title: Reglamento (CE) n° 2278/1999 de la Comisión de 21 de octubre de 1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica

text: 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/3 REGLAMENTO (CE) No 2278/1999 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre de 1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 3528/86 del Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CEE) no 3528/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 307/ 97 (2), y, en particular, sus artículos 2 y 4, Considerando lo siguiente: El Reglamento (CEE) no 3528/86 establece una participa- ción financiera de la Comunidad en las medidas que incluye la acción comunitaria para la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica. El artículo 12 de dicho Reglamento establece que esta participación irá destinada a elaborar el inventario perió- dico de los daños ocasionados a los bosques, en parti- cular, por la contaminación atmosférica, a la red de puestos de observación para la vigilancia intensiva y continua de los ecosistemas forestales, a las experiencias, a los proyectos piloto y a las demostraciones para mejorar la protección de los bosques contra la contami- nación atmosférica. En aras de la eficacia, simplificación y racionalización de los procedimientos a escala nacional y comunitaria, procede en un programa anualmente, nacional en cada Estado miembro las diversas actua- ciones por las que se solicite una ayuda financiera comu- nitaria. reagrupar, Es necesario fijar, para el programa nacional, las disposi- ciones de presentación de la solicitud de ayuda y los elementos que debe incluir para facilitar su tramitación. (12) Procede establecer un sistema de anticipos de la ayuda financiera comunitaria para que los Estados miembros puedan garantizar una gestión financiera adecuada de los programas nacionales. Las solicitudes de anticipo y de pago del saldo del las autoridades programa nacional presentadas por competentes a la Comisión deben incluir ciertos datos que faciliten el examen de la regularidad de los gastos. (1) DO L 326 de 21. 11. 1986, p. 2. (2) DO L 51 de 21. 2. 1997, p. 9. (7) (8) (9) (10) (11) Debe notificarse a la Comisión que las actuaciones se llevan a cabo en las condiciones y en los plazos previstos en la decisión por la que se concede la ayuda. Los Estados miembros deben adoptar las disposiciones necesarias que garanticen un control eficaz de la realiza- ción de las actuaciones del programa nacional. En virtud del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 3528/ 86 y del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comuni- dades Europeas (3), los Estados miembros deben cercio- rarse de la realidad y regularidad de la operación finan- ciada por importes perdidos por causa de irregularidades o negligencias. Estos importes representan gastos no justificados para el presupuesto comunitario que, por lo tanto, deben ser reembolsados a la Comunidad. la Comunidad y recuperar los Si los controles de la Comisión previstos por el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 3528/86 ponen de mani- fiesto alguna irregularidad, el Estado miembro deberá tener la posibilidad de dar explicaciones sobre la situa- ción observada. Si se confirman las irregularidades y, por consiguiente, los importes correspondientes representan gastos no justificados para el presupuesto comunitario, deberán ser reembolsados a la Comunidad. Por lo tanto, procede derogar el Reglamento (CEE) no 526/87 de la Comisión (4), el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1696/87 de la Comisión (5), cuya última modi- ficación la constituye el Reglamento (CE) no 1398/95 (6), y el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1091/94 de la Comisión (7), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1545/1999 (8). Procede derogar también el Reglamento (CEE) no 1697/ 87 de la Comisión (9). No obstante, este Reglamento debe seguir aplicándose a los pagos de las participa- ciones financieras de la Comunidad amparados en el Reglamento (CEE) no 3528/86 y decididos antes del 1 de noviembre de 1999. (13) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité forestal permanente, (3) DO L 312 de 23. 12. 1995, p. 1. (4) DO L 53 de 21. 2. 1987, p. 14. (5) DO L 161 de 22. 6. 1987, p. 1. (6) DO L 139 de 22. 6. 1995, p. 4. (7) DO L 125 de 18. 5. 1994, p. 1. (8) DO L 180 de 15. 7. 1999, p. 9. (9) DO L 161 de 22. 6. 1987, p. 23. (1) (2) (3) (4) (5) (6) L 279/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 1. Las medidas previstas en los artículos 2 y 4 del Regla- mento (CEE) no 3528/86 se agruparán en programas que deberán elaborarse cada año a nivel nacional. El programa nacional deberá incluir todas las solicitudes de ayuda presen- tadas en virtud de dichos artículos. Asimismo, deberá incluir los datos y documentos indicados en el anexo I del presente Reglamento y englobar los elementos a los que se hace refe- rencia en el artículo 2. Cada año, antes del 1 de noviembre, el Estado miembro enviará a la Comisión dos ejemplares del programa relativo al año siguiente. 2. La realización del programa nacional al que se hace refe- rencia en el apartado 1 del presente artículo deberá finalizar a más tardar tres años después de la fecha de notificación de la decisión de la Comisión referente a su financiación, y no podrá ser prorrogada. Artículo 2 El programa al que se hace referencia en el artículo 1 deberá incluir además: — Una descripción de los justificantes que deberán entregar los beneficiarios; por justificante se entenderá todo docu- mento establecido de acuerdo con las disposiciones legales o reglamentarias del Estado miembro interesado o de la autoridad acuerdo con las medidas adoptadas por competente, que acredite que cada solicitud individual cumple las condiciones establecidas. La descripción incluirá la designación de los justificantes y la mención de las disposiciones o medidas sobre las que se establecen, así como una descripción sucinta del contenido de dichos justi- ficantes. — El modelo de los formularios mediante los cuales los benefi- ciarios presentarán su solicitud de pago. Dichos formularios deberán incluir, como mínimo, un resumen de los gastos efectuados y un cuadro comparativo de las medidas previstas y realizadas, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. — Una descripción de los métodos de control y de gestión implantados para garantizar la realización eficaz de las actuaciones del programa, en aplicación del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 3528/86. El Estado miembro también comunicará a la Comisión las actualizaciones posteriores de la documentación a la que se hace referencia en el presente artículo. Artículo 3 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 3528/86, el Estado miembro designará a la autoridad competente encargada de ejecutar el programa. solicitar un anticipo del 50 % como máximo de la ayuda financiera comunitaria del programa nacional. 3. La autoridad competente podrá solicitar un segundo anti- cipo del 30 % como máximo cuando presente la prueba de que se ha utilizado el 60 % del primer anticipo relativo a ese mismo programa. 4. El pago del saldo se efectuará una vez que la Comisión haya recibido y aprobado el informe final, el informe definitivo de la situación financiera y la solicitud de pago final del programa nacional. Artículo 4 1. Con carácter semestral, a partir del 1 de julio del año siguiente a la fecha de notificación de la decisión de la Comi- sión referente a la financiación del programa, la autoridad competente enviará una relación de los pagos efectuados a los beneficiarios, de conformidad con el anexo II, junto con un informe sobre la evolución de los trabajos. 2. De conformidad con el anexo III del presente Regla- mento, la autoridad competente deberá presentar a la Comi- sión, en doble ejemplar, las solicitudes de pago de anticipos y del saldo relativas al programa nacional. Artículo 5 1. Si un Estado miembro recupera importes perdidos como consecuencia de irregularidades o negligencias, los reembolsará a la Comunidad. 2. Si, en un plazo de cuatro años tras el pago del saldo, la Comisión comprueba una irregularidad en relación con una operación financiada por la Comunidad y que el importe correspondiente no ha sido reembolsado a ésta en virtud del apartado 1, planteará la situación al Estado miembro corres- pondiente y le dará la posibilidad de explicarse. 3. Si, tras el análisis de la situación y de los comentarios eventuales del Estado miembro correspondiente, la Comisión confirma la irregularidad, el Estado miembro reembolsará los importes de que se trate. Artículo 6 Quedan derogados el Reglamento (CEE) no 526/87, el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1696/87 y el artículo 2 del Regla- mento (CE) no 1091/94. Artículo 7 Queda derogado el Reglamento (CEE) no 1697/87. Sin embargo, seguirá siendo aplicable a los pagos de las participa- ciones financieras de la Comunidad amparados en el Regla- mento (CEE) no 3528/86 decididos antes del 1 de noviembre de 1999. Artículo 8 2. Como muy pronto el 1 de enero del año siguiente a la fecha de notificación de la decisión de la Comisión referente a la financiación del programa, la autoridad competente podrá El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/5 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 1999. Por la Comisión Franz FISCHLER Miembro de la Comisión L 279/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES EN LA COMUNIDAD CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA [REGLAMENTO (CEE) No 3528/86] ANEXO I Datos relativos al programa nacional del año 20. ESTADO MIEMBRO: 1. Descripción resumida del programa: contacto para la autoridad competente: (nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico de la persona u organismo de contacto), fecha de inicio y de finalización del programa, coste total del programa y ayuda solicitada (porcentaje del coste total), desglose de los costes en función de las diferentes medidas, plan previsto para su realización y organismo que recibirá los pagos de la ayuda financiera de la Comunidad del programa nacional la confirmación de que los trabajos no comenzarán antes de la presentación del programa, la confirmación de que ninguna solicitud que forme parte del programa se beneficiará de otros fondos comunitarios, programación financiera del programa nacional: utilícense los formularios 1 y 1b. (nombre, datos bancarios), 2. Solicitudes de ayuda individuales incluidas en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 3528/86 (vigilancia sistemática e intensiva de los ecosistemas forestales): utilícense los formularios 2 y 2a y/o 26 y/o 2c y/o 2d. 3. Solicitudes de ayuda individuales incluidas en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3528/86 (experiencias, proyectos piloto y demostraciones): utilícense los formularios 3 y 3a. Notas explicativas Las actividades experimentales y de seguimiento presentadas a la Comisión para obtener una cofinanciación comunitaria en virtud del Reglamento (CEE) no 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica se reagrupan anualmente en un programa por Estado miembro. Los pagos de las aportaciones financieras de la Comunidad se realizarán por programa a las autoridades competentes designadas de los Estados miembros que efectuarán a su vez los reembolsos a las agencias responsables correspondientes. Se incluirán en el programa en calidad de solicitudes individuales todas las actividades que deban realizarse en virtud de los artículos 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3528/86 y de sus modificaciones y para las que se solicite una cofinanciación comunitaria. Tipos de actividades: Los programas abarcarán dos tipos y cuatro subtipos de actividades: Tipo A: Seguimiento de los ecosistemas forestales [artículo 2 del Reglamento (CEE) no 3528/86] Subtipo A1: Cuadriculado sistemático (16 × 16 km) así como la observación anual del estado de las copas, una repetición eventual de la encuesta pedológica o de la encuesta sobre la composición química de las hojas. Subtipo A2: Realización de las observaciones en las parcelas de seguimiento intensivo. Subtipo A3: Cualquier actividad suplementaria necesaria para el seguimiento sistemático o intensivo (examen de las metodologías, estudios especiales, etc. ). Subtipo A4: Propuestas para la evaluación de los datos del cuadriculado sistemático o del seguimiento intensivo establecidos a escala europea o regional (incluida la evaluación externa). Tipo B: Las actividades experimentales [artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3528/86]. Prioridades: Las actividades se dividirán en tres prioridades: Prioridad 1: Observaciones y análisis obligatorios realizados con el grado de precisión necesario (QC/QA). Prioridad 2: Las observaciones o análisis importantes que no son obligatorios (por ejemplo, análisis de parámetros opcionales). También se incluirá aquí cualquier esfuerzo suplementario y temporal para mejorar la calidad. Prioridad 3: Cualquier otra actividad no especificada en el manual o en el Reglamento de aplicación. Esta categoría también incluye las observaciones y análisis realizados de forma diferente a la descrita en los Reglamentos de aplicación o en el manual, así como las actividades experimentales (artículo 4). En los programas, la ayuda financiera solicitada se indicará por separado para cada una de estas tres categorías de prioridades. