title: Informe explicativo del segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (Texto aprobado por el Consejo el 12 de marzo de 1999)

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text: C 91/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 1999 del segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas INFORME EXPLICATIVO (Texto aprobado por el Consejo el 12 de marzo de 1999) (1999/C 91/02) I. INTRODUCCIÓN El Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas fue establecido por el Consejo y firmado por los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 26 de julio de 1995 (1). Este Convenio (denominado en lo sucesivo «el Convenio» o «el Convenio sobre el fraude») constituye el primer acuerdo celebrado en el ámbito de la cooperación que establece el título VI del Tratado de la Unión Europea y trata del fraude que afecta al presupuesto de las Comunidades Europeas. El 27 de septiembre de 1996 se estableció y firmó un primer Protocolo de este Convenio (2), que trata principalmente de los actos de corrupción en los que están implicados funcionarios nacionales o comunitarios y que afectan o pueden afectar a los intereses financieros de las Comunidades Europeas, denominado en lo sucesivo «el primer Protocolo» o «el Protocolo sobre corrupción». El Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas se estableció y firmó el 29 de noviembre de 1996 (3). Este instrumento permite a los Estados miembros, mediante declaración efectuada en el momento de la firma del Convenio o con posterioridad, aceptar la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Convenio y del primer Protocolo. Paralelamente al establecimiento de los instrumentos mencionados, sobre la base del título VI del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad Europea adoptó dos instrumentos de especial intere´s en este contexto: el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (4) y el Reglamento (CE, Euratom) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularida- des (5). En el Acto del Consejo por el que se establece el Convenio, el Consejo destacó que e´ste debía completarse en breve mediante otro instrumento jurídico para mejorar la eficacia de la protección por vía penal de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. La Comisión presentó a principios de 1996 un proyecto de segundo Protocolo del Convenio sobre el fraude (6). En e´l se hacía referencia a la intención expresada por el Consejo al establecer el Convenio, así como a la Resolución del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, sobre la protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades (7). En esta Resolución, el Consejo pedía que se determinasen las posibilidades de imponer sanciones a las personas jurídicas y que la legislación sobre el blanqueo de capitales se hiciese extensiva a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. La Presidencia italiana del Consejo hizo suya la iniciativa de la Comisión y, al concluir su mandato, los debates sobre el proyecto de la (1) DO C 316 de 27. 11. 1995, p. 49. (2) DO C 313 de 23. 10. 1996, p. 2. (3) DO C 151 de 20. 5. 1997, p. 2. (4) DO L 312 de 23. 12. 1995, p. 1. (5) DO L 292 de 15. 11. 1996, p. 2. (6) DO C 83 de 20. 3. 1996, p. 10. (7) DO C 355 de 14. 12. 1994, p. 2. 31. 3. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 91/9 Comisión estaban muy avanzados. En junio de 1996, la Presidencia italiana, de conformidad con el artículo K. 6 del Tratado de la Unión Europea, consultó al Parlamento Europeo, que emitió su dictamen en una Resolución de 24 de octubre de 1996 (1). Los debates continuaron durante la Presidencia irlandesa, pero hubo que esperar a la Presidencia neerlandesa para que se llegase a un acuerdo político sobre el proyecto, en el Consejo del 26 de mayo de 1997. El 19 de junio de 1997 el Consejo adoptó el Acto por el que se establece el segundo Protocolo, y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros firmaron el segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Euro- peas (2). En cuanto a la base jurídica del segundo Protocolo, cabe remitirse a las observaciones del punto II del informe explicativo del Convenio (3). En el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, adoptado por el Consejo el 28 de abril de 1997 (4), se destacó la importancia de ultimar y aplicar el segundo Protocolo. En este Plan se recomienda que los Estados miembros generalicen la penalización del blanqueo de capitales, mejoren y estructuren mejor la cooperación con la Comisión y los Estados miembros en la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas y contra los delitos conexos de blanqueo de capitales, tipifiquen como delito la participación de personas jurídicas en la delincuencia organizada y recopilen la información pertinente sobre las personas jurídicas a fin de prevenir la penetración de la delincuencia organizada en la economía lícita. II. COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS Artículo 1 Definiciones 1. 1. Observaciones generales Esta disposición introductoria define cinco te´rmi- nos empleados en el segundo Protocolo. Además de delimitar con precisión el significado de dichos te´rminos a efectos del segundo Protocolo, las tres primeras definiciones establecen tambie´n la rela- ción entre el segundo Protocolo y el Convenio sobre el fraude y su primer Protocolo. 1. 2. Letras a) y b) En estas dos letras se establece formalmente la relación entre el segundo Protocolo y el Convenio sobre el fraude: se indica que por «Convenio» se entenderá el Convenio sobre el fraude y que el te´rmino «fraude» se refiere a los comportamientos contemplados en el Convenio. 1. 3. Letra c) El segundo Protocolo guarda relación no sólo con el Convenio sobre el fraude, sino tambie´n con el (1) DO C 347 de 18. 11. 1996, p. 150. (2) DO C 221 de 19. 7. 1997, p. 11. (3) DO C 191 de 23. 6. 1997, p. 1. (4) DO C 251 de 15. 8. 1997, p. 1. primer Protocolo de e´ste, el Protocolo sobre corrupción. En la letra c) se hace hincapie´ en esta relación, ya que se indica que, en el contexto del segundo Protocolo, las expresiones «corrupción pasiva» y «corrupción activa» tienen el mismo significado que en el primer Protocolo. 1. 4. Letra d) En esta letra del segundo Protocolo se define el concepto de «persona jurídica» como cualquier entidad que goce de tal re´gimen jurídico con arreglo al Derecho nacional aplicable, exceptuados los Estados y otras entidades públicas en el ejerci- cio de la autoridad estatal, así como las organiza- ciones públicas internacionales. En este contexto se entiende por «Derecho nacional» el del Estado miembro que toma medidas contra una persona jurídica de conformidad con el segundo Proto- colo. 1. 5. Letra e) A los efectos del segundo Protocolo, «blanqueo de capitales» es la conducta definida como tal en la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capita- les (5) en lo que respecta a las infracciones con- templadas en el Convenio sobre el fraude y en su (5) DO L 166 de 28. 6. 1991, p. 77. C 91/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 1999 primer Protocolo. En consecuencia, en el segundo Protocolo, «blanqueo de dinero» se refiere a los beneficios del fraude, como mínimo en casos graves, y de la corrupción activa y pasiva (1). Artículo 3 Responsabilidad de las personas jurídicas 3. 1. Observaciones generales Cuando se hace referencia a la Directiva para definir el blanqueo de capitales, la palabra «bienes» que figura en el tercer guión del artícu- lo 1 de la Directiva, a su vez, se define en el cuarto guión de dicho artículo. En consecuencia, el te´rmino «bienes» en el contexto del segundo Protocolo designa «todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmue- bles, tangibles o intangibles, así como los actos jurídicos o documentos que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mis- mos». A tenor de esta disposición, la legislación de los Estados miembros debe permitir que las personas jurídicas sean consideradas responsables de los actos de fraude, corrupción activa y blanqueo de capitales cometidos en su provecho. El apartado 1 de este artículo enuncia los criterios con arreglo a los cuales se establecerá la responsabilidad de la persona jurídica por las infracciones cometidas por personas que ostenten determinados cargos directivos, mientras que el apartado 2 establece la posibilidad de que una persona jurídica sea consi- derada responsable de delitos cometidos por otras personas sometidas a su autoridad. El apartado 3 especifica que la responsabilidad de la persona jurídica no exime de responsabilidad a la persona física implicada en la comisión de las infracciones de las que ha de responder la persona jurídica. Artículo 2 Blanqueo de capitales 3. 2. Apartado 1 En virtud de esta disposición y de la letra e) del artícu- lo 1, los Estados miembros están obligados a garantizar que su legislación nacional sobre blanqueo de capitales contemple tambie´n como delitos principales las infraccio- nes de fraude, al menos los casos graves, y de corrupción activa y pasiva. A esta concepción más amplia del blan- queo de capitales se hacía referencia ya en el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, en el que se indicaba que «la penalización del blanqueo de los beneficios del delito debería hacerse lo más general posible» (recomendación no 26). Para poner en práctica esta recomendación, el Consejo adoptó el 3 de diciembre de 1998 la Acción común relativa al blanqueo de capita- les, identificación, seguimiento, embargo preventivo incautación y decomiso de instrumentos y productos del delito (2) que obliga a los Estados miembros a suministrar una amplia lista de delitos principales. La Comisión, en su segundo informe al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la Directiva sobre blanqueo de capitales (3), anunció su intención de proponer una ampliación del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Cabe destacar que el apartado 1 del artículo 18 del segundo Protocolo admite una reserva temporal, por un período de cinco años, renovable una sola vez, para casos no relacionados con actos graves de corrupción activa y pasiva, a fin de que puedan ratificar el segundo Protocolo los Estados miembros que no hayan conseguido aún instaurar esa concepción más amplia. (1) Ve´ase tambie´n la Acción común, de 3 de diciembre de 1998, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo preventivo, incautación y decomiso de instrumentos y productos del delito (DO L 333 de 9. 12. 1998, p. 1). (2) DO L 333 de 9. 12. 1998, p. 1. (3) COM(1998) 401 final, de 1 de julio de 1998. En virtud de este apartado, la persona jurídica ha de responder de las infracciones mencionadas al menos si se cumplen dos criterios complementa- rios: i) la infracción ha sido cometida en provecho de la persona jurídica, y ii) la infracción ha sido cometida por una per- sona física que ostenta en ella un determinado cargo directivo. El primer criterio establece un vínculo entre la infracción y la persona jurídica. Ésta ha de sacar algún provecho de la infracción. El posible benefi- cio puede ser claramente económico (obtener el producto de un fraude que afecte a los intereses financieros comunitarios, por ejemplo) o de otro tipo (recibir un pedido como consecuencia de la corrupción de un funcionario, por ejemplo). Si la persona jurídica obtiene algún beneficio, el hecho de que la persona física autora de la infracción actúe a título individual o como miembro de un órgano de la persona jurídica carece de importan- cia. El segundo criterio establece una relación entre el autor físico de la infracción y la persona jurídica que ha de responder de ella. Establece asimismo que el «cargo directivo» de la persona física puede derivarse de una o varias de las circunstancias enunciadas en el apartado 1, que se refieren tanto a aspectos formales como de fondo: un poder de representación de la persona jurídica, una autori- zación para adoptar decisiones en su nombre o una autorización para ejercer el control dentro de ella. En consecuencia, para dar cumplimiento al segundo Protocolo, los Estados miembros deberán 31. 3. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 91/11 incluir estos tres elementos en su ordenamiento jurídico interno como circunstancias en las que puede basarse el cargo directivo. En lo que se refiere a los casos en que la respon- sabilidad de la persona jurídica se basa en la autorización de la persona física autora de la infracción para ejercer el control en el seno de aque´lla, es importante destacar que el te´rmino «control» deberá entenderse en el sentido de que la facultad de supervisión sobre la gestión de la persona jurídica deberá ejercerse de manera que garantice que el autor físico de la infracción ostenta un cargo directivo dentro de ella. La autorización para ejercer el control dentro de una persona jurídica podrá derivarse, en particular, de la responsabilidad del control financiero interno y de la revisión contable, así como de la pertenencia a un organismo de control o de supervisión interno a la persona jurídica, en la medida en que dichos cargos correspondan a un cargo directivo que conlleve una posibilidad de influir en la gestión de la persona jurídica. Así pues, no se considerará la facultad de control atribuida a personas que no conlleve posibilidad alguna de influir en la gestión de la persona jurídica. El apartado 1 no incluye a personas ajenas a la persona jurídica (por ejemplo, empleados de una empresa de auditoría) que realicen en ella contro- les de cuentas. La persona jurídica tambie´n puede ser considerada responsable si la persona física a que hace referen- cia el apartado 1 actúa como cómplice o instiga- dora de la infracción o está involucrada en la tentativa de cometer un fraude. 3. 3. Apartado 2 Además de los casos contemplados en el aparta- do 1, el apartado 2 del artículo 3 se refiere a la posibilidad de que una de las infracciones mencio- nadas en el apartado 1 sea cometida por una persona sometida a la autoridad de otra que ostenta un cargo directivo: los Estados miembros tienen la obligación de adoptar medidas para que pueda considerarse responsable a la persona jurí- dica si la falta de vigilancia o control por parte de una persona que ostente en ella un cargo directivo ha hecho posible la infracción. En este sentido, las disposiciones del apartado 2 no suponen necesa- riamente una responsabilidad objetiva de la per- sona jurídica, pero el apartado 1 puede interpre- tarse como una disposición cuyo ámbito de aplica- ción se limite a casos en que a la persona jurídica en cuanto tal pueda reprochársele la conducta culpable de las personas que actúen en su nombre. (Ve´ase tambie´n el punto 4. 3. ) 3. 4. Apartado 3 Este apartado dispone que las acciones emprendi- das contra la persona jurídica cuya responsabili- dad en la infracción ha quedado probada no excluyen la incoación de acciones penales contra las personas físicas que han cometido de facto la infracción. Esto significa que las medidas toma- das, por ejemplo, contra la empresa en cuyo beneficio ha cometido un delito un director gene- ral no son óbice para que se entable un procedi- miento penal contra el propio director. Artículo 4 Sanciones a las personas jurídicas 4. 1. Observaciones generales El artículo 4 se refiere a las sanciones a las personas jurídicas consideradas responsables de las infracciones contempladas en el artículo 3 y reconoce las diferentes formas de responsabilidad de que tratan los apartados 1 y 2 de dicho artículo, estableciendo una distinción según la infracción haya sido cometida por una persona que ostente un cargo directivo o por un subordi- nado. 4. 2. Apartado 1 En virtud del apartado 1, el artículo 4 obliga a los Estados miembros a garantizar que las personas jurídicas consideradas responsables de una de las infracciones contempladas en el apartado 1 del artículo 3 que haya sido cometida por una per- sona que ostente un cargo directivo puedan ser castigadas con «sanciones efectivas, proporciona- das y disuasorias», por referencia a los criterios utilizados en el artículo 2 del Convenio sobre el fraude y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Con arreglo al segundo Protocolo, estas sanciones deben incluir multas de carácter penal o adminis- trativo y pueden incluir otras sanciones, algunas de las cuales se sugieren en este apartado 1. Otra sanción posible sería la prohibición de que la persona jurídica participe en licitaciones públicas, tal como se sugiere en la Resolución del Parla- mento Europeo de 24 de octubre de 1996. 4. 3. Apartado 2 Este apartado obliga a los Estados miembros a garantizar tambie´n que se impongan sanciones o medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las personas jurídicas consideradas responsables de actos de fraude, corrupción o blanqueo de dinero con arreglo al apartado 2 del artículo 3, es decir, cuando la falta de vigilancia o control de una persona que ostente un cargo directivo ha hecho posible que un subordinado cometa la infracción. En los casos contemplados en el apar- tado 2 del artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 4, los Estados miembros tienen la potes- tad de decidir el tipo y la gravedad de las sancio- C 91/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 1999 nes o medidas aplicables, siempre que sean efecti- vas, proporcionadas y disuasorias. Conviene tener presente, pues, que las medidas que han de adoptarse en virtud del apartado 2 del artículo 3 y del apartado 2 del artículo 4 pueden ser sanciones penales, pero que tambie´n caben medidas de Derecho administrativo o civil. Aun- que no es obligatorio que las sanciones o medidas contempladas en el apartado 2 del artículo 4 del segundo Protocolo este´n previstas en el Derecho penal o en las disposiciones sancionadoras del Derecho administrativo de los Estados miembros, sí es preciso que tengan cierto carácter punitivo en el sentido de que han de ir más allá de la mera reparación de daños o la restitución de los bienes obtenidos por medios ilícitos. Artículo 5 Confiscación A fin de instaurar una cooperación eficaz en la lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la Comuni- dad y los actos de corrupción conexos, es preciso que la legislación de los Estados miembros permita que se tomen medidas mínimas similares en casos similares en relación con el embargo, confiscación o retirada de los instrumentos y productos del fraude, de la corrupción activa y pasiva y del blanqueo de capitales. La referencia a la retirada de instrumentos y productos tiene la finali- dad de incluir los casos que no incluyen necesariamente la confiscación (por ejemplo, en un caso de Derecho civil a efectos de indemnización por daños y perjuicios o de restitución de los bienes a su legítimo propietario). Las medidas de embargo, confiscación o retirada que han de promulgarse pueden referirse tanto a los medios y a los productos del fraude como a la corrupción activa o pasiva o al blanqueo de dinero. Es más, estas medidas pueden afectar tambie´n a bienes cuyo valor corresponda a esos productos. En este contexto, el te´rmino «embargo» engloba el embargo preventivo y la incautación, tal como se definen en la letra l) del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefa- cientes y sustancias psicotrópicas (Viena, 19 de diciembre de 1988). Los terceros de buena fe deberán gozar de protección respecto a la confiscación y retirada de instrumentos y productos. Así se desprende de la segunda frase del artículo 5, que dispone que dicho Estado miembro actua- rá de conformidad con su legislación nacional, lo cual supone, por tanto, que se aplicará esa legislación para determinar si el tercero de que se trate es o no un tercero de buena fe. Artículo 6 Infracciones en materia fiscal y aduanera judicial dentro del ámbito de aplicación del segundo Protocolo, completa el apartado 3 del artículo 5 del Convenio sobre el fraude. Este último establece que no puede denegarse una extradición en virtud de la excep- ción fiscal, mientras que el artículo 6 del segundo Proto- colo establece que no puede denegarse la asistencia judi- cial en materia penal por el mero hecho de que la infracción sea de carácter fiscal o aduanero. Esta disposición constituye en sí una excepción a la letra a) del artículo 2 del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959); a pesar de que ya existen disposiciones análogas en otros instrumentos —por ejemplo, el artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio de 1959 (Estrasburgo, 17 de marzo de 1978) o el artículo 50 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (Schengen, 14 de junio de 1990)—, se decidió que debía figurar tambie´n en el segundo Protocolo, ya que ninguno de estos instrumen- tos había sido ratificado por todos los Estados miembros en el momento de la adopción del acto por el que se celebra el segundo Protocolo. En este contexto, el con- cepto de «infracción fiscal» se refiere a los ingresos (impuestos o derechos) con arreglo al Convenio. Artículo 7 Cooperación con la Comisión de las Comunidades Europeas 7. 1. Observaciones generales En el artículo 7 y siguientes se organiza la coope- ración de los Estados miembros con la Comisión en el ámbito del Convenio sobre el fraude y sus Protocolos, y se determinan las obligaciones de la Comisión en virtud de esta cooperación. Los Estados miembros, Partes contratantes del segundo Protocolo, confían una misión a la Comi- sión que supone que e´sta deberá hacer frente a determinados compromisos por lo que se refiere no únicamente a sus relaciones con los Estados miembros sino tambie´n a sus relaciones con los ciudadanos particulares por lo que respecta a la protección de datos. La Comisión está dispuesta a asumir esta función y acepta la responsabilidad que le corresponde en virtud de las disposiciones pertinentes del segundo Protocolo (1). El artículo 6 del Convenio sobre el fraude con- tiene normas generales sobre la cooperación entre los Estados miembros en casos de fraude nocivo a Este artículo, que dispone que no podrá invocarse la excepción fiscal para denegar la prestación de asistencia (1) Ve´ase la declaración formulada por la Comisión sobre el artículo 7 con ocasión de la adopción del segundo Protocolo, publicada en el Diario Oficial junto con el mismo. 31. 3. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 91/13 los intereses financieros de las Comunidades Euro- peas. Esta disposición se aplica asimismo al segundo Protocolo en virtud del apartado 1 de su artículo 12. El artículo 10 del segundo Protocolo establece el principio de intercambio de informa- ción entre los Estados miembros y la Comisión a efectos de la aplicación de dicho Convenio. El artículo 7 del segundo Protocolo desarrolla estas disposiciones del Convenio. Por una parte, obliga a los Estados miembros y a la Comisión a colaborar entre sí en el ámbito de la lucha contra el fraude, la corrupción activa y pasiva y el blanqueo de capitales. Asimismo, pone de mani- fiesto que en la cooperación en estos ámbitos no sólo tienen una función los Estados miembros, sino tambie´n la Comisión. La función de la Comi- sión está relacionada con las responsabilidades y obligaciones que le corresponden, en particular por lo que respecta a la ejecución del presupuesto de las Comunidades Europeas y la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de e´stas, de conformidad con los artículos 205 y 209 A (1) del Tratado constitutivo de la Comuni- dad Europea. Por otra parte, el artículo 7 del Protocolo define las modalidades que enmarcan el intercambio y la transmisión de información, corolario indispensable para lograr una colabora- ción efectiva entre los Estados miembros y la Comisión. 7. 2. Apartado 1 a) Esta disposición preve´ la colaboración entre los Estados miembros y la Comisión. Además de la responsabilidad prioritaria de los Estados miembros en lo referente a la investigación y las actuaciones judiciales que se estipula en el artículo 6 del Convenio, el apartado 1 del artículo 7 reconoce a la Comisión una función te´cnica y operativa. El texto del apartado expresa el concepto de colaboración en el ámbito de la lucha contra el fraude. fraude que En particular, el apartado se refiere a los casos de suponen delitos penales. Cuando hay al menos dos Estados miembros involucrados, se preve´n en particular las hipó- tesis siguientes: — casos en que los delitos de fraude tienen lugar en cada uno de los territorios nacio- nales, — casos en que, si bien el delito de fraude tiene lugar en el territorio de un solo Estado miembro, los autores son naciona- les de varios países, tanto de Estados miembros como de terceros países, (1) Ve´anse los nuevos artículos 274 y 280, según la nueva numeración conforme al artículo 12 y al anexo del Tratado de Amsterdam (DO C 340 de 10. 11. 