title: Comunicación interpretativa de la Comisión - Libre prestación de servicios e interés general en el sector de seguros

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freedom to provide services
insurance company
right of establishment

text: 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/5 COMUNICACI(cid:211)N INTERPRETATIVA DE LA COMISI(cid:211)N Libre prestaci(cid:243)n de servicios e interØs general en el sector de seguros (2000/C 43/03) Las Terceras Directivas del Consejo 92/49/CEE y 92/96/CEE (1) completaron el establecimento del mercado interior en el sector de seguros. Estos textos implantaron un rØgimen de autoriza- ci(cid:243)n y supervisi(cid:243)n financiera œnica de la empresa de seguros por el Estado miembro en que estuviese situada su sede social (Estado miembro de origen). La autorizaci(cid:243)n expedida por el Estado miembro de origen permite a la empresa de seguros ejercer su actividad en toda la Comunidad Europea, ya sea al amparo del derecho de establecimiento, es decir, abriendo su- cursales y agencias en todos los Estados miembros, o en rØgi- men de libre prestaci(cid:243)n de servicios. Al ejercer sus actividades en otro Estado miembro, la empresa de seguros debe atenerse a las condiciones impuestas, por motivos de interØs general, por el Estado miembro de acogida. En virtud de lo dispuesto en las Directivas, la supervisi(cid:243)n financiera de las actividades desarro- lladas por la empresa de seguros, incluidas las que ejerza en rØgimen de establecimiento o de libre prestaci(cid:243)n de servicios, es en cualquier caso competencia exclusiva del Estado miembro de origen de dicha empresa. A travØs del diÆlogo mantenido con numerosos operadores econ(cid:243)micos, la Comisi(cid:243)n ha tenido ocasi(cid:243)n de comprobar las incertidumbres que subsisten en la interpretaci(cid:243)n de las dispo- siciones del Tratado y de las disposiciones de las Directivas, en particular en cuanto a los conceptos fundamentales que son la libre prestaci(cid:243)n de servicios y el interØs general. Estas divergen- cias se traducen en muchos casos en la aplicaci(cid:243)n por parte de las autoridades de control de medidas o sanciones a las em- presas de seguros que desean ejercer su actividad en el mercado interior, o en la imposici(cid:243)n de ciertas obligaciones o condicio- nes para ejercer en su territorio. Las empresas de seguros se enfrentan a una gran incertidumbre y a una gran inseguridad jur(cid:237)dica, tanto en lo que concierne al rØgimen aplicable a su actividad en los distintos Estados miembros como al contenido de los productos que desean proponer. Estas divergencias me- noscaban seriamente la eficacia de los mecanismos establecidos por las Terceras Directivas y pueden disuadir a determinadas empresas de seguros de hacer uso de las libertades consagradas por el Tratado (cid:150)cuyo ejercicio estÆn precisamente destinadas a facilitar las Terceras Directivas(cid:150) y, por consiguiente, obstaculi- zar la libre circulaci(cid:243)n de los servicios de seguro en la Uni(cid:243)n. Dichas divergencias impiden asimismo que los tomadores de seguros tengan acceso a las empresas de seguros de la Comu- nidad Europea as(cid:237) como a la diversidad de productos de seguro que existen en el mercado interior y puedan de este modo elegir el producto mÆs apropiado a sus necesidades, tanto en tØrminos de cobertura como de precios. En su Comunicaci(cid:243)n al Consejo de 28 de octubre de 1998 (2) sobre los servicios financieros, preparada por solicitud del Con- sejo Europeo de Cardiff de junio de 1998, la Comisi(cid:243)n define las divergencias interpretativas de las disposiciones comunita- rias y la inseguridad jur(cid:237)dica que comportan como uno de los factores que impiden el funcionamiento correcto del mercado interior de los servicios financieros. El Consejo Europeo de Colonia de 4 de junio de 1999 apoy(cid:243) el plan de acci(cid:243)n (3) presentado por la Comisi(cid:243)n, as(cid:237) como las propuestas y priori- dades indicadas, tras las deliberaciones en el seno del grupo de representantes personales de los ministros de finanzas, presi- dido por la Comisi(cid:243)n. Este plan de acci(cid:243)n seæala como objetivo prioritario para contribuir al eficaz funcionamiento del mer- cado interior la adopci(cid:243)n de una Comunicaci(cid:243)n interpretativa de la Comisi(cid:243)n sobre la libre prestaci(cid:243)n de servicios y el interØs general en el sector de seguros. La presente Comunicaci(cid:243)n interpretativa constituye la contri- buci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n a la reflexi(cid:243)n que ha efectuado sobre los problemas de la libre prestaci(cid:243)n de servicios (primera parte) y el interØs general (segunda parte) en el sector de seguros, a la luz, en concreto, de lo dispuesto en las Terceras Directivas del Consejo 92/49/CEE y 92/96/CEE, sobre seguros. En esta reflexi(cid:243)n han participado los Estados miembros (con- cretamente a travØs del ComitØ de seguros y del Grupo tØcnico de interpretaci(cid:243)n para la aplicaci(cid:243)n de las Directivas del sector de seguros), los operadores privados, el Parlamento Europeo y el ComitØ Econ(cid:243)mico y Social. Antes de adoptar el plan de acci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n public(cid:243) en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un proyecto de Co- (1) Directiva 92/49/CEE (DO L 228 de 11. 8. 1992, p. 1), y Directiva 92/96/CEE (DO L 360 de 9. 12. 1992, p. 1), cuya œltima modifica- ci(cid:243)n la constituye la Directiva 95/26/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DO L 168 de 18. 7. 1995, p. 7). (2) COM(98) 625, «Servicios financieros (cid:151) Establecimiento de un marco de actuaci(cid:243)n». (3) COM(1999) 232 de 11. 5. 1999. C 43/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 municaci(cid:243)n (4) que marc(cid:243) el comienzo de una amplia consulta. A ra(cid:237)z de dicha publicaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n ha recibido numero- sas colaboraciones procedentes de todas las esferas afectadas (Estados miembros, federaciones de aseguradoras y de interme- diarios, empresas de seguros, organizaciones de consumidores, despachos de abogados, etc. ) Ha organizado asimismo audien- cias con todas las partes interesadas. La Comisi(cid:243)n considera oportuno recordar y sistematizar los principios que rigen el derecho de establecimiento y de libre prestaci(cid:243)n de servicios, segœn han sido sentados por el Tribunal de Justicia, y reflexionar sobre la aplicaci(cid:243)n de los mismos a las Terceras Directivas sobre seguros (5). Esta interpretaci(cid:243)n se basa los textos de las Directivas en las disposiciones del Tratado, comunitarias de seguros y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha establecido un nœmero importante de princi- pios esenciales para el respeto del libre establecimiento y la libre prestaci(cid:243)n de servicios (6). Al publicar la presente Comunicaci(cid:243)n interpretativa, la Comi- si(cid:243)n se propone contribuir a la transparencia y clarificaci(cid:243)n de las normas comunitarias por cuya observancia ha de velar. Este texto constituye para todos los agentes interesados, esto es, las administraciones nacionales, los operadores econ(cid:243)micos y los consumidores, un instrumento de referencia que precisa la postura de la Comisi(cid:243)n frente al marco jur(cid:237)dico en el que puede ejercerse la actividad aseguradora. miento del mercado interior de seguros, sino tan solo las mÆs frecuentes o mÆs probables. Conviene aclarar desde este momento que las interpretaciones y reflexiones de la presente Comunicaci(cid:243)n no representan ne- cesariamente las posturas de los Estados miembros, a menudo muy divergentes entre s(cid:237), y, por s(cid:237) mismas, no pueden generar ninguna obligaci(cid:243)n nueva. Por otra parte, deben entenderse sin perjuicio de las interpretaciones que la Comisi(cid:243)n pueda hacer ulteriormente de los principios de establecimiento y libre pres- taci(cid:243)n de servicios, a la luz de la evoluci(cid:243)n de las tecnolog(cid:237)as de comunicaci(cid:243)n y de su utilizaci(cid:243)n en la actividad asegurado- ra. La pol(cid:237)tica de la Comunidad Europea relativa a la sociedad de la informaci(cid:243)n y al comercio electr(cid:243)nico desarrollada a nivel comunitario pretende favorecer la difusi(cid:243)n de los servicios de la sociedad de la informaci(cid:243)n y su circulaci(cid:243)n entre los Estados miembros, y en particular el comercio electr(cid:243)nico (8). El desa- rrollo del comercio electr(cid:243)nico para la realizaci(cid:243)n de las acti- vidades aseguradoras y financieras adquirirÆ, en principio, una importancia preponderante y, con el tiempo, modificarÆ previ- siblemente los mecanismos de distribuci(cid:243)n de los productos de seguros en la Comunidad Europea. El actual marco jur(cid:237)dico del mercado œnico de seguros se basa en mecanismos en los que no se ha tenido en cuenta la utilizaci(cid:243)n de estas nuevas tec- nolog(cid:237)as con vistas a efectuar actividades aseguradoras en el mercado œnico, y no se excluye que deban realizarse nuevos estudios sobre esta cuesti(cid:243)n. A tal fin, la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la comercializaci(cid:243)n a distancia de servicios financieros destinados a los consumido- res (9) establecerÆ un marco jur(cid:237)dico adecuado para las trans- acciones efectuadas a distancia con los consumidores, lo que deberÆ contribuir a la creciente utilizaci(cid:243)n de las nuevas tØcni- cas de comunicaci(cid:243)n a distancia como Internet. Las interpretaciones y reflexiones contenidas en la presente Comunicaci(cid:243)n, que se refieren exclusivamente a los problemas espec(cid:237)ficos del sector de seguros (7), no pretenden abarcar todas las hip(cid:243)tesis posibles que puedan presentarse en el funciona- (4) DO C 365 de 3. 12. 1997. (5) VØase en este sentido el anÆlisis contenido en la Comunicaci(cid:243)n interpretativa de la Comisi(cid:243)n sobre la libre circulaci(cid:243)n transfronte- riza de servicios (DO C 334 de 9. 12. 1993, p. 3). (6) En los casos en los que las Directivas sobre seguros admiten diver- sas interpretaciones, el presente documento recoge la que, a juicio de la Comisi(cid:243)n, es mÆs conforme al Tratado. A ese respecto, cabe recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justi- cia, cuando un texto de Derecho derivado se presta a mÆs de una interpretaci(cid:243)n, procede dar preferencia a aquella segœn la cual la disposici(cid:243)n sea conforme al Tratado, y no a la que implique su incompatibilidad con el Tratado [vØase sentencia de 4. 12. 1986, asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alemania, Recopilaci(cid:243)n 1986, p. 3755]. (7) En relaci(cid:243)n con el sector bancario, la Comisi(cid:243)n ha publicado una Comunicaci(cid:243)n interpretativa sobre la libre prestaci(cid:243)n de servicios y el interØs general en la Segunda Directiva Bancaria [SEC(97) 1193 final, de 20. 6. 1997]. Como es l(cid:243)gico, las interpretaciones de la Comisi(cid:243)n se entien- den sin perjuicio de la interpretaci(cid:243)n que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, competente en œltima instancia para asegurar la correcta interpretaci(cid:243)n del Tratado y del Dere- cho derivado, pueda hacer de los problemas planteados. (8) Resoluci(cid:243)n del Consejo de la Uni(cid:243)n Europea sobre las nuevas prio- ridades relativas a la Sociedad de la Informaci(cid:243)n, adoptada el 8 de octubre de 1996. Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n al Consejo Euro- peo: «C(cid:243)mo extraer del sector servicios todo su potencial de em- pleo»; CSE(96) 6 final de 27. 11. 1996. Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n al Consejo, al Parlamento Europeo y al ComitØ Econ(cid:243)mico y Social: «La transparencia de la normativa en el mercado interior» y pro- puesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica, por tercera vez, la Directiva 83/189/CEE, por la que se establece un procedimiento de informaci(cid:243)n en materia de las normas y reglamentaciones tØcnicas; COM(96) 392 final de 30. 8. 1996. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jur(cid:237)dicos del comercio electr(cid:243)nico en el mercado interior [COM(1998) 586 final de 18. 11. 1998] y propuesta modificada [COM(1999) 427 final de 17. 8. 1999]; propuesta de Directiva sobre la firma electr(cid:243)nica [COM(1998) 297 final de 13. 5. 1998] y propuesta modificada [COM(1999) 195 final de 29. 4. 1999]. (9) COM(1998) 468 final de 14. 10. 1998, y para la propuesta modifi- cada de Directiva vØase COM(1999) 385 final de 23. 7. 1999. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/7 I. LIBRE PRESTACI(cid:211)N DE SERVICIOS Y DERECHO DE ESTA- BLECIMIENTO EN LAS DIRECTIVAS DE SEGUROS A. L˝MITES ENTRE EL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE PRESTACI(cid:211)N DE SERVICIOS (10) 1. Libre prestaci(cid:243)n de servicios a) CarÆcter temporal Los art(cid:237)culos 49 y siguientes del Tratado consagran el prin- cipio de la libre circulaci(cid:243)n de servicios. Este principio pas(cid:243) a ser de aplicaci(cid:243)n directa e incondicional al expirar el per(cid:237)odo transitorio (11). Este principio genera para los inte- resados unos derechos que las autoridades nacionales deben respetar y salvaguardar, dejando de aplicar las disposiciones contrarias del ordenamiento interno, tanto de carÆcter legis- lativo como administrativo, incluidos los actos administrati- vos individuales y concretos (12). (10) A los efectos de la presente Comunicaci(cid:243)n, las expresiones «Estado miembro de prestaci(cid:243)n de servicios», «actividad ejercida en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios», «Estado miembro de localizaci(cid:243)n del riesgo», «Estado miembro de origen», «Estado miembro de la sucursal», etc. , se emplean con arreglo a las definiciones que figu- ran en las Directivas 88/357/CEE, 90/619/CEE, 92/49/CEE y 92/96/CEE. el estado miembro «Estado miembro de prestaci(cid:243)n de servicios»: en el cual se encuentre localizado el riesgo (cid:150)segœn lo dispuesto en la letra d) del art(cid:237)culo 2 de la Directiva 88/357/CEE(cid:150) cuando sea cubierto por una empresa de seguros o una sucursal situada en otro Estado miembro, o el Estado miembro del compromiso (cid:150)se- gœn lo dispuesto en la letra e) del art(cid:237)culo 2 de la Directiva 90/619/CEE(cid:150) cuando el mismo sea contra(cid:237)do por una empresa de seguros o una sucursal situada en otro Estado miembro [letra e) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/49/CEE, letra p) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/96/CEE]. «Actividad ejercida en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios»: La cobertura por una empresa de seguros a partir de un Estado miembro de un riesgo o compromiso situado en otro Estado miembro, de conformidad con la letra d) del art(cid:237)culo 2 de la Directiva 88/357/CEE o de la letra e) del art(cid:237)culo 2 de la Directiva 90/619/CEE. «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en que estØ situado el domicilio social de la empresa de seguros que cubra el riesgo o asuma el compromiso [letra c) del art(cid:237)culo 1 de la Direc- tiva 92/49/CEE, letra d) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/96/CEE]. «Estado miembro de la sucursal»: el Estado miembro en que estØ situada la sucursal que cubra el riesgo o asuma el compromiso [letra d) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/49/CEE y letra e) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/96/CEE]. «Sucursal»: cualquier agencia o sucursal de una empresa de segu- ros. Se asimilarÆ a una agencia o sucursal toda presencia perma- nente de una empresa en el territorio de un Estado miembro, aunque esta presencia no haya tomado la forma de una sucursal o agencia, y se ejerza por medio de una simple oficina adminis- trada por el propio personal de la empresa, o de una persona independiente pero con poderes para actuar permanentemente para la empresa como lo har(cid:237)a una agencia [letra b) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/96/CEE, letra b) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 92/96/CEE, y el art(cid:237)culo 3 de las Directivas 88/357/CEE y 90/619/CEE]. (11) 1 de enero de 1970. Asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alemania (Recopilaci(cid:243)n 1986, p. 3755), o a partir de la fecha de adhesi(cid:243)n para los nuevos Estados miembros [asunto C-224/97: Ciola (Reco- pilaci(cid:243)n 1999, p. I-2517). (12) Asunto C-224/97: Ciola (Recopilaci(cid:243)n 1999, p. I-2517). Cabe recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tri- bunal de Justicia, la libre prestaci(cid:243)n de servicios puede con- llevar el desplazamiento del proveedor del servicio, situaci(cid:243)n contemplada en el apartado 3 del art(cid:237)culo 50 del Tratado, o el desplazamiento del destinatario del servicio, pero puede efectuarse tambiØn sin desplazamiento del proveedor o el destinatario (13). En otras palabras, lo dispuesto en el art(cid:237)culo 49 y siguientes se aplica en todos los casos en que un proveedor de servicios ofrece sus servicios en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en que estØ esta- blecido, sea cual sea el lugar en que estØn establecidos los destinatarios de los servicios en cuesti(cid:243)n. Cuando todos los elementos pertinentes de la actividad en cuesti(cid:243)n se sitœen en el interior de un solo Estado miembro, no se aplicarÆn las disposiciones relativas a la libre prestaci(cid:243)n de servi- cios (14). La actividad ejercida en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de ser- vicios con presencia del proveedor en el territorio del pa(cid:237)s de acogida se distingue de la ejercida en rØgimen de esta- blecimento esencialmente en que la primera es temporal, mientras que la segunda supone una instalaci(cid:243)n duradera en dicho pa(cid:237)s (15). Esta distinci(cid:243)n se desprende del propio Tratado que, en el apartado 3 de su art(cid:237)culo 50, dispone que en caso de que el proveedor de un servicio se desplace a otro Estado miembro podrÆ, con objeto de realizar la pres- «temporalmente» su actividad en el pa(cid:237)s taci(cid:243)n, ejercer donde se efectœe dicha prestaci(cid:243)n. Con arreglo a la juris- prudencia del Tribunal de Justicia, el carÆcter temporal de la prestaci(cid:243)n del servicio se determinarÆ en funci(cid:243)n de la du- raci(cid:243)n de la prestaci(cid:243)n, de su frecuencia, periodicidad y continuidad. El carÆcter temporal de la libre prestaci(cid:243)n de servicios no excluye la posibilidad de que el proveedor de servicios se dote de una cierta infraestructura en el Estado miembro de acogida en la medida en que sea necesaria para hacer efectiva la prestaci(cid:243)n (16). Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha indicado que estÆn sujetas al rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios las activi- (13) Asuntos acumulados 286/82 y 26/83: Luisi et Carbone, (Recopila- ci(cid:243)n 1984, p. 377); asunto C-76/90: S(cid:228)ger, Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-195, asunto C-384/93: Alpine, (Recopilaci(cid:243)n 1995, p. I-1141). (14) Asuntos 95/95, 226/95 y 227/96: (Recopilaci(cid:243)n 1998, p. I-4239); asunto 198/89, 180/89, 154/89: «Guides touris- tiques», (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-659). «Kapasakalis», I-1995, p. (15) Asuntos 286/82 y 26/83: Luisi et Carbone, C-55/94: Gebhard I-4165) apartados 25-27: asunto (Recopilaci(cid:243)n p. 221/89: Factortame (Recopilaci(cid:243)n 991; p. I-3905): «el concepto de establecimento, en el sentido del art(cid:237)culo 43 y siguientes del Tratado, implica el ejercicio efectivo de una actividad econ(cid:243)mica por medio de una instalaci(cid:243)n permanente en otro Estado miembro por una duraci(cid:243)n indeterminada». (16) Asunto C-55/94: Gebhard (Recopilaci(cid:243)n 1995 p. I-4165), apartado 27; asunto C-56/96: VT4 (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. I-3143. C 43/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 dades que consisten en la prestaci(cid:243)n duradera de servicios a partir del Estado miembro de origen sin que se produzca el desplazamiento del proveedor al Estado miembro de acogi- da (17). b) Prohibici(cid:243)n de la elusi(cid:243)n del Derecho nacional El Tribunal ha reconocido a los Estados miembros de aco- gida el derecho a tomar medidas destinadas a evitar que la libertad de prestaci(cid:243)n de servicios, garantizada por el art(cid:237)- culo 49 del Tratado, sea utilizada abusivamente por un proveedor cuyas actividades se centran, entera o principal- mente, en su territorio (es decir, del Estado miembro de acogida), para sustraerse a las obligaciones profesionales que le incumbir(cid:237)an si estuviera establecido en Øl (18). El Tri- bunal aæade que esta situaci(cid:243)n quedar(cid:237)a comprendida en el cap(cid:237)tulo relativo al establecimiento y no en el de la presta- ci(cid:243)n de servicios (19). El criterio de la frecuencia es importante para determinar si existe la intenci(cid:243)n de «eludir» haciendo uso del derecho a la libre prestaci(cid:243)n de servicios garantizado en el art(cid:237)culo 49, sin embargo, no basta para definir la prestaci(cid:243)n de servicios (un establecimiento puede operar tambiØn de manera oca- sional). La Comisi(cid:243)n estima que no podr(cid:237)a calificarse de «utilizaci(cid:243)n abusiva» (elusi(cid:243)n) una situaci(cid:243)n en la que una empresa de seguros se viera frecuentemente solicitada, en su territorio (cid:150)por ejemplo, a travØs de medios de comunicaci(cid:243)n electr(cid:243)- nica(cid:150) por consumidores residentes en otro Estado miembro, a menos que se demuestre la intenci(cid:243)n del proveedor de los servicios de realizar esta utilizaci(cid:243)n abusiva. 2. Derecho de establecimiento Si una empresa realiza operaciones econ(cid:243)micas por un pe- r(cid:237)odo indeterminado mediante una presencia permanente en el Estado miembro donde ejerce sus actividades, estarÆ su- jeta, en principio, a las disposiciones del Tratado sobre de- recho de establecimiento. El Tribunal de Justicia dictamin(cid:243) que: «un nacional de un Estado miembro que, de manera estable y continuada, ejerce una actividad profesional en otro Es- tado miembro en el que, a partir de un centro de actividad profesional, se dirige, entre otros, a los nacionales de ese Estado, estÆ comprendido dentro del Æmbito de aplicaci(cid:243)n de las disposiciones del cap(cid:237)tulo relativo al derecho de esta- blecimiento y no del relativo a los servicios» (20). En su sentencia de 4 de diciembre de 1986, en el asunto Comisi(cid:243)n contra Alemania (21), el Tribunal afirm(cid:243): «. que una empresa de seguros de otro Estado miembro que mantenga una presencia permanente en el Estado miembro donde preste los servicios se regirÆ por las dispo- siciones del Tratado sobre derecho de establecimiento y ello aunque dicha presencia no haya adquirido la forma de una sucursal o agencia sino que se ejerza por medio de una simple oficina gestionada por el propio personal de la em- presa, o de una persona independiente pero apoderada para actuar permanentemente por cuenta de Østa como lo har(cid:237)a una agencia». As(cid:237) pues, el Tribunal ha reconocido que las empresas que cuenten en el territorio de otro Estado miembro, de modo permanente, con un mediador a travØs del cual operen en el mismo, de manera estable y continua, pueden regirse por el derecho de establecimiento. El Tribunal desea evitar en este caso que se recurra de manera abusiva a la libre prestaci(cid:243)n de servicios para sustraerse a las normas que ser(cid:237)an de aplicaci(cid:243)n en el Estado miembro de acogida si la empresa estuviera establecida en Øl (22). Sin embargo, en el sector de seguros se ha descartado en gran medida el riesgo de utilizaci(cid:243)n abusiva gracias a la armonizaci(cid:243)n que las Directivas comunitarias han efectuado, en lo relativo al acceso a la actividad y a su ejercicio. Las normas en materia cautelar y de supervisi(cid:243)n aplicables a las empresas de seguros estÆn muy armonizadas, con indepen- dencia del modo en que ejerzan su actividad aseguradora, ya sea en rØgimen de establecimiento o de libre prestaci(cid:243)n de servicios. El Tribunal de Justicia ha reconocido recientemente que el carÆcter temporal de la libre prestaci(cid:243)n de servicios no ex- cluye la posibilidad de que el proveedor de servicios se dote de una cierta infraestrutura en el Estado miembro de aco- gida (despacho, oficina,. ) en la medida en que sea nece- saria para hacer efectiva la prestaci(cid:243)n, sin por ello quedar sujeta al rØgimen de establecimiento (23). En ese caso, el carÆcter temporal de la prestaci(cid:243)n de servicios deberÆ apre- ciarse en funci(cid:243)n de la duraci(cid:243)n, frecuencia, periodicidad y continuidad de la misma (24). No obstante, la simple presen- cia de un «anclaje fijo» en un Estado miembro no demuestra, de entrada, que se trate de una situaci(cid:243)n sujeta al derecho de establecimiento. anteriormente; (17) VØase el asunto C-56/96: VT4 (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. I-3143). (18) Sentencia de 4. 12. 1986, asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alemania (Recopilaci(cid:243)n p. 3755), sentencia de citada 3. 12. 1974, Van Binsbergen; asunto 33-74 (Recopilaci(cid:243)n p. 1299); sentencia de 3. 2. 1993, Veronica, asunto C-148/91 (Recopilaci(cid:243)n p. I-487); sentencia de 5. 10. 1994, TV 10, asunto C-23/93, (Recopila- ci(cid:243)n 1994, p. I-4795), conclusiones de la AG. Lenz, apartados 56 y 68; asunto C-56/96; VT4 (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. I-3143). VØanse Conclusiones del Sr. Lenz, Abogado General. Asunto C-212/97: Centros (Recopilaci(cid:243)n 1999, p. I-1459). Este œltimo asunto trata de una supuesta utilizaci(cid:243)n abusiva del derecho de establecimiento «secundario». El Tribunal aplicarÆ su jurisprudencia sobre la «elu- si(cid:243)n» en relaci(cid:243)n con la libre prestaci(cid:243)n de servicios. (19) Asunto 205/84, antes citado, 22; asunto 33/74: van Bisbergen (Recopilaci(cid:243)n p. 13). (20) Sentencia Gebhard, citada anteriormente. Asunto 221/89: Factor- tame (Recopilaci(cid:243)n 1991; p. I-3905). (21) Asunto 205/84. (22) Asunto 205/84 (Recopilaci(cid:243)n pp. 21 y 22); asunto C-148/91: Ve- ronica (Recopilaci(cid:243)n 1993 p. I-487); asunto C-56/96: VT4 (Recopi- laci(cid:243)n 1997, p. I-3143). VØanse Conclusiones del Sr. Lenz, Abogado General. (23) Asunto C-55/94: Gebhard, antes citado. Resultado oportuno seæa- lar que, en sus conclusiones en el asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alemania, citado, el Abogado General manifest(cid:243) ya que el disponer de un agente o representante (en el Estado miembro de acogida) no implica necesariamente, en s(cid:237) mismo, la existencia de un estable- cimiento. (24) Asunto C-55/94: Gebhard, citado. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/9 Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (25), la Comi- si(cid:243)n opina que el Estado miembro de prestaci(cid:243)n del servicio no puede asimilar a un establecimiento cualquier presencia permanente que el proveedor de servicios mantenga en su territorio y aplicarle, en toda circunstancia, las normas que regulan el derecho de establecimiento. 3. Zona gris Sin embargo, no siempre es fÆcil trazar la l(cid:237)nea divisoria entre el concepto de prestaci(cid:243)n de servicios y el de estable- cimiento. Algunos casos son dif(cid:237)cilmente clasificables, en especial cuando la empresa de seguros utiliza, para el ejer- cicio de su actividad aseguradora, una cierta infraestructura permanente en el Estado miembro de la prestaci(cid:243)n. MÆs en concreto, cabe citar: a) recurso a personas independientes establecidas en el Estado miembro de acogida; b) la realizaci(cid:243)n de actividades de seguros a travØs de ins- talaciones electr(cid:243)nicas. BasÆndose en la jurisprudencia del Tribunal, los servicios de la Comisi(cid:243)n sostienen a este respecto las interpretaciones siguientes: a) El recurso a personas independientes establecidas en el Estado miembro de acogida El problema consiste en determinar en quØ medida una empresa de seguros establecida en un Estado miembro A, que recurra a una persona independiente (26) establecida en el Estado miembro B para ejercer actividades de seguros, podr(cid:237)a considerarse que ejerce, por s(cid:237) misma, una actividad permanente en el Estado miembro B y se podr(cid:237)a asimilar a un establecimiento de la empresa de seguros en el Estado miembro de acogida, en vez de considerarse que ejerce la actividad de seguros en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de ser- vicios. En su sentencia de 6 de octubre de 1976 en el asunto De Bloos (27) el Tribunal seæal(cid:243) que: (25) VØase, en particular, el asunto C-55/94: Gebhard, citado anterior- mente; asunto C-56/96: VT4 (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. I-3143). (26) Conviene ante todo seæalar que el concepto de «mediador indepen- diente» se refiere a estructuras (personas f(cid:237)sicas o jur(cid:237)dicas) jur(cid:237)di- camente diferenciadas de la empresa de seguros a las que Østa recurre, sea cual sea su forma o denominaci(cid:243)n. Por consiguiente, el concepto no se utiliza en la acepci(cid:243)n mÆs restrictiva de la Directiva 77/92/CEE del Consejo (DO L 26 de 31. 1. 1977), relativa a los mediadores de seguros, para distinguir los agentes de seguros (personas que actœan en nombre y por cuenta, o œnicamente por cuenta, de una o varias empresas de seguros) de los corredores de seguros (personas cuya actividad profesional consiste, en particular, en poner en relaci(cid:243)n a los tomadores y a las empresas de seguros, sin estar obligadas en la elecci(cid:243)n de Østas, para la cobertura de los riesgos que se hayan de asegurar, y que preparan la celebraci(cid:243)n de los contratos de seguro y ayudan, en su caso, a su gesti(cid:243)n y ejecuci(cid:243)n, en particular en caso de siniestro). (27) Asunto 14/76 (Recopilaci(cid:243)n 1976, p. 3755). Cabe seæalar que esta sentencia, as(cid:237) como las citadas en las notas 27, 28 y 29 se dictaron en asuntos relativos a la interpretaci(cid:243)n del concepto de sucursal, en relaci(cid:243)n con el Convenio de Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecuci(cid:243)n de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. «. uno de los elementos esenciales que caracterizan a los conceptos de sucursal y de agencia es el sometimiento a la direcci(cid:243)n y al control de la casa matriz». MÆs en concreto, en la sentencia de 22 de noviembre de 1978 en el asunto Somafer (28), el Tribunal dictamin(cid:243) que: «. el concepto de sucursal, agencia, u otro tipo de esta- blecimiento implica la existencia de un centro de operacio- nes que, de modo duradero, se presente ante el exterior como la extensi(cid:243)n de una casa central, provista de una direcci(cid:243)n y con medios materiales que le permitan negociar transacciones con terceros, de manera que Østos, aun cons- cientes de la posibilidad de que se establezca, en el futuro, una relaci(cid:243)n jur(cid:237)dica con la casa central cuyo domicilio estÆ situado en el extranjero, quedan dispensados de tratar direc- tamente con la misma, pudiendo celebrar transacciones en el centro de operaciones que constituye su extensi(cid:243)n. ». El Tribunal concluy(cid:243) que un concesionario exclusivo no sometido al control y direcci(cid:243)n de una sociedad no pod(cid:237)a considerarse sucursal, agencia o establecimiento. En su sentencia de 18 de marzo de 1981 en el asunto Blanckaert y Willems (29), el Tribunal consider(cid:243) que: «. un agente comercial (intermediario) independiente, en- tendiØndose por tal aquel que, en virtud de su situaci(cid:243)n jur(cid:237)dica, tenga libertad para organizar su actividad en lo esencial y decidir el tiempo que consagra a trabajar para una empresa que haya aceptado representar, a quien la em- presa cuya representaci(cid:243)n ostenta no pueda impedir que represente, al mismo tiempo, a otras empresas de la com- petencia pertenecientes al mismo sector de producci(cid:243)n o de comercializaci(cid:243)n y que, ademÆs, se limite a transmitir los pedidos a la casa central, sin participar en su liquidaci(cid:243)n ni en su ejecuci(cid:243)n, no reœne las caracter(cid:237)sticas de una sucursal, agencia u otro tipo de establecimiento. ». Por lo demÆs, el Sr. Darmon, abogado general, en las con- clusiones sobre el asunto Shearson Lehman Hutton, presen- tadas el 27 de octubre de 1992 (30), escribi(cid:243) lo siguiente: «El v(cid:237)nculo de dependencia frente a la sociedad establecida en otro Estado contratante (31) no es aqu(cid:237) el criterio deter- minante. Este criterio reside, en mi opini(cid:243)n, en el hecho de que el establecimiento secundario estØ facultado para nego- ciar con terceros». (28) Asunto 33/78 (Recopilaci(cid:243)n p. 2183). VØase asimismo la sentencia de 6 de abril de 1995 en el asunto C-439/93: Lloyd’s Register of Shipping contra SociØtØ Campenon Bernard (Recopilaci(cid:243)n 1995, p. I-961). (29) Asunto 139/80 (Recopilaci(cid:243)n 1981 p. 819). (30) Asunto C-89/91 (Recopilaci(cid:243)n 1992 p. I-165). (31) El Abogado General emplea el tØrmino de Estado contratante por- que el asunto considerado se refer(cid:237)a al Convenio de Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecuci(cid:243)n de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. C 43/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 Por œltimo, en su informe sobre el Convenio de Bruselas, el Sr. Jenard seæala que œnicamente existe agencia o sucursal «cuando la sociedad extranjera estÆ representada por una persona con capacidad de comprometerla ante terceros» (32). BasÆndose en la jurisprudencia citada, la Comisi(cid:243)n opina que, para que pueda considerarse que los v(cid:237)nculos entre esta persona independiente (cid:150)como, por ejemplo, un media- dor independiente(cid:150) y una empresa de seguros determinan el sometimiento de esta œltima al rØgimen de establecimiento en lugar del rØgimen aplicable a la libre prestaci(cid:243)n de ser- vicios, es necesario que el mediador cumpla de manera acumulativa las tres condiciones siguientes: i) que estØ bajo el control y la direcci(cid:243)n de la empresa de seguros a la que representa, presas de seguros estar(cid:237)an sujetas a las disposiciones relativas a la libre prestaci(cid:243)n de servicios. Sin embargo, para considerar que ese mediador cons- tituye una sucursal de la empresa de seguros en el Es- tado miembro de acogida, y que, por tanto, las activi- dades desarrolladas por esa empresa estÆn sujetas al rØ- gimen de establecimiento y no al de la libre prestaci(cid:243)n de servicios, han de cumplirse tambiØn las otras dos condiciones citadas anteriormente. Las conclusiones que anteceden son idØnticas tanto si el mediador es persona f(cid:237)sica como si es persona jur(cid:237)dica. ii) que pueda asumir compromisos en nombre de la empresa de nombre de la empresa de seguros ii) La persona independiente debe poder asumir compromisos en seguros, y iii) que cuente con un mandato permanente. As(cid:237) pues, s(cid:243)lo en el supuesto de que esta persona indepen- diente actœe como autØntica extensi(cid:243)n de la empresa de seguros, puede Østa quedar sujeta al rØgimen aplicable al establecimiento de una sucursal. i) La persona independiente estÆ bajo la direcci(cid:243)n y el control de la empresa de seguros que representa Para comprobar si se cumple este criterio, hay que exa- minar, en particular, si la relaci(cid:243)n establecida entre la empresa de seguros y esta persona independiente (por ejemplo, un mediador independiente) otorga a Østa liber- tad suficiente para organizar su actividad, decidir el tiempo de trabajo que va a dedicar a dicha empresa y, sobre todo, para representar al mismo tiempo a otras empresas de seguros competidoras. Un mandato de exclusividad, recibido por el mediador independiente de una œnica empresa de seguros cons- tituye un indicio de que el citado mediador estÆ bajo la direcci(cid:243)n y el control de la empresa de seguros. Ahora bien, en el sector asegurador es frecuente que los me- diadores de seguros representen simultÆneamente a va- rias empresas de seguros competidoras. En la mayor parte de los casos, estos mediadores representan a las diversas empresas en relaci(cid:243)n con distintos ramos de seguro para cada una de ellas. En este supuesto, el mediador que trabaja para varias empresas de seguros, pero s(cid:243)lo ha recibido mandato de exclusividad de una de ellas, se considerarÆ sucursal s(cid:243)lo de esta œltima empresa, pues, en virtud del mandato otorgado, el mediador queda sujeto a la direcci(cid:243)n y el control de esa empresa. Por el contrario, las demÆs em- (32) DO C 59 de 5. 