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/7 Formularios: Se utilizarán los siguientes formularios para la presentación de los programas: — una ficha resumen del programa (formulario 1), — una ficha de programación financiera (formulario 1b), — fichas de información general (formularios 2 y 3), — fichas de información específica (formularios 2a, 2b, 2c y 2d). La ficha resumen del programa incluirá información administrativa relativa a la autoridad nacional competente e información resumida sobre las diferentes solicitudes individuales incluidas en el programa así como un calendario de ejecución. La ficha resumen del programa llevará el sello de la autoridad nacional competente y estará debidamente fechada y firmada por dicha autoridad. El nombre del firmante aparecerá debajo de su firma. La ficha de programación financiera del programa incluirá información sobre la utilización prevista de la ayuda financiera comunitaria. Por cada solicitud de ayuda individual habrá que rellenar una ficha de información general (formulario 2 para las acciones correspondientes al artículo 2 y formulario 3 para las acciones correspondientes al artículo 4), que incluya información de carácter general relativa a la solicitud individual y una ficha de información específica (formularios 2a y/o 2b y/o 2c y/o 2d), que incluya información de carácter técnico. Las fichas de información general llevarán el sello del solicitante y estarán debidamente fechadas y firmadas por su representante. El nombre del firmante aparecerá debajo de su firma. Formulario 1: Ficha resumen del programa que incluya información administrativa relativa a la autoridad nacional competente e información resumida sobre las diferentes solicitudes individuales incluidas en el programa y un calendario de ejecución. Formulario 1b: Programación financiera del programa nacional. Formulario 2: Todas las solicitudes relativas a las actividades de seguimiento (artículo 2): Ficha de información general (actividades del tipo A1/A2/A3/A4). Formulario 2a: Solicitudes relativas a las actividades del tipo A1: Ficha de información específica para las actividades relativas al cuadriculado sistemático (nivel I). Formulario 2b: Solicitudes relativas a las actividades del tipo A2: Ficha de información específica para las observaciones en las parcelas de seguimiento intensivo (nivel II). Formulario 2c: Solicitudes relativas a las actividades del tipo A3: Ficha de información específica para las actividades relativas a los aspectos complementarios relativos al seguimiento intensivo (nivel II). Formulario 2d: Solicitudes relativas a las actividades del tipo A4: Ficha de información específica para las actividades de evaluación del seguimiento intensivo (nivel II). Formulario 3: Todas las solicitudes relativas a las actividades de tipo experimental (actividades del tipo B). (artículo 4): Ficha de información general Formulario 3a: Todas las solicitudes relativas a las actividades de tipo experimental (artículo 4): Ficha de información específica (resumen técnico). L 279/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 FORMULARIO 1 FICHA DEL PROGRAMA Resumen de las solicitudes individuales Autoridad nacional competente: Año: 20. (Estado miembro) Sr. /Sra: Nombre Persona de contacto Dirección Código postal y ciudad Teléfono Fax E-mail Organismo al que debe abonarse la ayuda (por la Comisión Europea) Nombre Dirección Código postal y ciudad Número de cuenta bancaria Elementos del programa presentados para la cofinanciación en virtud del Reglamento (CEE) no 3528/86 y sus modificaciones (costes en. /€) (*) Solicitudes individuales No Tipo Subtipo A1 A2 A3 A4 Organismo responsable Total Costes subvencionables Ayuda solicitada Prioridad 1 Ayuda solicitada Prioridad 2 Ayuda solicitada Prioridad 3 Ayuda solicitada Total (**) (. /€) (*) (. /€) (*) (. /€) (*) (. /€) (*) (. /€) (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total (*) Los costes deben especificarse en moneda nacional o euros (€). (**) La ayuda total solicitada supondrá como máximo el 50 % del coste total subvencionable. Está confirmado que los trabajos no comenzarán antes de la presentación del programa a la Comisión y que ninguna solicitud que forme parte del programa se beneficiará de otros fondos comunitarios. (fecha). (firma y sello) Sr. /Sra. (en caracteres de imprenta) 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/9 Programa nacional. Año: 20. FORMULARIO 1b Programación financiera del programa nacional Año n + 1 (1) Año n + 2 Año n + 3 1er semestre 2o semestre 1er semestre 2o semestre 1er semestre 2o semestre Importe del primer anticipo Importe del segundo anticipo Pago del saldo (1) Se considera que el programa nacional se presenta con respecto al año n; por lo tanto, el primer anticipo puede solicitarse, en caso necesario, a partir de 1 de enero del año n + 1. L 279/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2 D N O S A J J M A M F E D N O S A J J M A M F E D N O S A J J M A M F E D N O S A J J M A M F E D N d u t i c i l o S l a u d i v i d n i o r e m ú N ) 1 o i r a l u m r o f l e d o x e n a ( s e d a d i v i t c a e d o i r a d n e l a C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/11 FORMULARIO 2 SOLICITUDES INDIVIDUALES (ARTÍCULO 2) Ficha de solicitud individual (actividades tipo A) Solicitud no (*): (*) Deberá rellenarlo la autoridad nacional competente. Título:. Tipos de actividades incluidas — Cuadriculado sistemático (nivel I) (Tipo A1) — Seguimiento intensivo (Evaluación (Tipo A2) — Seguimiento (Aspectos adicionales) (Tipo A3) — Seguimiento (Evaluación (Tipo a escala europea) A4) Solicitante Organismo Persona de contacto Sr. /Sra. : Dirección Código postal y ciudad Teléfono Fax E-mail Organismo responsable Organismo Persona de contacto Sr. /Sra. : Dirección Código postal y ciudad Teléfono Fax E-mail Estatuto jurídico L 279/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 Información general Descripción general. Período de ejecución desde el 1/. /. hasta el 31/. /20. duración. meses Coste total de las actividades Coste total subvencionable Ayuda solicitada para la prioridad 1 Ayuda solicitada para la prioridad 2 Ayuda solicitada para la prioridad 3 Ayuda total solicitada       en. /euros (*) en. /euros (*) en. /euros (*) en. /euros (*) en. /euros (*) en. /euros (*) Nota: La ayuda total solicitada supondrá como máximo el 50 % del coste total subvencionable. El resto de los costes subvencionables se obtendrá de:. por. euros (*). por. euros (*) (*) Los costes deben especificarse en moneda nacional o euros (€). Organismo al que debe abonarse la ayuda (por el agente nacional del Estado miembro) Nombre Dirección Código postal y ciudad Número de cuenta bancaria. (fecha). (firma y sello) Sr. /Sra. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/13 FORMULARIO 2a FICHA DEL CUADRICULADO SISTEMÁTICO Actividades tipo A1 Medida Número de puntos de cuadriculado sistemático Coste total (1) Coste total subvencionable (1) Ayuda solicitada 1a prioridad (1) 2a prioridad (1) 3a prioridad (1) Total (1) Instalación y mantenimiento de las parcelas de seguimiento intensivo Establecimiento y ejecución del inventario del estado de las copas Establecimiento y ejecución del inventario de las características edafológicas Establecimiento y ejecución de un reconocimiento de la composición química de acículas y hojas. Gestión de datos y evaluación Total (1) En moneda nacional o euros (€). L 279/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 FORMULARIO 2b FICHA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Actividades tipo A2 Medida Número de parcelas de seguimiento intensivo Coste total (1) Coste total subvencionable (1) Ayuda solicitada 1a prioridad (1) 2a prioridad (1) 3a prioridad (1) Total (1) Instalación y mantenimiento de las parcelas de seguimiento intensivo Establecimiento y ejecución del inventario del estado de las copas Establecimiento y ejecución del inventario de las características edafológicas Establecimiento y ejecución de un reconocimiento de la composición química de acículas y hojas Establecimiento y ejecución de las mediciones de crecimiento Establecimiento y ejecución de las mediciones de las deposi- ciones Establecimiento y ejecución del seguimiento meteorológico Establecimiento y ejecución de la solución del suelo Establecimiento y ejecución de sotobos- reconocimientos que de Aplicación de técnicas de fotografía aérea (2) Gestión de datos integrados y evaluación de datos. Subtotal y porcentaje Total (1) En moneda nacional o euros (€). % % % % % % (2) Véase el manual de aplicaciones de la teledetección publicado por la Comisión Europea. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/15 FORMULARIO 2c FICHA DE SEGUIMIENTO Actividades tipo A3 — métodos — muestreo — análisis — cálculo — intercalibración — QC/QA — evaluación ¿De qué tipo de evaluación se trata? ¿Qué parte? — Distribución general de las parcelas, estructura — Estado de las copas — Suelo, solución del suelo — Estado foliar, hojarasca — Crecimiento del bosque — Deposición y calidad del aire — Meteorología y fenología — Sotobosque — Teledetección —. Breve descripción de las actividades Objetivos: Organización Resultados previstos Persona de contacto: Teléfono Fax: E-mail. /. / 20. Fecha de finalización:. /. / 20. Fecha de inicio: Plazo 1: Plazo 2: Plazo 3:. /. / 20. de:. /. / 20. de:. /. / 20. de: L 279/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 FORMULARIO 2d FICHA DE SEGUIMIENTO Actividades tipo A4 Datos solicitados Área(s) (*) Año(s) (*) Parámetros (*) Fuente (*) Observaciones (*) Información general de la parcela Estado de las copas Suelo Estado foliar Crecimiento del bosque Deposición Meteorología Solución del suelo Sotobosque (*) Las columnas contienen los detalles de los datos que deben ser facilitados. Por ejemplo, cuando los datos relativos al suelo son necesarios para la zona o región mediterránea, para el año 1994/1995, relativos al pH, el Ca y Mg, pueden especificarse. Cuando los datos utilizados no se destinan al programa de seguimiento intensivo, deberá indicarse la fuente (por ejemplo, EMEP, etc). Fases de evaluación previstas Número de parcelas de seguimiento intensivo Coste total (1) Coste total subvencionable (1) Ayuda solicitada 1a prioridad (1) 2a prioridad (1) 3a prioridad (1) Total (1) 1 2 3 4 5 Total (1) En moneda nacional o euros €. