title: Comunicación de la Comisión Contribución suplementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las Reformas Institucionales Votación por mayoría cualificada en los aspectos relacionados con el mercado único de los ámbitos de la fiscalidad y la seguridad social

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restriction on competition
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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 14. 3. 2000 COM (2000) 114 final COMMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Contribución suplementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las Reformas Institucionales Votación por mayoría cualificada en los aspectos relacionados con el mercado único de los ámbitos de la fiscalidad y la seguridad social 1. Introducción La perspectiva de la ampliación a 28 miembros supone un importante incremento de sistemas económicos y jurídicos, en términos cuantitativos y cualitativos. Casi se duplicará el número de agentes en el mercado único, ya sean públicos o privados. Por otro lado, el desfase en cuanto a los resultados económicos de los Estados miembros aumentará la diversidad del mercado único. El que un importante número de nuevos Estados miembros esté experimentando cambios estructurales a largo plazo supone para la Unión enfrentarse a un entorno en evolución. La combinación de los tres factores ha de hacer más visibles las deficiencias que todavía se observan en el mercado único, en particular en los ámbitos de la seguridad social y la fiscalidad. Desiguales niveles de aplicación del Derecho comunitario, normas nacionales incompatibles y distorsiones de la competencia pueden afectar al mercado único de tal manera que se necesite una respuesta coordinada en nombre de la Comunidad. Con la Unión Económica y Monetaria se ha incrementado la necesidad de una mayor coordinación de las políticas fiscales y estructurales. Además, la globalización ha reforzado la posibilidad de que los efectos producidos en un Estado miembro repercutan en el resto, lo que podría distorsionar el funcionamiento del mercado único. No obstante, hay que reconocer que las diferencias de niveles y estructuras de fiscalidad y protección social pueden también reflejar diferencias de niveles de renta y de productividad, sin que necesariamente obstaculicen la competencia en el mercado único. La Unión sólo puede enfrentarse a este reto aumentando la eficacia de su proceso de adopción de decisiones, de donde se desprende la necesidad de recurrir con mayor frecuencia a la votación por mayoría cualificada, en la medida de lo necesario para el establecimiento y el funcionamiento del mercado único. El cambio en el modo de adopción de decisiones no afectará a la actual distribución de competencias, tal como figuran en el Tratado. El paso de la unanimidad a la mayoría cualificada tan sólo reforzará la capacidad de adopción de decisiones de las instituciones En su Dictamen del 26 de enero de 2000 « Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito», la Comisión anunció que presentaría una contribución ulterior sobre la aplicación de la votación por mayoría cualificada a los ámbitos de la fiscalidad y la seguridad social. El planteamiento propuesto por la Comisión supone un examen pormenorizado de los artículos pertinentes del Tratado para determinar las decisiones que deben ser adoptadas por mayoría cualificada frente a las que deben seguir sujetas a la unanimidad. 2 Orientaciones para la adopción de decisiones en los ámbitos de 2. la fiscalidad y la seguridad social Las disposiciones nacionales en materia de fiscalidad y seguridad social reflejan las opciones fundamentales de política económica y social de los legisladores nacionales. El grado de protección y prestaciones sociales, así como las vías mediante las que se obtienen los ingresos necesarios para financiar dichas prestaciones a través de la fiscalidad constituyen la esencia de la soberanía que se ejerce por los Parlamentos nacionales. En general, estas disposiciones expresan las preferencias nacionales en cuanto a grado de solidaridad y apoyo entre organismos públicos y ciudadanos. Tales opciones son generalmente « neutras», por lo que a la dimensión europea se refiere. Sin embargo, existen unos cuantos tipos claramente definidos de disposiciones nacionales en materia de fiscalidad y seguridad social que no pueden considerarse «neutras », por lo que se refiere al funcionamiento del mercado único. Estas normas pueden afectar al mercado único debido a su contenido o a su naturaleza. En cuanto a sus efectos, pueden clasificarse en dos grandes categorías: normas que son incompatibles con los objetivos del mercado único y normas que originan distorsiones de la competencia en el mercado único. a. Incompatibilidad de las normas nacionales con los objetivos del mercado único Tradicionalmente, las normas nacionales sobre fiscalidad y seguridad social se aplican en un marco estrictamente nacional. Por definición, no tienen en cuenta consideraciones transfronterizas. A menos que sí se tengan en cuenta, estas normas nacionales pueden, no obstante, impedir el ejercicio de las cuatro libertades fundamentales del Tratado (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales). A pesar de la culminación del mercado único y del establecimiento de la Unión Económica y Monetaria, se ha avanzado muy lentamente en la supresión de los obstáculos transfronterizos, de modo que subsisten muchos de dichos obstáculos. El vacío resultante ha sido paulatinamente colmando por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en numerosas resoluciones, ha declarado algunos aspectos de las normas nacionales incompatibles con las disposiciones del Tratado sobre las cuatro libertades del mercado único. En estos casos, los Estados miembros deben modificar su legislación para eliminar la posibilidad de discriminación por razón de la nacionalidad, contraria al Tratado. Sin embargo, tales modificaciones de carácter unilateral o bilateral no son suficientes y, con frecuencia, no resuelven las situaciones en las que están implicados más de dos países. Es poco satisfactorio para el público tener que emprender acciones legales para obtener el reconocimiento de derechos que están garantizados por los Tratados. Al mismo tiempo, para los Estados miembros dista de ser una situación ideal que el Derecho comunitario en este ámbito se desarrolle caso por caso, a partir de sentencias del Tribunal de Justicia, en vez de por la vía política. Por otra parte, tales modificaciones suscitan incertidumbre y pueden dar lugar a una aplicación incoherente de las normas comunitarias de un país a otro. Los determinan y consecuentemente que los ciudadanos y las empresas no puedan ejercitar plenamente su derecho a circular o invertir en otro Estado miembro. administrativos inseguridad jurídica costes la 3 Una solución comunitaria significa que la aplicación coherente de la legislación sobre mercado único no dependa de la iniciativa individual de un operador económico que, posiblemente sobre la base de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, convenza a las autoridades de un Estado miembro de que modifiquen un aspecto específico de la legislación nacional. Las soluciones comunitarias presentan la ventaja de la regulación sistemática frente al enfoque caso por caso. b. Distorsiones de la competencia en el mercado único En el mercado único de hoy en día, ya existe una tendencia a que las normas nacionales sobre fiscalidad y seguridad social se vean influidas por opciones políticas de otros Estados miembros. El hecho es que a medida que aumenta el número de Estados miembros se incrementan en igual modo las diferencias de desarrollo entre los Estados miembros de la Unión. Es probable que estas divergencias aumenten el desfase entre las diferentes economías nacionales. Los datos recientes1 indican que el PNB medio per cápita para los diez países candidatos de Europa Central y Oriental, ajustado en función del poder adquisitivo, es un tercio de la media de la UE; en los países de Europa Central y Oriental, el nivel más bajo es un tercio del más alto. Del mismo modo que difieren los grados de desarrollo de las economías nacionales, así varían también las consideraciones políticas que subyacen en las opciones de los legisladores nacionales sobre el grado de protección social y el correspondiente nivel de los ingresos generados mediante las políticas fiscales. Unas opciones políticas adoptadas en contextos tan diferentes pueden interferir en el objetivo general de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas y un alto grado de convergencia de los resultados económicos (artículo 2 CE). c. Conclusión En conclusión, la Comisión considera que la casi duplicación del número de Estados miembros de la Unión en el futuro inmediato tenderá a hacer más visibles las todavía se observan en el mercado interior, en particular en los deficiencias que ámbitos de la política social y la fiscalidad. Niveles desiguales y distorsiones de la competencia exigen una respuesta comunitaria. Si la Comunidad no aporta instrumentos eficaces para resolver estos problemas al nivel comunitario, estos efectos colaterales negativos dificultarán el desarrollo armonioso de la Unión. 3. Instrumentos disponibles la A la hora de definir experiencia de la integración alcanzada hasta la fecha en los ámbitos de la fiscalidad y la protección social. la Comisión propone aprovechar tales instrumentos, 1 Véase: “Change and Choice in social portection. The experience of Central and Eastern Europe, Consensus 1999”. 4 a. Tipo de intervención La intervención comunitaria para el establecimiento del mercado único puede revestir diversos grados de intensidad reguladora. A grandes rasgos, puede decirse que el Tratado CE distingue entre coordinación de legislaciones, adopción de normas mínimas y armonización de normas. La coordinación de las normas nacionales mediante una normativa comunitaria no afecta a los regímenes nacionales como tales, que no se modifican, pero define la relación entre regímenes nacionales en los aspectos transfronterizos. Ejemplos de este tipo de coordinación son, en el ámbito de la seguridad social, el Reglamento 1408/712 y, en el de la fiscalidad directa, las Directivas del Consejo sobre las sociedades matrices/filiales y las fusiones3. Las Directivas no modifican las normas nacionales sobre agrupaciones de empresas y reorganización empresarial: tan sólo establecen normas limitadas a transacciones en las que participen sociedades de más de un Estado miembro. Otra forma de intervención es la adopción de disposiciones mínimas. Este sistema se limita a la creación en las diferentes legislaciones nacionales de una base mínima común de normas. En principio, las disposiciones mínimas, como la coordinación, solucionan el problema de la relación entre diferentes legislaciones nacionales. Un ejemplo de disposiciones mínimas puede encontrarse en la Directiva 92/77/CEE4 sobre los tipos del impuesto sobre el valor añadido. La Directiva establece los tipos mínimos pero no impone un tipo concreto. En el ámbito de la seguridad social, el apartado 3 del artículo 137 CE contempla la adopción de disposiciones mínimas. Aunque el primer objetivo de estas normas mínimas, por supuesto, es garantizar un nivel apropiado de protección social, de forma secundaria tales normas también impiden la creación de distorsiones de la competencia. La armonización completa, finalmente, puede ser necesaria cuando el objetivo del mercado único no pueda alcanzarse mediante la coordinación de disposiciones nacionales o por medio de disposiciones mínimas. La sexta Directiva del IVA es un ejemplo de armonización, a pesar de que la Directiva también contiene numerosos excepciones y supuestos de inaplicación. b. Adopción de decisiones Debido al requisito de unanimidad, en estos últimos años ha sido difícil avanzar en distintos ámbitos en los que era necesario actuar con urgencia para garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y el ejercicio sin restricciones de las libertades del Tratado. Desde la plena realización del mercado interior y del establecimiento de la Unión Económica y Monetaria, no ha sido posible dar ningún nuevo paso para suprimir los obstáculos fiscales a la actividad transfronteriza. En el 2 3 4 Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, del 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan DO 1990, L225/6 y DO 1990, L225/1. Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se completa el sistema común del impuesto sobre el valor añadido y se modifica la Directiva 77/388/CEE (aproximación de los tipos del IVA), DO, L 316, 31. 10. 1992, p. 1-4. dentro de la Comunidad. 5 ámbito de la seguridad social, los Estados miembros todavía no se han puesto de acuerdo sobre ninguna medida basada en el primer guión del apartado 3 del artículo 137, que prevé medidas en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores. La Comisión considera que el ámbito de la votación por unanimidad actualmente definido en el Tratado debe restringirse en aras de la eficacia. c. Conclusión La Comisión propone introducir la votación por mayoría cualificada para los instrumentos por los que se lleve cabo la coordinación de las normas nacionales o la introducción de disposiciones mínimas en los ámbitos de la fiscalidad y la seguridad social que se detallan más adelante. La fiscalidad indirecta, en la que ya se ha alcanzado un grado significativo de armonización, requiere unas consideraciones específicas aparte. 4. Implicaciones prácticas de este planteamiento en la fiscalidad: a. Coordinación de las normas nacionales con vistas a la supresión de los obstáculos directos al ejercicio de las cuatro libertades (garantía de la compatibilidad de las normas nacionales con los objetivos del mercado único) La Comisión considera que todas las medidas comunitarias necesarias para suprimir los obstáculos directos al ejercicio de las cuatro libertades deben ser adoptadas en el futuro por mayoría cualificada. Estas medidas tendrán como objetivo definir la relación entre los sistemas nacionales, para, de ese modo, suprimir la carga adicional a la que están sujetos los contribuyentes que se encuentren en situación transfronteriza, como, por ejemplo, la discriminación y la doble imposición. La legislación comunitaria de este modo adoptará la naturaleza de medidas de coordinación Estas medidas no se refieren a los obstáculos que surgen simplemente de la necesidad de atenerse a más de un sistema fiscal o de la falta de uniformidad de los sistemas fiscales. Por lo tanto, continuaría requiriéndose la unanimidad, por ejemplo, para la armonización de los tipos de los impuestos sobre sociedades. Además, el ámbito de las medidas que deban adoptarse por mayoría cualificada se limitaría a aquellos supuestos en que estén implicados más de un Estado miembro. Se seguiría requiriendo al funcionamiento del mercado interior que también tengan una repercusión en situaciones puramente internas. las medidas comunitarias unanimidad necesarias para la Una medida en la que se estableciera la posibilidad de deducir en el país de acogida las cotizaciones pagadas por los trabajadores emigrantes a un régimen de pensiones complementario en su país de origen sería un ejemplo de materia que debería decidirse por mayoría cualificada. Las soluciones bilaterales no siempre pueden resolver todos los aspectos de los problemas de los individuos que han trabajado en más de dos países a lo largo de su carrera. Otro ejemplo sería la Directiva propuesta relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados. La propuesta se propone eliminar los impuestos retenidos en origen sobre los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados con objeto de evitar la doble imposición. En este caso, la solución comunitaria presentaría la doble ventaja 6 de eliminar estas retenciones a cuenta, que no se eliminan en algunos tratados fiscales bilaterales actuales, y de tratar la cuestión de la incompleta supresión de la doble imposición en las situaciones triangulares, que los tratados bilaterales no pueden, por definición, abordar. Por el contrario, las disposiciones por las que se armonicen los regímenes fiscales de los pagos de intereses y cánones deberán seguir adoptándose por unanimidad. b. Situación específica de la libre circulación de mercancías y servicios Impuesto sobre el valor añadido La libre circulación de mercancías y servicios es un caso específico porque las cuestiones ligadas a la libre circulación de mercancías han sido tratadas de manera pormenorizada, en particular, por la Sexta Directiva sobre el IVA ,5 que creó una base común para recaudar el impuesto sobre el valor añadido. Sin embargo, desde su aprobación en 1977, con excepción de las modificaciones introducidas en 1992 para suprimir los controles físicos en las fronteras, el sistema común del IVA no ha experimentado ninguna evolución significativa. El sistema se concibió a comienzos de los años 70, con anterioridad al establecimiento del mercado único y antes del aumento del sector servicios. Este sistema se adapta con dificultades a la situación económica del hoy. El establecimiento del mercado único ha supuesto una liberalización a amplia escala de las actividades económicas. Por ejemplo, se exceptuaron o excluyeron del régimen del IVA los servicios de interés público por estar prestados por entes públicos. En la actualidad, en un entorno liberalizado, esta situación da lugar a distorsiones de la competencia (el envío de una carta por un servicio de correo privado está sujeto al IVA, mientras que no lo está el "sello de correos" emitido por un ente público, por el que se paga un servicio similar). Además, con las normas existentes resulta difícil regular las nuevas formas de actividad económica, como el comercio electrónico, lo que, a su vez, da lugar a métodos de elusión fiscal que ocasionan la erosión de la base impositiva. La Directiva ya no responde a las necesidades de los operadores, que necesitan normas sencillas, modernas y más uniformes dentro del mercado único. Unas normas inadecuadas pueden afectar al mercado único de la misma manera que la falta de normas. Dado el alto grado de armonización existente en el campo del IVA, serán precisos nuevos instrumentos por los que se lleve a cabo la adaptación de las normas existentes para mantener ese acervo. La Comisión propone especificar pormenorizadamente qué aspectos de las normas del IVA deben adoptarse a partir de ahora por mayoría cualificada. Deberían adoptarse por mayoría cualificada aquellas decisiones por las que • • 5 se modernicen y simplifiquen las normas comunitarias existentes para eliminar distorsiones de la competencia se asegure una aplicación uniforme de garantizándose la aplicación simple y transparente de tales normas las normas fiscales existentes, Directiva 77/388 del 17 de mayo de 1977, DO No. L 145/1. 7 El paso a un nuevo sistema común del IVA, que entrañara cambios fundamentales en cuanto a la localización de las operaciones y la reasignación de los ingresos IVA entre los Estados miembros, debería claramente decidirse por unanimidad. Lo mismo vale para las normas sobre la fijación de los tipos (tipo normal y tipo reducido, carácter no obligatorio del tipo reducido) o para las normas que, aunque varían de un Estado miembro, en sí mismas no constituyen un obstáculo para el funcionamiento del mercado único (por ejemplo, los sistemas de exención para operaciones inmobiliarias o en los sectores social y de la formación). Impuestos especiales Los problemas sobre los que se ha tratado más arriba sobre las normas del IVA se plantean de idéntica forma en las normas comunitarias sobre impuesto especiales. Debido a la rápida evolución de los productos a los que se aplican, los impuestos especiales comunitarios requieren una adaptación constante, que no permite el requisito de unanimidad actualmente existente. De hecho, los productos sujetos a los impuestos especiales se definieron hace una década y la definición no se ajusta a la evolución de las características del mercado (gusto, moda). En el campo del alcohol y de las bebidas alcohólicas diversos productos nuevos no responden a las categorías de productos definidas por la Directiva. La cuestión de si un nuevo producto responde a una u otra categoría presenta por lo tanto importancia a los efectos impositivos. A falta de normas claras, seguirán produciéndose distorsiones de la competencia y, posiblemente, incluso problemas de fraude. Una situación similar se observa en cuanto a los productos del tabaco y los aceites minerales. La Comisión propone que deberían adaptarse por mayoría aquellas decisiones por las que • • se modernicen y simplifiquen las normas comunitarias existentes para eliminar distorsiones de la competencia se asegure una aplicación uniforme de garantizándose la aplicación simple y transparente de tales normas. las normas fiscales existentes, Obviamente, las normas sobre el lugar de imposición o la fijación de los tipos aplicables a los productos sujetos a impuestos especiales seguirán adoptándose por unanimidad. Medidas fiscales de naturaleza fundamentalmente medioambiental La protección del medioambiente es una de las prioridades clave de la Unión (artículos 2 y 6 del Tratado). En los últimos años, los Estados miembros han venido utilizando cada vez más medidas frente a problemas medioambientales, con la intención de modificar el comportamiento de los operadores económicos en un sentido más favorable a la protección medioambiental. Si bien la aplicación de tales medidas constituye un medio de alcanzar el objetivo global de mejora de la protección del medio ambiente, una legislación de este tipo puede tener fiscales para hacer 8 el efecto secundario de crear obstáculos al funcionamiento del mercado único. Con la adhesión de nuevos Estados miembros, cuyas economías están experimentando cambios estructurales importantes, será aún más urgente adoptar medidas eficientes, incluidas las de orden fiscal, para poder alcanzar los objetivos medioambientales del Tratado que establece el desarrollo sostenible (artículo 6 CE) y la conservación y la mejora de la calidad del medio ambiente (artículo 174 CE). Por lo tanto, la Comisión considera que también deben adoptarse por mayoría cualificada aquellas medidas fiscales cuyo principal objetivo sea la protección del medio ambiente y que tengan una incidencia directa y significativa en el medio ambiente. Por ejemplo, una exacción basada en los contenidos de azufre de ciertos productos fósiles tiene claramente un objetivo medioambiental puesto que las emisiones de azufre son la causa principal de la acidificación del suelo. Gravar con impuestos los productos que contienen azufre disuade del uso y pone freno a la proliferación de tales productos. Una diferenciación de los tipos impositivos para tener en cuenta el contenido de azufre podría, por lo tanto, decidirse por mayoría cualificada. Por otra parte, un aumento uniforme de los impuestos especiales sobre aceites minerales no en sí, un objetivo ambiental, aun cuando tal medida pudiera tener una persigue, lo tanto, efecto secundario en el medio ambiente. Tal decisión seguiría, por adoptándose por unanimidad. La Comisión recuerda que este cambio del modo de adopción de decisiones no afecta a la distribución de competencias que figura actualmente en el Tratado. En concreto, no puede entenderse que tal modificación pueda permitir la introducción de medidas fiscales comunitarias en beneficio del presupuesto comunitario ya que el apartado 2 del artículo 269 CE establece claramente que las decisiones sobre los recursos propios se adoptan por unanimidad. c. Normas para combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales Para eliminar los supuestos de doble no imposición en situaciones transfronterizas y para prevenir la burla de las disposiciones existentes, particularmente en el campo del IVA, se necesitan disposiciones por las que se regulen directamente la recaudación de impuestos directos e indirectos, encaminadas a prevenir el fraude, la evasión6 o la elusión fiscales7. Estas operaciones pueden ocasionar la erosión de las bases impositivas en los respectivos Estados miembros. Ya existen disposiciones por las que algunos Estados miembros puede exceptuar el cumplimiento de las normas comunitarias para combatir la evasión o la elusión fiscales, lo que, en ocasiones, ha servido para que varios Estados miembros puedan aplicar la misma excepción. Sería preferible, en estos casos, modificar las disposiciones de la propia Sexta Directiva8 por mayoría cualificada. 