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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 28. 04. 1999 COM(1999)203 final Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (presentada por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Introducción 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 2 3 4 5 6 El trabajo de duración determinada ha experimentado un gran aumento en los últimos años, y esta tendencia se mantiene aún en los mercados nacionales de trabajo. El 29 de junio de 1990 la Comisión presentó tres propuestas de directivas del Consejo relativas a determinadas relaciones laborales (trabajo a tiempo parcial, de duración determinada y trabajo temporal)1. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 20. 9. 19902; el Parlamento Europeo comunicó su dictamen el 24. 10. 19903. De conformidad con el artículo 149 del Tratado4, la Comisión presentó al Consejo el 7. 11. 1990 una propuesta modificada5 que introducía algunas modificaciones deseadas por el Parlamento. Estas propuestas se discutieron en el Consejo en distintas ocasiones entre 1990 y 1994. Entre dichas propuestas, sólo fue adoptada la Directiva 91/383/CEE del Consejo “por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal”6. En julio de 1994, la Comisión publicó su Libro Blanco sobre el futuro de la política social europea. En este documento, la Comisión reafirma su voluntad de progresar en este ámbito, y en el capítulo III indica que debe darse la máxima prioridad a las propuestas relativas al empleo atípico, para garantizar que sean adoptadas por el Consejo. Los conclusiones del Consejo de Essen destacaron la necesidad de adoptar medidas para mejorar la situación del empleo y apelaron a adoptar medidas tendentes a “un aumento de la intensidad de creación de empleo del crecimiento, en particular mediante una organización más flexible del trabajo, que corresponda a los deseos de los trabajadores y a los requisitos de la competencia”. Vista la ausencia de progresos en el Consejo, la Comisión decidió iniciar el procedimiento previsto en el artículo 3 del Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (nº 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Así pues, el 27 de septiembre COM(90) 228 final, 29. 6. 1990; DO C 224 de 8. 9. 1990, p. 8 DO C 332 de 31. 12. 1990, p. 167 DO C 295 de 26. 11. 1990, p. 112 Todas las referencias al Tratado anteriores a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se refieren al Tratado vigente en el momento de la acción en cuestión. COM(90) 533 final; DO C 305 de 5. 12. 1990, p. 12 DO L 206 de 29. 7. 1991, p. 19 2 8. 9. 10. de 1995, aprobó la apertura de una consulta de los interlocutores sociales en virtud del apartado 2 del artículo 3 de dicho acuerdo. De las respuestas de los interlocutores sociales se deduce que existe un apoyo fundamental de no discriminación de los amplio al principio rector trabajadores afectados por las nuevas formas de trabajo flexibles que les garantice un trato comparable al que recibe el personal a tiempo completo y con contrato de duración indeterminada. Si bien las opiniones divergieron considerablemente en cuanto a la forma y nivel apropiado de la acción que debe emprenderse en este ámbito, la mayoría de los interlocutores sociales se declararon preparados para desempeñar un papel activo en la definición de los principios correspondientes y en su aplicación, en particular, mediante la negociación colectiva al nivel apropiado. Tras el examen de estas reacciones, la Comisión consideró que era deseable que se produjera una acción comunitaria y, el 17 de abril de 1996, decidió poner en marcha la segunda consulta de los interlocutores sociales, prevista en el apartado 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social. El 19 de junio de 1996 tres organizaciones (UNICE, CEEP y CES) anunciaron su intención de entablar negociaciones a este respecto. El 6 de junio de 1997 las tres organizaciones concluyeron el "Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial", el cual, conforme al artículo 4 del Acuerdo sobre la política social, fue aplicado posteriormente mediante una propuesta de la Comisión, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social, a través de la Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997. Posteriormente, el ámbito de aplicación de la Directiva se extendió al Reino Unido mediante la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998. En el preámbulo del "Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial" las partes signatarias anunciaron su intención de examinar la necesidad de acuerdos similares para otras formas de trabajo flexible. el sobre entablar negociaciones El 23 de marzo de 1998, las tres partes (UNICE, CEEP y CES) anunciaron su intención de trabajo de duración determinada. Al cabo de un período de nueve meses, solicitaron a la Comisión, con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, que les fuera concedido un plazo suplementario de 3 meses, a lo que ésta accedió, ampliándolo hasta el 30 de marzo de 1999. Las tres organizaciones concluyeron un acuerdo marco el 18 de marzo de 1999. Transmitieron el acuerdo a la Comisión con la solicitud, conforme al apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social, de que se aplique mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión. 11. Los interlocutores sociales instaron a la Comisión a que: – presentase el acuerdo marco al Consejo con el fin de que, mediante una Decisión del Consejo, las disposiciones del acuerdo sean obligatorias en los Estados miembros firmantes del Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (nº 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; 3 – en su propuesta de aplicación del acuerdo, solicitase de los Estados miembros la adopción de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la decisión del Consejo, a más tardar dos años después de la aprobación de la Decisión, o se asegurase de que los interlocutores sociales establezcan las disposiciones necesarias por medio de un acuerdo antes de finalizar dicho periodo; y, – previese que los Estados miembros puedan disponer, si fuera necesario y previa consulta de los interlocutores sociales, y a fin de tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación por convenio colectivo, de un máximo de un año suplementario para acomodarse a esta Decisión. 12. Tal como se declara en el primer párrafo del preámbulo del acuerdo marco, éste también pretende aportar su contribución a la estrategia europea para el empleo. Análisis del acuerdo 13. En su Comunicación "Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria"7, la Comisión afirma que "antes de presentar al Consejo cualquier propuesta legislativa por la que se aplique un acuerdo, la Comisión lleva a cabo una evaluación en la que se examina el grado de representatividad de las partes contractuales, su mandato y la legalidad de cada cláusula del acuerdo con respecto al Derecho comunitario, así como las disposiciones concernientes a las pequeñas y medianas empresas". Representatividad de las partes contratantes y sus mandatos respectivos 14. Las organizaciones firmantes del acuerdo son la UNICE, el CEEP y la CES. Estas tres organizaciones emprendieron, ya en 1985, un proceso autónomo y voluntario denominado diálogo social de "Val Duchesse". De este diálogo salieron y 5 declaraciones. En particular, alcanzaron un acuerdo significativo en octubre de 1991 destinado a definir el papel y lugar del diálogo social en el nuevo marco comunitario. Los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre la política social se inspiran en gran medida en este acuerdo. 2 recomendaciones, 13 dictámenes 4 acuerdos conjuntos, 15. Las tres organizaciones responden a los criterios siguientes, definidos en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del Protocolo sobre la política social (punto 24)8: – son interprofesionales y están organizadas a nivel europeo; – están compuestas por organizaciones que, a su vez, forman parte integrante de las estructuras de interlocutores sociales de los Estados miembros, tienen la capacidad de negociar acuerdos y son representativas en todos los Estados miembros; 7 8 COM(98) 322 final, 20. 05. 1998; véase asimismo COM(93) 600, 14. 12. 1993 COM(93) 600, 14. 12. 1993 4 16. 