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/17 FORMULARIO 3 FICHA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4 Actividades tipo B No de solicitud (*): (*): deberá rellenarla la autoridad nacional competente. Título:. (en inglés):. Objetivo general — Tener un conocimiento mayor de la contaminación atmosférica en los bosques — Tener un conocimiento mayor de los efectos de la contaminación atmosférica en los bosques — Mejorar los métodos de vigilancia y medición del daño causado en los bosques — Idear métodos para la conservación y la recuperación de los bosques dañados — Proyectos piloto para la conservación de los bosques dañados — Proyectos integrados Solicitante Organismo Persona de contacto Sr. /Sra. : Dirección Código postal y ciudad Teléfono Fax E-mail Organismo responsable Organismo Persona de contacto Sr. /Sra. : Dirección Código postal y ciudad Teléfono Fax E-mail Estatuto jurídico L 279/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 Período de ejecución desde el 1 /. /. hasta el 31 /. / 20. duración. meses Coste total Coste total subvencionable Ayuda total solicitada       en. /euros (*) en. /euros (*) en. /euros (*) Nota: La ayuda total solicitada supondrá como máximo el 50 % del coste total subvencionable. El resto de los costes subvencionables se obtendrán de:. por. euros (*). por. euros (*) (*) El coste deberá especificarse en moneda nacional o euros (€). Organismo al que debe abonarse la ayuda (por el agente nacional del Estado miembro) Nombre Dirección Código postal y ciudad Número de cuenta bancaria. (fecha). (firma y sello) Sr. /Sra. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/19 FORMULARIO 3a FICHA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4 Solicitud individual Nombre del organismo Nombre del solicitante Breve descripción de las actividades: Objetivos: Organización: Resultados previstos: Persona de contacto: Teléfono: Fax: E-mail. /. / 20. Fecha de finalización:. /. / 20. Fecha de inicio: Plazo 1: Plazo 2: Plazo 3:. /. / 20. de:. /. / 20. de:. /. / 20. de: L 279/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 ANEXO II Observaciones preliminares Las solicitudes de anticipos, de pago, las relaciones semestrales y los informes sobre la evolución de los trabajos, así como cualquier documento complementario, deberán enviarse, en doble ejemplar, a: Comisión Europea Dirección General de Agricultura Unidad VI F II 2 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruselas. Relaciones semestrales de los pagos Deberá utilizarse el formulario que figura en el cuadro 1. Infome sobre la evolución de los trabajos Deberá utilizarse el formulario que figura en el cuadro 2. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/21 Cuadro 1 Programa nacional. Año 20. RELACIÓN SEMESTRAL DE LOS PAGOS RELATIVA AL PROGRAMA NACIONAL. DEL AÑO 20. Semestre del 1/. /20. al 1/. /20. (período t) (a) (b) (c) (d) (e) = (c) + (d) Ayuda total asignada Anticipos acumulados recibidos de la Comisión para el programa. del año 20. Pagos acumulados efectuados por cuenta de la Comisión a los beneficiarios hasta el final del período t–1 (1) Pagos efectuados a los beneficiarios por cuenta de la Comisión durante el período t (2) Pagos acumulados efectuados por cuenta de la Comisión a los beneficiarios hasta el final del período t (1) Columna e) de la relación anterior. (2) Pago efectuado durante el semestre indicado en el encabezamiento. Cuadro 2 Programa nacional. Año 20. INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS Semestre del 1/. /20. al 1/. /20. Número de la solicitud Título Solicitante Realización (1) Porcentaje de realización Observaciones (1) 1: en vías de realización; 2: terminado; 3: abandonado. L 279/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 Solicitud de pago del primer anticipo para el programa nacional. aprobado en 20. en virtud de los artículos 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3528/86 ANEXO III Número del programa nacional: Importe del anticipo solicitado (1): euros Datos bancarios: Nombre de la entidad bancaria: Dirección de la agencia/código: Teléfono, fax, télex, dirección electrónica: Número de cuenta: Titular de la cuenta: En. , a. Por la autoridad competente (firma y sello) (1) Como máximo el 50 % de la ayuda asignada al programa nacional en la Decisión de la Comisión. 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/23 Solicitud de pago del segundo anticipo para el programa nacional. aprobado en 20. en virtud de los artículos 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3528/86 Número del programa nacional: Importe del anticipo solicitado (1): euros Declaración: La autoridad competente confirma que: 1. Un importe total de. euros (mínimo 60 % del importe del primer anticipo) se pagó a los beneficiarios sobre la base de los justificantes contemplados en el artículo 2 del Reglamento (CE) no. 2. Se han efectuado controles de acuerdo con los métodos de control notificados a la Comisión. Datos bancarios: Nombre de la entidad bancaria: Dirección de la agencia/código: Teléfono, fax, télex, dirección electrónica: Número de cuenta: Titular de la cuenta: En. , a. Por la autoridad competente (firma y sello) (1) Como máximo el 30 % de la ayuda asignada al programa nacional en la Decisión de la Comisión. L 279/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 10. 1999 Certificado para el pago del saldo del programa nacional. del año 20. en virtud de los artículos 2 y 4 del Reglamento (CEE) no 3528/86 Número del programa nacional: Pagos acumulativos realizados a los beneficiarios por cuenta de la Comisión:. euros Pagos acumulativos recibidos de la Comisión:. euros Importe del saldo solicitado:. euros La autoridad competente encargada de la aplicación de las medidas adoptadas en virtud del Reglamento (CEE) no 3528/86, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de dicho Reglamento, certifica que: 1) Se han verificado los justificantes mencionados en la relación pormenorizada presentada a la Comisión según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) no. 2) Los trabajos correspondientes al programa se iniciaron el. en el lugar previsto. 3) La finalización de la actuación total tuvo lugar el. 4) El importe de los costes efectivos de los gastos subvencionables habidos asciende a. 5) El importe de los costes mencionados anteriormente se reparte entre los diferentes tipos de medidas, tal como se recoge en el cuadro 3 adjunto. 6) El. ha comprobado in situ que los trabajos realizados se ajustan a los que se precisan en el informe adjunto a la solicitud de ayuda, que constituye la base de la decisión de la Comisión. 7) El importe recuperable del impuesto sobre el valor añadido, incluido en los gastos declarados, asciende a. 8) Datos bancarios: Nombre de la entidad bancaria: Dirección de la agencia/código: Teléfono, fax, télex, dirección electrónica: Número de cuenta: Titular de la cuenta: En. , a. Por la autoridad competente (Firma y sello) 29. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 279/25 Cuadro 3 Reparto de los costes del programa nacional. Año:. Solicitud individual no Nivel I (€) Artículo 2 Nivel II (€) Nivel I + II (€) Artículo 4 (€) Total (€) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total


title: Dictamen del Comité Económico y Social sobre «Los servicios de interés general»

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collective interest
economic infrastructure
energy policy
information policy
public service
public transport

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text: 20. 12. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 368/51 Dictamen del Comité Econo´ mico y Social sobre «Los servicios de interés general» (1999/C 368/17) El 29 de abril de 1999, de conformidad con el apartado 3 del artı´culo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Econo´ mico y Social decidio´ elaborar un dictamen sobre «Los servicios de interés general. » La Seccio´ n de Transportes, Energı´a, Infraestructuras y Sociedad de la Informacio´ n, responsable de la preparacio´ n de los trabajos del Comité en la materia, adopto´ su dictamen el 5 de octubre de 1999 (ponente: Sr. Herna´ndez Bataller). En su 367o Pleno de los dı´as 20 y 21 de octubre de 1999 (sesio´ n del 21 de octubre de 1999) el Comité Econo´ mico y Social ha aprobado por 78 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el siguiente Dictamen. 1. Introduccio´ n 1. 1. Resulta claro que el concepto de servicio de interés general es entendido de diversas formas en el a´mbito de la Unio´ n Europea y que las concepciones germa´nica, no´ rdica, latina y anglosajona no son idénticas. En algunos Estados de la Unio´ n, la idea misma de servicio pu´ blico es inexistente. Cualquiera que sea, se encuentran ideas bastantes similares y realidades también pro´ ximas. (Ası´ tenemos, en los Paı´ses Bajos, los «beheer van diensten»; en la Repu´ blica Italiana, las «gestione di pubblica utilità»; en el Reino Unido, las «public utility»; en la Repu´ blica Federal de Alemania, «Daseinsvorsorge»; y en la Repu´ blica Francesa, el «service public»). 1. 2. Se distingue entre «servicios de interés general» como aquellos que cubren tanto las actividades mercantiles como no mercantiles o «extracomercium», mientras que los «servicios de interés econo´ mico-general» so´ lo abarcan las actividades mercantiles, es decir las que se ejercitan o son susceptibles de ejercitarse en un mercado y caracterizan la actividad de una empresa. Esta u´ ltima categorı´a de servicios se somete a las reglas de la competencia, y es susceptible de aplica´rsele el artı´culo 86 del Tratado (1). E´ ste es el caso de los servicios en red de transportes, energı´a y comunicacio´ n. Los servicios de interés general se caracterizan esencial- 1. 3. mente por el objeto de la actividad que desempen˜ an. Esta debe satisfacer una necesidad «general» (2) y «fundamental» de los miembros de la colectividad, es decir, para un grupo de personas ligado por las relaciones de igualdad y solidaridad. Para la apreciacio´ n de las necesidades de la colectividad se deja una gran libertad a los Estados miembros para que definan por si mismos los objetivos propios de la polı´tica nacional. Ası´, la jurisprudencia del TJCE ha reconocido como necesidades de la proteccio´ n y/o la esta ı´ndole la seguridad, cohesio´ n social de la colectividad, entre otras. la defensa, (1) Sentencias del TJCE: de 15. 2. 1993, Poucet et Pistre (C-159 y 160/91), Rec. p. I-637); de 27. 10. 1993, Lagauche e. a. (C-46/90 y 93/91, Rec. p. I-5267); de 19. 1. 1994, SAT — Fluggesellschaft (C-364/92, Rec. p. I-143); de 18. 3. 1997, Diego Cali & Figli (C-343/95, Rec. p. I-1547). (2) Conclusiones del Abogado General Tesauro de 9. 2. 1993 en el asunto Corbeau, Sentencia de 19. 5. 1993, C-320/91, Rec. p. I- 2533, punto 19. Los servicios de interés general deben responder a 1. 4. necesidades como la ensen˜ anza, la salud, las comunicaciones, la informacio´ n, el suministro de agua potable, los transportes, que revisten una importancia esencial para la proteccio´ n de las libertades fundamentales de las personas y mejoran la vida de la sociedad. Se trata de actividades econo´ micas y sociales que no suelen ser dejadas so´ lo a las fuerzas del mercado, al existir alguna intervencio´ n de las facultades administrativas en su regulacio´ n y control. 1. 4. 1. Los «fallos del mercado» son uno de los principales motivos justificativos de la existencia de empresas pu´ blicas o de la adopcio´ n de disposiciones reguladoras por los Estados. Estas carencias, debidas en parte a la falta de eficacia de los mecanismos del mercado en la asignacio´ n de servicios y bienes, hacen necesario que dependan de estos servicios un buen nu´ mero de personas que disponen de rentas muy bajas para que puedan consumir los productos que no les son accesibles solamente por los circuitos comerciales. Uno de los postulados de base del modelo social europeo es precisamente que la cohesio´ n social resulta amenazada a medio plazo o a ma´s largo término cada vez que las necesidades de una fraccio´ n ma´s o menos importante de la poblacio´ n no son convenientemente cubiertas. El presente Dictamen esta´ estructurado de manera 1. 4. 