title: Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE - Corrigendum

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text: 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/1 I (Comunicaciones) COMISI(cid:211)N LIBRO BLANCO SOBRE LA MODERNIZACI(cid:211)N DE LAS NORMAS DE APLICACI(cid:211)N DE LOS ART(cid:221)CULOS 85 Y 86 DEL TRATADO CE Programa de la Comisi(cid:243)n no 99/027 (1999/C 132/01) (Texto pertinente a los fines del EEE) SUMARIO Pa´ gina S(cid:221)NTESIS. INTRODUCCI(cid:211)N. CAP(cid:221)TULO I — HISTORIA. I. La instauraci(cid:243)n de un sistema comunitario de control de los acuerdos. II. El desarrollo de la funci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. 3 6 8 8 9 III. Las adaptaciones y sus l(cid:237)mites. 10 A. La reducci(cid:243)n de las notificaciones individuales. 10 B. La aceleraci(cid:243)n de la tramitaci(cid:243)n de las solicitudes de autorizaci(cid:243)n. 12 C. El fomento de la tramitaci(cid:243)n descentralizada de las denuncias. 13 CAP(cid:221)TULO II — UNA REFORMA NECESARIA. 14 I. Objetivos. 14 A. Asegurar la eficacia del control. 14 1. Recentrar la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 por la Comisi(cid:243)n. 14 2. Descentralizar la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia. 15 B. Simplificar el control administrativo. 15 1. Ausencia de necesidad de un re´gimen de autorizaci(cid:243)n. 15 2. Aligerar las cargas que recaen sobre las empresas y garantizarles un nivel suficiente de seguridad jur(cid:237)dica. 16 II. Opciones. 16 A. La mejora del sistema de autorizaci(cid:243)n. 17 1. La interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85. 17 2. La descentralizaci(cid:243)n de la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 § 3. 17 C 132/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 3. La amplicaci(cid:243)n del a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 4 § 2 del Reglamento no 17. 18 4. La agilizaci(cid:243)n de los procedimientos. 18 B. El paso a un sistema de excepci(cid:243)n legal. 19 CAP(cid:221)TULO III — LA MODERNIZACI(cid:211)N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA. 20 I. La supresi(cid:243)n del re´gimen de autorizaci(cid:243)n y notificaci(cid:243)n. 20 II. La aplicaci(cid:243)n descentralizada de las normas de competencia. 22 A. Un nuevo reparto de competencias. 22 1. La determinaci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica de competencia por la Comisi(cid:243)n. 22 2. El robustecimiento del papel de las autoridades nacionales en la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia. 23 3. El robustecimiento del papel de los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales en la aplica- ci(cid:243)n de las normas de competencia. 24 B. Aplicaci(cid:243)n coherente y uniforme de las normas de competencia. 25 1. Riesgo de conflictos y principios de soluci(cid:243)n. 25 2. Mecanismos de informaci(cid:243)n y cooperaci(cid:243)n. 25 III. El robustecimiento del control a posteriori. 26 A. Reforzar los medios de investigaci(cid:243)n. 27 B. La mayor importancia de las denuncias en el nuevo sistema. 28 C. Sanciones. 29 IV. Transici(cid:243)n hacia el re´gimen de excepci(cid:243)n legal. 30 V. Normas sectoriales. 30 CONCLUSI(cid:211)N. 32 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/3 S(cid:221)NTESIS En el a´ mbito de las normas de competencia aplicables a las empresas, el Tratado CE 1. establece un conjunto de normas generales sobre acuerdos restrictivos y pra´ cticas concerta- das (art(cid:237)culo 85) y abusos de posici(cid:243)n dominante (art(cid:237)culo 86). El Tratado habilita al Con- sejo para adoptar las normas de aplicaci(cid:243)n de estas disposiciones (art(cid:237)culo 87). En 1962, el Consejo adopt(cid:243) el Reglamento no 17, primer Reglamento de aplicaci(cid:243)n 2. de los art(cid:237)culos 85 y 86, que instaura el sistema de control y los procedimientos de aplica- ci(cid:243)n de dichos art(cid:237)culos. La Comisi(cid:243)n lleva aplicando este Reglamento desde hace ma´ s de 35 an˜ os sin introducir ningu´ n cambio significativo. El Reglamento no 17 cre(cid:243) un sistema basado en la aplicabilidad directa de la prohibi- 3. ci(cid:243)n contenida en el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 y en la notificaci(cid:243)n previa de los acuerdos para los cuales se solicite una exenci(cid:243)n con arreglo al apartado 3 del art(cid:237)culo 85. Mientras la Comisi(cid:243)n y los tribunales y autoridades nacionales pueden aplicar el apartado 1 del art(cid:237)- culo 85, la facultad de conceder exenciones con arreglo al apartado 3 del art(cid:237)culo 85 fue concedida exclusivamente a la Comisi(cid:243)n. As(cid:237), el Reglamento no 17 estableci(cid:243) un sistema de autorizaci(cid:243)n centralizado para todos los acuerdos que requieran una exenci(cid:243)n. Este sistema de autorizaci(cid:243)n centralizado era necesario y demostr(cid:243) ser muy eficaz en 4. el proceso de establecimiento de una «cultura de la competencia» en Europa. No ha de olvidarse que, en los primeros an˜ os, la pol(cid:237)tica de competencia apenas se conoc(cid:237)a en muchos lugares de la Comunidad. En un momento en el cual la interpretaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 au´ n era incierta y el objetivo primordial de la Comunidad era la integra- ci(cid:243)n de los mercados nacionales, la centralizaci(cid:243)n en la Comisi(cid:243)n de la funci(cid:243)n de velar por la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia de la Comunidad era el u´ nico sistema via- ble. Esta exclusividad permit(cid:237)a a la Comisi(cid:243)n aplicar el art(cid:237)culo 85 con uniformidad en el conjunto de la Comunidad y fomentar la integraci(cid:243)n de los mercados impidiendo a las empresas reconstituir las barreras que los propios Estados miembros hab(cid:237)an ido eliminando progresivamente. La Comisi(cid:243)n cre(cid:243) un cuerpo legislativo que hoy es aceptado por todos los Estados miembros y por los agentes econ(cid:243)micos como un elemento fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior. La importancia de la pol(cid:237)tica de competencia se ve confirmada por el hecho de que, hoy en d(cid:237)a, todos los Estados miembros cuentan con una autoridad nacional de competencia encargada de velar por el cumplimiento de la nor- mativa nacional y (en la medida en que este´ habilitada para ello) comunitaria. 5. Pero este sistema, que tan bien ha funcionado, ya no resulta adecuado para la Comu- nidad de hoy, con sus quince Estados miembros, sus once lenguas y sus ma´ s de 350 millones de habitantes. Las razones para ello hay que buscarlas en el sistema instaurado en el propio Reglamento no 17 y en factores externos relacionados con el desarrollo de la Comunidad. En cuanto a las razones inherentes al re´gimen instaurado por el Reglamento no 17, el 6. sistema de autorizaci(cid:243)n centralizado basado en la notificaci(cid:243)n previa y el monopolio de la Comisi(cid:243)n en lo que respecta a la concesi(cid:243)n de exenciones ha generado una intensa activi- dad de notificaci(cid:243)n de acuerdos a Bruselas por parte de las empresas. Como las autoridades nacionales de competencia y los tribunales nacionales no tienen potestad para aplicar el apartado 3 del art(cid:237)culo 85, las empresas han utilizado este sistema de autorizaci(cid:243)n centrali- zado no s(cid:243)lo para obtener seguridad jur(cid:237)dica sino tambie´n para bloquear los recursos ante los tribunales nacionales y las autoridades nacionales de competencia. Este fen(cid:243)meno ha minado los esfuerzos tendentes a fomentar la aplicaci(cid:243)n descentralizada de las normas de competencia comunitarias. Como resultado de ello, la aplicaci(cid:243)n rigurosa de la legislaci(cid:243)n comunitaria y los esfuerzos de descentralizaci(cid:243)n se han visto frustrados. En un mercado comunitario au´ n ma´ s integrado, esta falta de aplicaci(cid:243)n rigurosa y el fracaso en la aplica- ci(cid:243)n de un conjunto de normas comunes perjudican los intereses de la industria europea. C 132/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 7. El desarrollo de la Comunidad desde 1962 ha sido extraordinario. La Comunidad de seis Estados miembros se ha convertido en una Uni(cid:243)n de quince y probablemente se ampl(cid:237)e au´ n ma´ s cuando se adhieran los pa(cid:237)ses solicitantes. El mercado interior, con todas sus imperfecciones, es una realidad, y la Uni(cid:243)n Econ(cid:243)mica y Monetaria esta´ en marcha. 8. La funci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n en este nuevo entorno ha cambiado. Al principio, el eje de sus actividades era el establecimiento de normas sobre los acuerdos que obstaculizaban directamente el objetivo de la integraci(cid:243)n de los mercados. A medida que se han ido defi- niendo con precisi(cid:243)n la normativa y la pol(cid:237)tica de competencia, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas puede hoy repartirse de forma ma´ s equitativa con los tribunales y autoridades nacionales, que tienen la ventaja de la proximidad a los ciudada- nos y sus problemas. Hoy en d(cid:237)a, la Comisi(cid:243)n se centra ma´ s en garantizar la competencia efectiva persiguiendo y poniendo fin a los ca´ rteles y manteniendo estructuras de mercado competitivas. Tambie´n se ha hecho cargo del control de las concentraciones, la liberaliza- ci(cid:243)n de mercados hasta hoy monopolizados y la cooperaci(cid:243)n internacional. 9. La Comisi(cid:243)n s(cid:243)lo puede hacer frente a todas estas nuevas situaciones centrando su atenci(cid:243)n en los asuntos ma´ s importantes y en aquellos a´ mbitos de actividad en los que puede operar con ma´ s eficacia que las instancias nacionales. A tal fin, ya ha adoptado varias medidas como la Comunicaci(cid:243)n de minimis sobre los acuerdos de menor importan- cia y los reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. 10. No obstante, estas medidas no son suficientes para satisfacer los nuevos desaf(cid:237)os a los que se ha aludido. Ya no resulta posible mantener un sistema de aplicaci(cid:243)n centralizada que exige una decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre los acuerdos restrictivos que reu´ nen las condi- ciones del apartado 3 del art(cid:237)culo 85. Para que tal sistema de autorizaci(cid:243)n funcione en la Comunidad de hoy y de man˜ ana, se requerir(cid:237)an recursos ingentes y el coste para las empre- sas ser(cid:237)a muy elevado. Es esencial adaptar el sistema de forma que las empresas se vean liberadas de innecesarios tra´ mites burocra´ ticos, para permitir que la Comisi(cid:243)n intensifique su actividad de persecuci(cid:243)n de las infracciones graves y que las instancias nacionales sean las que, en mayor medida, velen por la aplicaci(cid:243)n efectiva de las normas. Nuestra Comuni- dad exige un sistema de control ma´ s eficiente y ma´ s sencillo. 11. En el Libro Blanco, la Comisi(cid:243)n analiza varias opciones para la reforma. Propone un sistema que satisface los objetivos de aplicaci(cid:243)n rigurosa de la normativa de competen- cia, descentralizaci(cid:243)n efectiva, simplificaci(cid:243)n de los procedimientos y aplicaci(cid:243)n uniforme de la legislaci(cid:243)n y la pol(cid:237)tica de competencia en el conjunto de la Uni(cid:243)n. 12. La reforma propuesta implica la abolici(cid:243)n del sistema de notificaci(cid:243)n y exenci(cid:243)n y su sustituci(cid:243)n por un Reglamento del Consejo que convertir(cid:237)a la norma de exenci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 en directamente aplicable sin decisi(cid:243)n previa de la Comisi(cid:243)n. El art(cid:237)culo 85 en su conjunto ser(cid:237)a aplicado por la Comisi(cid:243)n y las autoridades de competencia y tribunales nacionales, tal y como ya ocurre en el caso del apartado 1 del art(cid:237)culo 85 y del art(cid:237)culo 86. 13. Esta reforma permitir(cid:237)a a la Comisi(cid:243)n reorientar sus actividades centra´ ndose en las infracciones ma´ s graves de la normativa comunitaria en los asuntos que presenten intere´s comunitario. Esta reorientaci(cid:243)n allanar(cid:237)a el camino que conduce a la aplicaci(cid:243)n descentrali- zada de la normativa comunitaria por parte de las autoridades y tribunales nacionales, y eliminar(cid:237)a la innecesaria carga burocra´ tica y los costes que supone para las empresas el ajustarse a las normas. Asimismo, estimular(cid:237)a la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia por parte de las autoridades nacionales. 14. Con el nuevo sistema, la Comisi(cid:243)n mantendr(cid:237)a un papel predominante en la fijaci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica de competencia comunitaria. Continuar(cid:237)a adoptando reglamentos y comuni- 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/5 caciones estableciendo las principales normas de interpretaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86. Adema´ s, seguir(cid:237)a adoptando decisiones de prohibici(cid:243)n y de autorizaci(cid:243)n que servir(cid:237)an de orientaci(cid:243)n en la aplicaci(cid:243)n de estas disposiciones. Tambie´n se ha previsto excluir del nuevo sistema a las empresas en participaci(cid:243)n dedicadas a actividades de producci(cid:243)n que impli- quen inversiones considerables, que quedar(cid:237)an sujetas a las normas de procedimiento del Reglamento de concentraciones. En este sistema de competencias paralelas entre la Comisi(cid:243)n y los tribunales y auto- 15. ridades nacionales, ser(cid:237)a necesario mantener ciertas medidas que permitieran a la Comisi(cid:243)n garantizar la aplicaci(cid:243)n coherente de las normas en el conjunto de la Comunidad. En con- creto, se propone que la Comisi(cid:243)n mantenga la potestad de reclamar la tramitaci(cid:243)n de un asunto a las autoridades de competencia nacionales cuando haya riesgo de divergencias de interpretaci(cid:243)n. Asimismo, los tribunales nacionales deber(cid:237)an estar claramente obligados a evitar conflictos con las decisiones de la Comisi(cid:243)n. En el Libro Blanco se exponen otras medidas complementarias a este respecto. La Comisi(cid:243)n invita a los Estados miembros, las dema´ s instituciones y partes interesa- 16. das a que env(cid:237)en sus observaciones sobre el Libro Blanco, no ma´ s tarde del 30 de septiem- bre de 1999, a la direcci(cid:243)n que figura en la u´ ltima pa´ gina. C 132/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 INTRODUCCI(cid:211)N 1. La Comisi(cid:243)n es responsable de la pol(cid:237)tica de competencia comunitaria desde los pri- meros d(cid:237)as de la Comunidad Europea del Carb(cid:243)n y del Acero (en lo sucesivo CECA) en 1952. La Europa de entonces era muy diferente de la que conocemos en este final de siglo y de milenio. Tras las primeras experiencias de la CECA, la Comisi(cid:243)n comenz(cid:243) a poner realmente en pra´ ctica una pol(cid:237)tica de competencia con la adopci(cid:243)n del Reglamento no 17, en 1962, en el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ(cid:243)mica Europea. Era un reto de envergadura: crear una pol(cid:237)tica ine´dita a escala de todo un continente, sin refe- rencia directa en la mayor(cid:237)a de los Estados miembros de la e´poca, con el fin de responder a dos exigencias: la integraci(cid:243)n de los mercados nacionales en un u´ nico espacio econ(cid:243)mico, y el establecimiento de la competencia como fuerza motriz de la econom(cid:237)a. 2. Poco a poco, a trave´s de decisiones y de comunicaciones, y ma´ s tarde de reglamentos, la Comisi(cid:243)n define una pol(cid:237)tica de competencia que cubre los grandes temas de la vida eco- n(cid:243)mica. El Tribunal de Justicia hizo su papel de forma cabal: unas veces confirm(cid:243), otras veces anul(cid:243), pero contribuy(cid:243) siempre a la comprensi(cid:243)n de las normas de competencia tal como se iban inscribiendo en la vida de los consumidores y de las empresas del mercado comu´ n en devenir. 3. El resultado de estos primeros an˜ os de esfuerzo es notable: una pol(cid:237)tica completa, una jurisprudencia abundante, principios fundamentales claramente asentados, detalles bien establecidos. Tanto en el a´ mbito de la represi(cid:243)n de los acuerdos ma´ s perjudiciales como en materia de licencias de tecnolog(cid:237)a o de distribuci(cid:243)n de bienes y servicios, la pol(cid:237)tica comu- nitaria aporta respuestas a los problemas de la econom(cid:237)a moderna. Con el paso de los an˜ os, el dispositivo comunitario se enriqueci(cid:243) con el control de las concentraciones, la pol(cid:237)tica de liberalizaci(cid:243)n de los sectores monopolizados, la pol(cid:237)tica de cooperaci(cid:243)n internacional y numerosas iniciativas espec(cid:237)ficas destinadas a hacer frente a los nuevos retos econ(cid:243)micos. En 1999, esta pol(cid:237)tica se desenvuelve en un mundo muy diferente del que conocieron 4. los autores de los textos fundadores. Quince Estados miembros, una moneda y un mercado u´ nicos, una econom(cid:237)a globalizada, ampliaci(cid:243)n a los pa(cid:237)ses de Europa Central y Oriental y a Chipre, etc. : nadie pod(cid:237)a preverlo en 1962. Los cambios en materia de competencia son tambie´n notables. La pol(cid:237)tica establecida por la Comisi(cid:243)n cubre toda la gama de las activi- dades econ(cid:243)micas, al tiempo que las pol(cid:237)ticas nacionales de competencia establecidas por cada Estado miembro se imbrican en el sistema comunitario. Que ahora sea preciso moder- nizar el sistema no le resta me´ritos: creada ex nihilo, la pol(cid:237)tica de competencia comunita- ria permiti(cid:243) sentar las bases del mercado u´ nico y asegurar el dinamismo de la econom(cid:237)a europea. La nueva tarea es reorganizar el sistema para hacer frente a los retos de los an˜ os venideros. 5. La aprobaci(cid:243)n del primer Reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86, el Regla- mento no 17 del Consejo, data de hace ma´ s de 35 an˜ os. Es un texto concebido para una Comunidad de 170 millones de habitantes y de seis Estados miembros, con cuatro lenguas de trabajo. Hoy se aplica, sustanciales, a una Comunidad de 380 millones de habitantes y de 15 Estados, cuyos mercados esta´ n ya integrados en gran medida. Por otra parte, los u´ ltimos an˜ os se han caracterizado por la acelerada internaciona- lizaci(cid:243)n de la econom(cid:237)a europea, de forma que la pol(cid:237)tica de competencia se inscribe ahora, en general, en un marco globalizado. Se han practicado adaptaciones del marco legal, pero hoy parecen haber alcanzado sus l(cid:237)mites. La necesidad de la reforma cobra mayor urgencia sin modificaciones 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/7 ante los dos grandes retos que la pr(cid:243)xima de´cada plantea a la pol(cid:237)tica de competencia: La Uni(cid:243)n Econ(cid:243)mica y Monetaria y la ampliaci(cid:243)n de la Comunidad a los pa(cid:237)ses de Europa Central y Oriental y a Chipre. 6. La Uni(cid:243)n Econ(cid:243)mica y Monetaria no dejara´ de tener repercusiones importantes sobre la pol(cid:237)tica de competencia. Provocara´ , en primer lugar, una integraci(cid:243)n econ(cid:243)mica ma´ s avanzada, y a largo plazo profundizara´ los efectos del mercado interior, contribuyendo a eliminar las u´ ltimas barreras econ(cid:243)micas que subsistan entre los Estados miembros. Permi- tira´ tambie´n reducir los costes globales del comercio intracomunitario merced a la reduc- ci(cid:243)n de los costes de transacci(cid:243)n, todav(cid:237)a gravados actualmente por los gastos de cambio. Estos hechos empujara´ n a las empresas a incrementar sus intercambios y acrecentara´ n por tanto la competencia en toda la Uni(cid:243)n. La existencia de una moneda u´ nica aumentara´ tam- bie´n la transparencia de los precios, poniendo de manifiesto los diferenciales de precios que subsisten entre los Estados miembros. Los agentes econ(cid:243)micos, ante una mayor presi(cid:243)n competitiva, podra´ n sentir la tentaci(cid:243)n de adoptar comportamientos proteccionistas para sortear las dificultades de adaptaci(cid:243)n a estas nuevas condiciones y compensar as(cid:237) su menor competitividad en un entorno nuevo. Por u´ ltimo, el hecho de que algunos Estados miem- bros se mantengan, al menos por el momento, fuera de la Uni(cid:243)n Monetaria, puede incitar a las empresas a parcelar sus mercados. 