title: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos

eurovoc_concepts:
approximation of laws
consumer protection
exchange of information
marketing restriction
product safety

text: 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/109 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos (2000/C 337 E/15) (Texto pertinente a efectos del EEE) COM(2000) 139 final/2 (cid:17) 2000/0073(COD) (Presentada por la Comisi(cid:29)n el 15 de junio de 2000) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI(cid:26)N EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su art-culo 95, Vista la propuesta de la Comisi/n, Visto el dictamen del ComitØ Econ/mico y Social, Considerando lo siguiente: (1) Con arreglo al art-culo 16 de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos (1), el Consejo, cuatro aæos des- puØs de la fecha fijada para la aplicaci/n de la Directiva, y basÆndose en un informe de la Comisi/n relativo a la experiencia adquirida, acompaæado de propuestas adecua- das, deb-a decidir acerca de la posible adaptaci/n de la Directiva. Dado que es necesario introducir en ella varias modificaciones para completar, afianzar o clarificar algu- nas de sus disposiciones a la luz de la experiencia adqui- rida y de la reciente evoluci/n en el Æmbito de la seguri- dad de los productos de consumo, debe procederse, en aras de la claridad, a la refundici/n de la Directiva 92/59/CEE. (2) Es importante adoptar medidas para mejorar el funciona- miento del mercado interior, que ha de abarcar un espacio sin fronteras internas en el que estØ garantiza la libre circulaci/n de bienes, personas, servicios y capitales. (3) En ausencia de disposiciones comunitarias, la existencia de legislaciones horizontales de los Estados miembros re- lativas a la seguridad de los productos, que imponen a los operadores econ/micos, en particular, la obligaci/n gene- ral de comercializar exclusivamente productos seguros, podr-a hacer que el grado de protecci/n de las personas variara de un pa-s a otro, lo cual, junto con la ausencia de legislaci/n horizontal en algunos Estados miembros, po- dr-a levantar barreras al comercio y falsear la competencia dentro del mercado interior. (4) Para garantizar un nivel elevado de protecci/n de los consumidores, la Comunidad debe ayudar a proteger su salud y su seguridad. A ello ha de contribuir la existencia de una legislaci/n comunitaria horizontal que introduzca una obligaci/n de seguridad general de los productos, as- como disposiciones sobre las obligaciones generales de productores y distribuidores, sobre las medidas de ejecu- (1) DO L 228 de 11. 8. 1992, p. 24. ci/n de los requisitos comunitarios relativos a la seguridad de los productos y sobre el intercambio rÆpido de infor- maci/n y la actuaci/n rÆpida a escala comunitaria en determinados casos. (5) Es muy dif-cil adoptar una legislaci/n comunitaria para cada producto que exista o que se pueda crear. Se necesita un marco legislativo horizontal amplio que se ocupe de esos productos, que llene las lagunas existentes y que complemente las disposiciones de la legislaci/n espec-fica actual o futura, con el objetivo concreto de asegurar un nivel elevado de protecci/n de la salud y la seguridad de las personas, segœn prevØ el art-culo 95 del Tratado. (6) Es, por tanto, necesario establecer a escala comunitaria una obligaci/n de seguridad general para todo producto comercializado, o que de cualquier otro modo se suminis- tre o se ponga a disposici/n de los consumidores, que estØ espec-ficamente destinado a ellos o que, aun no estÆndolo, pueda ser por ellos utilizado en condiciones razonable- mente previsibles. En todos estos casos, los productos pueden presentar riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores que deben prevenirse. No obstante, al- gunos bienes de segunda mano deben quedar excluidos por su propia naturaleza. (7) Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a todos los productos, independientemente de las tØcnicas de venta, e incluidas la venta a distancia y electr/nica. (8) La seguridad de los productos debe evaluarse teniendo en cuenta las categor-as de consumidores que pueden ser especialmente vulnerables a los riesgos que presentan los productos en cuesti/n, en particular los niæos y las personas mayores. (9) La presente Directiva debe aplicarse a los equipos de pro- ducci/n, bienes de capital y otros productos utilizados en el contexto de una actividad comercial o empresarial, si estÆn destinados a utilizarse para ofrecer un servicio al consumidor y en la medida en que pueden verse afectadas la salud y la seguridad de los consumidores. A fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, los fabri- cantes deben asegurarse de que esos productos no presen- tan riesgos para la seguridad de los consumidores cuando quienes presten los servicios los utilicen en condiciones normales o razonablemente previsibles. (10) Los productos que estØn diseæados exclusivamente para un uso profesional, pero que, posteriormente, hayan pa- sado al mercado de los consumidores en general, deben estar sujetos a las disposiciones de esta Directiva, pues pueden presentar riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores cuando se utilicen en condiciones razo- nablemente previsibles. C 337 E/110 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 11. 