17. – disponen de las estructuras adecuadas que garanticen su participación efectiva en la aplicación del Acuerdo sobre la política social. tres organizaciones Estas organizaciones interprofesionales de carácter general, tal como se definen en el Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión. Este anexo se actualiza periódicamente de acuerdo con los resultados de un estudio sobre la representatividad. únicas tres son las El Tribunal Europeo de Primera Instancia se pronunció sobre la cuestión de la representatividad en su fallo de 17 de junio de 1998 sobre el asunto T-135/96 (Unión europea del artesanado y de las pequeñas y medianas empresas (UEAPME) contra el Consejo) en el que la UEAPME había rebatido la legalidad de la Directiva 96/34/CE en lo referente al acuerdo marco sobre el permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia investigó los procedimientos que llevaron a la adopción de la Directiva y, en segundo lugar, evaluó la representatividad de las partes signatarias basándose en las cifras que se le presentaron. Tras haber encontrado correcto el procedimiento legislativo y a las partes firmantes suficientemente representativas en relación con el ámbito material del acuerdo, el TPI declaró que la refutación de la UEAPME no era admisible. La UEAPME recurrió la sentencia, pero más tarde retiró su apelación tras alcanzar un acuerdo de cooperación con UNICE el 4 de diciembre de 1998. Organizaciones patronales 18. los asociados a la UNICE son, con mucho, La federación patronal más representativa del conjunto de los sectores industriales y de las categorías de empresas es la UNICE. En todos los Estados miembros, las federaciones patronales interprofesionales más representativas. Todos sus afiliados a nivel nacional tienen directa o indirectamente un papel en la negociación colectiva, y participan en la Conferencia Internacional del Trabajo. El CEEP aporta una representación significativa del lado de las empresas públicas o empresas con participación pública en los Estados miembros. Organizaciones sindicales 19. La confederación sindical interprofesional más representativa a nivel europeo es, con mucho, la CES. En todos los Estados miembros, sus afiliados son las confederaciones sindicales interprofesionales más representativas. Todos sus asociados a nivel nacional tienen directa o indirectamente un papel en la negociación colectiva y participan en la Conferencia Internacional del Trabajo. Conclusión 20. La Comisión constata que estas tres organizaciones recibieron un mandato específico de sus afiliados a nivel nacional para la negociación sobre el trabajo de duración determinada, y han ratificado el acuerdo marco. Estas 5 tres organizaciones han suscrito el acuerdo marco en nombre de sus miembros nacionales. 21. La Comisión deduce que estas tres organizaciones satisfacen la condición de representatividad que se había comprometido a comprobar antes de transmitir su propuesta. “Legitimidad” de las cláusulas relativas al papel de los interlocutores sociales no firmantes y de sus miembros 22. 23. 24. 25. Otros interlocutores sociales consultados por la Comisión manifestaron su voluntad de participar en las negociaciones. Se informó a la Comisión del intercambio epistolar y de los debates entre los interlocutores sociales firmantes del acuerdo y estos otros interlocutores sociales. la Comisión remitió el acuerdo marco a todas las Por otra parte, organizaciones sindicales y patronales que había consultado o informado previamente y organizó una reunión con las mismas. Algunas organizaciones destacaron el carácter flexible de las disposiciones del acuerdo, que permitirá, cuando se incorpore al Derecho nacional, tener en cuenta las necesidades específicas de determinados sectores o subsectores. Tras comprobar las cláusulas pertinentes, la Comisión considera que el acuerdo marco remite en diversas ocasiones a los interlocutores sociales "a la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales" y preserva, por tanto, ampliamente el papel de los interlocutores sociales no firmantes del acuerdo, así como de sus miembros a nivel nacional. Disposiciones relativas a las pequeñas y medianas empresas 26. 27. 28. El apartado 2 del artículo 137 del Tratado establece que las disposiciones en el ámbito social "evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas". La situación específica de las PYME mereció una especial atención en la elaboración del texto del acuerdo marco. Así, se incluye una referencia explícita a dichas empresas: – Considerando general nº 11 del acuerdo marco: "Considerando que el presente acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las exigencias de la política social, favorecer la competitividad de la economía de la la imposición de limitaciones administrativas, Comunidad y evitar financieras y jurídicas que pudieran obstaculizar la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas". Obviamente, el acuerdo no prevé una excepción al principio fundamental del derecho de no discriminación en favor de las PYME. No obstante, la cláusula 5, que establece las medidas que deben tomarse para evitar los abusos debidos a la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, establece que dichas medidas se introducirán "de forma que se 6 tengan en cuenta las necesidades de sectores y/o categorías de trabajadores específicos". Asimismo, en el apartado 1 de la cláusula 5 se prevé la introducción de "una o varias" medidas reguladoras. Esta flexibilidad respecto a la aplicación de las medidas para prevenir los abusos podría utilizarse de forma que tenga en cuenta las necesidades específicas de los empresarios y los trabajadores de las PYME. Este punto se subraya también en el considerando 10, redactado de la siguiente manera: "Considerando que el presente acuerdo remite a los Estados miembros y los interlocutores sociales para la aplicación de sus principios generales, requisitos y disposiciones mínimas, a fin de tener en cuenta la situación en cada Estado miembro y las circunstancias de algunos sectores y ocupaciones, incluidas las actividades de carácter estacional". Asimismo, las cláusulas 2. 1, 2. 2, 3. 2, 4. 3, 5. 2 y 7. 2 se refieren a la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales, y/o a los interlocutores sociales en lo que se refiere a las disposiciones para su aplicación. Aunque no mencionan expresamente a las PYME, estas disposiciones permitirán adoptar, si fuese necesario, disposiciones nacionales de aplicación que tengan en cuenta sus necesidades específicas. Estas disposiciones muestran la voluntad de los interlocutores sociales de dejar cierto margen de maniobra en la aplicación de los derechos y las obligaciones derivados de este acuerdo, lo cual debería permitir tener en cuenta las necesidades específicas de los trabajadores y las empresas de determinados sectores, y de categorías de trabajadores y empresas, especialmente las PYME (véanse también los considerandos 5, 8 y 12). 29. 30. 31. Por consiguiente, la Comisión concluye que el acuerdo marco respeta las disposiciones relativas a las pequeñas y medianas empresas. “Legalidad” de las cláusulas del acuerdo 32. 9 Habiendo examinado detalladamente cada una de las cláusulas del acuerdo la Comisión no observó disposiciones contrarias al Derecho marco, comunitario. El hecho de que el acuerdo prevea obligaciones para los Estados miembros no cuestiona su legalidad. En efecto, de la 2ª Declaración anexa al acuerdo sobre la política social9 se deduce a contrario que la modalidad de aplicación de los acuerdos entre los interlocutores sociales a escala comunitaria puede crear obligaciones para los Estados miembros. Las obligaciones impuestas a los Estados miembros no son resultado directo del acuerdo entre los interlocutores sociales, sino de la modalidad de aplicación de este acuerdo. Por lo que se refiere al contenido mismo del acuerdo, los apartados 33 a 37 recogen la evaluación que hace la Comisión. “Las once Altas Partes Contratantes declaran que la primera modalidad de aplicación de los acuerdos celebrados entre interlocutores a escala comunitaria - a la que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 4 - consistirá en desarrollar el contenido de dichos acuerdos mediante negociación colectiva y con arreglo a las normas de cada Estado miembro, y que, por consiguiente, dicha modalidad no implica que los Estados miembros estén obligados a aplicar de forma directa dichos acuerdos o a elaborar normas de transposición de los mismos, ni a modificar la legislación nacional vigente para facilitar su ejecución. ” 7 Evaluación del acuerdo 33. 34. 35. 36. 37. 38. La Comisión considera, a la vista de las conclusiones del Consejo Europeo de Essen y de los Consejos Europeos subsiguientes, que las disposiciones sobre el trabajo de duración determinada a escala comunitaria son un factor importante para lograr un equilibro correcto entre flexibilidad y seguridad. La contribución de los interlocutores sociales es, en sí misma, positiva, pues garantiza la toma en consideración simultánea de la competitividad de las empresas y los intereses de los trabajadores. La Comisión comparte plenamente los objetivos del acuerdo marco de los interlocutores sociales y considera que éste es importante en tres aspectos. En primer lugar, la existencia de normas mínimas en el ámbito del trabajo de duración determinada es un paso importante hacia la creación de una plataforma mínima de derechos fundamentales de los trabajadores, tal como se establece en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (véase, en particular, el apartado 7 de la Carta). En segundo lugar, este acuerdo contribuye también a la realización de las conclusiones del Consejo de Essen en lo relativo a la introducción de nuevos métodos flexibles de organización del trabajo. Esta flexibilidad debe responder a las necesidades de las empresas que, frente a la competencia internacional, deben aumentar su competitividad. También debe tener en cuenta los intereses de los trabajadores, evitando los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o relaciones laborales de este tipo. Un acuerdo entre interlocutores sociales en esta materia, fruto de la negociación entre empresarios y trabajadores, es el instrumento más apropiado para conciliar los intereses de ambas partes. En tercer lugar, el acuerdo ilustra el papel que los interlocutores sociales pueden desempeñar en la estrategia europea para el empleo acordada en la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo, celebrada en 1997, y las posteriores Resoluciones del Consejo, en particular la Resolución sobre las directrices para el empleo de 199910. La Comisión considera que concurren todas las condiciones para transmitir una propuesta destinada a aplicar el acuerdo marco entre los interlocutores sociales mediante una decisión del Consejo. La propuesta de la Comisión 39. En su Comunicación de 14 de diciembre de 1993, la Comisión manifestó que "si se llega a la aplicación de un acuerdo concluido a nivel comunitario mediante una decisión del Consejo sobre una propuesta de la Comisión a petición conjunta de los interlocutores sociales, el Consejo no tiene posibilidad de modificar el acuerdo. Por ello, la Comisión se limitará a tras examinar el acuerdo celebrado entre proponer, en todo caso, 10 Resolución del Consejo de 9 de febrero de 1999 sobre las directrices para el empleo de 1999. 