7. La ampliaci(cid:243)n de la Comunidad exigira´ tambie´n reforzar la pol(cid:237)tica de competencia frente a los ca´ rteles y a los abusos de posici(cid:243)n dominante. En particular, en los pa(cid:237)ses can- didatos hay numerosos casos de posiciones dominantes de las empresas herederas de los monopolios de Estado, y sus propietarios pueden sentir la tentaci(cid:243)n de abusar de su posici(cid:243)n para compensar su menor competitividad econ(cid:243)mica. La tradici(cid:243)n de econom(cid:237)a planificada representa tambie´n un peligro potencial, ya que favorec(cid:237)a los acuerdos entre «competidores». Toda propuesta de modificaci(cid:243)n de las normas de procedimiento en materia de competencia debe integrar el hecho de que estos Estados, con estructuras admi- nistrativas au´ n poco familiarizadas con los conceptos de mercado y libre empresa, debera´ n aplicarlas como parte del acervo comunitario. La ampliaci(cid:243)n tendra´ adema´ s un efecto auto- ma´ tico de aumento de los acuerdos y abusos de posici(cid:243)n dominante potencialmente sujetos al Derecho comunitario. En una Europa con ma´ s de 20 Estados miembros, el manteni- miento de la eficacia de la pol(cid:237)tica de competencia impone la modernizaci(cid:243)n de las normas de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86. 8. La globalizaci(cid:243)n de la econom(cid:237)a es otro reto para las autoridades de competencia. Aunque este cambio es en principio beneficioso para la competencia, merced a la apertura e integraci(cid:243)n de los mercados por encima de la propia Comunidad, pone a las autoridades de competencia frente a ca´ rteles o pra´ cticas restrictivas destinadas a crear barreras artificia- les entre las grandes regiones de este mercado mundial. As(cid:237), puede ocurrir que grandes empresas establezcan restricciones verticales que impidan el acceso a su mercado, se repar- tan los mercados o celebren contratos abusivos a escala mundial. Estas pra´ cticas suelen ser de cara´ cter complejo, exigen mucha investigaci(cid:243)n y mucha cooperaci(cid:243)n con otras autorida- des de competencia y, si quedan impunes, causan a la econom(cid:237)a y a los consumidores un dan˜ o proporcional a su vasta escala geogra´ fica. 9. En este nuevo entorno econ(cid:243)mico comunitario y mundial, mantener el Reglamento no 17 tal como se concibi(cid:243) en 1962, con su sistema de control previo muy centralizado, resulta incompatible con el objetivo de controlar eficazmente la competencia. El presente Libro Blanco expone las reflexiones de la Comisi(cid:243)n al respecto y tiene por objeto suscitar reacciones de todas las partes interesadas, paso necesario para la presentaci(cid:243)n formal de una propuesta de nuevo Reglamento al Consejo. C 132/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 CAP(cid:221)TULO I HISTORIA I. La instauraci(cid:243)n de un sistema comunitario de control de los acuerdos El informe Spaak (1), en el cap(cid:237)tulo consagrado 10. a la pol(cid:237)tica de competencia, destacaba la necesidad de que el Tratado impidiera que situaciones o pra´ cticas de monopolio frustraran los objetivos fundamentales del mercado comu´ n (2). El concepto de «monopolio» abarcaba, para los autores del informe, tanto la ocupa- ci(cid:243)n de una posici(cid:243)n dominante por parte de una empresa como la celebraci(cid:243)n de acuerdos restrictivos de la competencia. Fue el planteamiento adoptado por el Tratado de Roma, que proh(cid:237)be a las empresas en posici(cid:243)n dominante abusar de la misma (art(cid:237)culo 86 CE) y somete los acuerdos restrictivos de la competen- cia a un principio general de prohibici(cid:243)n sancionado por la nulidad ab initio (art(cid:237)culo 85 CE). As(cid:237), el art(cid:237)- culo 85§1 y 2 establece que: «(1) Sera´ n incompatibles con el mercado comu´ n y quedara´ n prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asocia- ciones de empresas y las pra´ cticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miem- bros y que tengan por objeto o de impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado comu´ n (…). (2) Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente art(cid:237)culo sera´ n nulos de pleno derecho. » 11. Conviene recordar que, si bien todas las delega- ciones nacionales reunidas en Mesina optaron por un sistema basado en el principio de prohibici(cid:243)n, sobre todo por las garant(cid:237)as de eficacia derivadas de su efecto preventivo, los negociadores del Tratado, en cambio, encontraron ma´ s dificultades a la hora de definir las condiciones para el levantamiento de la pro- hibici(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§1. Se pod(cid:237)an concebir dos sis- temas: un re´gimen de autorizaci(cid:243)n, o un re´gimen de excepci(cid:243)n legal. En un re´gimen de autorizaci(cid:243)n, la prohibici(cid:243)n establecida por la ley no puede ser levan- (1) Informe de los jefes de delegaci(cid:243)n del Comite´ Guberna- mental instituido por la Conferencia de Mesina y dirigido con fecha a los Ministros de Asuntos Exteriores 21. 4. 1956 (pa´ginas 53-60). (2) El informe precisaba que los principios inscritos en el Tratado deb(cid:237)an «permitir a la Comisi(cid:243)n Europea adoptar Reglamentos generales de ejecuci(cid:243)n (…) que tendra´ n por objeto elaborar normas detalladas relativas a la discrimi- naci(cid:243)n, organizar un control de las operaciones de con- centraci(cid:243)n y aplicar la prohibici(cid:243)n de los acuerdos que tengan como efecto un reparto o una explotaci(cid:243)n de los mercados, una limitaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n o del progreso te´cnico» (Informe Spaak, pa´ gina 56). tada sino por intervenci(cid:243)n de una autoridad pu´ blica habilitada a tal efecto, autoridad que dicta, mediante decisi(cid:243)n constitutiva de derechos, el levantamiento de la prohibici(cid:243)n. La l(cid:243)gica del re´gimen de autorizaci(cid:243)n es que los acuerdos son nulos mientras no este´n autori- zados por la autoridad competente. En un re´gimen de excepci(cid:243)n legal, la prohibici(cid:243)n de los acuerdos restric- tivos no se aplica a aquellos que reu´ nen determinadas condiciones establecidas por la ley. El conjunto de estas condiciones se interpreta como una excepci(cid:243)n del principio de prohibici(cid:243)n. Los acuerdos restrictivos que reu´ nen las condiciones legales son, por tanto, va´ lidos desde el momento de su celebraci(cid:243)n. 12. El texto del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 es pro- ducto de un compromiso entre las delegaciones que deseaban un re´gimen de excepci(cid:243)n legal y las que defend(cid:237)an un re´gimen de autorizaci(cid:243)n previa. Aunque los partidarios del re´gimen de autorizaci(cid:243)n defend(cid:237)an una redacci(cid:243)n del tipo «los acuerdos podra´ n declararse va´ lidos», se acord(cid:243) una formulaci(cid:243)n negativa: «Las disposiciones del apartado 1 podra´ n ser declaradas inaplicables». Con esta formulaci(cid:243)n negativa, el art(cid:237)- culo 85§3 dejaba al legislador comunitario libertad para elegir entre un re´gimen de autorizaci(cid:243)n y un re´gi- men de excepci(cid:243)n legal. 13. La elecci(cid:243)n final del re´gimen de control de los acuerdos qued(cid:243), pues, para el legislador comunitario. En efecto, el art(cid:237)culo 87 confi(cid:243) al Consejo, a pro- puesta de la Comisi(cid:243)n y previa consulta al Parlamento Europeo, la tarea de determinar las disposiciones de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar una vigilancia eficaz y de simpli- ficar en lo posible el control administrativo. El Consejo puede organizar este control en forma de autorizaci(cid:243)n previa o decidir que el art(cid:237)culo 85§3 sea directamente aplicable sin necesidad de un acto admi- nistrativo previo. El apartado 1 del art(cid:237)culo 87 confiri(cid:243) asimismo 14. al Consejo la facultad de adoptar todos los reglamen- tos y directivas apropiados para la aplicaci(cid:243)n de los principios enunciados en los art(cid:237)culos 85 y 86. El 28 de octubre de 1960, la Comisi(cid:243)n transmiti(cid:243) al Consejo una propuesta de Reglamento (3). La breve exposici(cid:243)n (3) Documento IV/COM(60) 158 final de 28 de octubre de 1960. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/9 de motivos de esta propuesta recuerda los tres objeti- vos principales que la presiden: mejorar los medios de informaci(cid:243)n de las autoridades de control, asegurar en los seis pa(cid:237)ses un re´gimen de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 suficientemente homoge´neo, y establecer las condicio- nes de una seguridad jur(cid:237)dica suficiente para las empresas. Estos tres objetivos no eran fa´ ciles de alcan- zar en el contexto de principios de los an˜ os sesenta. En primer lugar, era dif(cid:237)cil asegurar la necesaria 15. informaci(cid:243)n de las autoridades de competencia, nacio- nales y comunitaria, en una e´poca en la que los servi- cios de la Comisi(cid:243)n, y en particular de la Direcci(cid:243)n General responsable de la pol(cid:237)tica de competencia, no ten(cid:237)an un conocimiento suficiente de los mercados y de la naturaleza de los acuerdos u otras pra´ cticas res- trictivas. A las v(cid:237)ctimas de infracciones de las normas de competencia dif(cid:237)cilmente se les ocurr(cid:237)a transmitir sus denuncias a la Comisi(cid:243)n, y s(cid:243)lo progresivamente empezaron a invocar el Derecho comunitario. Las autoridades de competencia de los Estados miembros, cuando exist(cid:237)an, eran de reciente creaci(cid:243)n y ten(cid:237)an poca experiencia en materia de competencia. La pra´ c- tica de los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales en la materia era tambie´n muy limitada. 16. Por estos motivos, y con el fin de garantizar la informaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n y la seguridad jur(cid:237)dica de las empresas, el Reglamento no 17 instituy(cid:243) un meca- nismo de autorizaci(cid:243)n cuya aplicaci(cid:243)n requiere nor- malmente la solicitud previa a la Comisi(cid:243)n, en forma de notificaci(cid:243)n. Segu´ n el Reglamento, la notificaci(cid:243)n previa de los acuerdos no es obligatoria, pero las empresas que desean acogerse a las disposiciones del art(cid:237)culo 85§3 deben notificar obligatoriamente sus acuerdos a la Comisi(cid:243)n (sin perjuicio de los acuerdos dispensados de notificaci(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 4§2). Las decisiones de exenci(cid:243)n tienen un cara´ cter constitu- tivo de derechos y pueden ser retroactivas hasta la fecha de la notificaci(cid:243)n, pero no ma´ s alla´ (art(cid:237)culo 6§1 del Reglamento no 17). 17. En segundo lugar, el desarrollo coherente de la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 exig(cid:237)a inicialmente una cierta centralizaci(cid:243)n del control, que se concret(cid:243) al conferir a la Comisi(cid:243)n competencia exclusiva para declarar inaplicables a un acuerdo las disposiciones del art(cid:237)culo 85§1 (art(cid:237)culo 9§1 del Reglamento no 17). Adema´ s, esta competencia exclusiva fue reforzada por el mecanismo de declinaci(cid:243)n de competencia de las autoridades nacionales que provoca automa´ ticamente el simple inicio de un procedimiento comunitario (art(cid:237)- culo 9§3 del Reglamento no 17). En tercer lugar, 18. la seguridad jur(cid:237)dica de las empresas se ve(cid:237)a debilitada por la nulidad absoluta con la que el art(cid:237)culo 85§2 del Tratado sanciona los acuerdos restrictivos de competencia y por la redac- ci(cid:243)n muy gene´rica del art(cid:237)culo 85, cuyo alcance au´ n no estaba precisado por la jurisprudencia comunitaria, los reglamentos de exenciones y la pra´ ctica de la Comisi(cid:243)n por medio de decisiones. Por otra parte, en esa e´poca, las legislaciones nacionales, inexistentes o heteroge´neas, dif(cid:237)cilmente pod(cid:237)an guiar a las empresas o a los (cid:243)rganos jurisdiccionales en su interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario. En efecto, ni Italia ni Luxemburgo dispon(cid:237)an de una legislaci(cid:243)n en materia de competencia, mientras que Be´lgica y los Pa(cid:237)ses Bajos hab(cid:237)an optado por un sistema de control de abu- sos (4) que s(cid:243)lo permit(cid:237)a sancionar los acuerdos il(cid:237)citos a partir de la fecha del reconocimiento de la infracci(cid:243)n por la autoridad de competencia. S(cid:243)lo las legislaciones alemana y francesa se basaban, como el Derecho comunitario, en un principio de prohibici(cid:243)n, pero la legislaci(cid:243)n alemana establec(cid:237)a un re´gimen de autoriza- ci(cid:243)n para los acuerdos entre competidores (GWB, de 27 de julio de 1957), mientras que la francesa creaba («Ordonnance» no un re´gimen de excepci(cid:243)n legal 45-1483, de 30 de junio de 1945). II. El desarrollo de la funci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n 19. Desde los an˜ os sesenta, el papel de la Comisi(cid:243)n y el nu´ mero de asuntos aumentaron considerablemente por efecto combinado de la integraci(cid:243)n de los merca- dos, de la adhesi(cid:243)n de nuevos Estados miembros, de la aprobaci(cid:243)n de acuerdos de cooperaci(cid:243)n con terceros pa(cid:237)ses y, por u´ ltimo, de la globalizaci(cid:243)n de la econo- m(cid:237)a. 20. Conviene recordar que el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario de competencia se basa en el criterio de la afectaci(cid:243)n del comercio entre Estados miembros. La realizaci(cid:243)n del mercado interior y la integraci(cid:243)n progresiva de los mercados nacionales se reflejaron inevitablemente, por tanto, en un aumento del nu´ mero de asuntos pertenecientes al a´ mbito del Derecho comunitario. En efecto, en un mercado inte- grado, hasta los acuerdos entre empresas establecidas en un solo y u´ nico Estado pueden ejercer una influen- cia directa o indirecta, actual o potencial, sobre el comercio intracomunitario, por lo que pueden entrar en el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario. (4) Legislaciones belga (ley sobre la protecci(cid:243)n contra el abuso de poder econ(cid:243)mico de 20 de mayo de 1960) y neerlandesa (ley de 28 de junio de 1956). C 132/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 21. Las sucesivas adhesiones de nuevos Estados miembros tuvieron un efecto automa´ tico sobre el alcance de la competencia de la Comisi(cid:243)n. Fundada en 1957 por seis Estados, la Comunidad tiene ahora quince y pronto contara´ con veinte. Estas ampliaciones no dieron paso a una modificaci(cid:243)n sustancial del Reglamento no 17. La adhesi(cid:243)n del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (5) motiv(cid:243) solamente el an˜ adido de un art(cid:237)culo 25, que dispone que la fecha de la adhe- si(cid:243)n es la fecha de entrada en vigor del Reglamento y que los acuerdos, decisiones y pra´ cticas concertadas que, a causa de la adhesi(cid:243)n, entren en el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 debera´ n notificarse antes de transcurrido un plazo de seis meses. En las adhesiones de la Repu´ blica Hele´nica (6), Espan˜ a y Portugal (7), se precis(cid:243) simplemente que les eran de aplicaci(cid:243)n las nor- mas aplicadas en las adhesiones anteriores. Se aplica- ron las mismas normas con motivo de las adhesiones de Austria, Suecia y Finlandia (8), excepto para los acuerdos, decisiones y pra´ cticas concertadas que, en la fecha de la adhesi(cid:243)n, estaban incluidos en el art(cid:237)culo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Econ(cid:243)mico Euro- peo (9). 22. Adema´ s, los acuerdos firmados con terceros pa(cid:237)- ses, previos a una adhesi(cid:243)n o simplemente de libre comercio, extendieron tambie´n la competencia territo- rial de la Comisi(cid:243)n en materia de competencia. El acuerdo sobre el Espacio Econ(cid:243)mico Europeo contiene normas calcadas de los art(cid:237)culos 85 y 86 y da compe- tencia a la Comisi(cid:243)n para gran parte de los asuntos en los que se ve afectado el comercio dentro del territorio cubierto por el acuerdo. 23. De este modo, el papel de la Comisi(cid:243)n se agrand(cid:243) considerablemente desde los an˜ os sesenta sin que cambiaran las condiciones de su actuaci(cid:243)n. Unas normas de procedimiento disen˜ adas para una Comuni- (5) Ve´ase Actas relativas a la adhesi(cid:243)n a las Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca, Irlanda, el Reino de Noruega y del Reino Unido Gran Bretan˜ a e Irlanda del Norte, edici(cid:243)n especial del DO L 73 de 27. 3. 1972, p. 92. (6) Ve´ase Actas relativas a la adhesi(cid:243)n de la Repu´ blica Hele´- nica a las Comunidades Europeas, DO L 291 de 19. 11. 1979, p. 93. (7) Ve´ase Actas relativas a la adhesi(cid:243)n del Reino de Espan˜ a y la Repu´ blica Portuguesa a las Comunidades Europeas, DO L 302 de 15. 11. 1985, p. 165. (8) Ve´ase Actas relativas a la adhesi(cid:243)n del Reino de Noruega, de la Repu´ blica de Austria, de la Repu´ blica de Finlandia y del Reino de Suecia a la Uni(cid:243)n Europea, DO C 241 de 29. 8. 1994, p. 57. (9) DO L 1 de 3. 1. 1994, p. 1. dad de seis Estados miembros se aplican hoy, sin nin- guna modificaci(cid:243)n sustancial, a quince Estados miem- bros. III. Las adaptaciones y sus l(cid:237)mites 24. El re´gimen de control elegido por el Reglamento no 17 respond(cid:237)a efectivamente a los tres objetivos prin- cipales entonces definidos por la Comisi(cid:243)n (informa- ci(cid:243)n de las autoridades de control, aplicaci(cid:243)n homoge´- nea de las normas de competencia en la Comunidad y seguridad jur(cid:237)dica de las empresas). Ese re´gimen per- miti(cid:243) el desarrollo de un corpus normativo coherente y su aplicaci(cid:243)n uniforme en la Comunidad, contribu- yendo as(cid:237) en gran medida a la realizaci(cid:243)n del mercado interior. Pero ahora muestra sus limitaciones. El meca- nismo de control a priori inherente al re´gimen de auto- rizaci(cid:243)n establecido por el Reglamento no 17 condujo a las empresas a notificar sistema´ ticamente sus acuer- dos a la Comisi(cid:243)n, y e´sta, con sus limitados recursos administrativos, se hall(cid:243) muy pronto ante la imposibi- lidad material de tratar mediante decisiones formales los miles de asuntos que se le presentaban. A este res- pecto, conviene recordar que, segu´ n el Reglamento no 17, la aprobaci(cid:243)n de una decisi(cid:243)n de exenci(cid:243)n requiere, adema´ s de las adecuadas medidas de investi- gaci(cid:243)n, la publicaci(cid:243)n de una comunicaci(cid:243)n en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (actual- mente en once lenguas, art(cid:237)culo 19§3 del Reglamento no 17) de forma que los terceros puedan hacer valer sus observaciones, la consulta del Comite´ Consultivo sobre el proyecto de Decisi(cid:243)n, la adopci(cid:243)n en Comi- si(cid:243)n y la publicaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n en el Diario Ofi- cial de las Comunidades Europeas en las once lenguas. El re´gimen de control a priori del Reglamento 25. no 17, unido a la limitaci(cid:243)n de los recursos administra- tivos y a la complejidad de los procedimientos de deci- si(cid:243)n, hizo que, ya en 1967, la Comisi(cid:243)n se encontrara con una masa de 37 450 asuntos acumulados desde la entrada en vigor del Reglamento cuatro an˜ os antes. Y por tanto se hac(cid:237)a indispensable introducir algunas adaptaciones del re´gimen de control vigente con el fin de limitar las notificaciones individuales, acelerar el tra´ mite de las solicitudes de autorizaci(cid:243)n y, en algunos casos, invitar a los denunciantes a acudir a los (cid:243)rganos jurisdiccionales o a las autoridades nacionales. A. LA REDUCCI(cid:211)N DE LAS NOTIFICACIONES INDIVIDUALES 26. A lo largo del tiempo la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) dis- tintas medidas para reducir las notificaciones a efectos de declaraci(cid:243)n negativa y de exenci(cid:243)n. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/11 27. En su primera Decisi(cid:243)n formal en virtud del art(cid:237)culo 85 (10), la Comisi(cid:243)n introdujo el concepto de perjuicio sensible a la competencia, que permiti(cid:243) des- cartar del a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§1 los asuntos de menor importancia. El Tribunal de Justicia hizo suyo este concepto en el asunto V(cid:223)lk/Ver- vaeke (11). Basa´ ndose en esta sentencia, la Comisi(cid:243)n cuantific(cid:243) este concepto, a t(cid:237)tulo orientativo, en una Comunicaci(cid:243)n sobre los acuerdos de menor importan- cia publicada en 1970 (12), en cuyo segundo pa´ rrafo se sen˜ ala que «la Comisi(cid:243)n considera que la prohibici(cid:243)n de los acuerdos no contempla los acuerdos que s(cid:243)lo afectan de forma insignificante al comercio entre Esta- dos miembros y a la competencia. S(cid:243)lo esta´ n prohibi- dos los acuerdos que tienen efectos sensibles sobre las condiciones del mercado (…)». Esta Comunicaci(cid:243)n, que se actualiz(cid:243) en 1977 (13), en 1986 (14) y en 1997 (15), permiti(cid:243) reducir las notificaciones de acuer- dos no nocivos para la competencia. 