2000 (11) A fin de garantizar la salud y la seguridad de los consu- midores, todas las disposiciones de la presente Directiva deberÆn aplicarse cuando no existan disposiciones mÆs espec-ficas en el marco de normativas comunitarias rela- tivas a la seguridad de los productos de que se trate. cuenta las normas nacionales por las que se transpongan otras normas europeas o recomendaciones de la Comi- si/n, o, en su defecto, las normas nacionales, los c/digos de buenas prÆcticas, el estado actual de la tØcnica y la seguridad que los consumidores puedan razonablemente esperar. (12) Si determinadas normativas comunitarias establecen re- quisitos de seguridad que s/lo se refieran a algunos as- pectos o categor-as de riesgo en relaci/n con los produc- tos en cuesti/n, las obligaciones de los operadores econ/- micos con respecto a esos requisitos, en especial la gene- raci/n de datos, la identificaci/n del peligro y la determi- naci/n del riesgo, deben determinarse por las disposicio- nes contenidas en la legislaci/n espec-fica, mientras que a los demÆs aspectos debe aplicÆrseles la obligaci/n de se- guridad general establecida en la presente Directiva. (13) Si existen normativas comunitarias espec-ficas destinadas a una armonizaci/n total -en particular las adoptadas segœn el nuevo enfoque- en las que se establezcan los requisitos de seguridad aplicables a determinados produc- tos, no deberÆ imponerse a los operadores econ/micos ninguna otra obligaci/n referida a los requisitos de segu- ridad que han de cumplir los productos para ser comer- cializados. Por tanto, en estos casos no debe aplicarse la obligaci/n de seguridad general establecida en la presente Directiva. (18) Es conveniente imponer a los operadores econ/micos otras obligaciones ademÆs de la obligaci/n de seguridad general, pues es necesario que intervengan para prevenir los riesgos que puedan amenazar a los consumidores en determinadas circunstancias. (19) Entre las obligaciones adicionales de los productores de- ben figurar la de adoptar medidas que, proporcionalmente a las caracter-sticas de los productos, les permitan obtener informaci/n sobre los riesgos que pueden presentar; su- ministrar a los consumidores una informaci/n que les permita evaluar y prevenir los riesgos; avisarles de los riesgos que presentan los productos peligrosos que ya les hayan sido suministrados; retirarlos del mercado, y como œltimo recurso, recuperar estos productos en caso necesario. (14) Las disposiciones de la presente Directiva referidas a las demÆs obligaciones de productores y distribuidores, a las obligaciones y poderes de los Estados miembros, al inter- cambio rÆpido de informaci/n y a las intervenciones rÆ- pidas, as- como a la confidencialidad, deben aplicarse a los productos contemplados por normativas comunitarias es- pec-ficas sin perjuicio de los requisitos espec-ficos que dichas normas establezcan en relaci/n con esos mismos aspectos. (20) Los distribuidores deben ayudar a cumplir los requisitos de seguridad aplicables. Tanto los productores como los distribuidores deben cooperar con las autoridades compe- tentes en las actuaciones dirigidas a prevenir riesgos, e informarlas cuando determinen que algunos de los pro- ductos que han suministrado son peligrosos. En la Direc- tiva deben establecerse las condiciones en que ha de pro- porcionarse esa informaci/n, para facilitar su aplicaci/n eficaz y evitar que los operadores econ/micos y las auto- ridades tengan que soportar una carga excesiva. (15) A fin de facilitar una aplicaci/n eficaz y coherente de la obligaci/n de seguridad general de la presente Directiva, es importante establecer normas europeas no obligatorias que contemplen determinados productos y categor-as de riesgo, de tal manera que se dØ por supuesto que el producto que cumpla una norma nacional por la que se transponga una norma comunitaria cumple asimismo la mencionada obligaci/n. (16) Para alcanzar los objetivos de la presente Directiva, los organismos europeos de normalizaci/n deben establecer normas europeas de acuerdo con los mandatos que les sean dados por la Comisi/n, asistida por un comitØ. Los mandatos deben indicar los objetivos que deben cumplir las normas para garantizar que los productos que las observen cumplirÆn asimismo la obligaci/n de seguridad general. (17) En ausencia de normativas espec-ficas, y cuando no exis- tan las normas europeas establecidas con arreglo a los mandatos de la Comisi/n o no se recurra a ellas, la se- guridad de los productos deberÆ evaluarse teniendo en (21) Para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligacio- nes que pesan sobre productores y distribuidores, los Es- tados miembros deben, por un lado, crear o designar las autoridades responsables de controlar la seguridad de los productos, otorgÆndoles poder para adoptar las medidas apropiadas y, en especial, para imponer de manera efec- tiva sanciones proporcionales y disuasivas. Por otro lado, deben asegurar la coordinaci/n adecuada entre las diver- sas autoridades designadas. (22) Es necesario que las medidas apropiadas permitan a los Estados miembros organizar u ordenar, de manera inme- diata y eficaz, la retirada de productos ya comercializados; prohibir la exportaci/n de productos peligrosos y, como œltimo recurso, recuperar los productos peligrosos que ya hayan sido suministrados a los consumidores. Estos pode- res deben aplicarse cuando los productores y los distribui- dores no cumplan adecuadamente su obligaci/n de pre- venir los riesgos. Las autoridades deben disponer de po- deres y procedimientos para, en caso necesario, decidir y aplicar rÆpidamente las medidas que sean pertinentes. 