1997). — casos en que, si bien los hechos tienen lugar en un solo Estado miembro, los elementos de prueba están repartidos en distintos territorios, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, — casos en que los productos del fraude y las propiedades que pueden confiscarse se encuentran fuera del territorio del país en que se ha cometido el delito, incluso fuera del territorio de la Unión Europea, — casos en que los actos concretos de fraude, pese a haber sido cometidos en un ámbito nacional, forman parte de una red de fraude organizada en el plano transnacio- nal. Estas situaciones se aplican tambie´n a los casos de corrupción y de blanqueo de capita- les. En todos ellos, está prevista la coopera- ción entre los Estados miembros y la Comi- sión. b) La función de la Comisión se detalla en el párrafo segundo. Con el fin de poner en práctica las actividades de cooperación, está previsto que la Comisión preste su asistencia. Aun cuando los actos de fraude este´n localiza- dos en un solo Estado miembro, pueden exis- tir ramificaciones que supongan la existencia de redes organizadas en varios de ellos. Una cooperación rápida y provechosa entre las autoridades competentes, tanto en el plano de los Estados miembros como en el comunita- rio, favorecerá la buena marcha de las investi- gaciones y las acciones judiciales. La función que se atribuye a la Comisión se designa con el te´rmino «asistencia». La asis- tencia está en función de las circunstancias y de las necesidades de cada caso concreto. Está concebida para aportar un valor añadido a las investigaciones de los hechos así como a las actuaciones y la represión judicial en los casos de fraude de los que se ocupan las autoridades nacionales, garantizando la disponibilidad de las competencias. Este concepto debe interpre- tarse del modo más abierto y menos restric- tivo posible. Es evidente que el reconocimiento de las fun- ciones de la Comisión se hace sin perjuicio del ejercicio de los poderes de las autoridades judiciales de los Estados miembros en el ámbi- to penal. Las autoridades de los Estados miembros tienen a su disposición todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacio- nales, en particular el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros y sus protocolos adicionales, que les permiten com- batir el fraude, especialmente cuando están implicadas redes organizadas de delincuencia financiera. El apartado no introduce ninguna modificación con respecto a los propios ins- inter- jurídicos nacionales trumentos e C 91/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 1999 nacionales vigentes; se refiere a la asistencia que la Comisión está llamada a prestar en la aplicación de las mismas. La asistencia com- prende dos aspectos que deben diferenciarse: uno te´cnico y otro operativo. c) La asistencia te´cnica representa la plusvalía que la Comisión puede aportar en todos los asuntos sujetos a la normativa comunitaria. En particular, se refiere a la competencia de que dispone en el terreno de la información y la logística para prevenir y luchar contra el fraude. Tambie´n incluye todos los datos de carácter estrate´gico que pueden aprovecharse para definir las tendencias actuales de las distintas actividades de fraude, la tipología de los defraudadores, bien sean individuos u organizaciones, así como el análisis de los riesgos previsibles vinculados a la vulnerabili- dad de algunos sectores de actividad. En cuanto a los aspectos logísticos, es posible que las autoridades judiciales o policiales ten- gan necesidad de acceder a distintas bases de datos de la Comisión sobre actividades econó- micas potencialmente pertinentes, datos que las autoridades nacionales no pueden consul- tar sin la ayuda de la Comisión. La asistencia te´cnica se refiere tambie´n al servicio que puede ofrecer el grupo de exper- tos en Derecho penal que forman parte del Grupo de coordinación de prevención del fraude (UCLAF) que dispone de experiencia en ámbitos jurídicos de gran complejidad, relativos a los sistemas nacionales. Las autori- dades de investigación pueden recurrir a estos expertos, sobre todo para preparar solicitudes concretas que deben dirigir a las autoridades judiciales de uno o varios Estados miembros. d) La asistencia operativa se presta en relación con las actividades de lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales, lleva- das a cabo sobre el terreno; comprende el conjunto de servicios que la Comisión está en condiciones de prestar para contribuir a mejo- rar la eficacia de la acción represiva con vistas a facilitar la coordinación de las investigacio- nes realizadas por las autoridades nacionales. Evidentemente, las investigaciones y actuacio- nes judiciales emprendidas en los ámbitos con- templados en el artículo 7 son responsabilidad de las autoridades competentes (judiciales o no) de los propios Estados miembros. No obstante, la asistencia operativa prestada por la Comisión puede resultar útil para el buen desarrollo de las investigaciones, puesto que permite: — identificar y entablar contactos con las autoridades competentes y entablar relacio- nes con fines informativos y operativos con el objeto de garantizar la coordinación entre las investigaciones administrativas y la investigación penal, — establecer o facilitar los contactos directos entre las autoridades competentes intere- sadas, — organizar con celeridad, en caso necesario o previa petición, reuniones de trabajo con las autoridades correspondientes, — promover y facilitar las relaciones entre las distintas autoridades judiciales de los paí- ses de que se trate, en los asuntos de fraude organizado transnacional, — proporcionar a las autoridades nacionales competentes la ayuda necesaria para que puedan beneficiarse de la manera más rápi- da y eficaz posible de los resultados de investigaciones efectuadas por la Comisión y de las oportunidades ofrecidas por la cooperación administrativa internacional, — asistir a las autoridades nacionales compe- tentes con vistas a la plena explotación de las posibilidades que ofrecen los acuerdos internacionales sobre cooperación judicial. Esta asistencia podrá incluir, cuando pro- ceda, la facilitación de información a efec- tos de la preparación de solicitudes de cooperación judicial, — facilitar los contactos necesarios con las autoridades competentes en relación con los expedientes de fraude organizado inter- nacional, con el fin de promover la aplica- ción del apartado 2 del artículo 6 del Convenio sobre el fraude (centralización de las actuaciones judiciales). 7. 3. Apartado 2 El apartado 2 del artículo 7 contempla el inter- cambio de información teniendo en cuenta las exigencias del secreto de la instrucción y la protec- ción de los datos personales. a) El apartado 2 tiene por objeto señalar que en principio no debe existir ningún obstáculo para el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión ni entre los Estados miembros con la mediación de la Comisión. El información supone que la información circule en ambos sentidos. intercambio de 31. 3. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 91/15 Este intercambio de información está desti- nado a facilitar la determinación de los hechos y a garantizar una acción preventiva o repre- siva contra el fraude, la corrupción activa y pasiva y el blanqueo de capitales. Este tipo de acción puede incluir un control administrativo más intenso cuando haya motivos para esperar verdaderas irregularidades, así como la elabo- ración de una estrategia coherente en materia de investigación. El apartado no precisa la información que puede intercambiarse. No sería conveniente limitar, de entrada, este intercambio. Habida cuenta de todas las situaciones posibles de cooperación, información la necesidad de puede referirse a toda una gama de posibilida- des concretas propias de cada caso. El conte- nido concreto de la información dependerá del estado de las investigaciones en el momento en que se inicia la cooperación y, naturalmente, de las particularidades del asunto que deter- mina la información necesaria para nuevas acciones. La información que se intercambia en virtud del apartado 2 puede, por ejemplo, referirse a: — la naturaleza del fraude, incluido su con- texto jurídico, — el modus operandi, — las personas jurídicas y físicas implicadas y, en te´rminos más generales, la información de carácter personal. b) El apartado 2 limita el intercambio de infor- mación con dos exigencias: la protección de los datos y el secreto de instrucción. Cada situación concreta será objeto de una valora- ción específica en función de las circunstan- cias. La protección de los datos personales en el proceso de intercambio de información queda garantizada por disposiciones particulares del segundo Protocolo (ve´anse los artículos 8, 9, 10 y 11). Las particularidades del secreto de instrucción vienen definidas por el Derecho interno de los Estados miembros. Respecto a la Comisión, el Derecho comunitario afirma el principio del secreto profesional [artículo 214 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1)]. Deberían considerarse caso por caso las parti- cularidades y necesidades inherentes a las investigaciones de carácter transnacional relati- vas a los intereses financieros de las Comuni- dades Europeas. (1) Nuevo artículo 287 conforme al artículo 12 y al anexo del Tratado de Amsterdam. c) El apartado 2 permite, por otra parte, que el Estado miembro que proporciona información prevea condiciones específicas para la utiliza- ción de dicha información por parte de la Comisión o por parte de otro Estado miembro que pudiera recibirla. Todo Estado miembro podrá establecer, por ejemplo, para sus autoridades competentes dis- posiciones generales o específicas que puedan servir como base para condiciones específicas respecto del uso de la información, que pre- vean un nivel de protección equivalente al facilitado en la Directiva 95/46/CE del Parla- mento Europeo y del Consejo, de 24 de octu- bre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata- miento de datos personales y a la libre circula- ción de estos datos (2) y sean tambie´n acordes con los imperativos del ordenamiento jurídico nacional. Al hacerlo, los Estados miembros deberían tener en cuenta, caso por caso, las particularidades y necesidades inherentes a las investigaciones de carácter transnacional relati- vas a los intereses financieros de las Comuni- dades Europeas. Artículo 8 Responsabilidad de la Comisión en la protección de los datos La Comisión deberá garantizar que, en el marco del intercambio de información con arreglo al apartado 2 del artículo 7, en lo relativo al tratamiento de datos persona- les, se observe un nivel de protección equivalente al establecido en la Directiva 95/46/CE. Mediante una declaración en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva, la Comisión aceptó las obligaciones derivadas de la Directiva. Tanto los principios recogidos en sus considerandos como las disposiciones de la Directiva constituirán así el marco de referencia jurídica de la protección de toda la información contemplada en el artículo 7 (3). El tipo de asistencia que la Comisión podrá prestar a los Estados miembros, tal como se describe en el comentario sobre el artículo 7, implicaría que los Estados miembros transfirieran todo tipo de datos, incluidos los personales, a la Comisión y que e´sta procesara dichos datos. Debido a que será inevitable que la Comisión procese dichos datos creando sus propios sistemas de archivado, se consideró necesaria la inclusión de disposiciones en el Protocolo que garantizasen el cumplimiento, por parte de la Comisión, de las normas sobre protección de datos y el (2) DO L 281 de 23. 11. 1995, p. 31. (3) Este artículo es conforme a las disposiciones del artículo 286 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según la numeración del Tratado de Amsterdam, relativo a la aplica- ción por las instituciones de las disposiciones de Derecho comunitario en materia de protección de datos. C 91/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 1999 mantenimiento del secreto. Estas normas definirán las condiciones en que es legal el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión, incluidas las condi- ciones relativas a la calidad y legitimidad del tratamiento de datos, así como al derecho del interesado a tener acceso a sus datos personales, a oponerse a su trata- miento o a solicitar su corrección. Artículo 9 el Estado miembro tendrá la oportunidad de veri- ficar las condiciones (apartado 2 del artículo 7) de la transferencia de información que se pretende hacer y de verificar si la información que debe transferirse está actualizada y es exacta. El Estado miembro deberá tener en cuenta la necesidad de efectuar dicha verificación sin dila- ción a fin de evitar toda complicación innecesaria de procedimiento en lo que se refiere a la transfe- rencia de información. Publicación de las normas de protección de datos 10. 3. Apartado 2 Las normas adoptadas en virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 8 se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Las disposiciones relativas a la protección de datos tendrán un alcance jurídico externo. Formarán parte de la legislación comu- nitaria relativa a la protección de datos. En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 16 del segundo Protocolo, el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión efectuado en virtud del apartado 2 del artículo 7 se suspenderá si, y en tanto en cuanto, las normas adoptadas de conformidad con el artículo 8 todavía no hayan sido publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 10 Transmisión de datos a otros Estados miembros y a terceros países 10. 