title: Dictamen del Comité Económico y Social sobre: - la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el inicio, el ejercicio y la supervisión cautelar de las actividades de las entidades de dinero electrónico», y - la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio»

eurovoc_concepts:
ESC opinion
EU law
credit institution
electronic money
right of establishment

text: C 101/64 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 4. 1999 trimestre de 1999 en el marco de la Agenda 2000. Otra razo´n es la necesidad de preparar la pro´xima adhesio´ n de los paı´ses de Europa Central y Oriental, que son importantes productores vitivinı´colas. Bruselas, el 27 de enero de 1999. La Presidenta del Comité Econo´ mico y Social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI Dictamen del Comité Econo´ mico y Social sobre: — la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el inicio, el ejercicio y la supervisio´n cautelar de las actividades de las entidades de dinero electro´nico», y — la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE sobre la coordinacio´ n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio» (1) (1999/C 101/15) El 6 de noviembre de 1998, de conformidad con el artı´culo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidio´ consultar al Comité Econo´ mico y Social sobre las propuestas mencionadas. La Seccio´n de Mercado U´ nico, Produccio´ n y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobo´ su dictamen el 19 de enero de 1999 (ponente: Sr. Burani). En su 360o Pleno de los dı´as 27 y 28 de enero de 1999 (sesio´ n del 27 de enero) el Comité Econo´ mico y Social ha aprobado por 36 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen. 1. Introduccio´n El comercio electro´nico y su previsible ra´pida 1. 1. difusio´ n constituyen un feno´meno que hace necesario el establecimiento de normas sobre mu´ltiples aspectos a escala europea y mundial. La Comisio´ n, ejerciendo su competencia institucional de presentacio´n de propues- tas, ya esta´ elaborando o tiene programadas diversas iniciativas destinadas a instaurar un marco normativo comu´n para los Estados miembros, sin descuidar el hecho de que Europa se inscribe en un contexto global, lo que requiere una aplicacio´ n armonizada de las normas a nivel mundial. El comercio electro´ nico —en cuanto oferta y 1. 2. adquisicio´ n de bienes y servicios— exige que la liquida- cio´n de las relaciones de débito y crédito se efectu´ e de forma ra´pida, segura y econo´ micamente ventajosa para las partes interesadas y para la credibilidad del conjunto del sistema. El sistema financiero esta´ preparando productos innovadores que, en sustancia, permiten poner a disposicio´n de los usuarios sumas de dinero (1) DO C 317 de 15. 10. 1998, p. 7-12. almacenadas en una memoria de ordenador y que pueden transferirse al acreedor por vı´a electro´nica. Se habla de «dinero de red» («network money» o «software money») y, como sen˜ ala la Comisio´n en la introduccio´n de la exposicio´n de motivos, no se trata de un instrumento de pago, sino del instrumento de pago del futuro en el comercio electro´ nico por Internet. Junto al dinero de red esta´n surgiendo otros 1. 3. instrumentos de pago menos sofisticados y al alcance del ciudadano comu´n, incluso de aquellos que no disponen de un ordenador o de los medios y conocimien- tos necesarios para acceder a Internet o a sistemas las tarjetas similares, ya sean cerrados o abiertos: prepagadas, esto es, tarjetas inteligentes que memorizan importes ingresados de antemano en la cuenta del emisor y en las que se cargan en cuenta progresivamente las sumas gastadas en compras de poca entidad; en la pra´ctica, se trata de la versio´ n electro´ nica del «mone- dero» con monedas y billetes pequen˜os. La emisio´n de dinero electro´nico (2) puede exami- 1. 4. narse desde distintos puntos de vista: comercial, técnico, financiero y monetario. La Comisio´ n ha querido regular (2) En este contexto, el concepto «dinero electro´nico» hace referencia tanto al «dinero de red» como a las tarjetas prepagadas. 12. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 101/65 los dos u´ltimos aspectos o, ma´s bien, ha analizado los aspectos financieros teniendo presente de manera indirecta las repercusiones de la emisio´n de dinero electro´ nico en la circulacio´n fiduciaria, materia que es competencia exclusiva de los bancos centrales. 1. 5. La Comisio´ n ha estimado que deben reglamen- tarse los aspectos cautelares de la emisio´n de dinero electro´ nico; en concreto, los emisores deben ser conside- rados entidades de crédito y como tales estar sujetos a las disposiciones de la Primera y Segunda Directivas de Coordinacio´n Bancaria, por supuesto, con los ajustes y las excepciones necesarios para tener en cuenta el especı´fico y limitado alcance de la actividad de entidades no bancarias que tienen por objeto exclusivamente la emisio´n de dinero electro´ nico. Estas empresas reciben el nombre de «entidades de dinero electro´nico»; a efectos del presente dictamen, el Comité utilizara´ la abreviatura «EDE» para referirse a ellas. 2. Observaciones generales El Comité respalda la iniciativa de la Comisio´ n: el 2. 1. mercado, entendido como el conjunto de los operadores y consumidores, debe ser protegido frente a iniciativas que escapen al control de las autoridades encargadas por la legislacio´n de cada Estado miembro de supervisar la solidez del sistema financiero. Por lo tanto, el Comité considera positiva la ampliacio´ n del a´mbito de aplicacio´n de las disposiciones de las directivas bancarias a las EDE; no obstante, se ve en la obligacio´n de formular una serie de reservas de fondo referidas no tanto a las propias propuestas de Directiva, sino ma´s bien a las consecuencias que se derivara´n de su aplicacio´n «minimalista». Estas consecuencias pueden no ser evi- dentes a primera vista, pero justamente por ello cada norma debe ponderarse atentamente a la luz de sus repercusiones en a´mbitos ajenos al de la supervisio´n cautelar. 2. 2. Una de las reservas de fondo se refiere al enfoque de la Directiva, que se basa en una supervisio´n cautelar poco estricta, sin tener en cuenta los requisitos del control en sentido amplio. Es necesario aclarar esta afirmacio´n. La emisio´n de dinero electro´ nico constituye ante todo un feno´ meno monetario: no crea moneda sino que la sustituye, al menos en la medida en que el dinero electro´ nico se emite contra la retirada de efectivo o cargo en una cuenta sin concesio´ n de crédito. Con la introduccio´ n de la moneda u´nica, el control de los flujos monetarios del euro pasa a ser competencia de una institucio´ n central, el Banco Central Europeo, mientras que la supervisio´ n cautelar sigue en manos de las distintas autoridades nacionales. Por lo tanto, existe una inevitable una confusio´ n de competencias y funciones que difı´cilmente podra´ solucionarse —si las propuestas de Directiva analizadas se aplican en su versio´ n actual— con la colaboracio´n prevista entre la autoridad moneta- ria europea y las autoridades nacionales de supervisio´n cautelar. 2. 3. Otra laguna manifiesta de la Directiva es no haber tenido en cuenta las repercusiones en los sistemas de pago, cuyo control y responsabilidad incumbe a las autoridades monetarias. En general, se considera que estos sistemas constituyen una funcio´n de interés pu´blico. La interoperabilidad de los sistemas de dinero electro´ nico —condicio´ n indispensable para garantizar su eficacia en beneficio del mercado interior y especialmente del comercio electro´nico— exige que los emisores participen en sistemas de compensacio´n y liquidacio´n. La participa- cio´n en dichos sistemas esta´ sujeta a normas muy rı´gidas, dictadas por la necesidad de evitar riesgos sistémicos: un simple examen de estas normas permite afirmar que las EDE que respondan a las normas minimalistas de la propuesta de Directiva analizada muy difı´cilmente cumplira´n los requisitos necesarios para formar parte de los sistemas de pago. Es cierto que puede participarse en la liquidacio´n merced a intermediarios acreditados, pero no por ello debe obviarse una supervisio´n rigurosa de todos los participantes en el sistema. Asimismo, esta supervisio´n debe ser lo ma´s uniforme posible, dado que la moneda electro´ nica emitida en un Estado miembro de la Unio´n puede circular libremente en los dema´s Estados. 2. 4. Otra reserva de fondo se refiere al concepto de dinero electro´nico. Esta denominacio´n engloba dos productos que tienen algunas caracterı´sticas en comu´n, pero que son radicalmente diferentes desde el punto de vista de la técnica y la tecnologı´a utilizadas y, sobre todo, del fin perseguido y de sus repercusiones en el mercado. Las caracterı´sticas comunes (1) son la posibilidad 2. 5. de utilizacio´n sin necesitar la autorizacio´n de bancos ni de terceros y el uso de forma ano´ nima: una vez convertido un depo´sito bancario o una cantidad de efectivo en dinero electro´nico, éste puede circular bajo control exclusivo del propietario y ser transmitido a otros sin que sea posible, en principio, determinar su origen. Estas caracterı´sticas lo convierten en el instrumento ideal para el blanqueo de capitales y para otros fines ilı´citos: la Comisio´n advierte el peligro, pero parece que lo subestima, limita´ndose a indicar en la exposicio´n de motivos, entre paréntesis, que «es indudable que la Directiva sobre blanqueo de capitales se aplicara´ a las entidades de dinero electro´nico» (2). El Comité considera que la posibilidad de utilizar el dinero electro´ nico con fines delictivos tiene que constituir una de las principales preocupaciones y que la normativa debe destinarse, en todos sus aspectos, a proteger la sociedad contra este peligro. 2. 