8 interlocutores sociales, que se adopte una decisión sobre el acuerdo en los términos en que ha sido concluido". En el caso presente, el instrumento propuesto es una Directiva, por lo que contiene las cláusulas habituales relativas a la aplicación de la Directiva a nivel nacional. Por otra parte, la Comisión también consideró que "la decisión del Consejo deberá limitarse a hacer obligatorias las disposiciones del acuerdo concluido entre los interlocutores sociales. Así, el texto del acuerdo no formará parte de la decisión sino que se adjuntará en Anexo". Por último, la Comisión anunció que "si el Consejo decide, de conformidad con los procedimientos expuestos en el último párrafo del apartado 2 del artículo 4, no aplicar el acuerdo según lo concluido por los interlocutores sociales, la Comisión retirará su propuesta de decisión y examinará, a la luz de los trabajos realizados, si procede proponer un instrumento legislativo en el ámbito en cuestión". La Comisión, por tanto, no ha incluido el texto del acuerdo en su propuesta, sino que se ha limitado a adjuntarlo en Anexo. Por otra parte, reitera que, si el Consejo modifica el acuerdo marco concluido entre los interlocutores sociales, retirará su propuesta. 40. 41. 42. Fundamento jurídico 43. 44. 45. Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, las disposiciones del Acuerdo sobre la política social se han incorporado a los artículos 136 a 139 del Tratado. El apartado 2 del artículo 139 del Tratado establece que “la aplicación de los acuerdos celebrados a nivel comunitario se realizará, en los ámbitos sujetos al artículo 137, a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión". El acuerdo sobre el trabajo de duración determinada se refiere a las condiciones de trabajo, mencionadas en el apartado 1 del artículo 137 del Tratado. Esta materia está incluida en los ámbitos en los que el Consejo puede decidir por mayoría cualificada. Por tanto, el apartado 2 del artículo 139 constituye el fundamento jurídico apropiado para basar la propuesta de la Comisión. Este artículo no prevé la consulta del Parlamento Europeo en relación con las solicitudes enviadas a la Comisión por los interlocutores sociales. No obstante, de conformidad con el compromiso que asumió en su la Comisión mantuvo informado al Parlamento de las Comunicación, distintas fases de consulta con los interlocutores sociales. Le transmite asimismo esta propuesta para que, si lo considera deseable, comunique su parecer a la Comisión y al Consejo. Lo mismo se aplica al Comité Económico y Social. Forma del acto 46. El término "decisión", tal como se define en el apartado 2 del artículo 139 del Tratado, se refiere a uno de los actos legislativos obligatorios del artículo 249 9 del Tratado. Corresponde a la Comisión proponer al Consejo aquél de los tres instrumentos vinculantes de dicho artículo (reglamento, directiva o decisión) que sea más apropiado. En el caso presente, vista la naturaleza (acuerdo marco) y el contenido del texto de los interlocutores sociales, es aplicado evidente que este acuerdo marco está pensado para indirectamente a través de disposiciones que los Estados miembros y/o los interlocutores sociales deberán incorporar al Derecho nacional de los Estados miembros. Por ello, en este caso, el instrumento más apropiado para su aplicación es una directiva del Consejo. Por otra parte, de conformidad con los compromisos asumidos, la Comisión considera que el texto del acuerdo no debe formar parte de la Directiva, sino que debe figurar en Anexo. ser 47. Por lo que se refiere a los artículos de su propuesta, la Comisión hace las observaciones siguientes. – Artículo 1 – Este artículo se limita a aplicar el acuerdo marco entre los interlocutores sociales mediante una decisión del Consejo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 139 del Tratado. – Artículos 2 a 5 – Estos artículos contienen las disposiciones habituales para la transposición a la legislación nacional de los Estados miembros. – Mas concretamente, el apartado 1 del artículo 2 indica que las disposiciones de la Directiva sólo prevén exigencias mínimas y dejan a los Estados miembros y/o los interlocutores sociales la posibilidad de adoptar medidas más estrictas en el ámbito en cuestión. – El apartado 2 del artículo 2 consiste en una cláusula tipo de "no retroceso" que afecta a los Estados miembros que tengan, en el momento de la adopción de la Directiva, un nivel de protección más elevado que el garantizado por el acuerdo marco adjunto en anexo. La cláusula en cuestión prevé que no haya un retroceso en el nivel general de protección de los trabajadores debido a la aprobación de la Directiva comunitaria, al tiempo que concede a los Estados miembros la posibilidad de adoptar medidas diferentes dictadas por su política económico-social, siempre que se satisfagan las exigencias mínimas previstas por el acuerdo marco. En todo caso, es evidente que el margen de maniobra de los Estados miembros sólo se refiere al nivel de protección superior al mínimo garantizado por la Directiva. – El artículo 3 impone a los Estados miembros la obligación de prever sanciones que tengan un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo. En efecto, en el marco de la aplicación del Derecho comunitario, es importante que, como en todo sistema jurídico, por una parte se disuada de infringir el Derecho comunitario a todos aquellos sobre los que pesan obligaciones resultantes de dicho Derecho y, por otra parte, se sancione como corresponde a los que no lo respeten. 10 – Los artículos 4 y 5 incluyen disposiciones de transposición a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros. Justificación de la Directiva respecto a la subsidiariedad 48. 49. La propuesta de directiva del Consejo relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES se ajusta a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal como se establece en el artículo 5 del Tratado. En lo que se refiere al principio de subsidiariedad, la necesidad de la acción comunitaria, ésta se justifica porque los interlocutores sociales, en el marco del procedimiento previsto por el artículo 3 del Acuerdo sobre la política social (artículo 138 del Tratado, tal como ha sido modificado por el Tratado de Amsterdam), convinieron en la necesidad de una acción comunitaria en la materia y solicitaron la aplicación de su acuerdo celebrado a escala comunitaria mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, en virtud del apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social (apartado 2 del artículo 139 del Tratado, modificado por el Tratado de Amsterdam). Cabe destacar, por otra parte, que esta iniciativa se inscribe en las conclusiones del Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 y en su seguimiento y, en particular, en las Resoluciones del Consejo sobre las directrices para el empleo de 1998 y 199911. 50. Desde el punto de vista de la proporcionalidad, la Directiva del Consejo responde a esta exigencia en la medida en que se limita a fijar los grandes los Estados miembros, mientras que el objetivos que deben alcanzar contenido de la directiva viene fijado por los interlocutores sociales y no por la Comunidad. Conclusión 51. Se pide al Consejo que adopte la propuesta de Directiva relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada suscrito por la UNICE, el CEEP y la CES. 11 Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1997 sobre las directrices para el empleo de 1998 y Resolución del Consejo de 9 de febrero de 1999 sobre las directrices para el empleo de 1999. 11 Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 139, Vista la propuesta de la Comisión12, (1) (2) (3) (4) Considerando que, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, las disposiciones del Acuerdo sobre la política social anexo al Protocolo (nº 14) sobre la política social, anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea modificado por el Tratado de Mastricht, han sido incorporadas a los artículos 136 a 139 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; Considerando que los sociales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 139 del Tratado, pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos a nivel comunitario mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión; interlocutores Considerando que el punto 7 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores prevé entre otras cosas que "la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía del progreso, de dichas condiciones, en particular en lo que respecta a (. ) las formas de trabajo distintas del trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo de duración determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo interino y el trabajo de temporada"; Considerando que el Consejo no pudo pronunciarse sobre la propuesta de Directiva relativa a determinadas relaciones laborales en lo que respecta a las distorsiones de la competencia13, modificada14, ni sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a determinadas relaciones laborales en lo que respecta a las condiciones de trabajo15; (5) Considerando que las conclusiones del Consejo Europeo de Essen destacaron la necesidad de adoptar medidas para "un aumento de la intensidad de creación 12 13 14 15 DO C. DO C 224 de 8. 9. 1990, p. 6 COM(90) 533 final; DO C 305 de 5. 