1. Observaciones generales Este artículo se refiere a las condiciones en que la Comisión puede transmitir a otros Estados miem- bros o a terceros países datos personales obteni- dos en un Estado miembro mediante la coopera- ción prevista en el artículo 7. 10. 2. Apartado 1 La situación es distinta en materia de transferencia de datos personales por parte de la Comisión a terceros países. La Comisión sólo puede transferir tales datos a un tercer país si el Estado miembro que la ha facilitado ha dado su autorización a tal efecto. Por ejemplo, al igual que ocurre con el capítulo IV de la Directiva 95/46/CE, ello da al Estado miembro que facilita la información la posibilidad de evaluar si es adecuado el nivel de protección de los datos que ofrece el tercer país de que se trate. Artículo 11 Autoridad de control Este artículo debe ponerse en relación con el artículo 28 de la Directiva arriba mencionada, que establece que, en cada Estado miembro, «. los Estados miembros dis- pondrán que una o más autoridades públicas se encar- guen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva». La obligación del Parlamento Europeo y del Consejo de establecer a nivel comunitario, antes del 1 de enero de 1999, una autoridad de control para la protección de datos está prevista en el apartado 2 del artículo 286 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según la numeración del Tratado de Amsterdam. El artículo 11 del segundo Protocolo especifica que esta misma autoridad de control tambie´n será competente para la misma fun- ción respecto de los datos personales que posee la Comi- sión en virtud del segundo Protocolo. En principio, no existen barreras para la transfe- rencia de información a otros Estados miembros, teniendo en cuenta el secreto de la investigación y siempre que se cumplan las condiciones que pudiera imponer el Estado miembro que haya facilitado la información con respecto a su utiliza- ción por parte de la Comisión o por los Estados miembros a los cuales pueda comunicarse. Antes de transmitirse la información, se notificará al Estado miembro que la haya facilitado que se tiene la intención de transmitirla. De esta forma, Artículo 12 Relación con el Convenio 12. 1. Apartado 1 El apartado 1 se refiere a disposiciones específicas del Convenio sobre el fraude y las declara aplica- bles al blanqueo de capitales, con arreglo al artículo 2 del segundo Protocolo. Las disposicio- nes pertinentes del Convenio pueden resumirse de la siguiente manera: 31. 3. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 91/17 — el artículo 3 establece la responsabilidad penal de los jefes de empresa, — el artículo 5 trata de la extradición y de la norma aut dedere aut judicare, — el artículo 6 establece el principio de estrecha cooperación entre los Estados miembros en casos de fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Estos tres principios se aplican sin restricciones al comportamiento al que se refiere el artículo 2. 12. 2. Apartado 2 El apartado 2 establece que determinadas disposi- ciones del Convenio se aplicarán tambie´n al segundo Protocolo. Estas disposiciones pueden resumirse de la siguiente manera: — el artículo 4 dispone normas de jurisdicción sobre las infracciones de que se trata. Las declaraciones que se hagan con arreglo al apartado 2 del artículo 4 son aplicables al segundo Protocolo cuando en el momento de la ratificación del mismo no se indique lo contrario, — el artículo 7 establece la norma ne bis in idem, que tambie´n es aplicable a cuestiones que suscite el segundo Protocolo. Las declaraciones que se hagan de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 son aplicables al Protocolo a menos que en el momento de la ratificación del mismo se indique lo contrario. A este respecto debe señalarse que la ejecución de una sentencia incluye casos en que tal ejecu- ción se suspende durante los períodos de liber- tad condicional, — el artículo 9 permite a los Estados miembros adoptar disposiciones de Derecho interno más rigurosas que las del Convenio. El segundo Protocolo constituye asimismo un conjunto de normas mínimas, — el artículo 10 establece, entre otras cosas, medidas para la transmisión de información por los Estados miembros a la Comisión, y tambie´n es aplicable a las cuestiones que sus- cite el segundo Protocolo. Artículo 13 Tribunal de Justicia 13. 1. Observaciones generales peas para dirimir litigios entre Estados miembros y entre e´stos y la Comisión en materia de interpre- tación o aplicación del segundo Protocolo, así como las que le han sido otorgadas en relación con las cuestiones prejudiciales. 13. 2. Apartados 1 y 2 El apartado 1 estipula las condiciones en las que es competente el Tribunal de Justicia por lo que respecta a los litigios entre Estados miembros. El apartado 2 se refiere a los litigios entre Estados miembros y la Comisión. Estas disposiciones del segundo Protocolo reproducen, en la medida de lo posible, la formulación del artículo 8 del Conve- nio sobre el fraude y la del artículo 8 del primer Protocolo, para garantizar la coherencia entre estos tres instrumentos. El Informe explicativo del Convenio contiene comentarios detallados. 13. 3. Apartado 3 El apartado 3 dispone que el Protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justi- cia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas se aplica al segundo Protocolo. Este Protocolo tambie´n se aplica al Convenio y al primer Protocolo. Las declaraciones hechas con arreglo al mencionado Protocolo son válidas respecto del segundo Protocolo salvo en el caso en que se formule una declaración en sentido contrario en el momento de la ratificación del segundo Protocolo. Artículo 14 Responsabilidad extracontractual Este artículo confirma la aplicabilidad de las normas comunitarias relativas a la responsabilidad extracontrac- tual de la Comunidad a los actos de la Comisión en el marco de la aplicación del segundo Protocolo, estableci- das en los artículos 215 y 178 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1). Dado que no puede descartarse que las actividades de la Comisión con arreglo al segundo Protocolo den lugar a demandas por daños y perjuicios por parte de personas cuyos datos personales hayan sido tratados por la Comi- sión, se consideró necesario confirmar que tambie´n en los casos en que la Comisión actúe dentro de las competen- cias que le hayan otorgado instrumentos distintos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea está sujeta a la responsabilidad extracontractual de la Comu- nidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 215 de dicho Tratado. Este artículo estipula las competencias otorgadas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- (1) Nuevos artículos 288 y 235, respectivamente, conforme a la nueva numeración establecida en el Tratado de Amsterdam. C 91/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 1999 Además, está claro que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene competencia en materia de litigios relativos a la indemnización por daños y perjui- cios causados por la Comisión o sus funcionarios en el desempeño de sus funciones con arreglo al segundo Protocolo. Artículo 15 Control jurisdiccional Según el artículo 22 de la Directiva 95/46/CE, que trata de la protección de datos, los Estados miembros estable- cerán que toda persona disponga de un recurso judicial en caso de vulneración de los derechos que le garanticen las disposiciones de Derecho nacional aplicables al trata- miento de que se trate. Dichos derechos incluyen el derecho de acceso, el derecho de rectificación, supresión o bloqueo de los datos cuando e´stos sean incompletos, inexactos o demasiado antiguos para permanecer almace- nados y el derecho a tener acceso a la autoridad de control. Las normas que deben adoptarse de conformidad con el artículo 8 del segundo Protocolo deberán incluir disposi- ciones que otorguen dichos derechos a las personas con respecto a los datos personales tratados por la Comi- sión. Con arreglo al apartado 1 del artículo 15, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene jurisdicción para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por toda persona física o jurídica contra las decisiones de la Comisión (incluidas las denegaciones de decisión) con arreglo a las normas adoptadas por ella de conformidad con el artículo 8. El Tribunal de Justicia tambie´n tendrá la posibilidad de evaluar, en este contexto, si la Comisión ha cumplido plenamente sus obligaciones con arreglo al artículo 8. La redacción del apartado 1 del artículo 15 se basa en gran medida en la del apartado 4 del artículo 173 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1), en conjunción tambie´n con el apartado 2 del mencionado artículo 173. Las referencias del apartado 2 del artículo 15 a otra serie de disposiciones del Tratado constitutivo de la Comuni- dad Europea tienen por objeto aclarar los puntos siguien- tes: a) que el Consejo puede decidir, de conformidad con el procedimiento de los apartados 1 y 2 del artículo 168 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (2), otorgar competencias al Tribunal de Pri- mera Instancia en las materias abarcadas por el apar- tado 1 del artículo 15; b) los plazos que deben respetarse para interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia (apartado 5 del artículo 173) (3); c) la índole de la decisión que puede tomar el Tribunal de Justicia con respecto a un recurso interpuesto ante e´l (apartado 1 del artículo 174) (4); d) el efecto jurídico que tiene una decisión del Tribunal de Justicia para la Comisión (apartados 1 y 2 del artículo 176) (5); e) el efecto jurídico que surte la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia (artículo 185) (6); y f) que el Tribunal de Justicia está facultado para orde- nar las medidas provisionales necesarias (artículo 186) (7). Artículo 16 Entrada en vigor Este artículo se refiere a la entrada en vigor del segundo Protocolo, que no podrá ser anterior a la del Convenio. Artículo 17 Adhesión de nuevos Estados miembros Este artículo se refiere a la adhesión de nuevos Estados miembros de la Unión Europea al segundo Protocolo. Artículo 18 Reservas 18. 1. Apartado 1 En algunos Estados miembros, el blanqueo de capitales procedentes de la corrupción activa y pasiva constituye un delito penal únicamente en casos graves. Para permitir a estos Estados miem- bros ratificar el Protocolo sin demora, se les otorga la posibilidad de introducir una reserva en este ámbito. Para garantizar que la necesidad de dicha reserva se vuelva a estudiar periódicamente, la validez de la misma se limitará a un período de cinco años a partir de la fecha de notificación de la adopción del Protocolo con arreglo al apartado 2 del artículo 16. Despue´s del período de cinco años, la validez de la reserva podrá renovarse una sola vez. Por consiguiente, despue´s de un plazo máximo de diez años a partir de la notificación de ratificación por parte del último Estado miembro, las reservas formuladas con respecto al ámbito del blanqueo de capitales dejarán de surtir efecto. (1) Nuevo artículo 230 conforme al Tratado de Amsterdam. (2) Nuevo artículo 225. (3) Nuevo artículo 230. (4) Nuevo artículo 231. (5) Nuevo artículo 233. (6) Nuevo artículo 242. (7) Nuevo artículo 243. 31. 3. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 91/19 18. 2. Apartado 2 Desde el inicio de las negociaciones sobre el segundo Protocolo, la cuestión de la responsabili- dad y de las sanciones aplicables a las personas jurídicas ha planteado problemas a Austria, dado que el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas no existe en su legislación. Al considerarse que el problema era de naturaleza más bien práctica que fundamental, era obvio que Austria necesitaría más tiempo para aplicar los artículos 3 y 4 que los demás Estados miembros. Para garantizar que este problema concreto no retrasara la entrada en vigor de la totalidad del Protocolo para todos los Estados miembros, y para alentar a Austria a adaptar su legislación, se le dio la posibilidad de introducir una reserva de cinco años sobre estos dos artículos. A diferencia de la reserva a que se refiere el apartado 1 del artículo 18, la reserva de Austria no puede reno- varse y dejará de ser válida cinco años despue´s de la adopción del Acto del Consejo por el que se celebró el Protocolo, es decir, el 19 de junio de 2002. 18. 3. Apartado 3 Dado que, según el apartado 2 del artículo 12, los artículos 4 y 7 del Convenio sobre el fraude tambie´n son aplicables al segundo Protocolo, las reservas que se aceptaron con arreglo al ámbito de aplicación de aquellas disposiciones del Convenio tambie´n deben ser de aplicación en el contexto del segundo Protocolo. Cualquiera de estas reservas podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación comunicada a la Secretaría General del Consejo


