title: Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior»

eurovoc_concepts:
EC Directive
commercial law
distance selling
electronic equipment
proposal (EU)
trade regulations

text: C 169/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 6. 1999 3. 7. El CES considera que la posibilidad de cooperacio´ n internacional en virtud del artı´culo 7. 2 de la propuesta de la Comisio´ n queda demasiado limitada en lo que se refiere a los paı´ses que podrı´an participar. 4. Sı´ntesis A modo de conclusio´ n, el CES desea subrayar que 4. 1. valora el programa en su conjunto, pese a las reservas expresadas anteriormente. No obstante, desea sen˜ alar el riesgo de que, en su forma actual, su a´mbito de aplicacio´ n quede restringido. Huelga decir que es conveniente y necesario luchar contra todos los dan˜ os que ocasionan la violencia, los malos tratos y la explotacio´ n sexual, pero no debe omitirse la necesidad de abordar las causas de dicha violencia. Otra de las deficiencias del programa radica en que la violencia, el abuso y la explotacio´ n sexual no se consideren una violacio´ n de los derechos humanos. Bruselas, el 28 de abril de 1999. La Presidenta del Comité Econo´mico y Social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI Dictamen del Comité Econo´ mico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurı´dicos del comercio electro´ nico en el mercado interior» (1) (1999/C 169/14) El 23 de abril de 1999, de conformidad con el artı´culo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidio´ consultar al Comité Econo´ mico y Social sobre la propuesta mencionada. La Seccio´ n de Mercado U´ nico, Produccio´ n y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobo´ su dictamen el 15 de abril de 1999 (ponente: Sr. Glatz). En su 363o Pleno de los dı´as 28 y 29 de abril de 1999 (sesio´ n del 29 de abril), el Comité Econo´ mico y Social ha aprobado por 115 votos a favor, 2 votos en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen. 1. Introduccio´ n 1. 1. El comercio electro´ nico puede brindar una serie de oportunidades a los ciudadanos y a la economı´a de Europa: mayor crecimiento econo´ mico, creacio´ n de puestos de trabajo, posibilidades de desarrollo de nuevos productos y mercados, aumento de la competitividad de las empresas europeas y amplia oferta de bienes y servicios a los consumidores europeos. 1. 1. 1. La realizacio´ n de los efectos mencionados —por ejemplo, en el campo del empleo— dependera´, no obstante, de una serie de condiciones marco. El Comité propone a la Comisio´ n que estudie con ma´s intensidad estas cuestiones, prestando particular atencio´ n a su relacio´ n con el empleo. 1. 1. 2. Los efectos positivos empezara´n a notarse sobre todo si Europa consigue una buena posicio´ n a escala mundial (1) DO C 30 de 5. 2. 1999, p. 4. —particularmente en relacio´ n con los Estados Unidos— en el a´mbito considerado. Actualmente, sin embargo, los Estados Unidos (segu´ n datos de la OCDE) generan un 80 % aproxima- damente del comercio electro´ nico. Por ello, para Europa es esencial adoptar medidas que en el futuro le permitan aprovecharse también de las oportunidades del comercio electro´ nico y no quedar rezagada con respecto al dinamismo de los Estados Unidos. 1. 2. Para una optimizacio´ n de los posibles efectos positivos, es necesario —por una parte— eliminar los obsta´culos jurı´di- cos al comercio electro´ nico y —por otra— crear las condicio- nes para que los potenciales usuarios de los servicios del comercio electro´ nico (consumidores, e igualmente empresas) confı´en en el comercio electro´ nico. Es preciso encontrar un equilibrio o´ ptimo entre estas dos exigencias. Dado el gran alcance de la Directiva y sus imbricaciones con otros a´mbitos normativos, habra´ que abordar el tema de manera muy minuciosa y responsable. 16. 6. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 169/37 1. 3. La Directiva tiene por objeto promover la difusio´ n del comercio electro´ nico mediante la eliminacio´ n de obsta´culos jurı´dicos al comercio. No obstante, en el caso de que nuevos métodos de contratacio´ n a distancia lleguen a gozar de amplia aceptacio´ n entre los clientes (consumidores, e igualmente empresas), el mantenimiento de los niveles de proteccio´ n de los consumidores y de sus datos en el comercio tradicional debe situarse en el nu´ cleo de las reflexiones, teniendo también en cuenta los condicionamientos técnicos del comercio electro´ - nico y las posibilidades para su aplicacio´ n pra´ctica. La gran mayorı´a de la sociedad no dispone actualmente 1. 4. de pleno acceso a los servicios de informacio´ n. Existen algunos grupos de poblacio´ n —sobre todo personas mayores— que no son accesibles por vı´a electro´ nica o que buscan exclusiva- mente el contacto personal con la otra parte contractual. El Comité considera que los servicios importantes para la vida cotidiana (como la gestio´ n de cuentas bancarias) también deben seguir siendo accesibles por vı´as distintas de la electro´ - nica, a fin de no excluir de su utilizacio´ n a determinados grupos sociales. La utilizacio´ n de nuevas tecnologı´as no puede llevar tampoco a que se creen barreras para algunos grupos de poblacio´ n, dificultando o impidiendo su participacio´ n en el comercio electro´ nico. Por consiguiente, la polı´tica seguida en Europa debe tener por objetivo evitar que existan grupos de poblacio´ n que queden privados de acceso a los servicios de la sociedad de la informacio´ n por carecer de posibilidades técnicas o de conocimientos, o bien por su situacio´ n econo´ - mica. 1. 4. 1. La instruccio´ n, formacio´ n y educacio´ n de los consu- midores son también una condicio´ n indispensable para facilitar a grupos ma´s amplios de usuarios un acceso exento de riesgo a los servicios de la sociedad de la informacio´ n. 1. 5. Para modalidades de venta que tecnolo´ gicamente pue- den superar con tanta facilidad las fronteras nacionales se requieren sin duda soluciones globales. E´ sta es la razo´ n por la que recientemente se han celebrado intensos debates a distintos niveles internacionales. El tema ha sido abordado en una serie de conferencias y foros internacionales entre los gobiernos y los medios interesados. Cabrı´a citar al respecto, en particular, las conferencias de la OCDE celebradas en Turku (noviembre de 1997) y Ottawa (octubre de 1998), la conferencia ministerial del G7 que tuvo lugar en Bruselas en febrero de 1995 y la conferencia ministerial de Bonn, de julio de 1997. También en el marco de la OMC se han iniciado numerosos trabajos en este a´mbito. Aunque a estos niveles se han hecho indudables progresos, las ma´s de las veces los resultados de estos debates y negociaciones no han trascendido hasta la fecha el plano de los principios generales. 1. 6. Es necesario, pues, si se quieren aprovechar las oportu- nidades econo´ micas y sociales que se ofrecen a Europa, adoptar también iniciativas a escala europea. El hecho de que el comercio electro´ nico genere cambios de gran calado en la actividad comercial y en la convivencia humana ha motivado que Europa haya adoptado una serie de iniciativas especial- mente encaminadas a delimitar un marco preciso para el desarrollo futuro del comercio electro´ nico, con el fin de estimular en los servicios que éste presta inversiones que tengan efectos positivos en el crecimiento, la competitividad y el empleo en la UE. 1. 6. 1. siguientes: Entre tales iniciativas se encuentran, por ejemplo, las • • • • • • la «Comunicacio´ n de la Comisio´ n al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Econo´ mico y Social y al Comité de las Regiones — Iniciativa europea de comercio electro´ nico» (1); la «Comunicacio´ n de la Comisio´ n al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Econo´ mico y Social y al Comité de las Regiones — El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicacio´ n electro´ nica — Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado» (2); la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comu´ n para la firma electro´ nica» (3); la «Comunicacio´ n de la Comisio´ n al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Econo´ mico y Social y al Comité de las Regiones — La mundializacio´ n y la sociedad de la informacio´ n — Necesidad de reforzar la coordinacio´ n internacional» (4); la «Propuesta de Decisio´ n del Consejo por la que se adopta un plan plurianual de accio´ n comunitaria para fomentar la seguridad en la utilizacio´ n de Internet» (5), que refuerza la confianza en las redes mediante una serie de medidas y, por tanto, se encuadra igualmente entre las actividades de fomento del comercio electro´ nico; el Parlamento Europeo también ha instado a la Comisio´ n, en su reciente Resolucio´ n de 14 de mayo de 1998, a que presente cuanto antes una propuesta de Directiva que resuelva estos problemas de manera coherente. 2. La propuesta de la Comisio´ n 2. 1. La propuesta de Directiva objeto del presente Dictamen intenta suprimir la inseguridad y los obsta´culos jurı´dicos derivados de las disparidades entre los ordenamientos naciona- les; en la propuesta se examinan cinco cuestiones esenciales que pretenden formar un todo coherente para el comercio electro´ nico. Las cinco cuestiones mencionadas en la propuesta de 2. 2. Directiva son las siguientes: 2. 2. 1. Lugar de establecimiento de los prestadores de servicios de la sociedad de la informacio´ n. — Se define el lugar de establecimiento. Adema´s, se prohı´ben los regı´menes especı´ficos de autorizacio´ n para los servicios de la sociedad de la informacio´ n. En cuanto a la informacio´ n, se fijan determina- dos requisitos que el prestador de servicios debera´ cumplir para garantizar la transparencia de sus actividades. (1) COM(97) 157 final de 16. 4. 1997, Dictamen del CES publicado en el DO C 19 de 21. 1. 1998, p. 72. (2) COM(97) 503 final de 8. 10. 1997, Dictamen del CES publicado en el DO C 157 de 25. 5. 1998, p. 1. (3) COM(1998) 297 final de 13. 5. 1998, DO C 325 de 23. 10. 1998, p. 5; Dictamen del CES publicado en el DO C 40 de 15. 2. 1999. (4) COM(1998) 50 final de 4. 2. 