6 7 8 Se considera evasión fiscal el acto de retención ilegal de impuestos debidos a las autoridades tributarias. Por definición, la evasión fiscal es ilegal conforme al Derecho nacional aplicable a la operación fiscal en cuestión. La elusión fiscal es la realización de una operación económica de manera que se minimice el impacto fiscal de la misma, aprovechando las lagunas existentes en la legislación aplicable. Por definición, la elusión fiscal es legal. Directiva 77/388 del 17 de mayo de 1977, DO No. L 145/1. 9 En el campo de los impuestos directos, el objetivo de una nueva disposición del Tratado sería poder hacer frente a las situaciones de doble no imposición con mayor eficacia, en especial, al permitir la adopción de medidas comunitarias de coordinación por mayoría cualificada. La propuesta de la Comisión sobre imposición de los rendimientos del ahorro aborda el problema de la evasión fiscal en el campo9 de los impuestos directos. Tales medidas no persiguen limitar la libertad de empresas y ciudadanos de aprovechar las diferencias de los tipos impositivos nacionales para reducir su carga fiscal. d. Asistencia mutua y cooperación entre autoridades tributarias Las mediadas de asistencia mutua y cooperación entre autoridades tributarias caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 95 CE, por lo que ya están sujetas a la votación por mayoría cualificada. Un ejemplo de tales medidas sería el programa Fiscalis, que se adoptó de conformidad con el artículo 95 CE. Otro sería la propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de determinadas exacciones, derechos de aduana, impuestos y otras medidas, que se ha propuesto de conformidad con el artículo 95. Sin embargo, en aras de una mayor seguridad jurídica y mejor comprensión de las disposiciones en cuestión, la Comisión prefiere reunir tales medidas en un solo capítulo del Tratado que trate tanto de medidas fiscales como de medidas de asistencia y cooperación entre autoridades tributarias. Implicaciones prácticas del planteamiento de la Comisión en la 5. seguridad social a. Supresión de los obstáculos directos para el mercado único (garantía de la compatibilidad de las normas nacionales con los objetivos del mercado único) El artículo 42 CE, en el que ya se aplica el procedimiento de codecisión, prevé la adopción de medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores. El instrumento jurídico más importante adoptado sobre esta base es el Reglamento 1408/71. Este Reglamento fundamentalmente establece la coordinación de las disposiciones nacionales en materia de seguridad social para tener en cuenta los elementos transfronterizos. Puesto que las disposiciones nacionales evolucionan, el instrumento comunitario debería también evolucionar para que puedan mantenerse los efectos beneficiosos para la libre circulación de trabajadores. Las numerosas adaptaciones del Reglamento 1408/71 no han tenido siempre el efecto deseado a causa del requisito de unanimidad del artículo 42. Además, este instrumento necesita simplificarse y modernizarse. La necesidad de revisión general de la legislación ya se reconoció en 1992 cuando el Consejo de Edimburgo abogó por la simplificación de las normas de coordinación. En su Comunicación de 1997, “Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores”10, la Comisión reconoce asimismo que la modernización y simplificación de las normas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social resultan fundamentales para hacerlos “más eficaces y más fáciles 9 10 COM (98) 295, DO, C 150, 28. 5. 1999, 184 COM (97) 586 final. 10 de utilizar“. Con tal fin, la Comisión aprobó el 21 de diciembre de 1998 una propuesta de un nuevo Reglamento de coordinación simplificado11. El requisito de la unanimidad establecido en el artículo 42 está haciendo que las negociaciones en el Consejo sobre esta propuesta sean muy difíciles. La Comisión, por lo tanto, propone que la coordinación comunitaria para facilitar la libre circulación de trabajadores se adopte en el futuro por mayoría cualificada12. Además, la Comisión considera necesario extender su ámbito de aplicación a otros beneficiarios además de los trabajadores. Los instrumentos normativos adoptados sobre la base del artículo 42 (Reglamento 1408/71, Reglamento 574/72 y Directiva 98/49) tienen como base jurídica secundaria el artículo 308. Se añadió esta base jurídica para hacer precisamente posible la extensión del Reglamento 1408/71 a los trabajadores no asalariados (en virtud del Reglamento 1390/81) ya que, en efecto, no existe base jurídica específica para la coordinación de la seguridad social de otras personas distintas de los trabajadores. Posteriormente, el artículo 308 también hizo posible la extensión a los estudiantes (en virtud del Reglamento 307/1999). A menos que se extienda el ámbito de aplicación subjetivo del artículo 42, la votación por mayoría cualificada seguirá siendo teórica: para aprobar en un único instrumento comunitario disposiciones en materia de seguridad social respecto de personas distintas de los trabajadores se seguirá todavía necesitando el recurso al artículo 308 y, por lo tanto, la unanimidad. Así pues, debería darse a este artículo una nueva redacción para abarcar no solamente a los trabajadores migrantes sino también a todas las personas que ejerciten su derecho a circular y residir libremente en la Unión13. Por último, debería darse al Consejo la posibilidad de extender los instrumentos aprobados en virtud del artículo, en su nueva redacción, en todo o en parte, a los ciudadanos no comunitarios legalmente residentes en el territorio de un Estado miembro. Ello responde a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, que abogó por la adopción de un estatuto general para los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros. El Consejo Europeo de Tampere hizo asimismo hincapié en que dichas normas debían ajustarse en la mayor medida posible a las normas que se aplican a los ciudadanos de la Unión. La consecución de estos objetivos se ve obstaculizada por la falta de una base jurídica claramente especificada. El artículo 63 no se puede aplicar en este contexto ya que esta disposición sólo se refiere a la admisión y residencia de nacionales de terceros países. Por consiguiente, la Comisión considera que la mejor solución sería la extensión del artículo 42 como base jurídica apropiada para aprobar normas que, en la medida de lo necesario, reflejen las normas aprobadas para los ciudadanos de la Unión14. 11 12 13 14 COM (98) 779 final Véase asimismo la explícita referencia al Reglamento 1408//71 en la Comunicación de 26. 1. 2000 COM (2000) 34, apartado 10 (iii). Véase la nota a pie de página ** del Anexo 2 de la Comunicación de 26. 1. 2000. En el actual Tratado ya está previsto tal mecanismo de extensión por mayoría cualificada respecto de los prestadores de servicios que son nacionales de un tercer país y están establecidos en la Comunidad (“El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la 11 b. Prevención de las distorsiones de la competencia El primer guión del apartado 3 del artículo 137 constituye la base jurídica para adoptar medidas en el ámbito de la seguridad social. Las medidas adoptadas sobre la base del artículo 137 deben limitarse a unas disposiciones mínimas que han de aplicarse progresivamente y no pueden suponer una armonización completa. La Comisión considera necesario que tales normas mínimas se adopten por mayoría cualificada si se quiere hacer posible el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación y evitar distorsiones de la competencia. Extender la votación por mayoría cualificada a la seguridad social y la protección social de los trabajadores de este modo responde plenamente a los objetivos establecidos en el artículo 136. La Comisión recuerda que en su Dictamen de 26 de enero de 2 000 proponía aplicar la mayoría cualificada como norma general para la adopción de decisiones en virtud del Tratado CE. De acuerdo con este planteamiento, las decisiones en virtud de los guiones segundo a quinto del apartado 3 del artículo 137 deberían adoptarse por mayoría cualificada porque tales decisiones no reúnen los criterios que, de acuerdo con la Comisión, en su Dictamen de 26 de enero de 2000, justifican el mantenimiento de la unanimidad. Quedaba pendiente el tema del primer guión del apartado 3 del artículo 137. La seguridad y la protección sociales están íntima e inexorablemente ligadas a la mayoría de los objetivos de la política social (por ejemplo, mejora de las condiciones de vida, protección social adecuada, desarrollo de los recursos humanos y lucha contra las exclusiones), por lo que hay poderosas razones para extender a este ámbito el mecanismo de adopción de decisiones ya utilizado para mejorar las normas en otros ámbitos relevantes para la competitividad y el mercado único, tales como la salud y la seguridad, las condiciones de trabajo, la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo y los aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres. La intervención comunitaria en el ámbito de la seguridad social y la protección social se vería, por consiguiente, acotada por los imperativos de respeto de las prácticas nacionales y mantenimiento de la competitividad, establecidos en el artículo 136, y los claros límites que el apartado 2 del artículo 137 fija en cuanto a la naturaleza y efectos de cualquier norma que se adopte. 6. Conclusión En conclusión, la Comisión propone a la Conferencia introducir la votación por mayoría cualificada para • la adopción de disposiciones de coordinación para suprimir obstáculos directos al ejercicio de las cuatro libertades y, en especial, prevenir la discriminación y la doble imposición. • las medidas por las que se modernicen y simplifiquen las normas comunitarias existentes en el ámbito de los impuestos indirectos con objeto de eliminar distorsiones de la competencia Comisión, podrá extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Comunidad”). 