12. 1990, p. 8 DO C 224 de 8. 9. 1990, p. 4 12 (6) (7) (8) (9) de empleo del crecimiento, en particular mediante una organización más flexible del trabajo, que corresponda a los deseos de los trabajadores y a los requisitos de la competencia”; Considerando que en la Resolución del Consejo de 9 de febrero de 1999 relativa a las directrices para el empleo de 1999 se invita a los interlocutores sociales, a todos los niveles apropiados, a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, incluidas las fórmulas flexibles de trabajo, con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas y de alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad; Considerando que la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, consultó a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción comunitaria en materia de flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad de los trabajadores; Considerando que la Comisión, considerando tras dicha consulta que una acción comunitaria era deseable, consultó nuevamente a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta prevista, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de dicho Acuerdo; Considerando que las organizaciones interprofesionales de carácter general [Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) y Confederación Europea de Sindicatos (CES)] informaron a la Comisión, el 23 de marzo de 1998, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 4 de dicho Acuerdo; que solicitaron de la Comisión, mediante carta conjunta, un plazo suplementario de tres meses; que la Comisión accedió a dicha petición, ampliando el plazo de negociación hasta el 30 de marzo de 1999; (10) Considerando que dichas organizaciones interprofesionales celebraron el 18 de marzo de 1999 un acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y que transmitieron a la Comisión su petición conjunta de aplicar el mencionado acuerdo marco mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social; (11) Considerando que el Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre de 1994 sobre determinadas perspectivas de una política social de la Unión Europea: contribución a la convergencia económica y social de la Unión16, invitó a los interlocutores sociales a aprovechar las posibilidades de celebrar convenios, puesto que por regla general están más cerca de la realidad social y los problemas sociales; (12) Considerando que las partes contratantes, en el preámbulo del acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado el 6 de junio de 1997, anunciaron su intención de examinar la necesidad de acuerdos similares para otras formas de trabajo flexible; 16 DO C 368 de 23. 12. 1994, p. 6 13 (13) Considerando que los interlocutores sociales quisieron conceder una atención especial al trabajo de duración determinada, al tiempo que indicaban que tenían la intención de considerar la necesidad de acuerdos similares para otras formas de trabajo; (14) Considerando que las partes contratantes expresaron el deseo de celebrar un acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que enuncie los principios generales y las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las relaciones laborales de este tipo; que han demostrado su deseo de mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando la aplicación del principio de no discriminación, y su voluntad de establecer un marco para impedir los abusos derivados de la utilización de trabajo de duración determinada o de relaciones laborales de este tipo; contratos de sucesivos (15) Considerando que el acto adecuado para la aplicación de dicho acuerdo marco es una Directiva con arreglo al artículo 249 del Tratado; que, por consiguiente, obligará a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejándoles, sin embargo, la elección de la forma y de los medios; (16) Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad que se enuncian en el artículo 5 del Tratado, los Estados miembros no pueden realizar en suficiente medida los objetivos de la presente Directiva, por lo que pueden lograrse mejor a escala comunitaria; que la presente Directiva se limita al mínimo indispensable para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para tal fin; (17) Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva, de conformidad con su Comunicación de 14 de diciembre de 199317 relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social y su Comunicación de 20 de mayo de 199818 relativa a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria, teniendo en cuenta el carácter representativo de las Partes Contratantes, su mandato y la legalidad de cada cláusula del acuerdo marco; (18) Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva basándose en el respeto del apartado 2 del artículo 137 del Tratado, que prevé que las trabas de carácter disposiciones en materia social “evitarán establecer administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas”; (19) Considerando que la Comisión, de conformidad con su Comunicación relativa a la aplicación del Acuerdo sobre la política social, informó al Parlamento Europeo, enviándole el texto del acuerdo marco, acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de motivos; 17 18 COM(93) 600, 14. 12. 1993 COM(98) 322 final, 20. 5. 1998 14 (20) Considerando que la Comisión informó asimismo al Comité Económico y Social, enviándole el texto del acuerdo marco, acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de motivos; (21) Considerando que las disposiciones de la Directiva prevén condiciones mínimas que dejan la posibilidad a los Estados miembros y/o a los interlocutores sociales de introducir disposiciones más favorables; (22) Considerando que la aplicación de la Directiva no puede justificar un retroceso en relación con la situación actualmente existente en cada Estado miembro; (23) Considerando que los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de éstos, la aplicación de la presente Directiva, a condición de que adopten todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por la presente Directiva; (24) Considerando que la aplicación del acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos contemplados en el artículo 136 del Tratado, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La presente Directiva tiene por objeto aplicar el acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES), que figura en el Anexo. Artículo 2 1. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más favorables que las previstas en la presente Directiva. 2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente que justifique una reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por ésta, y ello sin perjuicio del derecho de los Estados miembros y/o interlocutores sociales a fijar, habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales, reglamentarias o contractuales diferentes de las existentes en el momento de la adopción de la presente Directiva, y siempre que se respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva. Artículo 3 Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasivas. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión como máximo en la fecha mencionada en el artículo 4, y toda modificación posterior que les afecte en el plazo más breve posible. 15 Artículo 4 Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar después de dos años de su adopción o se asegurarán de que, como máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, y tras consultar con los interlocutores sociales, podrán disponer como máximo de un año suplementario. Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstancias. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Artículo 5 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente 16 ANEXO CES-UNICE-CEEP Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada Preámbulo El presente acuerdo marco ilustra el papel que los agentes sociales pueden desempeñar en la estrategia europea para el empleo acordada en la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo, celebrada en 1997, y, tras el acuerdo marco sobre trabajo a tiempo parcial, representa una nueva contribución para la consecución de un mayor equilibrio entre "flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad para los trabajadores". Las partes de este acuerdo reconocen que los contratos de duración indefinida son, y seguirán siendo, la forma más común de relación laboral entre empresarios y trabajadores. También reconocen que los contratos de trabajo de duración determinada responden, en ciertas circunstancias, a las necesidades de los empresarios y de los trabajadores. El presente acuerdo establece los principios generales y los requisitos mínimos relativos al trabajo de duración determinada, reconociendo que su aplicación detallada debe tener en cuenta la realidad de las situaciones nacionales, sectoriales y estacionales específicas. Ilustra la voluntad de los interlocutores sociales de establecer un marco general para garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada, protegiéndolos contra la discriminación, y con el fin de utilizar contratos laborales de duración determinada sobre una base aceptable para los empresarios y los trabajadores. Este acuerdo se aplica a los trabajadores que tienen un contrato de duración determinada, a excepción de los puestos a disposición de una empresa usuaria por una agencia de trabajo temporal. Las partes tienen la intención de estudiar la necesidad de un acuerdo similar para las agencias de trabajo temporal. El presente acuerdo tiene por objeto las condiciones de empleo de los trabajadores con un contrato de duración determinada, aunque reconoce que los asuntos relativos a la seguridad social obligatoria son competencia de los Estados miembros. A este respecto, los interlocutores sociales recuerdan la Declaración sobre el Empleo del Consejo Europeo de Dublín, celebrado en 1996, que puso de relieve, entre otras cosas, la necesidad de desarrollar sistemas de seguridad social más favorables al empleo, "desarrollando regímenes de protección social capaces de adaptarse a los nuevos modelos de trabajo y que faciliten una protección adecuada a las personas que efectúan esos nuevos tipos de trabajo". Las partes de este acuerdo reiteran la opinión expresada en el acuerdo de 1997 sobre el trabajo a tiempo parcial, instando a los Estados miembros a poner en práctica esta Declaración sin más demora. 