2. que, tras una breve referencia a la Comunicacio´ n de la Comisio´ n sobre servicios de interés general en Europa, se analizan los actuales reglamentos de los diferentes tipos de servicios de esta naturaleza para pasar a continuacio´ n a examinar la situacio´ n tras el Tratado de Amsterdam. En una parte fundamental del Dictamen se especifican los principios sobre los que, en opinio´ n del Comité, deben basarse los servicios de interés general al tiempo que se abordan algunos aspectos generales y especı´ficos de estos servicios. 2. La Comunicacio´ n de la Comisio´ n de 11 de septiembre de 1996, sobre servicios de interés general en Europa (3) La Comisio´ n clarifica la terminologı´a existente en este 2. 1. a´mbito, y ası´ define: — Servicio de interés general, es la actividad de servicio, comercial o no, calificada de interés general por la autoridad pu´ blica competente y sujeta por ello a obligacio- nes especı´ficas de servicio pu´ blico. (3) DO C 281 de 26. 9. 1996, p. 3. C 368/52 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 12. 1999 — Servicios de interés econo´ mico general, es la actividad de servicio comercial que cumple un cometido de interés general y esta´ sometido por ello, por los Estados miembros, a obligaciones especı´ficas de servicio pu´ blico. los problemas de congestio´ n en algunas carreteras de la Unio´ n Europea. Problemas éstos, creados por el incremento de turismos en circulacio´ n. — Servicio pu´ blico, posee un doble sentido designando tanto el organismo de produccio´ n del servicio como el cometido o el fin de interés general que se confı´a a éste, al que se imponen especı´ficas obligaciones de servicio pu´ blico para favorecer o permitir la realizacio´ n del fin de interés general. — Servicio universal (1), lo define como un conjunto de exigencias de interés general a las que deben someterse en toda la Comunidad determinadas actividades, teniendo por objeto las obligaciones que comporta garantizar el acceso de todos a determinadas prestaciones esenciales de calidad y a un precio asequible. 2. 2. Segu´ n la Comunicacio´ n, los servicios de interés general contribuyen a la competitividad europea y a la solidaridad social, ası´ como a la calidad de vida de los europeos, e incluso, para muchos de ellos, estos servicios suponen auténticos derechos sociales. 2. 3. Se hace constar que el objetivo de la Comunidad es impulsar la competitividad de la economı´a europea en un mundo cada vez ma´s competitivo y proporcionar a los consumidores unas opciones ma´s amplias, una mejor calidad y unos precios ma´s bajos, contribuyendo a la vez, a través de sus polı´ticas, a reforzar la cohesio´ n econo´ mica y social de los Estados miembros y a reducir determinadas desigualdades. 3. Normativa en los sectores de transportes, energı´a, infraestructuras y sociedad de la informacio´ n y por vı´a navegable, En el a´mbito de los transportes por ferrocarril, por 3. 1. carretera el Reglamento (CEE) no 1191/1969 del Consejo de 26 de junio contempla que las autoridades de los Estados miembros, a fin de garantizar la prestacio´ n de servicios suficientes de transporte, habida cuenta, en particular, de los factores sociales, medioambientales y de ordenacio´ n del territorio, o con objeto de ofrecer condiciones tarifarias especiales en favor de determinadas categorı´as de viajeros, podra´n celebrar contratos de servicio pu´ blico con una empresa de transporte, para asegurar las frecuencias mı´nimas, capacidad, rutas, tarifas, horarios y continuidad del servicio. Existen también otros asuntos de ı´ndole pra´ctica que motivan la existencia y la continuidad de los contratos de servicio pu´ blico. Por ejemplo, la oferta eficaz y dirigida al usuario de un transporte pu´ blico por autobu´ s y autocar puede resolver (1) Servicio universal, para el sector de las telecomunicaciones, ha sido definido por el artı´culo 2(1)(g) de la Directiva 97/33 como «un conjunto mı´nimo definido de servicios de una calidad determinada accesible a todo usuario con independencia de su localizacio´ n geogra´fica y, a la vista de las condiciones nacionales especı´ficas, a un precio asequible». En los Dicta´menes del CES sobre transportes (2) se 3. 1. 1. sen˜ ala que, conforme al principio de subsidiariedad, las decisiones sobre la forma de organizacio´ n o en lo relativo a las tanto cualitativas como cuantitativas, deben condiciones, poder permanecer en manos de las autoridades locales compe- tentes, con arreglo a las necesidades locales. La aplicacio´ n del principio de subsidiariedad implica 3. 1. 2. el mantenimiento del acervo comunitario y del equilibrio institucional, no debiendo afectar a los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia en lo que se refiere a la relacio´ n entre el Derecho comunitario y el nacional. En todo caso, las medidas adoptadas deben ser coherentes con el logro satisfactorio del objetivo de la medida y con la necesidad de su ejecucio´ n eficaz, deja´ndose a las autoridades nacionales o locales la eleccio´ n de la forma y de los medios, ya que éstas deben ser las responsables de desarrollar la planificacio´ n estratégica de los servicios de interés general. aéreo, En el transporte 3. 1. 3. el Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, regula el acceso de las compan˜ ı´as aéreas de la Comunidad a las rutas intracomunitarias y las obligaciones de servicio pu´ blico impuestas a los servicios aéreos regulares, en lo que se refiere a la frecuencia mı´nima, horarios, tipos de aparatos utilizados y a la capacidad ofrecida (3). 3. 1. 4. Por su parte, en el transporte marı´timo, el Regla- mento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestacio´ n de servicios a los transportes marı´timos dentro de los Estados miembros (cabotaje marı´timo), establece en su artı´culo 4o la posibilidad de celebrar contratos de servicio pu´ blico o imponer obligaciones de servicio pu´ blico que se limitara´n a los requisi- tos relativos a los puertos a los que se debe prestar el servicio, la regularidad, la continuidad, la frecuencia, la capacidad de prestacio´ n del servicio, las tarifas practicadas y a la tripulacio´ n del buque (4). 3. 1. 5. En la polı´tica de transportes comunitaria, la seguridad es una componente importante de la misma. Existe una interrelacio´ n entre la transparencia, la calidad, y la proteccio´ n de los trabajadores con el interés pu´ blico destinado a lograr un equilibrio entre las zonas rurales y las urbanas, para lo cual es necesaria la utilizacio´ n de recursos pu´ blicos. En los servicios de interés general toda limitacio´ n impuesta por la competencia debe ser necesaria y proporcional a los objetivos perseguidos. Las autoridades pu´ blicas deben medir la restriccio´ n de la competencia necesaria para poder permitir a las empresas ofrecer servicios pu´ blicos, teniendo en cuenta las condiciones econo´ micas en las que las empresas operan, los costes que deben soportar, ası´ como la legislacio´ n en vigor que dichas empresas deben respetar. (2) DO C 138 de 18. 5. 1999, p. 7. (3) DO L 240 de 24. 8. 1992, p. 8. (4) DO L 364 de 12. 12. 1992, p. 7. 20. 12. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 368/53 3. 2. En los mercados de la energı´a, liberalizados a tenor de las Directivas 96/92/CE sobre electricidad y Directiva 98/30/CE sobre gas, se establece una apertura de los mercados, se regula la separacio´ n contable, el ca´lculo de el acceso a la red, tarifas, la obligacio´ n de aprovisionamiento y la posibilidad de imposicio´ n de obligaciones de servicio pu´ blico. 3. 2. 1. La Directiva de Electricidad prevé un mecanismo que permite a los Estados miembros tener en cuenta consideracio- nes de polı´tica pu´ blica sin limitar, en circunstancias normales, el proceso de liberalizacio´ n. Los Estados miembros pueden determinar cinco categorı´as de obligaciones de servicio pu´ blico: proteccio´ n del medio ambiente, seguridad, regulari- dad, limitaciones de la calidad de los suministros y polı´tica de precios y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Por su parte, 3. 2. 2. la Directiva del Gas prevé que los Estados miembros tengan derecho a imponer a las compan˜ ı´as de gas natural obligaciones de servicio pu´ blico justificadas por el interés econo´ mico general, sen˜ alando que esas obligaciones deben recaer en cinco a´mbitos concretos: seguridad del suministro, regularidad, calidad, precio del suministro y protec- cio´ n del medio ambiente. 3. 3. En el a´mbito de las telecomunicaciones, existe, por un lado, la obligacio´ n de prestar un Servicio Universal impuesto por la Directiva 97/33/CE de 30 de junio de 1997 (1) y, por otro lado, las Directivas sobre licencias (2), aprobada en 1997, y en la Directiva 98/10/CE sobre telefonı´a vocal, en la que se contempla la posibilidad de imposicio´ n de obligaciones de servicio pu´ blico a los operadores para el cumplimiento de una serie definida de «requisitos esenciales» (3). También se han introducido normas comunes para el 3. 4. desarrollo del sector postal y la mejora de la calidad del servicio, ası´ como la apertura progresiva y controlada de los mercados a la competencia. La garantı´a a largo plazo del servicio postal universal es el nu´ cleo del dispositivo propuesto. El servicio universal corresponde a una oferta de calidad en todo el territorio, a una frecuencia mı´nima y a precios asequibles para todos. Incluye la recogida, transporte, seleccio´ n y distribucio´ n de correspondencia, ası´ como, dentro de determinados lı´mites de peso y de precio, de publicaciones, cata´logos y paquetes. 3. 5. La concesio´ n de derechos exclusivos o especiales a las empresas debera´ realizarse mediante procedimientos de licitacio´ n, basados en criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes y su adjudicacio´ n debera´ estar sujeta, en la mayorı´a de las ocasiones, a la temporalidad. (1) DO L 199 de 26. 7. 1997, p. 32. (2) DO L 117 de 7. 5. 1997, p. 15. (3) Requisitos esenciales: motivos de interés general y de cara´cter no econo´ mico que pueden inducir a un Estado miembro a imponer condiciones relativas a la prestacio´ n del servicio. 4. La situacio´ n a partir del Tratado de Amsterdam La Comunidad tiene por misio´ n promover un desarro- 4. 1. llo armonioso y equilibrado de las actividades econo´ micas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados econo´ micos, un alto nivel de empleo y de proteccio´ n social, la elevacio´ n del nivel y de la calidad de vida, la competitividad, la cohesio´ n econo´ mica y social y la solidaridad entre los Estados miembros. Para alcanzar lo anterior, con cara´cter instrumental, 4. 1. 1. utilizara´ el establecimiento de un mercado comu´ n y de una unio´ n econo´ mica y monetaria y mediante la realizacio´ n de las polı´ticas y acciones comunes contempladas en el Tratado, entre las que se encuentra un régimen que garantice que la competencia no sera´ falseada en el mercado interior. El apartado 1o del artı´culo 86 del TCE (antiguo art. 90) 4. 2. establece que, respecto de las empresas pu´ blicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusi- vos (4), los Estados miembros no deben adoptar ni mantener en vigor medida alguna contraria a las normas del TCE, en particular contrarias al art. 12 (discriminacio´ n), y a los artı´culos 81 y 89 (pra´cticas restrictivas de la competencia y ayudas de Estado). Otras disposiciones del Tratado son generalmente invocadas en conjuncio´ n con el artı´culo 86, tales como el art. 28 (libre circulacio´ n de mercancı´as), art. 49 (libre prestacio´ n de servicios) y artı´culo 43 (derecho de libre establecimiento). Por su parte, el apartado 2o establece que las empresas 4. 2. 