3. 1979, p. 1. Para determinar si se cumple este criterio, hay que exa- minar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal, si la actuaci(cid:243)n o las decisiones de esta persona independiente suponen el compromiso de la empresa de seguros ante terceros, los cuales quedan dispensados de tratar con la propia empresa aseguradora y pueden celebrar contratos con esta persona independiente. El compromiso de la empresa de seguros para con los asegurados se deriva, ante todo, del mandato otorgado a esta persona independiente para que celebre contratos de seguro con tomadores, en nombre y por cuenta de la empresa de seguros no establecida en el Estado miembro de acogida. El objeto de una agencia o sucursal de se- guros es celebrar contratos con terceros en nombre y por cuenta de la casa central, que queda directamente comprometida, puesto que la agencia se presenta como una extensi(cid:243)n de la misma. Por ejemplo, si esta persona independiente puede presentar en nombre de la empresa de seguros una oferta que contenga todos los elementos esenciales del contrato propuesto, pero la empresa con- serve la facultad de rechazar la propuesta presentada por la persona independiente y firmada por el cliente, podr(cid:237)a seguir cumpliØndose el criterio de la capacidad de vin- culaci(cid:243)n. Sin embargo, en algunos casos, otros aspectos del man- dato otorgado por la aseguradora a una persona inde- pendiente pueden tambiØn ser indicativos de que la em- presa pretende comprometerse directamente frente al tomador. Por ejemplo, cuando la aseguradora capacita al mediador para que decida sobre la aceptaci(cid:243)n y pago de un siniestro que se le reclame, en la medida en que las decisiones adoptadas por el mediador vincu- lan a la empresa de seguros con respecto a terceros. Ha de distinguirse esta funci(cid:243)n del mandato conferido al mediador para la simple gesti(cid:243)n de los expedientes de siniestros, que puede comportar, en su caso, el pago de indemnizaciones en ejecuci(cid:243)n de las instrucciones dadas por la propia aseguradora. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/11 iii) La persona independiente debe contar con un mandato per- manente La capacidad de una persona independiente (por ejem- plo, un mediador) establecida en el Estado miembro de acogida para comprometer a la empresa de seguros debe derivarse de un mandato duradero y continuado, y no de un mandato de tiempo limitado u ocasional. En efecto, es este carÆcter de estable y continuado lo que atestigua la intenci(cid:243)n de la aseguradora de integrar en la econo- m(cid:237)a del Estado miembro de acogida las actividades de seguro que all(cid:237) ejerce. La Comisi(cid:243)n considera que si, para prestar temporal y ocasionalmente actividades aseguradoras en el territorio de otro Estado miembro, una aseguradora recurre a un mediador establecido en dicho Estado miembro, estar(cid:237)a sujeta a las disposiciones relativas a la libre prestaci(cid:243)n de servicios (33). La Comisi(cid:243)n considera que una empresa de seguros que decida suscribir contratos de seguro en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios debe poder contar con determi- nados servicios, antes o despœes de la celebraci(cid:243)n del contrato, en el Estado miembro de prestaci(cid:243)n. As(cid:237), por ejemplo, una aseguradora debe poder utilizar para sus actividades en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios: (cid:151) un perito local que analice los riesgos que se van a cubrir en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios, (cid:151) un perito local que evalœe los daæos derivados de los riesgos cubiertos por los contratos de seguro nego- ciados en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios, (cid:151) prospectores de mercado, que no celebren contratos de seguro y se limiten a remitir las propuestas de seguro de los tomadores potenciales a la empresa de seguros para su aceptaci(cid:243)n, (cid:151) servicios jur(cid:237)dicos locales, servicios mØdicos o servi- cios de actuariado radicados en el Estado miembro de prestaci(cid:243)n, (cid:151) una estructura permanente para el cobro de las pri- mas de los contratos de seguro suscritos en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios (por ejemplo, una entidad de crØdito, una empresa de factoring, etc. ), (cid:151) una estructura permanente encargada œnicamente de recibir las declaraciones de siniestros correspondien- tes a contratos celebrados en rØgimen de libre pres- taci(cid:243)n de servicios para remitirlas a la aseguradora que deberÆ decidir si las acepta o no, (cid:151) una estructura permanente encargada de la simple gesti(cid:243)n de los expedientes de siniestros, que puede (33) VØanse los art(cid:237)culos 14, 16 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, mo- dificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguro no de vida, art(cid:237)culos 11, 14 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguros de vida, en lo que respecta al procedimiento relativo a las actividades ejercidas en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios comprendidas en el Æmbito de aplica- ci(cid:243)n de dichas Directivas. comportar, en su caso, el pago de indemnizaciones en ejecuci(cid:243)n de las instrucciones dadas por la propia aseguradora. Por œltimo, cabe precisar que el œnico mandato que puede llevar a asimilar una presencia permanente a una sucursal de la empresa de seguros en el Estado miembro de prestaci(cid:243)n del servicio es el que afecta a las actividades que componen el objeto social de la em- presa, es decir, la actividad de seguro. Un mandato otor- gado a personas establecidas en otro Estado miembro para la realizaci(cid:243)n de actividades que no sean las de seguro no puede tenerse en cuenta para determinar la manera en que se ejerce la actividad de seguro en el Estado miembro de acogida. Puede darse el caso, por ejemplo, de un mandato otorgado a una sociedad de inversi(cid:243)n para que gestione la cartera de valores de la aseguradora, o de una sociedad encargada de gestionar los inmuebles que la empresa de seguros posee en un Estado miembro y que utiliza como cobertura de las provisiones tØcnicas. Conclusi(cid:243)n: A juicio de la Comisi(cid:243)n, s(cid:243)lo cuando se cumplen las tres condiciones antes enunciadas (control de la empresa de se- guros, capacidad para comprometer directamente a la em- presa de seguros y contar con un mandato permanente) debe tratarse a la empresa de seguros que utiliza personas independientes (cid:150)por ejemplo, mediadores(cid:150) establecidas de manera permanente en el Estado miembro de acogida como si dispusiera de una sucursal en dicho Estado miem- bro, con las consiguientes consecuencias jur(cid:237)dicas. En ese supuesto, la empresa de seguros deberÆ atenerse al procedi- miento para la apertura de una sucursal contemplado en los art(cid:237)culos 10 de las Primeras Directivas, 73/239/CEE y 79/267/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 32 de las Terceras Directivas, 92/49/CEE y 92/96/CEE (precisando que las ac- tividades que estÆ previsto desarrollar se ejercerÆn a travØs de un mediador independiente). AdemÆs, la persona inde- pendiente deberÆ respetar en su actividad las normas de interØs general del Estado de acogida aplicables a las sucur- sales. Por œltimo, el hecho de que la concurrencia de tales condi- ciones pueda suponer la sujeci(cid:243)n de la empresa de seguros al rØgimen de establecimiento no significa, sin embargo, que la persona independiente en s(cid:237) constituya una sucural de dicha empresa. En efecto, una sucursal es «una sede de explotaci(cid:243)n que constituya una parte, desprovista de perso- nalidad jur(cid:237)dica, de una empresa de seguros» (34). Esta per- sona, dado que se parte de la hip(cid:243)tesis de que es indepen- diente, no puede constituir una «parte» de una empresa de seguros. Esto debe entenderse sin perjuicio de que dicha persona independiente deba, llegado el caso, cumplir los requisitos en vigor en el Estado miembro en el que estØ establecido relativos al acceso y ejercicio de su actividad profesional. (34) VØase, a este respecto, la definici(cid:243)n de sucursal dada por la Se- gunda Directiva Bancaria (89/646/CEE; DO L 386 de 30. 12. 1989), en el nœmero 3 de su art(cid:237)culo 1, y la Directiva 93/22/CEE sobre servicios de inversi(cid:243)n en el Æmbito de los valores mobiliarios (DO L 141 de 11. 6. 1993), en el nœmero 8 de su art(cid:237)culo 1. C 43/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 b) Instalaciones electr(cid:243)nicas (cid:201)ste es el supuesto de instalaciones electr(cid:243)nicas fijas, a se- mejanza de las «ventanillas electr(cid:243)nicas», capaces de efectuar las actividades de seguros recogidas en el anexo de las Pri- meras Directivas (35). Dichas instalaciones pueden estar sujetas a las normas que regulan el derecho de establecimiento si cumplen los crite- rios determinados por el Tribunal de Justicia [vØase mÆs arriba, letra a)] Para asimilar este tipo de instalaciones a un establecimiento, aquØllas tendr(cid:237)an que contar con una direcci(cid:243)n, lo que re- sulta por definici(cid:243)n imposible, salvo que el Tribunal admi- tiera que este concepto no abarca œnicamente la direcci(cid:243)n humana, sino tambiØn una direcci(cid:243)n electr(cid:243)nica. Sin embargo, parece aœn poco probable que una instalaci(cid:243)n de este tipo constituya por s(cid:237) sola el centro de operaciones de una empresa de seguros en un determinado Estado miembro. La instalaci(cid:243)n estarÆ probablemente conectada, en el mismo pa(cid:237)s, a una sucursal o a una agencia. En este caso, no tendrÆ rØgimen propio, ya que dependerÆ del de su entidad. Pero en el supuesto de que la instalaci(cid:243)n electr(cid:243)nica fuera la œnica presencia de una empresa de seguros en un Estado miembro, la Comisi(cid:243)n estima que la actividad de la misma podr(cid:237)a asimilarse a una prestaci(cid:243)n de servicios efectuada en el territorio de dicho Estado miembro. La presencia en el pa(cid:237)s de acogida de una persona o sociedad encargada ex- clusivamente del mantenimiento de la instalaci(cid:243)n, de su suministro y, eventualmente, de resolver los problemas tØc- nicos experimentados por los usuarios no es asimilable a un establecimiento de la empresa de seguros y no impide que esta actividad se considere incluida en el rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. La Comisi(cid:243)n no excluye la posibilidad de que los avances en el campo de la tØcnica puedan llevarla en el futuro a re- plantear esta interpretaci(cid:243)n. Si estos avances permitieran que las empresas de seguros s(cid:243)lo tuviesen, en un territorio determinado, una instalaci(cid:243)n capaz de «actuar» como lo har(cid:237)a una sucursal, tomando decisiones que dispensaran ple- namente al cliente de tener que tratar con la empresa ma- triz, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a plantearse la elaboraci(cid:243)n de un marco jur(cid:237)dico comunitario adecuado. El marco jur(cid:237)dico existente descansa en mecanismos que aœn se basan en una concepci(cid:243)n de la sucursal de la aseguradora que implica una presencia humana (as(cid:237), por ejemplo, el plan de actividad debe contener el nombre de los directivos de la sucursal). Por tanto, en el contexto jur(cid:237)dico actual no puede conside- rarse que estas instalaciones constituyan una sucursal. 4. Ejercicio simultÆneo de la libertad de prestaci(cid:243)n de servicios y el derecho de establecimiento («Acumula- ci(cid:243)n») A partir del 1 de julio de 1994, fecha de entrada en vigor de las Terceras Directivas, 92/49/CEE y 92/96/CEE, toda em- (35) No se contemplan aqu(cid:237) los equipos informÆticos m(cid:243)viles indivi- duales, capacitados para ofrecer o recibir servicios de seguros a distancia, por ejemplo, a travØs de Internet, que son objeto de un anÆlisis en el punto 6. presa de seguros puede ejercer sus actividades, en un mismo territorio, en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios y, simultÆneamente, mediante alguna forma de establecimiento (sucursal), incluso cuando se trate de las mismas actividades. En efecto, estas Directivas derogan las disposiciones de las Segundas Directivas que autorizaban a los Estados miembros a prohibir en determinados casos el ejercicio simultÆneo de la libertad de prestaci(cid:243)n de servicios y el derecho de esta- blecimiento (36). Para el ejercicio de sus actividades de seguros en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios, la empresa de seguros puede recurrir a un establecimiento abierto en el pa(cid:237)s de la pres- taci(cid:243)n para realizar actividades de apoyo antes o despuØs de la celebraci(cid:243)n del contrato de seguro (por ejemplo, utilizar servicios de anÆlisis de riesgos, recibir las declaraciones de siniestros correspondientes a contratos celebrados en rØgi- men de libre prestaci(cid:243)n de servicios, peritaje de los sinies- tros correspondientes a estos contratos de seguro por los servicios locales, servicio de informaci(cid:243)n a los tomadores del seguro). Sin embargo, la empresa de seguros tiene que estar en condiciones de vincular claramente la actividad en cuesti(cid:243)n a una de las dos formas de ejercicio: rØgimen de establecimiento o libre prestaci(cid:243)n de servicios. 5. Control por el pa(cid:237)s de acogida de las condiciones de concesi(cid:243)n de la autorizaci(cid:243)n œnica Segœn la interpretaci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n, las disposiciones de las Directivas sobre seguros (37) no permiten al Estado miembro de acogida ejercer control alguno tendente a com- probar si una empresa de seguros que se proponga ejercer su actividad en su territorio, ya sea en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios o a travØs de una sucursal, cumple los requisitos armonizados establecidos en la autorizaci(cid:243)n œnica concedida por el Estado miembro de origen. Dicho control incumbe exclusivamente al Estado miembro de ori- gen. La autorizaci(cid:243)n œnica se concede bajo su responsabili- dad y el Estado miembro de acogida no puede poner en tela de juicio tal concesi(cid:243)n (38). En caso de que el Estado miembro de acogida encuentre motivos para dudar de que se cumplan los mencionados requisitos, puede hacer uso de la facultad prevista en el (36) Directiva 92/49/CEE, art. 37 y considerando 28, y Directiva 92/96/CEE, art(cid:237)culo 17 y considerando 25. (37) Seguros no de vida: art(cid:237)culos: 6, 7, 8 y 9 de la Primera Directiva 73/239/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 4, 5, 6, 7 y art(cid:237)culo 8 de la Directiva 92/49/CEE, y por la Directiva 95/26/CE, (art(cid:237)culo 3). Seguros de vida: art(cid:237)culos 6, 7, 8 y 9 de la Primera Directiva 79/267/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 3, 4, 5, 6, y el art(cid:237)culo 7 de la Directiva 92/96/CEE, y por la Directiva 95/26/CE, (art(cid:237)culo 3). (38) VØase la sentencia de 10. 9. 1996 dictada por el Tribunal sobre un asunto similar en el asunto C-11/95: Comisi(cid:243)n contra BØlgica, (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-4115). El Tribunal consider(cid:243) que el Estado miembro de recepci(cid:243)n no estÆ autorizado a ejercer control alguno sobre la aplicaci(cid:243)n de la normativa del Estado miembro de origen que regula las emisiones de radiodifusi(cid:243)n televisiva, ni sobre la observancia de lo dispuesto en la Directiva 89/552/CEE del Con- sejo («Directiva sobre la televisi(cid:243)n sin fronteras» (DO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23). 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/13 art(cid:237)culo 227 del Tratado, o bien invitar a la Comisi(cid:243)n a que inicie un procedimiento de infracci(cid:243)n con arreglo al art(cid:237)culo 226 del Tratado. ci(cid:243)n de servicios, el riesgo o el compromiso objeto del contrato de seguros debe estar situado en un Estado miem- bro distinto del Estado miembro de establecimiento de la empresa de seguros que cubre el riesgo. 6. Actividades de seguros ejercidas mediante tØcnicas de comunicaci(cid:243)n a distancia, en particular a travØs del co- mercio electr(cid:243)nico. a) La utilizaci(cid:243)n de tØcnicas de comunicaci(cid:243)n a distancia (te- lØfono, fax, prensa, etc. ) y, en particular, el comercio elec- tr(cid:243)nico (por ejemplo: Internet) para la celebraci(cid:243)n de con- tratos de seguros que cubran un riesgo (compromiso) si- tuado en un Estado miembro distinto del de establecimiento del asegurador con quien se celebra el contrato se conside- rarÆ como una actividad de seguros ejercida en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios sin desplazamiento de ambas partes cocontratantes (39). AdemÆs, en la mayor(cid:237)a de los casos se trata de prestaciones de servicios ejercidas de modo estable (40). A tal fin, para determinar el lugar de establecimiento de la empresa de seguros con la que se celebra el citado contrato de seguro, conviene tener en cuenta el Estado miembro de establecimiento del asegurador que ejerce de manera efectiva la actividad aseguradora (sede social, sucursal) y no el lugar en que se encuentren los medios tecnol(cid:243)gicos empleados para prestar el servicio (por ejemplo, el lugar en que se encuentre el servidor de Internet) (41). En la mayor parte de casos, la celebraci(cid:243)n de estos contratos de seguros a travØs de Internet se efectœa por iniciativa del tomador del seguro, que decide establecer contacto y solici- tar, desde su equipo, la celebraci(cid:243)n de un contrato de seguro con una empresa de seguros que estÆ dispuesta a celebrar contratos de seguros por medios electr(cid:243)nicos. Segœn las directivas vigentes sobre seguros, la localizaci(cid:243)n del riesgo (compromiso) cubierto por el contrato de seguro constituye el elemento fundamental para definir quØ rØgi- men debe aplicarse a una operaci(cid:243)n de seguro. Para el resto, la localizaci(cid:243)n del riesgo o el compromiso se efectœa con arreglo a los criterios precisos de localizaci(cid:243)n establecidos por las propias Directivas de seguros (42). Por ello, para que haya una operaci(cid:243)n de seguros en rØgimen de libre presta- (39) VØase los asuntos 262/82 y 26/83, Luisi et Carbone, citado, y C-23/93, TV10, citado (40) VØase mÆs arriba, punto 1 de la secci(cid:243)n I, nota 17. (41) VØase en este sentido la letra c) del art(cid:237)culo 1 de la Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos jur(cid:237)dicos del comercio electr(cid:243)nico en el mercado interior. Asunto C-221/89 (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. 