28. La Comisi(cid:243)n utiliz(cid:243) las comunicaciones de cara´ cter general, a partir de 1962, para aclarar las condiciones en que determinados acuerdos no tienen normalmente por objeto o por efecto limitar la compe- tencia y, por tanto, no esta´ n prohibidos por el art(cid:237)culo 85§1. En 1962 se public(cid:243) una Comunicaci(cid:243)n relativa a los contratos de representaci(cid:243)n exclusiva celebrados con representantes de comercio (16), seguida por una Comunicaci(cid:243)n sobre los acuerdos, decisiones y pra´ cti- cas concertadas relativos a la cooperaci(cid:243)n entre empre- sas (17) adoptada en 1968. Adema´ s, en 1978 se adopt(cid:243) una Comunicaci(cid:243)n relativa a la evaluaci(cid:243)n de los con- tratos de subcontrataci(cid:243)n a la luz de las disposiciones del art(cid:237)culo 85§1 (18). En 1993 se adopt(cid:243) una Comuni- caci(cid:243)n sobre el tratamiento de las empresas en partici- paci(cid:243)n de cara´ cter cooperativo a la luz del art(cid:237)culo 85 (19). Concebidas para que las empresas puedan, eventualmente con ayuda de sus abogados, evaluar por s(cid:237) mismas la compatibilidad con el Derecho comunita- rio de los acuerdos en los que participan, estas comunicaciones acarrearon cierta reducci(cid:243)n de las solicitudes de declaraci(cid:243)n negativa en aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 2 del Reglamento no 17. (10) Decisi(cid:243)n 64/344/CEE de la Comisi(cid:243)n de 1 de junio de 1964 relativa a una solicitud de declaraci(cid:243)n negativa pre- sentada de acuerdo con el art(cid:237)culo 2 del Reglamento no 17 (asunto Grosfillex-Fillistorf), DO L 64 de 10. 6. 1964, p. 1426/64. (11) Sentencia del Tribunal de 9 de julio de 1969 en el asunto 5/69, Franz V(cid:246)lk contra S. P. R. L. Ets Vervaecke (Recopila- ci(cid:243)n 1969, p. 295, punto 7). (12) DO C 64 de 2. 6. 1970, p. 1. (13) Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de 19 de diciembre de 1977 (DO C 313 de 29. 12. 1977, p. 3; edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 56). (14) DO C 231 del 12. 9. 1986, p. 2. (15) DO C 372 del 9. 12. 1997, p. 13. (16) DO 139 de 24. 12. 1962, p. 2921/62; edici(cid:243)n especial, vol. 01, p. 58. (17) DO C 75 de 29. 7. 1968, p. 3, rectificado por el DO C 84 de 28. 8. 1968, p. 14; edici(cid:243)n especial, vol. 01, p. 117. (18) DO C 1 de 3. 1. 1979, p. 2; edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 63. (19) DO C 43 de 16. 2. 1993, p. 2. Por otro lado, y con el fin de limitar las solicitu- 29. des individuales de exenci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243), habilitada por el Consejo, una serie de reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a. En efecto, segu´ n el art(cid:237)culo 85§3, las disposiciones del art(cid:237)culo 85§1 pueden decla- rarse inaplicables a determinadas categor(cid:237)as de acuer- dos, decisiones de asociaciones de empresas o pra´ cticas concertadas. La «declaraci(cid:243)n de inaplicabilidad» emana entonces de las disposiciones reglamentarias que definen los rasgos que deben presentar los acuer- dos para que se los considere, sin examen previo, con- formes con las condiciones de exenci(cid:243)n del apartado 3. El art(cid:237)culo 87 del Tratado dispone que el Consejo adoptara´ todos los Reglamentos o directivas apropia- dos para la aplicaci(cid:243)n de los principios enunciados en los art(cid:237)culos 85 y 86. Sobre esta base, el Consejo ha adoptado hasta ahora tres reglamentos de habilita- ci(cid:243)n [el Reglamento no 19/65 (20), el Reglamento (CEE) no 2821/71 (21) el Reglamento (CEE) y no 1534/91 (22)] que autorizan a la Comisi(cid:243)n a decla- rar que la prohibici(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§1 no se aplica a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos. 30. Actualmente se hallan en vigor cinco reglamen- tos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a de acuerdos verticales y de transferencia de tecnolog(cid:237)a adoptados por la Comi- si(cid:243)n sobre la base del Reglamento no 19/65: — el Reglamento (CEE) no 1983/83, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de distribu- ci(cid:243)n exclusiva (23); — el Reglamento (CEE) no 1984/83, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de distribu- ci(cid:243)n exclusiva (24); — el Reglamento (CEE) no 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de distribu- ci(cid:243)n y de servicio de venta y de postventa de veh(cid:237)- culos autom(cid:243)viles (25); (20) DO 36 de 6. 3. 1965, p. 533; edici(cid:243)n especial, vol. 01, p. 85. (21) Reglamento (CEE) no 2821/71 del Consejo (DO L 285 de 29. 12. 1971; edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 14) modificado por el Reglamento (CEE) no 2473/72 (DO L 191 de 29. 12. 1972; edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 19). (22) DO L 143 de 7. 6. 1991, p. 1. (23) DO L 173 de 30. 6. 1983 (edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 110), modificado por el Reglamento de la Comisi(cid:243)n (CE) no 1582/97 (DO L 214 de 6. 8. 1997, p. 2). (24) DO L 173 de 30. 6. 1983 (edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 114), modificado por el Reglamento de la Comisi(cid:243)n (CE) no 1582/97 (DO L 214 de 6. 8. 1997, p. 2). (25) DO L 145 de 29. 6. 1995, p. 25. C 132/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 — el Reglamento (CEE) no 4087/88, de 30 de noviem- bre de 1988, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de franquicia (26); — el Reglamento (CEE) no 240/96 de 31 de enero de 1996 relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de transferen- cia de tecnolog(cid:237)a (27). En el marco de la revisi(cid:243)n de su pol(cid:237)tica en materia de restricciones verticales, la Comisi(cid:243)n present(cid:243) al Con- sejo una propuesta de Reglamento de modificaci(cid:243)n del Reglamento no 19/65, con el fin de conferir a la Comi- si(cid:243)n las facultades necesarias para la adopci(cid:243)n de un Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a que abarque el conjunto de los acuerdos verticales (28). 31. A su vez, la habilitaci(cid:243)n conferida por el Con- sejo en virtud del Reglamento no 2821/71, permiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n adoptar dos reglamentos de exenci(cid:243)n rela- tivos a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos horizonta- les: — el Reglamento (CEE) no 417/85, de 19 de diciem- bre de 1984, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a categor(cid:237)as de acuerdos de especializa- ci(cid:243)n (29). — el Reglamento (CEE) no 418/85, de 19 de diciem- bre de 1984, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a categor(cid:237)as de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo (30). Por u´ ltimo, el Reglamento (CEE) no 1534/91 32. habilit(cid:243) a la Comisi(cid:243)n a adoptar un Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a espec(cid:237)fica en el sector de los seguros: el Reglamento (CEE) no 3932/92, de 21 de diciembre de 1992, relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos, decisio- nes y pra´ cticas concertadas en el sector de los segu- ros (31). Estos reglamentos de exenci(cid:243)n permitieron 33. reducir considerablemente el nu´ mero de solicitudes individuales de exenci(cid:243)n. (26) DO L 359 de 28. 12. 1988, p. 46. (27) DO L 31 de 9. 2. 1996, p. 2. (28) DO C 365 de 26. 11. 1998, p. 27. (29) DO L 53 de 22. 2. 1985 (edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 166), p. 1, modificado por el Reglamento de la Comisi(cid:243)n (CE) no 2236/97 de 10 noviembre de 1997 (DO L 306 de 11. 11. 1997, p. 12). (30) DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 5 (edici(cid:243)n especial vol. 02, p. 166), modificado por el Reglamento de la Comisi(cid:243)n (CE) no 2236/97 (DO L 306 de 11. 11. 1997, p. 12). (31) DO L 398 de 31. 12. 1992, p. 7. B. LA ACELERACI(cid:211)N DE LA TRAMITACI(cid:211)N DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACI(cid:211)N 34. Como se sen˜ al(cid:243) ma´ s arriba, la aprobaci(cid:243)n de decisiones formales por la Comisi(cid:243)n obliga a respetar un procedimiento especialmente engorroso, que muy pronto se mostr(cid:243) dif(cid:237)cilmente practicable para la tota- lidad de los asuntos sometidos al examen de la Comi- si(cid:243)n. As(cid:237), para acelerar la tramitaci(cid:243)n de las solicitudes de autorizaci(cid:243)n que reciben, los servicios de la Comi- si(cid:243)n recurrieron a partir de la primera mitad de los an˜ os setenta a la te´cnica de las cartas administrativas. Estas cartas permiten informar a la empresa de que, en funci(cid:243)n de los elementos en conocimiento de la Comi- si(cid:243)n, el acuerdo notificado, o no cumple las condicio- nes de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§1 (carta del tipo declaraci(cid:243)n negativa) o reu´ ne las condiciones necesa- rias para gozar de una exenci(cid:243)n (carta del tipo exen- ci(cid:243)n). Las cartas administrativas son firmadas por un director de la Direcci(cid:243)n General de Competencia. Per- miten acelerar notablemente la tramitaci(cid:243)n de los asuntos dado que generalmente excluyen las medidas de publicidad previstas por los art(cid:237)culos 19 y 21 del Reglamento no 17 y la consulta formal del Comite´ Consultivo, y que, por otro lado, reducen las necesida- des de traducci(cid:243)n propias de estas fases del procedi- miento. El uso de estas cartas prolifer(cid:243) muy ra´ pida- mente y su nu´ mero es entre 150 y 200 al an˜ o. En la actualidad se cierran informalmente ma´ s del 90 % de los asuntos de notificaci(cid:243)n [carta administrativa o sim- ple archivo del asunto (32)]. 35. Esta te´cnica de las cartas administrativas, u´ til y generalmente bien aceptada, presenta dos inconvenien- tes principales. Por una parte, las cartas no responden a las exigencias de publicidad y transparencia a que deben estar sujetos, por principio, los actos adminis- trativos. Su env(cid:237)o, en efecto, raramente va precedido de una publicaci(cid:243)n en el Diario Oficial de las Comuni- dades Europeas que permita a los terceros hacer valer sus observaciones de conformidad con el art(cid:237)culo 19§3 del Reglamento no 17. Por otra parte, el Tribunal pre- cis(cid:243) su alcance jur(cid:237)dico en la sentencia de 10 de julio de 1980 (33): no constituyen ni decisiones de declara- ci(cid:243)n negativa ni decisiones de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 del Tratado, y no vinculan a los (cid:243)rganos jurisdic- cionales nacionales ante los cuales se plantee la incom- en cuesti(cid:243)n con el patibilidad de art(cid:237)culo 85. Constituyen un elemento de hecho que los los acuerdos (32) Un gran nu´ mero de asuntos se archiva cada an˜ o sin decisi(cid:243)n: puede tratarse de denuncias, de notificacio- nes retiradas o ya sin objeto, etc. (33) Sentencia del Tribunal del 10 de julio de 1980 en el asunto 99/79, SA Lanc(cid:244)me y Cosparfrance Nederland BV contra Etos BV y Albert Heyn Supermarkt BV (Recopila- ci(cid:243)n 1980, p. 2511). 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/13 (cid:243)rganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales tienen generalmente en cuenta. C. EL FOMENTO DE LA TRAMITACI(cid:211)N DESCENTRALIZADA DE LAS DENUNCIAS El art(cid:237)culo 9§1 del Reglamento no 17 s(cid:243)lo da 36. competencia exclusiva a la Comisi(cid:243)n para declarar inaplicables las disposiciones del art(cid:237)culo 85§1 en vir- tud del apartado 3 del mismo art(cid:237)culo. Los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales y las autoridades competen- tes de los Estados miembros pueden aplicar los art(cid:237)cu- los 85§1 y 86 del Tratado y, en particular, resolver sobre las solicitudes basadas en el Derecho comunita- rio. La Comisi(cid:243)n ha reiterado a menudo su deseo de que se refuerce la aplicaci(cid:243)n descentralizada, tanto por parte de las autoridades como por parte de los (cid:243)rganos jurisdiccionales. 37. El Tribunal de Justicia sentenci(cid:243) ya en 1974, en el asunto BRT (34) que dado que las prohibiciones de los art(cid:237)culos 85§1 y 86 se prestan por su propia natu- raleza a producir efectos directos en las relaciones entre particulares, estos art(cid:237)culos generan derechos a favor de los particulares que los (cid:243)rganos jurisdicciona- les nacionales deben salvaguardar. Diez an˜ os antes de adoptar la Comunicaci(cid:243)n sobre la cooperaci(cid:243)n con los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales (35) la Comisi(cid:243)n insist(cid:237)a en el XIII Informe sobre la Pol(cid:237)tica de Compe- tencia (36), de 1983, sobre la importancia de las v(cid:237)as de Derecho nacionales para la constataci(cid:243)n de las infracciones de las normas de competencia comunita- rias. En la mayor(cid:237)a de los informes posteriores, la Comisi(cid:243)n lament(cid:243) que esta aplicaci(cid:243)n se desarrolle con lentitud (37). Por otra parte, en la sentencia Deli- mitis (38), el Tribunal confirm(cid:243) que el juez nacional tiene la posibilidad de aplicar directamente el art(cid:237)culo 85§1 efectuando un pron(cid:243)stico negativo sobre la apli- cabilidad del art(cid:237)culo 85§3 a un asunto determinado. (34) Sentencia de 30 de enero de 1974 en el asunto 127/73, «BRT I» (Recopilaci(cid:243)n 1974, p. 51). (35) Comunicaci(cid:243)n relativa a la cooperaci(cid:243)n entre la Comi- si(cid:243)n y los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales para la apli- caci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado CEE (DO C 39 de 13. 2. 1993, p. 6). (36) XIII informe anual sobre la pol(cid:237)tica de competencia, 1983, punto 217. (37) Ve´ase, en particular, el XV informe anual (1985, punto 38), el XVI informe anual (1986, punto 40), el XVII informe anual (1987, punto 55), el XXI informe anual (1991, punto 69). (38) Sentencia del Tribunal del 28 de febrero de 1991 en el asunto C-234/89, Stergios Delimitis contra Henninger Br(cid:228)u AG (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-935). juez nacional Adema´ s, el Tribunal reconoci(cid:243) al la facultad de «adoptar medidas cautelares segu´ n las modalidades de su derecho procesal nacional» (39), y de proceder, en este marco, a un pron(cid:243)stico positivo en cuanto a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. Por u´ lti- mo, indic(cid:243) que, para limitar el riesgo de que los (cid:243)rga- nos jurisdiccionales dicten resoluciones contradictorias con las adoptadas o previstas por la Comisi(cid:243)n, los jue- ces nacionales pueden dirigirse a la Comisi(cid:243)n para recabar las informaciones que les sean necesarias y que e´sta pueda proporcionarles. A ra(cid:237)z de esta sentencia, la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) en 1993 la citada Comunicaci(cid:243)n relativa a la cooperaci(cid:243)n entre la Comisi(cid:243)n y los (cid:243)rga- nos jurisdiccionales nacionales. Esta Comunicaci(cid:243)n aclara el marco jur(cid:237)dico general y precisa las modali- dades pra´ cticas para lograr una mayor implicaci(cid:243)n de los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales en la aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86. En particular, define las con- diciones en las que los (cid:243)rganos jurisdiccionales pueden acudir a la Comisi(cid:243)n para recabar informaciones de cara´ cter procesal, jur(cid:237)dico o de hecho. 38. En la misma l(cid:237)nea, la Comunicaci(cid:243)n relativa a la cooperaci(cid:243)n entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades nacionales (40), publicada en 1997, traza las l(cid:237)neas de reparto de los asuntos entre las autoridades nacionales y la Comisi(cid:243)n e insta a las empresas a acudir ma´ s a las autoridades nacionales de competencia para obtener el respeto del art(cid:237)culo 85§1 y del art(cid:237)culo 86. El objetivo principal de esta Comunicaci(cid:243)n es reducir el nu´ mero de denuncias dirigidas a la Comisi(cid:243)n en la medida en que las autoridades nacionales este´n en condiciones de tramitarlas de manera eficaz. Estas dos comunicaciones relativas a la descen- 39. tralizaci(cid:243)n tropiezan hoy con los l(cid:237)mites del marco legislativo vigente. Los denunciantes vacilan a la hora de dirigirse a los (cid:243)rganos jurisdiccionales o a las auto- ridades nacionales de competencia cuando se conside- ran v(cid:237)ctimas de una violaci(cid:243)n del Derecho comunita- rio. Las empresas objeto un procedimiento nacional conservan siempre la posibilidad de notificar su acuerdo a la Comisi(cid:243)n para frustrar la acci(cid:243)n de la instancia nacional. En efecto, como se indic(cid:243) ma´ s arriba, la apertura del procedimiento por la Comisi(cid:243)n descarta automa´ ticamente a las autoridades de compe- tencia (art(cid:237)culo 9§3) y los (cid:243)rganos jurisdiccionales pueden suspender su decisi(cid:243)n en espera de que la Comisi(cid:243)n se pronuncie. Consciente de este problema, la Comisi(cid:243)n mencion(cid:243) expresamente en el punto 57 de la Comunicaci(cid:243)n sobre la cooperaci(cid:243)n con las autori- (39) Sentencia Delimitis citada en la nota 38, punto 52. (40) Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa a la cooperaci(cid:243)n entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades de los Estados miem- bros en el a´ mbito de la competencia para la tramitaci(cid:243)n de los asuntos a los que sean de aplicaci(cid:243)n los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado CE, DO C 313 de 15. 10. 1997, p. 3. C 132/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 dades de competencia la cuesti(cid:243)n de las notificaciones presentadas con el fin de suspender un procedimiento nacional y declar(cid:243) considerarse con motivos para no tramitar estas notificaciones de manera prioritaria. Sin embargo, no hay ma´ s remedio que constatar que los mecanismos de cooperaci(cid:243)n con las autoridades nacio- nales no han tenido hasta ahora, el e´xito esperado, y ello debido al monopolio que tiene la Comisi(cid:243)n para la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 del Tratado. CONCLUSI(cid:211)N 40. La Comisi(cid:243)n, por tanto, ha logrado encauzar el flujo de notificaciones, pero para ello ha tenido que resignarse a dar menos importancia a las restricciones de competencia ma´ s graves, que generalmente no se notifican. A este hecho hay que an˜ adir las dificultades que experimenta la Comisi(cid:243)n para resolver en plazos razonables por medio de decisiones formales los asun- tos que se le someten, lo cual menoscaba la seguridad jur(cid:237)dica de las empresas. Cuanto antecede permite constatar que las medidas adoptadas han llegado a sus l(cid:237)mites y que deben preverse reformas ma´ s profundas. Esta necesidad se hace ma´ s imperiosa debido a que la nacionales mayor empeora los efectos generados por los comportamien- tos restrictivos de la competencia, obligando a la Comisi(cid:243)n a reforzar su acci(cid:243)n contra los acuerdos ma´ s nocivos. En una Uni(cid:243)n ampliada a ma´ s de 20 Estados miembros, ya no sera´ posible mantener un control pre- vio centralizado en Bruselas, que supondr(cid:237)a el examen individual de millares de acuerdos. Ser(cid:237)a un sistema engorroso e ineficaz que impondr(cid:237)a dificultades excesi- vas a los agentes econ(cid:243)micos. los mercados integraci(cid:243)n de CAP(cid:221)TULO II UNA REFORMA NECESARIA I. Objetivos A. ASEGURAR LA EFICACIA DEL CONTROL El art(cid:237)culo 87§2 dispone en su letra a) que las 41. disposiciones de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 deben garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en los art(cid:237)culos 85§1 y 86, mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas, y en su letra b) que el re´gimen de control de los acuerdos debe tener en cuenta la necesidad, por una parte, de asegu- rar una vigilancia eficaz y, por otra, de simplificar en lo posible el control administrativo. La bu´ squeda de un equilibrio entre la eficacia de la pol(cid:237)tica y la simpli- ficaci(cid:243)n del control debe guiar, por tanto, la decisi(cid:243)n entre las distintas opciones de reforma. 42. En este sentido, la Comisi(cid:243)n considera que, en la bu´ squeda de este equilibrio y para realizar su misi(cid:243)n institucional, debe disponer de un marco de procedi- miento que le permita, en primer lugar, centrar su acti- vidad en la lucha contra las restricciones ma´ s graves y que, en segundo lugar, permita descentralizar la aplica- ci(cid:243)n de las normas de competencia comunitarias pre- servando al mismo tiempo la coherencia de la pol(cid:237)tica la de competencia en la Comunidad. Por u´ ltimo, Comisi(cid:243)n considera que el marco de procedimiento debe reducir las cargas administrativas de las empresas y garantizarles al mismo tiempo una seguridad jur(cid:237)dica satisfactoria. 