title: INTERROGAZIONE SCRITTA n. 555/99 dell'on. Anita POLLACK India e ambiente

eurovoc_concepts:
EU relations
India
cooperation policy
environmental protection

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text: C 348/98 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 3. 12. 1999 (1999/C 348/122) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0551/99 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione Oggetto: Potenziamento delle biblioteche dell’Unione europea (12 marzo 1999) Nella risoluzione contenuta nella relazione d’iniziativa (A4-248/98) si invita la Commissione a sostenere attraverso il quinto programma quadro di ricerca gli sforzi per la creazione di biblioteche nell’Unione europea. Ha la Commissione avviato azioni in questo settore? Se sì, quando pensa che gli ambienti potenziamento delle biblioteche e a chi potranno indirizzarle? interessati potranno presentare proposte per la creazione o il Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione (16 aprile 1999) La Commissione sta affrontando con decisione la necessità di ulteriori azioni per rispondere alla relazione d’iniziativa (A4-248/98) sul ruolo delle biblioteche nel mondo moderno, e sta attualmente preparando una comunicazione su una serie di problematiche specifiche delle biblioteche citate nella relazione (la formazione continua, i diritti d’autore, i servizi a sostegno dell’alfabetizzazione e una più stretta collaborazione tra le biblioteche per l’accesso alle fonti del sapere e ai relativi servizi). Il programma IST (Information Society Technologies, tecnologie per la Società dell’informazione) e, più in particolare, l’azione chiave 3 sui contenuti e gli strumenti multimediali offrono alle biblioteche numerose possibilità di partecipazione alla ricerca cooperativa nell’ambito del Quinto programma quadro. Nel 1999 sono già previsti, e verranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, due inviti a presentare proposte per il programma IST. (1999/C 348/123) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0555/99 di Anita Pollack (PSE) alla Commissione (12 marzo 1999) Oggetto: India e ambiente Chi parteciperà all’imminente incontro ad alto livello tra Unione europea e India su questioni relative all’ambiente? Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione (14 aprile 1999) Ora come ora, non è previsto nessun incontro ad alto livello sull’ambiente tra la Comunità e l’India. Delle questioni ambientali, tuttavia, si discute periodicamente nell’ambito della cooperazione Comunità-India, come è avvenuto di recente in occasione delle riunioni della sottocommissione sullo sviluppo e della commissione mista svoltesi, rispettivamente, il 13 e il 14 gennaio. A seguito dalla riunione della commissione mista, sono in corso colloqui bilaterali sull’istituzione di un certo numero di gruppi di lavoro di esperti, uno dei quali si occuperà dell’ambiente. L’ambiente figura, insieme all’istruzione elementare e all’assistenza sanitaria di base, fra i settori prioritari del programma di cooperazione con l’India, in conformità della comunicazione della Commissione intitolata «Consolidamento del partenariato UE-India (1)». Negli ultimi mesi, la Commissione ha presentato alla controparte indiana proposte volte ad approfondire il dialogo bilaterale e la cooperazione in materia di ambiente, anche nell’ambito delle sue iniziative intese a promuovere gli scambi di opinioni sulle questioni di sicurezza meno gravi. inoltre,


title: INTERROGAZIONE SCRITTA n. 622/99 dell'on. María IZQUIERDO ROJO Mancanza di rispetto e maltrattamenti nei confronti dei musicisti marocchini che chiedono un visto per l'Unione europea

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EU visa policy
European Union
European treaties
Morocco
Spain
admission of aliens

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title: Verordening (EG) nr. 547/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2802/95 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

eurovoc_concepts:
Combined Nomenclature
customs regulations
pharmaceutical product
syrup
tariff nomenclature

text: L 66/8 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 13. 3. 1999 VERORDENING (EG) Nr. 547/1999 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1999 tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 2802/95 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno- menclatuur en het gemeenschappel¶k douanetarief (1), laatstel¶k gew¶zigd b¶ Verordening (EG) nr. 2261/98 (2), inzonderheid op artikel 9, Overwegende dat, om de uniforme toepassing te waar- borgen van de gecombineerde nomenclatuur die als b¶lage b¶ de genoemde verordening is gevoegd, bepa- lingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van de in de tabel b¶ de onderhavige verordening opgenomen goederen; Overwegende dat b¶ Verordening (EEG) nr. 2658/87 de algemene regels voor de interpretatie van de gecombi- neerde nomenclatuur z¶n vastgesteld; dat deze regels ook van toepassing z¶n op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltel¶k of met toevoeging van onderverde- lingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die b¶ specifieke communautaire voorschriften is vastge- steld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer; het onder punt 1 in de tabel b¶ die verordening omschreven product als een drank werd ingedeeld, zonder dat daarb¶ rekening werd gehouden met de kenmerkende therapeutische of profylactische eigenschappen b¶ de behandeling van bloedarmoede ten gevolge van ¶zerte- korten; dat om deze reden de indeling moet worden gew¶zigd van dit product dat als een geneesmiddel moet worden aangemerkt; Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre- gelen in overeenstemming z¶n met het advies van de afdeling tarief- en statistieknomenclatuur van het Comit(cid:130) douanewetboek, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 De indeling van het onder punt 1 in de tabel b¶ Verorde- ning (EG) nr. 2802/95 omschreven product wordt vervangen door die in de b¶lage b¶ deze verordening. Artikel 2 Overwegende dat met Verordening (EG) nr. 2802/95 van de Commissie van 4 december 1995 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (3), Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepassel¶k in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 12 maart 1999. Voor de Commissie Mario MONTI Lid van de Commissie (1) PB L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1. (2) PB L 292 van 30. 10. 1998, blz. 1. (3) PB L 291 van 6. 12. 1995, blz. 5. 13. 3. 1999 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 66/9 Omschr¶ving (1) B(cid:246)LAGE Indeling GN-code (2) Motivering (3) in flesjes van 125 ml, Amberkleurige siroop, verpakt bestemd om ¶zertekorten te verhelpen die kenmerkend z¶n voor bepaalde vormen van bloedarmoede. Het product heeft de volgende samenstelling (per 100 g): 3004 90 19 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomencla- tuur, alsmede de tekst van de GN-codes 3004, 3004 90 en 3004 90 19. — natrium¶zeredetaat: 4,13 g (1) — sorbitol: 24 g — glycerine: 13 g — citroenzuur: 0,1 g — ethanol van 95 % vol: 0,09 g — aroma: 0,01 g — propylparahydroxybenzoaat: 0,01 g — methylparahydroxybenzoaat: 0,08 g — water:. aangevuld tot het volume. Op grond van de samenstelling en het gebruik voor thera- peutische doeleinden wordt het product aangemerkt als een geneesmiddel. (1) Natrium¶zeredetaat is een oplosbaar ¶zercomplex van gekristalliseerd natriumethyleendiaminetetra-acetaat


title: ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 549/99 του Alexandros ALAVANOS Αντικατάσταση ποικιλιών καπνού "Τσεμπέλια" και "Μαύρα" στην Ελλάδα

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Greece
redirection of production
tobacco
tobacco industry

text: 3. 12. 1999 EL Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαι¨κω΄ν Κοινοτη΄των C 348/97 Απα΄ντηση του κ. Fischler εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς (21 Απριλι΄ου 1999) Στην ε΄κθεση που υπε΄βαλε στο Συµβου΄λιο και το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε την κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς στον τοµε΄α ακατε΄ργαστου καπνου΄ (1), η Επιτροπη΄ υπογρα΄µµισε την ανα΄γκη να ληφθου΄ν µε΄τρα ω΄στε η ποσο΄στωση για τις καλυ΄τερες ποικιλι΄ες να ευνοηθει΄ εις βα΄ρος της ποσο΄στωσης για τις ποικιλι΄ες που ει΄ναι δυ΄σκολο να διατεθου΄ν στην αγορα΄ και οι τιµε΄ς τους ει΄ναι πολυ΄ χαµηλε΄ς. Το σηµει΄ο Β4, τρι΄τη παρα΄γραφος του εν λο΄γω εγγρα΄φου (σελ. 41 του ελληνικου΄ κειµε΄νου) προβλε΄πει ο ο΄γκος της ποσο΄στωσης για την οµα΄δα V (cid:2) αποξη΄ρανση στον η΄λιο % να µειωθει΄ και οι σχετικε΄ς ποσο΄τητες να µεταφερθου΄ν σε α΄λλες οµα΄δες, ο΄πως ει΄ναι η οµα΄δα VI και VII, στο πλαι΄σιο της τη΄ρησης της δηµοσιονοµικη΄ς ουδετερο΄τητας. Η Επιτροπη΄ πληροφορει΄ το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου ο΄τι η προ΄ταση κανονισµου΄ (2) που υποβλη΄θηκε στο Συµβου΄λιο, για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) 2075/92 του Συµβουλι΄ου, της 30 Ιουνι΄ου 1992, περι΄ κοινη΄ς οργα΄νωσης αγορα΄ς στον τοµε΄α του ακατε΄ργαστου καπνου΄ (3) και για τον καθορισµο΄ των πριµοδοτη΄σεων και των κατωφλι΄ων εγγυ΄ησης για τον καπνο΄ σε φυ΄λλα ανα΄ οµα΄δα ποικιλι΄ας και ανα΄ κρα΄τος µε΄λος για τις συγκοµιδε΄ς του 1999, 2000 και 2001, ανταποκρι΄νεται στον προσανατολισµο΄ αυτο΄ της µεταρρυ΄θµισης µε την µεταφορα΄ ποσοστω΄σεων απο΄ την οµα΄δα V προς την οµα΄δα VII στην Ιταλι΄α. Επιπροσθε΄τως, η µεταφορα΄ αυτη΄ αφορα΄ περιορισµε΄νη ποσο΄τητα 1. 500 το΄νων και δεν µπορει΄, συνεπω΄ς, παρα΄ να ε΄χει ελα΄χιστες συνε΄πειες για τον τοµε΄α του καπνου΄ της Κοινο΄τητας και της Ελλα΄δας ιδιαι΄τερα. Υπο΄ τις συνθη΄κες αυτε΄ς, η Επιτροπη΄ εκτιµα΄ ο΄τι η προ΄ταση΄ της ει΄ναι καθο΄λα βα΄σιµη. (1) COM(96)554 τελικο΄. (2) (3) ΕΕ C 361 της 24. 11. 1998. ΕΕ L 215 της 30. 7. 1992. (1999/C 348/121) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0549/99 υποβολη΄: Αλε΄ξανδρος Αλαβα΄νος (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄ (12 Μαρτι΄ου 1999) Θε΄µα: Αντικατα΄σταση ποικιλιω΄ν καπνου΄ «Τσεµπε΄λια» και «Μαυ΄ρα» στην Ελλα΄δα Η Επιτροπη΄ κατε΄θεσε προ΄ταση για την αντικατα΄σταση των ποικιλιω΄ν καπνου΄ Τσεµπε΄λια και Μαυ΄ρα, που καλλιεργου΄νται σε ορισµε΄νες απο΄ τις πιο φτωχε΄ς και α΄γονες περιοχε΄ς της Ελλα΄δας και ο΄που δεν υπα΄ρχουν εναλλακτικε΄ς δυνατο΄τητες απασχο΄λησης, µε α΄λλες ποικιλι΄ες. Οι καπνοπαραγωγοι΄ των περιοχω΄ν αυτω΄ν, στην περι΄πτωση που υιοθετηθει΄ η προ΄ταση, θα αναγκασθου΄ν να εγκαταλει΄ψουν την καλλιε΄ργεια αφου΄ λο΄γω των εδαφοκλιµατολογικω΄ν και α΄λλων συνθηκω΄ν δεν ε΄χουν τη δυνατο΄τητα να στραφου΄ν σε α΄λλες ποικιλι΄ες. Τα δε επιχειρη΄µατα της Επιτροπη΄ς ο΄τι οι ποικιλι΄ες Τσεµπε΄λια και Μαυ΄ρα δεν ει΄ναι εµπορευ΄σιµες δεν ευσταθου΄ν, διο΄τι τα καπνα΄ αυτα΄ εξα΄γονται σχεδο΄ν στο συ΄νολο΄ τους στις ανατολικε΄ς χω΄ρες. Ερωτα΄ται η Επιτροπη΄: Προτι΄θεται να αποσυ΄ρει την προ΄ταση΄ της για παυ΄ση της καλλιε΄ργειας των ποικιλιω΄ν Τσεµπε΄λια και Μαυ΄ρα στην Ελλα΄δα, που πλη΄ττει τους καπνοπαραγωγου΄ς; Απα΄ντηση του κ. Fischler εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς (21 Απριλι΄ου 1999) Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς που προβλε΄πει µεταφορε΄ς ορισµε΄νων οµα΄δων ποικιλιω΄ν που αντιµετωπι΄ζουν δυσκολι΄ες δια΄θεσης στην αγορα΄ προς α΄λλες ποικιλι΄ες µε περισσο΄τερο εξασφαλισµε΄νη δια΄θεση στην αγορα΄ και για τις οποι΄ες οι παραγωγοι΄ θα επιτυ΄χουν πλε΄ον συµφε΄ρουσες τιµε΄ς υποβλη΄θηκε µε βα΄ση διαθε΄σιµες πληροφορι΄ες κατα΄ την περι΄οδο εκει΄νη, οι οποι΄ες, εξα΄λλου, περιλαµβα΄νονται στην ε΄κθεση (1) που υποβλη΄θηκε στο Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο. Επιπροσθε΄τως, µι΄α µεγα΄λη ποσο΄τητα καπνου΄ της οµα΄δας V, ο΄πως αναφε΄ρει το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου, εξα΄γεται προς χω΄ρες της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης. Ει΄ναι αρκετα΄ γνωστο΄ ο΄τι η παραγωγη΄ των ποικιλιω΄ν αυτω΄ν βρι΄σκεται εκ νε΄ου σε α΄νοδο ενω΄ δεν µπορου΄ν να υπα΄ρξουν µακροπρο΄θεσµες προβλε΄ψεις για τη δια΄θεση΄ της στην αγορα΄. Μετα΄ απο΄ διαβου΄λευση µε τις ελληνικε΄ς αρχε΄ς, η Επιτροπη΄ δε΄χθηκε να προτει΄νει µι΄α περιορισµε΄νη µεταφορα΄ ποικιλιω΄ν Μαυ΄ρα και Τσεµπε΄λια µε΄χρι το ε΄τος 2001 (η΄τοι διατη΄ρηση 11. 000 το΄νων της παραγωγη΄ς τους) και να προβει΄ σε επανεξε΄ταση της κατα΄στασης για την περι΄οδο µετα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄. (1) COM(96)554 τελικο΄