3905). (42) Seguros no de vida: letra d) del art(cid:237)culo 2 de la Segunda Directiva, 88/357/CEE. Seguro de vida: letra e) del art(cid:237)culo de la Directiva 90/619/CEE. A diferencia del sector bancario, en el que la Segunda Directiva, 89/646/CEE, no fija criterios de localizaci(cid:243)n de las acti- vidades bancarias ejercidas en el mercado interior. VØase Comuni- caci(cid:243)n bancaria que da criterios de localizaci(cid:243)n de los servicios bancarios en libre prestaci(cid:243)n de servicios para poder determinar el rØgimen aplicable a estas actividades [(SEC(97) 1193 final de 20. 6. 1997]. La Comisi(cid:243)n considera que habida cuenta de las disposicio- nes vigentes, las actividades de seguros ejercidas por medio del comercio electr(cid:243)nico (por ejemplo, Internet) estÆn suje- tas al rØgimen relativo a la libre prestaci(cid:243)n de servicios de las directivas sobre seguros. Una empresa de seguros que estuviera dispuesta a celebrar a partir de un Estado miembro contratos de seguro a travØs de Internet para cubrir riesgos o compromisos localizados en otros Estados miembros de- ber(cid:237)a seguir el procedimiento de notificaci(cid:243)n previsto para el ejercicio de actividades en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios (43). El actual marco jur(cid:237)dico del mercado œnico de seguros se basa en mecanismos que aœn no han tenido en cuenta la utilizaci(cid:243)n de las nuevas tecnolog(cid:237)as de la sociedad de la informaci(cid:243)n para ejercer actividades aseguradoras en el mer- cado œnico. Por este motivo, la Comisi(cid:243)n ha indicado ya en su Comunicaci(cid:243)n al Consejo sobre el plan de acci(cid:243)n para los servicios financieros (44), que se plantea adoptar un libro verde para examinar si las disposiciones de las directivas vigentes en el Æmbito de los servicios financieros ofrecen el marco normativo propicio para el desarrollo del comercio electr(cid:243)nico de los servicios financieros, al tiempo que ga- rantizan la protecci(cid:243)n (cid:237)ntegra de los intereses de los consu- midores. b) Por el contrario, no puede calificarse como actividad asegu- radora la utilizaci(cid:243)n de las tØcnicas de comercio exterior exclusivamente con fines publicitarios, de informaci(cid:243)n co- mercial o de divulgaci(cid:243)n del renombre de la empresa de seguros. Tal como se indica en la secci(cid:243)n III de la presente Comunicaci(cid:243)n, las Directivas de seguros no exigen que se notifiquen las actividades publicitarias en el Estado miembro de acogida, sino solamente la intenci(cid:243)n de ejercer una acti- vidad aseguradora en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servi- cios en el territorio de otro Estado miembro (45). La Comisi(cid:243)n no cree posible supeditar estas actividades pu- blicitarias y de informaci(cid:243)n a la necesidad de cumplir con el procedimiento de notificaci(cid:243)n previsto en las Terceras Di- rectivas (art(cid:237)culos 34 y ss. ), previsto para ejercer actividades (43) VØanse los art(cid:237)culos 14, 16 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, mo- dificados por los art(cid:237)culos 34, 35, y 36 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguros no de vida, art(cid:237)culos 11, 14, y 17 de la Directiva 88/357/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguro de vida, en lo que respecta al procedimiento relativo a las actividades ejercidas en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios comprendidas en el Æmbito de aplica- ci(cid:243)n de dichas Directivas. (44) COM(1999) 232 de 11. 5. 1999. (45) VØase la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n titulada «Una iniciativa europea en el sector del comercio electr(cid:243)nico», COM(97) 15 final. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo re- lativa a determinados aspectos jur(cid:237)dicos del comercio electr(cid:243)nico en el mercado interior [COM(98) 586 final de 18. 11. 1998] y Pro- puesta modificada [COM(1999) 427 final de 17. 81999]. C 43/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 aseguradoras en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. C. PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURO 7. Varios La Comisi(cid:243)n estima que, presumiblemente, ser(cid:237)a contrario al Derecho comunitario que un Estado miembro obligara a una empresa de seguros que durante un per(cid:237)odo determi- nado hubiera ejercido en su territorio en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios a establecerse para poder proseguir su actividad. B. NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACI(cid:211)N DE LA APERTURA DE UNA SUCURSAL O DEL PROP(cid:211)SITO DE EJERCER ACTIVIDADES EN R(cid:201)GIMEN DE LIBRE PRESTACI(cid:211)N DE SERVICIOS La Comisi(cid:243)n considera que el procedimiento de notificaci(cid:243)n previsto por las Terceras Directivas de coordinaci(cid:243)n (tanto para las sucursales como para la prestaci(cid:243)n de servicios) (46) s(cid:243)lo persigue un objetivo de informaci(cid:243)n mutua de las autori- dades de supervisi(cid:243)n y no constituye una medida de protecci(cid:243)n de los consumidores. No puede ser entendido, en opini(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, como una condici(cid:243)n formal que afecte a la validez de los contratos de seguro celebrados que no hayan observado previamente este procedimiento. En este contexto conviene seæalar que el grupo de expertos encargado de analizar, en el marco de la tercera fase del pro- yecto SLIM, las simplificaciones de la legislaci(cid:243)n europea sobre seguros, ha recomendado que se mantenga vigente el procedi- miento actual de notificaci(cid:243)n para ejercer en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios con las adaptaciones necesarias para permitir a todo asegurador comunitario atender con la rapidez suficiente las solicitudes de cobertura de seguro en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios, sin por ello sustraerse a la obli- gatoriedad de notificaci(cid:243)n (47). La Comisi(cid:243)n acoge favorablemente esta recomendaci(cid:243)n y se ha comprometido a examinar el dispositivo vigente para introdu- cir las adaptaciones que se juzguen œtiles para permitir a todo asegurador de la Comunidad responder a las solicitudes de cobertura de seguros en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servi- cios, en particular en los casos en que, sin notificaci(cid:243)n previa, se solicitan en su territorio para celebrar un contrato de segu- ros en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios (48). La Comi- si(cid:243)n formularÆ las propuestas oportunas en este sentido. (46) VØase el art(cid:237)culo 10 de la Primera Directiva 73/239/CEE, modifi- cada por el art(cid:237)culo 32 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguros no de vida, y el art(cid:237)culo 10 de la Primera Directiva 79/267/CEE, modificada por el art(cid:237)culo 32 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguros de vida, en lo que respecta al procedimiento aplicable en caso de apertura de una sucursal. VØanse los art(cid:237)culos 14, 16 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, mo- dificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguros no de vida, art(cid:237)culos 11, 14 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguros de vida, en lo que respecta al procedimiento relativo a las actividades ejercidas en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios comprendidas en el Æmbito de aplica- ci(cid:243)n de dichas Directivas. (47) Documento COM(1999) 88 final de 25. 2. 1999. (48) Documento COM(1999) 88 final de 25. 2. 1999. Las Terceras Directivas de seguros disponen que las empresas de seguros con domicilio social en un Estado miembro pueden hacer publicidad de sus servicios, por todos los medios de comunicaci(cid:243)n disponibles, en el Estado miembro de la sucursal o de prestaci(cid:243)n del servicio, siempre y cuando respeten las posibles sucursal o de prestaci(cid:243)n del servicio, siempre y cuando respeten las posibles normas que regulen la forma y el conte- nido de dicha publicidad adoptadas por razones de interØs general (49). La Comisi(cid:243)n no cree posible supeditar estas actividades publi- citarias (50) y de informaci(cid:243)n a la necesidad de cumplir con el procedimiento de notificaci(cid:243)n previsto en las Terceras Directi- vas (art(cid:237)culos 34 y siguientes. ) para ejercer actividades asegu- radoras en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. Esta vinculaci(cid:243)n ser(cid:237)a artificial, puesto que no se contempla expresamente en las Terceras Directivas de seguros. Efectiva- mente, los art(cid:237)culos 34 y siguientes de dichas Directivas no exigen que se notifiquen las actividades publicitarias en el Es- tado miembro de acogida, sino la intenci(cid:243)n de ejercer una actividad aseguradora en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servi- cios. La vinculaci(cid:243)n entre la publicidad y el procedimiento de noti- ficaci(cid:243)n previsto con vistas al ejercicio de actividades en rØgi- men de libre prestaci(cid:243)n de servicios podr(cid:237)a, ademÆs, dar lugar a situaciones incoherentes, como lo ser(cid:237)a el caso de una entidad que se viera obligada a enviar una notificaci(cid:243)n a las autoridades de todos los Estados miembros en los que pudiera, en princi- pio, recibirse su publicidad, cuando posiblemente dicha entidad no tuviera intenci(cid:243)n de desarrollar actividades en todos ellos. Por consiguiente, la Comisi(cid:243)n estima que, de conformidad con las Terceras Directivas, toda forma de publicidad, con indepen- dencia del medio utilizado (correo, fax, mensajer(cid:237)a electr(cid:243)nica, etc. ), estÆ exenta del procedimiento de notificaci(cid:243)n contem- plado en los art(cid:237)culos 34 y siguientes de dichas Directivas. Una empresa de seguros œnicamente estarÆ obligada a seguir el citado procedimiento de notificaci(cid:243)n cuando se proponga desarrollar su actividad en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de ser- vicios. Las conclusiones que anteceden se refieren exclusivamente al problema de la publicidad desde una (cid:243)ptica formal, y han de entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a velar por la observancia, en su territorio y de conformidad con el Derecho comunitario vigente, de las normas de interØs ge- neral por ellos impuestas en relaci(cid:243)n con el contenido del mensaje publicitario, con arreglo a lo prevenido en los art(cid:237)culos 41 de las Terceras Directivas. (49) Tercera Directiva sobre seguros no de vida 92/49/CEE), art. 41, y Tercera Directiva sobre seguros de vida 92/96/CEE), art(cid:237)culo 41. (50) Se entiende por publicidad «toda forma de comunicaci(cid:243)n realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la pres- taci(cid:243)n de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones» (Directiva 84/450/CEE, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engaæosa (DO L 250 de 19. 9. 1984, p. 17). VØase asimismo la propuesta modificada de Directiva del Par- lamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jur(cid:237)dicos del comercio electr(cid:243)nico en el mercado interior, citada, letra e) del art(cid:237)culo 2 (comunicaciones comerciales). 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/15 II. EL INTER(cid:201)S GENERAL EN LAS TERCERAS DIRECTIVAS DE SEGUROS (cid:151) APLICABILIDAD DE LAS NORMAS DE INTER(cid:201)S GENERAL Las Terceras Directivas de seguros, que remiten a la jurispru- dencia del Tribunal de Justicia y contienen numerosas referen- cias al concepto de interØs general, establecen que la empresa de seguros que se acoja al rØgimen de autorizaci(cid:243)n œnica de- berÆ respetar las normas de interØs general, del pa(cid:237)s de acogida. Dicho respeto se exige tanto en el marco espec(cid:237)fico de la libertad de establecimiento (apartado 4 del art(cid:237)culo 32 de la Directiva 92/49/CEE y apartado 4 del art(cid:237)culo 32 de la Direc- tiva 92/96/CEE), como indistintamente (art(cid:237)culos 28 y 41 de la Directiva 92/49/CEE y art(cid:237)culos 28 y 41 de la Directiva 92/96/CEE), de forma que se engloba tambiØn la prestaci(cid:243)n de servicios. 1. La noci(cid:243)n de interØs general en las Terceras Directivas de seguros Las Terceras Directivas de seguros hacen referencia en diver- sos momentos a la noci(cid:243)n de interØs general: a) En el caso de creaci(cid:243)n de una sucursal, el Estado miembro de acogida dispone de un plazo de dos meses, a partir de la recepci(cid:243)n de la comunicaci(cid:243)n que le haya enviado el Estado miembro de origen, para indicar a la empresa de seguros las condiciones en las que, por razones de interØs general, de- berÆn ejercerse sus actividades en el Estado miembro de la sucursal. (art(cid:237)culos 10 de las Directivas 73/239/CEE y 79/267/CEE modificados por los art(cid:237)culos 32 de las Direc- tivas 92/49/CEE y 92/96/CEE) b) En lo que respecta a la comercializaci(cid:243)n de contratos de seguro, el Estado miembro del compromiso o de localiza- ci(cid:243)n del riesgo debe permitir la celebraci(cid:243)n de contratos de seguro (de vida o no de vida) con empresas de seguros autorizadas en otros Estados miembros, en rØgimen de esta- blecimiento o de libre prestaci(cid:243)n de servicios, siempre que dichos contratos no contravengan las disposiciones legales de interØs general vigentes en (el Estado miembro del com- (art(cid:237)culo 28 de la promiso o de localizaci(cid:243)n del riesgo) Directiva 92/49/CEE y la Directiva 92/96/CEE). art(cid:237)culo 28 de c) En el caso de seguros de enfermedad suscritos para reem- plazar la cobertura obligatoria prestada por un rØgimen legal de seguridad social, el art(cid:237)culo 54 de la Tercera Direc- tiva sobre seguro no de vida (92/49/CEE) estipula que todo Estado miembro en el que los contratos de seguro de enfer- medad constituyan una alternativa parcial o total a la co- bertura sanitaria prestada por un rØgimen legal de la segu- ridad social, podrÆ exigir que el contrato cumpla las dispo- siciones legales que protegen, en ese Estado miembro, el interØs general relativo a dicho ramo de seguro. AdemÆs, puede exigir que, con carÆcter previo a la comercializaci(cid:243)n, se notifiquen las condiciones de seguro aplicables (51). d) Por œltimo, una empresa de seguros autorizada en su Estado miembro de origen puede hacer publicidad de sus servicios por todos los medios de comunicaci(cid:243)n disponibles en el Estado miembro de la sucursal o de prestaci(cid:243)n de servicios, siempre y cuando respete las posibles normas que regulen la forma y el contenido de dicha publicidad, adoptadas por razones de interØs general (art(cid:237)culo 41 de la Directiva 92/49/CEE y art(cid:237)culo 41 de la Directiva 92/96/CEE). El objetivo principal de las Directivas de seguros es permitir que las empresas de seguros autorizadas en un Estado miembro ejerzan sus actividades de seguros en todo el te- rritorio de la Uni(cid:243)n Europea, ya sea en rØgimen de estable- cimiento o en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. Estas disposiciones se aplican a toda empresa de seguros que, haciendo uso de la autorizaci(cid:243)n œnica expedida en su Estado miembro de origen, ejerza la actividad aseguradora en otros Estados miembros. Efectivamente, el legislador comunitario no estableci(cid:243) ninguna distinci(cid:243)n entre el rØgimen de sucur- sal y el de prestaci(cid:243)n de servicios (52). Las diferencias que establecen s(cid:243)lo afectan al procedimiento de notificaci(cid:243)n, que es mÆs detallado para la creaci(cid:243)n de una sucursal (art(cid:237)culo 32 de la Directiva 92/49/CEE, art(cid:237)culo 32 de la Directiva 92/96/CEE) que para el ejercicio de la actividad aseguradora en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios (art(cid:237)culos 34 y siguientes de las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE) (53). Los considerandos 19 de la Directiva 92/49/CEE y 20 de la Directiva 92/96/CEE seæalan que el Estado miembro de acogida debe: (51) Cabe recordar al respecto que, cuando la tØcnica del seguro de enfermedad es anÆloga a la del seguro de vida, el apartado 2 del art(cid:237)culo 54 de la Tercera Directiva 92/49/CEE fija ya las condicio- nes que pueden exigirse a las aseguradoras que desarrollen esa actividad. En lo que ataæe al seguro obligatorio de accidentes laborales, los Estados miembros afectados pueden exigir a las empresas de segu- ros el cumplimiento de las disposiciones espec(cid:237)ficas previstas por su legislaci(cid:243)n nacional en relaci(cid:243)n con ese seguro, salvo en lo concerniente a las disposiciones sobre control financiero, que son siempre de la exclusiva competencia del Estado miembro de origen (art(cid:237)culo 55 de la Directiva 92/49/CEE). (52) Cabe recordar que el principio de reconocimiento mutuo, que se aplica de manera uniforme para las sucursales y los proveedores de servicios, no supone una innovaci(cid:243)n introducida por las Terceras Directivas de seguros, sino que figura tambiØn en las demas direc- tivas sobre los servicios financieros. Segunda Directiva bancaria, 89/646/CEE (DO L 386 de 30. 12. 1989, cuya œltima modificaci(cid:243)n la constituye la Directiva 92/30/CEE (DO L 110 de 28. 4. 1992, p. 2), Directiva 93/22/CEE sobre los servicios de inversi(cid:243)n en valores mobiliarios (DO L 141 de 11. 6. 