1998; Dictamen del CES publicado en el DO C 284 de 14. 9. 1998, p. 6. (5) COM(97) 582 final, DO C 48 de 13. 2. 1998; Dictamen del CES publicado en el DO C 214 de 10. 7. 1998, p. 29. C 169/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 6. 1999 2. 2. 2. Comunicaciones comerciales (publicidad, ma´rketing directo, etc. ). — En la propuesta se define el concepto de «comunicaciones comerciales». En relacio´ n con ellas, se fijan determinados requisitos de transparencia. Ası´, por ejemplo, se dispone que las comunicaciones comerciales debera´n ser claramente identificables como tales, al igual que las personas en cuyo nombre se realizan. También las comunicaciones comerciales no solicitadas debera´n estar identificadas como tales de forma clara para su destinatario. 2. 2. 3. Contratos. — Los Estados miembros debera´n adaptar su legislacio´ n para que, en particular, los requisitos formales no impidan el recurso efectivo a la contratacio´ n electro´ nica. También se busca aumentar la seguridad jurı´dica determinando claramente el momento de celebracio´ n del contrato. 2. 2. 4. Responsabilidad de los intermediarios. — Conviene precisar qué responsabilidad incumbe a los prestadores de servicios en lı´nea por lo que se refiere a la transmisio´ n y almacenamiento de datos pertenecientes a terceras personas. En la propuesta se prevé una excepcio´ n para los casos en que los prestadores de servicios realicen un «mero transporte» y se limita su responsabilidad en lo que se refiere a las dema´s actividades de «intermediario». 2. 2. 5. Aplicacio´ n de las normativas. — Esta´ previsto fomen- tar la elaboracio´ n de co´ digos de conducta a escala comunitaria, estimular la cooperacio´ n administrativa entre Estados miem- bros y facilitar la creacio´ n de otros sistemas eficaces para solucionar conflictos transfronterizos. Se posibilitara´ la solu- cio´ n extrajudicial de conflictos. 3. Observaciones generales sobre la propuesta de Direc- tiva 3. 1. Es indiscutible que la existencia de marcos jurı´dicos dispares y faltos de claridad perjudica el comercio electro´ nico e impide que éste produzca efectos positivos. Por tanto, las iniciativas que ofrecen una mayor seguridad jurı´dica a prestadores y usuarios merecen valorarse positivamente. La Comisio´ n presenta la propuesta de Directiva en 3. 1. 1. un momento oportuno, puesto que el tra´fico jurı´dico y comercial por vı´a electro´ nica representa en la mayorı´a de los Estados miembros de la Unio´ n un tema en dina´mica evolucio´ n. Es manifiesta la estrecha vinculacio´ n material con la Directiva sobre la firma electro´ nica (1). La propuesta de Directiva relativa a determinados 3. 2. aspectos jurı´dicos del comercio electro´ nico en el mercado interior, presentada por la Comisio´ n, tiene como finalidad prioritaria eliminar las barreras de naturaleza jurı´dica que podrı´an obstaculizar la propagacio´ n de las modalidades elec- tro´ nicas de prestacio´ n de servicios en Europa. 3. 3. El Comité acoge con particular satisfaccio´ n las medidas de acompan˜ amiento que contiene la propuesta en materia de proteccio´ n de consumidores (como la informacio´ n exigida al prestador de servicios o la creacio´ n de un mecanismo de solucio´ n extrajudicial de conflictos). El Comité considera de (1) COM(97) 503 final de 8. 10. 1997; Dictamen del CES publicado en el DO C 157 de 25. 5. 1998, p. 1; COM(1998) 297 final, DO C 325 de 23. 10. 1998, p. 5; Dictamen del CES 1444/98 publicado en el DO C 40 de 15. 2. 1999, p. 5. capital importancia que el fomento del comercio electro´ nico no se haga a costa de una reduccio´ n del nivel de proteccio´ n de los consumidores. 3. 4. No deben existir, en principio, marcos jurı´dicos diferen- tes para el comercio electro´ nico y para el tradicional cuando ello no esté objetivamente justificado. Las condiciones marco deben ser neutras desde el punto de vista tecnolo´ gico. Ya que, por su naturaleza, el comercio tradicional puede ser objeto de normas especı´ficas (por ejemplo, disposiciones urbanı´sticas), pueden producirse discriminaciones y falseamientos de la competencia. El Comité opina que este aspecto debe estar presente en las reflexiones tendentes a lograr mejores condicio- nes marco para el comercio electro´ nico. 3. 5. La peculiaridad de la Directiva reside en que su a´mbito de aplicacio´ n abarca sectores extensos (como las comunicaciones comerciales y la contratacio´ n electro´ nica), en cada uno de los cuales sin embargo se han previsto u´ nicamente armonizaciones parciales. Para la adopcio´ n de normas naciona- les de ma´s alcance se requiere un procedimiento de comitologı´a previo (artı´culo 22). 3. 6. En aquellos a´mbitos no armonizados mediante la Directiva, pero que entran dentro de su a´mbito de aplicacio´ n, se aplica el principio de paı´s de origen. De acuerdo con éste, se aplicara´ el ordenamiento jurı´dico del paı´s en el que tenga su establecimiento el prestador de servicios. Este planteamiento tiene su origen en la consideracio´ n de que para el prestador es difı´cil adaptar su actividad al marco jurı´dico de los paı´ses de destino. Aunque la Directiva no modifica el Derecho comuni- 3. 6. 1. tario vigente, no cabe excluir en modo alguno que entre en conflicto con las disposiciones nacionales de incorporacio´ n del Derecho comunitario. De hecho, hay algunas Directivas en materia de proteccio´ n de los consumidores que fueron aprobadas para constituir una normativa «de mı´nimos». Ası´, por ejemplo, el artı´culo 14 de la Directiva relativa a la proteccio´ n de los consumidores en materia de contratos a distancia (2) concede a los Estados miembros la posibilidad de introducir o conservar un nivel de proteccio´ n ma´s elevado y, en particular, de prohibir la venta a distancia de determinados bienes y servicios (como los medicamentos). 3. 6. 2. El Comité admite en lo fundamental la idea en que se basa el principio de paı´s de origen. E´ ste reduce los costes jurı´dicos para el prestador de servicios de la sociedad de la informacio´ n y, por tanto, en principio lo privilegia oportuna- mente. Adema´s, el principio de paı´s de origen brinda la oportunidad de una mejor aplicacio´ n de las disposiciones protectoras, al hacer recaer la responsabilidad en las autorida- des del paı´s de origen. 3. 6. 3. Para los demandantes de servicios —en especial, los consumidores—, la aplicacio´ n del principio en cuestio´ n significa, sin embargo, verse confrontados con distintos siste- mas jurı´dicos que regulan el contenido, calidad y seguridad jurı´dica de los servicios de la sociedad de la informacio´ n. Dadas las diferencias entre los sistemas nacionales, las condiciones marco vigentes presentan a menudo considerables divergen- cias. Por tanto, la aplicacio´ n del principio de paı´s de origen puede suponer un peligro para el usuario en situaciones en que la funcio´ n protectora de la normativa del paı´s del usuario deja de tener efectos. (2) Directiva 97/7/CE de 20. 5. 1997, DO C 144 de 4. 6. 1997, p. 19. Dictamen del CES publicado en el DO C 19 de 25. 1. 1993, p. 11. 16. 6. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 169/39 3. 6. 4. Dado que los consumidores de un Estado miembro pueden no estar familiarizados con los derechos que les confiere la normativa de otro Estado en que esté establecido el prestador de servicios, el Comité urge a los Estados miembros y a la Comisio´ n Europea a garantizar la ra´pida creacio´ n de una red transfronteriza de agencias u o´ rganos unipersonales (ombudsmen) de defensa del consumidor, que actu´ en como canales y eventualmente como a´rbitros en caso de litigio entre consumidores de un paı´s y prestadores de servicios establecidos en otro distinto. Esta red salvaguardarı´a el concepto de «mercado u´ nico», al tiempo que proporcionarı´a un medio ma´s simple, barato y eficaz que la vı´a judicial para resarcir a los consumidores, sin perjuicio del derecho de éstos a presentar una demanda si no alcanzan satisfaccio´ n. 3. 6. 5. El Comité —que comprende plenamente que se simplifiquen las cosas al prestador— estima, por consiguiente, que en este campo es preciso proceder con mucha precaucio´ n y seguir reflexionando en tanto siga echa´ndose en falta una armonizacio´ n al ma´s alto nivel. Ası´ lo reconoce también la propuesta de Directiva al enumerar a´reas en las que el principio general no es aplicable. 3. 6. 6. El Comité sen˜ ala que pueden estar justificadas ma´s excepciones en a´mbitos en que los ordenamientos jurı´dicos de los Estados miembros son muy diferentes o hacia los cuales es (por ejemplo: muy sensible la opinio´ n pu´ blica nacional publicidad para nin˜ os, juegos de azar con fines publicitarios, expedicio´ n de medicamentos, prestacio´ n reglamentada de servicios). La aplicacio´ n universal del principio de paı´s de origen, por ejemplo en el a´mbito de la publicidad, podrı´a poner al consumidor ante pra´cticas publicitarias a las que nunca habı´a estado expuesto. Es en los a´mbitos sensibles precisamente donde un «forum shopping» plantearı´a proble- mas —es decir, la eleccio´ n del lugar de establecimiento segu´ n la normativa ma´s favorable para el prestatario—, sobre todo si se tiene en cuenta que para las PYME so´ lo es posible con limitaciones. Au´ n serı´a necesario, pues, elaborar criterios que sirvan de guı´a para determinar en qué a´reas es aplicable el principio de paı´s de origen y en cua´les no lo es por el momento. Obviamente, tales reflexiones no pueden conducir a la creacio´ n de obsta´culos al mercado interior. Adema´s, el objetivo con vistas al futuro debe ser disponer de normas armonizadas a un nivel elevado. El Comité observa que muchas de las disposiciones de 3. 7. la propuesta de Directiva adolecen au´ n de falta de claridad y que se necesitan formulaciones ma´s precisas. 4. Observaciones particulares 4. 1. Artı´culo 2: definiciones 4. 1. 1. El Comité sen˜ ala que la creciente convergencia técnica puede hacer que las definiciones lleguen a hacerse ra´pidamente obsoletas. En efecto, como pone de manifiesto claramente el Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicacio´ n y tecnologı´as de la informacio´ n (1), los mercados en convergencia dara´n (1) COM(97) 623 final; Dictamen del CES publicado en el DO C 214 de 10. 