12 • las medidas por las que se asegure la aplicación uniforme de las normas existentes sobre impuestos indirectos y garantice la aplicación simple y transparente de tales normas • las medidas fiscales cuyo principal objetivo sea la protección del medio ambiente y tengan una incidencia directa y significativa en el medio ambiente • la adopción de disposiciones por las que directamente se rija la recaudación de impuestos y se persiga prevenir el fraude, la evasión o la elusión fiscal con objeto de eliminar los supuestos de doble no imposición en situaciones transfronterizas e impedir la burla de las disposiciones existentes, particularmente en el campo de IVA • las medidas de coordinación de los sistemas de seguridad social que tengan por objeto facilitar la libre circulación de personas • las medidas por las que se establezcan las disposiciones mínimas que sean necesarias para hacer posible el ejercicio efectivo de la libre circulación de personas o para prevenir distorsiones de la competencia a través del descenso artificial de los niveles de protección social. Además, con objeto de consolidar el Tratado y prever unas disposiciones más fácilmente comprensibles, la Comisión propone: • extender el beneficio de las disposiciones del artículo 42 a otras personas además de los trabajadores, para incluir las personas que ejerzan su derecho a la libre circulación y permitir que el Consejo extienda, en todo o en parte, los instrumentos existentes a ciudadanos no comunitarios. • incluir en el capítulo fiscal medidas sobre asistencia mutua y cooperación entre las autoridades tributarias que en la actualidad se adoptan sobre la base de una disposición de otro capítulo del Tratado. 13 Texto actual del Tratado CE Proyecto de modificación Anexo I ARTÍCULO 93 ARTÍCULO 93 El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en el plazo previsto en el artículo 14. 1. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a las [. ] leyes y reglamentos de los Estados miembros relativos a los impuestos [. ] directos e [. ] indirectos, en la medida en que dichas disposiciones sean necesarias para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en el plazo previsto en el artículo 14. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Eonómico y Social, adoptará: medidas de coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto eliminar los obstáculos directos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios o capitales derivados de las disposiciones fiscales y, en particular, evitar la discriminación y la doble imposición; medidas de coordinación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los impuestos directos que tengan por objeto evitar el fraude, la evasión y la elusión fiscales; medidas referentes al los impuestos especiales y el impuesto sobre el capital por las que se modernicen o simplifiquen las normas comunitarias existentes o por las que se garantice una aplicación uniforme, sencilla o transparente de dichas normas, distintas de aquéllas por las que se fijen los tipos impositivos o se introduzca un cambio general en el sistema tributario; medidas referentes a los impuestos indirectos que tengan por objeto evitar el fraude, la evasión y la elusión fiscales, e impedir la burla de las disposiciones existentes; impuesto sobre el valor añadido, 14 - - - - medidas fiscales cuya principal finalidad sea alcanzar los objetivos medioambientales del Tratado, como los establecidos en el artículo 174, y que tengan una incidencia directa y significativa en el medio ambiente. 15 3. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones necesarias para facilitar la asistencia mutua, intercambio de información entre las autoridades tributarias dentro de la Comunidad, en particular con el fin de combatir el fraude, la evasión y la elusión. la cooperación y el 15 EL apartado 2 del artículo 175 debería suprimirse, puesto que a las cuestiones restantes se les debe aplicar la norma gneral de la mayoría cualificada, tal como explicó la Comisión en su Comunicaión de 26 de enero de 2000. 15 - ARTÍCULO 42 ARTÍCULO 42 El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, adoptará, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes y a sus derechohabientes: El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, adoptará, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de las personas, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes y a sus derechohabientes: a) b) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas; (a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas; (b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros. Estados miembros. El Consejo se pronunciará por unanimidad durante todo el procedimiento previsto en el artículo 251. [suprimido] ARTÍCULO 137 1. Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores; las condiciones de trabajo; la información y la consulta a los trabajadores; la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 150; la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo. El Consejo, con arreglo al mismo procedimiento, podrá extender el beneficio de este sistema, en todo o en parte, a los nacionales de un tercer Estado que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro. ARTÍCULO 137 16 1. Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores; las condiciones de trabajo; la información y la consulta a los trabajadores; la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 150; la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo. 16 La modificación propuesta también incluye elementos del Dictamen de la Comisión de 26 de enero de 2000. 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - seguridad social y protección social de los trabajadores; - - protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral; - representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 5; condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Comunidad; contribuciones financieras dirigidas al fomento del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las disposiciones relativas al Fondo Social Europeo. - - 2. A tal fin, el Consejo podrá adoptar, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 2. A tal fin, el Consejo podrá adoptar, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. El Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. El Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. El Consejo, siguiendo el mismo procedimiento, podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, y promover fórmulas innovadoras y experiencias de evaluación con el fin de luchar contra la exclusión social. El Consejo, siguiendo el mismo procedimiento, podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, y promover fórmulas innovadoras y experiencias de evaluación con el fin de luchar contra la exclusión social. 3. Sin embargo, el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, en los siguientes ámbitos: seguridad social y protección social de los trabajadores; protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral; representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6; condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Comunidad; contribuciones financieras dirigidas al fomento del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las disposiciones relativas al Fondo Social Europeo. [suprimido] 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud de los apartados 2 y 3. 3. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud de los apartados 2 y 3. En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta una directiva con arreglo al artículo 249, los interlocutores sociales hayan las disposiciones necesarias; el Estado miembro establecido, mediante acuerdo, interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha directiva. En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta una directiva con arreglo al artículo 249, los interlocutores sociales las disposiciones necesarias; el Estado hayan establecido, mediante acuerdo, miembro interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha directiva. 5. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo no impedirán a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con el presente Tratado. 4. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo no impedirán a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con el presente Tratado. 6. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal. 5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal. 18


title: 2000/537/EC: Commission Decision of 14 March 2000 on State aid granted by Germany to Elpro AG and its successor companies (notified under document number C(2000) 808) (Text with EEA relevance) (Only the German text is authentic)

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Germany
State aid
control of State aid
electrical engineering
industrial restructuring
privatisation

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text: L 229/44 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 II (Acts whose publication is not obligatory) COMMISSION COMMISSION DECISION of 14 March 2000 on State aid granted by Germany to Elpro AG and its successor companies (notified under document number C(2000) 808) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2000/537/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular the first subparagraph of Article 88(2) thereof, Having regard to the Agreement on the European Economic Area, and in particular Article 62(1)(a) thereof, Having called on interested parties to submit their comments pursuant to the provisions cited above (1), Whereas: I. PROCEDURE (1) (2) By letter of 15 October 1996, registered as received on the same date, Germany notified the Commission of aid granted to Elpro AG/Berlin (Elpro). On 3 December 1996 it informed the Commission that, as additional aid would be granted, the notification would have to be amended, although it did not formally withdraw the notification. At a meeting held on 30 June 1997 in Berlin, the German authorities provided the Commission with further information. By letter dated 9 October 1997, the Commission informed Germany that it had decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of the aid and called on it to provide all relevant information. The Commission decision to initiate the procedure was published in the Official Journal of the European Communities (2), (1) OJ C 99, 1. 4. 1998, p. 9, and OJ C 84, 26. 3. 1999, p. 9. (2) See footnote 1. 