1993, p. 27). (53) Cabe precisar que la aplicaci(cid:243)n del principio de autorizaci(cid:243)n œnica y control por el Estado miembro de origen no afecta a la aplica- ci(cid:243)n de otros Æmbitos del ordenamiento jur(cid:237)dico nacional del Es- tado miembro de acogida, como, por ejemplo, las legislaciones en materia fiscal, de seguridad social o laboral, en virtud de las cuales puede darse un tratamiento diferenciado a las empresas comunita- rias, segœn la modalidad escogida para ejercer sus actividades, esto es, si se trata de una libre prestaci(cid:243)n de servicios o del rØgimen de establecimiento. De cualquier modo, la compatibilidad de esas dis- posiciones con el derecho comunitario se apreciarÆ siempre con arreglo a los criterios jurisprudenciales establecidos en relaci(cid:243)n con el interØs general, es decir, ninguna discriminaci(cid:243)n ni duplicaci(cid:243)n, necesidad, proporcionalidad, etc. C 43/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 «. velar para que no exista obstÆculo alguno que impida que los productos de seguros ofrecidos en la Comunidad puedan ser comercializados en su territorio, siempre y cuando no sean contrarios a las disposiciones legales de interØs general en vigor en el Estado miembro en el que estØ localizado el riesgo y en la medida en que el interØs general no quede salvaguardado por las normas del Estado miembro de origen, siempre que tales disposiciones se apli- quen de forma no discriminatoria a toda empresa que opere en dicho Estado miembro y sean objetivamente necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido». Dado que los considerandos de una directiva tienen un valor jur(cid:237)dico de carÆcter interpretativo, permiten al lector cono- cer el prop(cid:243)sito del legislador comunitario (54). La Comisi(cid:243)n considera que una empresa de seguros que desarrolle su actividad al amparo del rØgimen establecido por las Directivas de seguros s(cid:243)lo podr(cid:237)a verse obligada a adaptar sus servicios a la reglamentaci(cid:243)n del pa(cid:237)s de acogida si las medidas que se le impusieran fuesen de interØs general, tanto si actœa a travØs de una sucursal como si lo hace en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. Este enfoque ha sido, por lo demÆs, corroborado por la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, que ha dic- taminado que lo œnico que puede restringir o dificultar el ejercicio de las dos libertades fundamentales, esto es, la libre prestaci(cid:243)n de servicios (55) y el derecho de establecimien- to (56), son las normas de interØs general. Sin embargo, las Directivas de seguros no contienen definici(cid:243)n alguna del interØs general y se limitan a recordar en sus considerandos las exigencias que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia impone a la noci(cid:243)n de interØs general. Ello obedece a que se trata de una construcci(cid:243)n jurisprudencial del Tribunal de Justicia de carÆcter evolutivo y no cerrado y permite apre- ciar la conformidad con el Derecho comunitario de una medida nacional perteneciente a un Æmbito no armonizado a escala comunitaria que constituya un impedimento al ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre pres- taci(cid:243)n de servicios. En los Æmbitos no armonizados, el al- cance del interØs general depende en primer lugar de la apreciaci(cid:243)n de los Estados miembros y puede variar consi- (54) VØase, en particular, la sentencia de 11. 4. 1973, Michel, asunto 76/72 (Recopilaci(cid:243)n 1973, p. 457); asunto C-238/94: Garc(cid:237)a (Re- copilaci(cid:243)n 1996, p. I-1673). (55) VØase el anÆlisis contenido en la Comunicaci(cid:243)n interpretativa de la Comisi(cid:243)n sobre la libre circulaci(cid:243)n transfronteriza de servicios (DO C 335 de 9. 12. 1993, p. 3) y la Comunicaci(cid:243)n interpretativa de la Comisi(cid:243)n sobre la libre prestaci(cid:243)n de servicios y el interØs general en la Segunda Directiva Bancaria [SEC(97) 1193 de 26. 6. 1997]. (56) Sentencia de 30. 11. 1995, Gebhard, vØase la nota 6. VØase asimismo la sentencia de 31. 3. 1993, asunto C-19/92: Kraus; (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-1663). Sentencia de 9. 3. 1999; asunto C-212/97: Centros, (Recopilaci(cid:243)n 1999, p. I-145). derablemente de un pa(cid:237)s a otro, en funci(cid:243)n de las tradicio- nes nacionales y de los objetivos de los Estados miembros. Procede, por tanto, remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia. 2. La noci(cid:243)n de interØs general a) Principios jurisprudenciales (57) La noci(cid:243)n de interØs general surge de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Se desarroll(cid:243), en primer lugar, en relaci(cid:243)n con la libre circulaci(cid:243)n de bienes y servicios para apliarse tambiØn posteriormente al derecho de estable- cimiento (58). No obstante, el Tribunal no ha fijado en ningœn momento una definici(cid:243)n del interØs general, prefiriendo mantener el carÆcter evolutivo de la misma. Se ha pronunciado, en cada caso, sobre la posibilidad de considerar que una medida nacional determinada persigue un objetivo imperioso de interØs general, y ha establecido los argumentos que permi- ten evaluar si un Estado miembro puede imponer tal me- dida a un operador econ(cid:243)mico, nacional de otro Estado miembro, que trabaje en el territorio del primero. No obs- tante, el Tribunal ha precisado las estrictas condiciones que deben cumplir las medidas nacionales que persiguen un objetivo imperioso de interØs general para que les puedan ser impuestas (59). El Tribunal de Justicia exige que, para que una disposici(cid:243)n nacional pueda obstaculizar o limitar vÆlidamente el ejerci- cio del derecho de establecimiento y de la libre prestaci(cid:243)n de servicios, es preciso que satisfaga los criterios siguientes: (cid:151) referirse a un Æmbito no armonizado, (cid:151) perseguir un objetivo de interØs general, (57) El anÆlisis de la Comisi(cid:243)n estÆ, l(cid:243)gicamente, sujeto a variaciones en funci(cid:243)n de la evoluci(cid:243)n de la jurisprudencia del Tribunal en la materia. (58) Asunto C-55/94: Gebhard, citado. Resulta oportuno indicar que la sentencia dictada en el asunto Gebhard se refiere a un Æmbito (acceso a la actividad profesional de abogado) en el que la armo- nizaci(cid:243)n de las condiciones de acceso y de ejercicio son muy limitadas, si se compara con el ejercicio de la actividad de seguros. En este œltimo sector, las citadas condiciones han sido objeto de una gran armonizaci(cid:243)n, por lo que la posibilidad de recurrir a normas de interØs general son mucho menores. En cambio, por lo que se refiere a la legislaci(cid:243)n aplicable al con- trato de seguros, Æmbito no armonizado por el Derecho derivado comunitario, los Estados miembros disponen de un margen dis- crecional mucho mayor. Es sobre todo en este Æmbito en el que cabe aplicar los «criterios sobre el interØs general». (59) VØase la sentencia Gebhard, citado, en la que el Tribunal declar(cid:243) que «. las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garan- tizadas por el Tratado deben cumplir cuatro condiciones: que se apliquen de manera no discriminatoria, que se justifiquen por razones imperiosas de interØs general, que garanticen la realizaci(cid:243)n del objetivo que persiguen y no vayan mÆs allÆ de lo necesario para alcanzar dicho objetivo». Posteriormente, el Tribunal confirm(cid:243) esta jurisprudencia en las sentencias dictadas en los asuntos C-415-93: «Bosman» (Recopilaci(cid:243)n 1995, p. I-4921), y C-250-95: «Futura» (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. I-2471). 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/17 (cid:151) no ser discriminatoria, (cid:151) ser objetivamente necesaria, (cid:151) ser proporcional al objetivo buscado, La imposici(cid:243)n, por un Estado miembro, por motivos que considera de interØs general, a una empresa de se- guros comunitaria que opere en su territorio, de un nivel de protecci(cid:243)n del consumidor mÆs estricto que el fijado por las medidas comunitarias m(cid:237)nimas, para ser conforme al Derecho comunitario, deber(cid:237)a cumplir el criterio de proporcionalidad. (cid:151) es preciso, asimismo, que el interØs general no estØ salvaguardado por las disposiciones a las que estØ ya sujeto el proveedor de servicios en el Estado miembro en el que estØ establecido. b) la medida persigue un objetivo de interØs general Hasta la fecha, el Tribunal ha reconocido que, si no se han armonizado, los Æmbitos siguientes pueden ser de interØs general (62): Estos criterios son acumulativos. Por consiguiente, una norma nacional debe cumplirlos todos para ser conforme a los principios de la libre circulaci(cid:243)n. Si alguno de ellos no se cumpliera, la disposici(cid:243)n no se considerar(cid:237)a conforme al derecho comunitario. El concepto de interØs general constituye una excepci(cid:243)n a los principios fundamentales del Tratado en materia de libre circulaci(cid:243)n y, en consecuencia, debe interpretarse res- trictivamente, de manera que no se recurra al mismo en exceso o de manera abusiva. De cualquier modo, corres- ponde al Estado miembro que impone la restricci(cid:243)n aportar la prueba de que la medida cumple las citadas condiciones. b) AnÆlisis de los criterios de la noci(cid:243)n de interØs general a) La medida se refiere a un Æmbito no armonizado Las Directivas de armonizaci(cid:243)n definen el alcance m(cid:237)- nimo del interØs general comunitario. Por ejemplo, las normas relativas al cÆlculo de las provisiones tØcnicas y el margen de solvencia, sobre las condiciones de acceso a la actividad de seguro, sobre el control financiero y cautelar no pueden ya supeditarse al interØs general de un Estado miembro. Cuando las referidas normas armonizadas no constitu- yan sino requisitos m(cid:237)nimos, los Estados miembros ten- drÆn entera libertad para imponer normas mÆs estrictas a sus propias empresas de seguros que las previstas en las Directivas (60). En cuanto a las Directivas sobre segu- ros es el caso por ejemplo de las disposiciones relativas a las normas de inversi(cid:243)n o de diversificaci(cid:243)n de las saldos representativos de las provisiones tØcnicas. Por este mo- tivo las Terceras Directivas sobre seguros indican que en la medida en que algunas de sus disposiciones definen requisitos m(cid:237)nimos, «el Estado miembro de origen puede definir normas mÆs etrictas para las empresas de seguros autorizadas por sus propias autoridades competen- tes» (61). (60) Sentencia de 12. 12. 1996, RTI, asuntos acumulados C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 y C-339/94 (Recopila- ci(cid:243)n 1996; p. I-6471), que supedita la imposici(cid:243)n de requisitos m(cid:237)nimos al respeto del Tratado. (cid:151) las normas profesionales destinadas a proteger al distinatario de los servicios (63), (cid:151) la protecci(cid:243)n de los trabajadores (64), comprendida la seguridad social (65), (cid:151) la protecci(cid:243)n de los consumidores (66), (cid:151) la protecci(cid:243)n de la buena reputaci(cid:243)n del sector fi- nanciero nacional (67), (cid:151) la prevenci(cid:243)n del fraude (68), (cid:151) el orden social (69), (cid:151) la protecci(cid:243)n de la propiedad intelectual (70), (cid:151) la conservaci(cid:243)n del patrimonio hist(cid:243)rico y art(cid:237)stico nacional (71), (cid:151) la pol(cid:237)tica cultural y la salvaguarda de la diversidad cultural en el sector audiovisual (72), (cid:151) la coherencia fiscal (73), (62) A la lista deben aæadirse, con mayor motivo, las disposiciones del la seguridad pœblica y la art(cid:237)culo 46, a saber, el orden pœblico, sanidad pœblica. (63) Sentencia de 18. 1. 1979, Van Wesemael, asunto 110/78 y 111/78 (Recopilaci(cid:243)n 1979, p. 35). (64) Sentencia de 17. 12. 1981, Webb, ya citada. (65) Sentencia de 28. 3. 1996, asunto C-272/94: Guiot (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-1905). (66) Sentencia de 4. 12. 1986, asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alema- nia, ya citada. (67) Sentencia de 10. 5. 1995, Alpine Investments BV, asunto C-384/93, ya citada. (68) Sentencia de 24. 3. 1994, asunto C-275/92: Schindler (Recopilaci(cid:243)n 1994, p. I-1039). (69) Ibid. (70) Asunto 62/79: Coditel (Recopilaci(cid:243)n 1980, p. 881). (71) Asunto C-180/89: Comisi(cid:243)n contra Italia (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. 709). (72) Sentencias de 25 de julio de 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (asunto C-288/89 (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-4007) y Comi- si(cid:243)n contra Pa(cid:237)ses Bajos (C-353/89 (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-4069); sentencia de 3 de febrero de 1993, Veronica Omroep Organisatie (C-148/91 (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-487). (61) Octavo considerando que la Tercera Directiva 92/49/CEE y noveno (73) Sentencia de 28. 1. 1992, asunto C-204/90: Bachmann (Recopilaci(cid:243)n considerando de la Tercera Directiva 92/96/CEE. 1992, p. 249). C 43/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 (cid:151) la seguridad viaria (74), (cid:151) la protecci(cid:243)n de los acreedores (75), (cid:151) la lealtad de las transacciones comerciales (76), y (cid:151) la protecci(cid:243)n de la buena administraci(cid:243)n de justi- cia (77), No se trata de una lista definitiva y el Tribunal se reserva la posibilidad de modificarla. c) la medida nacional no sea discriminatoria Cuando las restricciones sean discriminatorias, es decir, cuando un Estado miembro imponga a una empresa de seguros comunitaria medidas que no imponga, o que imponga de forma mÆs ventajosa, a sus propias empre- sas de seguros, s(cid:243)lo podrÆn justificarse por alguna de las razones citadas en el art(cid:237)culo 46 del Tratado (orden pœblico, seguridad y sanidad pœblicas (78), y no por eco- n(cid:243)micas (79). Por otra parte, esta noci(cid:243)n debe interpre- tarse de manera muy estricta. En este caso, no cabe invocar las normas de interØs general para justificar la compatibilidad de esta medida nacional con el ordenamiento jur(cid:237)dico comunitario. Es dif(cid:237)cil saber quØ medidas, en materia de seguros, podr(cid:237)an cumplir la condici(cid:243)n de representar una seria amenaza para la sociedad. Cabe, por tanto, pensar que, en este Æmbito, habr(cid:237)a escasas posibilidades de justificar medidas discriminatorias. preguntarse si proteger dicho interØs. la misma es realmente necesaria para En determinadas sentencias, el Tribunal de Justicia ha estimado que cierta norma nacional, invocada por el Estado de acogida con un objetivo declarado de interØs general, en este caso concreto la protecci(cid:243)n del consu- midor, no era apta, en definitiva, para garantizar tal protecci(cid:243)n (80). El Tribunal ejerce de este modo un con- trol tendente a comprobar si, so pretexto de perseguir un objetivo de protecci(cid:243)n del destinatario del servicio, por ejemplo al consumidor, determinadas medidas no persiguen, en realidad, objetivos menos nobles, como la protecci(cid:243)n del mercado nacional. e) la medida nacional debe ser proporcional al objetivo que se persigue Por œltimo, es preciso preguntarse si no hay medios menos restrictivos para alcanzar el objetivo de interØs general que se persigue. El Tribunal comprueba, por sistema, si el Estado miembro no puede aplicar medidas menos restrictivas para el comercio (81). Al efectuar un anÆlisis comparado de las legislaciones de otros Estados miembros con vistas a tal comprobaci(cid:243)n, puede ocurrir que el Tribunal concluya que existen medidas menos restrictivas para garantizar la protecci(cid:243)n del consumi- dor (82). No obstante, el Tribunal ha estimado asimismo que «el hecho de que un Estado miembro imponga dis- posiciones menos rigurosas que las impuestas por otro Estado miembro no significa que estas œltimas sean des- proporcionadas y, por lo tanto, incompatibles con el Derecho comunitario» (83). d) sea objetivamente necesaria Aun cuando el Estado miembro de acogida justifique la medida adoptada basÆndose en el interØs general, cabe (74) Sentencia de 5. 10. 1994, asunto c-55/93: Johannis Gerrit (Recopi- laci(cid:243)n 1994, p. I-4837). (75) Sentencia de 12. 12. 1996, asunto c-3/95: Reiseb(cid:252)ro Broede (Reco- pilaci(cid:243)n 1996, p. I-6511). (76) Sentencia de 10. 5. 1995, Alpine Investments BV, asunto C-384/93, citada. Senencia de 25 de julio de 199, Collectieve Antennevoor- ziening Gouda (asunto C-288/89 (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-4007. (77) Ibd. (78) Vease la sentencia de 4. 5. 1993, Federaci(cid:243)n de Distribuidores Cine- matogrÆficos, asunto C-17/92 (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-2239), en la que el Tribunal seæala que la protecci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica cultural no constituye una justificaci(cid:243)n que figure entre las previstas en el art(cid:237)culo 46 del Tratado. VØase la sentencia de 29. 4. 1999, asunto C-224/97: Ciola (Recopilaci(cid:243)n 1999, p. I-2517) apartados 16-17. (79) Asunto 352/85 (Recopilaci(cid:243)n 1988, p. 2085); asunto C-17/92 (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-2239); asunto C-484/93: Svesson (Reco- pilaci(cid:243)n 1995, p. I-3955). De acuerdo con el Tribunal, esta noci(cid:243)n supone la existencia, al margen de la alteraci(cid:243)n del orden social que representa toda infracci(cid:243)n de la ley, la existencia de una ame- naza real y suficientemente grave que afecta a un interØs funda- mental de la sociedad (asunto 30/77: Boucherau (Recopilaci(cid:243)n 1977, p. 1999); asunto C-114-97: Comisi(cid:243)n contra Espaæa (Reco- pilaci(cid:243)n 1998, p. I-6717). En el supuesto de que el Estado miembro de acogida invoque la protecci(cid:243)n del destinatario del servicio para justificar una medida nacional que comporte restriccio- nes para una empresa de seguros que disfrute de reco- nocimiento mutuo, conviene preguntarse hasta quØ punto es necesaria tal protecci(cid:243)n. En su sentencia en el asunto Comisi(cid:243)n contra Alemania (seguros), de 4 de diciembre de 1986 (84), el Tribunal declar(cid:243) que «pueden existir casos en que, por raz(cid:243)n del carÆcter del riesgo asegurado y del tomador del seguro, no haya ninguna necesidad de proteger a Øste mediante la aplicaci(cid:243)n de las normas imperativas de su Derecho nacional». (80) Asunto C-410/96: Ambry (Recopilaci(cid:243)n 1998, p. I-7875); asunto C-76/90: Denemeyer, citado, asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Ale- mania (Recopilaci(cid:243)n 1986, p. 3755). (81) VØase, en œltimo lugar, la sentencia de 6. 6. 1996, Comisi(cid:243)n contra Italia («SIM»), asunto C-101/94 (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-2691). VØase asimismo la sentencia de 10. 