1. Recentrar la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 por la Comisi(cid:243)n Consultado (41), en 1961, el Comite´ Econ(cid:243)mico 43. y Social descubr(cid:237)a ya los riesgos inherentes al re´gimen de declaraci(cid:243)n obligatoria tal como figuraba en la pro- puesta de Reglamento de la Comisi(cid:243)n. As(cid:237), en un dic- tamen de 28 de marzo de 1961, el Comite´ observaba que «esa declaraci(cid:243)n, aunque aparezca para algunos como un medio de conocer mejor la existencia de acuerdos nocivos para la competencia, en realidad corre el riesgo de desviar a la Comisi(cid:243)n de su verda- dera misi(cid:243)n, sobrecarga´ ndola con tareas administrati- vas que le impedira´ n un examen serio y profundo de los efectos empresas reales» (42). acuerdos y de entre sus 44. El riesgo previsto por el CES se hizo realidad. Si se observan las recientes estad(cid:237)sticas de la actividad de la Comisi(cid:243)n, se comprueba que el nu´ mero de notifica- (41) Dictamen sobre el primer Reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado de 28 de marzo de 1961. (42) Cursiva an˜ adida. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/15 ciones hace muy dif(cid:237)cil llevar a cabo una pol(cid:237)tica activa de lucha contra las pra´ cticas restrictivas. As(cid:237), en el per(cid:237)odo 1988-1998, los procedimientos de oficio (43) representaron apenas el 13 % de los nuevos asuntos registrados, prueba de que paulatinamente se ha confi- nado a la Comisi(cid:243)n en un papel reactivo ante la masa de notificaciones y denuncias que se le remiten. Es pre- ciso tener en cuenta tambie´n que las decisiones forma- les de la Comisi(cid:243)n apenas representan, por te´rmino medio, el 6 % de los asuntos cerrados. Actualmente resulta necesario recentrar la apli- 45. caci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 por la Comisi(cid:243)n de forma que pueda dedicar sus recursos a la lucha contra los ca´ rte- les, en particular en los mercados concentrados y en los mercados en curso de liberalizaci(cid:243)n. En vez de limitarse a reaccionar frente al gran nu´ mero de notifi- caciones que le llegan, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a estar en condiciones de tomar la iniciativa e incoar procedi- mientos de oficio contra los acuerdos o abusos de posici(cid:243)n dominante que restringen gravemente la com- petencia y ponen en peligro la integraci(cid:243)n de los mer- cados. dispone de los recursos humanos (44) y de los medios jur(cid:237)dicos necesarios para la represi(cid:243)n de las infraccio- nes con centro de gravedad en su territorio. Por u´ ltimo, esta´ n ma´ s cerca de los denunciantes, que esponta´ neamente se dirigen ma´ s a una Administraci(cid:243)n nacional que a la Comisi(cid:243)n. Cuando los denunciantes las disposiciones del apelan simulta´ neamente a Derecho comunitario y del Derecho nacional, las autoridades de competencia de los Estados miembros, igual que los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales, al pueden aplicar ambos cuerpos normativos. Los (cid:243)rga- nos jurisdiccionales nacionales, a su vez, esta´ n en mejores condiciones que la Comisi(cid:243)n para dar curso a determinadas solicitudes de los denunciantes: pueden intervenir ra´ pidamente gracias a los procedimientos de recurso y pueden, al contrario que la Comisi(cid:243)n, pro- nunciarse sobre la existencia y la cuant(cid:237)a de los dan˜ os y perjuicios cuyo resarcimiento reclamen las v(cid:237)ctimas de las infracciones. 47. La modernizaci(cid:243)n de las normas de procedi- miento deber(cid:237)a, por tanto, eliminar el obsta´ culo que para la aplicaci(cid:243)n descentralizada del Derecho comu- nitario constituye hoy por hoy la competencia exclu- siva de la Comisi(cid:243)n para aplicar el art(cid:237)culo 85§3, de forma que este derecho pueda ser aplicado por la ins- tancia mejor situada para hacerlo con eficacia. Esta medida no deber(cid:237)a jama´ s poner en peligro la uniformi- dad de la interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario o dar lugar a que las diferentes autoridades nacionales que ven un mismo asunto adopten resoluciones contra- dictorias. B. SIMPLIFICAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO 1. Ausencia de necesidad de un re´gimen de autoriza- 2. Descentralizar la aplicaci(cid:243)n de las normas de ci(cid:243)n competencia En una Comunidad ampliada a ma´ s de 20 Esta- 46. dos, la detecci(cid:243)n y represi(cid:243)n centralizadas de las infracciones de las normas de competencia sera´ cada vez menos eficaz y justificada. Sera´ preciso descentrali- zar au´ n ma´ s la aplicaci(cid:243)n de las normas, tanto a las autoridades de competencia de los Estados miembros como a los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales. En efecto, las autoridades de competencia tienen recursos importantes para tratar determinados asuntos de manera eficaz: poseen normalmente un buen conoci- miento de los mercados locales y de los operadores nacionales, algunas disponen de una infraestructura que cubre todo el territorio nacional y que les permite la mayor(cid:237)a organizar ra´ pidamente las verificaciones, (43) Se trata de los procedimientos iniciados u´ nicamente a la iniciativa de la Comisi(cid:243)n para la detecci(cid:243)n y represi(cid:243)n de las infracciones. 48. El buen funcionamiento de un sistema de prohi- bici(cid:243)n de los acuerdos no supone la existencia de un re´gimen de autorizaci(cid:243)n. Existen otros sistemas, basa- dos, al igual que el Derecho comunitario, en el princi- pio de prohibici(cid:243)n de los acuerdos restrictivos, y sin el sistema de notificaci(cid:243)n y autorizaci(cid:243)n. En efecto, un sistema de prohibici(cid:243)n no implica presunci(cid:243)n de ilega- (44) En 1988 hab(cid:237)a aproximadamente 1 222 funcionarios res- ponsables de la instrucci(cid:243)n de los asuntos en materia de concentraciones, acuerdos y abusos de posici(cid:243)n domi- nante en el conjunto de los Estados miembros y 153 en la Comisi(cid:243)n. Estos datos deben tratarse con la mayor pru- dencia y no son sino orientativos, ya que las comparacio- nes entre Estados son muy dif(cid:237)ciles. Datos extra(cid:237)dos de las actas del XVIII Congreso de la FIDE, Estocolmo, 3-6 de junio de 1998. Aplicaci(cid:243)n nacional del derecho europeo de la competencia, informe general de J. Temple Lang, pa´ gina 265 (para los datos por Estado miembro, ve´ase este informe). C 132/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 lidad de todos los acuerdos, sino s(cid:243)lo de aquellos que restringen la competencia de manera sensible y no reu´ - nen las condiciones para una exenci(cid:243)n. No es necesa- rio, por tanto que las empresas hagan validar sus acuerdos por una autoridad administrativa. La norma de prohibici(cid:243)n contenida en el art(cid:237)culo 85 puede cum- plirse perfectamente mediante un control a posteriori destinado a reprimir u´ nicamente aquellos acuerdos que vulneren el art(cid:237)culo 85 en su totalidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que, al cabo de 35 an˜ os de aplica- ci(cid:243)n, la norma es ahora ma´ s clara y ma´ s previsible para las empresas. En todo caso, no cabe imaginar que en una Uni(cid:243)n Europea ampliada las empresas notifi- quen y la Comisi(cid:243)n deba examinar miles de acuerdos. decisoria de la Comisi(cid:243)n y de jurisprudencia del Tribu- nal de Justicia como por numerosos textos generales, con independencia de su forma (reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a, comunicaciones, directrices). Cualquier reforma debera´ esforzarse por garantizar el mantenimiento de un nivel razonable de seguridad jur(cid:237)dica para las empresas. Esto implica, por una par- te, que las normas sean definidas con la mayor claridad posible, de forma que las propias empresas puedan proceder a la evaluaci(cid:243)n de sus acuerdos, y por otra, que la coherencia de su aplicaci(cid:243)n por las instancias competentes (Comisi(cid:243)n, autoridades nacio- nales de competencia y (cid:243)rganos jurisdiccionales) quede asegurada mediante mecanismos de prevenci(cid:243)n y de correcci(cid:243)n adecuados. 49. Por u´ ltimo, la actual divisi(cid:243)n en la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 entre el apartado 1 y el apartado 3 es artificial y contraria al cara´ cter indivisible del art(cid:237)culo 85, que exige un ana´ lisis econ(cid:243)mico de la totalidad de los efectos de un acuerdo (45). II. Opciones 2. Aligerar las cargas que recaen sobre las empresas y garantizarles un nivel suficiente de seguridad jur(cid:237)dica Si en 1962 era necesario asegurar la informa- 50. ci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n mediante un sistema de notifica- ci(cid:243)n, la situaci(cid:243)n ha cambiado profundamente, con lo que las obligaciones de notificaci(cid:243)n esta´ n menos justi- ficadas. El entorno jur(cid:237)dico es uno de los elementos que determinan la competitividad de las empresas, competitividad que debe fomentarse al ma´ ximo. Actualmente, la estrategia industrial y comercial de las empresas debe tener en cuenta la necesidad de notifi- car sus acuerdos a la Comisi(cid:243)n para tener la seguridad de que sus proyectos no vulneran las normas de com- petencia. Esta obligaci(cid:243)n genera costes importantes, en particular para las empresas de taman˜ o medio. Uno de los objetivos de la modernizaci(cid:243)n de las normas de competencia debe ser, por tanto, no poner trabas a la cooperaci(cid:243)n entre empresas cuando no presente riesgos para la competencia, libera´ ndolas as(cid:237) de las exigencias del actual re´gimen de notificaci(cid:243)n. 51. Por otra parte, las empresas gozan hoy de un nivel de seguridad jur(cid:237)dica satisfactorio gracias a la existencia de un cuerpo normativo claro, desarrollado y precisado, tanto por ma´ s de 30 an˜ os de pra´ ctica (45) Sentencia del Tribunal de 6 de abril de 1962 en el asunto 13/61 Sociedad Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uit- denbogerd contra Sociedad de derecho alema´ n Robert Bosch GmbH e. a. (Recopilaci(cid:243)n 192, p. 89) y sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 1977 en el asunto 59/77 Ets A. de Bloos SPRL contra sociedad en coman- dita por acciones «Bouyer» (Recopilaci(cid:243)n 1977, p. 2359). 52. Las opciones que se presentan para la reforma del re´gimen de control de los acuerdos debera´ n valo- rarse a la luz de las exigencias de eficacia y simplifica- ci(cid:243)n del control administrativo. Esas opciones, por otro lado, debera´ n garantizar la aplicaci(cid:243)n coherente y uniforme de las normas de competencia y mantener un nivel razonable de seguridad jur(cid:237)dica para las empre- sas. 53. En el marco de un re´gimen de prohibici(cid:243)n de los acuerdos, el legislador tiene que enfrentarse a una elecci(cid:243)n fundamental: adoptar un re´gimen de autoriza- ci(cid:243)n o de excepci(cid:243)n legal. Los reg(cid:237)menes de autoriza- ci(cid:243)n se basan en el principio de que la prohibici(cid:243)n de los acuerdos decretada por el legislador (en el Derecho comunitario, el apartado 1 del art(cid:237)culo 85) no puede levantarse sino mediante un acto de la autoridad pu´ blica habilitada a tal efecto, la cual pronuncia una decisi(cid:243)n de autorizaci(cid:243)n constitutiva de derechos. Cuando la prohibici(cid:243)n de los acuerdos restrictivos implica una sanci(cid:243)n de nulidad, la l(cid:243)gica manda que los acuerdos sean nulos mientras la autoridad no los haya autorizado. En los reg(cid:237)menes de excepci(cid:243)n legal, en cambio, la prohibici(cid:243)n de los acuerdos restrictivos no se aplica a aquellos que cumplen determinadas con- diciones establecidas por la legislaci(cid:243)n. El conjunto de estas condiciones se interpreta como una excepci(cid:243)n al principio de prohibici(cid:243)n. 54. Las razones que llevaron en 1962 a la adopci(cid:243)n en el Derecho comunitario de un sistema de autoriza- ci(cid:243)n ya fueron explicadas ma´ s arriba. En la actualidad, la evoluci(cid:243)n de las condiciones de intervenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n plantea la necesidad de modificar el re´gimen de control de los acuerdos. Los sectores implicados han hecho en los u´ ltimos an˜ os distintas sugerencias: algunas se mantienen en el marco del re´gimen de auto- 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/17 rizaci(cid:243)n y pretenden aumentar su eficacia y su celeri- dad, mientras que otras preconizan una reforma ma´ s profunda, mediante la adopci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal. A. LA MEJORA DEL SISTEMA DE AUTORIZACI(cid:211)N 55. Ante los principales inconvenientes del sistema actual, que son, en primer lugar, la imposibilidad en que se encuentra la Comisi(cid:243)n de dedicar sus recursos a la lucha contra las restricciones ma´ s graves; en segundo lugar, sus dificultades para resolver los asun- tos que conoce en plazos razonables y mediante una decisi(cid:243)n formal que garantice una seguridad jur(cid:237)dica satisfactoria a las empresas; y, en tercer lugar, los obs- ta´ culos a la aplicaci(cid:243)n descentralizada de las normas de competencia comunitarias por los (cid:243)rganos jurisdic- cionales nacionales y las autoridades competentes de los Estados miembros, existen varias sugerencias de mejora de su funcionamiento. 1. La interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 Una opci(cid:243)n a veces mencionada consiste en 56. modificar la interpretaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 con el fin de integrar el ana´ lisis de los efectos negativos y positi- vos de un acuerdo en su evaluaci(cid:243)n a la luz del apar- tado 1 del art(cid:237)culo 85. En ese sistema, la aplicaci(cid:243)n de la excepci(cid:243)n en virtud del apartado 3 se limitar(cid:237)a a aquellos asuntos en los que razones de coherencia de la pol(cid:237)tica de competencia con otras pol(cid:237)ticas comuni- tarias prevalezcan sobre los resultados del ana´ lisis competitivo. Ser(cid:237)a, en cierto modo, interpretar que el art(cid:237)culo 85§1 incorpora una «norma de raz(cid:243)n» (46). Este sistema aliviar(cid:237)a las obligaciones de notificaci(cid:243)n de las empresas, dado que no tendr(cid:237)an que notificar los acuerdos a efectos de declaraci(cid:243)n negativa. 57. La Comisi(cid:243)n ya ha explorado de manera limitada esta v(cid:237)a, efectuando una evaluaci(cid:243)n de los aspectos pro y anti competitivos de algunos acuerdos en virtud del art(cid:237)culo 85§1. El Tribunal de Justicia (47) (46) En este planteamiento, las autoridades o los (cid:243)rganos jurisdiccionales competentes en materia de derecho de la competencia sopesan los aspectos pro y anti competitivos de un acuerdo para pronunciarse sobre su prohibici(cid:243)n. (47) Ve´ase, por ejemplo: sentencia del Tribunal de 8 de junio de 1982 en el asunto 258/78, L. C. Nungesser KG y Kurt Eisele contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1982, p. 2015); sentencia del Tribunal de 28 de enero de 1986 en el asunto 161/84, Pronuptia de Par(cid:237)s GmbH contra Pronuptia de Par(cid:237)s Irmgard Schillgalis (Recopilaci(cid:243)n 1986, p. 353). ratific(cid:243) este planteamiento. La estructura del art(cid:237)culo 85 no permite, sin embargo, ir ma´ s lejos: en efecto, efectuar ma´ s sistema´ ticamente, en el art(cid:237)culo 85§1, el ana´ lisis de los aspectos pro y anti competitivos de un acuerdo restrictivo, conducir(cid:237)a a vaciar de su sustancia el art(cid:237)culo 85§3, modificaci(cid:243)n que s(cid:243)lo una revisi(cid:243)n del Tratado podr(cid:237)a realizar. Ser(cid:237)a bastante parad(cid:243)jico vaciar el art(cid:237)culo 85§3 de su sustancia siendo as(cid:237) que esta disposici(cid:243)n contiene en realidad todos los elemen- tos de una «norma de raz(cid:243)n». Adema´ s, ser(cid:237)a peligroso basar la modernizaci(cid:243)n de las normas de competencia en una evoluci(cid:243)n de la pra´ ctica decisoria, sin perjuicio de su confirmaci(cid:243)n por los (cid:243)rganos jurisdiccionales la modernizaci(cid:243)n comunitarios. En este enfoque, depender(cid:237)a de los asuntos presentados a la Comisi(cid:243)n y podr(cid:237)a llevar muchos an˜ os. Por u´ ltimo, esta opci(cid:243)n podr(cid:237)a desviar al art(cid:237)culo 85§3 de su objeto, que con- siste en proporcionar un marco jur(cid:237)dico para la valora- ci(cid:243)n econ(cid:243)mica de los acuerdos, y no en permitir que se descarte la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia en virtud de consideraciones pol(cid:237)ticas. 2. La descentralizaci(cid:243)n de la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 58. Una de las causas de las dificultades que tiene la Comisi(cid:243)n para centrar su acci(cid:243)n en los asuntos que presentan un verdadero intere´s comunitario reside en su monopolio de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. As(cid:237), se ha sugerido suprimir el art(cid:237)culo 9§1 del Reglamento no 17 con el reparto de fin de modificar competencias vigente y permitir a las autoridades de competencia aplicar plenamente el art(cid:237)culo 85 y adop- tar decisiones de exenci(cid:243)n constitutivas de derechos. Existen distintas alternativas de esta opci(cid:243)n en funci(cid:243)n de los criterios de reparto de competencias elegidos. el La primera alternativa consiste en repartir la 59. competencia de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 y en dis- tribuir los asuntos entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades de competencia, basa´ ndose en el centro de gravedad de los asuntos («Schwerpunkttheorie») (48). Para deter- minar este centro de gravedad se tendr(cid:237)an en cuenta no s(cid:243)lo los efectos del acuerdo o la pra´ ctica, sino tam- bie´n el imperativo de la eficaz protecci(cid:243)n de la compe- tencia. Adema´ s, se reservar(cid:237)an a la Comisi(cid:243)n una serie de asuntos de importancia comunitaria: en particular, los asuntos que plantean una nueva cuesti(cid:243)n jur(cid:237)dica o los asuntos de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 90 del Tratado. (48) Esta alternativa esta´ expuesta en un documento de tra- bajo de la Bundeskartellamt: Arbeitsunterlage f(cid:252)r die Sitzung des Arbeitskreises Kartellrecht am 8. und 9. Oktober 1998: «Praxis und Perspektiven der dezentra- len Anwendung des EG-Wettbewerbsrechts» (http://www. bundeskartellamt. de). C 132/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 60. Esta opci(cid:243)n no reduce el nu´ mero total de notificaciones, sino que se limita a repartir la masa de asuntos presentes y futuros entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades nacionales de competencia. No permite reforzar la represi(cid:243)n de las ma´ s graves infracciones de las normas de competencia, que no se notifican casi nunca. Y su eficacia ser(cid:237)a escasa dado que las notifica- ciones que podr(cid:237)an ser tratadas por las autoridades nacionales de competencia no son muy numerosas. En efecto, las resoluciones de las autoridades nacionales s(cid:243)lo son ejecutorias en su propio territorio, por lo que no permiten resolver los asuntos que afectan a varios territorios nacionales. 61. Adema´ s, el criterio de reparto propuesto parece insuficientemente preciso para permitir una distribu- ci(cid:243)n clara de las notificaciones. El concepto de centro de gravedad es adecuado para el reparto de las denun- cias entre autoridades de competencia, pero dif(cid:237)cil- mente podr(cid:237)a servir de base para un reparto de las notificaciones. Por otra parte, el sistema propuesto seguir(cid:237)a obstaculizando la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario por los (cid:243)rganos jurisdiccionales naciona- les, manteniendo as(cid:237) el efecto de bloqueo propio de todo sistema de autorizaci(cid:243)n por una autoridad admi- nistrativa, sea nacional o comunitaria. 62. La segunda alternativa consistir(cid:237)a en repartir las competencias entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades nacionales de competencia sobre la base de l(cid:237)mites ma´ ximos de volumen de negocios, siguiendo el modelo del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo (49). Por debajo de los l(cid:237)mites ma´ ximos, las autoridades de competencia tendr(cid:237)an la posibilidad de aplicar su Derecho nacional, como para las concentraciones, o el Derecho comunitario. En efecto, mientras que los l(cid:237)mi- tes ma´ ximos del Reglamento (CEE) no 4064/89 defi- nen al mismo tiempo el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del Dere- cho comunitario y la competencia exclusiva de la Comisi(cid:243)n, los l(cid:237)mites ma´ ximos que podr(cid:237)an introdu- cirse para la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 se reducir(cid:237)an a definir las competencias, y el criterio de aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario ser(cid:237)a la afectaci(cid:243)n del comercio entre los Estados miembros. En el supuesto de que las autoridades nacionales aplicaran el Derecho nacional, existir(cid:237)a un riesgo de «forum shopping» y de renacio- nalizaci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica de competencia (50). Esta situaci(cid:243)n ser(cid:237)a perjudicial para las empresas. En el supuesto de que las autoridades nacionales aplicaran el Derecho comunitario y tuvieran facultad para adoptar concentraci(cid:243)n entre (49) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativo al control de las operaciones de (DO L 395 de 30. 