6. Los fines diferentes radican en el hecho de que, en general, el dinero de red puede utilizarse para transferir sumas por cualquier importe: desde unos céntimos de euro o de do´lar para consultar una pa´gina de Internet hasta cifras potencialmente sin lı´mite para actividades comerciales, financieras o de cualquier otro (1) Véase el apartado «¿Qué se entiende por dinero electro´- nico?» de la exposicio´ n de motivos del COM(1998) 461 final. (2) De acuerdo con el artı´culo 2. 1 de la propuesta de Direc- tiva 98/0252 (COD). C 101/66 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 4. 1999 tipo. En cambio, las tarjetas prepagadas son un instru- mento ideal para el pago de importes nimios, pero resulta difı´cil darles un uso distinto del previsto. En consecuencia, el dinero de red es va´lido indistintamente para grandes operadores o consumidores, mientras que la tarjeta prepagada, en principio, so´lo sirve a los consumidores. Habida cuenta de las caracterı´sticas de las operaciones de blanqueo y de los escasos importes que pueden transferirse, las tarjetas prepagadas presentan un riesgo mı´nimo (1); por el contrario, el dinero de red constituye el instrumento ideal para transferir capitales de manera ano´ nima y sin control (2). 2. 7. Conviene precisar este aspecto desde un punto de vista en el que el Comité hace especial hincapié: el de las posibilidades de blanqueo de capitales de origen ilı´cito. En las tarjetas prepagadas se «almacenan» en general importes relativamente modestos: la Comisio´n indica que el lı´mite ma´ximo ofrecido es de 250 ecus (3), pero lo normal es que esté en torno a 150 ecus. El almacenamiento se hace, en el caso de las tarjetas emitidas por entidades de crédito, con cargo a una cuenta bancaria; de acuerdo con la Directiva analizada, las EDE podra´n emitir tarjetas previo pago en efectivo. Si el valor almacenable en estas tarjetas se mantiene dentro de los lı´mites indicados, su utilizacio´ n para el blanqueo de capitales no deberı´a causar inquietud. 2. 7. 1. Muy distinto es el caso del dinero de red. En principio, en los raros ejemplos de que se dispone actualmente, el «almacenamiento» se hace por transfe- rencia desde una cuenta bancaria que, a su vez, se alimenta con ingresos controlados de acuerdo con las normas antiblanqueo (identidad del cliente, comproba- cio´n del origen de los fondos, etc. ) Existe pues un «filtro» preventivo: el dinero en efectivo —sujeto a un con- trol— alimenta una cuenta bancaria nominal antes de convertirse en dinero de red ano´nimo. En el caso de las EDE, el dinero en efectivo se transforma directamente en dinero de red ano´ nimo que puede transferirse en tiempo real hacia cualquier destino: el suen˜o de los delincuentes. Un conocimiento, por muy superficial que sea, de las técnicas utilizadas (mensajes cifrados, «cajas chinas», etc. ) permitira´ evaluar el riesgo existente. El CES recomienda encarecidamente a la Comisio´n que examine con ma´xima atencio´ n este aspecto ya que, aunque la Directiva sobre blanqueo de dinero se aplique formalmente a las EDE, el control de su aplicacio´n real es extremamente difı´cil. 2. 8. Las repercusiones en el mercado también son diferentes: si en la actualidad las tarjetas prepagadas no (1) Incluso en este caso es posible que una multitud de importes nimios procedentes, por ejemplo, de la venta de droga en la calle confluyan en una tarjeta «centralizadora», utilizable de forma ano´nima sin problemas. (2) Es obvio que existen medios sofisticados para determinar los canales utilizados en las transferencias de capitales, pero los técnicos saben que el blanqueo de dinero también cuenta con técnicas y tecnologı´as igualmente sofisticadas para escapar a todo control. (3) Véase el u´ ltimo pa´rrafo del apartado «¿Qué se entiende por dinero electro´ nico?» de la exposicio´ n de motivos del COM(1998) 461 final. preocupan en cuanto a la existencia de riesgos, el dinero de red sı´ puede constituir un elevado riesgo potencial para el mercado. La cuestio´n no es nada desden˜able, tal como se expondra´ en las observaciones a los distintos artı´culos de la Directiva. 2. 9. Au´n cabe exponer una consideracio´n adicional: las tarjetas prepagadas se utilizan para pequen˜os pagos de contacto («cara a cara»); en cambio, el dinero de red constituye un instrumento de pago para las ventas a distancia, en principio por cualquier importe. Se trata de dos productos diferentes que resulta muy difı´cil regular con una u´nica normativa, al menos en cuanto a las disposiciones referidas a los emisores. 2. 10. La u´ltima reserva de fondo se refiere a los aspectos internacionales. La Comisio´n menciona en la exposicio´n de motivos que en ciertos paı´ses, como los Estados Unidos, no existe normativa sobre las EDE y que en otros, como Japo´n, se esta´ estudiando esta posibilidad; pero no extrae conclusiones, y menos au´ n prevé disposiciones, en relacio´ n con el reconocimiento de EDE que procedan de terceros paı´ses sin normativa ni control en la materia y que podrı´an operar en el territorio de la Unio´n Europea. La Segunda Directiva de Coordinacio´n Bancaria —que se aplicara´ a las EDE— incluye disposiciones relativas a la libertad de estableci- miento de entidades de crédito de terceros paı´ses autorizadas y supervisadas en los respectivos paı´ses de origen (4). Por lo dema´s, la emisio´n de dinero electro´ nico constituye una prestacio´n de servicio sin establecimiento, hecho confirmado en la propuesta de Directiva relativa a las EDE analizada, en cuyo apartado 4 del artı´culo 2 se establece expresamente que «los fondos recibidos como contrapartida de dinero electro´nico no se conside- rara´n depo´sitos». Por consiguiente, no es aplicable el artı´culo 3 de la Segunda Directiva de Coordinacio´n Bancaria que prohibe a las «personas o empresas que no sean entidades de crédito» la recepcio´n de depo´ sitos. Si se interpreta de forma literal el conjunto de 2. 11. las disposiciones citadas en el punto anterior, la emisio´n de dinero electro´ nico por parte de entidades de terceros paı´ses no autorizadas como entidades de crédito ni sujetas a regulacio´n serı´a una prestacio´n de servicios financieros realizada por intermediarios no autorizados, lo que constituye una actividad prohibida. No obstante, el CES considera que una conclusio´n de este tipo resulta de difı´cil aplicacio´n en la pra´ctica, habida cuenta de las caracterı´sticas del dinero electro´ nico. De hecho, no se concibe co´ mo se podrı´a controlar o impedir el uso del dinero electro´ nico (dinero de red) de un emisor de un tercer paı´s por parte de un beneficiario europeo, o la oferta de un servicio de dinero de red por parte de un emisor norteamericano a clientes europeos. 2. 12. Por consiguiente, existen dificultades objetivas para determinar los medios con los que las autoridades de supervisio´n podrı´an impedir a un operador de un tercer paı´s ofrecer servicios financieros por vı´a electro´ nica en el territorio de la Unio´n. Las normas vigentes son claras, pero su incumplimiento puede (4) Artı´culo 8 de la Directiva 89/646, DO L 386 de 30. 12. 1989. 12. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 101/67 sobrepasar la simple infraccio´n a las disposiciones sobre libre prestacio´n de servicios, lo que darı´a lugar en la pra´ctica a flujos monetarios sin control. El Comité no sugiere soluciones, limita´ndose a llamar la atencio´ n sobre este aspecto nada secundario. emisor, sea muy difı´cil y costosa, y su gestio´n aun ma´s problema´tica. A falta de soluciones alternativas, la recomendacio´ n del punto anterior adquiere mayor relieve. Por u´ltimo, el Comité se muestra bastante 2. 13. perplejo ante las consecuencias de una legislacio´n demasiado «minimalista» para la proteccio´ n de los consumidores. Los controles a los que deben someterse las EDE tienen por objeto impedir que se encuentren en dificultades o en la imposibilidad de satisfacer sus compromisos; evidentemente, este principio es va´lido para todas las entidades de crédito, por lo que es normal que también rija para las EDE. No obstante, a pesar de los controles, la pra´ctica demuestra que pueden acaecer hechos imprevistos; en tal caso, los consumidores no gozan de proteccio´ n ante la pérdida de sus haberes, dado que el dinero electro´ nico no se considera un «depo´ sito» y, por lo tanto, no esta´ cubierto por los fondos de garantı´a de los depo´sitos. Se podra´ objetar, no sin razo´n, que esta proteccio´ n no es indispensable dado el exiguo valor de los importes almacenados en las tarjetas prepagadas; sin embargo, esta consideracio´n puede ser falsa en el caso del dinero de red, instrumento con el que se llegan a manejar cifras muy superiores. 2. 14. De todas formas, el principal problema es la proteccio´ n del mercado en general y, ma´s concretamente, de los titulares de dinero electro´ nico a raı´z de la venta de bienes o servicios. En caso de quiebra de una EDE, estos acreedores no podrı´an reclamar sus derechos; el valor para cada acreedor por separado quiza´ no fuera importante, pero la suma de las obligaciones respecto del conjunto del mercado podrı´a implicar un riesgo sistémico en los sistemas de pago y en el propio mercado. Esta consideracio´n adquiere verdadera importancia si se tiene en cuenta que la mayorı´a de los acreedores son pequen˜as y medianas empresas comerciales, turı´sticas o de servicios. Los actuales montantes relativamente modestos no deben inducir a error; si es cierto, como sen˜ ala la Comisio´n, que «Las tarjetas prepagadas (. ) podrı´an sustituir a largo plazo a una parte importante de los pagos en efectivo» y que el dinero de red «se esta´ erigiendo en el instrumento de pago del creciente comercio electro´nico» (1), las cantidades que se manejan pueden llegar a ser astrono´ micas. De ahı´ la necesidad de someter a los emisores, tanto al comienzo de su actividad como, y sobre todo, a lo largo de su ejercicio, a controles rigurosos, permanentes y minuciosos. A juicio del Comité, se trata de condiciones irrenunciables que la propuesta de Directiva no parece haber tenido en cuenta de manera satisfactoria. 2. 