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/45 (3) By letter dated 3 February 1999, the Commission informed Germany that it had decided to extend the procedure initiated in September 1997 to cover the additional aid granted in connection with the sale of an Elpro subsidiary. The Commission decision to extend the procedure was also published in the Official Journal of the European Communities (3). In both notices the Commission invited interested parties to submit their comments on the aid measures. (4) The Commission received no comments from interested parties. II. DETAILED DESCRIPTION OF THE AID MEASURES (5) When the procedure was initiated, the information available to the Commission was fragmentary. It was for this reason that Germany was asked to provide complete information. The following description of the aid measures takes account of the supplementary and updated information on the restructuring programme provided by Germany in the course of the procedure. (6) (7) (8) (9) Elpro, the successor to VEB Elektroprojekt and Anlagenbau Berlin, was privatised in June 1992 following an open unconditional tender procedure. It was sold without its real estate for DEM 12 million to the highest bidder, a consortium of private individuals. Elpro's real estate was sold separately at a market price of DEM 261,9 million to the Treuhandanstalt (THA) and the proceeds were used to repay Elpro's outstanding debts to banks and the THA. The Bundesanstalt fur vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS, the successor organisation to the THA) submitted copies of the independent evaluations of the property carried out at the time to prove that no aid had been granted in connection with the privatisation of Elpro. The property consisted of extensive land and buildings located mainly in the eastern part of Berlin. One of the new owners of Elpro bought the Technische Gebäudeausrüstung Berlin GmbH (TGA) in June 1992 from the THA as highest bidder after an open unconditional tender procedure for a price of DEM 6,9 million. Again, the real estate was sold separately, first to the THA and subsequently for the market price of DEM 36 million to a real estate company founded by the investors in Elpro. No aid was granted in the context of the privatisation of TGA. In 1995 TGA was [. ] (*). In the autumn of 1992, as sole bidder after an open, unconditional tender procedure, Elpro bought Berliner Lufttechnische Anlagen and Gerate GmbH (BLA) for DEM 1,5 million. That company too was sold without real estate. The proceeds of DEM 49,7 million were used by the THA to repay debts incurred at the time of the German Democratic Republic, loans granted in the meantime and several other liabilities. The valuation of the property was based on an independent report made available to the Commission. No aid was granted in connection with the privatisation. In 1993 the buyers of Elpro and the THA entered into a long-running dispute concerning the purchase price of the company. Many of the claims involved in this dispute stemmed from the fact that, when Elpro was transferred to its new owners in 1992, the valuation of numerous assets and liabilities had been provisional. By 1995 a whole set of figures needed to be revised. Elpro's buyers demanded repayment by the BvS of part of the purchase price of DEM 12 million as the value of various assets (e. g. various outstanding demands) was lower than originally expected. For its part, the BvS entered claims increasing the purchase price by a total of DEM 5,6 million, in particular because the buyers had not fully used up the reserves earmarked for the social compensation plan. At the start of 1996, in a bid to avoid lengthy court proceedings the outcome of which was uncertain, the BvS sold its claims for DEM 1 million to the owners' creditor banks that had financed the purchase of the company. The parties agreed that this payment settled all claims from both sides relating to the privatisation contract of 1 and 2 June 1992 (4). (3) See footnote 1. (*) Business secret. (4) Notification from the German Government to the Commission of 27 February 1998, p. 33. L 229/46 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 (10) Until the end of 1995 the three companies (Elpro, TGA and BLA) carried out the investments agreed in the privatisation contracts. These investments of DEM 87 million for plant modernisation received assistance from the generally available, Commission-approved aid programmes under the joint Federal Government/Länder scheme for improving regional economic structures and under the Investment Allowance Law. By the beginning of 1996 Elpro had become a company with a turnover of DEM 250 to 300 million and 1 700 employees. The group consisted of two main divisions: (a) energy and control wiring systems for railways and industrial facilities (LET) (5) and (b) electrical and technical equipment for buildings (GVT) (6), From the outset, one of Elpro's chief problems was its insufficient capital base. The new owners had financed all their acquisitions with bank loans. This caused serious difficulties in 1995/96, when the crisis in the construction sector in Berlin began, Elpro's traditional markets in Eastern Europe weakened further and the company suffered heavy losses in connection with certain large engineering projects. By the spring of 1996 Elpro had used up a substantial part of its equity capital and was close to insolvency. industrial (11) On 24 June 1996, in order to restore its liquidity, Elpro agreed on a rescue package with its banks, the Land of Berlin and the BvS and a tentative restructuring programme was devised. Its shares were transferred to one of the initial investors and subsequently pledged to the creditor banks that had financed the privatisation. As described in detail in the Commission decision initiating the Article 88(2) procedure (7) the plan at the time was to close the GVT division and sell the LET division to an international investor. The consultancy company Price Waterhouse was instructed to explore the possibilities of a sale and to prepare a tender procedure. However, a lack of interest from any suitable industrial investor made it clear at a very early stage that the plan envisaged was not feasible and that further modifications were needed. However, the GVT division was closed (at a total cost of DEM 56,3 million), as was the basic industries division and overheads in the LET division were also reduced (at a total cost of DEM 42,7 million). Repayments on long-term loans totalling DEM 54,3 million had to be made and Elpro needed an injection of fresh working capital to continue operations (DEM 47,1 million). The total cost of these measures was DEM 200,4 million. In addition, a new guarantee facility was provided up to a limit of DEM 30 million. (12) The above measures were financed as follows: — profit from the sale of E-Plus shares held as a financial participa- tion by Elpro (*) DEM 121,2 million — short-term cash resources liquidity generated within Elpro DEM 13,6 million — waiver of loans by commercial banks DEM 18,0 million — new loan from commercial (80 % guaranteed under the state guarantee scheme) — loan from the BvS (first tranche of DEM 4,5 million in summer 1996, remainder in January 1997) — loan from the BvS (to be converted into a grant after approval of the restructuring by the Commission) — residual payment of regional aid (joint Federal Government/ Länder scheme) DEM 18,5 million DEM 20,0 million DEM 9,0 million DEM 0,1 million Total (loans/cash) DEM 200,4 million (*) E-Plus is a major mobile phone company. Elpro AG had bought a 2,5 % participation in E-Plus for DEM 26,3 million and sold it for DEM 147,5 million. A guarantee of DEM 30 million was provided by commercial banks against a counter-guarantee of DEM 15 million from the Land authorities and the BvS. (5) Leit- und Energietechnik. (6) Gebäudesystem- und Versorgungstechnik (communications, air-conditioning systems, (7) See footnote 1. lighting). 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/47 (13) (14) (When the procedure was initiated, only the BvS loans and counter-guarantees were mentioned as new aid in paragraph 2. 5. 1, but the text was based on inexact figures. For this reason, the Commission originally viewed the loan of DEM 9 million as a grant. Germany later explained that it was a loan. The Commission was aware only of counter-guarantees to a value of DEM 7,5 million, and not DEM 15 million. ) Consequently, the various State agencies supported the financial rescue of Elpro with loans of DEM 29 million and guarantees totalling DEM 29,8 million. The company contributed DEM 134,8 million from its own funds. Commercial banks participated by waiving claims of DEM 18 million and assuming risks in respect of a DEM 3,7 million loan and the new guarantee line of DEM 15 million. Elpro had previously received from commercial banks guarantees not backed by the State totalling DEM 114 million. The failure to find an industrial investor and substantial losses on large export contracts towards the end of 1996 made it necessary to adapt the restructuring plan envisaged. It was concluded that Elpro could not survive alone as a contractor for large projects in basic industries (such as cement and steel plants) on export markets because of the very high financing capacity needed and the risks involved. Elpro could not on its own compete against the leading multinationals (8) which had a far stronger market position. It was decided to concentrate on activities that were viable for a medium-sized company and to wind down the remaining parts of the business, either by means of a sale or through an orderly liquidation. The objectives of this strategy were: (a) to avoid insolvency because of the very high financial liabilities associated with outstanding performance bonds, (b) to stabilise the retained parts of the business and to make them financially viable, and (c) to safeguard as many jobs as possible. (15) The main elements of the final restructuring plan of May 1997 are as follows: 1. Concentration of activities on: (a) production and assembly of electrical installations (substations, overhead lines) for railways and urban rail transport; (b) production and installation of control wiring systems for the utilities sector; (c) assembly of electrical and electronic equipment (circuit breakers, transformers, etc. ). 2. Further reduction in the workforce from 1 700 (beginning of 1996) to 900 (beginning of 1997) and finally to about 400 (end of 1997). 3. Sale of the reduced basic industries division and of the communications technology division (in all, it proved possible to save the jobs of a further 180 employees and 55 apprentices; with the exception of the sale of a branch of Elpro Leit- und Energietechnik (LET) GmbH (see recitals 25 to 27), no State aid was granted in connection with these sales). 4. Reduction of outstanding guarantees and bank liabilities. 5. Improvement of management, controls and finance; modernisation of data processing facilities. 6. Organisational separation of the Elpro group into those parts to be closed down and those to be continued, with transfer of the latter to the new owners in the second phase of the restructuring programme. 7. Reduction in the stock of real estate, first through leasing and afterwards by selling the main building (planned for 2001 ). Implementation of some of these measures began in early 1997. Most have since been completed, while others, including the reduction of guarantees, the training of staff and modernisation, are ongoing or have been deferred until a decision on the State aid programme has been made. (8) Including Siemens, ABB and General Electric. L 229/48 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 (16) The cost is involved in the first phase of the restructuring (from June 1997 to the end of 1998) (9) were: — winding-up and closure costs (termination of loss-making projects, settlement of claims, warranties, social plan) DEM 13,6 million — repayment of short-term loans used for the rescue operation (see paragraph 12) — cash injection to increase working capital — loss compensation for two projects — debt reduction Total guarantee for outstanding claims Grand total (17) These costs were financed as follows: — residual profit from the sale of E-Plus shares — other Elpro funds — bank loans (of which DEM 14 million secured by a state guar- antee) Total cash — bank guarantee for outstanding claims Grand total DEM 13,6 million DEM 7,0 million DEM 3,9 million DEM 9,8 million DEM 47,9 million DEM 3,0 million DEM 50,9 million DEM 16,0 million DEM 0,9 million DEM 31,0 million DEM 47,9 million DEM 3,0 million DEM 50,9 million The State participated in this phase by extending the guarantees, while the loans granted to save Elpro were given junior-ranking status and made interest-free (see point paragraph 13). It also provided a further guarantee of DEM 14 million to secure a proportion of the above-mentioned bank loans. All other funds came from private sources. When the total costs of the restructuring are calculated, an amount of DEM 13,6 million needs to be deducted from the gross costs of DEM 50,9 million since the temporary financing of this amount by Elpro in 1996 was replaced by the residual proceeds from the sale of E-Plus shares. (18) After the first year of the restructuring and stabilisation of the group, the creditor banks decided to embark on the second phase and to sell the retained parts of the business, which were the subject of a management buyout by one of Elpro's managers, Mr Lelbach. By a contract dated 18 December 1998, Mr Lelbach acquired the shares of the five Elpro subsidiaries which are to continue in business under the new holding company Elpro GmbH Berlin Industrieholding (EUB; unless otherwise stated, it includes Elpro Verkehrstechnik GmbH (EVT), which is legally separate from the holding company). New shares in EUB are to be offered to other members of the management at a later date. By the end of 1998 the parts of Elpro that were to be wound up had ceased all operations and they have had no employees since then, their remaining activities being limited to meeting outstanding guarantee and credit commitments by 2001, when liquidation is to take place. The commercial banks will provide the necessary interim financing until Elpro's main building is sold. (9) Some winding-up and closure measures will continue until 2001. 