7. 1998, p. 79. lugar a servicios hı´bridos que combinen elementos de diversas categorı´as cla´sicas de servicios. En el caso de las aplicaciones multimedia —como los televisores dotados de navegadores para Internet, los ordenadores capaces de captar emisiones de radio o televisio´ n, la radiotelefonı´a o la telefonı´a vocal vı´a Internet—, las fronteras entre la comunicacio´ n individual y la de masas tienden a difuminarse. El Comité, por tanto, recomienda que en el examen ulterior de la propuesta de Directiva se tengan en cuenta estos problemas y que, cuando se fijen definitivamente las definiciones, se prevea la posibilidad de desarrollos posteriores. Ası´ se garanti- zara´ que no caera´n en obsolescencia al poco tiempo. 4. 1. 2. Por otra parte, la definicio´ n de los «servicios de la sociedad de la informacio´ n» suscita, en particular, una serie de cuestiones de delimitacio´ n, que tampoco quedan completa- mente aclaradas a la luz de la Directiva 98/48 (2) ni de su Anexo V. Con el fin de lograr una mayor inteligibilidad y claridad, convendrı´a que la Comisio´ n presentase listas positivas y negativas (como en el Anexo V de dicha Directiva) para los servicios actualmente existentes. 4. 1. 3. de «a´mbito coordinado», «prestador de servicios establecido». También adolecen de falta de claridad las definiciones «comunicaciones comerciales» y 4. 1. 4. El concepto de «consumidor» puede definirse del siguiente modo: «cualquier persona fı´sica que tenga su residen- cia en el territorio de la Comunidad y que, en los contratos que son objeto de la presente Directiva, actu´ e con fines que no entran en el marco de su actividad comercial o profesional». Dado que el a´mbito de aplicacio´ n de la propuesta de 4. 1. 5. Directiva considerada suscitara´ muchas cuestiones y reviste especial importancia, resulta particularmente necesario delimi- tarlo con precisio´ n. 4. 2. Artı´culo 3: mercado interior El artı´culo 3 prevé la obligacio´ n del Estado miembro 4. 2. 1. en que esta´ establecido el prestador de servicios de velar por que las actividades de este u´ ltimo sean conformes a Derecho («principio de paı´s de origen»). En el punto 3. 6 se han abordado ya las repercusiones del principio de paı´s de origen. 4. 3. Artı´culo 4: principio de no autorizacio´n previa 4. 3. 1. Este artı´culo dispone que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la informacio´ n no se puede supeditar a ningu´ n requisito especı´fico. Sin embargo, segu´ n prevé también la propuesta de Directiva, ello no ira´ en perjuicio de las dema´s normas generales de autorizacio´ n. (2) Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de informacio´ n en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 217 de 5. 8. 1998, p. 18. C 169/40 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 6. 1999 4. 4. Artı´culo 5: informacio´n general exigida 4. 4. 1. El Comité se congratula de que la lista de obligaciones de informacio´ n mı´nima existente en la Directiva relativa a los contratos a distancia se complete con importantes datos adicionales sobre el prestador de servicios. Por otra parte, el Comité propone que se haga referencia explı´cita a dichas obligaciones de informacio´ n mı´nima impuestas por la Direc- tiva 97/7/CE sobre contratos a distancia (1), y en particular a su artı´culo 4, que enumera todas las informaciones de que debe disponer el consumidor previamente a la celebracio´ n de cualquier contrato a distancia (y, en particular, la obligacio´ n de informar de manera clara, precisa y completa a los consumidores, antes de que se materialice el contrato, acerca de la ley aplicable a éste), y a su artı´culo 6, que concede al consumidor un derecho de resolucio´ n. El Comité, no obstante, considera que también 4. 4. 2. serı´an oportunas otras informaciones, sin recargar por ello al consumidor y al prestador con un exceso de informacio´ n (por ejemplo, las siguientes: para qué regiones es va´lida cada oferta, durante cua´nto tiempo queda el prestador vinculado por su oferta, el plazo previsto para el cumplimiento de la prestacio´ n, el seguro, las condiciones generales del contrato). 4. 4. 3. Deben hacerse, adema´s, algunas advertencias especı´- ficas con respecto a la seguridad de los productos. La informacio´ n al consumidor sobre posibles riesgos (por ejem- plo, mediante indicaciones relativas al producto o instrucciones de uso) es un criterio importante a la hora de decidir una compra. Los clientes deben ser informados también acerca de 4. 4. 4. las limitaciones de distribucio´ n, los tiempos de descarga (cuando sea posible) y la situacio´ n relativa a las licencias de los programas. 4. 5. Artı´culo 6: comunicaciones comerciales 4. 5. 1. En los medios de comunicacio´ n tradicionales existe una separacio´ n ma´s o menos clara entre los mensajes publicita- rios y el contenido editorial. Sin embargo, no se puede descartar el riesgo de que no se respete tal delimitacio´ n. Por ello, en el caso del comercio electro´ nico es au´ n ma´s necesario contrarrestar tal riesgo. 4. 5. 2. La publicidad y la mercadotecnia no pueden ser evaluadas suficientemente por los compradores (sean éstos empresas o consumidores finales) si el mensaje no permite reconocer claramente a sus destinatarios que se trata de publicidad y mercadotecnia. En consecuencia, el CES se congratula de que en el artı´culo 6 se exija una serie de informaciones. 4. 6. Artı´culo 7: comunicacio´n no solicitada 4. 6. 1. Para los destinatarios de la comunicacio´ n comercial lo que cuenta a menudo no es so´ lo el hecho de que la publicidad electro´ nica no haya sido solicitada, sino también —por motivos tecnolo´ gicos— la cantidad de informacio´ n no deseada a la que se enfrentan y los costes telefo´ nicos y de capacidad de almacenamiento que implica. La cantidad representa también un problema para los intermediarios (proveedores). 4. 6. 2. La propuesta de Directiva dispone que las comunica- ciones comerciales no solicitadas y hechas por correo electro´ - nico debera´n estar identificadas como tales. Ası´, tanto el destinatario como el proveedor tendra´n la posibilidad de rechazar la publicidad electro´ nica no deseada, filtra´ndola mediante un programa al efecto. Sin embargo, en este caso corresponde al destinatario tomar la iniciativa. 4. 6. 3. Con todo, estas soluciones no dejan de ser imperfec- tas. El proveedor no puede proceder al filtrado sin consenti- miento del usuario —excepto en los casos evidentes de intrusio´ n—, puesto que, de hacerlo, los usuarios que quieran la informacio´ n no podra´n recibirla. Por otra parte, el usuario no podra´ acceder a los mensajes que sı´ desea (por ejemplo, los privados) si la capacidad de su buzo´ n se ha agotado durante una ausencia suya por un perı´odo prolongado. El Comité, por tanto, propone que se considere otra 4. 6. 4. opcio´ n, a saber, la de que el usuario interesado por la informacio´ n manifieste expresamente su interés, conforme al principio de libre disposicio´ n en materia informativa. Esta opcio´ n esta´ prevista para los Estados miembros (véase el anexo II), pero deberı´a preverse con cara´cter general. 4. 7. Artı´culo 8: profesiones reguladas 4. 7. 1. Esta disposicio´ n de la Directiva refleja una evolucio´ n observable generalmente en los a´mbitos reglamentados, a saber, una actitud abierta y positiva hacia los servicios de la sociedad de la informacio´ n; por otra parte, reconoce que en este contexto sigue existiendo necesidad de una reglamenta- cio´ n, con vistas a la indispensable proteccio´ n de intereses superiores (proteccio´ n de consumidores y otros interesados, prestacio´ n fiable de los servicios, prevencio´ n de abusos, etc. ). En lı´neas generales, esta regulacio´ n merece una acogida favorable. No obstante, sera´ necesario prestar especial atencio´ n a la medida en que las competencias normativas explı´citas de los Estados miembros y el principio de subsidiariedad permiten actuar a escala europea. El Comité observa que una reglamenta- cio´ n por medio de co´ digos de conducta elaborados por asociaciones y organismos profesionales es insuficiente si no se establecen los criterios correspondientes a tales co´ digos. 4. 8. Contratos por vı´a electro´nica 4. 8. 1. Requisitos formales para determinados tipos contrac- tuales se prevén no so´ lo en disposiciones nacionales, sino también en actos jurı´dicos comunitarios [como la Directiva sobre crédito al consumo (2)]. Ello supone un reconocimiento de la necesidad de imponer la forma escrita para facilitar la pra´ctica de la prueba o alertar a las partes en el contrato de la especial significacio´ n de celebrarlo. El artı´culo 9 obliga a los Estados miembros a hacer lo necesario para que el régimen jurı´dico «no entorpezca la utilizacio´ n real de los contratos por vı´a electro´ nica, ni conduzca a privar de efecto y de validez jurı´dica a este tipo de contratos». 4. 8. 2. Es indiscutible que los acuerdos alcanzados por vı´a electro´ nica también deben ser eficaces por principio. No obstante, en sectores sensibles del comercio tiene que ser (1) Directiva 97/7/CE de 20. 5. 1997, DO L 144 de 4. 6. 1997, p. 19. (2) Directiva 98/7/CE de 16. 2. 1998, DO L 101 de 1. 4. 1998, p. 17; Dictamen del CES publicado en el DO C 30 de 30. 1. 1997, p. 94. 16. 6. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 169/41 posible someter la validez jurı´dica a determinadas condiciones. En el comercio electro´ nico, la necesidad de proteccio´ n de las partes no es menor —ni mucho menos— que en las situaciones contractuales tradicionales. En consecuencia, el Comité subraya que para los contratos celebrados o las declaraciones hechas electro´ nicamente es preciso crear requisitos formales equiva- lentes a los actuales. 4. 8. 