15. Es probable que la constitucio´n de un fondo de garantı´a del dinero electro´ nico, capaz de reembolsar a los propietarios y beneficiarios en caso de quiebra del 3. Observaciones especı´ficas referidas a la propuesta de Directiva sobre el inicio, el ejercicio y la supervisio´n cautelar de las actividades de las entidades de dinero electro´nico (2) 3. 1. Artı´culo 1 — A´ mbito de aplicacio´n, definiciones y limitacio´n de actividades El concepto de «dinero electro´ nico», tal como 3. 1. 1. se define en la letra b) del apartado 3 de este artı´culo, no parece adecuado dado que, como se indica en los puntos 2. 2 a 2. 7 del presente dictamen, engloba bajo una u´nica denominacio´n dos productos que deberı´an ser objeto de un tratamiento diferenciado: las especifica- ciones recogidas en los incisos iii) (substitutivo electro´- nico de monedas y billetes bancarios) y iv) (con el fin de realizar pagos de escasa cuantı´a por medios electro´ nicos) de dicha letra son va´lidas para las tarjetas prepagadas pero no del todo — ni en todos los casos — cuando se trata de dinero de red. En concreto, el Comité sen˜ala que la expresio´ n 3. 1. 2. «pagos de escasa cuantı´a» recogida en el inciso iv) de la letra b) del apartado 3 es demasiado vaga e inaceptable en una Directiva que requiere claridad. La interpretacio´n que hace la Comisio´n del concepto de «pagos de escasa cuantı´a» es erro´nea, pero adema´s se presta a interpretaciones diferentes en los Estados miembros. Asimismo, en ningu´n artı´culo de la propuesta de Directiva se establecen restricciones cuantitativas al dinero electro´ nico. A juicio del Comité, se trata de una omisio´ n que hace ineficaz, o en cualquier caso ilo´gica, la limitacio´n implı´cita en la definicio´n de la Comisio´ n (véanse los puntos 3. 7, 3. 7. 1 y 3. 7. 2 infra). Sin embargo, las principales reservas se refieren 3. 1. 3. a la calidad de las entidades de dinero electro´ nico que, de acuerdo con las disposiciones de la letra a) y del inciso i) de la letra b) del apartado 3, pueden ser emisores de dinero electro´ nico de cualquier tipo. Habida cuenta de las observaciones anteriores, el dinero de red puede constituir una actividad mucho ma´s importe —y con repercusiones ma´s serias— que la emisio´n de tarjetas prepagadas. La Directiva deberı´a establecer una clara separacio´n entre ambas actividades, aplicando a los emisores de dinero de red requisitos mucho ma´s rigurosos que los actualmente previstos. 3. 2. Artı´culo 2 — Aplicacio´ n de las directivas banca- rias 3. 2. 1. La lista de las ampliaciones, excepciones y exclusiones de las obligaciones impuestas a las EDE en materia de supervisio´n cautelar por las numerosas directivas bancarias citadas en los apartados 1, 2 y 3 de este artı´culo puede dar pie a debates demasiado técnicos que exigirı´an largos y complejos ana´lisis, so´lo comprensi- bles por especialistas. Tras un examen global, y sobre (1) COM(1998) 461 final. (2) 98/0252 (COD). C 101/68 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 4. 1999 todo técnico, del conjunto de la materia, el Comité considera que el sometimiento de las EDE a las obligacio- nes de buena conducta administrativa y patrimonial es ma´s teo´rico que real. Las observaciones detalladas que se formulara´n respecto del artı´culo 5 (puntos 3. 5. 1 y 3. 5. 2) también son va´lidas para este artı´culo: incluso si diversas autoridades aplican normas ma´s severas, resulta evidente que otras no estara´n dispuestas a seguir dicha lı´nea. El u´ltimo pa´rrafo de este artı´culo parece dar a 3. 2. 2. entender que los importes no utilizados de dinero electro´ nico podrı´an ser, segu´n el contrato, no reembolsa- bles, lo que supone en la pra´ctica que serı´an confiscados por el emisor. El Comité expresa su total desacuerdo al respecto: debe preverse de forma expresa que siempre se reembolsara´n los importes no utilizados. No se trata u´nicamente de un reconocimiento elemental de los derechos del consumidor; desde el punto de vista jurı´dico, el no reembolso constituye claramente un enriquecimiento ilı´cito (1). Tampoco es de aplicacio´n el principio de la libertad contractual; dado que la emisio´n de dinero electro´ nico es consecuencia de un contrato de adhesio´ n, toda cla´usula que otorgue una ventaja indebida al vendedor sera´ considerada abusiva de conformidad con las directivas sobre proteccio´ n de los consumidores. Prever la obligacio´n de reembolso habrı´a cues- 3. 2. 3. tionado la tesis de por sı´ fra´gil, sostenida en la primera parte del pa´rrafo mencionado, de que la emisio´n de dinero electro´nico no constituye una recepcio´n de depo´sitos tal como se define en el artı´culo 3 de la Directiva 89/646/CEE (2). El Comité no desea pronunciarse sobre el fondo de esta interpretacio´ n ma´s bien arbitraria, pero no puede aceptar que para justificarla se cometa un abuso con los consumidores. Por lo tanto, sugiere que la proteccio´ n de sus intereses se configure como una «restitucio´n» de los importes no utilizados en lugar de un «reembolso». En definitiva, por una parte no se entiende que 3. 2. 4. en una directiva sobre supervisio´n cautelar tenga que incluirse una disposicio´n referida a los aspectos contrac- tuales entre el emisor y el usuario; por otra parte, si se quiere mantenerla debe establecer exactamente lo contrario: los importes recogidos y no utilizados siempre deben ser reembolsables. 3. 3. Artı´culo 3 — Requisitos relativos al capital inicial y a los fondos propios permanentes En este artı´culo se establece que el capital 3. 3. 1. inicial de las EDE no sera´ inferior a 500 000 ecus y que (1) A juicio del Comité, ello es va´lido para las tarjetas de uso u´nico (similares a las tarjetas telefo´nicas) que excluyen el reembolso; sin embargo, estas tarjetas no esta´n cubiertas por la Directiva examinada. No obstante, habida cuenta del volumen de los fondos captados por este medio, el Comité llama la atencio´n de las asociaciones de consumido- res sobre el asunto. (2) Texto del artı´culo: «Los Estados miembros prohibira´n a las personas o empresas que no sean entidades de crédito el ejercicio (. ) de la actividad de recepcio´ n de depo´sitos u otros fondos reembolsables del pu´blico. ». sus fondos propios sera´n de forma permanente iguales o superiores al 2 % de las obligaciones financieras (en el caso de las entidades de crédito el porcentaje es del 8 %). El Comité tiene serias dudas sobre el fundamento de estos lı´mites, en especial respecto del capital inicial: una suma de medio millo´n de ecus (euro) es claramente insuficiente para empezar una actividad seria, por muy limitado que sea su objetivo. Asimismo, dado que el porcentaje del 2 % de los importes captados debe mantenerse de forma constante, cabe preguntarse, en caso de éxito de la actividad, si y co´mo una empresa de taman˜ o tan reducido puede obtener de forma ra´pida el capital necesario. 3. 3. 2. Habida cuenta de las diferencias sustanciales que existen entre emisores de tarjetas prepagadas y emisores de dinero de red, el Comité sugiere elevar los lı´mites: para los primeros, a 1 millo´n de ecus (euros) y al 3 %; para los segundos, al menos a 3 millones de ecus (euros) y al 6 %. Es comprensible la voluntad de la Comisio´ n de facilitar el acceso a nuevas actividades por parte del mayor nu´mero posible de participantes, pero este resultado no puede ni debe obtenerse mediante un debilitamiento de las normas cautelares que, conviene recordar una vez ma´s, tienen por objeto proteger el mercado. 3. 4. Artı´culo 4 — Limitacio´n de inversiones En el apartado 1 de este artı´culo se especifican 3. 4. 1. las inversiones que pueden efectuar las EDE para obtener un rendimiento de las cantidades recogidas. Puesto que no tienen la consideracio´n de entidades de crédito que invierte estas sumas en operaciones financieras, y habida cuenta del especial tipo de actividad de las EDE, la idea ba´sica es que las inversiones tengan un «riesgo de crédito del 0 %» y un alto grado de liquidez (depo´sitos a vista o instrumentos de deuda). Esta idea parece respetarse, con excepcio´n del inciso iv) de la letra b del apartado 1 que, con la redaccio´ n actual, parece querer permitir inversiones en instrumentos emitidos por cualquier empresa que no esté vinculada con la EDE correspon- diente. En cualquier caso, no todos los instrumentos de deuda existentes en el mercado son seguros ni tienen un alto grado de liquidez. El Comité no acaba de creerse que la disposicio´n tenga tal amplitud, por lo que sugiere que dicho apartado se redacte de forma ma´s precisa y restrictiva. El resto del artı´culo no suscita comentarios 3. 4. 2. especiales. No obstante, el Comité llama la atencio´ n de la Comisio´n sobre el apartado 6, que obliga a las autoridades competentes a intervenir «ra´pidamente» si el valor de los activos cae por debajo del importe de los compromisos financieros. No queda claro con qué medios cuentan las autoridades para detectar una situacio´n crı´tica, cuando en el artı´culo 5 se establece que las mismas autoridades verificara´n el cumplimiento de las disposiciones por las EDE sobre la base de los datos facilitados «como mı´nimo» dos veces al an˜ o. 12. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 101/69 3. 5. Artı´culo 5 — Verificacio´n por parte de las autori- dades competentes — cumplir las normas establecidas en la Primera y la Segunda Directivas de Coordinacio´n Bancaria. Este artı´culo contiene la incongruencia ya 3. 5. 1. sen˜ alada en el punto 3. 4. 2 supra, que parece implicar un concepto inaceptable de la supervisio´n cautelar. En efecto, establecer una comunicacio´n semestral equivale a subestimar la necesidad de un control permanente de empresas que por naturaleza deben tener un alto grado de liquidez y solvencia en todo momento. Es cierto que, en la pra´ctica, las autoridades competentes de algunos paı´ses fijara´n normas ma´s severas y conformes con sanos principios de supervisio´ n; sin embargo, ello no elimina el riesgo de que en otros paı´ses se adopten normas «minimalistas», generando de esta forma un falsea- miento de la competencia entre EDE de paı´ses diferentes. Este riesgo es muy real. No hay que olvidar que al principio algunos paı´ses se oponı´an a una directiva en la materia; obligados a aceptarla, la adoptara´n en su forma ma´s «ligera». 