5. 1995, Alpine Investments, asunto C-384/93, citada. (82) Sentencia de 18. 5. 1993, Yves Rocher, asunto C-129/91 (Recopila- ci(cid:243)n 1993, p. I-2361). (83) Sentencia de 10. 5. 1995, Alpine Investments BV, asunto C-384/93, citada. (84) Asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alemania, ya citado. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/19 Las directivas de seguros siguen esta jurisprudencia, y tienen ya en cuenta la naturaleza y las circunstancias espec(cid:237)ficas del tomador del seguro para imponer deter- minadas restricciones para garantizar su protecci(cid:243)n. As(cid:237), la distinci(cid:243)n establecida en el seguro no de vida entre los «grandes riesgos» y los «riesgos de masa» (85), o el alcance de las disposiciones relativas a los requisitos de informa- ci(cid:243)n de los tomadores de seguros (86) o del derecho de rescisi(cid:243)n de un contrato de seguro de vida (87). la Comisi(cid:243)n considera que, al As(cid:237) pues, imponer sus normas de interØs general, los Estados miembros debe- rÆn distinguir en funci(cid:243)n de que los destinatarios de los servicios sean personas suficientemente informadas o no, as(cid:237) como tomar en consideraci(cid:243)n el grado de vulne- rabilidad de las personas cuya protecci(cid:243)n se proponer garantizar. Por ejemplo, el Estado miembro de acogida no deber(cid:237)a imponer normas particulares basadas en el intØres gene- ral a los servicios de seguros que cubran «grandes ries- gos» o los tomadores de seguros sofisticados o profesio- nales (por ejemplo, profesionales de las finanzas), por lo menos en lo que respecta a la protecci(cid:243)n de los asegu- rados. En el caso, resultar(cid:237)a particularmente dif(cid:237)cil que se cumpliera el criterio de proporcionalidad. f) es preciso, asimismo, que el interØs general no estØ salvaguar- dado por las disposiciones a las que estØ ya sujeto el proveedor de servicios en el Estado miembro en el que estØ establecido. En este apartado es preciso comprobar si la empresa de seguros de crØdito no estÆ ya sujeta, en su Estado miem- bro de origen, a disposiciones anÆlogas o comparables, destinadas a proteger el mismo interØs (88). En el marco de las Directivas de seguros, este criterio podr(cid:237)a ser importante, sobre todo, a la hora de evaluar la compatibilidad de las medidas impuestas por el Estado miembro de acogida en el ejercicio de sus propias com- petencias. Este requisito exigirÆ, por ejemplo, que se comprobara hasta quØ punto determinados controles impuestos por (85) Letra d) del art(cid:237)culo 5 de la Directiva 73/239/CEE, modificada por las Directivas 88/357/CEE y 90/618/CEE. (86) Seguro no de vida: vØase la Directiva 92/49/CEE; art(cid:237)culos 31 (la informaci(cid:243)n precontractual exigida debe proporcionarse a los to- madores que sean personas f(cid:237)sicas) y 43 (limitaci(cid:243)n de esta infor- maci(cid:243)n a los «riesgos de masa»). (87) S(cid:243)lo se reconoce el derecho a rescindir un contrato de seguros al tomador de un seguro de vida individual y los Estados miembros pueden no aplicar tal derecho a los tomadores de seguros que no necesitan esta protecci(cid:243)n especial en raz(cid:243)n de su situaci(cid:243)n o de las condiciones de celebraci(cid:243)n del contrato (vØase el art(cid:237)culo 15 de la Directiva 90/619/CEE modificado por el art(cid:237)culo 30 de la Directiva 92/96/CEE). (88) Asunto 205/84: Comisi(cid:243)n contra Alemania, ya citado; asunto asunto C-76/90: Denemeyer, citado. el Estado miembro de acogida no se han efectuado ya en el pa(cid:237)s de origen y hasta quØ punto la informaci(cid:243)n contable cautelar, estad(cid:237)stica o financiera no se ha faci- litado anteriormente a la autoridad competente del mis- mo. c) Otras consideraciones La inclusi(cid:243)n de partes enteras de la legislaci(cid:243)n nacional en la lista de disposiciones de interØs general podr(cid:237)a ser un uso abusivo que de este concepto hacen algunos Estados miem- bros. Diversos Estados miembros tienden a calificar de nor- mas de interØs general la totalidad de su legislaci(cid:243)n sobre protecci(cid:243)n del consumidor o de su legislaci(cid:243)n tributaria y mercantil y de su legislaci(cid:243)n en materia de competencia. A juicio de la Comisi(cid:243)n, los principios de necesidad, no du- plicaci(cid:243)n y proporcionalidad implican que los Estados miembros indiquen, en el momento de la aprobaci(cid:243)n, si se trata de futura legislaci(cid:243)n o, en su caso, en el momento de efectuar la comunicaci(cid:243)n de los condiciones contem- plads en el apartado 4 del art(cid:237)culo 32 de las Directivas las disposiciones concretas que 92/49/CEE y 92/96/CEE, puedan ser de interØs general. No obstante, aunque el razonamiento y las cuestiones plan- teadas sean las mismas tanto si la entidad opera mediante una sucursal como si se acoge al rØgimen de prestaci(cid:243)n de servicios, la evaluaci(cid:243)n de la porporcionalidad de una res- tricci(cid:243)n puede ser diferente, en determinados casos, segœn el sistema empleado. Habida cuenta de que no tienen la misma naturaleza la prestaci(cid:243)n de servicios y el estableci- miento, es mÆs fÆcil que se considere proporcionada una restricci(cid:243)n si afecta a un operador que actœe de forma permanente en un territorio que si afecta a este mismo operador, pero Øste actœa œnicamente con carÆcter tempo- ral. AdemÆs, el Tribunal ha reconocido esta diferencia al con- siderar que cabe aplicar al proveedor de servicios una nor- mativa menos restrictiva y mÆs «flexible» que la aplicable al establecimiento (89). AdemÆs, la jurisprudencia insiste cons- tantemente en que el apartado 3 del art(cid:237)culo 50 del Trata- do: «no implica que toda normativa nacional aplicable a los nacionales del Estado miembro destinatario de la presta- ci(cid:243)n, y que contempla normalmente una actividad perma- nente de las empresas establecidas en el mismo, pueda aplicarse (cid:237)ntegramente y de la misma manera a las activi- dades de carÆcter temporal ejercidas por empresas estable- cidas en otros Estados miembros» (90). (89) El Tribunal ha recordado de forma reiterada que un Estado miem- bro «no puede supeditar la prestaci(cid:243)n de servicios en su territorio a la observancia de todos los requisitos exigidos para el estableci- miento, bajo pena de privar de eficacia a las disposiciones del Tratado destinadas precisamente a garantizar la libre prestaci(cid:243)n de servicios». Sentencia de 25. 7. 1991, S(cid:228)ger, ya citda. VØase tam- biØn la sentencia de 26. 2. 1991, Comisi(cid:243)n contra Grecia, asunto C-198/89 (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-735). (90) Sentencia de 4. 12. 1986, Comisi(cid:243)n contra Alemania, ya citada. VØase asimismo la sentencia de 17. 12. 1981, Webb, asunto 279/80 (Recopilaci(cid:243)n 1981, p. 3305). C 43/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 La misma restricci(cid:243)n impuesta invocando el interØs general podr(cid:237)a, segœn el caso, ser considerada proporcionada res- pecto a una sucursal y desproporcionada respecto a un proveedor de servicios. La Comisi(cid:243)n considera, por ejem- plo, que los Estados miembros que, aduciendo razones de interØs general, impongan determinados trÆmites a las em- presas de seguros (controles, inscripci(cid:243)n en registros, gas- tos, comunicaci(cid:243)n de datos, etc. ) deber(cid:237)an tener en cuenta el modo de actuaci(cid:243)n elegido por la empresa que opere en su territorio al amparo del reconocimiento mutuo. Con todo, no parece que esta distinci(cid:243)n pueda aplicarse en lo que se refiere a las normas de protecci(cid:243)n del consumidor (siempre y cuando, claro estÆ, Østas cumplan los demÆs criterios). La exigencia de protecci(cid:243)n del consumidor debe ser idØntica tanto si el servicio se presta en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n como si se presta mediante establecimiento. 3. Aplicaci(cid:243)n de estos principios al sector asegurador Una vez establecidas las principales caracter(cid:237)sticas del con- la Comisi(cid:243)n considera oportuno cepto de interØs general, dar su interpretaci(cid:243)n del mismo, aplicado al sector de segu- ros, con algunos ejemplos de medidas que pudieran impo- nerse a un operador econ(cid:243)mico en el ejercicio de su dere- cho de establecimiento y de libre prestaci(cid:243)n de servicios. Una vez mÆs, es preciso aclarar que esta interpretaci(cid:243)n se indica sin perjuicio de la que pueda dar el Tribunal de Justicia, competente en œltima instancia para la interpreta- ci(cid:243)n del Tratado y del derecho derivado. Esas normas pue- den referirse, por ejemplo, a lo siguiente: a) notificaci(cid:243)n previa de las condiciones de las p(cid:243)lizas, b) operaciones de capitalizaci(cid:243)n realizadas por las empre- sas de seguros, c) sistemas uniformes obligatorios de bonus-malus d) lengua del contrato de seguro, e) c(cid:243)digos de conducta profesionales, k) modalidades establecidas por el Estado miembro de acogida para el cobro de los impuestos indirectos sobre las primas de los contratos de seguro suscritos en rØ- gimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios: designaci(cid:243)n de un representante fiscal del asegurador. a) Notificaci(cid:243)n previa de las condiciones de seguro Las Terceras Directivas proh(cid:237)ben de manera expresa cual- quier control material previo y sistemÆtico de las p(cid:243)lizas de seguro y los documentos contractuales (91), independien- temente de la denominaci(cid:243)n asignada al sistema empleado por las autoridades nacionales, y ya se trate de la autoriza- ci(cid:243)n previa de los contratos y las tarifas, de la mera notifi- caci(cid:243)n sistemÆtica con autorizaci(cid:243)n tÆcita o del mero dep(cid:243)- sito previo de esos documentos. En adelante, s(cid:243)lo estÆ per- mitido el control previo o sistemÆtico en los casos en que as(cid:237) lo contemplen de manera expresa las directivas comuni- tarias. Es el caso, por ejemplo, del seguro obligatorio (as(cid:237), el seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso de veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles (92) o de los seguros de enfermedad suscritos en sustituci(cid:243)n de un rØgimen legal de seguridad social (93), de los que los Estados miembros pueden exigir, previamente a su utilizaci(cid:243)n, la comunicaci(cid:243)n de las condi- ciones generales de estos seguros, pero en ningœn caso su aprobaci(cid:243)n. En cuanto al seguro de vida, el Estado miembro de origen puede exigir la notificaci(cid:243)n sistemÆtica de las bases tØcnicas utilizadas para calcular las tarifas y las provi- siones tØcnicas (94). Al margen de estos casos concretos, y para controlar que las p(cid:243)lizas comercializadas en su territorio cumplan las dispo- siciones de interØs general aplicables a los contratos de se- guro, los Estados miembros pueden œnicamente recurrir a sistemas de control a posteriori y no sistemÆticos de las condiciones de seguro, y en ningœn caso debe imponerse a la empresa esta exigencia como condici(cid:243)n previa al ejer- cicio de su actividad. El legislador comunitario ha estable- cido quØ sistemas de control material pueden utilizar los Estados miembros, y en quØ condiciones pueden hacerlo; se trata, pues, de un aspecto armonizado a escala comuni- taria. f) g) tipos de interØs tØcnico mÆximos en materia de seguro de vida, imposici(cid:243)n de condiciones-tipo o condiciones m(cid:237)nimas de seguro, h) clÆusulas que establecen franquicias obligatorias en los contratos de seguro, No obstante, algunos Estados miembros siguen exigiendo la notificaci(cid:243)n previa de esa informaci(cid:243)n. En la mayor parte de los casos, consiste en presentar una ficha descriptiva de las condiciones de las p(cid:243)lizas de seguro. Esta exigencia tendr(cid:237)a por objetivo garantizar la protecci(cid:243)n del consumidor, dotar de transparencia a los productos disponibles en el mercado nacional y facilitar a las autoridades de control la tarea de vigilancia material de los productos de seguro. i) obligaci(cid:243)n de prever un valor de rescate en los contra- tos de seguro de vida,, j) prohibici(cid:243)n de la tØcnica de aproximaci(cid:243)n al consumi- dor sin previo aviso («cold calling»), (91) Apartado 3 del art(cid:237)culo 6, art(cid:237)culos 29, 39 de la Directiva 92/49/CEE y arts. 5. 3, 29 y 39 de la Directiva 92/96/CEE. (92) Apartado 2 del art(cid:237)culo 30 de la Directiva 92/49/CEE. (93) Apartado 1 del art(cid:237)culo 54 de la Directiva 92/49/CEE. (94) Art(cid:237)culo 29 de la Directiva 92/96/CEE, apartado 3 del art(cid:237)culo 5 de la Directiva 79/267/CEE. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/21 La Comisi(cid:243)n considera que, al margen de los casos expre- samente previstos en las Terceras Directivas, seguir apli- cando los citados sistemas de control previo o sistemÆtico de las condiciones de seguro no es conforme a lo que, al respecto, disponen las Terceras Directivas. Por otro lado, la Comisi(cid:243)n opina que, al tratarse de un Æmbito ya armoni- zado en el plano comunitario, los Estdos miembros no pueden recurrir a la noci(cid:243)n de interØs general para justificar el mantenimiento de tales exigencias, puesto que no se cum- plen las condiciones previstas en la jurisprudencia del Tri- bunal de Justicia. b) Operaciones de capitalizaci(cid:243)n realizadas por las empresas de seguros Entre las actividades que cabe incluir en el rØgimen de au- torizaci(cid:243)n administrativa œnica de las empresas de seguros figuran las «operaciones de capitalizaci(cid:243)n basadas en una tØcnica actuarial que suponga, a cambio de pagos œnicos o peri(cid:243)dicos fijados por adelantado compromisos determi- nados en cuanto a su duraci(cid:243)n y a su importe», siempre y cuando tales operaciones se estipulen en un contrato y estØn sujetas a la supervisi(cid:243)n de las autoridades competentes en materia de seguros del Estado miembro de origen. Esta actividad, como cualquier otra incluida en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de las Directivas sobre seguro de vida, puede ejercerse en toda la Comunidad, incluso en un Estado miem- bro que las prohiba a sus empresas de seguros, por ejemplo porque se consideren operaciones bancarias y se reserven a las entidades de crØdito. Por tanto, la Comisi(cid:243)n considera que no hay raz(cid:243)n alguna para prohibir los productos de capitalizaci(cid:243)n que reœnan los requisitos previstos en la Primera Directiva sobre seguros de vida, 79/267/CEE, modificada por la Directiva 92/96/CEE, que comercialice en un Estado miembro una empresa de seguros de vida autorizada en su Estado miembro de origen para realizar ese tipo de operaciones. El hecho de que en el Estado miembro de acogida no se consideren esas operacio- nes propias de la actividad aseguradora y no se autorice a desarrollarla a las aseguradoras con domicilio social en el mismo, no obsta para que las empresas de seguros de otros Estados miembros s(cid:237) puedan desarrollar esas actividades que, por haber sido objeto de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, pueden acogerse al sistema de autoriza- ci(cid:243)n administrativa œnica establecido por la Tercera Direc- tiva sobre seguros de vida, 92/96/CEE (95). Como en cualquier otra actividad aseguradora, las entidades de seguro de vida que ofrezcan productos de capitalizaci(cid:243)n en un Estado miembro de acogida deberÆn respetar, como en el caso de cualquier otra actividad de seguros de vida, las disposiciones en vigor en ese Estado miembro que se justi- fiquen por razones de interØs general, y referidas, en parti- cular, al rØgimen fiscal aplicable a este tipo de productos o a las condiciones relativas a la publicidad. (95) Esta misma conclusi(cid:243)n se aplica, mutatis mutandis, en lo que res- pecta a las operaciones contempladas en el apartado 2 del art(cid:237)culo 1 de la Primera Directiva sobre seguros de vida, 79/267/CEE, y enumeradas en los puntos V (operaciones tontinas) y VII (gesti(cid:243)n de fondos colectivos de jubilaci(cid:243)n) del anexo de esa misma Direc- tiva. c) Sistemas obligatorios de coeficiente de reducci(cid:243)n o incre- mento de las primas en los contratos de seguro obligatorio de autom(cid:243)viles (sistemas de bonus-malus) La legislaci(cid:243)n de algunos Estados miembros establece con todo detalle los criterios aplicables en el cÆlculo de las pri- mas de seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso de veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles. Entre otros elementos tØcnicos, se prevØn coeficientes de reducci(cid:243)n o incremento de las primas (sistemas de bonus-malus). La tØcnica consiste en definir una escala de niveles obligatorios en la que se base el cÆlculo de la prima anual. Esa escala se aplica tanto al celebrar el contrato de seguro de responsabilidad civil por el uso de veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles, como para posteriores desplazamien- tos dentro de la misma, basados en la frecuencia de sinies- tralidad del asegurado. El incremento o reducci(cid:243)n de la prima no es libre, sino que debe obedecer a criterios espe- c(cid:237)ficos definidos en la legislaci(cid:243)n del Estado miembro. Desde el punto de vista de la tØcnica de seguros, se trata de me- canismos de fijaci(cid:243)n de tarifas. El argumento principal en favor de estos reg(cid:237)menes obliga- torios es que al parecer contribuyen a la seguridad viaria. Se considera que los conductores, al verse obligados a pagar una prima mayor en caso de accidente, conducen con ma- yor prudencia y atenci(cid:243)n. TambiØn se indica que los reg(cid:237)- menes obligatorios contribuyen a aumentar el grado de transparencia al permitir que los tomadores de seguros com- paren los distintos productos de seguro y elijan as(cid:237) con mayor conocimiento de causa, lo que parece facilitar la movilidad del tomador de seguro. Ahora bien, la Tercera Directiva sobre seguro no de vida, 92/49/CEE, no s(cid:243)lo instaur(cid:243) la libre fijaci(cid:243)n de tarifas y la eliminaci(cid:243)n de los controles previos o sistemÆticos de las tarifas y los contratos, sino que estableci(cid:243) tambiØn que la supervisi(cid:243)n financiera de la empresa de seguros es compe- tencia exclusiva del Estado miembro de