12. 1989, p. 1, corregido en el DO L 257 de 21. 9. 1990, p. 13), modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 del Consejo (DO L 180 de 9. 7. 1997, p. 1). (50) Ve´ase a este respecto el dictamen del PE sobre el XXVI empresas informe sobre la pol(cid:237)tica de competencia (1996). resoluciones de exenci(cid:243)n constitutivas de derechos, existir(cid:237)a un importante riesgo para la coherencia de la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario, en particular en el caso de notificaciones mu´ ltiples a distintas autorida- des nacionales. Esta opci(cid:243)n implicar(cid:237)a que todas las autoridades nacionales de competencia se dotaran de sistemas de notificaci(cid:243)n, lo que podr(cid:237)a resultar espe- cialmente dif(cid:237)cil para los nuevos Estados miembros, cuyas estructuras administrativas pudieran no estar en condiciones de realizar esta tarea. 3. La ampliaci(cid:243)n del a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 4§2 del Reglamento no 17 El art(cid:237)culo 4§2 del Reglamento no 17 exime a 63. determinados acuerdos de la notificaci(cid:243)n previa a efec- tos de exenci(cid:243)n. En consecuencia, no les es aplicable el art(cid:237)culo 6§1 del Regalmento no 17, que establece que la fecha de efecto de una decisi(cid:243)n de exenci(cid:243)n no puede ser anterior a la fecha de la notificaci(cid:243)n. La fun- ci(cid:243)n de esta disposici(cid:243)n es reducir el nu´ mero de notifi- caciones de acuerdos con efectos principales en un u´ nico Estado miembro. 64. Una opci(cid:243)n podr(cid:237)a consistir en extender au´ n ma´ s la dispensa de notificaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 4§2 del actual Reglamento no 17. La ventaja de esta modifica- ci(cid:243)n para las empresas ser(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n, incluso en caso de notificaci(cid:243)n tard(cid:237)a, podr(cid:237)a examinar si los acuerdos responden a las condiciones previstas en el art(cid:237)culo 85§3 y, si as(cid:237) fuera, adoptar una decisi(cid:243)n de exenci(cid:243)n que entrar(cid:237)a en vigor en la fecha de celebra- ci(cid:243)n del acuerdo. Se reforzar(cid:237)a as(cid:237) la seguridad jur(cid:237)dica de las empresas, ya que esta modificaci(cid:243)n suprimir(cid:237)a la nulidad automa´ tica que en el re´gimen actual recae sobre los acuerdos referidos en el art(cid:237)culo 85§1 que no hayan sido notificados. Esta modificaci(cid:243)n, por otra parte, no implicar(cid:237)a una relajaci(cid:243)n de la vigilancia de la Comisi(cid:243)n, ya que el art(cid:237)culo 4§2 no le impide pro- hibir los acuerdos referidos en el art(cid:237)culo 85§1 y que no cumplen las condiciones del apartado 3 del art(cid:237)cu- lo. Esta opci(cid:243)n constituye, sin embargo, un reme- 65. dio imperfecto, ya que limita la posibilidad de que la Comisi(cid:243)n centre su acci(cid:243)n en las restricciones ma´ s gra- ves, pues mantiene su monopolio de exenci(cid:243)n e impide por tanto la descentralizaci(cid:243)n. 4. La agilizaci(cid:243)n de los procedimientos 66. Una de las explicaciones de las dificultades que tiene la Comisi(cid:243)n para resolver mediante decisi(cid:243)n for- 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/19 mal, de conformidad con las disposiciones del Regla- mento no 17, los asuntos que tramita, reside en la complejidad de los procedimientos instituidos por el Reglamento. Se ha propuesto a veces agilizar estos procedimientos para permitir a la Comisi(cid:243)n tramitar los asuntos en plazos breves y dar seguridad jur(cid:237)dica a las empresas. Entre las soluciones que se mencionan figuran, en particular, la supresi(cid:243)n de las traducciones en todas las lenguas comunitarias, tanto para las publicaciones en virtud del art(cid:237)culo 19§3 como para las decisiones, o la simplificaci(cid:243)n de las consultas del Comite´ Consultivo. Cualesquiera que sean las solucio- nes consideradas y su valoraci(cid:243)n, no reducen los asuntos notificados y por tanto no permitir(cid:237)an a la Comisi(cid:243)n centrar su acci(cid:243)n en las restricciones ma´ s graves, que s(cid:243)lo excepcionalmente se notifican. Esta opci(cid:243)n tendr(cid:237)a incluso un efecto perverso, ya que todas las notificaciones ser(cid:237)an tramitadas mediante decisiones y por tanto se animar(cid:237)a a las empresas a notificar. 67. Una variante de esta opci(cid:243)n consiste en genera- lizar los procedimientos de oposici(cid:243)n. Existen actual- mente en el marco de algunos reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a procedimientos denominados «de no oposici(cid:243)n», en virtud de los cuales pueden notificarse a la Comisi(cid:243)n (51) los acuerdos que impliquen restric- ciones que no esta´ n ni expresamente eximidas por el Reglamento ni expresamente prohibidas. Si la Comi- si(cid:243)n no manifiesta su oposici(cid:243)n en el plazo de seis meses, los acuerdos quedan exentos. Se ha propuesto que se generalice este sistema a la totalidad de los acuerdos. 68. Pero esta opci(cid:243)n tiene efectos muy negativos. As(cid:237), como ya se sen˜ al(cid:243) en el Libro Verde sobre la pol(cid:237)- tica de competencia comunitaria y las restricciones ver- ticales (52), la generalizaci(cid:243)n de este procedimiento ten- dr(cid:237)a un efecto extremadamente centralizador, ya que las empresas tendr(cid:237)an un importante incentivo para notificar sus acuerdos a la Comisi(cid:243)n. No permitir(cid:237)a, por tanto, proceder a la descentralizaci(cid:243)n de la aplica- ci(cid:243)n de las normas de competencia. Adema´ s la Comi- (51) Se trata de los Reglamentos (CEE) no 4087/88 de la Comisi(cid:243)n de 30 de noviembre de 1988 relativo a la apli- caci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 del Tratado a determinadas catego- r(cid:237)as de acuerdos de franquicia (DO L 359 de 28. 12. 1988, p. 46), no 417/85 de la Comisi(cid:243)n de 19 de diciembre de 1984 relativo a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de especializaci(cid:243)n (DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 1) y no 418/85 de la Comisi(cid:243)n de 19 de diciembre de 1984 relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo (DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 5). (52) Documento COM(96) 721 final de 22. 1. 1997. si(cid:243)n no dispone de los recursos necesarios para trami- tar un gran nu´ mero de expedientes en el marco de los procedimientos de no oposici(cid:243)n, y el coste de las noti- ficaciones sigue siendo alto para las empresas. Esta opci(cid:243)n no permitir(cid:237)a, pues, el necesario recentramiento de la actividad de la Comisi(cid:243)n en la lucha contra las restricciones ma´ s graves. B. EL PASO A UN SISTEMA DE EXCEPCI(cid:211)N LEGAL 69. En el marco del re´gimen de prohibici(cid:243)n previsto por el Tratado existe otra opci(cid:243)n de reforma, la adop- ci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal que permita un control a posteriori de los acuerdos. El paso a este sis- tema puede hacerse mediante un reglamento del Con- sejo que establecer(cid:237)a que cualquier (cid:243)rgano administra- tivo o judicial que deba aplicar el art(cid:237)culo 85§1 del Tratado aplique simulta´ neamente el art(cid:237)culo 85§3. De este modo, el art(cid:237)culo 85 se volver(cid:237)a una norma unita- ria compuesta de una norma que establece el principio de prohibici(cid:243)n y de una excepci(cid:243)n destinada a moderar el rigor de este principio. El art(cid:237)culo 85 se convertir(cid:237)a as(cid:237), en su integridad, en una disposici(cid:243)n directamente aplicable que los particulares podr(cid:237)an alegar en derecho ante cualquier autoridad habilitada a tal efecto. Esta interpretaci(cid:243)n tendr(cid:237)a como efecto hacer l(cid:237)citos, desde el momento de su celebraci(cid:243)n y sin necesidad de decisi(cid:243)n previa, los acuerdos prohibidos por el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 pero que cumplan las condiciones del apartado 3 del art(cid:237)culo. Del mismo modo, los acuerdos restrictivos de la competencia ser(cid:237)an il(cid:237)citos cuando no cumplieran las condiciones del art(cid:237)culo 85§3. Esta nueva normativa ya no exigir(cid:237)a la notificaci(cid:243)n para la validaci(cid:243)n de los acuerdos. El re´gimen de aplicaci(cid:243)n de todo el art(cid:237)culo 85 ser(cid:237)a as(cid:237) ide´ntico al de los art(cid:237)culos 85§1 y 86. 70. La adopci(cid:243)n de este sistema en el Derecho comunitario es hoy posible gracias a la evoluci(cid:243)n del Derecho comunitario de competencia desde 1962. El marco legislativo en materia de competencia se ha reforzado considerablemente y las reformas en curso en materia de restricciones verticales y acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal contribuira´ n a simplificarlo y precisarlo au´ n ma´ s. Si en 1960 exist(cid:237)a una duda leg(cid:237)- tima sobre el alcance de las condiciones de exenci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85, la pra´ ctica decisoria de la Comisi(cid:243)n, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, los distintos reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a y las comunicaciones de cara´ c- C 132/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 ter general han permitido definir de manera ma´ s pre- cisa el contenido de estas condiciones. Adema´ s, las autoridades y los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales, las empresas y sus asesores jur(cid:237)dicos han adquirido progresivamente un mejor conocimiento del Derecho comunitario en materia de acuerdos. Esta evoluci(cid:243)n permite en adelante superar los obsta´ culos que, en la e´poca de la adopci(cid:243)n del Reglamento no 17, se opon(cid:237)an a la instituci(cid:243)n de un re´gimen de control a posteriori, nacidos fundamentalmente de las incerti- dumbres sobre el alcance exacto de las condiciones de exenci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. 71. Las reformas en curso en materia de restriccio- nes verticales y acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal contribuira´ n a simplificar el marco legislativo y a pre- cisar au´ n ma´ s el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§§1 y 3. La simplificaci(cid:243)n reside en el hecho de que la Comisi(cid:243)n tiene la intenci(cid:243)n de adoptar un nuevo tipo de reglamento de exenci(cid:243)n que ya no se basara´ en el enfoque de limitar la exenci(cid:243)n a determinados con- tratos y cla´ usulas espec(cid:237)ficas definidos en el reglamen- to. El nuevo tipo de exenci(cid:243)n adoptar(cid:237)a un criterio de exenci(cid:243)n general para todos los acuerdos y cla´ usulas de una determinada categor(cid:237)a, con la u´ nica salvedad de una lista de restricciones fundamentales prohibidas («cla´ usulas negras») y con determinadas condiciones de aplicaci(cid:243)n, por una parte, y, por otra, de una limi- taci(cid:243)n del beneficio de la exenci(cid:243)n general por un umbral ma´ ximo de cuota de mercado. Esta te´cnica de exenci(cid:243)n permitira´ garantizar la seguridad jur(cid:237)dica a una mayor categor(cid:237)a de acuerdos y restaurar una mayor libertad de contratar a las empresas, mante- niendo al mismo tiempo una protecci(cid:243)n eficaz de la competencia respecto a los acuerdos celebrados entre empresas que posean un poder de mercado significati- vo. La nueva generaci(cid:243)n de reglamentos contribuira´ as(cid:237) a simplificar, para la mayor(cid:237)a de las empresas, las normas aplicables. Se precisara´ n mediante comunica- ciones las condiciones de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 a los asuntos no cubiertos por los reglamentos de exen- ci(cid:243)n. 72. En este contexto, la adopci(cid:243)n de un re´gimen de excepci(cid:243)n legal y de un control a posteriori permitir(cid:237)a responder a los retos planteados a la pol(cid:237)tica de com- petencia en las pr(cid:243)ximas de´cadas. En ese re´gimen, en efecto, cualquier autoridad administrativa o jurisdic- cional investida de los poderes necesarios podr(cid:237)a efec- tuar un ana´ lisis completo de los acuerdos que se le presenten, evaluando tanto sus efectos restrictivos desde el punto de vista del art(cid:237)culo 85§1 como sus posibles ventajas econ(cid:243)micas a la luz del art(cid:237)culo 85§3. La adopci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal se traducir(cid:237)a as(cid:237) en la supresi(cid:243)n de la competencia exclu- siva atribuida a la Comisi(cid:243)n por el art(cid:237)culo 9§1 del Reglamento no 17 en materia de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. Se facilitar(cid:237)a as(cid:237) la descentralizaci(cid:243)n de la apli- caci(cid:243)n de las normas de competencia. Un sistema de excepci(cid:243)n legal permitir(cid:237)a asimismo suprimir el engo- rro burocra´ tico que supone la notificaci(cid:243)n para las empresas, ya que no se necesitar(cid:237)a autorizaci(cid:243)n alguna para legalizar los acuerdos que cumplen las condicio- nes de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. Liberada del fardo de la tramitaci(cid:243)n de las notificaciones, la Comisi(cid:243)n podr(cid:237)a, a su vez, consagrarse a la represi(cid:243)n de las infracciones ma´ s graves. 73. La aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 sera´ , en un re´gi- men de excepci(cid:243)n legal, similar a la del art(cid:237)culo 86, que la Comisi(cid:243)n, las autoridades nacionales y los (cid:243)rga- nos jurisdiccionales aplican ya de forma paralela y coherente. CAP(cid:221)TULO III LA MODERNIZACI(cid:211)N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA 74. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Comisi(cid:243)n considera que la adopci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal es la opci(cid:243)n que mejor permitir(cid:237)a lograr los objetivos de recentrar la acci(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n, descentralizar la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia y reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. mantenimiento de un enfoque rigurosamente econ(cid:243)- mico de la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85. I. La supresi(cid:243)n del re´gimen de autorizaci(cid:243)n y notificaci(cid:243)n 75. La reforma propuesta en el presente Libro Blanco consiste en la adopci(cid:243)n de un re´gimen de excepci(cid:243)n legal y se basa en tres pilares: supresi(cid:243)n del re´gimen de autorizaci(cid:243)n y notificaci(cid:243)n, aplicaci(cid:243)n des- centralizada de las normas de competencia y robusteci- miento del control a posteriori. Ira´ acompan˜ ada del 76. El re´gimen de notificaci(cid:243)n instituido por el Reglamento no 17 permiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n desarrollar una pra´ ctica decisoria coherente y garantizar una apli- caci(cid:243)n homoge´nea de las normas en todos los Estados miembros de la Comunidad. Este sistema presenta, sin embargo, una serie de inconvenientes que lo ponen 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/21 hoy en entredicho. La obligaci(cid:243)n de las empresas que desean acogerse a las disposiciones del art(cid:237)culo 85§3 del Tratado de notificar su acuerdo a la Comisi(cid:243)n representa una carga importante para su pol(cid:237)tica comercial y un coste no desden˜ able. La redacci(cid:243)n material de las notificaciones y la recopilaci(cid:243)n de los datos que deben adjuntar necesariamente constituyen una carga de trabajo y un coste importantes, lo hagan las empresas o lo encarguen a asesores jur(cid:237)dicos exter- nos. En un sistema de excepci(cid:243)n legal, las empresas quedan descargadas de la obligaci(cid:243)n de notificar y dis- ponen de un medio de defensa suplementario en los tribunales para obtener la ejecuci(cid:243)n de sus acuerdos, ya que pueden alegar la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. Por u´ ltimo, el sistema de notificaci(cid:243)n, u´ til mien- 77. tras la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 y en particular de su apartado 3 fue incierta, ya no permite detectar las infracciones ma´ s graves de las normas de competencia y garantizar as(cid:237) una vigilancia eficaz en el sentido del art(cid:237)culo 87 del Tratado. Lo prueba el hecho de que las notificaciones casi nunca se resuelven con decisiones de prohibici(cid:243)n (53), y de que la Comisi(cid:243)n haya utili- zado s(cid:243)lo excepcionalmente el art(cid:237)culo 15§6 del Reglamento no 17, que la inmunidad de multas de que gozan las empresas que notifican. En el marco de un re´gimen de control a posteriori, las propias empresas deben proceder a la valoraci(cid:243)n de la compatibilidad de sus acuerdos con el Derecho comunitario a la luz de los textos en vigor y de la jurisprudencia, lo que alivia sin duda sus cargas administrativas, pero les hace asumir una mayor res- ponsabilidad. le permite levantar 78. En este nuevo sistema de control la seguridad jur(cid:237)dica de las empresas se mantendra´ globalmente en un nivel adecuado y en ciertos aspectos se fortalecera´. Esto es as(cid:237) porque, en vez de depender de una decisi(cid:243)n de exenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, si se reu´ nen las condicio- las empresas podra´ n obtener nes del art(cid:237)culo 85§3, inmediatamente la ejecuci(cid:243)n de sus contratos ante las jurisdicciones nacionales, con efectos a partir de la fecha de su conclusi(cid:243)n. No existe presunci(cid:243)n de nuli- dad de los acuerdos en virtud del art(cid:237)culo 85§1: s(cid:243)lo esta´ n prohibidos los acuerdos que reu´ nen las condicio- nes que en el mismo se enumeran. Tras cuarenta an˜ os de aplicaci(cid:243)n, la pra´ ctica decisoria de la Comisi(cid:243)n y la jurisprudencia las han precisado y las empresas las conocen. Adema´ s, la Comisi(cid:243)n proyecta adoptar regla- mentos de exenci(cid:243)n con un a´ mbito de aplicaci(cid:243)n ma´ s amplio. Con la utilizaci(cid:243)n de umbrales ma´ ximos de cuota de mercado la Comisi(cid:243)n podra´ eliminar las limi- taciones de los reglamentos actuales y cubrir la mayo- r(cid:237)a de los acuerdos, en especial aquellos concluidos (53) En ma´ s de 35 an˜ os de aplicaci(cid:243)n del Reglamento no 17 s(cid:243)lo hay nueve decisiones de prohibici(cid:243)n de acuerdos notificados (en ausencia de denuncia). por las pequen˜ as y medianas empresas. La Comisi(cid:243)n adoptara´ directrices y decisiones individuales para cla- rificar el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 §§ 1 y 3 en los asuntos excluidos de los reglamentos de exen- ci(cid:243)n. Para la tramitaci(cid:243)n de los asuntos individuales, la Comisi(cid:243)n adoptara´ un enfoque ma´ s econ(cid:243)mico en la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 § 1, lo que limitara´ el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n de dicha disposici(cid:243)n a las empre- sas que dispongan un poder de mercado significativo. Por otro lado, se fortalecera´ la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario de la competencia por las autoridades y las jurisdicciones nacionales, lo cual acelerara´ la con- vergencia de los Derechos nacionales y del Derecho comunitario, simplificando de este modo la definici(cid:243)n de las pol(cid:237)ticas comerciales de las empresas. Por u´ lti- mo, existira´ n mecanismos preventivos y correctores para asegurar una aplicaci(cid:243)n coherente y uniforme del derecho comunitario por las autoridades y las jurisdic- ciones nacionales. 