3. 5. 2. El Comité no esta´ seguro de que todas las autoridades nacionales competentes adoptara´n por pro- pia iniciativa una lı´nea de control estricta, verificando la situacio´n de cada EDE con frecuencia para poder intervenir a tiempo, como ocurre con todas las entidades de crédito. Por lo tanto, el artı´culo 5 deberı´a obligar a las autoridades nacionales a someter a las EDE a los mismos controles, y con idéntica frecuencia, que aplican a las dema´s entidades financieras. 3. 6. Artı´culo 6 — Gestio´n sana y prudente Este artı´culo se basa en los requisitos que 3. 6. 1. establece la Segunda Directiva de Coordinacio´n Banca- ria, con las adaptaciones necesarias por el cara´cter especı´fico de las operaciones de las EDE. El Comité no formula observaciones particulares al respecto. 3. 7. Artı´culo 7 — Exenciones De acuerdo con el apartado 1 de este artı´culo, 3. 7. 1. las EDE con una actividad puramente «nacional» que: a) generen un volumen de obligaciones financieras (dinero emitido y no utilizado) que no exceda normal- mente de 10 millones de ecus y en ningu´n caso de 12 millones; y b) emitan dinero electro´ nico con una capacidad ma´xima de almacenamiento de 150 ecus por usuario, estara´n exentas de las siguientes obligaciones: — mantener separadas las actividades financieras de las dema´s actividades (apartado 4 del artı´culo 1 de la Directiva en cuestio´n); — contar con un capital inicial mı´nimo de 500 000 ecus (apartado 1 del artı´culo 3); — solicitar la autorizacio´n en determinadas condicio- nes, de acuerdo con lo dispuesto en el artı´culo 8; 3. 7. 2. Resulta evidente que estas disposiciones tienen como fin eximir a las «pequen˜as» iniciativas locales de obligaciones que podrı´an ser demasiado gravosas; sin embargo, sus consecuencias podrı´a superar las previsio- nes de la Comisio´ n. En la pra´ctica, las EDE que tengan una importancia «desden˜ able» (aunque cabe preguntarse si un volumen de recogida de fondos equivalente a 10 millones de ecus (euros) es realmente desden˜able) quedan exentas de obligaciones y —en gran parte— de controles. No cabe duda de que una medida tan liberal favorecera´ la aparicio´n de pequen˜os sistemas locales, pero hay que ver si sera´ beneficiosa para el mercado: por una parte, sera´ imposible controlar la evolucio´ n del feno´meno y, por otra parte, resultara´ difı´cil prevenir abusos y quiebras; éstas u´ltimas no sera´n una mera posibilidad, dada la facilidad de acceso incluso para iniciativas de alcance reducido o carentes de toda experiencia. 3. 7. 3. A este respecto, el Comité recuerda que la Comisio´ n ha recomendado de forma reiterada que los sistemas de pago sean interoperables. Se trata de una condicio´ n que los consumidores consideran indispensa- ble, pero de la que no dispondra´n los pequen˜os sistemas. 3. 7. 4. Sin lugar a dudas, la emisio´n de dinero electro´ - nico no es un feno´meno insignificante. La propia Comisio´ n lo reconoce cuando, en el primer pa´rrafo de la exposicio´n de motivos, sen˜ala que el monedero electro´ nico podrı´a «sustituir a largo plazo a una parte importante de los pagos en efectivo». En consecuencia, el Comité se pregunta si la exencio´ n prevista en este artı´culo es coherente con el contenido del apartado «Polı´tica monetaria» de la exposicio´n de motivos, en el se afirma entre otras cosas que «han de tenerse en cuenta las posibles consecuencias de la emisio´n de dinero electro´ nico para la aplicacio´ n de la polı´tica monetaria». Por lo tanto, deben supervisarse todos los aspectos de este feno´ meno, incluso los que parecen marginales. Cabe sen˜ alar, como consideracio´n colateral, 3. 7. 5. que en las iniciativas que ya han puesto en pra´ctica clubes deportivos o entidades similares se utiliza la recogida de fondos (o como quiera llamarse) para disponer de una co´moda y lucrativa fuente de liquidez; la posibilidad de actuar en completa libertad, sin controles y sobre todo sin separacio´n entre las actividades financieras y las «dema´s» actividades implica un elevado nivel de riesgo para los consumidores y el mercado. En conclusio´n, el Comité se declara totalmente 3. 7. 6. contrario a las exenciones previstas en la letra b) del apartado 1 del artı´culo 7. A este respecto, se considera pertinente la 3. 7. 7. siguiente reflexio´n: se establecen exenciones para el dinero electro´ nico (aunque obviamente se piense en las tarjetas prepagadas) siempre que el valor ma´ximo de almacenamiento no exceda de 150 ecus (euros); por lo tanto, debe considerarse que la Directiva no quiere fijar un lı´mite ma´ximo obligatorio almacenable en los C 101/70 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 4. 1999 instrumentos de dinero electro´nico y, especialmente, en las tarjetas prepagadas. No obstante, deberı´a incluirse la fijacio´n de un lı´mite como medida necesaria para la proteccio´ n de los consumidores. Como sen˜ala la Comisio´n (1), una tarjeta 3. 7. 7. 1. prepagada es por definicio´n «ano´ nima»; en caso de pérdida (o de robo), las consecuencias son idénticas a las de la pérdida de dinero en efectivo, a saber, una pérdida definitiva. Es necesario evitar que se facilite al consumidor un instrumento de pago cuya pérdida podrı´a causarle un perjuicio importante; de ahı´ la necesidad de restringir el perjuicio dentro de lı´mites generalmente soportables. La Comisio´n ya ha establecido una defini- cio´n de perjuicio soportable: en su Comunicacio´ n (2) relativa a los medios electro´nicos de pago se establece que en caso de pérdida o robo de la tarjeta el consumidor podra´ ser responsable —so´lo en algunos casos— de un ma´ximo de 150 ecus. 3. 7. 7. 2. Si se aplica la misma lo´ gica y un enfoque idéntico, la Comisio´n no puede saltarse la obligacio´n de establecer el mismo lı´mite ma´ximo de 150 ecus para las tarjetas prepagadas, que suponen un riesgo mucho mayor en caso de pérdida que las tarjetas de crédito o de débito. Por otra parte, si la tarjeta prepagada debe servir para efectuar «pequen˜ os» pagos (véase el punto 3. 1. 2 del presente dictamen), ¿por qué razo´n deberı´an emitirse tarjetas con un valor elevado y potencialmente ilimitado? En definitiva, el Comité propone que el lı´mite ma´ximo de 150 euros para el dinero electro´ nico se establezca de forma explı´cita en la Directiva; el dinero de red, con caracterı´sticas totalmente diferentes, no deberı´a estar sujeto a limitaciones. 3. 8. Artı´culo 8 — Derechos adquiridos 3. 8. 1. Al igual que en la Segunda Directiva de Coordi- nacio´ n Bancaria, se considerara´ que cuentan con autori- zacio´n las entidades de dinero electro´ nico que operen antes de la entrada en vigor de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicacio´n de la Directiva examinada. El Comité no tiene nada que objetar, pero recomienda que se preste especial atencio´ n a los sistemas que inicien sus actividades desde ahora y hasta el 31 de diciembre de 1999 (fecha prevista en el artı´culo 9 para la entrada en vigor de las disposiciones nacionales en (1) Véase el apartado «¿Qué se entiende por dinero electro´- nico?» de la exposicio´n de motivos del COM(1998) 461 final. (2) COM(1997) 353 final de 9. 7. 1997 y Dictamen del CES, DO C 95 de 30. 3. 1998. Bruselas, el 27 de enero de 1999. aplicacio´ n de la Directiva). Con el fin de evitar la creacio´ n apresurada de algu´n sistema para aprovecharse del «vacı´o legislativo» comunitario, habrı´a sido preferi- ble que los derechos adquiridos se limitaran a las entidades existentes en una fecha anterior como, por ejemplo, el 31 de julio de 1998. 4. Observaciones especı´ficas sobre la propuesta por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE (3) El Comité no formula observaciones especı´ficas 4. 1. sobre esta propuesta de Directiva, que es consecuencia lo´ gica del anterior. En efecto, se incluye a las entidades de dinero electro´nico dentro de las «entidades de crédito» cubiertas por la Primera y la Segunda Directivas de Coordinacio´n Bancaria. 4. 2. No obstante, parece existir una incongruencia en el artı´culo 3: la Directiva debera´ entrar en vigor el vigésimo dı´a a partir de la fecha de su publicacio´n en el Diario Oficial, mientras que la Directiva sobre supervisio´n cautelar de las entidades de dinero electro´ - nico establece en el artı´culo 9 que los Estados miembros la incorporara´n antes del 31 de diciembre de 1999. El resultado sera´ que, entre la fecha de entrada en vigor de la Directiva en cuestio´n y el 31 de diciembre de 1999, existira´n «entidades de crédito» (entidades de dinero electro´ nico) que no estara´n reguladas por el derecho comunitario junto con otras «entidades de crédito» (bancos) sujetas a la reglamentacio´ n correspondiente. 5. Conclusiones 5. 1. El Comité, que representa a los interlocutores sociales, considera que la Comisio´n ha redactado esta Directiva partiendo de un punto de vista de apertura de los mercados en un clima de competencia ma´xima y de fijacio´n del menor nu´mero de normas posible. El Comité se congratula y toma nota de ello. No obstante, también se ve en la obligacio´n de sen˜alar que se ha prestado demasiado poca atencio´n a las consecuencias de la aplicacio´ n de la Directiva en otros a´mbitos, que quiza´ no sean competencia de la Comisio´n (repercusiones de cara´cter monetario) o no sean pertinentes en una directiva sobre supervisio´n cautelar como la proteccio´ n del mercado (consumidores y empresas usuarias) y la defensa de la sociedad contra la delincuencia organizada. Si se toman estos puntos de vista, la Directiva requiere una detenida revisio´n. (3) 98/0253 (COD). La Presidenta del Comité Econo´ mico y Social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: PERGUNTA ESCRITA n. 92/99 do Deputado Gerardo FERNÁNDEZ- ALBOR à Comissão. Gemenskapscentrum i Santiago de Compostela