3. Es lo´ gico, por tanto, que la propuesta de Directiva sobre la firma electro´ nica (1) no haya abordado en absoluto cuestiones relativas a la validez jurı´dica de los contratos. En consecuencia, los Estados miembros tienen libertad para prever, para determinados tipos contractuales, el cumplimiento de ciertas caracterı´sticas criptogra´ficas. Por tanto, son muy duen˜ os de excluir de manera general algunos tipos contractua- les del a´mbito de aplicacio´ n de la Directiva sobre la firma electro´ nica o de dictar otras disposiciones —como, por la relativa a una firma electro´ nica con requisitos ejemplo, de seguridad especiales— que determinen la validez de la celebracio´ n electro´ nica de contratos con requisitos formales especı´ficos. El empleo de la firma electro´ nica es, junto con las condiciones marco que resultan de esta Directiva, una necesi- dad fundamental para la intensificacio´ n del comercio electro´ - nico. 4. 9. Artı´culo 10: informacio´n exigida 4. 9. 1. El Comité suscribe plenamente el texto, pues una explicacio´ n clara del modo de utilizacio´ n de los servicios contribuye a la transparencia y evita malentendidos causantes de consecuencias jurı´dicas no deseadas. 4. 10. Artı´culo 11: momento de celebracio´n del contrato Para que la celebracio´ n de un contrato produzca 4. 10. 1. efectos jurı´dicos debe tener como presupuesto el acuse de recibo del prestador de los servicios y la confirmacio´ n de quien los pide. El Comité aprueba expresamente que se determine con exactitud el momento en que queda celebrado el contrato y que se pongan a disposicio´ n del destinatario del servicio los medios adecuados para permitirle conocer sus errores de manipulacio´ n y corregirlos. El Comité indica que el concepto de «oferta» debe ser definido con claridad, para evitar cualquier posibilidad de elusio´ n. Ası´, por ejemplo, en algunos Estados miembros los clientes pueden entender como «invitatio ad offerendum» una «oferta» hecha en un sitio Internet. En este punto serı´a necesaria una clarificacio´ n. No esta´ claro a quién serı´a imputable la pérdida de 4. 10. 2. un mensaje por anomalı´as técnicas. Adema´s, es dudoso que los destinatarios finales de los servicios hayan tomado ya conciencia de que todos los terminales electro´ nicos deben ser consultados perio´ dicamente para obtener informaciones jurı´dicamente relevantes. evalu´ a separadamente las diversas actividades de los proveedo- res de acceso a Internet en funcio´ n de su relacio´ n con los contenidos transmitidos y sus posibilidades de control. El Comité se congratula de los esfuerzos tendentes a establecer normas claras en materia de responsabilidad aplicables a los intermediarios de servicios de la sociedad de la informacio´ n, a la vez que comparte la opinio´ n de que la responsabilidad debe recaer en primer término en los «creadores» de la informacio´ n. 4. 11. 2. Los artı´culos 12 a 15 liberan parcialmente a los intermediarios de la responsabilidad por «los datos transmiti- dos». En aras de la claridad, convendrı´a indicar expresamente que, en las condiciones mencionadas, el proveedor no puede responder por un control deficiente de los contenidos, pero que su responsabilidad relativa a la proteccio´ n de datos sigue rigiéndose por la normativa vigente sobre proteccio´ n de datos y telecomunicaciones. 4. 12. Artı´culo 17: solucio´n extrajudicial de litigios 4. 12. 1. La cuestio´ n del acceso a la justicia en caso de litigio es de una importancia absolutamente decisiva para la aceptacio´ n del comercio electro´ nico. Sobre todo cuando la cuantı´a de los asuntos es muy escasa, disponer de mecanismos alternativos de solucio´ n de conflictos puede suponer un complemento ideal para los procesos jurisdiccionales de proteccio´ n jurı´dica. Al ocuparse de los procedimientos de solucio´ n extrajudicial de litigios, la propuesta de Directiva aborda un tema de creciente importancia, dada la sobrecarga generalizada de los o´ rganos jurisdiccionales. La agilizacio´ n de la solucio´ n de conflictos a costes moderados contribuye de manera importante al acceso de los ciudadanos a la justicia en condiciones de igualdad, aunque so´ lo podra´ tener éxito con la condicio´ n de que se asegure una calidad mı´nima y se utilice todo el abanico de posibilidades disponibles. 4. 12. 2. El Comité, adema´s, recomienda que a tal objeto se atribuya un papel a los centros europeos de informacio´ n al consumidor ya existentes. 4. 13. Artı´culo 18: vı´as de recurso 4. 13. 1. Las medidas provisionales han dado sin lugar a dudas buenos resultados pra´cticos. El Comité se felicita de que también deban ser utilizadas en los conflictos que surjan con motivo de la contratacio´ n a distancia por medios electro´ nicos. También parece apropiada la extensio´ n del a´mbito de aplica- cio´ n de la Directiva relativa a las acciones de cesacio´ n (2), al objeto de que cubra los actos contrarios a las normas de la Directiva examinada. 4. 11. Artı´culos 12 a 15: responsabilidad de los intermediarios 4. 11. 1. Con la introduccio´ n de un sistema escalonado de exoneracio´ n o de limitacio´ n de la responsabilidad se crea un marco comu´ n de disposiciones sobre responsabilidad que Los Estados miembros so´ lo pueden cumplir eviden- 4. 14. 1. temente la obligacio´ n de cooperar con otras autoridades dentro del respeto que les imponen las leyes vigentes en materia de confidencialidad o proteccio´ n de datos. 4. 14. Artı´culo 19: cooperacio´n (1) COM(1998) 297 final; Dictamen del CES 1444/98 de 2. 12. 1998, publicado en el DO C 40 de 15. 2. 1999. (2) Directiva 98/27/CE de 19. 5. 1998, DO L 166 de 11. 6. 1998, p. 51; Dictamen del CES publicado en el DO C 30 de 30. 1. 1997, p. 112. C 169/42 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 6. 1999 4. 15. Artı´culo 22: excepciones 4. 16. Anexos 4. 15. 1. La propuesta prevé distintas formas de disposicio- nes derogatorias. Las «medidas» adoptadas por los Estados deben someterse a un procedimiento de comitologı´a en el que la preponderancia corresponde a la Comisio´ n. Este procedi- miento permite a la Comisio´ n modificar a posteriori el a´mbito de aplicacio´ n de la Directiva, sin que se garantice una nueva participacio´ n adecuada de los Estados miembros y el Parlamento Europeo con arreglo al procedimiento de codeci- sio´ n regulado en el artı´culo 189 B del Tratado CE. Por otra parte, la facultad otorgada a la Comisio´ n por la letra d) del las apartado 3 del artı´culo 22, de pronunciarse sobre si medidas son compatibles con el ordenamiento jurı´dico comu- nitario, podrı´a entrar en conflicto con las competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Las decisiones de o´ rganos jurisdiccionales esta´n, 4. 15. 2. adema´s, inequı´vocamente excluidas de este régimen. Deberı´a clarificarse si la palabra «medidas» que aparece en el apartado 3 de este artı´culo de la propuesta de Directiva hace referencia u´ nicamente a medidas administrativas o si comprende también actos legislativos. Bruselas, el 29 de abril de 1999. 4. 16. 1. Deberı´a revisarse el anexo I para determinar si también los juegos de azar y los piramidales quedan excluidos del a´mbito de aplicacio´ n de la Directiva, en particular de su artı´culo 3. 4. 16. 2. Los sectores jurı´dicos enumerados en el anexo II esta´n excluidos de la aplicacio´ n del principio de paı´s de origen. Entre ellos se encuentran las «obligaciones contractuales relativas a contratos celebrados por los consumidores». Sin embargo, habrı´a que garantizar que no so´ lo quedan excluidas las obligaciones contractuales, sino también naturalmente las que se derivan de disposiciones legales relativas a contratos celebrados por los consumidores. Entre las obligaciones en cuestio´ n cabe citar, a tı´tulo de ejemplo, las de informacio´ n y diligencia. No obstante, en este contexto sera´ necesaria una delimitacio´ n con respecto a las comunicaciones comerciales, cuyos requisitos no esta´n sometidos a las obligaciones precon- tractuales stricto sensu. La Presidenta del Comité Econo´mico y Social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of electronic commerce in the internal market'

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text: C 169/36 EN Official Journal of the European Communities 16. 6. 1999 3. 7. The Committee feels that the scope for international cooperation provided for under Article 7. 2 of the Com- mission’s proposal is far too restricted in terms of which countries may participate. 4. Conclusion 4. 1. In conclusion, the Committee would stress that, subject to the above reservations, it welcomes the programme as a whole. However, it would also point out that the scope of the amended version is more restrictive. Clearly, there is an urgent need to put into place measures to combat all mistreatment such as violence, abuse and sexual exploitation; however, we must not ignore the need to tackle the causes of violence. A shortcoming of the programme is also its failure to regard violence, abuse and sexual exploitation as infringements of human rights. Brussels, 28 April 1999. The President of the Economic and Social Committee Beatrice RANGONI MACHIAVELLI Opinion of the Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of electronic commerce in the internal market’ (1) (1999/C 169/14) On 23 April 1999 the Council decided to consult the Economic and Social Committee, under Article 100a of the Treaty establishing the European Community, on the above-mentioned proposal. The Section for the Single Market, Production and Consumption, which was responsible for preparing the Committee’s work on the subject, adopted its opinion on 15 April 1999. The rapporteur was Mr Glatz. At its 363rd plenary session (meeting of 29 April 1999), the Economic and Social Committee adopted the following opinion by 115 votes to two, with six abstentions. 1. Introduction For the people of Europe and for European business, 1. 1. electronic commerce can create opportunities in terms of stronger economic growth, job creation, development pros- pects for new products and markets, more competitive Euro- pean companies and a wide supply of goods and services for European consumers. 1. 1. 1. However, whether electronic commerce actually has the impact outlined above, for example on the jobs front, is contingent on various different factors. The Committee urges the Commission to carry out more intensive studies into this issue, particularly with regard to employment. 