79. El re´gimen de excepci(cid:243)n legal deber(cid:237)a aplicarse a todos los acuerdos actualmente cubiertos por el art(cid:237)- culo 85 del Tratado. No obstante, de cara al futuro parece deseable someter a las empresas en participa- ci(cid:243)n de producci(cid:243)n con funciones parciales a un re´gi- men de autorizaci(cid:243)n previa. En efecto, estas operacio- nes implican generalmente inversiones muy importan- tes y una fuerte integraci(cid:243)n de funciones, por lo que su disoluci(cid:243)n por una autoridad de competencia resulta delicada. Se puede considerar que, en esta cate- gor(cid:237)a de operaciones, la eficacia del control ser(cid:237)a ma´ s segura con un re´gimen de notificaci(cid:243)n previa obligato- ria. 80. Para no imponer cargas inu´ tiles a las empresas, solamente quedar(cid:237)an sujetas a control previo las empresas en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n que impli- quen la aportaci(cid:243)n de un m(cid:237)nimo de activos a la empresa en participaci(cid:243)n, y siempre que no este´n aco- gidas a las disposiciones de un reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a. 81. No parece oportuno crear un marco de procedi- miento espec(cid:237)fico s(cid:243)lo para esta categor(cid:237)a de operacio- nes. Los procedimientos establecidos por el Regla- mento (CEE) no 4064/89 son adecuados para al ejerci- cio de un control previo ra´ pido y eficaz. Por tanto, se preve´ extender el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n de este texto a las empresas en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n con fun- ciones parciales, con la doble prueba del dominio [art(cid:237)- culo 2§3 del Reglamento no 4064/89] y del art(cid:237)culo 85 [art(cid:237)culo 2§4 del Reglamento (CEE) no 4064/89]. C 132/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 II. La aplicaci(cid:243)n descentralizada de las normas de competencia El planteamiento del Reglamento no 17 se basa 82. en una aplicaci(cid:243)n centralizada del art(cid:237)culo 85§3: de conformidad con el art(cid:237)culo 9§1 del Reglamento, la Comisi(cid:243)n posee competencia exclusiva para eximir un acuerdo restrictivo de competencia. La adopci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal permite modificar este reparto de competencias de modo que las autoridades de competencia y los (cid:243)rganos jurisdiccionales naciona- les puedan tambie´n evaluar los acuerdos que tramiten a la luz del art(cid:237)culo 85 en su conjunto. pueda considerarse como contrario al Derecho nacio- nal. Con este fin, convendr(cid:237)a aprovechar la posibilidad que ofrece la letra e) del art(cid:237)culo 87§2 e inscribir en un texto reglamentario la imposibilidad de que las legislaciones nacionales proh(cid:237)ban o alteren los efectos de los acuerdos eximidos por un reglamento comunita- rio. Por lo dema´ s, algunos Estados miembros ya han inscrito este principio en sus legislaciones. As(cid:237), la ley belga 91/2790, de 5 de agosto de 1991, establece que las exenciones comunitarias impiden la acci(cid:243)n de las autoridades belgas y que los acuerdos eximidos esta´ n dispensados de la notificaci(cid:243)n exigida por el Derecho nacional. La ley danesa excluye de la prohibici(cid:243)n de los acuerdos a aquellos que se acogen a un reglamento comunitario de exenci(cid:243)n. Las leyes espan˜ ola y brita´ - nica contienen disposiciones similares. A. UN NUEVO REPARTO DE COMPETENCIAS 1. La determinaci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica de competencia por la Comisi(cid:243)n 83. Es esencial que la descentralizaci(cid:243)n no genere incoherencias en la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunita- rio de competencia. Por tanto, la pol(cid:237)tica de competen- cia debera´ seguir siendo determinada a escala comuni- taria, tanto para la elaboraci(cid:243)n de textos legislativos como para la adopci(cid:243)n de decisiones individuales. La Comisi(cid:243)n, guardiana de los Tratados y garante del intere´s comunitario bajo el control del Tribunal de Jus- ticia, tiene un papel particular en la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario y en la garant(cid:237)a de una aplica- ci(cid:243)n coherente de las normas de competencia. 84. En un sistema de excepci(cid:243)n legal, el marco legislativo reviste, en efecto, importancia primordial. La aplicaci(cid:243)n de las normas debe ser suficientemente previsible y coherente para que los agentes econ(cid:243)micos puedan evaluar la legalidad de sus acuerdos. La Comi- si(cid:243)n conservara´ el monopolio de la elaboraci(cid:243)n y pro- puesta de textos legislativos en todas sus formas (tex- tos reglamentarios, comunicaciones, directrices, etc. ) y recurrira´ a ese monopolio para garantizar la coheren- cia y uniformidad de la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia. Entre los textos legislativos figuran en primer 85. lugar los reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a. En el nuevo sistema de excepci(cid:243)n legal, y habida cuenta de la importancia de la legislaci(cid:243)n, la seguridad jur(cid:237)dica de las empresas exige que un acuerdo eximido no 86. La Comisi(cid:243)n tiene previsto elaborar nuevas comunicaciones y directrices para explicar su pol(cid:237)tica y orientar la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia comunitarias por los (cid:243)rganos nacionales. Estos instru- mentos resultan especialmente adecuados para la inter- pretaci(cid:243)n de normas de cara´ cter econ(cid:243)mico, ya que permiten considerar mejor todo un conjunto de criterios de evaluaci(cid:243)n que resultan pertinentes en el examen de las normas de competencia. Aunque las comunicaciones y las directrices no vinculan a los (cid:243)rganos nacionales, su valor y su contribuci(cid:243)n a la aplicaci(cid:243)n coherente del Derecho comunitario residira´ en el hecho de que la Comisi(cid:243)n adoptara´ decisiones individuales que confirmara´ n el enfoque planteado en dichos textos. En la medida en que el Tribunal de Jus- ticia confirme estas decisiones, las comunicaciones y directrices formara´ n parte de las normas originarias que debera´ n aplicar los (cid:243)rganos nacionales. 87. La pol(cid:237)tica de la Comisi(cid:243)n en materia de com- petencia en un re´gimen de excepci(cid:243)n legal seguira´ plas- ma´ ndose en la adopci(cid:243)n de decisiones individuales de prohibici(cid:243)n que revestira´ n enorme importancia en cuanto precedentes. Al recentrarse la actividad de la Comisi(cid:243)n en la lucha contra las restricciones ma´ s gra- ves, el nu´ mero de decisiones individuales de prohibi- ci(cid:243)n deber(cid:237)a aumentar sensiblemente. Si bien es cierto que la Comisi(cid:243)n ya no podra´ 88. adoptar decisiones de exenci(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 85§3, como es el caso actualmente, debera´ poder adoptar decisiones individuales que no sean decisiones de prohibici(cid:243)n. En efecto, cuando una operaci(cid:243)n pre- senta una problema´ tica nueva, puede ser necesario dar al mercado una orientaci(cid:243)n sobre la pol(cid:237)tica de la Comisi(cid:243)n ante determinadas restricciones. Estas deci- siones positivas se adoptar(cid:237)an por motivos de intere´s general, de manera excepcional. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/23 89. En un sistema de excepci(cid:243)n legal, las decisiones positivas de la Comisi(cid:243)n se limitara´ n a constatar que un acuerdo es compatible con el art(cid:237)culo 85 en su con- junto, o que no esta´ prohibido por el art(cid:237)culo 85§1, o que cumple las condiciones del art(cid:237)culo 85§3. Estas decisiones sera´ n de cara´ cter declarativo y tendra´ n el mismo valor jur(cid:237)dico que las actuales decisiones de declaraci(cid:243)n negativa. monopolio de la exenci(cid:243)n por la Comisi(cid:243)n, b) el dere- cho de las autoridades a decidir la retirada del benefi- cio de un reglamento comunitario de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a y c) la posibilidad de que una autoridad, nacional o comunitaria, transmita a otra autoridad un expediente y toda la informaci(cid:243)n confidencial que pueda utilizarse para perseguir las infracciones de las normas comunitarias de competencia. 90. Por otra parte, puede ocurrir que durante un procedimiento de prohibici(cid:243)n las empresas propongan a la Comisi(cid:243)n compromisos que puedan eliminar las objeciones planteadas por un acuerdo. En ese caso es conveniente que la Comisi(cid:243)n pueda darles fuerza obli- gatoria, por una parte para obligar a las empresas a respetarlos, y por otra para que las partes y los terce- ros puedan acogerse a esta decisi(cid:243)n ante un (cid:243)rgano nacional. As(cid:237), esta´ previsto crear en el futuro regla- mento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 un nuevo tipo de decisi(cid:243)n individual, sujeta a las condiciones ordinarias de publicaci(cid:243)n, mediante la cual la Comi- si(cid:243)n pueda hacer constar los compromisos adquiridos por las empresas y consagrar su cara´ cter obligatorio. Este instrumento permitir(cid:237)a cerrar procedimientos ase- gura´ ndose del respeto de los compromisos de las empresas. El corolario de esta modificaci(cid:243)n es la inte- graci(cid:243)n en el re´gimen de sanciones del reglamento de una disposici(cid:243)n que permita sancionar con multas y multas coercitivas el incumplimiento de los compromi- sos por parte de las empresas. 2. El robustecimiento del papel de las autoridades nacionales en la aplicaci(cid:243)n de las normas de com- petencia 91. La intervenci(cid:243)n de las autoridades de competen- cia de los Estados miembros y de la Comisi(cid:243)n se basa en motivos de cara´ cter pu´ blico econ(cid:243)mico: no tienen por misi(cid:243)n, como los (cid:243)rganos jurisdiccionales naciona- les, resolver litigios entre partes, sino garantizar el mantenimiento de un re´gimen de competencia no fal- seada. Hasta ahora, la cooperaci(cid:243)n entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades nacionales de competencia se basaba en criterios pragma´ ticos y estaba limitada por el monopolio de la Comisi(cid:243)n en cuanto a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3. Al cabo de 35 an˜ os de aplicaci(cid:243)n de las normas comunitarias de competencia, se hace nece- sario ahora utilizar mejor la complementariedad que existe entre las autoridades nacionales y la Comisi(cid:243)n y fomentar la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia por una red de autoridades cuya actuaci(cid:243)n estar(cid:237)a ins- pirada en principios comunes y en una estrecha cola- boraci(cid:243)n. 93. En un re´gimen de excepci(cid:243)n legal, las propias autoridades nacionales podra´ n valorar si un acuerdo cumple o no las condiciones de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3 y ya no estara´ n obligadas a remitirse a la Comi- si(cid:243)n. Podra´ n proseguir, previa denuncia o de oficio, la instrucci(cid:243)n de un asunto de aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario sin que los art(cid:237)fices del acuerdo puedan oponer la existencia de una notificaci(cid:243)n pendiente ante la Comisi(cid:243)n. 94. Para reforzar as(cid:237) el papel de las autoridades nacionales, sera´ necesario modificar el Reglamento no 17 con el fin de suprimir el monopolio de exenci(cid:243)n e indicar sin ambig(cid:252)edad que cualquier autoridad que tramite un asunto de aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85 debe examinar si se reu´ nen las condiciones de exenci(cid:243)n. Para que esta reforma permita mejorar realmente la aplicaci(cid:243)n descentralizada de las normas de competen- cia, sera´ necesario que los siete Estados miembros que no lo han hecho faculten a sus autoridades de compe- tencia para aplicar el Derecho comunitario. 95. Un complemento l(cid:243)gico del abandono del monopolio de exenci(cid:243)n por la Comisi(cid:243)n es dar a las autoridades nacionales la posibilidad de decidir la reti- rada del beneficio de un reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a en su mercado nacional si e´ste o una parte de e´ste constituye un mercado distinto. En efecto, las autoridades de competencia de los Estados miembros esta´ n especialmente bien situadas para valorar si en el territorio de su Estado, en un supuesto particular pre- visto por el reglamento de exenci(cid:243)n, los acuerdos con- templados por un reglamento de exenci(cid:243)n incumplen las condiciones del art(cid:237)culo 85§3 y no pueden, por tanto, gozar de la exenci(cid:243)n de categor(cid:237)a. Esta posibili- dad ya esta´ prevista en la Comunicaci(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n sobre las restricciones verticales (54) y podra´ ser generalizada en el marco del nuevo reglamento de apli- caci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86. 92. El funcionamiento (cid:243)ptimo de esta red implica, sin embargo, tres tipos de medidas: a) el abandono del (54) DO C 365 de 26. 11. 1998, p. 3. C 132/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 96. Por u´ ltimo, puede ocurrir que una autoridad de competencia nacional encuentre dificultades cuando se le plantee una denuncia que exija medidas de instruc- ci(cid:243)n en varios Estados miembros. A su vez, la Comi- si(cid:243)n puede tener que tramitar un asunto cuyos efectos se concentran fundamentalmente en un s(cid:243)lo Estado miembro. En estas situaciones, la soluci(cid:243)n ma´ s eficaz ser(cid:237)a que la autoridad que reciba el expediente decline su competencia en favor de la autoridad mejor situada para tramitarlo. Esto presupone que la autoridad a quien se remite un expediente pueda utilizar directa- mente como medio de prueba todos los documentos del expediente. Actualmente, el art(cid:237)culo 20 del Regla- mento no 17 impide a las autoridades de competencia utilizar como medio de prueba las informaciones transmitidas por la Comisi(cid:243)n (55). informaciones 97. Por tanto, el nuevo reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado deber(cid:237)a permitir a la Comisi(cid:243)n, cuando constata que un asunto tiene un efecto principalmente nacional, remitir la totalidad del expediente, incluidas las informaciones confidenciales, a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se producen los efectos de la pra´ ctica denunciada para que e´sta prosiga la investigaci(cid:243)n utili- zando directamente las transmitidas como medio de prueba. Y al contrario, si despue´s de investigar el asunto una autoridad nacional llega a la conclusi(cid:243)n de que es de dimensi(cid:243)n comunitaria y requiere una acci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, deber(cid:237)a tener la posibilidad de remitir el expediente a la Comisi(cid:243)n, tal como ocurre actualmente (56) con la Autoridad de Vigilancia de la Asociaci(cid:243)n Europea de Libre Comer- cio. La u´ nica limitaci(cid:243)n que debera´ mantenerse es la que plantea el objeto de la medida de instrucci(cid:243)n de base: las informaciones s(cid:243)lo deben utilizarse con la finalidad para la que fueron recogidas y para la aplica- ci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86, o, cuando proceda, del Derecho nacional de competencia, cualquiera que sea la autoridad que haya efectuado la investigaci(cid:243)n. 98. La contrapartida de esta extensi(cid:243)n de la utiliza- ci(cid:243)n de las informaciones deber(cid:237)a ser la consignaci(cid:243)n en el nuevo reglamento del principio de exclusi(cid:243)n de la doble sanci(cid:243)n y tambie´n la imposici(cid:243)n de remedios distintos en forma de compromisos asumidos por las empresas ante una autoridad nacional o ante la Comi- si(cid:243)n. (55) Sentencia del Tribunal de 16 de julio de 1992 en el asunto C-67/91, Direcci(cid:243)n General de Defensa de la Competencia contra Asociaci(cid:243)n Espan˜ ola de Banca Pri- vada (AEB) e. a. (Recopilaci(cid:243)n 1992, I-4820, puntos 32 y siguientes). (56) Protocolo 23 relativo a la cooperaci(cid:243)n entre las autorida- des de vigilancia (art(cid:237)culo 58 del Acuerdo sobre el Espa- cio Econ(cid:243)mico Europeo, DO L 1 de 3. 1. 1994, p. 186). 3. El robustecimiento del papel de los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales en la aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia 99. Los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales esta´ n ma´ s cerca del ciudadano europeo y tienen desde el ori- gen del Tratado la funci(cid:243)n espec(cid:237)fica de proteger los derechos subjetivos que emanan directamente del Derecho comunitario para todos los justiciables (57). El Tribunal de Justicia reconoci(cid:243) a los (cid:243)rganos jurisdic- cionales nacionales como pilar indispensable para la eficaz aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario, incluido el derecho de competencia. Aplican el art(cid:237)culo 85 en tres tipos de procedimientos: las acciones por responsabili- dad contractual (litigio entre las partes), las acciones por responsabilidad extracontractual (litigio entre una o ma´ s partes y un tercero) y las solicitudes de medidas cautelares. 100. Debido al monopolio de exenci(cid:243)n consignado en el Reglamento no 17, los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales no pueden aplicar positivamente el apar- tado 3 del art(cid:237)culo 85. Y como no tienen el poder de aplicar el art(cid:237)culo 85§3, las empresas, en la pra´ ctica, pueden bloquear la acci(cid:243)n judicial mediante una noti- ficaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n. Este fen(cid:243)meno es un gran obs- ta´ culo para una mayor aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia por los (cid:243)rganos jurisdiccionales naciona- les. En un sistema de excepci(cid:243)n legal, las empresas podra´ n invocar la aplicaci(cid:243)n directa del art(cid:237)culo 85§3 ante los tribunales. Este nuevo medio de defensa les permitira´ obtener la ejecuci(cid:243)n sin demora de sus acuer- dos restrictivos que reu´ nan las condiciones del art(cid:237)culo 85§3, aumentando con ello su seguridad jur(cid:237)dica. Los denunciantes, por su parte, podra´ n obtener ma´ s ra´ pi- resarcimiento por dan˜ os y perjuicios damente el cuando son v(cid:237)ctimas de un acuerdo il(cid:237)cito. Cabe recor- dar a este respecto que, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales, las resoluciones de los (cid:243)rganos juris- diccionales nacionales tienen autoridad de cosa juzga- da. Esta´ n reconocidas por los (cid:243)rganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros en virtud de los Conve- nios de Bruselas (58) y de Lugano (59) sobre la compe- tencia judicial y la ejecuci(cid:243)n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (57) Sentencia del Tribunal de 5 de febrero de 1963 en el asunto 26/62, Van Gend y Loos contra Administraci(cid:243)n fiscal neerlandesa (Recopilaci(cid:243)n 1963, p 3) y BRT/SA- BAM, citado en la nota 34. (58) Convenio de Bruselas sobre competencia judicial y ejecu- ci(cid:243)n de las decisiones en materia civil y mercantil, DO L 299 de 31. 12. 1972, p. 32, cuya u´ ltima modificaci(cid:243)n la constituye el Convenio de adhesi(cid:243)n de 1997, DO C 15 de 15. 1. 1997, p. 1. (59) Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecu- ci(cid:243)n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988, DO L 319 de 25. 11. 1988, p. 9. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/25 B. APLICACI(cid:211)N COHERENTE Y UNIFORME DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA 1. Riesgo de conflictos y principios de soluci(cid:243)n La descentralizaci(cid:243)n de la aplicaci(cid:243)n de las 101. normas de competencia y el abandono del sistema de autorizaci(cid:243)n no deben impedir la vigencia de condicio- nes de competencia homoge´neas en toda la Comuni- dad. El principio de primac(cid:237)a del Derecho comunitario impide que la aplicaci(cid:243)n del Derecho nacional pueda perjudicar a la aplicaci(cid:243)n plena y uniforme del Derecho comunitario y a los efectos de los actos de ejecuci(cid:243)n de e´ste (60). Pero cuando varias instancias (Comisi(cid:243)n, autoridades y (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales) aplican el Derecho comunitario, existen dos tipos de conflictos potenciales: (1) Una autoridad o una jurisdicci(cid:243)n nacional adopta una posici(cid:243)n favorable (desestimaci(cid:243)n de una denuncia porque el acuerdo no esta´ prohibido por el art(cid:237)culo 85§1 o reu´ ne las condiciones de aplica- ci(cid:243)n del art(cid:237)culo 85§3, o fallo que impone la eje- cuci(cid:243)n forzosa de un acuerdo restrictivo) frente a un acuerdo prohibido por la Comisi(cid:243)n; (2) Una autoridad proh(cid:237)be un acuerdo, o una jurisdic- ci(cid:243)n no ordena la ejecuci(cid:243)n de un acuerdo, frente al cual la Comisi(cid:243)n tiene una posici(cid:243)n positiva (desestimaci(cid:243)n de una denuncia contra el acuerdo o decisi(cid:243)n positiva). 