eurovoc_concepts:
EU programme
Spain
cultural heritage
customs and traditions
heritage protection

formats: html pdf print

text: 15. 10. 1999 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 297/143 (1999/C 297/195) PERGUNTA ESCRITA E-0092/99 apresentada por Gerardo Fernández-Albor (PPE) à Comissão Objecto: Centro comunitário de estudos compostelanos (27 de Janeiro de 1999) O ano de 1999, que há pouco se iniciou, é Ano Jacobeu, devendo a referida efeméride suscitar, na União Europeia, uma reflexão sobre a forma como integrar no seu acervo cultural a dimensão histórica secular de práticas europeias que confluíram para uma tradição singular que marcou o espírito da Europa. Partindo de diferentes locais, durantes séculos e séculos, os europeus percorreram caminhos, atravessaram sendeiros, venceram dificuldades e concretizaram aspirações que os ajudaram a identificar-se com uma causa comum, com a essência do nosso continente, tal como outras regiões do planeta se identificaram com outras formas de expressão cultural que lhes são próprias. Não considera a Comissão que o presente Ano Jacobeu deverá ser motivo para que a União tome a decisão de criar, no coração desta tradição 3 Santiago de Compostela 3 um centro consagrado ao estudo do significado histórico que representou a Estrada de Santiago no sentimento da tradição unificadora de um espírito que contribuiu para unir culturalmente todo o continente europeu? Resposta de Marcelino Oreja em nome da Comissão (11 de Março de 1999) A Comissão partilha a opinião do Senhor Deputado sobre a importância do património religioso e cultural de Santiago de Compostela para a Europa. Neste contexto, e no âmbito das suas acções relativas ao património cultural e do programa Rafael, a Comissão, nos últimos anos, tem apoiado financeiramente os esforços das autoridades espanholas para preservar e restaurar os monumentos que se encontram na rota de peregrinação de Santiago de Compostela. Um centro de estudos dedicado a Santiago de Compostela contribuiria certamente para uma melhor compreensão do papel histórico das peregrinações e do seu efeito positivo para o património cultural europeu. Contudo, há que assinalar que, em aplicação do princípio da subsidiariedade e tendo em conta os escassos recursos disponíveis, a Comissão não pode tomar a decisão de criar tal centro. Actualmente, qualquer apoio da Comissão só poderá prever-se no âmbito do programa Rafael, cuja finalidade consiste em encorajar e apoiar iniciativas europeias de cooperação a favor da preservação e restauro do património cultural, em conformidade com o disposto no artigo 128o do Tratado CE. Neste contexto, caso as autoridades espanholas apresentem uma proposta que corresponda aos critérios do Programa Rafael para 1999, tal como publicado no Jornal Oficial (1), a Comissão examinará com satisfação o referido pedido. (1) JO C 342 de 10. 11. 1998. (1999/C 297/196) PERGUNTA ESCRITA E-0095/99 apresentada por Gerardo Fernández-Albor (PPE) à Comissão Objecto: A língua espanhola como disciplina obrigatória nos EUA (27 de Janeiro de 1999) Segundo o Secretário para a Educação dos EUA, a língua espanhola figurará entre as disciplinas centrais do sistema educativo obrigatório desse país. Trata-se de um dos objectivos básicos a atingir na perspectiva do ano 2000 para o Governo de Bill Clinton, que, numa recente intervenção, salientou que as crianças dos EUA cuja primeira língua não é o espanhol o deveriam aprender. Por esse motivo, o acordo comum assinado entre os EUA e a Espanha para promoção da língua espanhola naquele país deveria ser objecto da aprovação e do apoio logístico do Executivo comunitário pela importância de que se revestirá para a projecção da cultura comunitária nesse país americano. Pode a Comissão indicar de que forma tenciona colaborar com a Espanha para a promoção da língua espanhola nos EUA e demonstrar a sua solidariedade neste âmbito com meios que ajudem a suprir as dificuldades que possam ser detectadas na prática?


title: PREGUNTA ESCRITA n. 142/99 del Yves VERWAERDE a la Comisión. ONG subvencionadas en el marco de la política exterior de la UE

eurovoc_concepts:
EU financing
democracy
election
fact-finding mission
foreign policy
non-governmental organisation

text: C 207/174 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 21. 7. 1999 No se ha proporcionado financiación alguna para el último proyecto, debido a la suspensión de la línea presupuestaria. Finalmente, la Sra. Liikanen actúa como representante local de STAKES en Bruselas desde el 1 de septiembre de 1996 hasta hoy. Su trabajo para STAKES comenzó el 1 de agosto de 1994 en Helsinki. 2. En el marco del programa «Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres» la Comisión concedió una ayuda en 1995 a la organización «Red mujeres 96» (SOC 95/102814, línea presupuestaria B3-4012). La red reunió a mujeres finlandesas activas en la asociación «Mujeres de Europa», que posteriormente evolucionó hacia la Sección de mujeres finlandesas del Movimiento Europeo Nacional Finlandés. Esta red se creó en junio de 1995 y se registró oficialmente el 11 de octubre de 1996. La Sra. Liikanen presidió esta red desde su creación hasta el 31 de octubre de 1996. La dirección de la red es Naiset 96, PO Box 1164, Helsinki. El proyecto cubrió una campaña de información y formación con el objeto de promover la dimensión de la igualdad de oportunidades en el debate finlandés sobre cuestiones europeas (Conferencia Intergubernamental 1996, política comunitaria sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres). La duración de los proyectos era de 13 meses a partir del 1 de septiembre de 1995-1 de octubre de 1996. El presupuesto total para la medida era de 8. 850 euros, de los cuales se solicitaron 6. 000 euros a la Comisión para cubrir los gastos de reuniones, publicaciones y viajes del seminario. La Comisión concedió a «Red Mujeres 96» una ayuda no superior a 6. 000 euros conforme a un contrato de 11 de diciembre de 1995. Este contrato (no 950804) fue firmado por la Sra. Liikanen en nombre de la «Red Mujeres 96». Tras la recepción de la declaración final de gastos para el proyecto, 7. 342 euros, la cantidad efectiva de ayuda pagadera se redujo a 4. 978 euros. No se pagó remuneración alguna a la Sra. Liikanen de conformidad con este proyecto. Parece oportuno mencionar también dos pagos específicos relacionados con la asistencia a una reunión 3. de expertos y la pronunciación de un discurso: B un pago 2. 600 FB fue realizado por la DG IX. Lux el 26 de noviembre de 1997, correspondiente a un viaje por ferrocarril de la Sra. Hanna Liikanen el 11 de noviembre de 1997 para asistir a una reunión de dos días del «Comité del programa Telemática» organizado por la DG XIII; B un pago 6. 000 de FB fue realizado por la IX. B. 4 el 23 de abril de 1998, correspondiente a los honorarios de un invitado el 19 de enero de 1998 a una conferencia organizada por la DG X, en nombre de la «asociación finlandesa de escritores gastronómicos». (1999/C 207/243) PREGUNTA ESCRITA P-0142/99 de Yves Verwaerde (PPE) a la Comisión (27 de enero de 1999) Asunto: ONG subvencionadas en el marco de la política exterior de la UE ¿Querría facilitar la Comisión la relación de las ONG con subvenciones comunitarias que han participado en misiones de observación o de información relativas a procesos electorales, en el marco de la política exterior llevada a cabo por la Unión Europea para favorecer el desarrollo del proceso democrático? Respuesta del Comisario van den Broek en nombre de la Comisión (11 de febrero de 1999) Las informaciones pedidas por Su Señoría están incluidas en numerosos instrumentos comunitarios, que van desde el marco de la cooperación con terceros países hasta las líneas específicas para derechos humanos y democracia del capítulo B7-70. En estas condiciones, la recopilación de estas informaciones requiere una investigación profunda que abarcaría un dilatado período. Indicaciones más precisas en cuanto a los instrumentos financieros en cuestión o al ámbito geográfico de interés facilitarían esta investigación


title: Commission Regulation (EC) No 184/1999 of 27 January 1999 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables

eurovoc_concepts:
agri-monetary policy
citrus fruit
fruit vegetable
import price
perennial vegetable
pip fruit