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/49 (19) The creation of EUB is a continuation of the first phase of the restructuring as described above. EUB is active almost exclusively on the German market; it hopes to re-enter to some of Elpro's traditional CIS markets when the economic situation improves. EUB plans to invest DEM [. ] million by 2001, primarily to modernise its electronic data processing facilities and to buy equipment for contact-line contracts. An additional DEM [. ] million or so has been earmarked for staff training (including further training). As EUB will basically be an engineering company (more than [. ] % of its workforce are engineering graduates), it intends to spend [. ] % of turnover on research and development every year and to obtain about DEM [. ] million of aid under general R&D programmes. (20) At the end of 1998 the annual accounts of EUB and EVT were as follows (in DEM million): (a) EUB (excluding EVT) Assets Equity capital and liabilities A. Fixed assets B. Current assets — inventories — accounts receivable — cash on hand C. Prepayments and accrued income [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Subscribed capital Reserves Retained profits A. Equity capital B. Reserves C. Liabilities [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Total assets [. ] Total equity capital and liabilities [. ] (b) EVT Assets Equity capital and liabilities A. Fixed assets B. Current assets — inventories — accounts receivable — cash on hand C. Prepayments and accrued income [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Suscribed capital Reserves Retained profits A. Equity capital B. Reserves C. Liabilities [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Total assets [. ] Total equity capital and liabilities [. ] The equity ratio is therefore [. ] % in the case of EUB and [. ] % in the case of EVT. (21) The new owner had to make an equity capital contribution of DEM 1 million in cash and to provide a personal guarantee of DEM 500 000. The BvS will grant a loan of DEM 1,5 million for three years at 5 % to finance half of the training and retraining costs mentioned above. In order to finance the investments totalling DEM 7 million, EUB will receive regional investment aid of DEM 2,1 million (30 %) under the relevant joint Federal Government/Länder scheme. L 229/50 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 The banks will provide a new guarantee of DEM 42 million, of which DEM 8 million can be used as an overdraft by EUB. The State will provide a counter-guarantee of DEM 33,6 million gross against a reduction of DEM 10 million in the previous guarantee; the net State contribution here is therefore DEM 23,6 million. In addition, the commercial banks will provide a separate guarantee for a total amount of DEM [. ] million to secure advance payments and performance bonds [. ]. The financial measures related to the management buyout basically consist in granting the guaran- tees needed to enable small independent enterprises in the plant construction sector to provide the required advance payment and performance bonds. (22) The development of EUB's order book and turnover is as follows: 1996 1997 1998 (in DEM million) 1999 (provisional) Orders received 124,5 99,2 138,1 121,8 Order book (end of year) 106,2 119,1 158,9 180,5 Turnover 96,0 88,4 93,2 105,3 The table shows the fairly stable positive development of EUB, which is now working at full capacity. In 1998 the group recorded an operating result of DEM 1,8 million and after-tax profits of DEM 932 000. In 1999 and the following years the group expects fairly stable pre-tax profits equivalent to about 2 to 3 % of turnover, a good average for similar enterprises in the sector. It is currently no longer in difficulties. (23) EUB is primarily active on the German rail transport market, but only in the contact lines and substations segments. Its main clients are Deutsche Bahn AG, the Berlin S-Bahn and other public transport operators. Its chief competitors are subsidiaries of Siemens, ABB, Adtranz, Alstom and General Electric Company (GE). In spite of its relatively small market share, its lower overheads keep the company competitive. With its long-standing experience and technical competence, it managed to meet the strict pre-qualification requirements imposed by Deutsche Bahn AG and to win a series of open contracts. As its main client, Deutsche Bahn AG is interested in keeping medium-sized suppliers on this market so as to avoid an even greater degree of concentration among the few large industrial groupings. In the industries such as electricity supply, gas, water and wastewater treatment, EUB acts basically as an engineering firm for the electrical and process control equipment. Clients include large gas utilities, such as Ruhrgas, Thyssengas and Gazprom, and local water utilities. Depending on the type of project, it competes against the engineering divisions of large multinational corporations as well as against other engineering firms of a similar size. In the light of Elpro's negative experience in the past, EUB confines itself to smaller projects costing DEM 5 million or less. (24) Elpro was, and EUB is, essentially a service enterprise that produces and assembles electrical equipment; most of the equipment is manufactured by other firms. Its capacity can therefore be measured only in man-hours. In 1990 the old Elpro had a capacity of some 8 million hours/year; this had fallen to about 2,15 million hours/year by 1996. The various closures resulting from the restructuring have reduced EUB's capacity to about 450 000-500 000 hours/year. The capacity of the hived-off subsidiaries is approximately 200 000 hours/year. Restructuring has therefore reduced capacity by about 65 to 70 %. 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/51 (25) The restructuring plan of May 1997 originally envisaged the complete closure of the basic industries section of Elpro's LET division. In the course of the failed bidding procedure for Elpro one of the bidders, the General Electric Finance Holding GmbH, a subsidiary of GE, showed an interest in taking over LET's metalworking division and over its building materials and transportation division. On 17 October 1997 a contract was concluded for the sale of these divisions, which had 67 employees, to the newly founded GE Industrial Systems GmbH Berlin (GE IS), which is 100 %-owned by General Electric Finance Holding GmbH. GE IS is linked to GE's industrial control systems division. With some 240 000 employees, of whom 6 000 work in Germany, and a turnover of some USD 80 billion (1996), GE is one of the leading electrical equipment suppliers worldwide. The new GE IS has no production capacity; it is an engineering company intended to serve as a technical marketing and support centre for incorporating GE components into major investment projects in the building materials and mining industries. As Elpro had been very much oriented towards eastern Europe, GE would like to exploit this experience and these skills to strengthen its market position in Germany and in central and eastern Europe. Consequently, GE IS intends to market 60 % of its services in central and eastern Europe, 30 % in Germany and 10 % in the other Member States of the European Union. (26) The business plan of GE IS is as follows: Turnover Total production Materials Operating result Profit/loss before tax Profit/loss after tax Number of employees 1997 (actual) (1) 1998 (actual) 1999 (planned) 2000 (planned) 2001 (planned) (in DEM million) [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 68 [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 73 [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] (1) Incomplete year: August to December 1997. In 1996 the corresponding divisions of LET had 165 employees and made a loss of DEM 4,4 million on a turnover of DEM 54,8 million. The losses of GE IS in the start-up period 1997-99 were attributable to primarily intangible investments of DEM 13,1 million, in the form of training and technology transfer, which cannot be capitalised. The remaining investments were in engineering tools and in electronic data processing equipment and systems, which are written off over a very short period. A comparison of the results forecast in 1997 with the actual results up to September 1999 shows that the restructuring of activities by GE IS was slow to get under way. The results were also influenced by the delay in payment of the expected state aid due to the pending state aid procedure. During 1999, however, there was a marked improvement broadly in line with the original plan. As part of GE, GE IS competes on the market for electrical industrial equipment, its main competi- tors being very large groups such as Siemens AG, Cegelec (Alstom) and ABB. In Germany its market share is around 1 % of a market worth some EUR 20 billion. (27) GE IS purchased the divisions of LET at the book value of their assets (made up almost exclusively of used computers and software), namely DEM 0,237 million. GE committed itself to financing the negative cash flow in the start-up period by means of a variable credit line under its cash pool. This credit amounted to DEM 13,4 million by the end of September 1999, far more than the DEM 5,1 million planned in 1997. Germany intends to provide the following restructuring aid: L 229/52 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 — Grant from the BvS to cover some of the start-up losses of DEM 5,1 million (from October 1997 until the end of 1998) DEM 1,3 million — Training aid from the Land of Berlin to Part-finance training measures costing DEM 3,4 million — Investment aid under the joint Federal Government/Länder scheme for eligible investment costs of DEM 7,66 million DEM 1,5 million DEM 2,0 million Total aid for the restructuring of GE IS DEM 4,8 million By September 1999 DEM 94 600 of the investment aid and DEM 43 200 of the training aid had been disbursed. The investor is contributing 74 % of the total restructuring costs of DEM 18,4 million. (28) The total costs of the rescue and restructuring of Elpro and its successor companies can be summarised as follows (in DEM million, all loans and guarantees at nominal value): Item/period Total cost Of which: State loans/ grants State guarantees Banks Owners/ investors Total private share Finance from private sources % (in DEM million) 1. Elpro rescue (mid- 1996 to mid-1997) 230,4 29,1 29,8 36,7 134,8 171,5 74,4 2. Restructuring of 50,9 0,0 14,0 20,0 16,9 36,9 71,7 later Elpro and development (1997-2001) 3. Restructuring under 56,0 3,6 23,6 27,3 1,5 28,8 51,4 EUB/EVT (management buyout) 4. Restructuring under 18,4 4,8 0,0 0,0 13,6 13,6 73,9 GE IS Total restructuring costs (broken down by economic risk) 355,7 37,5 67,4 84,0 166,8 250,8 70,5 (29) The Commission had initiated the Article 88(2) procedure as it had serious doubts as to the compatibility of the aid with Article 87(3) of the Treaty. In view of the sketchy information available at the time, it doubted in particular whether the aid was in line with the requirements set out in the guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (hereinafter the ‘guideli- nes’) (10). Particularly critical points were the lack of a new investor and the fact that Germany did not provide the Commission with a comprehensive restructuring plan. (10) OJ C 368, 23. 