1. encargadas de la gestio´ n de servicios de interés econo´ mico general o que tengan el cara´cter de monopolio fiscal quedara´n sometidas a las normas del Tratado, en especial, a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicacio´ n de dicha normas no impida, de hecho o de derecho, el cumpli- miento de la misio´ n especı´fica a ellas confiada y no afecte al desarrollo de los intercambios de forma contraria al interés de la Comunidad. Adema´s, el apartado 3o establece que la Comisio´ n velara´ por la aplicacio´ n de dicho artı´culo y, en tanto no fuere necesario, dirigira´ a los Estados miembros directivas o decisiones apropiadas. (4) Hay que entender por: — Derechos exclusivos: los derechos garantizados por un Estado miembro que reservan la prestacio´ n de determinados servicios a una empresa mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, reserva´ndole el derecho a prestar un servicio o a desempen˜ ar una actividad en una a´rea geogra´fica dada. — Derechos especiales: los Derechos concedidos por un Estado miembro a un nu´ mero limitado de empresas mediante disposiciones legales, reglamentarias, o administrativas que, en un a´rea geogra´fica dada: — limitan discrecionalmente a dos o ma´s el nu´ mero de empresas autorizadas a prestar un servicio o a desempen˜ ar una actividad, sin basarse en criterios objetivos, proporcio- nales y no discriminatorios, o, — designan (sin basarse en tales criterios) a varias empresas competidoras como las u´ nicas autorizadas a prestar un servicio o a desempen˜ ar una actividad, o, — confieren a dicha empresa o empresas (sin basarse en dichos criterios) ventajas legales o reglamentarias que afectan sustancialmente a la capacidad de otras empresas para prestar el mismo servicio o desempen˜ ar la misma actividad en la misma a´rea geogra´fica en condiciones pra´cticamente equivalentes. C 368/54 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 12. 1999 4. 3. El artı´culo 16 CE — introducido por el Tratado de Amsterdam — incorpora una referencia especı´fica a los servicios de interés econo´ mico general. El artı´culo enfatiza la importancia de los mismos al considerar que forman un «valor comu´ n» de la Unio´ n, asigna´ndoles un papel en la promocio´ n de la cohesio´ n social y territorial. Este precepto debe ser evaluado como un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre las normas de competencia y la necesidad de prestar los servicios pu´ blicos, todo ello respetando las disposiciones del artı´culo 86. Adema´s, se ha introducido un Protocolo sobre el 4. 4. sistema de la radiodifusio´ n pu´ blica que enfatiza la naturaleza especı´fica del sistema en relacio´ n con las necesidades sociales y culturales. En concreto permite a los Estados miembros financiar canales de televisio´ n en tanto que esta financiacio´ n se conceda para el «cumplimiento del servicio pu´ blico a ellos conferido, definido y gestionado por cada Estado miembro, y siempre que esa financiacio´ n no afecte las reglas de la competencia en la Comunidad de forma contraria al interés comu´ n». El Protocolo pretende encontrar un equilibrio entre la aplicacio´ n de las reglas de competencia y la necesidad de asegurar el servicio pu´ blico en la industria televisiva. También se ha introducido una Declaracio´ n sobre los 4. 5. establecimientos pu´ blicos de crédito alemanes que reconoce que las normas de competencia Comunitarias permiten tener en cuenta la misio´ n de servicio de interés econo´ mico general que estos establecimientos desarrollan en Alemania, ası´ como las ventajas que les son concedidas en compensacio´ n por los costes inherentes a la prestacio´ n de estos servicios. El Consejo Europeo de Colonia de los dı´as 3 y 4 de 4. 6. junio de 1999 (1) entiende que, en el actual estado de evolucio´ n de la Unio´ n Europea, habrı´a que resumir y poner de relieve en una Carta los derechos fundamentales vigentes a nivel de la Unio´ n, que incluirı´a «los derechos de libertad e igualdad y los principios procesales fundamentales, tal y como se recogen en el Convenio Europeo para la proteccio´ n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, como principios generales del Derecho Comunita- rio. La carta debera´ contener asimismo los derechos ba´sicos que corresponden u´ nicamente a los ciudadanos de la Unio´ n. Al redactar la carta, se tendra´n en cuenta también derechos econo´ micos sociales». 5. Principios orientativos por los que deben regirse los servicios de interés econo´ mico general 5. 1. El Comité ha elaborado, a partir de diversas publicacio- nes y comunicaciones que corresponden a Resoluciones del Consejo, de la Comisio´ n y del Parlamento Europeo y de otras fuentes, ası´ como de propia elaboracio´ n, una lista de principios que, con cara´cter orientativo, los servicios de interés general deberı´an respetar. (1) Conclusiones: apartados 44 y 45 y su Anexo IV. 5. 2. El Comité opina que esta lista de principios sera´ muy u´ til en la prestacio´ n de estos servicios y ofrece esta lista orientativa a debate pu´ blico. 5. 3. Como derechos de los ciudadanos, los servicios de interés econo´ mico general deberı´an funcionar de acuerdo con los principios orientativos siguientes: 5. 3. 1. Igualdad: Todos los ciudadanos son iguales ante el acceso a los servicios de interés general. El término igualdad debe ser entendido como una prohibicio´ n a toda discrimina- cio´ n injustificable, fundada sobre el estatuto social o personal en materia de prestacio´ n de servicios y no como una obligacio´ n de uniformidad. 5. 3. 2. servicios ba´sicos deben ser suministrados universalmente. Universalidad: Entre los servicios suministrados, los Fiabilidad: La prestacio´ n de servicios de interés 5. 3. 3. general sera´ continua, regular e ininterrumpida. Los supuestos de funcionamiento irregular o de suspensio´ n de los servicios sera´n limitados a los casos especı´ficamente establecidos en el reglamento que rige el sector. 5. 3. 4. Participacio´ n: Los utilizadores debera´n tener una participacio´ n activa en el desarrollo de los servicios de interés general. La finalidad de esta participacio´ n es la de proteger los derechos de los ciudadanos a la prestacio´ n correcta de los servicios y de favorecer la cooperacio´ n de los prestatarios. Transparencia: Los prestatarios de servicios velara´n 5. 3. 5. para que los usuarios reciban una informacio´ n completa sobre la prestacio´ n de servicios, especialmente sobre las obligaciones de servicio pu´ blico y sobre las tarifas. A tal fin, los prestatarios debera´n avisar a los 5. 3. 5. 1. usuarios de las condiciones financieras y técnicas de la prestacio´ n de los servicios, ası´ como de todo cambio que afecte a la prestacio´ n de los servicios, publicando los textos que contengan las reglamentaciones del servicio. 5. 3. 6. Simplificacio´ n de procedimientos: Los prestatarios reducira´n, en la medida de lo posible, la complejidad de los procedimientos a seguir por los usuarios y suministrara´n las explicaciones apropiadas. 5. 3. 6. 1. Adema´s, utilizara´n, en la medida de lo posible, formularios uniformes, esforza´ndose en simplificar y comuni- car los sistemas de abono y de pago de los servicios. 5. 3. 6. 2. En todo caso, los prestatarios instaurara´n procedi- mientos internos de resolucio´ n de reclamaciones que efectu´ en los usuarios. Estos procedimientos sera´n accesibles, fa´ciles de comprender y aplicar, garantizando en definitiva que los prestadores tendra´n en cuenta las reclamaciones de los usuarios o de las asociaciones de consumidores y facilitara´n derecho de reclamar ante el regulador y, en general, el acceso a la justicia (2). (2) Estos procedimientos debera´n basarse en los principios estableci- dos en la Recomendacio´ n de la Comisio´ n relativa a los principios aplicables a los o´ rganos responsables de la solucio´ n extrajudicial de los litigios en materia de consumo (COM(1998) 198 final de la 30. 3. 1998), y, en la medida de lo posible, se fomentara´ utilizacio´ n del« formulario europeo de reclamacio´ n del consu- midor». 20. 12. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 368/55 5. 3. 7. Rentabilidad y eficacia: los servicios de interés econo´ - mico general sera´n suministrados de forma eficaz y rentable. Los prestatarios adoptara´n las medidas necesarias para la realizacio´ n de estos objetivos. 5. 3. 8. Calidad de los servicios: Los prestatarios definira´n los factores determinantes de la calidad de los servicios y, sobre esta base, publicara´n las normas de calidad y de cantidad que se comprometen a observar. 5. 3. 8. 1. El mantenimiento de estas normas no se sujetara´ a ninguna condicio´ n. Toda derogacio´ n a estas normas no sera´ autorizada ma´s que si comporta una ventaja a los usuarios y sera´n sometidas al control de éstos en el marco de reuniones perio´ dicas. 5. 3. 9. Prestacio´ n de un servicio adecuado: Los servicios de interés econo´ mico general se adaptara´n al desarrollo de las necesidades colectivas y a los resultados de los progresos técnicos y econo´ micos. 5. 3. 10. Evaluacio´ n de los resultados: Las condiciones de prestacio´ n de los servicios pu´ blicos sera´n perio´ dicamente evaluados por el prestatario. A tal fin, entre otras informacio- nes, recogera´n las informaciones sobre la satisfaccio´ n de los usuarios. Cooperacio´ n entre prestatarios: Incluso si el servicio 5. 3. 11. los prestatarios se se ofrece en un marco concurrencial, esforzara´n para cooperar para el cumplimiento de estos principios. Coste asequible: Las condiciones de acceso a estos 5. 3. 12. servicios deben realizarse a un coste asequible para los ciudadanos. Deben orientarse hacia un concepto de «coste razonable». 5. 3. 13. Proteccio´ n del Medio ambiente: La definicio´ n y funcionamiento de los servicios de interés econo´ mico general debera´n tener en cuenta las exigencias de proteccio´ n medioam- biental como elemento determinante de la cohesio´ n social y territorial. 6. Observaciones generales 6. 1. El Comité considera que la interrelacio´ n entre el derecho de la competencia y los servicios de interés general, para los sectores de transportes, energı´a y telecomunicaciones debe ser equilibrada especialmente en lo que se refiere a que el artı´culo 86 —antiguo artı´culo 90— esta´ redactado de forma «negativa», en el sentido que permite la inaplicacio´ n de las normas del Tratado cuando su aplicacio´ n imposibilite el cumplimiento de los servicios de interés econo´ mico general que le ha sido encomendado. principios y condiciones que les permiten cumplir la misio´ n que les ha sido encomendada. A tal efecto, el Comité considera que debe existir un equilibrio entre la rentabilidad de los operadores en el mercado y las obligaciones derivadas de criterios sociales, laborales, econo´ micos de mercado, de seguri- dad, medio ambiente y las orientaciones ba´sicas de desarrollo sostenible. 6. 2. 1. Por otro lado, y por ejemplo en el sector de transporte por carretera, los operadores a la hora de prestar un servicio de interés general deben tener asegurado ciertos aspectos por parte de las autoridades. Entre otros, la descripcio´ n del objetivo perseguido por el servicio, la compensacio´ n financiera, incenti- vos, la descripcio´ n de la exclusividad, la duracio´ n y extensio´ n geogra´fica y las instalaciones puestas a disposicio´ n por las diferentes partes. 6. 3. El Comité considera que, efectivamente, los servicios de interés econo´ mico general forman parte de los valores comunes de la Unio´ n. Favorecen una polı´tica de integracio´ n europea equilibrada, al facilitar un mejor marco polı´tico y jurı´dico para los ciudadanos y las empresas. 6. 4. Igualmente considera que su papel en la promocio´ n de la cohesio´ n social y territorial de la Unio´ n es importante. Especialmente, en el futuro de la gestio´ n y ordenacio´ n territorial debera´n ser tenidos en cuenta, y, adema´s, las «redes» deben seguir no so´ lo el orden econo´ mico, sino también tener en cuenta otras consideraciones sociales. 6. 5. El Comité es partidario de que estos servicios se definan y se presten respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En cuanto al sistema de radiodifusio´ n pu´ blica, el 6. 6. Comité considera que: 6. 6. 1. se debera´n tener en cuenta los aspectos culturales como uno de los elementos que forman parte de la definicio´ n del servicio pu´ blico de radiodifusio´ n; 6. 6. 2. la misio´ n de servicio pu´ blico en el sector de la radiodifusio´ n comporta exigencias concretas en términos de programacio´ n, ası´ como otras obligaciones que los operadores, con independencia de su titularidad pu´ blica o privada, no deberı´an por si solos soportar; 6. 6. 