formats: pdf print

text: L 21/2 EN Official Journal of the European Communities 28. 1. 1999 COMMISSION REGULATION (EC) No 184/1999 of 27 January 1999 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Commission Regulation (EC) No 3223/ 94 of 21 December 1994 on detailed rules for the applica- the import arrangements for fruit and veget- tion of ables (1), as last amended by Regulation (EC) No 1498/ 98 (2), and in particular Article 4 (1) thereof, Having regard to Council Regulation (EEC) No 3813/92 of 28 December 1992 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy (3), as last amended by Regu- lation (EC) No 150/95 (4), and in particular Article 3 (3) thereof, Whereas Regulation (EC) No 3223/94 lays down, pursuant to the outcome of the Uruguay Round multilat- eral trade negotiations, the criteria whereby the Commis- sion fixes the standard values for imports from third countries, in respect of the products and periods stipu- lated in the Annex thereto; Whereas, in compliance with the above criteria, the stand- ard import values must be fixed at the levels set out in the Annex to this Regulation, HAS ADOPTED THIS REGULATION: Article 1 The standard import values referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 3223/94 shall be fixed as indicated in the Annex hereto. Article 2 This Regulation shall enter into force on 28 January 1999. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 27 January 1999. For the Commission Franz FISCHLER Member of the Commission (1) OJ L 337, 24. 12. 1994, p. 66. (2) OJ L 198, 15. 7. 1998, p. 4. (3) OJ L 387, 31. 12. 1992, p. 1. (4) OJ L 22, 31. 1. 1995, p. 1. 28. 1. 1999 EN Official Journal of the European Communities L 21/3 to the Commission Regulation of 27 January 1999 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables ANNEX CN code 0702 00 00 0707 00 05 0709 10 00 0709 90 70 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 0805 20 10 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 0805 30 10 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 0808 20 50 Third country code (1) Standard import value (EUR/100 kg) 052 204 999 052 999 220 999 052 204 628 999 052 204 212 600 999 204 999 052 204 464 624 999 052 600 999 052 060 400 404 720 728 999 052 064 400 624 999 90,9 44,7 67,8 106,9 106,9 68,8 68,8 140,8 202,8 122,8 155,5 35,4 38,7 41,5 41,3 39,2 66,2 66,2 59,4 55,1 86,1 76,8 69,4 55,5 77,8 66,7 64,8 44,0 68,0 78,1 81,1 84,5 70,1 137,1 62,3 84,0 54,0 84,4 (1) Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 2317/97 (OJ L 321, 22. 11. 1997, p. 19). Code ‘999' stands for ‘of other origin'


title: WRITTEN QUESTION No. 142/99 by Yves VERWAERDE to the Commission. NGOs subsidised under the EU's external policy

text: C 207/174 Europeiska gemenskapernas officiella tidning SV 21. 7. 1999 Inga medel har utgått till det senare projektet eftersom betalningarna under budgetposten inställdes. Slutligen är Hanna-Liisa Liikanen lokal företrädare för Stakes i Bryssel sedan 1 september 1996. Hennes arbete för Stakes inleddes den 1 augusti 1994 i Helsingfors. 2. Inom ramen för programmet för jämställdhet mellan kvinnor och män beviljade kommissionen 1995 stöd till organisationen Nätverket Kvinnor 96 (SOC 95/102814, budgetpost B3-4012). I organisationen samlades finländska kvinnor aktiva i organisationen Kvinnor för Europa, som senare har blivit en del av kvinnosektionen i den finska avdelningen av Europarörelsen. Nätverket bildades i juni 1995 och registrerades formellt den 11 oktober 1996. Hanna-Liisa Liikanen var ordförande i nätverket från bildandet till och med den 31 oktober 1996. Nätverkets adress är Kvinnor 96, Box 1164, Helsingfors. Projektet omfattade en informationskampanj och utbildning för att främja jämställdhetsperspektivet i den finska EU-debatten (regeringskonferensen 1996, gemenskapens politik för lika möjligheter för kvinnor och män). Projektet varade i 13 månader, från den 1 september 1995 till den 1 oktober 1996. Projektets totalbudget uppgick till 8 850 euro och ansökan om bidrag från kommissionen till 6 000 euro. Detta skulle täcka sammanträden, publikationer och resor. Den 11 december 1995 beviljade kommissionen Nätverket Kvinnor 96 ett bidrag på högst 6 000 euro. Bidragskontraktet (nr 950804) undertecknades av Hanna-Liisa Liikanen på nätverkets vägnar. Efter att den slutliga kostnadsspecifikationen för projektet mottagits på ett belopp av 7 342 euro, minskades bidraget till 4 978 euro. Hanna-Liisa Liikanen erhöll ingen ersättning för sitt arbete med projektet. Det är också lämpligt att ta upp två specifika betalningar som gäller närvaro vid ett expertsammanträde 3. och hållandet av ett tal: 9 En utbetalning på 2 600 belgiska franc gjordes av generaldirektorat IX i Luxemburg den 26 november 1997. Utbetalningen avsåg en järnvägsresa som Hanna-Liisa Liikanen företagit den 11 november 1997 för att delta vid ett tvådagarsssammanträde med kommittén för telematikprogrammet anordnat av generaldirektorat XIII. 9 En utbetalning på 6 000 belgiska franc gjordes av generaldirektorat IX, enhet B. 4, den 23 april 1998. Utbetalningen avsåg talararvode vid en konferens den 19 januari 1998 anordnad av generaldirektorat X, där Hanna-Liisa Liikanen höll ett föredrag på vägnar av Finländska matskribenters förening. (1999/C 207/243) SKRIFTLIG FRÅGA P-0142/99 från Yves Verwaerde (PPE) till kommissionen (27 januari 1999) Angående: Frivilligorganisationer som får bidrag inom ramen för EU:s utrikespolitik Skulle kommissionen kunna översända en lista över de frivilligorganisationer som får bidrag från gemen- skapen och som deltagit i observations- eller utbildningsuppdrag i samband med allmänna val, inom ramen för Europeiska unionens utrikespolitiska åtgärder för utveckling av den demokratiska processen? Svar från Hans van den Broek på kommissionens vägnar (11 februari 1999) De upplysningar frågeställaren ber om sorterar under flera olika gemenskapsinstrument, allt från samarbetet med tredje land till specifika budgetposter för mänskliga rättigheter och demokrati i kapitel B7-70. För att samla in de begärda upplysningarna krävs omfattande efterforskningar under en längre tid. Mera precisa anvisningar angående vilka finansiella instrument eller geografiska områden som är av intresse skulle underlätta efterforskningarna


title: QUESTION ECRITE no 73/99 de Umberto BOSSI Non-restitution à l'État italien de quelque 400 millions d'euros perçus illégalement par les entreprises

eurovoc_concepts:
Italy
State aid
aid to undertakings
anti-trust legislation
competition law
control of State aid
infringement of EU law
redemption

formats: html print


title: INTERROGAZIONE SCRITTA n. 80/99 dell'on. Susan WADDINGTON Normativa sui servizi telefonici a pagamento destinati agli adulti

eurovoc_concepts:
EU Member State
EU law
United Kingdom
adult
advertising
approximation of laws
audiovisual communications policy
child protection
telephone
television


title: QUESTION ECRITE no 131/99 de Sirkka-Liisa ANTTILA Mise en oeuvre et contrôle du programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie

eurovoc_concepts:
Russia
agreement (EU)
agricultural product
award of contract
food aid
intervention stock
loan
supply

text: 21. 12. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes C 370/19 (1999/C 370/023) QUESTION ÉCRITE P-0026/99 posée par Graham Watson (ELDR) à la Commission (13 janvier 1999) Objet: Biodiversité Eu égard à la réponse de la Commission à la question E-0649/97 (1), relative à l’intégration de la dimension environnementale dans les autres politiques communautaires, ainsi qu’à l’impact de la Politique agricole commune (PAC) sur la biodiversité dans l’Union européenne, la Commission peut-elle confirmer que toutes les propositions de son programme de travail liées à la PAC comportent des «étoiles vertes», de manière qu’une évaluation des incidences sur l’environnement soit requise? (1) JO C 367 du 4. 12. 1997, p. 33. Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission (10 février 1999) Lors de l’élaboration des propositions de l’Agenda 2000 relatives à la politique agricole commune (PAC) (1), la Commission a veillé à y intégrer la dimension environnementale d’une manière satisfaisante, ce qui a été indiqué dans l’exposé des motifs de ces propositions. Aucune nouvelle proposition liée à la PAC prévue pour cette année n’aura un impact majeur sur la biodiversité dans la Communauté. En conséquence, pour 1999, seule la proposition de réforme de l’organisation du marché du coton comportera une «étoile verte». L’évaluation des incidences sur l’environnement requise par le système des étoiles vertes consiste en un processus de base visant à déterminer les incidences potentiellement importantes. Le cas échéant, une évaluation plus approfondie en la matière sera opérée. La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique, adoptée le 4 février 1998 (2), annonçait la préparation par la Commission de plans d’action pour les domaines concernés, parmi lesquels l’agriculture. L’élabora- tion de ces plans d’action devrait être terminée d’ici février 2000. (1) COM(98) 158 final. (2) COM(98) 42 final. (1999/C 370/024) QUESTION ÉCRITE P-0131/99 posée par Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) à la Commission (27 janvier 1999) Objet: Mise en œuvre et contrôle du programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie Sur la base de la demande d’aide alimentaire présentée par la Fédération de Russie, la Commission a élaboré d’urgence, à l’intention du Conseil, une proposition relative à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie. La mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. L’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) 2802/98 (1) du Conseil dispose qu’il ne sera fourni d’aide alimentaire gratuite qu’aux régions les plus démunies de Russie. Il est précisé en outre, dans le protocole émanant du Conseil, que Moscou, Saint-Pétersbourg et les zones environnantes seront exclus des actions d’aide alimentaire. Or, la Commission, dans les règlements portant ouverture des adjudications tant pour les céréales, la viande bovine, que le lait écrémé en poudre, inclut Saint-Pétersbourg parmi les lieux de destination des produits susmentionnés. Saint-Pétersbourg aurait cependant dû, conformément au point concerné du protocole du Conseil, être exclu de la liste des régions bénéficiaires, afin que l’aide alimentaire ne perturbe pas le fonctionnement ordinaire du marché. La Commission ne dispose pas d’un mandat l’autorisant à contrôler la mise en œuvre du programme les règlements portant alimentaire à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie. Néammoins,


title: INTERROGAZIONE SCRITTA n. 102/99 dell'on. Robin TEVERSON Quinto programma quadro e energia geotermica

eurovoc_concepts:
EU programme
energy policy
geothermal energy
project evaluation
renewable energy
research and development