1. 1. 2. Benefits will be felt in particular if Europe manages to secure a strong global position in this field, especially in (1) OJ C 30, 5. 2. 1999, p. 4. relation to the USA. As things stand, however, around 80% of electronic commerce is, according to OECD figures, US- generated. It is therefore vital that Europe take steps to ensure that, in future, it can utilize the opportunities presented by electronic commerce, rather than trailing behind the dynamic performance of the United States. 1. 2. it is To bring the possible benefits fully to bear, necessary both to eliminate legal constraints on electronic commerce and to create conditions whereby potential users of electronic commercial services (both consumers and business- es) can have confidence in e-commerce. An optimum balance must be found between these two requirements. Given the wide scope of the directive under review and its complex interrelationship with other areas of regulation, a very careful and responsible approach will be needed. 16. 6. 1999 EN Official Journal of the European Communities C 169/37 1. 3. The aim of the directive is to promote the spread of electronic commerce by helping break down legal barriers to trade. If, however, new distance selling methods are to gain broad acceptance among customers (both consumers and businesses), consideration will clearly also have to focus on ensuring that the consumer and data protection standards which apply to traditional trade are also maintained in the technical environment of electronic commerce and are enforceable in practice. 1. 4. The vast majority of people in society are currently without fullaccess to information services. Some sections of the public, particularly older people, cannot be reached by electronic means, or opt exclusively for personal contact with the parties with whom they do business. The Committee feels that non-electronic access to important everyday services (such as running a bank account) must be retained, so that certain groups within society are not precluded from using them. Also, the use of new technologies must not create barriers for certain sections of society, hindering or preventing them from using electronic commerce. European policy must therefore seek to ensure that no sections of society are denied access to information society services because they lack the technology or know-how or because of their economic position. 1. 4. 1. For consumers, education and training are also essential elements in facilitating wider risk-free access to information society services. 1. 5. Global solutions are undoubtedly needed for forms of distribution which, thanks to technology, can so easily tran- scend national borders; hence the intensive discussion which has emerged recently at various international levels. A whole range of international conferences and forums have been held between governments and interested parties to tackle this issue. These include the OECD conferences held in Turku in November 1997 and Ottowa in October the following year, the G7 ministerial conference in Brussels in February 1995 and the June 1997 ministerial conference in Bonn. Much work in this field has also been initiated under WTO auspices. Of course progress has been made at these levels, but the outcome of the talks and negotiations has currently often been confined to general principles. 1. 6. 1. These schemes include: • • • • • • the Communication on a European initiative in electronic commerce, (1) the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Com- mittee and the Committee of the Regions — ensuring security and trust in electronic communication — towards a European framework for digital signatures and encryp- tion, (2) the Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signa- tures, (3) the Communication — globalization and the information society — the need for strengthened international coordi- nation, (4) the proposed action plan on promoting safe use of the internet (5) which aims, through a range of measures, to boost trust in the networks and is thus an element in the drive to promote electronic commerce, a recent European Parliament resolution of 14 May 1998 also calls on the Commission to submit, as quickly as possible, a proposal for a directive to address these issues in a coherent way. 2. The Commission proposal The proposed directive seeks to eliminate legal uncer- 2. 1. tainties and obstacles caused by national legal differences by finding solutions in five key areas. The aim is to establish a coherent framework for electronic commerce. 2. 2. The five areas tackled in the proposal are as follows: Establishment of providers of information society 2. 2. 1. services: The place of establishment is defined. Special author- ization regulations for information society services are to be prohibited. Providers must fulfil certain information require- ments in order to ensure the transparency of their activities. 1. 6. This is why European-level initiatives are also essential if we are to exploit the economic and social opportunities open to Europe. Since electronic commerce profoundly alters business relations and the way in which people live together, Europe has launched a number of schemes designed largely to establish a clear framework for the continued development of this type of commerce. The aim is to promote investments in electronic commercial services which will have a positive impact on EU growth, competitiveness and employment. (1) COM(97) 157 final, 16. 4. 1997; ESC Opinion, OJ C 019, 21. 1. 1998, p. 72. (2) COM(97) 503 final, 8. 10. 1997; ESC Opinion, OJ C 157, 25. 5. 1998, p. 1. (3) COM(98) 297 final, 13. 5. 1998, OJ C 325, 23. 10. 1998, p. 5; ESC Opinion, OJ C 40, 15. 2. 1999. (4) COM(98) 50 final, 4. 2. 1998; ESC Opinion OJ C 284, 14. 9. 1998, p. 6. (5) COM(97) 582 final, OJ C 48, 13. 2. 1998; ESC Opinion OJ C 214, 10. 7. 1998, p. 29. C 169/38 EN Official Journal of the European Communities 16. 6. 1999 Commercial communications 2. 2. 2. (advertising, direct marketing, etc. ): The proposal defines what constitutes a commercial communication and makes it subject to certain communications transparency requirements. Commercial must, for example, be clearly recognizable as such, and the parties on whose behalf they are made must be clearly identifiable. Unsolicited commercial communications must also be clearly identifiable as such by the user. 2. 2. 3. Contracts: Member State are to adjust their national legislation to ensure in particular that formal requirements do not hamper the use of electronic contracts in practice. The proposal also seeks to remove legal uncertainties by clarifying in certain cases the moment at which the contract is deemed to be concluded. 2. 2. 4. Liability of intermediaries: The aim is to clarify the responsibility of on-line service providers for transmitting and storing third party information. The proposal establishes a ‘mere conduit’ exemption and limits service providers’ liability for other intermediary activities. crucial that electronic commerce should not be promoted at the expense of consumer protection standards. 3. 4. Basically, unless warranted on practical grounds, there should be no difference in the legal environment of electronic commerce and established trade. In terms of technology, there should be a level playing field. Discrimination and distortions of competition may arise because established trade, by its very nature, may need to be subject to other specific regulations such as building standards. The Committee feels that this factor must be borne in mind when considering how to improve the environment for electronic commerce. 3. 5. This directive is distinctive in that, although wide in scope, covering areas such as commercial communications and electronic contracts, only partial harmonization is provided for in individual fields. More far-reaching rules may be adopted at national level only on completion of a committee procedure (Article 22). 2. 2. 5. Implementation: The proposal encourages the devel- opment of Community-level codes of conduct and administrat- ive cooperation between Member States. facilitates the establishment of effective cross-border alternative dispute resolution systems and opens up the possibility of dispute settlement out of court. It 3. 6. The country-of-origin principle applies to those areas which, although not harmonized by the directive, still fall within its scope. This means that the legal arrangements of the country in which the service provider is established apply. The point of departure is the view that it is difficult for providers to be guided by the law of the countries in which they do business. 3. General comments on the draft directive 3. 1. Electronic commerce is undoubtedly hampered by differences and lack of clarity in the legal framework, which prevent its benefits from being fully felt. Moves to offer more legal certainty to providers and users are therefore to be welcomed. 3. 1. 1. The Commission has shown good timing in its submission of the proposed directive since, in most Member States, legal transactions and commerce by electronic means are a live issue. There is a clear material link, particularly with the electronic signatures directive (1). 3. 2. The main aim of the Commission proposal for a directive on certain legal aspects of electronic commerce in the internal market is to remove legal barriers which could impede the spread of electronic services across Europe. 3. 3. The Committee expressly welcomes the accompanying consumer protection measures set out in the proposal (e. g. information to be furnished by the provider, development of out-of-court dispute settlement). The Committee feels it is 3. 6. 