17 Asimismo, se reconoce también que es necesario introducir innovaciones en los sistemas de protección social del trabajo, para adaptarlos a las condiciones actuales y, en especial, para prever la posibilidad de transferencia de derechos. La CES, la UNICE y el CEEP piden a la Comisión que presente este acuerdo marco al Consejo para que éste, mediante una Decisión, haga vinculantes estos requisitos en los Estados miembros firmantes del Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (nº 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Las partes del presente acuerdo ruegan a la Comisión que, en su propuesta para la aplicación del acuerdo, pida a los Estados miembros que adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con lo dispuesto en la Decisión del Consejo, a más tardar dos años después de su adopción, o que garanticen19 que los interlocutores sociales establecerán las disposiciones necesarias, mediante acuerdo, antes de que finalice este período. Los Estados miembros, en caso necesario y tras consultar con los interlocutores sociales, y a fin de tener en cuenta las dificultades específicas o para una aplicación por convenio colectivo, podrán disponer como máximo de un año suplementario para el cumplimiento de esta disposición. Las partes firmantes de este acuerdo piden que se consulte a los interlocutores sociales antes de que un Estado miembro adopte cualquier iniciativa legislativa, reglamentaria o administrativa para ajustarse al presente acuerdo. Sin perjuicio de la función de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia, las partes firmantes del presente acuerdo piden a la Comisión que les remita, en primera instancia, todo asunto relativo a la interpretación del acuerdo a escala europea para que puedan emitir su opinión. Consideraciones generales 1. Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (Nº 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 3. 4 y 4. 2; 2. Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social establece que los acuerdos celebrados a nivel comunitario se aplicarán, a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión; 3. Considerando que la Comisión, en su segundo documento de consulta sobre la flexibilidad del tiempo de trabajo y la seguridad de los trabajadores, anunció su intención de proponer una medida comunitaria jurídicamente vinculante; 19 A tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo (No 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 18 4. Considerando que el Parlamento Europeo, en su informe sobre la propuesta de una directiva relativa al trabajo a tiempo parcial, invitaba a la Comisión a someter inmediatamente propuestas de directivas sobre otras formas de trabajo flexible, tales como el trabajo de duración determinada y el trabajo temporal; 5. Considerando que en las conclusiones de la cumbre extraordinaria sobre el empleo de Luxemburgo el Consejo Europeo, ha invitado, a los interlocutores sociales a negociar acuerdos para “modernizar la organización del trabajo, incluidas las fórmulas flexibles de trabajo, para que las empresas sean más productivas competitivas y alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad”; 6. Considerando que los contratos de trabajo de duración indefinida son la forma más común de relación laboral, y que contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a la mejora de los resultados; 7. Considerando que la utilización de contratos de trabajo de duración determinada basados en razones objetivas es una forma de evitar abusos; 8. Considerando que los contratos de duración determinada son característicos del empleo en algunos sectores, ocupaciones y actividades y que pueden convenir tanto a los empresarios como a los trabajadores; 9. Considerando que más de la mitad de los trabajadores con contratos de duración determinada en la Unión Europea son mujeres, y que, por lo tanto, este acuerdo puede contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres; 10. Considerando que el presente acuerdo remite a los Estados miembros y los interlocutores sociales para la aplicación de sus principios generales, requisitos y disposiciones mínimas, a fin de tener en cuenta la situación en cada Estado miembro y las circunstancias de algunos sectores y ocupaciones, incluidas las actividades de carácter estacional; 11. Considerando que el presente acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las exigencias de la política social, de favorecer la competitividad de la economía de la Comunidad y evitar la imposición de limitaciones administrativas, financieras y jurídicas que pudieran obstaculizar la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; 12. Considerando que los interlocutores sociales son quienes se encuentran mejor situados para encontrar soluciones que se ajusten tanto a las necesidades de los empresarios como a las de los trabajadores y que, por consiguiente, se les debe otorgar un papel especial en la puesta en práctica y la aplicación del presente acuerdo. LAS PARTES FIRMANTES HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: El objeto del presente acuerdo marco es: Objeto (cláusula 1) (1) Mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación. 19 (2) (1) Establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de contratos o de relaciones de trabajo de duración determinada de forma sucesiva. Ámbito de aplicación (cláusula 2) El presente acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación de trabajo esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro. (2) Los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, podrán prever que el presente acuerdo no se aplique a: a) b) las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje; los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa específico de formación, inserción y reconversión profesionales, de naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos. Definiciones (cláusula 3) (1) (2) A efectos del presente acuerdo, se entenderá por “trabajador con contrato de duración determinada” el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una tarea específica o la celebración de un acontecimiento determinado. A efectos del presente acuerdo, se entenderá por “trabajador con contrato de duración indefinida comparable” un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificacion/las tareas que desempeña. En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio de trabajo, colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales. Principio de no discriminación (cláusula 4) (1) Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de la duración de su contrato, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 20 (2) (3) (4) (1) Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis. Las fórmulas de aplicación de la presente cláusula las definirán los Estados miembros, previa sociales, y/o los interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales. interlocutores con los consulta Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas. Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5) A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva contratos o de relaciones de trabajo de duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los legislación, interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas: (a) (b) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones de trabajo; la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada; (c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. (2) Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinar en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada: (a) (b) se considerarán “sucesivos”; se considerarán concluidos por tiempo indefinido. Información y oportunidades de empleo (cláusula 6) (1) Los empresarios informarán a los trabajadores con contrato de duración determinada de los puestos vacantes en la empresa o el centro de trabajo, para garantizarles que tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo. 21 (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) En la medida de lo posible, los empresarios deberán facilitar el acceso de los trabajadores con contrato de duración determinada a las oportunidades de formación adecuadas para mejorar su cualificación profesional, el desarrollo de su carrera laboral y su movilidad profesional. Información y consulta (cláusula 7) Los trabajadores con contrato de duración determinada serán tenidos en cuenta para calcular el límite a partir del cual pueden constituirse en las empresas, conforme a las disposiciones nacionales, los órganos de representación de los trabajadores previstos en la legislación nacional y comunitaria. Las fórmulas de aplicación de la presente cláusula son definidas por los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, según las legislaciones, los convenios colectivos y las prácticas nacionales, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 4. 