)n, sobre la base del tipo de referencia aplicable en la valoraci(cid:155)n de los reg(cid:146)menes de ayudas regionales. (1) Los l(cid:146)mites m(cid:145)ximos de intesidad para las zonas desfavorecidas (75 %) y para las ayudas a la adquisici(cid:155)n de superficies fores- tales (100 %) se respetan obviamente. (2) Con inclusi(cid:155)n de la letra b) del apartado 2 del art(cid:146)culo 92, que prev(cid:130) una excepci(cid:155)n en caso de acontecimientos extraor- dinarios, excluidas las cat(cid:145)strofes naturales. En el plazo de dos meses a partir de la fecha de notifica- ci(cid:155)n de la presente Decisi(cid:155)n, Alemania deber(cid:145) comunicar a la Comisi(cid:155)n las medidas que haya adoptado para darle cumplimiento. Art(cid:146)culo 4 L 107/48 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 24. 4. 1999 El destinatario de la presente Decisi(cid:155)n ser(cid:145) la Rep(cid:156)blica Federal de Alemania. Art(cid:146)culo 5 Hecho en Bruselas, el 20 de enero de 1999. Por la Comisi(cid:155)n Franz FISCHLER Miembro de la Comisi(cid:155)n