1. The present directive does not change existing Com- munity law. However, that in no sense rules out possible conflict with Community law as implemented in the Member States. Some consumer protection directives lay down only minimum provisions. For instance, Article 14 of the Directive on the protection of consumers in respect of distance con- tracts (2) allows Member States to introduce or maintain a higher level of consumer protection, including bans, in the general interest, on the distance marketing of certain goods and services (such as medicinal products). The Committee broadly endorses the idea behind the 3. 6. 2. country-of-origin principle. It cuts the legal costs of infor- mation society service providers and thus works to their advantage, essentially as desired. It also makes for better implementation of protective measures by the appropriate authorities in the country of origin. 3. 6. 3. On the demand side, however, and for consumers in particular, the application of this principle means grappling with various legal systems which determine the content, quality and legal certainty of information society services. National systems differ and conditions often vary quite con- siderably as a result. In practice, therefore, this principle may pose risks to users in cases where their own countries’ arrangements no longer afford the requisite protection. (1) COM(97) 503 final, 8. 10. 1997; ESC Opinion, OJ C 157, 25. 5. 1998, p. 1; COM(98) 297 final, OJ C 325, 23. 10. 1998, p. 5, ESC opinion 1444/98, OJ C 40, 15. 2. 1999, p. 5. (2) Directive 97/7/EC, 20. 5. 1997, OJ L 144, 4. 6. 1997, p. 19; ESC Opinion, OJ C 19, 25. 1. 1993, p 11. 16. 6. 1999 EN Official Journal of the European Communities C 169/39 3. 6. 4. Since the consumers of one Member State may be unfamiliar with their rights under the law of another State where the service provider is based, the Member States and the European Commission should ensure the rapid establishment of a cross-border network of consumer protection agencies or ombudsmen to act as conduits and possibly arbitrators in the event of disputes between consumers in one country and service suppliers based in another. Such a network would preserve the concept of the single market while providing simpler, cheaper and more effective means of redress for consumers than litigation, although their rights to initiate litigation if they remained dissatisfied would remain. 3. 6. 5. Thus, while fully understanding simplification as far as the provider is concerned, the Committee feels that, as long as high-level harmonization is lacking, an extremely responsible approach is called for here and further consider- ation is required. The draft directive backs such an approach, setting out areas in which the general principle is not fully brought to bear. the country-of-origin principle, 3. 6. 6. The Committee would suggest that further exemp- tions may be justified where Member States’ legal systems vary widely or in areas considered highly sensitive by public opinion in the Member States (e. g. advertising directed at children, games designed for advertising purposes, medicinal products sold by mail order, regulated professions). The blanket appli- cation of for example in advertising, could expose consumers to advertising practices which they have never before encountered. In sensitive areas especially, ‘forum shopping’ i. e. where the choice of location is based on where the rules are most favourable for the provider, would raise difficulties, particularly since SMEs have only limited scope in this regard. Principles should therefore be established as a guide for determining areas in which the country-of-origin principle applies and areas where, as yet, this is not possible. No-one disputes that such considerations should not be allowed to generate obstacles to the single market. Beyond that, the aim over time should be to achieve high harmonized standards. 3. 7. The Committee notes that the wording of many of the provisions set out in the proposal are unclear and must be reworked in more precise terms. 4. Specific comments 4. 1. Article 2: Definitions The Committee would point out 4. 1. 1. that, with the increasing convergence of technologies, definitions may rap- idly be superseded. As the Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors (1) makes clear, converging markets are set to spawn (1) COM(97) 623 final, ESC Opinion, OJ C 214, 10. 7. 98, p. 79. hybrid services which combine features of different classic categories of service. In the case of multi-media applications, such as television sets with integrated internet browsers, computers able to receive television and radio transmissions (radiotelephony and internet voice telephony), it will gradually become impossible to draw clear boundaries between individ- ual and mass communication. The Committee feels, therefore, that this factor should be borne in mind in the ongoing consideration of the draft directive and that the final definitions should accommodate possible new developments, thus ensuring that they are not very quickly superseded. 4. 1. 2. The definition of ‘information society services’ in particular raises a whole range of borderline issues, which are not fully resolved even taking account of Directive 98/48 (2) and especially Annex V thereof. For clearer understanding and to avoid any ambiguity, the Commission should, as in Annex V of the said directive, draw up negative and/or positive lists for existing services. 4. 1. 3. Similar ambiguities apply to the definitions of ‘coor- dinated field’, ‘commercial communication’ and ‘established service provider’. 4. 1. 4. The term ‘consumer’ should be defined as follows: A consumer is any physical person resident in the Community dealing under contracts covered by this directive for purposes which cannot be regarded as forming part of that person’s commercial or professional activity. As the scope of this directive will raise many 4. 1. 5. questions and is highly relevant, precision in this regard will be particularly necessary. 4. 2. Article 3: Internal market Article 3 stipulates that each Member State is to 4. 2. 1. ensure that the information society services provided by a service provider established on its territory comply with legal provisions (country-of-origin principle). The impact of the country-of-origin principle has already been discussed in point 3. 6 above. 4. 3. Article 4: Principle excluding prior authorization 4. 3. 1. This article stipulates that access to information society services is not subject to any special requirements. However, as set out in the proposal, this should not affect other general authorization arrangements. (2) Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations OJ L 217, 5. 8. 1998, p. 18. C 169/40 EN Official Journal of the European Communities 16. 6. 1999 4. 4. Article 5: General information to be provided The Committee is glad that the information require- 4. 4. 1. ments are to include details of the service provider. The Committee would also recommend that explicit reference be made to the minimum information requirements laid down in Directive 97/7/EC on distance contracts (1). Article 4 of this directive sets out all the information which must be provided to the consumer before a contract is concluded. In particular, this also includes the requirement to give consumers, prior to the arrangement of any contract, clear, accurate and comprehensive information on the law to be applied to that contract and on the provisions of Article 6 giving customers the right of withdrawal. 4. 6. 2. The draft directive stipulates that unsolicited elec- tronic communication by e-mail must be identified as such. This is designed to give both recipient and provider the opportunity to use software to filter out unwanted e-mail advertising (‘opt-out’). That said, it is the recipient who has to take the initiative here. These arrangements are not perfect, however. Pro- 4. 6. 3. viders cannot filter mail unless requested to do so by the user — except in the case of obvious spammers — since otherwise those users desiring the information would not receive it. Secondly, users finding their mailbox full after being absent for any length of time are denied access to their desired (e. g. private) mail. However, the Committee feels that other, additional 4. 4. 2. information would be useful, without, however, overburdening consumers and providers with a surfeit of data (e. g. regions in which the services are available, period of validity, probable delivery time, insurance, general conditions of sale). For this reason, 4. 6. 4. the Committee would propose considering another possibility, namely user opt-in, where users exercise self-determination by expressing an explicit interest in receiving information. This opt-in option is available to Member States (see Annex II), but should be provided for across the board. 4. 4. 3. In addition, specific warnings should be given about product safety. Alerting customers to possible risks (e. g. by notices on goods or instructions for use) is an important factor in any decision to buy. 4. 7. Article 8: Regulated professions 4. 4. 4. Customers should also be informed about restrictions on distribution, download times (where possible) and licensing conditions for software products. 4. 5. Article 6: Commercial communications In the traditional media, 4. 5. 1. there is a fairly clear distinction between advertising and editorial content. However, this dividing line risks becoming blurred, making it all the more essential to counter such trends in electronic commerce. Purchasers (whether trade or final consumers) can 4. 5. 2. adequately assess advertising and marketing only if they can clearly recognize it as such. The Committee therefore expressly endorses the obligations to provide information set out in Article 6. 4. 6. Article 7: Unsolicited commercial communication 4. 6. 1. For recipients of commercial communications, the point is often not only the unsolicited nature of electronic advertising, but also, thanks to technology, its sheer volume, and the resulting costs in terms of telephone charges and storage capacity. Volume also presents difficulties for pro- viders. 4. 7. 