102. Es necesario destacar, en primer lugar, que la aplicaci(cid:243)n paralela de las normas comunitarias de competencia existe desde 1962 para los art(cid:237)culos 85§1 y 86 y que ha planteado muy pocos problemas. Los principios de soluci(cid:243)n son, en efecto, los siguientes: (1) Cuando la Comisi(cid:243)n inicia un procedimiento, o a fortiori cuando adopta una decisi(cid:243)n definitiva, el Tribunal fall(cid:243) en el asunto Delimitis (61) que el juez nacional tiene la obligaci(cid:243)n de evitar los conflictos su de procedimiento, fuera necesario, para pedir informaciones a la Comisi(cid:243)n o planteando una cuesti(cid:243)n prejudicial en virtud del art(cid:237)culo 177 del Tratado; este principio puede transponerse por analog(cid:237)a a las autoridades de competencia nacio- nales, las cuales, sin embargo, no pueden plantear una cuesti(cid:243)n prejudicial en virtud del art(cid:237)culo 177. resoluciones, si suspendiendo (60) Ve´ase sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 1969 en el asunto 14/68, Walt Wilhelm (Recopilaci(cid:243)n 1969, p. 1). (61) Sentencia citada en la nota 38. (2) Cuando una autoridad nacional adopta una reso- luci(cid:243)n positiva firme o cuando una jurisdicci(cid:243)n pronuncia un fallo «positivo» firme (por ejemplo, desestimaci(cid:243)n de una denuncia porque un acuerdo la cumple las condiciones del art(cid:237)culo 85§3), Comisi(cid:243)n puede intervenir y prohibir el acuerdo, sin perjuicio del principio de res judicata para los litigios entre las partes que hayan sido objeto de una resoluci(cid:243)n judicial firme. (3) Cuando una autoridad o jurisdicci(cid:243)n nacional adoptan una resoluci(cid:243)n negativa sobre un acuer- do, la Comisi(cid:243)n considera que, por regla general, no debe intervenir sino ante el Tribunal de Justi- cia, en el marco de una posible cuesti(cid:243)n prejudi- cial en virtud del art(cid:237)culo 177. (4) Mientras una resoluci(cid:243)n nacional o un fallo nacional no son firmes, la Comisi(cid:243)n puede adop- tar en cualquier momento una decisi(cid:243)n contraria. En este caso, el principio de la obligaci(cid:243)n de evi- tar los conflictos de resoluciones recae sobre el (cid:243)rgano de apelaci(cid:243)n. 103. Estos principios de soluci(cid:243)n deber(cid:237)an permitir resolver los conflictos que pudieran surgir entre las distintas instancias que aplican el Derecho comunitario de competencia. Pero ser(cid:237)a deseable instituir mecanis- mos capaces de evitar estos conflictos. As(cid:237) mismo, podr(cid:237)a ser necesario fortalecer el principio segu´ n el cual la aplicaci(cid:243)n del Derecho nacional o comunitario de competencia por las autoridades o tribunales nacio- nales debe ser coherente con la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario de competencia por la Comisi(cid:243)n bajo el control del Tribunal de Justicia. 2. Mecanismos de informaci(cid:243)n y cooperaci(cid:243)n Con el fin de garantizar la coherencia de la 104. aplicaci(cid:243)n de la normativa y la unicidad de la pol(cid:237)tica de competencia, existen ya en el Derecho comunitario dos instrumentos principales: los art(cid:237)culos 169 y 177 del Tratado. El art(cid:237)culo 169 del Tratado permite a la Comisi(cid:243)n recurrir ante el Tribunal de Justicia por los asuntos de infracci(cid:243)n de las normas comunitarias por parte de los Estados miembros, mientras que el art(cid:237)- culo 177 obliga a los (cid:243)rganos jurisdiccionales que resuelven en u´ ltima instancia enfrentados a un pro- blema de interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario a plantear una cuesti(cid:243)n prejudicial al Tribunal de Justi- cia de las Comunidades Europeas. Estos dos procedi- mientos son sin duda eficaces, pero pueden resultar C 132/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 muy lentos para mantener o restaurar la coherencia de la pol(cid:237)tica de competencia, la cual exige una cooperaci(cid:243)n diaria entre las autoridades competentes. Es preciso establecer mecanismos flexibles y ra´ pidos de informaci(cid:243)n y cooperaci(cid:243)n entre las autoridades de competencia, los (cid:243)rganos jurisdiccionales y la Comi- si(cid:243)n. a la adhesi(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n prestara´ una especial atenci(cid:243)n al desarrollo de la competencia en los pa(cid:237)ses candidatos y proveera´ una mayor asistencia a sus autoridades de competencia. 105. Por lo que se refiere a las autoridades de com- petencia, se propone que se establezca en el Regla- mento no 17 modificado la obligaci(cid:243)n de informar a la Comisi(cid:243)n de los asuntos de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 por las autoridades de competencia de los Estados miembros, paralela a la que establece para la Comisi(cid:243)n el art(cid:237)culo 10 del actual Reglamento (62). Esta informaci(cid:243)n debera´ comunicarse en el momento de la apertura de un procedimiento y antes de su cie- rre. Debera´ informarse tambie´n a la Comisi(cid:243)n en el supuesto de que una autoridad se disponga a proceder a la retirada del beneficio de un reglamento de exen- ci(cid:243)n. Merced a esta informaci(cid:243)n y a la comunicaci(cid:243)n que pueda darse con las autoridades nacionales, debe- r(cid:237)a poderse garantizar la coherencia de la pol(cid:237)tica de competencia sin necesidad de recurrir a mecanismos autoritarios de resoluci(cid:243)n de conflictos en la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario. La Comisi(cid:243)n mantendra´ , sin embargo, la posibilidad de retirar el asunto a las auto- ridades de competencia en aplicaci(cid:243)n de un meca- nismo equivalente al art(cid:237)culo 9§3 del actual Regla- mento no 17. Para garantizar la coherencia entre los los procedimientos procedimientos del Derecho nacional, sera´ necesario establecer tambie´n la obligaci(cid:243)n de que las autoridades nacionales informen a la Comisi(cid:243)n, por propia inicia- tiva o a solicitud de e´sta, sobre los procedimientos que tramitan en aplicaci(cid:243)n del Derecho nacional y que puedan tener una incidencia en procedimientos comu- nitarios. del Derecho comunitario y 106. Es obvio que, en el marco del funcionamiento de la red Comisi(cid:243)n — Estados miembros, el Comite´ Consultivo en materia de acuerdos y posiciones domi- nantes tendra´ necesariamente un papel reforzado. Se convertira´ , en efecto, en un aute´ntico foro en el que se debatira´ n los asuntos importantes, sea cual fuere la autoridad de competencia que los tramite. As(cid:237), seguira´ siendo consultado, en las mismas condiciones que hoy, sobre los proyectos legislativos y de decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, pero podr(cid:237)a considerarse que se permita a e´sta, por propia iniciativa o a petici(cid:243)n de un Estado miembro, inscribir un asunto de aplicaci(cid:243)n del Dere- cho comunitario por parte de una autoridad de compe- tencia en el orden del d(cid:237)a de una reuni(cid:243)n del Comite´ para su dictamen. En el marco de la estrategia previa 107. Por lo que se refiere a los (cid:243)rganos jurisdiccio- nales nacionales, con el fin de garantizar que la des- centralizaci(cid:243)n de la aplicaci(cid:243)n de las normas preserve la coherencia de la interpretaci(cid:243)n de las normas, y para apoyar a los (cid:243)rganos jurisdiccionales en el ejerci- cio de su funci(cid:243)n, es necesario establecer mecanismos de cooperaci(cid:243)n entre la Comisi(cid:243)n y los (cid:243)rganos juris- diccionales. En primer lugar, es esencial que la Comi- si(cid:243)n pueda estar al tanto de los procedimientos de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado ante los (cid:243)rganos jurisdiccionales con el fin de detectar las posibles dificultades de interpretaci(cid:243)n de los textos o las lagunas del marco legislativo. Por tanto, esta´ pre- visto consignar en el texto del Reglamento que el juez tendra´ obligaci(cid:243)n de proceder a esta informaci(cid:243)n. Existe ya una obligaci(cid:243)n de este tipo, por ejemplo, en el derecho alema´ n (63). Por otra parte, ser(cid:237)a necesario permitir a la Comisi(cid:243)n, sin perjuicio del acuerdo del juez, intervenir en los procedimientos judiciales de que tenga conocimiento gracias a la informaci(cid:243)n as(cid:237) trans- mitida por los (cid:243)rganos jurisdiccionales. Esta interven- ci(cid:243)n, contribuir(cid:237)a eficazmente al mantenimiento de la coherencia de la aplicaci(cid:243)n de las normas de derecho. Esta´ previsto, por tanto, introducir en el Reglamento una disposici(cid:243)n espec(cid:237)fica al efecto. Por u´ ltimo, esta´ previsto reprodu- cir en el Reglamento no 17 modificado las normas que figuran en la actual Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre la cooperaci(cid:243)n con los (cid:243)rganos jurisdiccionales nacionales, en la medida en que establece la posibili- dad de que los (cid:243)rganos jurisdiccionales se dirijan a la Comisi(cid:243)n en el curso del procedimiento para pedirle informaciones de cara´ cter procesal, jur(cid:237)dico o econ(cid:243)- mico. Por otro lado, hay que destacar que en algunos Estados miembros existen modalidades de cooperaci(cid:243)n entre los (cid:243)rganos jurisdiccionales que conocen de una cuesti(cid:243)n de competencia y las autoridades de compe- tencia (por ejemplo la posibilidad de intervenci(cid:243)n de la Bundeskartellamt en Alemania o los informes peri- ciales del Conseil de la Concurrence en Francia). en calidad de amicus curiae, III. El robustecimiento del control a posteriori 108. La adopci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal debe tener como corolario indispensable el refuerzo del control a posteriori del respeto de las normas de (62) En Alemania, el apartado 50 (3) del Gesetz gegen Wett- bewerbsbeschr(cid:228)nkungen (GWB), modificado por la sexta enmienda (en vigor el 1 de enero de 1999) preve´ la infor- maci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n sobre los asuntos de aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario para que pueda tomar posici(cid:243)n. (63) El apartado 96 combinado con el apartado 90 del GWB obliga a los (cid:243)rganos jurisdiccionales a informar a la Bun- deskartellamt sobre los procedimientos en los que se aplica el Derecho comunitario. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/27 competencia. La reforma propuesta debe reforzar los poderes de investigaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, facilitar la presentaci(cid:243)n de denuncias y adaptar el re´gimen de san- ciones. incoherencia y falta de simultaneidad. Otra opci(cid:243)n posible consistir(cid:237)a en armonizar y simplificar el Dere- cho nacional de procedimiento para garantizar la entrega ra´ pida y simulta´ nea de los mandamientos judi- ciales en los Estados donde sean necesarios. Esta segunda v(cid:237)a es mucho ma´ s delicada y supondr(cid:237)a modi- ficaciones profundas del derecho procesal en algunos Estados miembros. A. REFORZAR LOS MEDIOS DE INVESTIGACI(cid:211)N 109. Para que la Comisi(cid:243)n pueda luchar eficaz- mente contra las restricciones de competencia ocultas, no s(cid:243)lo es necesario permitirle dedicar sus recursos a la instrucci(cid:243)n de las denuncias y procedimientos de oficio, tambie´n es importante aumentar sus poderes de investigaci(cid:243)n. Actualmente, cuando la Comisi(cid:243)n quiere efec- 110. tuar verificaciones en virtud del art(cid:237)culo 14§3, las autoridades nacionales de competencia que le prestan asistencia deben, en la mayor(cid:237)a de los Estados miem- bros (64), obtener un mandamiento judicial para sor- tear la eventual oposici(cid:243)n de la empresa (65). En los asuntos que implican a varias empresas, lo ma´ s frecuente es que las verificaciones deban efectuarse simulta´ neamente en distintos Estados miembros, y en consecuencia deben pedirse mandamientos a varios jueces, cuya competencia se limita a comprobar la autenticidad de la decisi(cid:243)n y el cara´ cter ni arbitrario ni excesivo de la verificaci(cid:243)n (66). 111. Para asegurar la simultaneidad y coherencia de las verificaciones y reforzar las garant(cid:237)as ofrecidas a las empresas, varias opciones son posibles. En primer lugar, cabr(cid:237)a centralizar este control judicial confia´ n- dolo a una jurisdicci(cid:243)n comunitaria. Esta soluci(cid:243)n, al tiempo que protege los derechos de las empresas objeto de las verificaciones, tendr(cid:237)a el me´rito de sim- plificar considerablemente los procedimientos de veri- ficaci(cid:243)n y solucionar definitivamente los problemas de (64) Be´lgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Espan˜ a y el Reino Unido. (65) Esta situaci(cid:243)n emana de la jurisprudencia Hoechst (sen- tencia del Tribunal de 21 de septiembre de 1989 en los asuntos acumulados 46/87 y 227/88, Hoechst contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas, Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 2859) que deja al Derecho nacional la definici(cid:243)n de las modalidades de procedimiento adecuadas para garantizar el respeto de los derechos de las empresas. (66) Sentencia del Tribunal de 21 de septiembre de 1989 en los asuntos acumulados 46/87 y 227/88, Hoechst contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 2859, punto 35). Se el derecho de impugna a veces 112. los inspectores de la Comisi(cid:243)n a hacer en el curso de la verificaci(cid:243)n preguntas orales a los representantes o colaboradores de las empresas que no este´n directa- mente relacionadas con los documentos que se encuen- tran en la empresa, y el dispositivo de sanciones admi- nistrativas aplicables a la presentaci(cid:243)n de informacio- nes inexactas presenta una laguna a este respecto. 113. Esta´ previsto, por tanto, modificar el art(cid:237)culo 14 del Reglamento no 17 para dejar claro que en el curso de una verificaci(cid:243)n los inspectores de la Comi- si(cid:243)n disponen de poderes para plantear cualquier pre- gunta oral a los representantes y colaboradores de la empresa siempre que el objeto de las preguntas este´ justificado por la finalidad y este´ relacionado con el objeto de la verificaci(cid:243)n, y para exigir una respuesta completa y exacta. Una disposici(cid:243)n complementaria precisar(cid:237)a que los inspectores esta´ n habilitados para levantar actas que reflejen las respuestas dadas durante las verificaciones. Estas actas ser(cid:237)an unidas al expe- diente y podr(cid:237)an ser utilizadas en el resto del procedi- miento. El corolario de esta nueva disposici(cid:243)n es someter al re´gimen sancionador las respuestas dadas durante las verificaciones cuando contengan informa- ciones inexactas. 114. Adema´ s, y con el fin de reforzar la eficacia de sus medios de investigaci(cid:243)n, deber(cid:237)a darse a la Comi- si(cid:243)n el poder de convocar en los locales de la Comi- si(cid:243)n a cualquier persona que pudiera proporcionarle informaciones u´ tiles para su investigaci(cid:243)n con el fin de recoger en acta sus declaraciones (67). Esta posibilidad podr(cid:237)a ser utilizada frente a las empresas objeto del procedimiento: se tratar(cid:237)a, en cierto modo, de un com- plemento del art(cid:237)culo 14, que permite, en particular, interrogar a personas que no estaban presentes en la empresa en el momento de la verificaci(cid:243)n. Podr(cid:237)a tam- bie´n aplicarse a denunciantes o a terceros. (67) La mayor(cid:237)a de las legislaciones nacionales de competencia dan a las autoridades el poder de convocar a las personas que pudieran proporcionar informaciones u´ tiles para la investigaci(cid:243)n. Es el caso, en particular, de las legislaciones belga, francesa y alemana. C 132/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 115. En un sistema de excepci(cid:243)n legal, la detecci(cid:243)n de las infracciones se basara´ en gran parte en la vigi- lancia de los mercados. El instrumento de las investi- gaciones por sectores se ha utilizado muy poco desde 1962, pero en este nuevo contexto tendra´ mayor importancia. El dispositivo actual deber(cid:237)a, por tanto, mantenerse. 116. La experiencia pone de manifiesto que las soli- citudes de informaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n a las empresas en virtud del art(cid:237)culo 11 no plantean grandes dificulta- des. El principio de que las empresas esta´ n obligadas a responder ha sido reiterado en numerosas ocasiones por el Tribunal de Justicia, que s(cid:243)lo ha admitido una excepci(cid:243)n para las preguntas directamente acusato- rias (68). Los procedimientos de sanci(cid:243)n en caso de res- puesta inexacta o incompleta son eficaces. El u´ nico aspecto que merece considerarse en este contexto es el apartado 4 del art(cid:237)culo 11, que dispone que esta´ n obli- gados a proporcionar las informaciones solicitadas los propietarios de las empresas o sus representantes y, en el caso de personas jur(cid:237)dicas, sociedades o asociaciones sin personalidad jur(cid:237)dica, las personas encargadas de representarlas de acuerdo con la ley o con los estatu- tos. Ahora bien, este texto impide que los abogados debidamente apoderados puedan responder en nombre de su cliente, aunque muy a menudo estos mismos abogados este´n encargados de la redacci(cid:243)n material de las respuestas a las solicitudes de informaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. Esta´ previsto, por tanto, modificar la redac- ci(cid:243)n del art(cid:237)culo 11 para permitir que los abogados debidamente apoderados respondan en nombre de sus clientes si e´stos lo desean. B. LA MAYOR IMPORTANCIA DE LAS DENUNCIAS EN EL NUEVO SISTEMA formales Las denuncias 117. representan actual- mente cerca del 30 % de los nuevos asuntos que se presentan a la Comisi(cid:243)n, y los datos transmitidos a la Comisi(cid:243)n de manera informal dan origen a la mayor(cid:237)a de los procedimientos de oficio. Las informaciones que se le transmiten en este marco son muy valiosas para las normas de infracciones de la detecci(cid:243)n de competencia. Es necesario garantizar, por tanto, que cualquier persona, f(cid:237)sica o jur(cid:237)dica, que detecte una pra´ ctica competitiva que «prima facie» pueda estar afectada por los art(cid:237)culos 85 (cid:243) 86 del Tratado y haga valer un intere´s leg(cid:237)timo siga teniendo derecho a pre- sentar una denuncia a la Comisi(cid:243)n. 118. En el marco del recentramiento de la actividad de la Comisi(cid:243)n en la lucha contra las restricciones ma´ s graves, las denuncias van a adquirir una importancia au´ n mayor que la actual. Por ello, el nuevo re´gimen debera´ facilitar la presentaci(cid:243)n de denuncias. Hay una serie de medidas que podr(cid:237)an contribuir a incitar a las v(cid:237)ctimas de infracciones a acudir a la Comisi(cid:243)n. Podr(cid:237)an ser, en particular, la publicaci(cid:243)n de una Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n con explicaciones sobre las denuncias, la introducci(cid:243)n de plazos de tramita- ci(cid:243)n, la simplificaci(cid:243)n del procedimiento de desestima- ci(cid:243)n de las denuncias y la adopci(cid:243)n de disposiciones relativas a las medidas cautelares. 119. La Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a mejorar la informaci(cid:243)n de los denunciantes potenciales sobre las modalidades de su acci(cid:243)n. Dado que la jurisprudencia reconoce a la Comisi(cid:243)n la posibilidad de determinar prioridades en la represi(cid:243)n de las infracciones sobre la base de la noci(cid:243)n de intere´s comunitario suficiente (69), parece necesario precisar esta noci(cid:243)n en una comunicaci(cid:243)n de forma que los denunciantes puedan determinar ma´ s fa´ cilmente a que´ (cid:243)rgano, nacional o comunitario, les conviene presentar su denuncia. Dicha comunicaci(cid:243)n ayudar(cid:237)a a los denunciantes en la elecci(cid:243)n del (cid:243)rgano al que deber(cid:237)an dirigirse y deber(cid:237)a mostrar, por otra parte, que´ pueden esperar los denunciantes de una intervenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, es decir, una orden de cese de la infracci(cid:243)n va´ lida erga omnes sin concesi(cid:243)n de resarcimiento por dan˜ os y perjuicios. Deber(cid:237)a tam- bie´n ayudarles a redactar la denuncia, indica´ ndoles en particular que´ necesita la Comisi(cid:243)n para establecer la existencia de una infracci(cid:243)n. Por u´ ltimo, deber(cid:237)a recor- dar la severidad de la Comisi(cid:243)n en sus multas a las empresas que toman medidas de retorsi(cid:243)n contra los denunciantes. 120. Actualmente, la Comisi(cid:243)n s(cid:243)lo esta´ obligada a examinar las denuncias que se le presentan en un plazo razonable. Ahora bien, los denunciantes que se consi- deran v(cid:237)ctimas de una infracci(cid:243)n de las normas de competencia comunitarias necesitan saber ra´ pidamente si la Comisi(cid:243)n va a instruir la denuncia, es decir, pro- (68) Sentencia del Tribunal de 18 de octubre de 1989 en el asunto 374/87, Orkem contra Comisi(cid:243)n de las Comuni- dades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 3283). (69) Sentencia del Tribunal de 18 de septiembre de 1992 en el asunto T-24/90, Automec Srl contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1992, p. II-2223). 