origen (96). El man- tenimiento de un mecanismo obligatorio de fijaci(cid:243)n de ta- rifas es contrario al esp(cid:237)ritu y a la letra de las Terceras Directivas. En este contexto conviene preguntarse si no puede alcanzarse el mismo resultado por otros medios me- nos restrictivos, respetando siempre el principio de libre fijaci(cid:243)n de tarifas la Tercera Directiva, 92/49/CEE. Otro tanto se plantea en cuanto a la transparen- cia del mercado. TambiØn en este caso la Comisi(cid:243)n consi- dera que es posible alcanzar este objetivo sin tener que cuestionar el principio de libertd de fijaci(cid:243)n de las tarifas. As(cid:237), por ejemplo, unas escalas de grados bonus/malus ajenas a cualquier coeficiente impuesto de incremento o reducci(cid:243)n y cuyo tipo de prima los aseguradores puedan fijar libre- mente, permitir(cid:237)an garantizar la transparencia del mercado y la movilidad de los tomadores de seguros. instaurado por Sin embargo, si un Estado miembro estimara que tales sis- temas obligatorios pudieran ser considerados clÆusulas im- perativas de un contrato de seguros, deber(cid:237)a en cualquier caso preguntarse si, en cuanto a los objetivos perseguidos por la imposici(cid:243)n de la clÆusula en cuesti(cid:243)n, no podr(cid:237)a alcanzarse el mismo resultado por otros medios menos res- trictivos. (96) Apartado 3 del art(cid:237)culo 6, art(cid:237)culos 29, 39 de la Directiva 92/49/CEE, y apartado 3 del art(cid:237)culo 5, art(cid:237)culos 29, 39 de la Directiva 92/96/CEE. C 43/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 La Comisi(cid:243)n opina que si esos sistemas obligatorios de bonus-malus se consideran disposiciones de fijaci(cid:243)n de tari- fas, serÆn contrarios a las disposiciones de la Tercera Direc- tiva. En ese caso, a juicio de la Comisi(cid:243)n no es l(cid:237)cito que los Estados miembros recurran a la noci(cid:243)n de interØs general para justificar el mantenimiento de la obligatoriedad de tales sistemas, pues afectan a normas que ya han sido objeto de disposiciones comunitarias. Si el mecanismo de reducci(cid:243)n e incremento no fuese el resultado de una medida estatal sino de un acuerdo entre profesionales, habr(cid:237)a que apreciar su conformidad respecto al Derecho comunitario especialmente en lo referente al art(cid:237)culo 81 de Tratado CE. Sobre este aspecto, la Comisi(cid:243)n indica que el Reglamento (CEE) no 3932/92, de 21 de di- ciembre de 1992 (97), relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos, decisiones y prÆcticas concertadas en el sector de seguros, autoriza los acuerdos destinados a imponer y difundir condiciones tipo de seguro directo s(cid:243)lo bajo ciertas condiciones (t(cid:237)tulo III del Reglamento). De modo que la exenci(cid:243)n s(cid:243)lo serÆ aplicable, entre otros requisitos, si las condiciones tipo se establecen y difunden con la menci(cid:243)n expl(cid:237)cita de no son mÆs que indicativas y admiten la posi- bilidad de acordar otras condiciones distintas. Las empresas o asociaciones de empresas que se concertasen para, se comprometieran a o impusieran a otras empresas no utilizar condiciones diferentes no podr(cid:237)an acogerse a la excepci(cid:243)n. Por otra parte, el t(cid:237)tulo del Reglamento sobre cooperaci(cid:243)n en materia de cÆlculo de primas (t(cid:237)tulo II) no constituye en ningœn caso un fundamento jur(cid:237)dico para el mecanismo de reducci(cid:243)n e incremento. d) Lengua del contrato de seguro Algunos Estados miembros exigen que los contratos de se- guro suscritos o ejecutados en su territorio se redacten ex- clusivamente en su lengua oficial. Otras lenguas, sean o no comunitarias, s(cid:243)lo pueden utilizarse en traducciones, incluso aunque las partes contratantes hayan deseado utilizarlas en el contrato original. Para justificar esta exigencia absoluta e incondicional se alega, por un lado, la soberan(cid:237)a ling(cid:252)(cid:237)stica de los Estados miembros, y, por otro, la protecci(cid:243)n del consumidor y el buen desarrollo del procedimiento en los litigios entablados ante los tribunales de esos Estados miembros. (97) DO L 398 de 31. 12. 1992, p. 7. Cabe precisar que la Comisi(cid:243)n no pone en duda la soberan(cid:237)a ling(cid:252)(cid:237)stica de ningœn Estado miembro (98). A juicio de la Comisi(cid:243)n, habr(cid:237)a que distinguir entre grandes riesgos industriales y comerciales, y riesgos de masa. En el primer caso (grandes riesgos industriales y comerciales), la protecci(cid:243)n del consumidor no es un argumento vÆlido. En cuanto a los riesgos de masa y el seguro de vida individual, las disposiciones que establecen exigencias en materia lin- g(cid:252)(cid:237)stica deber(cid:237)an tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, habr(cid:237)a que tomar en consideraci(cid:243)n los contratos de alcance internacional, es decir, aquellos en los que la legis- laci(cid:243)n aplicable al contrato de seguro no es la del Estado miembro del compromiso o de localizaci(cid:243)n del riesgo. Por ejemplo, habr(cid:237)a que prever excepciones al principio de re- dacci(cid:243)n del contrato en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro del compromiso o localizaci(cid:243)n del riesgo cuando el tomador de seguro sea de origen extranjero. Cinco millones de ciudadanos de la Uni(cid:243)n Europea viven en un pa(cid:237)s que no es el suyo. Estas personas estar(cid:237)an mÆs protegidas si pudieran celebrar contratos en su propia len- gua, y no en la del Estado miembro de residencia o de localizaci(cid:243)n del riesgo objeto de la cobertura. e) C(cid:243)digos de conducta profesionales Estos c(cid:243)digos de conducta, vÆlidos en el territorio de un Estado miembro de la Uni(cid:243)n Europea, son tambiØn vÆlidos, en principio, para las aseguradoras extranjeras, y su incum- plimiento conlleva sanciones fundamentalmente de natura- leza comercial. Para justificar esta obligaci(cid:243)n, las partes sig- natarias alegan la protecci(cid:243)n del consumidor o la contribu- ci(cid:243)n a la disciplina del mercado. En cualquier caso, cuando dichos c(cid:243)digos de conducta son el resultado de acuerdos entre empresas o de decisiones de asociaciones de empresas, deben respetar las normas de competencia que disponen los art(cid:237)culos 81 y siguientes. A este respecto, estÆ claro que la Comisi(cid:243)n no puede en modo alguno autorizar en virtud de las normas de competencia acuerdos o decisiones de asociaciones de empresas que pu- dieran producir los mismos efectos que medidas estatales contrarias a las libertades fundamentales que se especifican en los art(cid:237)culos 39, 43 y 49 del Tratado. f) Tipos de interØs tØcnico mÆximos en materia de seguro de vida La Tercera Directiva sobre seguro de vida, 92/96/CEE, ha coordinado los principios actuariales que rigen el cÆlculo de las provisiones matemÆticas. (98) VØase la «Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el empleo de las lenguas para la informaci(cid:243)n de los consumidores en la Comunidad», punto 2 [COM(93) 456 final, de 10. 11. 1993]. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/23 En cuanto a la definici(cid:243)n de los tipos de interØs tØcnico, la Tercera Directiva establece (99), en primer lugar, que el Es- tado de origen puede fijar un tipo de interØs tØcnico mÆ- ximo que las empresas que estÆn bajo su supervisi(cid:243)n debe- rÆn aplicar para calcular las bases de las provisiones tØcni- cas. En segundo lugar, el Estado miembro de origen puede exigir tambiØn a las empresas de seguros con domicilio social en su territorio la notificaci(cid:243)n sistemÆtica de las bases tØcnicas utilizadas para calcular las tarifas y las provisiones tØcnicas. contratos de seguro de clÆusulas-tipo previstas por la nor- mativa de un Estado miembro de acogida es una condici(cid:243)n que, en la prÆctica, resulta mÆs dif(cid:237)cil de cumplir para las aseguradoras de otros Estados membros que para las del Estado miembro de acogida. (cid:201)ste ser(cid:237)a el caso, por ejemplo, si la empresa de seguros desistiera de abrirse un nuevo mercado ante el hecho de verse forzada a crear un producto de seguro completamente nuevo para poder comercializarlo sobre ese mercado, en vez de utilizar un producto ya em- pleado en su Estado miembro de origen. La Comisi(cid:243)n seæala que, habida cuenta de las disposiciones de la Tercera Directiva y del rØgimen de supervisi(cid:243)n, en virtud del cual la compentencia para efectuar el control financiero corresponde exclusivamente al Estado miembro de origen de la empresa de seguros, ni las sucursales ni las aseguradoras que operen en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios estÆn sujetas a las disposiciones del Estado miembro de acogida sobre los tipos de interØs tØcnico mÆ- ximos. Puesto que el Estado miembro de acogida no es competente para ejercer la supervisi(cid:243)n financiera de un em- presa de seguros debidamente autorizada en su Estado miembro de origen, no puede imponer el cumplimiento de sus propios principios cautelares, ni comprobar dicho cumplimiento mediante sistemas de control material de las tarifas. g) Imposici(cid:243)n de condiciones-tipo o condiciones m(cid:237)nimas de seguro La finalidad de las normativas que prevØn la imposici(cid:243)n de clÆusulas obligatorias en los contratos de seguro ser(cid:237)a, por un lado, el deseo de proteger a la parte mÆs dØbil de la relaci(cid:243)n contractual y mantener el equilibrio en dicha rela- ci(cid:243)n imponiendo un determinado contenido a los derechos y obligaciones de las partes, y, por otro lado, la protecci(cid:243)n de los terceros v(cid:237)ctimas de accidentes. Como ya se ha indicado anteriormente, determinadas con- diciones-tipo de seguro no s(cid:243)lo pueden proceder de medidas estatales sino tambiØn de acuerdos entre profesionales. La Comisi(cid:243)n invita a remitirse a los elementos que se mencio- nan en el inciso iii) relativos a la aplicaci(cid:243)n del Reglamento de exenci(cid:243)n no 3932/92 (100). La Comisi(cid:243)n considera que, de cualquier forma, la protec- ci(cid:243)n de la parte dØbil s(cid:243)lo debe imponerse si es objetiva- mente necesaria, como es el caso, por ejemplo, en los con- tratos de seguro en los que el tomador, por su naturaleza o tamaæo, necesita especial protecci(cid:243)n para mantener el equi- librio contractual. AdemÆs, es preciso atender a la propor- cionalidad de estas medidas y analizar si la inclusi(cid:243)n en los (99) VØase la letra b) del apartado 1 del art(cid:237)culo 17 de la Primera Directiva 79/267/CEE, modificado por el art(cid:237)culo 18 de la Tercera Directiva 92/96/CEE. (100) DO L 398 de 31. 12. 1992, p. 7. En este mismo orden de cosas, la obligaci(cid:243)n de atenerse a condiciones-tipo o m(cid:237)nimas de seguro no deber(cid:237)a impedir tampoco que se dØ a los contratos una redacci(cid:243)n diferente. h) Normas nacionales que establecen franquicias obligatorias en los contratos de seguro Se argumenta en favor del mantenimiento de las franquicias que Østas se han establecido en interØs del consumidor, a fin de que pueda suscribir un seguro a un precio razonable. Se alega tambiØn que, sin ese mecanismo, que obliga al asegu- rado a sufragar una parte del coste del siniestro, las tarifas aumentar(cid:237)an de forma desmesurada, pues la aseguradora tendr(cid:237)a que intervenir en los siniestros de escaso coste eco- n(cid:243)mico. Un segundo argumento en favor del mantenimiento de las franquicias es que la franquicia obligatoria permite luchar contra el fraude en el sector de seguros, muy fre- cuente en los siniestros de menor importancia. En este caso, las citadas normas obligatorias tienen por objeto proteger los resultados de la aseguradora frente a la acumulaci(cid:243)n de pequeæos siniestros. Ahora bien, en ambos argumentos se trasluce que la im- plantaci(cid:243)n de una franquicia obligatoria responde al deseo de disciplinar el mercado para evitar el exceso de compe- tencia en las tarifas aplicadas por las aseguradoras. Cabe preguntarse tambiØn si el objetivo de una franquicia obliga- toria no es, mÆs bien, proteger los resultados de la asegura- dora frente a la acumulaci(cid:243)n de pequeæos siniestros, y no el interØs del tomador del seguro o una cierta moralidad pœ- blica. Sin embarog, cabe recordar que el derecho comunita- rio excluye expresamente de las razones de interØs general toda consideraci(cid:243)n que se base en motivos estrictamente econ(cid:243)micos. Por otro lado, al igual que ocurre con la imposici(cid:243)n de clÆusulas-tipo o condiciones m(cid:237)nimas en los contratos de seguro, la estricta aplicaci(cid:243)n de esas normas por los Estados miembros de acogida puede traer consecuencias restrictivas para las aseguradoras que ejercen en rØgimen de estableci- miento o de libre prestaci(cid:243)n de servicios, pues no podr(cid:237)an comercializar contratos de seguro ya vÆlidamente utilizados en su Estado miembro de origen y en los que no se prevØn franquicias. C 43/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 Por œltimo, aun admitiendo que la introducci(cid:243)n de franqui- cias venga motivada por la tØcnica de gesti(cid:243)n elegida por la empresa de seguros, es preciso estudiar aœn si la imposici(cid:243)n de franquicias obligatorias, en virtud de normas imperativas, es conforme a los objetivos establecidos en las Terceras Directivas de seguros en relaci(cid:243)n con los contratos y las tarifas. AdemÆs, en caso de que la imposici(cid:243)n de una franquicia o de un nivel de franquicia procediese de un acuerdo entre profesionales no podr(cid:237)a gozar de exenci(cid:243)n en virtud del Reglamento de exenci(cid:243)n (CEE) no 3932/92 (101), por ex- cluirlo Øste expl(cid:237)citamente en el caso de las condiciones-tipo de seguros que incluyan clÆusulas en las que se indiquen importes de garant(cid:237)a o de franquicia. Las aseguradoras deben poder determinar libremente la con- veniencia de introducir una franquicia en los contratos que comercializan. En la medida en que cumplan los requisitos de solvencia establecidos por su Estado miembro de origen, que les ha otorgado la autorizaci(cid:243)n y a quien corresponde su supervisi(cid:243)n financiera, deben poder decidir libremente si, en el Estado miembro de acogida, comercializan contratos de seguro con o sin franquicia, indicÆndolo claramente a los tomadores del seguro, y sin venir obligadas, a ese respecto, a cumplir las normas nacionales de carÆcter imperativo. i) Normas nacionales que imponen la obligaci(cid:243)n de prever un valor de rescate, y/o una participaci(cid:243)n en los beneficios, en los contratos de seguro de vida El argumento fundamental para justificar la compatibilidad de esta exigencia con la noci(cid:243)n de interØs general es que la obligaci(cid:243)n de fijar un valor de rescate en los contratos de seguro de vida comercializados en su territorio va en interØs del consumidor. El consumidor dispone as(cid:237) de la libertad y flexibilidad necesarias en estos contratos, en general de larga duraci(cid:243)n, permitiØndole disponer de sus ahorros. En cuanto a las normas que establecen la obligaci(cid:243)n de prever en los contratos de seguro de vida una clÆusula de participaci(cid:243)n en los beneficios a favor de los asegurados, Østas estÆn tambiØn justificadas en aras de la protecci(cid:243)n de los intereses econ(cid:243)- micos de los asegurados. En este sentido, conviene distinguir entre dos grandes cate- gor(cid:237)as de seguros de vida. Por una parte, los contratos de seguro de vida que contienen un elemento de ahorro (por ejemplo, los seguros de vida de capital diferido, seguros de vida mixtos, seguros de rentas, etc. ). Este elemento se tiene en cuenta para calcular el importe de las provisiones mate- mÆticas que debe constituir el asegurador. En estos contra- tos, el tomador del seguro tiene derecho al rescate de la provisi(cid:243)n matemÆtica constituida. Por otra parte, los con- tratos de seguros que no contienen ningœn elemento de ahorro, puesto que su finalidad es œnicamente cubrir el riesgo relativo a la vida humana (por ejemplo, seguro de fallecimiento, seguros sobre el saldo vivo). Estos contratos de seguros no tienen en cuenta el elemento de ahorro al cal- cular la provisi(cid:243)n matemÆtica. En este caso, el tomador del seguro no tendrÆ derecho al rescate de la provisi(cid:243)n mate- mÆtica constituida. Cada una de estas categor(cid:237)as de seguros de vida responden a distintas necesidades objetivas de co- bertura de los asegurados. Por otra parte, el precio de cada categor(cid:237)a refleja los distintos tipos de riesgos cubiertos por el asegurador en el contrato de seguros. La obligaci(cid:243)n de prever un valor de rescate en todo contrato de seguros de vida que se limiten exclusivamente a cubrir el riesgo de fallecimiento obligar(cid:237)a a incluir en dicho contrato un elemento de ahorro y al pago de una prima de seguro mÆs elevada para cubrirlo. Por otra parte, cabe preguntarse si ello responde a los requisitos de los distintos tomadores de seguros, los cuales en muchos casos solamente se inte- resan por productos que cubren exclusivamente el riesgo de fallecimiento. Aunque debe estudiarse caso por caso la situaci(cid:243)n en cada Estado miembro, resulta oportuno recordar que la Tercera Directiva, 92/96/CEE, sobre seguros de vida establece, entre los principios actuariales que el Estado miembro de origen impone a las empresas de seguros para la constituci(cid:243)n de sus reservas matemÆticas, disposiciones espec(cid:237)ficas para los contratos con valor de rescate garantizado y para los con- tratos que prevØn la participaci(cid:243)n en los beneficios. Por otra parte, la Tercera Directiva, 92/96/CEE, contempla en su anexo II, entre la informaci(cid:243)n que, por escrito y de manera clara y precisa, ha de facilitarse a los tomadores antes de celebrar el contrato y durante la duraci(cid:243)n del mismo, «la indicaci(cid:243)n de los valores de rescate y naturaleza de las garant(cid:237)as correspondientes y los mØtodos de cÆlculo y de asignaci(cid:243)n de las participaciones en los beneficios». Esta informaci(cid:243)n permite a los tomadores de seguros conocer y comprender las caracter(cid:237)sticas esenciales de los productos de seguro de vida para poder elegir el que mejor responda a sus necesidades concretas. Cabe, pues, preguntarse si una normativa nacional del Es- tado miembro de acogida que imponga, con carÆcter general y absoluto, la obligaci(cid:243)n de prever un valor de rescate o una participaci(cid:243)n en los beneficios en los contratos de seguro de vida comercializados en su territorio es objetivamente nece- saria y proporcional al objetivo de proteger los intereses econ(cid:243)micos de los tomadores de seguro, o si, por el con- trario, no cabe lograr tal objetivo por otros medios menos restrictivos, por ejemplo, con la obligaci(cid:243)n de informar al tomador con todo detalle antes de la celebraci(cid:243)n del con- trato. j) Prohibici(cid:243)n de la tØcnica de aproximaci(cid:243)n al consumidor sin previo aviso (cold calling) El Tribunal ha reconocido ya (102) el derecho a prohibir esa prÆctica comercial en relaci(cid:243)n con otros productos financie- ros, tras haber examinado una disposici(cid:243)n legislativa neer- landesa cuya finalidad es proteger la buena reputaci(cid:243)n y la (101) DO L 398 de 31. 