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 78/99 von Graham MATHER Richtlinie 95/29/EG über den Schutz von Tieren beim Transport

eurovoc_concepts:
EU Member State
application of EU law
complaint to the Commission
health certificate
national implementing measure
protection of animals
transport of animals
veterinary inspection

text: C 341/46 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften DE 29. 11. 1999 (1999/C 341/065) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0071/99 von Roberta Angelilli (NI) an die Kommission (27. Januar 1999) Betrifft: Organisationen mit schlechter Zahlungsmoral und EU-Zuschüsse Aus der Presse verlautet, daß einige Mieter von Gebäuden, die dem IACP von Rom gehören, in erheblichem Zahlungsverzug sind. Darunter sind verschiedene Sitze von Parteien und Verbänden. Zu den säumigsten Zahlern gehören die Benutzer ausgedehnter Räumlichkeiten an der Piazza S. Maria Liberatrice 45, Treppe e/f, das heißt die Stadion-Genossenschaft und die Vereinigung Kemir. Verschiedene Bürger befürchten, daß diese ihrem kulturellem Auftrag in Wirklichkeit nicht nachkommen. Kann die Kommission daher mitteilen: 1. ob die genannten Organisationen Zuschüsse seitens der Europäischen Union erhalten; 2. von welchen Organen oder Stellen die diesen Organisationen gegebenenfalls von der EU gewährten Mittel kontrolliert werden; 3. ob die genannten Organisationen bisher Zuschüsse und, wenn ja, von welcher Stelle, erhalten haben; 4. ob der Zahlungsrückstand gegenüber dem IACP nicht in Widerspruch zu der Gewährung von Zuschüssen seitens der EU steht; 5. wie sie diese Angelegenheit beurteilt? Antwort von Herrn Liikanen im Namen der Kommission (14. April 1999) Den Rechnungsführungsdienststellen der Kommission ist weder die Stadion-Genossenschaft noch die Vereinigung Kemir mit Sitz an der genannten Anschrift bekannt. Davon abgesehen sei darauf hingewiesen, daß die Stadt Rom nicht in dem Verzeichnis der Gebiete enthalten ist, die für eine Förderung aus den gemeinschaftlichen Strukturfonds in Frage kommen. (1999/C 341/066) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0078/99 von Graham Mather (PPE) an die Kommission (27. Januar 1999) Betrifft: Richtlinie 95/29/EG über den Schutz von Tieren beim Transport Ist die Kommission mit der Umsetzung und Durchführung der Richtlinie 95/29/EG (1) über den Schutz 1. von Tieren beim Transport zufrieden? Sind bei der Kommission irgendwelche formelle Beschwerden über Mängel irgendeines Mitgliedstaates 2. bei der Umsetzung seiner Verpflichtungen in Bezug auf diese Richtlinie eingegangen? Kann die Kommission zu den Fragen 1 und 2 im einzelnen mitteilen, um welche Bestimmungen der 3. Richtlinie und um welche Mitgliedstaaten es sich handelt? (1) ABl. L 148 vom 30. 6. 1995, S. 52. Antwort von Herrn Fischler im Namen der Kommission (19. März 1999) Die meisten Mitgliedstaaten haben die Richtlinie 95/29/EG des Rates ordnungsgemäß umgesetzt. Gegen 1. zwei Mitgliedstaaten sind nach wie vor Verstoßverfahren im Gange, weil manche Anforderungen der Richtlinie in ihren einzelstaatlichen Maßnahmen fehlen. Die Umsetzung und Durchführung der Anfor- derungen der Gemeinschaft im Bereich des Tierschutzes während des Transports ist in einer Reihe von Besuchen von Veterinärsachverständigen der Kommission in den Mitgliedstaaten geprüft worden. Diese Besuche haben in mehreren Mitgliedstaaten Mängel bei der Umsetzung oder der Durchführung ergeben


title: Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Relazione della Commissione sull'uso di autobus di linea o granturismo aventi una lunghezza massima di 15 metri»