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/29 ceder a verificaciones o solicitudes de informaci(cid:243)n para establecer la existencia de las pra´ cticas denuncia- das, o si tiene la intenci(cid:243)n de desestimar la denuncia por inexistencia de intere´s leg(cid:237)timo del propio denun- ciante, por falta de fundamento o por carecer de inte- re´s comunitario. En este u´ ltimo caso, es imprescindible que el denunciante pueda acudir ra´ pidamente a la autoridad de competencia nacional o a la jurisdicci(cid:243)n que pueda dar curso a su denuncia. Esta´ previsto esta- blecer un plazo de cuatro meses, a cuyo te´rmino la Comisi(cid:243)n estar(cid:237)a obligada a informar al denunciante del curso que se propone dar a su denuncia. En el supuesto de que no se proponga proseguir la instruc- ci(cid:243)n de la denuncia, la Comisi(cid:243)n enviar(cid:237)a al denun- ciante una carta motivada notifica´ ndole el archivo del expediente. Esta carta podr(cid:237)a ser objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. En el supuesto de que considere que son necesarias medidas de tambie´n al la Comisi(cid:243)n informara´ instrucci(cid:243)n, denunciante dentro del mismo plazo de cuatro meses, sin prejuzgar el resultado del procedimiento. Si des- pue´s de una instrucci(cid:243)n ma´ s detallada, que no puede prolongarse ma´ s alla´ de un plazo razonable (70), la Comisi(cid:243)n considera que no puede dar curso a la denuncia, igualmente al denunciante por carta motivada la cual tambie´n podr(cid:237)a ser objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. informara´ 6 del art(cid:237)culo del Reglamento 121. El procedimiento actual se ve sobrecargado por la obligaci(cid:243)n de enviar al denunciante una carta que exponga la posici(cid:243)n provisional de la Comisi(cid:243)n [carta (CE) no 2842/98 (71)], la recepci(cid:243)n de sus comentarios y la adopci(cid:243)n de una decisi(cid:243)n formal. Este procedimiento es muy r(cid:237)gido y moviliza una parte importante de los recursos de la Comisi(cid:243)n. A este respecto, cabe obser- var que las decisiones de desestimaci(cid:243)n de denuncias representan ma´ s de la mitad de las decisiones formales de la Comisi(cid:243)n en los u´ ltimos an˜ os. La introducci(cid:243)n de un plazo de cuatro meses debera´ , por tanto, ir acompan˜ ada de la simplificaci(cid:243)n del procedimiento de desestimaci(cid:243)n de las denuncias, y en particular de una mayor flexibilidad en la organizaci(cid:243)n del contradicto- rio. (70) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 1997 en los asuntos T-213/95 y T-18/96 SCK y FNK contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1997, II-1739) y sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998 en el asunto Baus- tahlgewebe GmbH contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (todav(cid:237)a no publicada en la Recopilaci(cid:243)n). (71) Reglamento (CE) no 2842/98 de la Comisi(cid:243)n de 22 de diciembre de 1998 relativo a la audiencia en determina- dos procedimientos basados en los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado CE (DO L 354 de 30. 12. 1998, p. 18). 122. Sucede muy a menudo que los denunciantes an˜ aden a su denuncia una solicitud de medidas caute- lares para hacer cesar de inmediato la infracci(cid:243)n de que se consideran v(cid:237)ctimas. Aunque el Reglamento no 17 no confiere expl(cid:237)citamente a la Comisi(cid:243)n el poder de adoptar estas medidas, la jurisprudencia le reconoce el poder de adoptar medidas cautelares (72) sobre la base de una constataci(cid:243)n de infracci(cid:243)n prima facie en caso de urgencia, cuando exista un riesgo de perjuicio grave e irreparable. Parece necesario estable- cer ahora en el Reglamento no 17 no s(cid:243)lo las condicio- nes de adopci(cid:243)n de medidas cautelares, sino tambie´n el procedimiento y el plazo de validez. La pra´ ctica actual ha resultado eficaz. C. SANCIONES El art(cid:237)culo 15§2 del Reglamento no 17 esta- 123. blece que la Comisi(cid:243)n puede imponer multas cuyo importe puede llegar al 10 % del volumen de negocios realizado durante el ejercicio social anterior por cada una de las empresas que participan en una infracci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85§1 y 86. La pol(cid:237)tica de la Comisi(cid:243)n en materia de multas ha sido progresivamente clarifi- cada por la pra´ ctica decisoria, por las directrices para el ca´ lculo de las multas impuestas en aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 15§2 del Reglamento no 17 y del art(cid:237)culo 65§5 del Tratado CECA (73), y finalmente por la Comunicaci(cid:243)n relativa a la no imposici(cid:243)n o la reduc- ci(cid:243)n de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (74). No se plantea modificar este importe ma´ ximo, que ha resultado adecuado. La adopci(cid:243)n de un sistema de excepci(cid:243)n legal implica, en cambio, la supresi(cid:243)n de la inmunidad de multas vincu- lada con la notificaci(cid:243)n, ya que e´sta desaparece. Se refuerza as(cid:237) el efecto de la prohibici(cid:243)n y con ello el cara´ cter preventivo de la norma de prohibici(cid:243)n. 124. Las multas de procedimiento requieren una adaptaci(cid:243)n. Actualmente, el Reglamento no 17 san- ciona con multa de 100 a 1 000 euros el que una empresa proporcione informaciones inexactas o pre- sente de manera incompleta los documentos requeridos en una verificaci(cid:243)n. Estos importes no se han revisado desde 1962 y parecen hoy demasiado nimios para (72) Resoluci(cid:243)n del Tribunal de 17 de enero de 1980 en el asunto 792/79R, Camera Care Ltd contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1980, p. 119). (73) DO C 9 de 14. 1. 1998, p. 3. (74) DO C 207 de 18. 7. 1996, p. 4. C 132/30 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 tener un verdadero efecto disuasivo. Se plantea ajus- tarse al Reglamento (CEE) no 4064/89 (75), que preve´ multas de 1 000 a 50 000 EUR para casos similares. 125. Lo mismo sucede con las multas coercitivas que se pueden imponer a una empresa que no presenta las informaciones pedidas mediante decisi(cid:243)n o se niega a someterse a una verificaci(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 14§3. Las disposiciones correspondientes del Regla- mento sobre el control de las concentraciones preve´n multas por un importe ma´ ximo de 25 000 EUR. El nuevo Reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 podr(cid:237)a adoptar esta cuant(cid:237)a. El Reglamento (CEE) no 4064/89 preve´ una 126. segunda categor(cid:237)a de multas para las empresas que no cumplen una obligaci(cid:243)n impuesta mediante decisi(cid:243)n (art(cid:237)culo 15§2). El importe ma´ ximo de estas multas es de 100 000 euros. Existe cierta semejanza entre las obligaciones que pueden imponerse a las empresas en el marco de la autorizaci(cid:243)n de una operaci(cid:243)n de con- centraci(cid:243)n y las decisiones de aceptaci(cid:243)n de compro- misos que se preve´ establecer. Por tanto, podr(cid:237)a crearse una segunda categor(cid:237)a de multas, siguiendo el modelo del Reglamento (CEE) no 4064/89. Cuando se imponen multas a asociaciones de 127. empresas, el volumen de negocios a tener en cuenta es el de las empresas miembros de la asociaci(cid:243)n. Sin embargo, el art(cid:237)culo 15 del Reglamento no 17 no preve´ el principio de responsabilidad in solidum de los miembros de la asociaci(cid:243)n, lo que puede frustrar la recaudaci(cid:243)n de la multa (76). 128. Se plantea, por tanto, establecer en el texto del nuevo Reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado que cuando una infracci(cid:243)n sea imputa- ble a una asociaci(cid:243)n de empresas, las empresas que eran miembros de la asociaci(cid:243)n en la fecha de la (75) Reglamento (CEE) no 4064/89 ya citado. (76) Este problema se plante(cid:243), en particular, en el marco de los asuntos T-213/95 y T-18/96, SCK y FNK contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. II-1739). infracci(cid:243)n son solidariamente responsables del pago de la multa. Para salvaguardar los derechos de defensa de los miembros de la asociaci(cid:243)n, la reforma implicar(cid:237)a que se les informe de la apertura del procedimiento y, en particular, del env(cid:237)o de un pliego de cargos por medio de una publicaci(cid:243)n en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Si fuera necesario, la asocia- ci(cid:243)n proporcionar(cid:237)a mayor informaci(cid:243)n a los miem- bros que as(cid:237) lo soliciten. IV. Transici(cid:243)n hacia el re´gimen de excepci(cid:243)n legal 129. En la fecha de entrada en vigor del nuevo reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado, habra´ toda una serie de notificaciones pen- dientes en la Comisi(cid:243)n, presentadas por las empresas para acogerse al beneficio del art(cid:237)culo 85§3. Ahora bien, en el nuevo sistema, sera´ directamente aplicable el art(cid:237)culo 85 en su integridad: la licitud de los acuer- dos ya no estara´ condicionada por la existencia de una decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. Por tanto, caducara´ n todas las notificaciones pendientes. En el per(cid:237)odo compren- dido entre la publicaci(cid:243)n del presente Libro Blanco y la entrada en vigor del nuevo Reglamento, la Comi- si(cid:243)n proseguira´ su actividad de exenci(cid:243)n con el mismo ritmo y las mismas modalidades que hasta ahora. V. Normas sectoriales 130. Por lo que se refiere al sector agr(cid:237)cola, el art(cid:237)- culo 42 del Tratado establece que las disposiciones del cap(cid:237)tulo relativo a las normas de competencia no son aplicables a la producci(cid:243)n y comercio de los productos agr(cid:237)colas sino en la medida que determine el Consejo. Es el Reglamento no 26, de 4 de abril de 1962 (77), el que aplica las disposiciones de los art(cid:237)culos 85 a 90 del Tratado al sector agr(cid:237)cola. Este texto consagra en su art(cid:237)culo 1 la aplicabilidad de los art(cid:237)culos del Tra- tado y de las disposiciones adoptadas para su aplica- ci(cid:243)n, incluido el Reglamento no 17, a la producci(cid:243)n y comercio de los productos agr(cid:237)colas. Puesto que el art(cid:237)culo 1 remite a las normas de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86, se deduce que las modificaciones del Reglamento no 17 se aplicara´ n automa´ ticamente al sector agr(cid:237)cola. Las excepciones previstas en el art(cid:237)culo 2 del Reglamento no 26 continuara´ n en vigor y la la competencia exclusiva para Comisi(cid:243)n mantendra´ aplicarlas. (77) DO 30 de 20. 4. 1962, p. 993/62. 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/31 En el sector de los transportes, 131. las normas de competencia que se aplican son ide´nticas a las aplicadas en otros sectores (78), y se definen de manera ide´ntica las restricciones de la competencia y de los mercados. No hay, pues, motivo alguno para no some- ter a los reglamentos de transportes (79) a las mismas reformas que el Reglamento 17: las reformas previstas en el Reglamento no 17 deber(cid:237)an aplicarse tambie´n a los reglamentos de transportes. (4) Cada uno de los reglamentos de transportes con- tiene procedimientos de oposici(cid:243)n. En el marco de este procedimiento, se publica un resumen de la solicitud de exenci(cid:243)n en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y se invita a los terceros a comunicar sus observaciones: los acuerdos notifi- cados se dan por legalmente eximidos por un per(cid:237)odo espec(cid:237)fico, salvo que la Comisi(cid:243)n se oponga en el plazo de 90 d(cid:237)as despue´s de la publi- caci(cid:243)n; Sin embargo, 132. los reglamentos de transportes (CEE) no 1017/68 (ferrocarril, carretera, v(cid:237)as navega- bles), (CEE) no 4056/86 (transporte mar(cid:237)timo) y (CEE) no 3975/87 (transporte ae´reo) contienen tambie´n dis- posiciones complementarias que no se encuentran en el Reglamento no 17. Se trata, por una parte, de las exenciones por categor(cid:237)a (80), y, por otra, de las dispo- siciones de procedimiento espec(cid:237)ficas (81). Las principa- les diferencias de procedimiento pueden resumirse del siguiente modo: (1) La Comisi(cid:243)n puede conceder una exenci(cid:243)n sin haber recibido una notificaci(cid:243)n (por ejemplo, en respuesta a una denuncia o por propia iniciativa); (2) El Reglamento (CEE) no 1017/68 contiene una cla´ usula relativa a los ca´ rteles de crisis; (3) En los reglamentos de transportes terrestres y mar(cid:237)timos no hay disposici(cid:243)n espec(cid:237)fica para las declaraciones negativas; (78) Sentencia del Tribunal de 4 de abril de 1974 en el asunto 167/73, Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas contra Repu´ blica Francesa (Recopilaci(cid:243)n 1974, p 359, apartado 32); sentencia del Tribunal de 30 de abril de 1986 en los asuntos acumulados 209 a 213/84 Ministerio Pu´ blico contra Lucas Asjes y otros (Recopilaci(cid:243)n 1986, p. 1425, puntos 42 a 45); sentencia del Tribunal de 11 de abril de 1989 en el asunto 66/86, Ahmed Saeed y Silver Line Rei- seb(cid:252)ro GmbH contra Zentrale zur Bek(cid:228)mpfung unlaute- ren Wettbewerbs e V. (Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 803, puntos 32 y 33). (79) Reglamento (CEE) no 1017/68 del Consejo de 19 de julio de 1968 por el que se aplican las normas de competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carre- tera y por v(cid:237)a navegable (DO L 175 de 23. 7. 1968, p. 1); Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo de 22 de diciembre de 1986 por el que se determinan las moda- lidades de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado a los transportes mar(cid:237)timos (DO L 378 de 31. 12. 1986, p. 4); Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo de 14 de diciembre de 1987 por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte ae´reo (DO L 374 de 31. 12. 1987, p. 1). (80) En particular, art(cid:237)culos 4, 6, 9 y 14 del Reglamento (CEE) no 1017/68 y art(cid:237)culos 1, 3, 4, 5, 6 y 8 del Regla- mento (CEE) no 4056/86. (81) En particular, art(cid:237)culos 17 y 18 del Reglamento (CEE) art(cid:237)culo 9 del Reglamento (CEE) no 1017/68 y no 4056/86. (5) El Reglamento (CEE) no 3975/87 incluye un re´gi- men espec(cid:237)fico para determinadas modalidades de medidas cautelares. (6) El Reglamento (CEE) no 4056/86 tiene un doble fundamento jur(cid:237)dico — art(cid:237)culos 84 (2) y 87 CE — y una cla´ usula espec(cid:237)fica relativa a los conflic- tos de derecho con los terceros pa(cid:237)ses. El Regla- mento (CEE) no 1017/68 se basa en los art(cid:237)culos 75 y 87. (7) En el Reglamento (CEE) no 1017/68, la Comisi(cid:243)n no puede adoptar una decisi(cid:243)n en un plazo m(cid:237)nimo de 20 d(cid:237)as tras la reuni(cid:243)n del Comite´ Consultivo. Se trata de que los Estados miembros puedan pedir la convocatoria del Consejo para examinar si el asunto en cuesti(cid:243)n plantea cuestio- nes de principio. En ese caso, la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n debe tener en cuenta las orientaciones del Consejo. (8) Los servicios mar(cid:237)timos de tramp y el transporte ae´reo internacional entre la Comunidad y los ter- ceros pa(cid:237)ses permanecen sujetos al re´gimen de transici(cid:243)n del art(cid:237)culo 89. 133. Las diferencias de procedimientos entre los reglamentos de transportes y el Reglamento no 17 reflejan sin duda las preocupaciones pol(cid:237)ticas domi- nantes en la e´poca de su adopci(cid:243)n. El Reglamento (CEE) no 1017/68, en particular, fue el primer regla- mento de aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia en el a´ mbito de los transportes y fue adoptado antes de la confirmaci(cid:243)n expresa por el Tribunal de Justicia de que las normas de competencia se aplican al sector de los transportes. Desde la aprobaci(cid:243)n de los distintos reglamentos de transportes, se ha avanzado en la libe- ralizaci(cid:243)n de los sectores ae´reos y ferroviarios, y el transporte mar(cid:237)timo esta´ liberalizado desde hace tiem- po. Han desaparecido en gran parte las preocupacio- nes espec(cid:237)ficas de estos sectores. 134. La aplicaci(cid:243)n al sector de los transportes de las normas de procedimiento del Reglamento no 17 modificado suprimira´ automa´ ticamente las cinco pri- C 132/32 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 12. 5. 1999 meras diferencias arriba citadas. Con respecto a las otras las diferencias, medidas siguientes: adoptar plantea se (1) La doble base jur(cid:237)dica de los Reglamentos (CEE) no 1017/68 y (CEE) no 4056/86 no se utiliz(cid:243) nun- ca, por lo que no tiene sentido mantenerla. (2) La posibilidad que se da al Consejo de intervenir tras la reuni(cid:243)n del Comite´ Consultivo en asuntos individuales nunca fue utilizada y deber(cid:237)a supri- la Decisi(cid:243)n mirse, 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejer- conformidad con de cicio de las competencias de ejecuci(cid:243)n atribuidas a la Comisi(cid:243)n. (3) El Reglamento destinado a sustituir al Regla- mento no 17 deber(cid:237)a establecer de manera clara que no cubre los servicios mar(cid:237)timos de tramp y el transporte ae´reo internacional entre la Comuni- dad y los terceros pa(cid:237)ses. 135. Los acuerdos actualmente sujetos al re´gimen del art(cid:237)culo 65 del Tratado CECA entrara´ n tambie´n en el a´ mbito de aplicaci(cid:243)n del futuro Reglamento de apli- caci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado en julio de 2002, a la expiraci(cid:243)n del Tratado CECA. CONCLUSI(cid:211)N 136. La pol(cid:237)tica de competencia ocupa un lugar de primer plano en la perspectiva de la integraci(cid:243)n econ(cid:243)- mica auspiciada por los textos fundadores, y el lugar que ocupan las «Normas sobre competencia» en la parte del Tratado titulada «Pol(cid:237)ticas de la Comuni- dad» no es casual. La importancia que se concede a las normas derivadas en relaci(cid:243)n con los Tratados constitutivos muestra de forma evidente que los auto- res del Tratado fueron conscientes de la necesidad de adaptar las normas de aplicaci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica de competencia a las grandes evoluciones de la vida eco- n(cid:243)mica, del mundo empresarial y de la dimensi(cid:243)n geo- gra´ fica de Europa. Al cabo de treinta y cinco an˜ os de aplicaci(cid:243)n del Reglamento no 17, gran nu´ mero de dis- posiciones de aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia ya no se adaptan ni a la evoluci(cid:243)n objetiva del mundo empresarial ni a los imperativos de una Comunidad ampliada, abierta a nuevas adhesiones y con mercados nacionales en gran parte integrados. 137. Las consideraciones que condujeron en 1962 a la adopci(cid:243)n de un re´gimen de autorizaci(cid:243)n centrali- zado ya no tienen el mismo peso: las autoridades de competencia comunitarias y nacionales esta´ n ahora familiarizadas con la aplicaci(cid:243)n de un derecho de com- petencia que la pra´ ctica decisoria de la Comisi(cid:243)n, la jurisprudencia y los textos legislativos han venido a precisar y aclarar. La perspectiva de la culminaci(cid:243)n de la Uni(cid:243)n Econ(cid:243)mica y Monetaria y de la ampliaci(cid:243)n exigen asimismo la reforma de un sistema disen˜ ado para una Comunidad de seis Estados miembros. 138. El presente Libro Blanco expone las reflexio- nes de la Comisi(cid:243)n y describe el sistema que considera ma´ s adecuado para la Uni(cid:243)n a las puertas del siglo XXI. Este sistema se basar(cid:237)a en tres pilares: la supresi(cid:243)n del re´gimen de autorizaci(cid:243)n y notificaci(cid:243)n para pasar a un re´gimen de excepci(cid:243)n legal, el desa- rrollo de la aplicaci(cid:243)n descentralizada de las normas de competencia y el refuerzo del control a posteriori. La Comisi(cid:243)n esta´ convencida de que s(cid:243)lo una reforma profunda del actual sistema, basada en los principios esenciales de la propuesta descrita en el Libro Blanco, permitira´ asegurar la aplicaci(cid:243)n eficaz de las normas de competencia en toda la Comunidad y, al mismo tiempo, reducir al ma´ ximo las obligaciones administra- tivas de las empresas y garantizarles un nivel satisfac- torio de seguridad jur(cid:237)dica. 139. La aplicaci(cid:243)n de esta reforma implicara´ modi- ficaciones profundas no s(cid:243)lo del Reglamento no 17, sino tambie´n de los reglamentos de transportes y de los instrumentos adoptados para su ejecuci(cid:243)n. Debera´ ir acompan˜ ada de un refuerzo del marco legislativo, ya en curso con la modificaci(cid:243)n de las normas aplica- bles a las restricciones verticales y en estudio para los acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal. 140. El presente Libro Blanco debe constituir el punto de partida de un amplio debate entre la Comi- si(cid:243)n, los Estados miembros y las partes interesadas. La Comisi(cid:243)n desea recibir comentarios sobre todos los aspectos de la reforma propuesta y de las opciones tra- tadas en el presente documento. Todas 141. sobre el presente Libro Blanco deben remitirse, antes del 30 de septiem- bre de 1999: las observaciones 12. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 132/33 — Por correo, a la direcci(cid:243)n siguiente: — Por correo electr(cid:243)nico Direcci(cid:243)n General de Competencia Comisi(cid:243)n Europea Libro Blanco sobre la Modernizaci(cid:243)n C150- Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruselas modernisation@dg4. cec. be El presente Libro blanco esta´ tambie´n disponi- 142. ble, en todas las lenguas de la Comunidad, en internet: http://europa. eu. int/comm/dg04/entente/other. htm #dgiv_pdf_wb_modernisation