12. 1994, p. 12, read in conjunction with the final provisions of the new guidelines (OJ C 288, 9. 10. 1999, point 101(b)). The criteria for applying this provision are met since all the aid was granted prior to the publication of the new guidelines. 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/53 III. COMMENTS FROM INTERESTED PARTIES (30) The Commission received no comments from interested parties. IV. COMMENTS FROM GERMANY (31) Germany responded to the initiation of the procedure by answering the questions raised in this connection by letters dated 27 February and 19 August 1998. It provided further information at a meeting with the Commission on 15 June 1998. The additional aid, which eventually led the Commission to extend the procedure, was notified by letter dated 29 July 1998. Further questions from the Commission concerning the new aid were answered by letter dated 19 August 1998. In response to the extension of the procedure, which had been communicated to Germany by letter dated 3 February 1999, Germany submitted on 22 June 1999 a comprehensive written presentation of the restructuring programme and of the progress in implementing it. The presentation was discussed at two meetings between the German authorities and the Commission on 1 September and 29 October 1999. Answers to the questions raised at those meetings were given by letters dated 9 September and 13 December 1999, and the Commission received the corresponding technical annexes on 22 December 1999. The information provided by Germany can be divided into the five main parts: — the valuation reports on the property sold when Elpro was privatised in 1992/1993, — Elpro's complete annual accounts for the period from 1992 to 1997, — the 1996 and 1997 rescue and restructuring plans for Elpro and Germany's comments (Communication from the German Government dated 22 June 1999), — the restructuring and business plans and the annual accounts of EVB and EVT until the end of 1999, — the restructuring and business plans and the annual accounts of GE IS until September 1999. In the interests of clarity, the contents of these documents have been summarised in Part II of this decision. V. ASSESSMENT OF THE MEASURES (32) (33) It can be concluded from the information provided by the German authorities during the invest- igation that Elpro and the two companies that subsequently merged with it, BLA and TGA, were all sold at a positive price following an open unconditional tender procedure. All three companies were sold without their substantial real estate, which had been sold separately to the THA or one of its subsidiaries before privatisation to cover the debts that had accrued prior to privatisation. Indepen- dent real estate experts had assessed the value of the property at the time and the valuation reports have been made available to the Commission, which has no reason to question the results. It can therefore be concluded that Elpro, BLA and TGA were privatised in 1992 without State aid. The form of the privatisations in 1992 was problematic from a financial and commercial point of view, as the new owners financed the entire transaction via the banks. Elpro was therefore undercapitalised from the beginning. Many of its international contracting activities required though a very strong capital base since the clients insisted on bidding, performance and long-term warranty bonds being provided. The extent of the problem became evident at end of 1995, when, owing to losses on a few large industrial projects, the debt-equity ratio reached 726 % (11). It can therefore be concluded that the subsequent need to restructure Elpro resulted mainly from structural shortcom- ings not addressed at the time of its privatisation in 1992. (11) Corporate Treuhand GmbH and C&L Deutsche Revision AG, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1996 der Elpro AG Berlin, point 92. L 229/54 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 (34) At the beginning of 1996, the BvS and the commercial banks that had financed the purchase of Elpro by the new owners at the time of the first privatisation and acted in their name reached an agreement to settle once and for all the contested claims and counter-claims in connection with the purchase price agreed in the privatisation contract of June 1992 (12). Following the sale the THA and the new owners had entered claims in respect of a number of discrepancies regarding the originally assumed balance-sheet values, payment deadlines or fulfilment of obligations by the buyer. The claims arose primarily as a result of the failure before privatisation in 1992 to establish the exact financial position of the enterprises and hence their net worth (which determined the purchase price). A number of points in the privatisation contracts were left for later clarification, and these gave rise to a number of complicated disputes which lasted for several years (13). In the light of the auditor's comments on Elpro's annual accounts, the Commission accepts the argument that the BvS acted in accordance with standard commercial practice when it waived its claims for DEM 5,6 million against payment of DEM 1 million and renunciation of all counter-claims by the buyer in order to avoid lengthy legal proceedings the outcome of which was uncertain. It therefore concluded that these transactions did not involve state aid within the meaning of Article 87 of the Treaty. (35) The financial participations by the BvS and the Land of Berlin in Elpro and subsequently in EUB, EVT and GE IS from June 1996 onwards constitute state aid within the meaning of Article 87(1). As all these companies produced or produce goods and services which are traded between Member States, they could also hamper trade between them. The aid granted in the form of loans and grants by the BvS is unlawful state aid since Germany failed to notify these measures prior to implementation. The state guarantees were granted as part of joint application of the relevant federal and Land rules. The former were approved by the Commission as State aid cases N 297/91, N 81/93 and E 24/95, albeit with a reservation regarding large companies and hence Elpro. The guarantees granted by the Land of Berlin were approved as State aid case N 130/95. Germany undertook to notify individual cases of aid to large companies. For this reason, the aid granted in the form of guarantees is also unlawful since Germany failed to comply with the notification requirement. Accordingly, all the aid must be assessed under Article 87 of the Treaty in the light of the criteria set out in the guidelines (14). (36) Elpro was in difficulties before its rescue and restructuring got under way in June 1996. It had lost half of its equity capital in 1995 and losses continued in 1996. Its asset position was better than appeared from the annual accounts since the market value of its participation in the mobile phone company E-Plus significantly exceeded its book value. However, the amount of potential liabilities from outstanding guarantees was in the same range, and this was not reflected in the balance sheet either. The various companies constituting the Elpro group were therefore lacking in liquidity and were very close to insolvency in the spring/early summer of 1996. (37) On 24 June 1996 Elpro concluded an agreement on the group's financial and organisational rehabilitation with its creditor banks, the Land of Berlin and the BvS (15). From a Sate aid perspective, this was a rescue plan containing elements of a future restructuring plan. However, the auditor's report makes it clear that the agreement was only a temporary measure to secure the liquidity of Elpro in the short term. At the time, it was hoped that Elpro could be sold as a single entity to one industrial investor. However, market research revealed that this was not feasible. At the beginning of 1997 the BvS asked the auditor KPMG to prepare a revised and detailed restructuring plan. KPMG presented its report on 12 May 1997. It is therefore appropriate to distinguish between a rescue period running from 24 June 1996 until 12 May 1997 and a restructuring period starting on 12 May 1997 and expected to continue until the end of 2000. (12) See recital 9. (13) Corporate Treuhand GmbH, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1992 der Elpro AG Berlin, points 266- 275 and 337. (14) See footnote 10. (15) Konzept zur weiteren Entwicklung der Elpro AG, 24 June 1996. 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/55 (38) (39) The agreement of 24 June 1996 was the basis for the granting of two loans of an initial DEM 13,5 million and a final total of DEM 29 million as well as the provision of guarantees for a total amount of DEM 29,8 million (16). For the period until May 1997 these measures are to be considered as rescue aid within the meaning of the guidelines whose terms were in line with requirements set out in the guidelines. The loans supplemented the DEM 134,8 million provided by the company and were used primarily to finance the closure of about 50 % of the group's activities, including the social plan for the employees made redundant. The financial scope of the guarantees was limited to provision of the liquidity necessary to keep the remaining parts of Elpro in business. The high unemployment in Berlin, and in particular the enormous loss of employment in industry since 1990, justified the financial involvement of the BvS and the Land of Berlin. The rescue of Elpro caused no unjustified restrictions of competition in other Member States. Elpro ceased its activities in the housing installations sector, which had been concentrated on the regional market anyway. As regards Elpro's other activities (electrical installations for railways and industry), its competitors are far larger and enjoy significantly more favourable financing conditions than Elpro, even taking account of the rescue aid granted. The Commission can accept that the rescue period lasted 11 months as it is evident that the BvS and the banks took immediate action to sell the company, hoping that the buyer would take charge of the subsequent restructuring. When they realised in early 1997 that this would not be feasible, they adapted the restructuring plan without delay. The Commission can therefore accept that the granting of the abovementioned rescue aid, which was subsequently transformed into restructuring aid, was in compliance with the guidelines. For the calculation of the aid element, see paragraph 42. The final restructuring plan