1. Here, the directive touches on a development which is widely observed in the regulated sectors, i. e. the emergence of an open, positive attitude towards information society services. In this regard, the directive recognizes the continued need for regulation in order to ensure that general interests are afforded the requisite protection (protection of consumers and other parties involved, reliable service provision, prevention of abuses etc. ) This is broadly to be welcomed. However, in specific cases, care will be needed to determine the extent to which Member States’ express regulatory remit and the subsidiarity principle make it possible to act at European level. The Committee would point out the flaw in providing for codes of conduct to be drawn up by professional associations and organizations without laying down appropriate criteria on which to base them. 4. 8. Article 9: Electronic contracts 4. 8. 1. to formal Certain types of contract are subject requirements, not only under national rules but under EU legislation as well (e. g. the consumer credit directive (2)). In certain cases, therefore, there is a recognized need for rules stipulating that the contract should be in writing to facilitate proof and to make the parties aware of the significance of the contract they are entering into. Article 9 of the directive instructs the Member States to remove any legal requirements which ‘prevent the effective use of electronic contracts’ or which result in such contracts ‘being deprived of legal effect and validity. ’ 4. 8. 2. It is beyond dispute that, as a matter of principle, electronic agreements should be effective. In sensitive areas of (1) Directive 97/7/EC, 20. 5. 1997, OJ L 144, 4. 6. 1997, p. 19. Opinion, OJ C 30, 30. 1. 1997, p. 94. (2) Directive 98/7/EC, 16. 4. 1998, OJ L 101, 1. 4. 1998, p. 17; ESC 16. 6. 1999 EN Official Journal of the European Communities C 169/41 business, however, there must be scope to attach certain conditions to legal validity. Parties to an electronic commerce contract are no less in need of protection than those entering into traditional contracts. In the case of sensitive contracts or declarations drawn up or delivered electronically, therefore, the Committee would stress the need for arrangements equiva- lent to existing formal requirements. providers to be assessed separately; assessment is based on providers’ degree of involvement with the content transmitted and their scope for monitoring content. The Committee welcomes efforts to establish clear rules on the responsibility of service or information society providers and shares the view that the ‘manufacturer’ of information should bear primary responsibility for its content. 4. 8. 3. This is why, logically, the draft electronic signatures directive (1) does not touch on the legal validity of contracts. The Member States are thus free to make certain encryption features mandatory for some types of contract. Member States are also at liberty to exclude certain types of contract completely from the scope of the electronic signatures direc- tive, or to lay down additional requirements — such as an electronic signature with special safety features — for the validity of formal contracts concluded by electronic means. Together with the framework established by this directive, the use of electronic signatures is a key element needed to boost electronic commerce. 4. 9. Article 10: Information to be provided A clear introduction to how services are used makes 4. 9. 1. for transparency and prevents misunderstandings and the undesirable legal consequences they involve. It is therefore wholeheartedly welcomed. 4. 10. Article 11: Moment at which the contract is concluded To conclude a contract with legal effect, the service 4. 10. 1. provider must issue an acknowledgement of receipt, which must be reconfirmed by the buyer. The Committee welcomes the clear arrangements for determining the moment at which a contract is concluded, and the proposal to establish a mechanism enabling the user of the service to identify and correct handling errors. The Committee would point out that the term ‘offer’ must be clearly defined to prevent loopholes. For example, in some Member States, an ‘offer’ on a website may be understood by the customer as an ‘invitation to prepare an offer’. Clarification is needed here. 4. 10. 2. It is not clear who would be held responsible for the loss of a message as the result of a technical defect. Moreover, it is in any case doubtful whether final consumers are yet sufficiently aware that all electronic terminals have to be checked regularly for messages which may have a legal bearing. 4. 11. 2. Articles 12 to 15 partially exempt intermediaries from liability for the information transmitted. For the sake of clarity, it should be expressly stated that, although, in the circumstances described, the provider is not liable for lack of content control, liability for conduct relevant to data protection under data protection and telecommunications law remains unaffected. 4. 12. Article 17: Out-of-court dispute settlement 4. 12. 1. Access to legal redress in the event of dispute is crucial to people’s acceptance of electronic commerce. For minor legal proceedings especially, alternative dispute settle- ment arrangements can be an ideal complement to legal protection via the courts. In taking account of out-of-court dispute settlement procedures, the draft directive addresses an issue which, given the courts’ excessive workload, is becoming increasingly important everywhere. Speeding up dispute settle- ment at moderate cost contributes significantly to ensuring that ordinary people have equal access to the law, but can only succeed if (i) a certain minimum level of quality is guaranteed and (ii) the complete range of available options is used to the full. 4. 12. 2. In this context, the Committee would also encour- age a role for existing European consumer information offices. 4. 13. Article 18: Court actions 4. 13. 1. Interim injunctions have without doubt proved a valuable tool. The Committee is pleased that they are also to be used in conflicts relating to electronic distance contracts. Extending the scope of the injunctions directive (2) to cover infringements of the present directive is also appropriate. 4. 14. Article 19: Cooperation 4. 11. Articles 12-15: Liability of intermediaries 4. 11. 1. With regard to liability, the introduction of a graduated system of exemptions and restrictions establishes a common framework, allowing the diverse activities of internet 4. 14. 1. Member States may comply with the obligation to provide assistance and meet requests for information only within the framework of existing laws on confidentiality and data protection. (1) COM(1998) 297 final, ESC Opinion CES 1444/98, 2. 12. 1998, OJ (2) Directive 98/27/EC, 19. 5. 1998, OJ L 166, 11. 6. 1998, p. 51, ESC C 40, 15. 2. 99. Opinion, OJ C 30, 30. 1. 1997, p. 112. C 169/42 EN Official Journal of the European Communities 16. 6. 1999 4. 15. Article 22: Derogations 4. 16. Annexes 4. 15. 1. The draft provides for various types of derogation. ‘measures’ must pass through the Commission’s National committee procedure. The proposed committee procedure means that the Commission can subsequently amend the scope of the directive without further ensuring the appropriate involvement of the Member States and the European Parlia- ment under the co-decision procedure pursuant to Article 189b of the Treaty establishing the European Community. Furthermore, the power to be vested in the Commission under Article 22(3)(d) to decide on the compatibility of measures with Community law may affect the remit of the European Court of Justice. 4. 15. 2. Moreover, only court decisions are clearly excluded from these arrangements. Clarification should be given as to whether the word ‘measures’ in the third paragraph refers to administrative measures or also includes legislation. Brussels, 29 April 1999. Annex I should be reviewed to check whether 4. 16. 1. games of chance and pyramid games are also excluded from the scope of the directive, particularly Article 3. 4. 16. 2. The legal areas listed in Annex II are excluded from the scope of the country-of-origin principle. These include ‘contractual obligations concerning consumer contracts’. It should however be ensured that this derogation applies not only to contractual, but also of course to legal obligations in relation to consumer contracts. These include, for example, the obligation to warn of risks and to act with due care and attention. However, some way will have to be found to distinguish commercial communications, where requirements are not subject to precontractual obligations in the narrow sense. The President of the Economic and Social Committee Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 1999 o referenčních laboratořích pro sledování bakteriální a virové kontaminace mlžů

eurovoc_concepts:
health control
infectious disease
mollusc
research body