1. En la medida de lo posible, los empresarios deberán procurar facilitar la información adecuada a los órganos de representación de los trabajadores existentes sobre el trabajo de duración determinada en la empresa. Disposiciones para la puesta en práctica (cláusula 8) Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán mantener o introducir disposiciones más favorables para los trabajadores que las previstas en el presente acuerdo. El presente acuerdo se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias más las disposiciones comunitarias relativas a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. en particular, de específicas y, La aplicación de las disposiciones del presente acuerdo no podrá constituir una justificación válida para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el presente acuerdo. El presente acuerdo no limita el derecho de los interlocutores sociales a celebrar convenios, al nivel apropiado, incluido el nivel europeo, que adapten y/o completen sus disposiciones de una manera que tenga en cuenta las necesidades específicas de los interlocutores sociales afectados. La prevención y la resolución de los litigios y quejas que origine la aplicación del presente acuerdo se resolverán de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales. Las partes signatarias reexaminarán la aplicación del presente acuerdo cinco años después de la fecha de la decisión del Consejo, si así lo solicita una de las partes del presente acuerdo. 22 FRITZ VERZETNITSCH GEORGES JACOBS ANTONIO CASTELLANO AUYANET Presidente de la CES Presidente de la UNICE Presidente del CEEP EMILIO GABAGLIO DIRK F. HUDIG JYTTE FREDENSBORG Secretario General Secretario General Secretaria General de la CES de la UNICE del CEEP 18 de marzo de 1999 23 ANEXO FICHA DE IMPACTO IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS ESPECIALMENTE SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) Título de la propuesta: Propuesta de Directiva del Consejo relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. Número de referencia del documento: 99005 Propuesta: 1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, expóngase la necesidad de una normativa comunitaria en este campo y cuáles son sus principales objetivos El objetivo de la presente Directiva es aplicar el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, conforme al apartado 2 del artículo 139 del Tratado. Este artículo prevé la posibilidad de aplicar los acuerdos celebrados por los interlocutores sociales mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión. Los signatarios pidieron conjuntamente a la Comisión que presentase una propuesta del Consejo. La Comisión, de acuerdo con su Comunicación20 relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social, procedió a un triple examen del acuerdo. La Comisión considera que se reúnen todas las condiciones (carácter representativo de legalidad de las cláusulas del acuerdo y respeto de las las partes contratantes; disposiciones específicas relativas a las PYME) y que se debe adoptar su propuesta de Directiva del Consejo. Su impacto sobre las empresas: 2. Precise qué empresas resultarán afectadas por la propuesta Todas las empresas y todos los trabajadores pueden verse afectados por el acuerdo marco, independientemente del sector de actividad y del tamaño de la empresa. 3. ¿Qué tendrán que hacer las empresas para cumplir los requisitos de la propuesta? Como se indica en la cláusula 1 del acuerdo marco, las empresas deberán garantizar la supresión de las discriminaciones contra los trabajadores con contrato de trabajo o relación laboral de duración determinada. Si bien el acuerdo marco permitirá a los empresarios recurrir plenamente a los contratos de trabajo de duración determinada siempre que se respeten las exigencias 20 COM(93) 600, final. 24 específicas nacionales y sectoriales (véase la cláusula 5 del acuerdo), su objeto es evitar el abuso de los contratos o relaciones laborales de este tipo. Varias cláusulas se refieren a la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales, y/o a los interlocutores sociales en el nivel apropiado y dejan un amplio margen de maniobra a cada empresa. En consecuencia, las exigencias precisas para las empresas deberán determinarse en gran medida a nivel nacional, sectorial o de empresa. 4. Efectos económicos probables de la propuesta La aplicación del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada contribuye a la realización de la segunda prioridad fijada en Essen por el Consejo Europeo: la introducción de nuevos métodos flexibles de organización del trabajo. En las conclusiones de la cumbre extraordinaria sobre el empleo, celebrada en Luxemburgo, el Consejo Europeo invitó a los interlocutores sociales a "modernizar la organización del trabajo, incluidas las fórmulas flexibles de trabajo, con el fin de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas y de alcanzar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad". Un acuerdo entre interlocutores sociales sobre esta materia, fruto de la negociación entre empresarios y trabajadores, resulta ser el instrumento más apropiado para reconciliar los intereses de ambas partes. Dado que el presente documento es un acuerdo marco, es decir, que deja un margen considerable para variaciones en su aplicación, no pueden preverse con exactitud sus consecuencias económicas a escala de la Unión o con anterioridad a su aplicación. Dichas consecuencias económicas dependerán de la forma en que sea aplicada la Directiva a nivel nacional, sectorial y de empresa, teniendo particularmente en cuenta la flexibilidad prevista en la cláusula 5 del acuerdo. No obstante, desde un punto de vista estadístico, puede indicarse que la proporción de trabajadores con un contrato temporal o de duración determinada en la UE fue del 11% para los hombres y el 13% para las mujeres en 1997. Puesto que el acuerdo no se aplica a los trabajadores puestos a disposición de una empresa usuaria por una agencia de trabajo temporal, la proporción de personas que trabajan con un contrato o una relación laboral de duración determinada es inferior al 10% de la mano de obra disponible en la Unión Europea, si bien la proporción ha ido aumentando constantemente21. El acuerdo supone un marco equilibrado y flexible para regular la creciente tendencia a la utilización de contratos de duración determinada y, a la vez, previene el abuso de dichos contratos. También debe señalarse que, en el segundo apartado del preámbulo del acuerdo, los reconocen que los contratos de trabajo de duración interlocutores determinada responden, en algunas circunstancias, tanto a las necesidades de los empresarios como a las de los trabajadores. sociales 5. Señálese si pequeñas y medianas empresas (obligaciones menores o diferentes, etc. ) la propuesta contiene medidas especialmente diseñadas para las Durante la redacción del acuerdo, se prestó especial atención a la situación específica de las PYME, por lo que estas son citadas expresamente en los siguientes términos: 21 Informe sobre el empleo en Europa en 1998. 25 – Considerando general nº 11 del acuerdo: "Considerando que el presente acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las exigencias de la política social, favorecer la competitividad de la economía de la Comunidad y evitar la imposición de limitaciones administrativas, financieras y jurídicas que pudieran obstaculizar la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. " Es evidente que el acuerdo no prevé explícitamente ninguna excepción al principio básico de no discriminación en favor de las PYME. No obstante, la cláusula 5, que establece las medidas que deben adoptarse para evitar la utilización de sucesivos contratos de duración determinada, dispone que tales medidas deberán introducirse "de forma que se tengan en cuenta las necesidades de sectores y/o categorías de trabajadores específicos". Asimismo, en el apartado 1 de la cláusula 5 se establece la introducción de "una o varias" de las medidas. Naturalmente, esta flexibilidad en lo que se refiere a la aplicación de las medidas para evitar abusos podría utilizarse de forma que se tengan en cuenta las necesidades especiales de los empresarios y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Esta posibilidad se subraya en el considendo general nº10 del acuerdo, de la siguiente manera: "Considerando que el presente acuerdo remite a los Estados miembros y los interlocutores sociales para la aplicación de sus principios generales, requisitos y disposiciones mínimas, a fin de tener en cuenta la situación en cada Estado miembro y las circunstancias de algunos sectores y ocupaciones, incluidas las actividades de carácter estacional". Asimismo, las cláusulas 2. 1, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5. 2 y 7. 2 remiten a la legislación nacional, a los convenios colectivos o a la práctica habitual y a los interlocutores sociales en lo referente a las disposiciones para su aplicación. Aunque no mencionan expresamente a las pequeñas y medianas empresas, dichas cláusulas permiten la adopción de fuera necesario para tener en cuenta necesidades disposiciones nacionales, si particulares. Estas disposiciones demuestran la voluntad de los interlocutores sociales de dejar un margen de maniobra en la aplicación de los derechos y obligaciones previstos en el acuerdo, para tener en cuenta las necesidades específicas de los trabajadores y de las empresas de determinados sectores y categorías de trabajadores y de empresas, incluidas las PYME (véanse también las consideraciones generales 5, 8 y 12). Consultas 6. Cítense los organismos que han sido consultados sobre la propuesta y expóngase la opinión que han dado sobre ella Todas las organizaciones representativas22 pudieron exponer su opinión en la primera consulta. También fueron invitadas por la Comisión a una reunión de consulta sobre el acuerdo marco. Por lo que se refiere a su posición, véanse los apartados 22 a 25 de la exposición de motivos. 22 Conforme a la Comunicación relativa a la aplicación del Acuerdo sobre la política social: COM(93) 600, 14. 12. 1993. 26