title: Padomes Regula (EK) Nr. 574/1999 (1999. gada 12. marts), ar ko nosaka tās trešās valstis, kuru pilsoņiem ir vajadzīga vīza, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas

eurovoc_concepts:
EU visa policy
admission of aliens
approximation of laws
external border of the EU
foreign national
third country

text: 19/1. sēj. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 121 31999R0574 L 72/2 EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS 18. 3. 1999. PADOMES REGULA (EK) Nr. 574/1999 (1999. gada 12. marts), ar ko nosaka tās trešās valstis, kuru pilsoņiem ir vajadzīga vīza, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. c pantu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1), ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2), (1) (2) (3) (4) tā kā saskaņā ar Līguma 100. c pantu Padome nosaka val- stis, kuru pilsoņiem ir vajadzīga vīza, lai šķērsotu dalīb- valstu ārējās robežas; tā kā šai regulai pievienotā kopējā saraksta sastādīšana ir nozīmīgs solis ceļā uz saskaņotu politiku vīzu jautājumā; tā kā Līguma 7. a panta otrajā daļā jo īpaši paredzēts, ka iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kur saskaņā ar Līgumu inter alia ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās; tā kā citus vīzu politikas aspektus, ieskaitot vīzu izdošanas nosacījumus, nosaka attiecīgi noteikumi; tā kā minētā saraksta sastādīšanā vispirms ir jāņem vērā riski sakarā ar drošību un nelegālo imigrāciju; tā kā cita starpā nozīmīgas ir arī starptautiskās attiecības starp dalīb- valstīm un trešām valstīm; tā kā ar attiecīgiem noteikumiem būtu jāparedz principi, pēc kuriem dalībvalsts nevar prasīt vīzu no personas, kura vēlas šķērsot tās ārējās robežas, ja šai personai ir citas dalīb- valsts izdota vīza, kas atbilst saskaņotajiem nosacījumiem, kuri regulē vīzu izdošanu, un kas ir derīga visā Kopienā, vai ja šai personai ir attiecīga atļauja, kuru izdevusi dalībvalsts; (1) OV C 11, 15. 1. 1994. , 15. lpp. (2) OV C 128, 9. 5. 1994. , 350. lpp. Eiropas Parlamenta Atzinums sniegts 1999. gada 10. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). (5) (6) (7) (8) (9) tā kā šī regula neliedz dalībvalstīm izlemt, ar kādiem nosa- cījumiem trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas to teri- torijā, pēc Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas atstāša- nas drīkst tajā atgriezties laikā, kamēr ir derīgas viņu atļaujas; tā kā īpašos gadījumos, kas attaisno atkāpi no vīzas prasī- bas principa, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām vai para- žām dalībvalstis var atbrīvot no vīzas prasības dažu kate- goriju personas; tā kā sakarā ar atšķirībām valstu likumos attiecībā uz bez- valstniekiem, atzītiem bēgļiem un personām, kas uzrāda pasi vai ceļošanas dokumentu, ko izdevusi kāda adminis- tratīvi teritoriāla vienība, ko neviena dalībvalsts neatzīst par valsti, dalībvalstis var izlemt, vai uz šo kategoriju personām attiecas vīzas prasība, ja šī administratīvi teritoriālā vienība nav iekļauta minētajā kopējā sarakstā; tā kā, sarakstam pievienojot jaunas vienības, ir jāņem vērā ietekme uz diplomātiskajām attiecībām un pamatnostād- nes, ko Eiropas Savienība pieņēmusi šajā sakarībā; tā kā jebkurā gadījumā kādas trešās valsts iekļaušana kopējā sarakstā nekādi neietekmē tās starptautisko statusu; tā kā trešās valstis, kuru pilsoņiem ir jābūt vīzai, lai šķēr- sotu dalībvalstu ārējās robežas, būtu jānosaka pakāpeniski; tā kā dalībvalstis pastāvīgi centīsies saskaņot savu vīzu politiku attiecībā uz tām trešām valstīm, kuras nav iekļau- tas kopējā sarakstā; tā kā pastāvošajiem noteikumiem neva- jadzētu ietekmēt to, kā tiek īstenota personu brīva pārvie- tošanās, kas paredzēta Līguma 7. a pantā; tā kā 2001. gada pirmajā pusē Komisijai būtu jāsastāda progresa ziņojums par saskaņošanu; 122 (10) LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 19/1. sēj. tā kā, lai nodrošinātu šīs sistēmas atklātību un informētu attiecīgās personas, dalībvalstīm ir pienākums paziņot pārējām dalībvalstīm un Komisijai pasākumus, ko tās pieņem atbilstoši šai regulai; tā kā šo pašu iemeslu dēļ minētā informācija ir arī jāpublicē Eiropas Kopienu Oficiā- lajā Vēstnesī, 3. pants Pirmo sešu mēnešu laikā 2001. gadā Komisija izstrādā ziņojumu par veikto dalībvalstu vīzu politikas saskaņošanā attiecībā uz kopējā sarakstā neiekļautajām trešām valstīm un, vajadzības gadījumā, uz turpmākajiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai sasniegtu Līgumā paredzēto saskaņošanu. Padomei priekšlikumus attiecībā iesniedz IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 4. pants 1. pants 1. Pielikuma kopējā sarakstā minēto trešo valstu pilsoņiem ir vajadzīga vīza, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. 1. Dalībvalsts var atbrīvot trešo valstu pilsoņus, uz kuriem attie- cas vīzas prasība saskaņā ar 1. panta 1. un 2. punktu, no šīs pra- sības. Tas jo īpaši attiecas uz civilām gaisa vai jūras transporta apkalpēm, lidojuma apkalpēm un ārkārtas vai glābšanas reisu pavadoņiem un citiem palīgiem katastrofas vai nelaimes gadī- jumā, kā arī diplomātisko pasu, dienesta pasu un citu oficiālu pasu turētājiem. 2. Regulas 2. panta 4. punktu piemēro mutatis mutandis. 2. Uz kopējā sarakstā iepriekš iekļauto trešo valstu pilsoņiem attiecas 1. punktā noteikumi līdz brīdim, kad Padome nolemj citādi saskaņā ar Līguma attiecīgajā noteikumā paredzēto proce- dūru. 5. pants 2. pants Šajā regulā vīza ir atļauja, ko izdevusi kāda dalībvalsts, vai lēmums, ko pieņēmusi kāda dalībvalsts, kas ir vajadzīgs ieceļošanai tās teri- torijā, sakarā ar: 1. Dalībvalstis nosaka, vai vīzas prasība attiecas uz to trešo valstu pilsoņiem, kuras nav iekļautas kopējā sarakstā. — plānotu uzturēšanos šajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs, kas kopumā ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, 2. Dalībvalstis nosaka, vai vīzas prasība attiecas uz bezvalstnie- kiem un atzītiem bēgļiem. — tranzītu, šķērsojot šīs dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teri- toriju, izmantojot lidostu starptautisko zonu, un pārvešanu no vienas lidostas uz otru kādā dalībval- stī. izņemot tranzītu, 3. Dalībvalstis nosaka, vai vīzas prasība attiecas uz personām, kas uzrāda pases vai ceļošanas dokumentus, ko izdevusi kāda admi- nistratīvi teritoriāla vienība, kuru neviena dalībvalsts neatzīst par valsti, ja šī administratīvi teritoriālā vienība nav iekļauta kopējā sarakstā. 4. Desmit darba dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalīb- valstis paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai pasākumus, ko tās noteikušas atbilstoši 1. , 2. un 3. punktam. Visus turpmākos pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, paziņo līdzīgi piecu darba dienu laikā. 6. pants Šī regula neliedz dalībvalstīm turpināt savā starpā saskaņot trešās valstis ārpus kopējā saraksta, kuru pilsoņiem ir vajadzīga vīza, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. 7. pants Komisija zināšanai publicē atbilstoši šim punktam paziņotos pasākumus un to precizējumus Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. 19/1. sēj. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 123 Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Briselē, 1999. gada 12. martā Padomes vārdā — priekšsēdētājs O. SCHILY 124 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 19/1. sēj. PIELIKUMS KOPĒJAIS SARAKSTS, KAS MINĒTS 1. PANTĀ I. VALSTIS Afganistāna Albānija Alžīrija Angola Armēnija Azerbaidžāna Bahreina Bangladeša Baltkrievija Benina Butāna Bulgārija Burkinafaso Birma/Mjanma Burundi Kambodža Kamerūna Zaļā Raga salas Centrālāfrikas Republika Čada Ķīna (*) Komoru salas Kongo Ziloņkaula Krasts Kuba Kongo Demokrātiskā Republika Džibutija Dominikānas Republika Ēģipte Ekvatoriālā Gvineja Eritreja Etiopija Dienvidslāvijas Federālā Republika (Serbija un Melnkalne) Fidži Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika Gabona Gambija Gruzija Gana Gvineja Gvineja–Bisava Gviāna Haiti Indija Indonēzija Irāna Irāka Jordānija Kazahstāna Kirgizstāna Kuveita Laosa Libāna Libērija Lībija Madagaskara Maldivu salas Mali Mauritānija Maurīcija Moldova Mongolija Maroka Mozambika Nepāla Nigēra Nigērija Ziemeļkoreja Omāna Pakistāna Papua–Jaungvineja Peru Filipīnas Katara Rumānija Krievija Ruanda Santome un Prinsipi Saūda Arābija Senegāla Sjerraleone Somālija Šrilanka Sudāna Surinama Sīrija Tadžikistāna Tanzānija Taizeme Togo Tunisija Turcija Turkmenistāna Uganda Ukraina Apvienotie Arābu Emirāti Uzbekistāna Vjetnama Jemena Zambija (*) Attiecībā uz Ķīnu Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pases turētāji ir izņēmums. Ir spēkā 2. pants: Dalībvalstis var nolemt saglabāt vai grozīt savas prasības vīzu jomā attiecībā uz šādām personām. II. ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS VIENĪBAS, KO NEVIENA DALĪBVALSTS NAV ATZINUSI PAR VALSTI Taivāna