3. el papel del servicio pu´ blico de la radiodifusio´ n esta´ asociado al fomento de las necesidades democra´ticas, sociales, culturales de cada sociedad y grupos minoritarios, ası´ como a la necesidad de preservar el pluralismo en los medios de comunicacio´ n, asegurar una oferta de contenidos de calidad, preservar la diversidad lingüı´stica y cultural y la proteccio´ n de los menores; 6. 2. Sin embargo, el nuevo artı´culo 16 impone una obliga- cio´ n «positiva», a la Comunidad y a los Estados miembros, cada uno dentro de sus competencias respectivas, de manera que se aseguren que estos servicios funcionan en base a 6. 6. 4. la financiacio´ n de la radiodifusio´ n de servicio pu´ blico debe atenerse a los criterios de proporcionalidad y transparen- cia y que dicha financiacio´ n no debe afectar a las condiciones de mercado ni a la libre competencia en la Comunidad de manera contraria al interés comu´ n; C 368/56 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 20. 12. 1999 6. 6. 5. cuando un operador se dedique también a actividades puramente comerciales, es decir, que van ma´s alla´ de su misio´ n de servicio pu´ blico, debera´ llevarse contabilidad separada, para evitar que los fondos pu´ blicos se desvı´en a actividades comerciales. 6. 7. Sociedad de la informacio´n 6. 7. 1. Todos los aspectos de la denominada «Sociedad de la Informacio´ n» tienen el potencial suficiente para cambiar en profundidad la relacio´ n entre las empresas y los consumidores, ası´ como la naturaleza del propio consumo. 6. 7. 2. El Comité estima que los servicios de interés econo´ - mico general deben tener que desarrollar un papel determi- nante en la «sociedad de la informacio´ n», y considera que su implantacio´ n no debe generar mayores exclusiones sociales, por lo que el concepto de servicio universal y su adaptabilidad a las innovaciones tecnolo´ gicas deben desempen˜ ar una funcio´ n primordial. 6. 7. 3. cio´ n: El Comité considera que (1) la sociedad de la informa- — constituye un instrumento de polı´tica regional; — debe favorecer el desarrollo de una Red de Centros de las Tecnologı´as de la Informacio´ n; — permite una mejor integracio´ n de los ciudadanos potencial- mente excluidos (discapacitados, habitantes de regiones aisladas o ultraperiféricas) en el conjunto de la sociedad europea; — implica dotar a la Unio´ n Europea de una identidad cultural que, respetando la riqueza de matices nacionales y regionales, sirva para dar un respaldo filoso´ fico e ideolo´ - gico a la sociedad de la informacio´ n; — favorece la reduccio´ n, a través de las posibilidades abiertas por las condiciones del sistema de concesio´ n y dentro del respeto del equilibrio tarifario de las tarifas de acceso y uso de Internet, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la intimidad de los ciudadanos que hagan uso de la misma. 6. 8. Redes de transportes y energı´a 6. 8. 1. Si bien es cierto que el servicio universal en los sectores de transporte y energı´a no deben necesariamente tener el mismo alcance que en otros servicios econo´ micos de interés general, el Comité considera que en la liberalizacio´ n realizada hasta el momento, no se han tenido en cuenta, adecuadamente, los elementos determinantes de la cohesio´ n econo´ mica, social y territorial, ya que han primado los criterios de eficiencia econo´ mica. 6. 8. 2. El Comité considera que debera´n tenerse en cuenta, respecto a las medidas a adoptar en el futuro, no solamente los (1) «Declaracio´ n de Oulu» de 7. 9. 1999. criterios econo´ micos, sino también criterios basados en la necesidad de mantener el empleo, la calidad del servicio y el nivel de satisfaccio´ n de los usuarios ya que la finalidad u´ ltima debe ser alcanzar y potenciar el bienestar social. Ası´, por ejemplo, la generacio´ n de energı´a de una forma ecolo´ gica, mediante centrales combinadas, deberı´a tenerse en cuenta para evitar lo que esta´ sucediendo en la Repu´ blica Federal Alemana donde esta forma de energı´a resulta perjudicada por no resultar competitiva, frente a otras energı´as obtenidas con menos condiciones de seguridad. 7. Conclusiones 7. 1. Los servicios de interés econo´ mico general desempen˜ a- ra´n un papel determinante en la promocio´ n de la cohesio´ n econo´ mico y social y en la solidaridad territorial, al constituir «valores comunes» que la Unio´ n Europea debe preservar y fomentar. implica, en todo caso, 7. 2. El Comité considera que la promocio´ n de la cohesio´ n econo´ mico y social en la prestacio´ n de los servicios de interés econo´ mico general la exigencia de los ciudadanos a la accesibilidad de todos los servicios o prestaciones, cualquiera que sean las condiciones sociales o el lugar de residencia, ya que el objetivo de estos servicios es la satisfaccio´ n y el aseguramiento de la cohesio´ n social y territorial. 7. 3. Respecto a los usuarios de los servicios, el objetivo debe consistir en garantizar un adecuado equilibrio entre la liberalizacio´ n que exige la mejora de la competencia y las medidas pertinentes que se basan en los principios orientativos ya enunciados (que sean asequibles, la calidad del servicio, la transparencia de la informacio´ n, etc. ) En todo caso, se debe garantizar que los intereses 7. 4. econo´ micos y legales de los consumidores, que a través de sus asociaciones forman parte de la «sociedad civil organizada», se tengan en cuenta de manera ma´s coherente y continuada en toda la gama de polı´ticas de la Unio´ n Europea. Debera´ tenerse en cuenta también la situacio´ n de los operado- res que participan en la prestacio´ n de estos servicios de interés general, en concreto, las condiciones econo´ micas en las que las empresas operan, los costes que deben ser soportados por las empresas, ası´ como la legislacio´ n en vigor que dichas empresas deben respetar. El Comité considera que en un sistema competitivo 7. 4. 1. todos los partı´cipes deben contribuir proporcionalmente al coste del servicio universal. El Comité considera que el Derecho de los ciudadanos 7. 5. a la igualdad de acceso a la prestacio´ n de los servicios de interés econo´ mico general constituye un derecho de todos los ciudadanos que tiene como finalidad incrementar el bienestar general. En todo caso, para mantener el modelo social europeo, debe existir un equilibrio entre los servicios de interés general y las reglas del mercado interior, especialmente, la libre competencia. 20. 12. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 368/57 7. 6. Por ello, el Comité solicita al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisio´ n la inclusio´ n del Derecho de los ciudadanos a la igualdad de acceso a la prestacio´ n de estos servicios en la Carta de Derechos Fundamentales que se ha acordado elaborar en el Consejo Europeo de Colonia. 7. 7. El Comité solicita al Consejo, el Parlamento europeo y a la Comisio´ n velar, en la medida de lo posible, por la continuidad en la prestacio´ n de estos servicios después de la conclusio´ n del pro´ ximo ciclo de negociaciones OMC. Bruselas, el 21 de octubre de 1999. La Presidenta del Comité Econo´mico y Social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI Dictamen del Comité Econo´ mico y Social sobre la «Comunicacio´ n de la Comisio´ n — Hacia un mercado u´ nico de sistemas complementarios de pensiones: Resultados de la consulta en torno al Libro Verde sobre los Sistemas Complementarios de Pensiones en el Mercado U´ nico» (1999/C 368/18) El 18 de mayo de 1999, de conformidad con el artı´culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisio´ n decidio´ consultar al Comité Econo´ mico y Social sobre la comunicacio´ n mencionada. La Seccio´ n de Mercado U´ nico, Produccio´ n y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobo´ su dictamen el 7 de octubre de 1999 (Ponente: Sr. Byrne). En su 367o Pleno (sesio´ n del 21 de octubre de 1999) el Comité Econo´ mico y Social ha aprobado por 89 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen. 1. Introduccio´ n Las prestaciones de jubilacio´ n son un componente 1. 1. ba´sico de los sistemas de proteccio´ n social de los paı´ses de la Unio´ n. El gasto derivado de los sistemas pu´ blicos de pensiones representa cerca de la mitad del total del gasto en proteccio´ n social, que actualmente se situ´ a entre el 9 % y el 15 % del PIB y que podrı´a aumentar considerablemente debido a factores demogra´ficos. Los sistemas de pensiones se organizan, en general, en 1. 2. tres niveles: los requisitos del mercado u´ nico, la supresio´ n de los obsta´culos que impiden el desarrollo de sistemas complementarios. 1. 3. Actualmente, el valor de los activos de los sistemas del segundo nivel equivale aproximadamente al 23 % del PIB de la UE y los del tercer nivel, al 35 %. La Comunicacio´ n de la Comisio´ n se enmarca en el 1. 4. seguimiento de las consultas que se realizaron acerca del Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado u´ nico (1), publicado en junio de 1997 y sobre el que el Comité emitio´ su Dictamen el 10 de diciembre de 1997 (2). — el primer nivel comprende los regı´menes de la seguridad social; 2. La Comunicacio´ n de la Comisio´ n — el segundo, los regı´menes profesionales; — el tercero, los planes de pensiones suscritos a tı´tulo personal. A los niveles segundo y tercero se les conoce generalmente como sistemas complementarios de pensiones. 2. 1. La Comisio´ n expone de nuevo brevemente los princi- pales puntos del Libro Verde y, en particular, las presiones demogra´ficas que indican que la proporcio´ n entre el nu´ mero de personas en edad de trabajar y el de pensionistas pasara´ de 4:1 en la actualidad a 2:1 en el an˜ o 2040 en el contexto general de la UE. (3) Aunque el grado de dependencia con respecto a cada 1. 2. 1. nivel es un asunto que compete enteramente a los Estados miembros, la Comisio´ n desea garantizar, de conformidad con (1) COM(97) 283 de 10. 6. 1997. (2) DO C 73 de 9. 3. 1998, p. 114. (3) El Comité esta´ elaborando actualmente un dictamen sobre la situacio´ n demogra´fica y las tendencias en la UE al respecto


title: Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, incluindo modificações da Directiva 92/61/CEE do Conselho relativa à recepção dos veículos a motor com duas ou três rodas»

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text: 20. 12. 1999 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 368/1 II (Actos preparato´rios) COMITE´ ECONO´ MICO E SOCIAL Parecer do Comité Econo´ mico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, incluindo modificaço˜ es da Directiva 92/61/CEE do Conselho relativa à recepça˜ o dos veı´culos a motor com duas ou três rodas» (1999/C 368/01) Em 8 de Outubro de 1999, o Conselho decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 95. o do Tratado CE, consultar o Comité Econo´ mico e Social sobre a proposta supramencionada. Incumbida da preparaça˜o dos correspondentes trabalhos, a Secça˜o do Mercado U´ nico, Produça˜o e Consumo adoptou o seu parecer em 7 de Outubro de 1999, sendo relator P. Barros Vale. Na 367. a reunia˜o plena´ria de 20 e 21 de Outubro de 1999 (sessa˜o de 21 de Outubro), o Comité Econo´ mico e Social adoptou por 93 votos a favor, 3 contra e 7 abstenço˜ es o seguinte parecer. 1. Introduça˜o 1. 1. A presente proposta de directiva visa, essencialmente, a modificaça˜o da Directiva 92/61/CEE, no sentido da sua actualizaça˜o e clarificaça˜o. 1. 2. A elaboraça˜o da proposta justifica-se pelo cara´cter das modificaço˜ es propostas, uma vez que as mesmas extravasam a simples adaptaça˜o da anterior directiva aos progressos técnicos. 2. 3. O Comité considera que, embora seja necessa´ria a evoluça˜o para sistemas de homologaça˜o que permitam a possı´vel uniformidade de critérios, nem todos os Estados- -Membros esta˜o ainda dotados de infra-estruturas técnico- -administrativas que lhes permitam levar a cabo homologaço˜ es com o grau de detalhe e abrangência como o da presente proposta de directiva. Tal facto faz com que muitos produtores tenham que recorrer a entidades de homologaça˜o sediadas em paı´ses terceiros, aumentando assim o tempo, esforço e custos dispendidos, o que na pra´tica representa uma distorça˜o da concorrência, pelo que deve a Comissa˜o instar todos os Estados-Membros a criar as suas pro´ prias estruturas de homo- logaça˜o. 2. Observaço˜ es na generalidade 2. 