title: Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/117/EEG om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar"

eurovoc_concepts:
EC Directive
animal disease
animal product
food inspection
health legislation
proposal (EU)

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text: 16. 6. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 169/17 deras, om än begränsade, deltagande i de utbildningsåtgärder som planeras. Finansieringen skulle kunna tas från den budget som föreslås i dok. KOM(1998) 769 slutlig eller från andra EU-källor. 4. 4. Vidare är det lämpligt att hålla internationella organisa- tioner, till exempel Internationella sjöfartsorganisationen, in- formerade om framstegen, i hopp om att de skall använda EU:s regelverk som exempel i internationella sammanhang. Bryssel den 28 april 1999. Ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Beatrice RANGONI MACHIAVELLI Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/117/EEG om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsbur- na infektioner och förgiftningar” (1999/C 169/08) Den 22 april 1999 beslutade rådet i enlighet med artikel 43 och 198 i EG-fördraget att rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag. Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som varit ansvarig för det förberedande arbetet i detta ärende, antog sitt yttrande den 8 april 1999. Föredragande var Leif E. Nielsen. Vid sin 363:e plenarsession 1999 den 28–29 april 1999 (sammanträdet den 28 april 1999) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 93 röster för och 3 nedlagda röster. 1. Inledning 1. 1. Rådets direktiv 92/117/EEG ålägger medlemsstaterna att se till att det vidtas vissa skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infektio- ner och förgiftningar. I direktivet föreskrivs upprättandet av ett rapporteringssystem för fall av zoonoser samt övervakning, kontroll och slutlig utrotning av vissa spridningsbenägna salmonellatyper hos besättningar av avelsfjäderfän. Direktivet innehåller också bestämmelser som gäller utvecklingen av kontrollprogram för andra zoonotiska agenser än salmonella. Kommissionen skall övervaka utvecklingen på detta område och bland annat utarbeta riktlinjer för åtgärder som skall vidtas i kampen mot zoonoser. Direktivet antogs visserligen enhälligt av rådet, men 1. 2. man insåg snart att alla medlemsstater inte var i stånd att genomföra bestämmelserna i direktivet. Kravet på slakt och destruktion etc. av besättningar av fjäderfän som smittats av salmonella (S. enteritidis och S. typhimurium) visade sig innebära särskilda svårigheter. Endast fyra medlemsstater har genomfört direktivet fullt ut, och av dem fick Sverige och Finland vid anslutningen till Europeiska unionen år 1995 rätt att under obegränsad tid kräva garantier i samband med handel. Trots att tidsgränsen genom direktiv 97/22/EEC förlängdes till 1997 har ett antal länder ännu inte meddelat sina nationella planer för att förverkliga de mål som angavs i direktivet, och inte heller för genomförandet av åtgärder på området. 1. 3. Kommissionen har nu för avsikt att göra genomgripan- de förändringar av den politik som hittills har förts och av målsättningarna för den framtida strategin. Det handlar fram- för allt om flexibilitet vid förverkligandet av målsättningarna i de olika medlemsstaterna, om åtgärder som är avsedda att hejda spridningen av zoonotiska agenser genom handel, åtgärder som är avsedda att förhindra uppkomsten av handels- relaterade tvister med tredje land, upprättandet av principen ”från-gård-till-bord”, och vad gäller denna aspekt, införandet av en ”god praxis inom jordbruket”. 1. 4. Senast den 1 januari 1996 skulle kommissionen egent- ligen ha lagt fram en rapport och ett förslag till revidering av direktivet mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts. Tidsfristen flyttades fram till 1997, men även denna tidsfrist har överskridits med ett och ett halvt år. Kommissionen beklagar nu att den på grund av frågans komplicerade natur C 169/18 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 16. 6. 1999 inte kan lägga fram några nya förslag, och den anser att det finns anledning att genomföra grundligare undersökningar. Kommissionen föreslår därför att tidsfristen förlängs och att en rapport tillsammans med förslag till förändringar läggs fram före den 31 mars 2000. Vidare föreslås att dessa åtgärder antas av rådet senast den 31 december 2000. Medlemsstaterna skall sedan ha genomfört direktivet senast den 31 maj 2001. För tredje land anges tidsfristen för genomförandet, vid anslutningen till Europeiska unionen, till ett år efter det att dessa bestämmelser trätt i kraft. Enligt kommissionen måste ytterligare medel skjutas 1. 5. till för utrotning och kontroll av zoonoser hos djur och även för andra program som syftar till att förebygga zoonoser. För år 1999 har en summa motsvarande 36 miljoner euro avsatts. Vidare har gemenskapen inrättat referenslaboratorier för sal- monella och salmonellaepidemiologi, och dessa har till uppgift att bistå de nationella laboratorierna när det gäller analysmeto- der, jämförande tester, utbildning och laboratorieresurser. 2. Allmänna kommentarer 2. 1. Under den debatt som hölls i februari 1996 om den föregående förlängningen av tidsfristen framhöll Ekonomiska och sociala kommittén att direktiv 92/117/EEC innehöll vissa brister, och att det uppstod en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i de olika medlemsstaterna (1) eftersom detta instrument inte hade genomförts i vissa medlemsstater. ESK påpekade också att konsumenterna i allt högre grad blev medvetna om problemet med salmonella, samt att det var nödvändigt att vidta omfattande åtgärder för att uppfylla de krav fördraget ställer på en hög hälsoskyddsnivå. ESK under- strök i detta sammanhang att det främja och verkställa tillämpningen av kontrollåtgärder beträffande salmonella i alla länder inom Europeiska unionen. Mot bak- grund av de obetydliga framsteg som gjorts sedan dess är dessa påpekanden minst lika relevanta nu som de var för tre år sedan. fanns skäl att 2. 2. Utöver vad som anges i artikel 129 i EG-fördraget har man, mot bakgrund av BSE-krisen, otaliga gånger under senare år betonat att unionen måste skapa en hög konsumentskydds- nivå och en hög livsmedelssäkerhet. Zoonoserna utgör i detta avseende det största problemet. Det finns inga tillförlitliga och jämförbara rapporter om hur många sjukdomsfall och dödsfall i unionen som beror på zoonoser. Endast en mindre andel av antalet sjukdomsfall har registrerats. Zoonoserna medför avsevärda kostnader för sjukdom och förlorade arbetsdagar och förorsakar personligt lidande för de berörda och även dödsfall i förtid. Antalet registrerade sjukdomsfall i Europeiska unionen som orsakas av salmonella uppgår enligt inofficiella beräkningar till mer än 200 000 per år. Det verkliga antalet sjukdomsfall anses ligga mellan 10 och 50 gånger högre, och de direkta kostnaderna beräknas till mellan 2 och 10 miljarder euro per år. 2. 3. I de flesta medlemsländerna är det ägg och kött från fjäderfän som är den viktigaste orsaken till att människor insjuknar i salmonella. S. enteritidis utgjorde således även under 1998 ett allvarligt problem i de flesta medlemsländerna. Troligtvis hänger detta samman med produktionen av ägg för konsumtion, och situationen hade kunnat undvikas om man hade följt de ursprungliga riktlinjerna. 2. 4. Enligt ESK:s uppfattning är det oacceptabelt att så många medlemsstater inte har kunnat genomföra direktivet i högre grad sedan 1992 trots att ett antal särskilda program har genomförts, att kommissionen inte mycket tidigare har vidtagit rättsliga åtgärder för att se till att bestämmelserna i fråga genomförs, samt att kommissionen inte har lagt fram adekvata förslag till förändringar. Denna fråga belyser den oacceptabla situation som råder inom Europeiska unionen när det gäller fastställande av tidsgränser. Varken institutionerna eller medlemsstaterna tar tidsgränserna på allvar. I framtiden är det viktigt att i så hög grad som möjligt fastställa realistiska tidsgränser, och att dessa tidsgränser sedan verkligen respek- teras. ESK uppmanar kommissionen att så snart som möjligt 2. 5. utarbeta lämpliga förslag i syfte att korrigera försummelserna. Kommittén anser också att tidsfristerna borde vara betydligt kortare än vad som föreslagits. Den nya förlängningen av tidsfristerna riskerar att få som resultat att flera medlemsstater väljer en passiv attityd ända fram till 2001, vilket kommer att leda till en försämring av situationen. 2. 6. Flera zoonoser, exempelvis salmonella, måste elimine- ras från fjäderfäbesättningar samt från svin- och nötkreatursbe- stånd genom insatser vad gäller inköp av djur och djurfoder, desinficering av ladugårdar osv. , samt genom förbättrad för- valtning. Vid slakt bör man dessutom förhindra att exempelvis salmonella från smittade djur sprids från strupar och inälvor till köttet. Slutligen är det viktigt med insatser på de områden som anges nedan samt att man värnar om kökshygienen. 2. 