title: WRITTEN QUESTION No. 535/99 by Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA Fish product canning industry and aquaculture in the European Union

eurovoc_concepts:
aid to industry
aquaculture
cannery
export refund
fishery product
food aid
health control
import policy
monetary compensatory amount
tariff reduction

text: C 370/54 Europeiska gemenskapernas officiella tidning SV 21. 12. 1999 (1999/C 370/074) SKRIFTLIG FRÅGA E-0535/99 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) till kommissionen (12 mars 1999) Angående: Konservindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter i Europeiska unionen Under sammanträdesperioden i juni 1998 diskuterade och godkände Europaparlamentet betänkandet om konservindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter i Europeiska unionen (A4-0137/98) (1). I slutsatserna till betänkandet uppmanade Europaparlamentet kommissionen att främja och bevilja finansiellt stöd till innovationer och forskning i nya produktionssystem, nya produkter, bearbetning av arter som för närvarande inte har något handelsvärde, samt nya berednings- och presentationsmetoder. Kan kommissionen ange vilka åtgärder man vidtagit för att följa upp Europaparlamentets uppmaning? (1) EGT C 210, 6. 7. 1998, s. 295. (1999/C 370/075) SKRIFTLIG FRÅGA E-0537/99 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) till kommissionen (12 mars 1999) Angående: Konservindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter i Europeiska unionen Under sammanträdesperioden i juni 1998 diskuterade och godkände Europaparlamentet betänkandet om konservindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter i Europeiska unionen (A4-0137/98) (1). I slutsatserna till betänkandet förklarade Europaparlamentet att sardinindustrin är av stor ekonomisk betydelse för flera av gemenskapens regioner och noterade att denna sektor befinner sig i en krissituation, som kräver att man snarast vidtar följande skyddsåtgärder: Beviljande av nödvändiga medel för perioden 2000-2006 för att underlätta omstruktureringen av sektorn, utöver de anslag som avsatts inom ramen för de nuvarande strukturfonderna. Kan kommissionen ange vilka åtgärder man vidtagit för att följa upp Europaparlamentets uppmaning i syfte att avhjälpa den allvarliga krisen inom sardinkonservsektorn? (1) EGT C 210, 6. 7. 1998, s. 295. (1999/C 370/076) SKRIFTLIG FRÅGA E-0538/99 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) till kommissionen (12 mars 1999) Angående: Konservindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter i Europeiska unionen Under sammanträdesperioden i juni 1998 diskuterade och godkände Europaparlamentet betänkandet om konservindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter i Europeiska unionen (A4-0137/98) (1). I slutsatserna till betänkandet förklarade Europaparlamentet att sardinindustrin är av stor ekonomisk betydelse för flera av gemenskapens regioner och noterade att denna sektor befinner sig i en krissituation, som kräver att man snarast vidtar följande skyddsåtgärder: Införande av en kompensationsersättning för sardiner avsedda för gemenskapens konservindustri och bibehållande av en balanserad stödsordning för lagerhållning för att undvika prisfluktuationer på marknaden till följd av de säsongsmässiga skillnaderna i utbudet av råvaror till konservindustrin. Detta stöd bör kunna utgå direkt till konservindustrierna om dessa kan intyga att de har betalat minimipriset för produktionen


title: Kommissionens förordning (EG) nr 546/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

eurovoc_concepts:
cereals
export licence
export refund
rice

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text: L 66/6 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 13. 3. 1999 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfär- dandet av exportlicenser EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro- peiska gemenskapen, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisa- tionen av marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2072/98 (2), särskilt artikel 13. 3 andra stycket och 13. 15 i denna, och av följande skäl: Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 får skill- naden mellan noteringarna eller priserna på världsmark- naden för de produkter som är förtecknade i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen täckas av ett exportbidrag. Enligt artikel 13. 4 i förordning (EG) nr 3072/95 skall när bidragen fastställs hänsyn tas dels till den aktuella situa- tionen och den framtida utvecklingen i fråga om priser på och tillgång till ris och brutet ris på gemenskapsmark- naden, dels till priserna på ris och brutet ris på världs- marknaden. Enligt samma artikel är det också viktigt att säkerställa jämvikt och en naturlig utveckling av priser och handel på rismarknaden och att dessutom beakta de ekonomiska aspekterna av den planerade exporten och behovet av att undvika störningar på gemenskapsmark- naden liksom de begränsninger som härrör från de avtal i överensstämmelse med artikel 228 i som slutits fördraget. I artikel 13. 5 i förordning (EG) nr 3072/95 anges de särskilda kriterier som skall beaktas när exportbidrag för ris och brutet ris beräknas. Situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven för vissa marknader kan göra det nödvändigt att differen- tiera bidragen för vissa produkter efter destination. Ett särskilt bidrag bör fastställas för förpackat långkornigt ris för att tillgodose den aktuella efterfrågan på vissa marknader. Bidraget måste fastställas minst en gång i månaden och får ändras under månadens lopp. Tillämpningen av dessa bestämmelser och villkor på den nuvarande situationen på rismarknaden och särskilt på noteringarna eller priserna på ris och brutet ris inom gemenskapen och på att bidragen bör fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning. världsmarknaden medför Inom ramen för förvaltningen av de volymbegränsningar som följer av gemenskapens WTO-åtaganden är det lämpligt att begränsa utfärdandet av licenser för export med exportbidrag. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. I kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 (3) fast- ställs den högsta procentandel av brutet ris som är tillåten i ris för vilket exportbidrag fastställts samt anges med vilken procentandel bidraget skall minskas om propor- tionen brutet ris i det exporterade riset överstiger denna högsta andel. Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95, med undantag av produkter enligt punkt 1 c i den artikeln, och som exporteras i obearbetad form skall fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning. Artikel 1 Det finns möjlighet att exportera en kvantitet av 2 595 t ris till vissa destinationer. Det är lämpligt att tillgripa det förfarande som föreskrivs i artikel 7. 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 444/98 (5). Detta bör beaktas när exportbidragen fastställs. Artikel 2 Utfärdandet av licenser för export med förutfastställelse av exportbidrag skall avbrytas med undantag för kvantiteten 2 595 t som föreskrivs i bilagan. (1) EGT L 329, 30. 12. 1995, s. 18. (2) EGT L 265, 30. 9. 1998, s. 4. (3) EGT L 154, 15. 6. 1976, s. 11. (4) EGT L 117, 24. 5. 1995, s. 2. (5) EGT L 56, 26. 2. 1998, s. 12. Artikel 3 Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1999. 13. 3. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 66/7 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 12 mars 1999. På kommissionens vägnar Franz FISCHLER Ledamot av kommissionen till kommissionens förordning av den 12 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser BILAGA Produktnummer Bestämmelseland (1) Bidragsbelopp Produktnummer Bestämmelseland (1) Bidragsbelopp (EUR/t) (EUR/t) 1006 20 11 9000 1006 20 13 9000 1006 20 15 9000 1006 20 17 9000 1006 20 92 9000 1006 20 94 9000 1006 20 96 9000 1006 20 98 9000 1006 30 21 9000 1006 30 23 9000 1006 30 25 9000 1006 30 27 9000 1006 30 42 9000 1006 30 44 9000 1006 30 46 9000 1006 30 48 9000 1006 30 61 9100 1006 30 61 9900 1006 30 63 9100 1006 30 63 9900 1006 30 65 9100 01 01 01 — 01 01 01 — 01 01 01 — 01 01 01 — 01 02 03 04 05 01 04 01 02 03 04 05 01 04 01 02 03 04 05 83,00 83,00 83,00 — 83,00 83,00 83,00 — 83,00 83,00 83,00 — 83,00 83,00 83,00 — 104,00 — — — 110,00 104,00 — 104,00 — — — 110,00 104,00 — 104,00 — — — 110,00 1006 30 65 9900 1006 30 67 9100 1006 30 67 9900 1006 30 92 9100 1006 30 92 9900 1006 30 94 9100 1006 30 94 9900 1006 30 96 9100 1006 30 96 9900 1006 30 98 9100 1006 30 98 9900 1006 40 00 9000 01 04 05 — 01 02 03 04 05 01 04 01 02 03 04 05 01 04 01 02 03 04 05 01 04 05 — — 104,00 — 110,00 — 104,00 — — — 110,00 104,00 — 104,00 — — — 110,00 104,00 — 104,00 — — — 110,00 104,00 — 110,00 — — (1) Följande bestämmelseländer: 01 Liechtenstein, Schweiz och kommunerna Livigno och Campione d’Italia; exportbidragen skall fastställas i enlighet med den ordning som föreskrivs i artikel 7. 4 i förordning (EG) nr 1162/95 för en kvantitet av totalt 1 974 t. 02 Zonerna I–III och VI. 03 Zonerna IV, V, VII c, Kanada och zon VIII med undantag av Surinam, Guyana och Madagaskar. 04 Bestämmelseländer angivna i artikel 34 i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3665/87. 05 Ceuta och Melilla; exportbidragen skall fastställas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 7. 4 i förordning (EG) nr 1162/95 för en kvantitet av totalt 621 t. Obs. : Zonerna är de som anges i bilagan till kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92


title: Acto del Consejo de 12 de marzo de 1999 por el que se fijan las normas para la transmisión por Europol de datos personales a Estados y organismos terceros

eurovoc_concepts:
European convention
Europol
data transmission
disclosure of information
personal data
third country


title: Council Act of 12 March 1999 adopting the rules governing the transmission of personal data by Europol to third States and third bodies