text: 03/sv. 25 CS Úřední věstník Evropské unie 257 31999D0313 L 120/40 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 8. 5. 1999 ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. dubna 1999 o referenčních laboratořích pro sledování bakteriální a virové kontaminace mlžů (1999/313/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise (1), s ohledem na stanoviska Evropského parlamentu (2), s ohledem na výboru (3), stanovisko Hospodářského a sociálního (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) že příloha Vzhledem k tomu, Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh (4) stanoví zejména požadavky na bakteriální a virovou kontaminaci živých mlžů. směrnice Vzhledem k tomu, že kapitola V bod 8 přílohy uvedené směrnice stanoví, že pokud nejsou k dispozici rutinní virologické vyšetřovací metody a nejsou stanoveny virolo- gické normy, musejí být hygienické kontroly založeny na zjišťování počtu fekálních bakterií. Vzhledem k tomu, že vědecký pokrok ukázal, že fekální bakterie jsou nespolehlivým indikátorem přítomnosti virů v živých mlžích; že v zájmu ochrany veřejného zdraví je proto nezbytné založit hygienickou kontrolu na jiných indikátorech. Vzhledem k tomu, že rozvoj nových analytických metod zjišťování virů a spolehlivých indikátorů kontaminace mlžů vyžaduje koordinaci činností prováděných v síti národních laboratoří. Vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění účinného systému sledování, pokud jde o virologickou kontrolu a stanovení norem pro virovou a bakteriální kontaminaci, a zavedení rutinních postupů a spolehlivých metod pro zjišťování (1) Úř. věst. C 267, 3. 9. 1997, s. 15. (2) Úř. věst. C 304, 6. 10. 1997, s. 79 a stanovisko ze dne 13. dubna 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). (3) Úř. věst. C 355, 21. 11. 1997, s. 63. (4) Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/79/ES (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1998, s. 31). virů a bakterií je třeba, aby jednotlivé členské státy určily národní referenční laboratoř pověřenou koordinací prová- dění požadovaných testů v daném členském státě. Vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného režimu v celém Společenství by měla být určena referenční labo- ratoř Společenství, která by byla pověřena koordinací kontrol virové a bakteriální kontaminace mlžů provádě- ných jednotlivými národními referenčními laboratořemi; že by měly být stanoveny úkoly a podmínky provozu refe- renční laboratoře Společenství; že řídící pracovníci labora- toře se musejí zavázat k plnění úkolů stanovených tímto rozhodnutím za podmínek v něm stanovených. na nárok Vzhledem k tomu, že referenční laboratoř Společenství má v souladu s článkem 28 rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (5), Společenství podporu PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Každý členský stát určí národní referenční laboratoř pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů. Uvědomí o tom Komisi, která zveřejní seznam národních referenčních laboratoří a veš- keré aktualizované údaje v Úředním věstníku Evropských společen- ství. Článek 2 1. Národní referenční laboratoř je pověřena těmito úkoly: a) koordinuje činnosti národních laboratoří pověřených virolo- gickými a bakteriologickými analýzami mlžů v příslušném členském státě; (5) Úř. věst. L 224, 18. 8. 1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 94/370/ES (Úř. věst. L 168, 2. 7. 1994, s. 31). 258 CS Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 25 b) je nápomocna příslušnému úřadu členského státu při organi- zování systému sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů; g) napomáhá národním referenčním laboratořím při zavedení vhodného systému zajištění kvality založeného na zásadách dobré laboratorní praxe (GLP) a kritérií EN 45 000. c) zajišťuje pravidelné srovnávací testy mezi jednotlivými národ- ními laboratořemi pověřenými uvedenými analýzami; d) zajišťuje, aby údaje poskytnuté referenční laboratoři Společen- ství byly předány příslušnému úřadu členského státu a národním laboratořím pověřeným uvedenými analýzami. Národní referenční 2. laboratoří Společenství uvedenou v článku 3. laboratoře spolupracuje s referenční Článek 3 Laboratoř „Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science“ ve Weymouthu ve Spojeném království se určuje jako referenční laboratoř Společenství pro sledování virové a bakte- riální kontaminace mlžů. Článek 4 Referenční laboratoř Společenství je pověřena těmito úkoly: a) předává údaje o analytických metodách a srovnávacích testech národním referenčním laboratořím; b) koordinuje používání metod uvedených v písm. a) národními referenčními laboratořemi, zejména organizováním srovnáva- cích testů; c) koordinuje vývoj nových analytických metod a informuje národní referenční laboratoře o pokroku v této oblasti; d) organizuje školení a doškolování pracovníků národních refe- renčních laboratoří; e) spolupracuje s laboratořemi pověřenými bakteriologickými a virologickými analýzami mlžů ve třetích zemích; f) poskytuje Komisi vědeckou a technickou pomoc, zejména v případech, kdy jsou výsledky analýz členskými státy zpochybněny; Článek 5 Provoz referenční laboratoře Společenství se řídí těmito podmín- kami: a) musí mít kvalifikované pracovníky, kteří dostatečně ovládají metody používané při bakteriologických a virologických analýzách mlžů; b) musí mít k dispozici vybavení a látky nezbytné pro plnění úkolů stanovených v článku 4; c) musí mít příslušnou správní strukturu; d) její pracovníci musejí dodržovat zachování důvěrné povahy některých věcí, výsledků a zpráv; e) musí být dodržovány mezinárodně přijaté zásady dobré labo- ratorní praxe; f) musí být k dispozici aktuální seznam referenčních látek vedený Referenčním úřadem Společenství a rovněž aktuální seznam výrobců a dodavatelů těchto látek. Článek 6 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Článek 7 V Lucemburku dne 29. dubna 1999. Za Radu předseda W. MÜLLER


title: Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotami Europejskimi a Rządem Kanady w sprawie stosowania ich prawa konkurencji

eurovoc_concepts:
Canada
agreement (EU)
competition law

text: 352 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 08/t. 1 31999D0445 10. 7. 1999 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 175/49 DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 29 kwietnia 1999 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotami Europejskimi a Rządem Kanady w sprawie stosowania ich prawa konkurencji (1999/445/WE, EWWiS) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 87 i art. 235, oraz art. 228 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w szczególności jego art. 65 i 66, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: (1) (2) Należy powołać się na art. 235 Traktatu ze względu na umieszczenie w tekście Umowy dotyczącej fuzji i przejęć wynikających z rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2), które jest oparte na art. 235. Biorąc pod uwagę rosnące międzynarodowe znaczenie zagadnień konkurencji, międzynarodowa współpraca w tym zakresie powinna być wzmacniana. (3) W tym celu Komisja wynegocjowała Umowę z Rządem Kanady w sprawie stosowania zasad konkurencji Wspól- not Europejskich i Kanady. (4) Umowa, włącznie z wymianą listów, powinna zostać zatwierdzona, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Umowę między Wspólnotami Europejskimi a Rządem Kanady w sprawie stosowania ich prawa konkurencji, łącznie z wymianą listów. Tekst Umowy oraz tekst wymiany listów sporządzony w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczącego Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania Umowy, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty Europejskiej. Przewodniczącego Komisji jest upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania Umowy, aby stała się wiążąca dla Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 1999 r. W imieniu Rady W. MÜLLER Przewodniczący W imieniu Komisji J. SANTOR Przewodniczący (1) Dz. U. C 150 z 28. 5. 1999. (2) Dz. U. L 395 z 30. 12. 1989, str. 1 (poprawiona wersja: Dz. U. L 257 z 21. 9. 1990, str. 13)


title: 1999/293/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 1999, relativa a determinadas medidas de protección contra la fiebre catarral ovina (bluetongue) en determinadas partes del territorio griego (Texto pertinente a los fines del EEE)[notificada con el número C(1999) 1119]

eurovoc_concepts:
Greece
animal disease
health control
intra-EU trade
sheep
veterinary inspection

text: 1. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 114/55 DECISI(cid:222)N DE LA COMISI(cid:222)N de 29 de abril de 1999 relativa a determinadas medidas de protecci(cid:155)n contra la fiebre catarral ovina (bluetongue) en determinadas partes del territorio griego [notificada con el n(cid:156)mero C(1999) 1119] (El texto en lengua griega es el (cid:156)nico aut(cid:130)ntico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (1999/293/CE) LA COMISI(cid:222)N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISI(cid:222)N: Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zoot(cid:130)cnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de deter- minados animales vivos y productos con vistas a la realiza- ci(cid:155)n del mercado interior (1), cuya (cid:156)ltima modificaci(cid:155)n la constituye la Directiva 92/118/CEE (2) y, en particular, el apartado 4 de su art(cid:146)culo 10, (1) (2) (3) (4) Considerando que, entre finales del mes de octubre y principios del mes de diciembre de 1998, se registraron brotes de fiebre catarral ovina en las islas de Rodas, Cos y Leros, en la prefectura del Dodecaneso, as(cid:146) como en la prefectura de Samos; Considerando que las autoridades griegas adoptaron medidas de urgencia y que la Decisi(cid:155)n 1999/ 221/CE de la Comisi(cid:155)n (3), fija la participaci(cid:155)n financiera de la Comunidad en el coste de dichas medidas; Considerando que procede prorrogar las medidas establecidas en el art(cid:146)culo 3 de la Decisi(cid:155)n 1999/ 221/CE relativas a los movimientos de animales vivos de las especies vulnerables y de determinados de sus productos en las regiones afectadas; Considerando que las medidas previstas en la presente Decisi(cid:155)n se ajustan al dictamen del Comit(cid:130) veterinario permanente, Art(cid:146)culo 1 Grecia prohibir(cid:145) la salida de animales de las especies vulnerables a la fiebre catarral ovina, de su esperma, (cid:155)vulos y embriones, del territorio de las prefecturas del Dodecaneso y de Samos. Grecia condicionar(cid:145) los movimientos de animales de las especies vulnerables a la fiebre catarral ovina en el terri- torio de las prefecturas del Dodecaneso y de Samos a la autorizaci(cid:155)n de los servicios veterinarios. Art(cid:146)culo 2 La presente Decisi(cid:155)n ser(cid:145) sometida a revisi(cid:155)n cada dos meses y ser(cid:145) aplicable hasta el 1 de febrero de 2000. Art(cid:146)culo 3 El destinatario de la presente Decisi(cid:155)n sera la Rep(cid:156)blica Hel(cid:130)nica. Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 1999. Por la Comisi(cid:155)n Franz FISCHLER Miembro de la Comisi(cid:155)n (1) DO L 224 de 18. 8. 1990, p. 29. (2) DO L 62 de 15. 3. 1993, p. 49. (3) DO L 82 de 26. 3. 1999, p. 44