of 12 May 1997 is in essence a more detailed, updated version of the earlier rescue plan. It implemented the decision to close down loss-making activities but, as no financially powerful industrial investor could be found, it was decided to close a large part of the electrical control business (LET) division as well, given its inherent high risks and its substantial capital requirements. The main aim of the restructuring plan was to minimise losses for the financing banks, which had taken control of Elpro. In view of the high risks from outstanding guarantees it was important to avoid insolvency proceedings while ensuring the orderly completion of ongoing projects and fulfilment of the warranty obligations during the guarantee period. The State supported this programme with the primary objective of safeguarding as many jobs as possible given the high unemployment in Berlin, which had lost 140 000 jobs in industry between 1991 and 1997, i. e. 54 % of all industrial jobs. The division of Elpro into activities to be closed down and activities to be continued can be accepted as two elements of one coherent overall plan. As regards the continuation of EUB/EVT and GE IS, the plan was supplemented by the new owners' business plans. From a State aid perspective, therefore, it is appropriate to divide the restructuring of Elpro into three parts: 1. Measures in favour of Elpro to finance the winding down of the activities to be terminated and to prepare the activities to be continued for a separate sale (from May 1997 to the end of 2001); 2. Measures in favour of EUB, including EVT, after their separation by means of a management buyout (from December 1998 to the end of 2000); 3. Measures in favour of GE IS after the sale of the metalworking and building materials/mining divisions to GE (from October 1997 to the end of 2000). Compliance of the restructuring programme(s) with the requirements of the guidelines can, however, be assessed only as regards the activities to be continued as the closures had no separate impact on the common market. (40) The EUB restructuring plan can also be regarded as viable in view of the experience gained in over one year of implementation. Recent business results show that the firms now concentrate on fields in which they are competitive, which are less capital-intensive and in which they can generate profits comparable to other medium-sized enterprises in the electrical industry. The Commission cannot, (16) See recitals 11 to 13. L 229/56 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 however, regard EUB and EVT as separate SMEs. However, while both of them are legally separate entities with workforces, balance-sheet totals and turnovers below the relevant thresholds (EUB is very close to the threshold), the notification and the business plan make it clear that EUB and EVT are a single unit commercially, organisationally and from a financial perspective. It is therefore not appropriate to apply the special rules for SMEs to EUB. (41) The restructuring aid to Elpro and its main successor company EUB will not lead to excessive distortions on the market. The Commission recognises that Elpro reduced its capacity by 65 to 70 % from 1996 to 1998. As Elpro and EUB are primarily engineering, companies, it is appropriate to measure their capacity in terms of man-hours. Moreover those loss-making activities that could have had the most distortive impact on the marke in that offers had been made which did not cover costs were closed down. The impact of Elpro and EUB on the market was and is, however, minimal since they were very small players on an oligopolistic market dominated by large groupings. The Commission acknowledges that the continued existence of EUB, whose activities are confined almost exclusively to the eastern part of Germany, improves the market structure. In contrast to the rolling stock segment of the rail transport market, there is no overcapacity in the substations and contact lines segments, where EUB is active. Demand in these segments is driven mainly by the replacement and modernisation needs of the Deutsche Bahn AG and urban rail transport organisations. (42) The restructuring aid granted to Elpro consists of the following measures: 1. The loans of DEM 29 million granted originally as rescue aid have been given junior-ranking status (DEM 20 million) and claims will be waived after approval by the Commission. These funds served to finance the losses and closure costs in the period 1996 to 1998; the aid intensity is 100 % in each case. 2. Prolongation of the guarantees of DEM 29,8 million granted originally as rescue aid and new guarantees of DEM 14 million: although it is now unlikely that the State will have to honour a larger amount of claims in connection with these guarantees, the risks involved were initially very high and so no private financial institution would have provided such guarantees. In accordance with the Commission's usual decision-making practice and given extremely high risk of default and the lack of other appropriate securities, the aid intensity of these guarantees has to be set at 100 % (17). Taking into account the DEM 138,1 million contributed by the enterprise itself (most of which came from the proceeds of the sale of its share in E-Plus) and the contribution made by the banks, which waived claims amounting to DEM 18 million and assumed a risk equivalent to more than 40 % of their total new loans of DEM 49,5 million, the total private contribution to the financing of the restructuring exceeds 70 % (18). The Commission concludes therefore that the aid was kept to the minimum and that no excess liquidity was provided. (43) The restructuring aid granted to EUB in connection with the management buyout consists primarily of counter-guarantees (net amount of DEM 23,6 million) to secure a credit line of up to DEM 8 million and of bid or performance bonds totalling DEM 42,9 million to be provided by the commercial banks on market terms. In view of the nature of the projects secured by these guarantees, the Commission came to the conclusion that the losses to the guarantor would not have exceeded DEM 8 million. This amount is to be regarded as State aid (19). In addition, EUB will receive from the BvS a loan of DEM 1,5 million for three years to finance its training costs at an annual interest rate of 5 %. This is below the market rate. As EUB is not required to secure the loan, the aid intensity must be fixed at 100 %. For its investments of DEM 7 million, EUB will receive DEM 2,1 million of investment aid under the joint Federal Government/Länder scheme. Therefore, the total restructuring aid amounts to DEM 11,6 million. In view of the risks assumed by the private banks (DEM 27,3 million) and the costs to be met by the private investor of DEM 7,8 million (20), it can be concluded that the aid is kept to a mmmum. (17) See Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to state aid in the form of guarantees (OJ C 71, 11. 3. 2000, p. 14, point 3. 2). (18) See recitals 12, 17 and 28. (19) Calculation: 80 % of a credit line of DEM 8 million = DEM 6,4 million, assuming a 10 % risk on the residual guaranteed amount of DEM 15,6 million, and this gives a total of DEM 7,96 million. (20) Calculation: DEM 1 million working capital provided by the investor, DEM 4,9 million private share of the invest- ments and DEM 2,9 million private share of training costs. 9. 9. 2000 EN Official Journal of the European Communities L 229/57 (44) As regards the sale of the two sections of Elpro's former LET division to GE, the Commission shares the view that the price paid for the assets reflects their market value and that therefore no aid is involved. Germany provided a comprehensive restructuring plan within the meaning of the guide- lines (21). The Commission has no reason to question the viability of the GE IS project. GE IS (Berlin) is, however, so closely integrated into GE's worldwide industrial systems activities that an individual analysis of its financial results would be meaningless. The future activities of GE IS are aimed predominantly at areas outside the Community. Its market share in Germany is around 1 %. Given the significant overall reduction in Elpro's capacity, the Commission acknowledges that the planned capacity of GE IS of about 100 employees (owing to the nature of GE IS's activities, capacity can be measured only in terms of the numbers employed) is lower than LET's corresponding capacity in the relevant sectors. Consequently, no undue distortions of the market are to be expected. (45) The aid granted to GE IS to help it complete its restructuring consists of three elements: 1. A grant of DEM 1,3 million to cover some of the start-up losses: this is clearly operating aid. The Commission recognises, however, that it was used to finance some of the underemployment costs of DEM 5,1 million during the period 1997/98 so as to avoid additional lay-offs; 2. Training aid of DEM 1,5 million in order to part-finance training measures costing DEM 3,4 million: the aid intensity of 44,5 % is just below the threshold set in the framework on training aid for training projects of large firms in an Article 87(3)(a) area (22). In view of the high number of older employees at GE IS, the supplement of 10 % is in line with point 33 of the framework; 3. Investment aid of DEM 2 million under the joint Federal Government/Länder scheme for total eligible investments of DEM 7,66 million: the intensity of this aid is below the 35 % approved for investment aid in this Article 87(3) region. Therefore, only DEM 1,3 million out of a total DEM 4,8 million in aid for the further restructuring of GE IS has not been granted in accordance with the general rules applicable to all enterprises. As the private investor contributes about 74 % of the overall restructuring costs, the aid is not to be considered as disproportionate. (46) Germany should be required to report to the Commission twice a year on progress in restructuring EUB and GE IS and on the use of the restructuring aid by Elpro, EUB and GE IS in 1999 and 2000. VI. CONCLUSIONS (47) The Commission finds that Germany has unlawfully granted rescue and restructuring aid to Elpro and its successor companies EUB and GE IS and has, therefore, infringed Article 88(3) of the Treaty. However, on the basis of its investigation, it has decided that the aid is to be regarded as being compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(a) and (c) of the EC Treaty, HAS ADOPTED THIS DECISION: Article 1 The State aid which Germany has granted to Elpro AG Berlin (Elpro) amounting to DEM 72,8 million is compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty. Article 2 The State aid which Germany has granted to Elpro GmbH Berlin - Industrieholding (EUB) and Elpro Verkehrstechnik GmbH (EVT) amounting to DEM 11,6 million is compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty. (21) See recitals 25 to 27, which contain details of the plan. (22) OJ C 343, 11. 11. 1998, p. 10, points 32 and 33. L 229/58 EN Official Journal of the European Communities 9. 9. 2000 The State aid which Germany has granted to GE Industrial Systems GmbH Berlin amounting to DEM 4,8 million is compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty. Article 3 Germany shall submit to the Commission twice-yearly reports on the progress in restructuring EUB and GE IS and on the use of the restructuring aid by Elpro AG, EUB and GE IS in 1999 and 2000. Article 4 Article 5 This Decision is addressed to Germany. Done at Brussels, 14 March 2000. For the Commission Mario MONTI Member of the Commission