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 536/99 von Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA Die Konservenindustrie für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in der Europäischen Union

eurovoc_concepts:
EU control
administrative cooperation
aquaculture
cannery
customs cooperation
customs fraud
customs regulations
fishery product
fraud
preserved product


title: WRITTEN QUESTION No. 537/99 by Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA Fish product canning industry and aquaculture in the European Union

text: C 370/54 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti FI 21. 12. 1999 (1999/C 370/074) KIRJALLINEN KYSYMYS E-0535/99 esittäjä(t): Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) komissiolle (12. maaliskuuta 1999) Aihe: Kalataloustuotteiden säilyketeollisuus ja vesiviljely Euroopan unionissa Kesäkuussa 1998 pidetyssä täysistunnossa Euroopan parlamentti keskusteli mietinnöstä Kalataloustuottei- den säilyketeollisuus ja vesiviljely Euroopan unionissa (A4-0137/98) (1) ja hyväksyi sitä koskevan päätös- lauselman, jossa Euroopan parlamentti ”vaatii komissiota kannustamaan ja tukemaan taloudellisesti uusiin tuotantojärjestelmiin, uusiin tuotteisiin, tällä hetkellä arvottomien lajien jalostukseen sekä uusiin valmistei- siin ja esittelyihin kohdistuvia innovatiivisia toimenpiteitä ja tutkimusta”. Mitä näiden Euroopan parlamentin esittämien vaatimusten mukaisia toimenpiteitä komissio on toteutta- nut? (1) EYVL C 210, 6. 7. 1998, s. 295. (1999/C 370/075) KIRJALLINEN KYSYMYS E-0537/99 esittäjä(t): Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) komissiolle (12. maaliskuuta 1999) Aihe: Kalataloustuotteiden säilyketeollisuus ja vesiviljely Euroopan unionissa Kesäkuussa 1998 pidetyssä täysistunnossa Euroopan parlamentti keskusteli mietinnöstä Kalataloustuottei- den säilyketeollisuus ja vesiviljely Euroopan unionissa (A4-0137/98) (1) ja hyväksyi sitä koskevan päätös- lauselman, jossa Euroopan parlamentti ”katsoo, että sardiiniteollisuudella on huomattava merkitys monilla yhteisön alueilla” ja panee merkille, että tämä ala on kriisissä, minkä vuoksi on nopeasti toteutettava muun muassa seuraavanlaisia suojatoimenpiteitä: (. ) ajanjaksolle 200002006 määrätään tarpeelliset varat alan uudelleen järjestelyn helpottamiseksi nykyis- ten rakennerahastojen alamomenttien lisäksi. Onko näitä parlamentin pyytämiä toimenpiteitä sardiiniteollisuuden kriisin helpottamiseksi toteutettu? (1) EYVL C 210, 6. 7. 1998, s. 295. (1999/C 370/076) KIRJALLINEN KYSYMYS E-0538/99 esittäjä(t): Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) komissiolle (12. maaliskuuta 1999) Aihe: Kalataloustuotteiden säilyketeollisuus ja vesiviljely Euroopan unionissa Kesäkuussa 1998 pidetyssä täysistunnossa Euroopan parlamentti keskusteli mietinnöstä Kalataloustuottei- den säilyketeollisuus ja vesiviljely Euroopan unionissa (A4-0137/98) (1) ja hyväksyi sitä koskevan päätös- lauselman, jossa Euroopan parlamentti ”katsoo, että sardiiniteollisuudella on huomattava merkitys monilla yhteisön alueilla” ja panee merkille, että tämä ala on kriisissä, minkä vuoksi on nopeasti toteutettava muun muassa seuraavanlaisia suojatoimenpiteitä: (. ) Sardiinia varten perustetaan korvausjärjestelmä, joka on suunnattu yhteisön säilyketeollisuuteen ja varastointia tasapainottavan tuen ylläpitoon, jotta markkinoilla vältettäisiin säilyketeollisuudelle tarjot- tavan tuotteen kausivaihteluista johtuvat hintavaihtelut; säilyketeollisuuden on saatava suoraan tämä tuki siitä hetkestä lähtien, kun ne perustelevat tuotannolle maksettavan vähimmäishinnan


title: Decision on the proposal for a Council and Commission Decision on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part (7652/96 - COM(96)0254 C4- 0418/96 96/0151(AVC))(Assent procedure)

eurovoc_concepts:
Uzbekistan
approximation of laws
dismissal

text: C 175/432 FI Euroopan yhteiso¨jen virallinen lehti 21. 6. 1999 Perjantaina 12. maaliskuuta 1999 3. EU:n ja Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyo¨sopimus *** − EU:n suhteet Keski-Aasian itsena¨isiin valtioihin a) A4-0071/99 Pa¨a¨to¨s ehdotuksesta neuvoston ja komission pa¨a¨to¨kseksi Euroopan yhteiso¨jen ja niiden ja¨senvalti- oiden seka¨ Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyo¨sopimuksen tekemisesta¨ (7652/96 − KOM(96)0254 − C4-0418/96 − 96/0151(AVC)) (Hyva¨ksynta¨menettely) Euroopan parlamentti, joka − ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission pa¨a¨to¨kseksi (KOM(96)0254 − 96/0151(AVC)), − ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esitta¨ma¨n pyynno¨n puoltavasta lausunnosta (7652/96 − C4-0418/96), − ottaa huomioon kauppaa ja kaupan liita¨nna¨istoimenpiteita¨ koskevan va¨liaikaisen sopimuksen Euroopan yhteiso¨n, Euroopan hiili- ja tera¨syhteiso¨n ja Euroopan atomienergiayhteiso¨n seka¨ Uzbekistanin tasavallan va¨lilla¨ (KOM(96)0466 − 10521/96 − C4-0082/97 − 96/0236(CNS)) (1), − ottaa huomioon tyo¨ja¨rjestyksensa¨ 90 artiklan 7 kohdan, − ottaa huomioon ulko- ja turvallisuusasiain seka¨ puolustuspolitiikan valiokunnan suosituksen seka¨ budjettivaliokunnan, taloudellisten ulkosuhteiden valiokunnan ja tutkimusta, teknologista kehitta¨mis- ta¨ ja energia-asioita ka¨sitteleva¨n valiokunnan lausunnot (A4-0071/99); 1. Antaa puoltavan lausuntonsa ehdotuksesta neuvoston ja komission pa¨a¨to¨kseksi; Kehottaa puhemiesta¨a¨n va¨litta¨ma¨a¨n ta¨ma¨n pa¨a¨to¨ksen neuvostolle ja komissiolle seka¨ ja¨senvaltioiden 2. ja Uzbekistanin hallituksille ja parlamenteille. (1) Katso neuvoston pa¨a¨to¨s 98/138/EY, EYVL L 43, 14. 2. 1998, s. 1. b) A4-0069/99 Pa¨a¨to¨slauselma komission tiedonannosta: Kohti Euroopan unionin strategiaa suhteissa Keski- Aasian itsena¨isiin valtioihin (KOM(95)0206 − C4-0256/96) Euroopan parlamentti, joka − ottaa huomioon komission tiedonannon KOM(95)0206 − C4-0256/96, − ottaa huomioon 30. marraskuuta 1995 antamansa pa¨a¨to¨slauselman ehdotuksesta neuvoston ja komission pa¨a¨to¨kseksi Euroopan yhteiso¨jen ja niiden ja¨senvaltioiden ja Kirgisian tasavallan va¨lisen kumppanuus- ja yhteistyo¨sopimuksen tekemisesta¨ (1), − ottaa huomioon 13. maaliskuuta 1997 antamansa pa¨a¨to¨ksen ehdotuksesta neuvoston ja komission pa¨a¨to¨kseksi Euroopan yhteiso¨jen ja niiden ja¨senvaltioiden ja Kazakstanin tasavallan va¨lisen kumppanuus- ja yhteistyo¨sopimuksen tekemisesta¨ (2), (1) EYVL C 339, 18. 12. 1995, s. 51. (2) EYVL C 115, 14. 4. 1997, s. 196


title: Regolamento (CE) n. 549/1999 della Commissione del 12 marzo 1999 che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

eurovoc_concepts:
EU Member State
award of contract
butter
intervention buying

text: 13. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:133) europee L 66/11 REGOLAMENTO (CE) N. 549/1999 DELLA COMMISSIONE che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri del 12 marzo 1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT(cid:211) EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunit(cid:133) europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 relativo all’organizzazione comune dei giugno 1968, mercati nel settore del lattiero- latte e dei prodotti caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. in particolare l’articolo 7 bis, paragrafo 1, 1587/96 (2), primo comma, e paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio (3), modificato da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scre- mato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese; considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (5), ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione; considerando che il regolamento (CE) n. 328/1999 (6), della Commissione ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di mercato, si desume che in Germania, Italia, Irlanda e Spagna non (cid:138) pi(cid:151) soddisfatta la condizione prevista all’ar- ticolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l’elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione; considerando che le misure previste dal presente regola- mento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all’artiolo 1, paragrafo 3, del regolameno (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Irlanda del Nord e Gran Bretagna. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 328/1999 (cid:138) abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999. Il presente regolamento (cid:138) obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10. (4) GU L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12. (5) GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27. (6) GU L 40 del 13. 2. 1999, pag. 21


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 554/99 von Anita POLLACK Öffentliche Gesundheit und städtische Umgebung

eurovoc_concepts:
World Health Organisation
database
dissemination of information
exchange of information
health policy
information
public health
social policy
sustainable development
urban area

text: C 341/128 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften DE 29. 11. 1999 Die wenigsten der 35 zur Prüfung anstehenden Steuerregelungen wurden notifiziert, und dies trifft auch für die Steuerregelungen von Gibraltar zu. Die Prüfung wird ergeben, ob die betreffenden Maßnahmen staatliche Beihilfen nach Artikel 92 Absatz 1 darstellen und & falls ja & aufgrund einer der Ausnahmevorschriften des Artikels 92 Absatz 3 als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden können. (1) SEC(98) 1800 endg. (1999/C 341/180) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0553/99 von Anita Pollack (PSE) an die Kommission (12. März 1999) Betrifft: Altersgrenzen für die Einstellung von Personal Die Kommission überprüft in den nächsten Monaten ihre Einstellungsverfahren. Kann zugesichert werden, daß die gegenwärtigen diskriminierenden Altersgrenzen für die Einstellung von Personal abgeschafft werden? Antwort von Herrn Liikanen im Namen der Kommission (8. April 1999) Zum 21. Januar 1998 beschloß die Kommission (1), Altersgrenzen in Bekanntgaben von Auswahlverfahren schrittweise aufzuheben. Zunächst einmal wurde die Altersgrenze für die Auswahlverfahren in den Eingangs- besoldungsgruppen nach dem Vorbild der vom Präsidium des Europäischen Parlaments am 20. Oktober 1997 beschlossenen Regelung auf 45 Jahre festgelegt. Im Rahmen einer interinstitutionellen Konsultation zu dem Bericht der Reflexionsgruppe „Personalpolitik“ haben sich die anderen Organe bereit erklärt, die Altersgrenze auf 45 Jahre anzuheben. Hierzu ist allerdings zu bemerken, daß die anderen Organe die grundsätzliche Haltung der Kommission zur schrittweisen Aufhebung der Altersgrenzen in Bekanntgaben von Auswahl- verfahren nicht unbedingt teilen. Die Frage der Altersgrenzen soll im Herbst 1999 zwischen den Organen abgestimmt werden. (1) SEK(97) 2416 und SEK(97) 2417. (1999/C 341/181) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0554/99 von Anita Pollack (PSE) an die Kommission (12. März 1999) Betrifft: Öffentliche Gesundheit und städtische Umgebung Hat die Kommission die notwendige Schaffung eines EU-weiten Netzes städtischer Gesundheitsämter in Betracht gezogen, um den Austausch optimaler Methoden bezüglich der sozialen und städtischen Aspekte der Gesundheitspolitik zu ermöglichen? Antwort von Herrn Flynn im Namen der Kommission (12. April 1999) Die Kommission verfolgt bei der Gesundheitspolitik bereits einen breiten Ansatz, bei dem auch soziale und städtische Aspekte berücksichtigt werden. Im Rahmen der laufenden Programme für öffentliche Gesundheit, die innerhalb des von der Kommission 1993 veröffentlichten Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1) entwickelt wurden, unterstützt die Kommission eine Reihe von Städtenetzen, wozu auch ein europäisches Netz für öffentliche Gesundheit in Hauptstädten und Regionen gehört. Ferner unterstützt die Kommission im Rahmen der Europäischen Kampagne zukunftsfähiger Städte und Gemeinden die Aktivitäten des Projekts „Gesunde Städte“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dabei handelt es sich um ein langfristiges internationales Entwicklungsprojekt, das darauf abzielt, das Thema Gesundheit ganz oben auf die Tagesordnung der Entscheidungsträger in den europäischen Städten zu setzen. Etwa 1 100 Städte und Gemeinden sind im Rahmen des Projekts „Gesunde Städte“ durch 26 nationale und mehrere regionale und thematische Netze in Europa verbunden. Zu den Tätigkeiten der Netze gehört die Erarbeitung und Verbreitung von Fallstudien sowie die Entwicklung von städteübergreifenden Aktionsplänen