12. 1992, p. 7. (102) Asunto C-384/93: Alpine Investments BV contra Minister van Financiºn (Recopilaci(cid:243)n 1995, p. I-1141). 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/25 fiabilidad del mercado financiero neerlandØs. A menudo se invoca tambiØn la protecci(cid:243)n del consumidor como argu- mento favorable a la prohibici(cid:243)n de esta tØcnica de comer- cializaci(cid:243)n. El razonamiento seguido por el Tribunal en el asunto neerlandØs puede aplicarse tambiØn a los productos de seguro. Sin embargo, y a la espera de una armonizaci(cid:243)n en la materia, en lo que se refiere a los productos de seguro, no es conveniente intentar establecer una regla general sobre la compatibilidad de esta tØcnica comercial, sino evaluar cada caso por separado (103). k) Modalidades establecidas por el Estado miembro de aco- gida para el cobro de los impuestos indirectos sobre las primas de los contratos de seguro suscritos en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios: designaci(cid:243)n de un represen- tante fiscal del asegurador Las Directivas de seguros prevØn el sometimiento de los contratos celebrados en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de ser- vicios a los impuestos indirectos y exacciones parafiscales que gravan las primas de seguros en el Estado miembro de acogida (104). Con este objeto, el Estado miembro de acogida aplica a las empresas que actœan en rØgimen de libre pres- taci(cid:243)n de servicios en su territorio las disposiciones nacio- nales destinadas a garantizar la percepci(cid:243)n de estos impues- tos. Para ello podrÆ exigir, por ejemplo, la transmisi(cid:243)n de una lista exhaustiva de los contratos suscritos en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios o la designaci(cid:243)n de un repre- sentante fiscal de la empresa de seguros domiciliada en su territorio (105). La exigencia de la designaci(cid:243)n de este representante fiscal del asegurador que actœa en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios persigue un objetivo que estÆ justificado con res- pecto al Derecho comunitario, a saber, garantizar al Estado miembro de acogida el respeto de su propia legislaci(cid:243)n y la percepci(cid:243)n de estos impuestos. No obstante, esta medida podr(cid:237)a obstaculizar el ejercicio de la libre prestaci(cid:243)n de servicios. El asegurador que desee recurrir al derecho de la libre prestaci(cid:243)n de servicios debe hacer frente a unas cargas administrativas y financieras apreciables, lo cual comporta la designaci(cid:243)n de un representante fiscal establecido en el Es- tado miembro de acogida. Es preciso, ademÆs, que en las modalidades de aplicaci(cid:243)n concreta de esta medida, el Es- tado de acogida cumpla los criterios determinados por el Tribunal de Justicia, en particular los requisitos de necesidad y proporcionalidad. En segundo lugar, y habida cuenta de lo antedicho, la Co- misi(cid:243)n estima que, cuando el Estado miembro de acogida no impone ningœn impuesto indirecto o parafiscal a los contratos de seguros (106), no puede leg(cid:237)timamente exigir la designaci(cid:243)n de un representante fiscal a los aseguradores (103) VØase la Propuesta de Directiva relativa a la comercializaci(cid:243)n a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores [COM(1999) 375 final de 23. 7. 1999]. El apartado 2 del art(cid:237)culo 10 de dicha propuesta prevØ mecanismos particulares sobre las co- municaciones no solicitadas por los consumidores. (104) Tercera Directiva sobre seguros no de vida (92/49/CEE) y art(cid:237)culo 44 de la Tercera Directiva sobre seguros de vida (92/96/CEE). (105) Declaraciones que figuran en el acta del Consejo por la que se aprueban las Terceras Directivas. (106) Este razonamiento serÆ tambiØn vÆlido cuando los contratos de seguros se sometan a un tipo nulo. que deseen ejercer en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servi- cios en ramos de seguro que no estØn sometidos a la im- posici(cid:243)n indirecta. En tercer lugar, la exigencia de designaci(cid:243)n de un represen- tante fiscal no figura entre los elementos que deben ser notificados en el marco del procedimiento previsto por las directivas de seguros para tener acceso a la libre prestaci(cid:243)n de servicios (107). Por consiguiente, la Comisi(cid:243)n estima que el Estado miembro de acogida no puede rechazar la notifica- ci(cid:243)n efectuada por el Estado miembro de origen en el marco del procedimiento de libre prestaci(cid:243)n de servicios, por el hecho de no haber designado un representante fiscal en el Estado miembro de acogida, e impedir as(cid:237) su acceso a la libre prestaci(cid:243)n de servicios y el comienzo de esta actividad. La designaci(cid:243)n de este representante fiscal debe producirse solamente a partir del comienzo efectivo de las actividades en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios, es decir, en el momento en que el asegurado celebra su primer contrato de seguro en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios y cobra la prima de seguro correspondiente a esta actividad (108). La Comisi(cid:243)n considera que, para cumplir su normativa so- bre la fiscalidad indirecta sobre los contratos de seguros y la recaudaci(cid:243)n de estos impuestos, el Estado miembro de aco- gida exija a todo asegurador que tenga intenci(cid:243)n de ejercer en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios, la designaci(cid:243)n de un representante fiscal establecido en su territorio, en necesario que las modalidades prÆcticas de aplicaci(cid:243)n de esta medida cumplan las exigencias seæaladas por la juris- prudencia del Tribunal de Justicia, en particular las relativas a proporcionalidad y necesidad, con el fin de que tales medidas no constituyan una restricci(cid:243)n incompatible con el ejercicio de la actividad aseguradora en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios en su territorio. 4. Las normas relativas a la legislaci(cid:243)n aplicable a los con- tratos de seguros y la noci(cid:243)n de interØs general Las Directivas de seguros (109) prevØn normas espec(cid:237)ficas para la determinaci(cid:243)n del derecho aplicable a los contratos (107) VØase los art(cid:237)culos 14, 16 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, mo- dificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/49/CEE sobre seguros no de vida, arts. 11, 14 y 17 de la Directiva 88/357/CEE, modificados por los art(cid:237)culos 34, 35 y 36 de la Directiva 92/96/CEE sobre seguros de vida. (108) Es frecuente que transcurra un largo per(cid:237)odo, incluso de aæos, entre la notificaci(cid:243)n de la intenci(cid:243)n de ejercer en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios y la suscripcion del primer contrato de seguros dentro de dicho rØgimen. El requisito de designar un representante fiscal en un momento anterior al comienzo de la actividad efectiva parece desproporcionado, en el sentido de que obliga al asegurador que desee ejercer en rØgimen de libre pres- taci(cid:243)n de servicios a dotarse de una estructura y a correr con unos gastos importantes, que podr(cid:237)an disuadir al asegurador de aco- gerse al rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. (109) VØase seguros no de vida: art(cid:237)culos 7 y 8 de la Segunda Directiva, 88/357/CEE, modificada por la Tercera Directiva 92/49/CEE. Se- guros de vida: art(cid:237)culo 4 de la Segunda Directiva 90/619/CEE. C 43/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 2. 2000 interior del de seguro que cubran riesgos situados en el Espacio Econ(cid:243)mico Europeo (110). Dichas normas, que per- miten determinar el derecho sustantivo por el que se regirÆ el contrato, se aplican tanto a las actividades ejercidas en rØgimen de establecimiento como a las ejercidas en libre prestaci(cid:243)n de servicios. Asimismo, dichas directivas prevØn normas sobre la aplicaci(cid:243)n de las «leyes de polic(cid:237)a» del fuero y del Estado miembro de localizaci(cid:243)n del riesgo o compro- miso, as(cid:237) como sobre las disposiciones «de orden pœbli- co» (111). As(cid:237) pues, tal y como ya se indic(cid:243) mÆs arriba, no basta con que el conjunto de la legislaci(cid:243)n sobre contratos de seguro del Estado miembro de acogida se declare, de entrada, im- perativa para que los poderes pœblicos decidan que debe respetarse (cid:237)ntegramente (116), sino que es necesario que la citada legislaci(cid:243)n satisfaga los criterios sobre el interØs ge- neral para que el Estado miembro de acogida pueda exigir su respeto a las aseguradoras que ejerzan su actividad me- diante sucursal o en rØgimen de libre prestaci(cid:243)n de servicios. Si, en virtud de las normas sobre conflicto de leyes previstas por las directivas de seguros, un Estado miembro aplicara a los contratos de seguros sus propias disposiciones sustanti- vas «imperativas», sus «leyes de polic(cid:237)a» y sus «disposiciones de orden pœblico», y ello comportara una restricci(cid:243)n, dicha aplicaci(cid:243)n podr(cid:237)a ser analizada a la luz del interØs general, que actœa de filtro de la legislaci(cid:243)n nacional y obliga a los poderes pœblicos de los Estados miembros a analizar la conformidad de su legislaci(cid:243)n nacional con los principios de libre circulaci(cid:243)n establecidos en el Tratado. Si la finalidad es proteger al consumidor, es muy probable que esas normas de Derecho sustantivo superen con Øxito la prueba del interØs general, pues el Tribunal ha reconocido que la protecci(cid:243)n del consumidor es un objetivo de interØs general que justifica la restricci(cid:243)n de las libertades funda- mentales. Ahora bien, no cabe presuponer que esto serÆ siempre as(cid:237). Como ya se seæal(cid:243) precedentemente, las normas nacionales adoptadas con la finalidad manifiesta de proteger al consumidor pueden ser examinadas por el Tribunal, que, en su caso, puede juzgarlas «improcedentes», si, por ejemplo, no son necesarias o resultan desproporcionadas. Toda norma nacional debe ser compatible con el derecho comunitario, sea cual sea su Æmbito de aplicaci(cid:243)n. En sen- tencia de 21 de marzo de 1972, el Tribunal manifest(cid:243) que «La eficacia del Derecho comunitario no puede variar segœn los diferentes Æmbitos del Derecho nacional en los que pueda producir efectos» (112). La primac(cid:237)a del Derecho comunitario se ejerce, pues, en su caso, frente a las normas nacionales de Derecho privado. De este modo, el Tribunal ha tenido que comprobar, en la compatibilidad de las normas nacionales de particular, Derecho civil (113) y de procedimiento civil (114), e incluso del Derecho penal (115), con el Derecho comunitario. (110) Cabe seæalar que el Convenio de Roma sobre la legislaci(cid:243)n aplica- ble a las obligaciones contractuales (DO L 266 de 9. 10. 1980, p. 1) excluye de su Æmbito de aplicaci(cid:243)n los contratos de seguro que cubran riesgos situados en el territorio de los Estados miembros (art(cid:237)culos 1 y 3). (111) Seguros no de vida: letra h) del apartado 1 del art(cid:237)culo 7 de la Segunda Directiva, 88/357/CEE. Seguros de vida: apartado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Segunda Directiva 90/619/CEE. (112) Sentencia de 21. 3. 1972, SAIL, asunto 82/71 (Recopilaci(cid:243)n 1972, p. 119). VØase, asimismo, la sentencia Hubbard, de 1. 7. 1993, asunto C-20/92 (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-3777). (113) Sentencias de 30. 3. 1993, Konstantinidis, asunto C-168/91 (Reco- pilaci(cid:243)n 1993, p. I-1191; sentencia de 24. 1. 1991, Alsthom Atlan- tique, asunto C-339/89 (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. I-107); sentencia de 13. 10. 1993, Motorradcenter, asunto C-93/92 (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-5009). las asunto C-398/92 (Recopilaci(cid:243)n 1994, p. I-467), de 26. 9. 1996, Data De- lecta, asunto C-43/95 (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-4661), de 1. 2. 1996, Perfili, asunto C-177/94 (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-161). VØase, asi- mismo, la sentencia Hubbard (nota 65). (115) Asunto C-348/96 (Recopilaci(cid:243)n 1999, p. I-11). sentencias de 10. 2. 1994, Mund & Fester, (114) VØase En un contexto de mercado œnico, este razonamiento adi- cional es indispensable para determinar si, al no existir ar- monizaci(cid:243)n, las medidas nacionales no se mantienen, pre- textando la protecci(cid:243)n del consumidor, con el solo objeto de restringir o impedir la prestaci(cid:243)n de servicios de seguro distintos o desconocidos en el territorio nacional. Ciertamente, si para impedir que un producto de seguro comercializado en otro Estado miembro se comercializara en su propio territorio, un Estado miembro pudiera alegar que el mencionado producto no se atiene a lo dispuesto en su propia legislaci(cid:243)n, dicho Estado miembro estar(cid:237)a obstacu- lizando la competencia entre entidades aseguradoras. 5. C(cid:243)mo actuar ante normas nacionales que el Estado miembro de acogida considera de interØs general Ante una norma nacional que constituye para Øl una res- tricci(cid:243)n, a su juicio infundada, del derecho de estableci- miento o de la libertad de prestaci(cid:243)n de servicios, el opera- dor econ(cid:243)mico (empresa de seguros, mediador, tomador de seguro) debe normalmente recurrir a la v(cid:237)a judicial o infor- mar a la Comisi(cid:243)n, por ejemplo, formulando una denuncia. En la prÆctica, si una aseguradora estima, por ejemplo, que la normativa de un Estado miembro en el que tiene previsto ejercer su actividad comporta restricciones (por ejemplo, prevØ disposiciones imperativas que deben figurar en todo (116) VØase mÆs arriba, punto 3 de la secci(cid:243)n III. 16. 2. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 43/27 contrato y que var(cid:237)an o se desconocen en su Estado de origen) que no pueden ser conformes a los criterios sobre el interØs general, tiene diversas posibilidades: Como es l(cid:243)gico, para evitar todo posible conflicto, puede adaptar sus servicios completamente a la normativa del pa(cid:237)s de acogida. Si, no obstante, ofrece productos de seguro que no se atie- nen por completo a las disposiciones imperativas del pa(cid:237)s de acogida, podrÆ ser denunciada por las autoridades naciona- les o por uno de sus clientes. La aseguradora deberÆ hacer valer sus razones, basadas en el Derecho comunitario, si llega el caso, ante un tribunal nacional o una autoridad nacional, al objeto de que se dictamine que la norma que el Estado miembro intenta imponer a la aseguradora no se atiene a los criterios establecidos por el Tribunal. Corres- ponde al juez nacional determinar la validez de los argu- mentos de las partes, tras haber formulado ante el Tribunal de Justicia, si lo considera oportuno, una cuesti(cid:243)n prejudi- cial, segœn lo dispuesto en el art(cid:237)culo 234 del Tratado. La aseguradora puede, en todo momento, informar a la Comisi(cid:243)n, que a su vez, si considera infundadas las restric- ciones y, por tanto, contrarias al derecho comunitario, po- drÆ incoar un procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro considerado, en virtud del art(cid:237)culo 226. En este supuesto, corresponderÆ a la Comisi(cid:243)n aportar pruebas incumplimiento que se alega (117). En su caso, serÆ el del Tribunal de Justicia quien decida, en œltima instancia, si la norma nacional cumple o no los criterios sobre el interØs general. (117) Sentencia de 17. 11. 1992, Comisi(cid:243)n contra Pa(cid:237)ses Bajos, asunto C-157/91 (Recopilaci(cid:243)n 1992, p. I-5899). Lista de organizaciones que han recibido financiaci(cid:243)n comunitaria en el campo del medio am- biente (2000/C 43/04) En aplicaci(cid:243)n de lo dispuesto en las observaciones correspondientes a la l(cid:237)nea presupuestaria B4-3060/1999, la Comisi(cid:243)n publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la lista de organiza- ciones que han recibido financiaci(cid:243)n comunitaria y las cantidades correspondientes. Resultados de la Convocatoria de propuestas con arreglo al programa comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales que actœan principalmente en el campo de la protecci(cid:243)n del medio ambiente (DO C 319 de 6. 11. 1999, p. 14). Organizaci(cid:243)n Importes concedidos en euros Objetivo del programa de trabajo 1. Seas at Risk (Pa(cid:237)ses Bajos) 2. World Wide Fund European Policy Office (BØlgica) 107 410 350 000 Coordinaci(cid:243)n de actividades e intercambio de informaci(cid:243)n sobre problemas ecol(cid:243)gicos marinos Conservaci(cid:243)n de la naturaleza y los proce- sos ecol(cid:243)gicos 3. Coalition Clean Baltic 112 075 (Suecia) 4. Climate Network Europe 138 437 (BØlgica) 5. European Forum on Nature Conservation & Pastoralism (Reino Unido) 109 690 6. Taiga Rescue Network 55 229 (Suecia) Impulsa la protecci(cid:243)n del medio ambiente y los recursos naturales de la zona del Mar BÆltico Aumento, por medio de la red de organi- zaciones no gubernamentales (ONG), de las capacidades con respecto a los problemas y soluciones del cambio climÆtico y la coor- dinaci(cid:243)n de la pol(cid:237)tica de las ONG euro- peas sobre cambio climÆtico Promoci(cid:243)n de sistemas agrarios regionales que funcionan en armon(cid:237)a con las condi- ciones del entorno local Sensibilizaci(cid:243)n a la importancia del ecosis- tema forestal boreal