7. I den rådande situationen skulle särskilda insatser kunna göras när det gäller slakt, något som skulle leda till en märkbar förbättring av hygienen. Av denna anledning föreslår ESK att kommissionen snarast vidtar sådana åtgärder, så att de medlemsstater som ännu inte genomfört direktivet om zoonoser åläggs att så snabbt som möjligt presentera ett program för hur de tänker sig att i första hand genomföra målinriktade insatser när det gäller slakt. I ett senare skede skulle man — med hänsyn tagen till att denna fråga är mer komplicerad — kunna planera och genomföra insatser rörande råvaruproduktion. ESK fruktar emellertid att utformningen av en ny strategi på detta område, och särskilt ”en god praxis inom jordbruket”, kommer att ta alltför lång tid. (1) EGT C 97, 1. 4. 1996, s. 29. Enligt ESK:s uppfattning är det av avgörande betydelse 2. 8. att kommissionen så snart som möjligt offentliggör den statistik som finns på detta område, så att allmänheten får 16. 6. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 169/19 möjlighet att följa utvecklingen och bedöma situationen i de olika medlemsstaterna. Samtidigt skulle en sådan översikt kunna utgöra en kraftig stimulans för marknadskrafterna, företagen och konsumenterna, vilket påverkar hela produk- tions- och distributionskedjan från ”gården till matbordet”. 2. 9. Europeiska unionen försöker uppnå en hög harmonise- ringsnivå vad gäller veterinära bestämmelser. Det finns ingen riktigt bra gemensam nämnare mellan Europeiska unionens insatser beträffande zoonoser och de insatser som gjorts för att bekämpa andra smittsamma djursjukdomar, särskilt med avseende på inre marknadens funktion. Åtgärder måste snabbt vidtas för att lösa det problem 2. 10. som följande två villkor leder till: för det första införandet av fri handel på inre marknaden och för det andra en konsolide- ring av situationen i de områden i EU där man kunnat konstatera de mest tillfredsställande förhållandena vad gäller zoonoser, en konsolidering som syftar till att förhindra att situationen i dessa områden försämras till följd av import av produkter som infekterats av zoonotiska agenser. De länder där man lyckats minska salmonellaförekomsten till ett minimum i animaliska produkter kommer till exempel givetvis att kräva garantier i samband med import från andra medlemsstater och från tredje land, krav som man inte lätt kommer att kunna bortse från. Om man inte finner en lösning på denna konflikt, finns risken att det uppstår krav på garantier i samband med leda till en handeln, något som följaktligen kommer att regionalisering av inre marknaden. Enligt artikel 14 i direktivet om zoonoser är tredje 2. 11. länder skyldiga att presentera ett program med uppgifter om de garantier som landet kan lämna i fråga om zoonoser och zoonotiska agenser. Detta är ett villkor för att komma med eller vara kvar på gemenskapens lista över tredje länder från vilka import till EU är tillåten. Inget tredje land har dock ännu presenterat något program, och av detta skäl bör man formellt avbryta importen från de berörda länderna. Vad gäller de EU-länder som förbättrat eller håller på att förbättra situationen utgör denna import en risk för spridning av zoonotiska agenser, för osäkerhet bland konsumenterna och för orimlig snedvridning av konkurrensen. Tredje länder kommer dess- utom att kunna kräva garantier från Europeiska unionen beträffande import med ursprung i EU. 2. 12. Det förslag som syftar till att flytta fram tidsfristen till tidigast 2002 sätter också Europeiska unionens trovärdighet gentemot tredje land på mycket hårda prov. Kandidatländerna, som är skyldiga att införa gemenskapens regelverk, kan inte heller undgå att tappa respekten för Europeiska unionens regler på detta oerhört viktiga område, något som oundvikligen skapar prejudikat och samtidigt lägger en tung börda på den framtida utvecklingen. Zoonosers förekomst i djurbestånden medför ökad 2. 13. konsumtion av antibiotika. Olika internationella instanser har förebygga utvecklingen dragit slutsatsen att man för att av resistenta stammar så långt som möjligt bör begränsa användningen av antibiotika (1). Av detta skäl kan man genom en aktiv kamp mot zoonoser i animalieproduktionen samtidigt bidra till att förhindra att bakteriestammar blir resistenta mot olika kända antibiotika, vilket är av betydelse såväl för animalieproduktionen som för behandling av sjukdomar bland människor. 3. Särskilda kommentarer 3. 1. ESK anser att man så snart som möjligt bör genomföra en vetenskaplig utvärdering av de åtgärder för att förhindra och behandla zoonotiska sjukdomar som medlemsstaterna vidtagit mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119 av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (2). 3. 2. I ESK:s yttrande från februari 1996 uppmanades kommissionen och övriga berörda parter att organisera en offentlig konferens om problemet med zoonoser. ESK vill här återigen framhålla att det vore bra att organisera en sådan konferens för att allmänheten inom EU skall få större förståelse för de åtgärder som måste vidtas på detta område. Konferensen skulle till exempel kunna äga rum i samband med de arbetsse- minarier som regelbundet anordnas av det tyska institutet för konsumenthälsoskydd och veterinärmedicin (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, BGVV), med säte i Berlin. Tack vare att ESK består av olika intressegrupper 3. 3. har kommittén ett omfattande engagemang när det gäller bekämpning av och skydd mot zoonoser. Av detta skäl begär vi att ESK i god tid skall inbjudas att delta i kommande diskussioner för att vi skall kunna föreslå lämpliga förbättringar vad gäller kampen mot zoonoser. Avsikten är att uppnå en hög hälsoskyddsnivå utan snedvridning av handeln på inre marknaden eller av konkurrensen mellan olika producenter. ESK uppmanar dessutom kommissionen att se till att 3. 4. frågorna om säkerhet vad gäller djurfoder prioriteras vid de kommande förhandlingarna inom Världshandelsorganisatio- nen (WTO). Här är en klart utformad kontrollstrategi inom EU för problem kopplade till zoonoser förmodligen en nödvändig förutsättning för att Europeiska unionen skall få en stark förhandlingsposition på det internationella planet. 4. Sammanfattning 4. 1. Med tanke på den betydelse som zoonoserna har för hälsoläget och ekonomin beklagar ESK att kommissionen och medlemsstaterna inte redan tidigare försökt uppnå de mål som anges i direktivet från 1992, och ESK tvivlar även på det lämpliga i en ytterligare senareläggning. Mot bakgrund av de satsningar som genomförs i medlemsstaterna för att förhindra en ny spridning av zoonoser, måste kommissionen snarast göra en översikt över situationen och lägga fram lämpliga (1) Jfr. Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande från september 1998 om ”Antibiotikaresistens — en folkhälsorisk” (EGT C 407, 28. 12. 1998, s. 7), och slutsatserna från Europeiska unionens konferens i Köpenhamn i september 1998 om hotet från mikro- berna. (2) EGT L 268, 3. 10. 1998. C 169/20 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 16. 6. 1999 förslag som syftar till att denna situation skall kunna bemästras så snart som möjligt. Om detta inte sker hotar mycket allvarliga problem att uppstå vad gäller inre marknadens sätt att fungera. Dessutom bör man offentliggöra befintlig statistik och snarast anordna en vetenskaplig konferens. Att snabbt klargöra Euro- peiska unionens politik på detta område är därutöver av avgörande betydelse för relationerna till omvärlden. Bryssel den 28 april 1999. Ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Beatrice RANGONI MACHIAVELLI Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens förslag till priser på jordbruksprodukter (1999/2000)” (1) (1999/C 169/09) Den 23 mars 1999 beslutade rådet att i enlighet med artiklarna 43 och 198 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag. Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som ansvarade för det förberedande arbetet, antog sitt yttrande den 8 april 1999. Föredragande var Rudolf Strasser. Vid sin 363:e plenarsession den 28-29 april 1999 (sammanträdet den 28 april) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 90 röster för, 2 emot och 4 nedlagda röster. 1. Sammanfattning av kommissionens förslag 1. 2. Utvecklingen av jordbruksproduktionen 1. 1. Jordbruket 1998 1. 1. 1. Odlingsåret 1998 kännetecknades av en utpräglad försämring av läget på jordbruksmarknaderna för en del produkter. Den ekonomiska och finansiella krisen i vissa tredje länder har framför allt drabbat marknaderna för griskött och nötkött. Världsmarknadspriserna för spannmål har fallit till 1. 1. 2. den lägsta nivån på fem år efter två på varandra följande rekordskördar. Efterfrågan på världsmarknaderna ökar inte längre lika snabbt. Interventionslagren för spannmål, framför allt korn och råg, hade mot slutet av 1998 vuxit till 16 miljoner ton och förorsakade också sjunkande priser. 1. 1. 3. Medan priserna sjönk för de flesta produkter var det endast priserna för frukt (utom citrusfrukter), vin, potatis och nötkött som steg. (1) EGT C 59, 1. 3. 1999, s. 1-27. 1. 2. 1. 1998 års skörd på cirka 208 miljoner ton spannmål (en ökning på 2,1 % jämfört med 1997) innebar ett nytt rekord. Detta beror på att avkastningen ökade med 4,2 %. A¨ ven skörden av oljehaltiga växter ökade — med 6,5 % till 15,5 miljoner ton, varav 14,2 miljoner ton skall användas som livsmedel. 1. 2. 2. Produktionen av sockerbetor minskade kraftigt (på grund av minskade arealer: 7,5 %, och minskad avkastning: 5 %). A¨ ven produktionen av olivolja minskade kraftigt (med 500 000 ton). (till 1. 2. 3. Mjölkproduktionen antas ha minskat 120 miljoner ton) och produktionen av nötkött antas ha minskat med 4,2 % till 7,5 miljoner ton. litet Å andra sidan har produktionen av griskött ökat 1. 2. 4. med cirka 6,5 %, av fjäderfäkött med 2,1 % och av får- och getkött med 2,9 %