1. O objectivo da presente proposta de alteraça˜o da Directiva 92/61/CEE baseia-se na constataça˜o da necessidade de esclarecimento de algumas das prescriço˜ es ali constantes, nomeadamente no que se refere ao prazo de validade das recepço˜ es nacionais, bem assim como na necessidade de inclusa˜o de novas prescriço˜ es, nomeadamente no que respeita aos nu´ meros dos certificados de recepça˜o, as derrogaço˜ es para veı´culos de fim de série e as «novas tecnologias», como alia´s ja´ acontece no sector dos outros veı´culos motorizados. 3. Observaço˜ es na especialidade 3. 1. O Comité acolhe favoravelmente a proposta da Comis- sa˜o de melhorar a directiva de enquadramento da recepça˜o de veı´culos a motor com duas ou três rodas no sentido de uma maior harmonizaça˜o de todo o sistema, através da maior uniformizaça˜o das prescriço˜ es a respeitar. Neste sentido sa˜o definidas uma série de propostas de 2. 2. alteraça˜o à anterior directiva, bem assim como aos documentos que acompanham todo o processo de recepça˜o. 3. 2. Congratula-se ainda o Comité pela decisa˜o da Comis- sa˜o em consultar diversas entidades de referência e com representatividade do sector para a elaboraça˜o da presente proposta. C 368/2 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias 20. 12. 1999 3. 3. Tendo em conta as vantagens ambientais e outras associadas a uma nova tipologia de veı´culos a pedais auxiliados por motores eléctricos, considera o Comité que deve ser substituı´do o u´ ltimo travessa˜o da alı´nea a) do n. o 1 do artigo 1. o da proposta de directiva, pelo seguinte texto: — ciclos com pedalagem assistida, equipados com um motor auxiliar eléctrico cuja alimentaça˜o é reduzida progressiva- mente quando a velocidade do veı´culo aumenta e é interrompida a 35 km/h, que na˜o podem ser propulsados exclusivamente por este motor. Atendendo à especificidade e limitaço˜ es do sector 3. 4. posteriormente referidas, e para que o mesmo possa desenvol- ver-se e adaptar-se às constantes mutaço˜ es do mercado, propo˜ e o Comité que o nu´ mero de veı´culos considerados para as pequenas séries seja aumentado de 200 para 300, tornando desta forma mais operacional a intervença˜o dos produtores no mercado por via da obtença˜o de um feedback mais consistente e fidedigno, permitindo simultaneamente imprimir ao sector a dinâmica pretendida. Sem prejuı´zo do definido na alı´nea a) do Anexo VIII da 3. 5. proposta de directiva, respeitante aos Veı´culos de Fim de Série, é opinia˜o do Comité que a redacça˜o do mesmo seja melhorada, tornando-o mais claro e livre de diferentes interpretaço˜ es. Tendo em conta a especificidade e as diferenças, por 3. 6. exemplo entre este sector e o sector automo´ vel, seja de meios Bruxelas, 21 de Outubro de 1999. e recursos, seja de dimensa˜o, e sem prejuı´zo dos necessa´rios procedimentos tendentes à harmonizaça˜o e clarificaça˜o preten- didas, é opinia˜o do Comité que seria talvez desnecessa´rio o grau de detalhe e exigência que a directiva revela, e a inflexibilidade de substituiça˜o de alguns componentes, por ela necessariamente provocada. Propo˜ e, portanto, o Comité o estudo de um meca- 3. 6. 1. nismo de responsabilizaça˜o da empresa produtora e/ou da pessoa habilitada a assinar os certificados de conformidade, de forma a poderem ser aceita´veis para o sistema pequenas alteraço˜ es dos veı´culos homologados, sem necessidade de uma nova homologaça˜o, desde que tal na˜o implique qualquer impacto na sua segurança, ou nas suas partes estruturantes. 4. Conclusa˜o 4. 1. O Comité congratula-se mais uma vez pela iniciativa e trabalho da Comissa˜o no sentido da harmonizaça˜o e homogeneizaça˜o de métodos e procedimentos nos va´rios Estados-Membros, em prol de uma verdadeira Unia˜o Europeia. 4. 2. Gostaria ainda o Comité de afirmar a concordância com a globalidade das alteraço˜ es e incluso˜ es da presente proposta de directiva, devendo, no entanto, a Comissa˜o ter em conta as sugesto˜ es feitas e efectuar os devidos ajustes/aditamen- tos ao documento inicial. A Presidente do Comité Econo´mico e Social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale"

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text: 20. 12. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 368/47 Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale» (1999/C 368/16) Il Consiglio, in data 12 luglio 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha designato Herna´ndez Bataller, in qualità di relatore generale. Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità il 21 ottobre 1999, nel corso della 367a sessione plenaria, con 85 voti favorevoli e 2 astensioni il seguente parere. 1. Introduzione In uno Stato di diritto la legislazione deve stabilire 1. 1. mediante norme giuridiche generali un equilibrio tra i diritti e i doveri di ciascun cittadino. Qualora i diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico cosı` creato vengano lesi, violando una delle norme in questione, occorre un procedimento interessati ed al giudiziario per soddisfare le pretese degli tempo stesso ristabilire l’equilibrio di interessi voluto dal legislatore. L’accesso alla giustizia è pertanto uno dei diritti dell’uomo. Conformemente all’articolo 2 del Trattato, l’Unione si 1. 2. prefigge i seguenti obiettivi: — conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazio- ne delle persone; — mantenere integralmente l’acquis comunitario e svilup- parlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal Trattato allo scopo di mantenere l’efficacia dei meccani- smi e delle istituzioni comunitarie. 1. 3. Nell’ambito di tali provvedimenti e per il buon funzio- namento del mercato interno, specialmente visto il graduale incremento di nuove forme di contrattazione, come ad esem- pio il commercio elettronico transfrontaliero, è necessario migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della loro notificazione o comunicazione. E` importante che per comprendere e far valere i propri 1. 4. diritti, gli interessati godano di garanzie uguali a quelle di cui dispongono dinanzi ai giudici del proprio paese. Al riguardo si deve trovare un equilibrio tra la rapidità dei procedimenti e la certezza del diritto. ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nonché degli strumenti bilaterali o regionali che hanno creato un sistema complesso, eterogeneo e poco efficace. 1. 5. 1. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amster- dam, gli Stati membri hanno concluso, in base all’articolo K. 3, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea, una convenzione relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell’Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, stabilita con atto del Consiglio dell’Unione europea del 26 maggio 1997(1). Tuttavia la mag- gioranza degli Stati membri non ha ratificato tale convenzione. 2. La proposta della Commissione 2. 1. Poiché la Convenzione del Consiglio del 26 maggio 1997 non è stata ratificata, le norme in essa contenute non sono applicabili. La trasformazione in atto comunitario ne garantirà, in particolare, l’entrata in vigore ad una data certa e uniforme ed in termini ravvicinati. 2. 1. 1. La proposta di direttiva in esame mira a migliorare ed accelerare la trasmissione, tra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. La materia disciplinata dalla convenzione rientra ora 2. 1. 2. nell’ambito d’applicazione dell’articolo 65 del Trattato e la base giuridica della proposta è costituita dall’articolo 61, lettera c) del Trattato CE. 2. 1. 3. Il nuovo Titolo IV non si applica al Regno Unito ed all’Irlanda, a meno che questi due paesi non optino per la partecipazione, alle condizioni previste nel relativo protocollo allegato ai Trattati; tuttavia tali paesi hanno comunicato la propria intenzione di associarsi pienamente alle attività comunitarie in materia di cooperazione giudiziaria civile. Il Titolo IV non si applica neppure alla Danimarca per effetto del Protocollo relativo a questo Stato. La maggior parte degli Stati membri ha sottoscritto la 1. 5. Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari (1) GU C 261 del 27. 8. 1997. C 368/48 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20. 12. 1999 2. 2. La proposta mira a migliorare e semplificare il sistema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell’ambito del mercato interno. Cio` rientra nell’obiettivo dell’Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale gli interessati possano far valere i propri diritti beneficiando di garanzie identiche a quelle di cui godono dinanzi ai giudici dei propri paesi. 2. 2. 1. A causa degli effetti transfrontalieri, gli obiettivi della proposta giustificano sufficientemente un intervento a livello comunitario. Inoltre, conformemente al principio di propor- limita strettamente al minimo zionalità, indispensabile per il conseguimento di tali obiettivi. l’atto proposto si Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; — disposizioni formali: alla Commissione incombe il compito di vigilare sull’applicazione della direttiva a partire dalla sua entrata in vigore, di proporre le eventuali modifiche e di informare gli Stati membri ed i cittadini sulle comunica- zioni e notificazioni previste dalla direttiva. 3. Osservazioni di carattere generale 2. 2. 2. dell’Aia del 1965, alla quale apporta alcune innovazioni: La proposta di direttiva si fonda sulla Convenzione — instaura relazioni più dirette tra le persone o le autorità responsabili delle trasmissioni e quelle incaricate di proce- dere alla notificazione o comunicazione; Il Comitato esprime soddisfazione per la proposta di 3. 1. direttiva della Commissione, in quanto favorevole allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea, che comporta anche l’adozione di misure nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, necessarie per il buon funzionamento del mercato interno e per una miglior amministrazione della giustizia. — prevede il ricorso ad una serie di mezzi pratici volti a facilitare il compito di dette persone, come i moderni mezzi di trasmissione, un formulario completo e di più facile uso, nonché repertori degli organi riceventi designati dagli Stati; Il Comitato ritiene che, in seguito all’entrata in 3. 1. 1. vigore del Trattato di Amsterdam, grazie al nuovo impulso di tali misure, i cittadini potranno rafforzare le proprie tradizioni democratiche. — per tutelare i diritti delle parti introduce, in particolare, norme nuove in materia di traduzione degli atti; — istituisce un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell’adozione delle modalità applicative; — sostituisce, nei rapporti fra gli Stati membri e le parti, il sistema di notificazione dei documenti. 2. 2. 3. La proposta di direttiva, pur riprendendolo in ampia misura, si discosta dal contenuto della convenzione in taluni punti: — competenze della Corte di giustizia: contrariamente a quanto previsto dall’articolo 17 della convenzione, la direttiva non deve fissare il ruolo della Corte di giustizia; — adozione delle modalità applicative: la direttiva attribuisce alla Commissione i poteri esecutivi necessari per adottare le modalità d’applicazione del testo; — rapporto con altri accordi ed intese: la direttiva consente agli Stati membri di accelerare, individualmente o in cooperazione tra di loro, la trasmissione degli atti. L’eserci- zio di siffatta facoltà è soggetto alla vigilanza della Commis- sione, alla quale deve essere comunicato il progetto di tali disposizioni; — riserve: la direttiva non ammette riserve ma solo regimi transitori o specifici che devono essere comunicati alla 3. 1. 2. Il Comitato è consapevole dei vantaggi e delle difficoltà che puo` provocare l’unione tra paesi con culture, sistemi sociali, organizzazioni politiche e sistemi giuridici profondamente diversi, nonostante le basi ed i principi comuni. Occorre comunque far fronte alla crescente domanda della società civile di maggior equità, giustizia e di condizioni comparabili di sicurezza e tutela giurisdizionale. 3. 1. 