eurovoc_concepts:
ESC opinion
bus
technical regulations
weights and measures

text: C 101/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 4. 1999 Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Relazione della Commissione sull’uso di autobus di linea o granturismo aventi una lunghezza massima di 15 metri» (1999/C 101/06) La Commissione europea, in data 28 maggio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla relazione di cui sopra. La Sezione «Trasporti, energia, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Garcia Alonso, in data 12 gennaio 1999. infrastrutture, società dell’informazione», Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 27 gennaio 1999, nel corso della 360a sessione plenaria, con 119 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1. 1. La Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 (1) stabilisce le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale per determinati veicoli che circolano nella Comunità. Conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare o vietare l’uso nel proprio territorio: — nel traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti ai pesi ed alle dimensioni; — nel traffico nazionale, di veicoli per il trasporto merci immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti alle dimensioni. Per quanto riguarda la lunghezza massima autorizzata nel traffico internazionale per autobus di linea e grantu- rismo, la medesima direttiva fissa a 12 metri le dimensioni massime nel suo allegato I, punto 1. 1. Il testo della direttiva lascia pertanto dedurre che gli Stati membri possono autorizzare dimensioni massime superiori ai 12 metri per gli autobus di linea e granturismo che circolano nel loro territorio, fermo restando che potran- no circolare liberamente nell’intero territorio dell’Unio- ne europea solamente quelli che soddisfano la direttiva. 1. 2. Al momento pertanto non esiste una legislazione europea che armonizzi le dimensioni degli autobus di linea e granturismo che superano i 12 metri di lunghezza. Attualmente la circolazione di autobus di 15 metri è permessa in Germania, Belgio e Spagna; mentre è consentita, con un’autorizzazione speciale, in Austria, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Le dimensioni superiori ai 12 metri sono regolamentate in Danimarca (13,7 metri), in Finlandia (14,5 metri) ed in Svezia (14 metri), mentre è proibito superare i 12 metri in Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito. 1. 3. Gli autobus di lunghezza inferiore ai 12 metri destinati al trasporto di persone possono attualmente circolare liberamente in tutta l’Unione europea, mentre nel territorio nazionale della maggioranza degli Stati membri è permesso immatricolare ed immettere in circolazione veicoli di 15 metri. Tuttavia la mancanza di una legislazione europea che armonizzi il limite di 15 metri per gli autobus rigidi ha per conseguenza che gli autobus di 15 metri possono venir bloccati o fermati sulle strade, e che si impedisca loro di passare, o che invece vengano tollerati, a seconda se siano o no stati immatricolati in un altro paese, il che ostacola e rende difficile la libera circolazione nell’Unione europea degli autobus di lunghezza superio- re ai 12 metri. Tale situazione viola il principio della libera circolazione nell’Unione europea e rappresenta pertanto un’infrazio- ne continuata dell’articolo 3, lettera c) del Trattato CE dove si proclama l’instaurazione di un mercato comune caratterizzato dalla eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Il permanere di tali difficoltà di circolazione stradale impedisce la completa realizzazione del mercato interno. 2. Sintesi della relazione della Commissione europea La relazione della Commissione europea (2) «sul- 2. 1. l’uso di autobus di linea o granturismo aventi una lunghezza massima di 15 metri» esamina le questioni connesse a tali veicoli utilizzando informazioni trasmesse dalle autorità nazionali degli Stati membri, dai costrutto- ri e dagli operatori degli autobus in questione. Dalla relazione si deduce che la Commissione ha un atteggia- mento positivo nei confronti dei veicoli di lunghezza massima di 15 metri. 2. 2. Oltre a chiarire la distinzione tra autobus di linea ed autobus granturismo sulla base della lunghezza del percorso effettuato, ossia su breve distanza (di linea) o su percorsi più lunghi (granturismo), la Commissione esamina la legislazione nazionale attuale degli Stati (1) GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 59. (2) COM(97) 499 def. del 27. 5. 1998. 12. 4. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 101/23 membri. In tale contesto, conformemente a quanto indicato al punto 1. 2 del presente parere, vanno segnalati alcuni cambiamenti che si sono verificati nella fase successiva alla pubblicazione della relazione della Com- missione. In Spagna, ad esempio, l’uso di veicoli di lunghezza massima di 15 metri è permesso dal 31 ottobre 1997. 2. 3. La Commissione presenta considerazioni com- merciali, tecniche, ambientali e di sicurezza, relative alle infrastrutture ed alla costruzione nonché altre considerazioni di carattere legislativo a favore dell’uso degli autobus di linea o granturismo aventi una lunghezza massima di 15 metri: C o n s i d e r a z i o n i c o m m e r c i a l i Per quanto riguarda la capacità, il costo, i diritti d’uso, la competitività ed il valore di rivendita degli autobus da granturismo, la Commissione riconosce i vantaggi commerciali dei veicoli di lunghezza superiore a 12 metri e sottolinea come, nel caso del trasporto di persone, lo spirito di iniziativa dimostrato da alcuni operatori nell’utilizzare lo spazio supplementare offerto dai veicoli di 15 metri rappresenti un passo avanti nel favorire il trasferimento modale verso il trasporto pubblico. C o n s i d e r a z i o n i t e c n i c h e Secondo i costruttori, i veicoli per passeggeri di lunghezza superiore a 12 metri soddisfano il requisito, stabilito dalla Direttiva 96/53/CE (1) per circolare liberamente in tutta l’Unione europea, di poter essere manovrati entro una corona circolare del raggio esterno di 12,50 metri e interno di 5,30 metri. Per quanto riguarda il peso, i veicoli di 15 metri devono avere 3 assi per soddisfare le norme nazionali ed europee relative al peso totale dei veicoli e al carico per asse. Tutti i componenti tecnici dei veicoli destinati al trasporto dei passeggeri, come i sistemi di frenatura, i dispositivi di illuminazione, le emissioni ecc. sono disciplinati dalla Direttiva 70/156/CEE, e si applicano anche ai veicoli di 15 metri. C o n s i d e r a z i o n i a m b i e n t a l i r e z z a e d i s i c u - Vengono presentati argomenti a sostegno della maggior sicurezza degli autobus di 15 metri. In relazione a cio` la Commissione europea evidenzia che questi veicoli, essendo dotati di tre o quattro assi, hanno una tenuta di strada migliore rispetto ad un veicolo equivalente a due assi e presumibilmente anche una maggiore stabilità e capacità di frenatura. Per quanto riguarda le considera- zioni ambientali, la Commissione cita due argomenti favorevoli, entrambi validi nel caso in cui il veicolo sia completamente occupato: il consumo di combustibile per passeggero trasportato su un veicolo di 15 metri è di circa il 10 % inferiore a quello di un veicolo di 12 metri e lo spazio per passeggero occupato su strada da un veicolo di 15 metri è di circa il 15 % inferiore a quello di un veicolo di 12 metri. (1) GU L 235 del 17. 9. 1996. C o n s i d e r a z i o n i s t r u t t u r e r e l a t i v e a l l e i n f r a - Si distingue fra autobus di linea e granturismo. L’uso degli autobus di 15 metri avrà delle ripercussioni finanziarie per gli enti locali; ciononostante la Commis- sione ritiene che tale problema possa essere risolto introducendo adeguate disposizioni nella legislazione comunitaria. Per gli autobus granturismo occorre preve- dere la necessità di parcheggi supplementari, che presup- pone un costo finanziario per gli enti locali. C o n s i d e r a z i o n i z i o n e r e l a t i v e a l l a c o s t r u - Nonostante il fatto che alcuni costruttori europei non offrano autobus di linea e granturismo di lunghezza superiore a 12 metri, la loro capacità di produrne in futuro è buona. A l t r e c o n s i d e r a z i o n i d i c a r a t t e r e l e g i s - l a t i v o Vista la diversità fra le legislazioni nazionali rispetto alla possibilità di includere portasci e rimorchi portabagagli nella lunghezza massima degli autobus di linea e grantu- rismo, la Commissione si esprime a favore di una legislazione comunitaria che regolamenti ed armonizzi questo aspetto. La Commissione offre un ventaglio di opzioni 2. 4. legislative diverse riguardanti l’uso di autobus di linea e granturismo di 15 metri. Le alternative proposte vanno dal mantenimento della legislazione attuale (per cui non ci sarebbero cambiamenti e gli autobus di linea e granturismo di 12 metri potrebbero circolare liberamente nell’Unione europea), all’adozione di diversi tipi di legislazione per gli autobus di 15 metri, nel qual caso la Commissione espone vari livelli legislativi possibili: — La prima opzione della Commissione stabilisce un limite armonizzato di 12 metri per i veicoli rigidi, consentendo ai veicoli di lunghezza massima di 15 metri di circolare a livello nazionale durante un periodo determinato, in base al principio dei diritti acquisiti. — La seconda opzione prevede un limite armonizzato di 15 metri per gli autobus rigidi, con requisiti di sterzata differenti. Si potrebbe prescrivere che i veicoli rigidi di lunghezza superiore a 12 metri siano sottoposti ad una prova supplementare di manovrabilità. — La terza opzione determina un limite armonizzato di 15 metri per gli autobus rigidi senza requisiti supplementari. Questo limite autorizzerebbe tutta una gamma di veicoli, compresi quelli di lunghezza pari a 12,75 metri, 13,5 metri, 13,75 metri ecc. , qualunque sia il numero degli assi. C 101/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 4. 1999 — Secondo la quarta opzione va fissato un limite diverso di lunghezza in base al numero degli assi: la lunghezza dei veicoli destinati al trasporto dei passeggeri potrebbe essere limitata come segue: 12 metri per i veicoli a due assi, 13,5 metri per i veicoli a tre assi e 15 metri per i veicoli a quattro assi. — La quinta opzione consiste nel fissare un limite armonizzato di 15 metri per il traffico internazionale con norme nazionali differenti. Questa possibilità richiede una modifica della Direttiva 96/53/CE per garantire la libera circolazione nella Comunità di tutti gli autobus di linea e granturismo di lunghezza massima di 15 metri utilizzati su percorsi internazio- nali, permettendo al tempo stesso agli Stati membri di stabilire norme differenti a livello nazionale. 3. Osservazioni del Comitato 3. 1. Il Comitato considera negativo mantenere la situazione attuale, per cui alcuni Stati membri permetto- no la circolazione di veicoli di lunghezza massima pari a 15 metri (con o senza autorizzazione speciale), mentre altri Stati membri proibiscono la vendita ed immatricola- zione di questo tipo di veicoli. Come sottolinea la relazione della Commissione, la situazione attuale manca di chiarezza e di sicurezza per i trasportatori che effettuano servizi di trasporto intracomunitario, e produ- ce distorsioni di concorrenza. 3. 2. Il Comitato ritiene che l’uso di veicoli di lunghez- za massima di 15 metri vada autorizzato in tutto il territorio dell’Unione, e che non vadano introdotte esigenze tecniche supplementari nella legislazione comu- nitaria. Pertanto il Comitato si dichiara favorevole alla terza opzione. Dal punto di vista della costruzione, gli attuali costruttori di autobus di linea e granturismo possiedono le conoscenze e la tecnica adeguata per Bruxelles, 27 gennaio 1999. commercializzare autobus rigidi di lunghezza massima di 15 metri di facile guida, che abbiano la capacità di manovra necessaria a soddisfare i requisiti relativi al cerchio di sterzata, che presentino livelli di sicurezza, pari o superiori a quelli degli autobus di 12 metri, e che rispettino l’ambiente. Viste queste caratteristiche, il Comitato sostiene la libera circolazione nell’intero territorio dell’Unione europea degli autobus di linea e granturismo di 15 metri poiché tali veicoli soddisfano i requisiti di manovra, sono sicuri e rispondono alla normativa ambientale. Limitando l’uso di veicoli di lunghezza massima 3. 3. di 15 metri al trasporto internazionale, lo stato di cose attuale rimarrebbe quasi invariato, in quanto alcuni Stati membri autorizzerebbero il loro uso a livello nazionale e altri no. Cio` manterrebbe le distorsioni di concorrenza ed ostacolerebbe significativamente le operazioni di cabotaggio. Una tale situazione è da evitare. Il Comitato riconosce tuttavia le difficoltà che potrebbero essere provocate dalla circolazione di autobus di 15 metri in alcune zone; in base al principio di sussidiarietà, dovranno essere gli enti nazionali, regionali e locali ad adottare le misure pertinenti a limitare l’accesso degli autobus di linea e granturismo di 15 metri in tali zone, tenendo appunto conto delle caratteristiche locali. 4. Conclusioni In base a quanto precedentemente esposto, e 4. 1. considerando in particolare il punto 2. 5 della relazione della Commissione COM(97) 499 def. , riguardante le considerazioni ambientali e di sicurezza, il Comitato si dichiara favorevole all’opzione presentata al punto 3. 2. 3 della relazione in esame ed invita le istituzioni europee ad armonizzare il limite di 15 metri per gli autobus di linea e granturismo, senza requisiti supplementari, modificando di conseguenza la Direttiva 96/53/CE. La Presidente del Comitato economico e sociale Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: WRITTEN QUESTION No. 62/99 by Pedro MARSET CAMPOS Granting of EU aid for the regeneration of Portman Bay (Murcia, Spain)

eurovoc_concepts:
Cohesion Fund
EU aid
European Investment Bank
Region of Murcia
co-financing
decontamination
gulf
project evaluation

text: C 320/122 Official Journal of the European Communities EN 6. 11. 1999 (1999/C 320/161) WRITTEN QUESTION E-0045/99 by Konstantinos Hatzidakis (PPE) to the Commission Subject: Telemedicine in the public health sector in Greece (22 January 1999) The introduction of data-processing in public health has been long delayed in Greece: so far only 15 general hospitals out of the 143 public hospitals and 173 rural centres in Greece are equipped with computers. These computers were secured under the IMPs, but have not been upgraded since then and are used chiefly as word processors. Another consequence of their non-compatibility with up-to-date telecommunications techno- logies is the total absence of telemedicine in the Greek public health sector. However, the Operational Programme for Health under the second CSF provides for 24 general hospitals to be equipped with advanced communications systems, with pilot applications in seven regions of the country. Will the Commission say: 1. How is the programme to install this technology in the seven pilot regions and the other 17 general hospitals included in this programme progressing? 2. Given its involvement in programme funding, how long does it believe it will take to introduce telemedicine applications in Greece? Supplementary answer given by Mrs Wulf-Mathies on behalf of the Commission (30 March 1999) 1. Under the IMPs 15 hospitals were equipped with information technology systems. Far from functioning merely as secretarial support these have been used primarily for administrative and financial management of the hospitals and in some cases to set up a hospital pharmacy, and have permitted a substantial reduction in their running costs. Under the second CSF for Greece these 15 systems are being updated and equivalent systems installed in a further 10 hospitals to give a total of 25 fully equipped establishments. 2. On medical treatment via telecommunication links, the national authorities have informed the Commission that although no project was included in the IMPs a wholly nationally financed pilot programme has been implemented. Under the second CSF a study on installation of the technology for medical treatment via telecommunication links is in progress. This will serve as the basis for a ‘telemedicine’ plan involving pilot applications in a number of Greek regions to be selected in line with its conclusions. (1999/C 320/162) WRITTEN QUESTION E-0062/99 by Pedro Marset Campos (GUE/NGL) to the Commission (27 January 1999) Subject: Granting of EU aid for the regeneration of Portman Bay (Murcia, Spain) The Autonomous Community of Murcia has announced the intention of Commission Directorate-General XVI to undertake an in situ assessment of the Portman Bay regional regeneration plan, with a view to estimating how much EU funding should be allocated to it. 1. Will the Commission provide information on the contents of the regeneration plan? 2. Will it say whether the delegation of experts from the European Investment Bank has already conducted its inspection? If it has not, when does it intend to do so?