3. Il Comitato è per tali motivi convinto che: — sia necessario rafforzare la fiducia reciproca tra istituzioni europee e nazionali nonché tra queste ed i cittadini europei; — la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia divenuta, dopo la creazione del mercato interno, della moneta unica e delle basi dell’Europa sociale, uno degli obiettivi prioritari più importanti dell’Unione. Il Comitato considera sufficientemente giustificata 3. 2. l’adozione della proposta in esame sotto forma di direttiva, ma ritiene che in futuro tale tipo di atti dovrebbero venir presentati sotto forma di regolamento. 3. 3. Il Comitato è favorevole alla soppressione del periodo transitorio, per introdurre progressivamente lo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» previsto dal Trattato di Amster- dam, tenuto conto della mancata o non uniforme trasposizione degli atti adottati in tale ambito dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri nella fase anteriore alla ratifica del Trattato. 20. 12. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 368/49 4. Osservazioni di carattere particolare fatto che siano cittadini dell’Unione. 4. 1. 1. Gli obiettivi della proposta riguardano gli «interessa- ti», siano essi persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal Il diritto ad un giudizio equo e rapido trascende l’ambito dello statuto della cittadinanza ed è un diritto fondamentale dell’uomo che non dev’essere in alcun caso condizionato dalla nazionalità. Per quanto riguarda inoltre l’impatto della proposta sul funziona- mento del mercato interno, la sua entrata in vigore andrà a beneficio sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, ivi comprese quelle appartenenti a Stati terzi. 4. 1. 2. L’ambito territoriale di applicazione della proposta non viene debitamente giustificato e potrebbe dar adito a confusione in sede di attuazione. Si dovrebbe tener conto delle specificità di determinate aree riflesse nell’articolo 299 del Trattato, e delle responsabilità assunte da taluni Stati membri al riguardo. E` necessario precisare in tal senso che, indipenden- temente dall’esercizio concreto della notificazione, trasmissio- ne o comunicazione, la designazione degli organismi compe- tenti in materia dovrà essere effettuata dall’autorità nazionale che si assumerebbe la responsabilità esterna dello Stato, avallando di conseguenza la legittimità degli atti degli organi- smi in questione. Gli Stati membri dovranno definire, in tale contesto, i relativi canali legali ed amministrativi. Nel caso di destinatari irreperibili («indirizzo sconosciu- 4. 2. to») bisognerebbe prevedere esplicitamente nella proposta che lo Stato ricevente si impegna a «procedere con la massima diligenza per cercare di ottenere, attuando sforzi ragionevoli, l’indirizzo del destinatario». A parere del Comitato, 4. 3. il buon funzionamento del mercato interno impone di migliorare ed accelerare la trasmis- sione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, ai fini della loro notificazione o comunicazione. Il Comitato ribadisce l’importanza dell’esistenza di 4. 3. 1. procedure di ricorso di facile accesso e rapida esecuzione, e sollecita pertanto la Commissione a perfezionare in tal senso la proposta (1). L’instaurazione di efficaci mezzi di ricorso è un vero e proprio imperativo per gli Stati membri, ed è per tal motivo che sono necessari procedimenti giudiziari in materia civile rapidi ed efficaci, la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali venga effettuata «con la massima celerità» conformemente al «principio di una trasmissione diretta» tra gli organi designati dagli Stati membri. in base ai quali 4. 3. 2. Secondo il Comitato la soppressione del requisito della legalizzazione dei documenti, nonché delle tappe inter- medie tra la spedizione di un atto nello Stato membro d’origine e la sua notificazione o comunicazione nello Stato richiesto, avrà ripercussioni positive sullo sviluppo del mercato interno. 4. 4. Dato che le azioni civili decise nelle cause penali o tributarie non sono escluse dall’ambito di applicazione della proposta in esame, e che è anche possibile che vengano richiesti documenti la cui qualificazione giuridica da parte dell’organo giudiziale competente non sempre risulta evidente, per tutelare i diritti delle parti in causa sarebbe opportuno aggiungere quanto segue: «… l’organo ricevente qualificherà nel modo più flessibile possibile gli atti la cui natura giuridica non possa venir ascritta chiaramente all’ambito civile o commerciale, pur presentando punti di connessione con tali ambiti. » 4. 5. La rapidità della trasmissione giustifica l’impiego di qualsiasi strumento adeguato, sempre che vengano rispettate determinate condizioni di leggibilità ed affidabilità del docu- mento ricevuto. Bisognerebbe stabilire con chiarezza la respon- sabilità dello Stato in caso di mancata adozione dei provvedi- menti necessari entro «termini ragionevoli». 4. 5. 1. Il Comitato rileva che, a suo parere, senza pregiudica- re l’equilibrio tra rapidità e sicurezza giuridica, la proposta dovrebbe tener conto delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi mezzi tecnici ammessi dagli organi riceventi e mittenti, ad esempio la posta elettronica od Internet. In tale contesto il paragrafo 5 dell’articolo 4 sembra prevedere solamente la possibilità di trasmettere i documenti per posta. Cio` andrebbe modificato. 4. 6. Mantenere il principio della gratuità dei servizi ammini- strativi relativamente alle spese di notificazione o comunicazio- ne degli atti giudiziari implica un rafforzamento del principio dell’uguaglianza di fronte alla legge, in quanto agevola l’accesso alla giustizia ed è una condizione per l’efficacia dell’ordinamen- to giuridico. Il Comitato ritiene che a quanti non dispongano di risorse vada garantito il patrocinio gratuito per tutta la durata dei procedimenti giudiziari. 4. 6. 1. il Comitato ribadisce (2) che il accessibile e basato sulle spese effettivamente sostenute. Qualora le spese dovessero incombere al richiedente, loro importo deve essere 4. 7. Il «manuale» che dev’essere elaborato ed aggiornato dalla Commissione dovrà esser messo a disposizione di tutti gli operatori economici, e più in generale di tutti gli interessati, ad esempio mediante Internet, per diffondere i requisiti richiesti dagli organi mittenti e riceventi. 4. 8. Al paragrafo 1 dell’articolo 15 si utilizza il concetto di «persone interessate alla trasmissione di un atto», che risulta giuridicamente vago, soprattutto se si tiene conto del fatto che tale paragrafo garantisce agli interessati un diritto alternativo: quello di effettuare la notificazione direttamente attraverso pubblici ufficiali o funzionari competenti a ragione di una presunta maggior rapidità nell’ottenimento del documento. (1) GU C 407 del 28. 12. 1998, pag. 50. (2) GU C 169 del 16. 6. 1999, pag. 30. C 368/50 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20. 12. 1999 4. 8. 1. Si ritiene pertanto più opportuno equiparare il concetto di «persone interessate» a quanti siano considerati parte di un procedimento giudiziario conformemente alla normativa processuale dello Stato membro richiedente, o a qualunque persona che, pur non comparendo in un procedi- mento amministrativo o giudiziario, disponga, conformemente alle legge applicabile a tale procedimento, di facoltà d’azione legale, ivi compresa la possibilità di opporsi. 4. 11. Il Comitato auspica che venga creato un sistema giudiziario coordinato e coerente nell’intera Unione, e chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento di: — sfruttare appieno le nuove competenze offerte dall’artico- lo 65 del Trattato per elaborare un corpus di norme proprie di diritto civile e per favorire la compatibilità tra i procedimenti civili; 4. 9. Il paragrafo 2 dell’articolo 15 ed il paragrafo 2 dell’arti- colo 19 contengono una singolare asserzione, il cui valore nel diritto comunitario è praticamente nullo. Il Comitato ritiene che tali paragrafi vadano soppressi conformemente all’obietti- vo di uniformità che la proposta di direttiva persegue e per tutelare la sicurezza giuridica degli interessati e degli operatori giuridici coinvolti. — prevedere misure adeguate per garantire la partecipazione degli attori istituzionali a livello europeo e nazionale, nonché dei rappresentanti della società civile, alla definizio- ne ed all’applicazione delle misure che verranno adottate; — garantire la massima informazione e sensibilizzazione possibile dei cittadini europei e l’istituzione di servizi di consulenza e assistenza giuridica in tutte le istituzioni dell’Unione, specialmente a livello locale e regionale. 4. 10. Il paragrafo 1 dell’articolo 20, che sancisce il prevale- re della direttiva — relativamente al proprio campo d’applica- zione — sulle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri, risulta del tutto incoerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo il Comitato tale formulazione andrebbe rettificata per garantire il prevalere della direttiva rispetto alle convenzioni vigenti nelle relazioni tra Stati membri, ma rispettando al tempo stesso gli accordi in vigore tra gli Stati membri ed i paesi terzi (1). (1) E` infatti in tal senso che trova un limite il «presunto» principio del prevalere della direttiva, dato che l’articolo 307 del Trattato si ispira alle disposizioni dell’art. 30, quarto comma, lettera b) della Convenzione di Vienna del 1969, modificata nel 1986. Vedasi anche analogamente la giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza del 2 agosto 1993, Levy, C-158, Raccolta di sentenze della Corte di Giustizia, I-4287 (considd. 10 e segg. , pp. 4304 e sgg. ), confermata nella sentenza del 28 marzo 1995, Evans Medical, C-324/93, raccolta di sentenze della Corte di Giustizia, I-563 (considd. 25 e sgg. , pp. 605 e sgg. ). Bruxelles, 21 ottobre 1999. La Presidente del Comitato economico e sociale Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: Rectificatif au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999)

eurovoc_concepts:
common organisation of markets
viticulture

text: 21. 10. 1999 FR Journal officiel des Communautés européennes L 271/47 RECTIFICATIFS Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire («Journal officiel des Communautés européennes» L 65 du 12 mars 1999) Page 28, à l'annexe III: au lieu de: «Annexe 38 bis», lire: «Annexe 37 quater». Rectificatif au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole («Journal officiel des Communautés européennes» L 179 du 14 juillet 1999) Page 5, au considérant 36, deuxième ligne: au lieu de: «[. ] par surpressage, il y a lieu [. ]», lire: «[. ] par surpressurage, il y a lieu [. ]». Page 6, au considérant 54, sixième ligne: au lieu de: «[. ] que cette production ait une [. ]», lire: «[. ] que cette protection ait une [. ]». Page 23, à l'article 44, paragraphe 1, quatrième ligne: au lieu de: «[. ] gazéifiés, ls v. q. p. r. d. [. ]», lire: «[. ] gazéifiés, les v. q. p. r. d. [. ]». Page 30, à l'article 57, paragraphe 2, deuxième ligne: au lieu de: «[. ] les États membes producteurs [. ]», lire: «[. ] les États membres producteurs [. ]». Page 47, à l'annexe IV, point 1 f), deuxième tiret: au lieu de: «[. ] de sulfate d'ammonium [. ]», lire: «[. ] de sulfite d'ammonium [. ]». Page 48, à l'annexe IV, point 1 m), troisième tiret: au lieu de: «[. ] acides L (+) tartique et [. ]», lire: «[. ] acides L (+) tartrique et [. ]». Page 56, à l'annexe V, point I 2 d): au lieu de: «[. ] être obentu un vin [. ]», lire: «[. ] être obtenu un vin [. ]». Page 58, à l'annexe V, point J 2. b) iii), deuxième tiret: au lieu de: «[. ] concentré, obentu par l'action [. ]», lire: «[. ] concentré, obtenu par l'action [. ]». L 271/48 FR Journal officiel des Communautés européennes 21. 10. 1999 Page 60, à l'annexe VI, point A 2, première ligne: au lieu de: «[. ] d'une délimination précise [. ]», lire: «[. ] d'une délimitation précise [. ]». Page 72, à l'annexe VII, point F 1, deuxième alinéa, lettre b), deuxième ligne: au lieu de: «[. ] indications, notamement pour [. ]», lire: «[. ] indications, notamment pour [. ]»