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/111 (23) La seguridad de los consumidores depende mucho de las medidas activas aplicadas para que se cumplan los requi- sitos comunitarios de seguridad de los productos. Por lo tanto, los Estados miembros deben aplicar planteamientos sistemÆticos para garantizar la efectividad de la vigilancia del mercado y de otras medidas de ejecuci/n, y deben asegurarse de que el pœblico y las partes interesadas reci- ben la informaci/n necesaria a este respecto. (24) Es necesario que las autoridades con poder de ejecuci/n de los Estados miembros colaboren entre s- para alcanzar los objetivos de seguridad de la presente Directiva. Por tanto, es conveniente establecer una red europea de segu- ridad de los productos para facilitar la colaboraci/n ope- rativa entre dichas autoridades en lo que respecta a la vigilancia del mercado y otras medidas de ejecuci/n, en particular la determinaci/n del riesgo, los ensayos sobre productos, el intercambio de conocimientos tØcnicos y cient-ficos, la realizaci/n de proyectos conjuntos y el se- guimiento, retirada o recuperaci/n de productos peligro- sos. En esta red deben participar las autoridades encarga- das de los productos y riesgos espec-ficos de que se trate. (25) De conformidad con lo establecido respecto a la aplicabi- lidad de la presente Directiva, las disposiciones relativas a la colaboraci/n entre las autoridades con poder de ejecu- ci/n deben aplicarse sin perjuicio de los procedimientos de colaboraci/n espec-ficos establecidos por la normativa comunitaria sectorial, en particular en el sector farmacØu- tico. La red europea de seguridad de los productos debe colaborar con los organismos pertinentes en los cuales las autoridades con poder de ejecuci/n de los Estados miem- bros colaboren en relaci/n con los sectores contemplados por la normativa espec-fica comunitaria. En apoyo de esta colaboraci/n, podrÆn utilizarse, segœn convenga, los siste- mas de intercambio de datos entre administraciones. (26) Para asegurar un nivel coherente y elevado de protecci/n de la salud y la seguridad de los consumidores y preservar la unidad del mercado interior es necesario informar a la Comisi/n de toda medida que restrinja la comercializa- ci/n de un producto o exija su retirada o su recuperaci/n. Este tipo de medidas s/lo podrÆn adoptarse de acuerdo con las disposiciones del Tratado, y en particular de sus art-culos 28, 29 y 30. (27) Para un control eficaz de la seguridad de los productos se requiere el establecimiento, a nivel nacional y comunita- rio, de un sistema de intercambio rÆpido de informaci/n en caso de que exista un riesgo grave que exija una in- tervenci/n rÆpida en relaci/n con la seguridad de un producto. Resulta asimismo oportuno incorporar a la pre- sente Directiva procedimientos detallados sobre el funcio- namiento del sistema y conferir a la Comisi/n el poder de adaptarlos con la asistencia de un comitØ consultivo. (28) Incumbe en primer lugar a los Estados miembros, en cumplimiento de las disposiciones del Tratado y, en par- ticular, de sus art-culos 28, 29 y 30, adoptar las medidas apropiadas con respecto a los productos peligrosos que se encuentran en su territorio. (29) Sin embargo, si los Estados miembros tienen distintos planteamientos para hacer frente al riesgo que presenten determinados productos, esta divergencia podr-a ocasionar disparidades inaceptables para la protecci/n de los consu- midores y constituir un obstÆculo para el comercio intra- comunitario. (30) Puede existir la posibilidad de tener que afrontar rÆpida- mente graves problemas de seguridad de un producto que afecten o pudieran afectar de inmediato a la totalidad o a una parte importante de la Comunidad y que, habida cuenta de la naturaleza del problema de seguridad plan- teado por el producto, no puedan tratarse eficazmente con la urgencia debida siguiendo los procedimientos pre- vistos en las normas espec-ficas de Derecho comunitario aplicables al producto o a la categor-a de productos de que se trate. (31) Es necesario, por tanto, crear un mecanismo adecuado que permita, como œltimo recurso, la adopci/n de medi- das aplicables en toda la Comunidad, en forma de deci- si/n destinada a los Estados miembros, para hacer frente a las situaciones creadas por productos que presenten un riesgo grave y que exijan una intervenci/n rÆpida, en las circunstancias mencionadas anteriormente, y prohibir su exportaci/n segœn convenga. Esa decisi/n no serÆ direc- tamente aplicable a los operadores econ/micos, ya que deberÆ incorporarse a la legislaci/n nacional. Las decisio- nes adoptadas segœn este procedimiento serÆn medidas provisionales, salvo cuando se apliquen a productos o lotes de productos identificados individualmente, y serÆ la Comisi/n, ayudada por un comitØ compuesto por re- presentantes de los Estados miembros, quien deba adop- tarlas. a efectos del art-culo 2 de (32) Puesto que las medidas de intervenci/n rÆpida necesarias para la aplicaci/n de la presente Directiva son de alcance general la Decisi/n 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecuci/n atribuidas a la Comi- si/n (1), deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentaci/n establecido en el art-culo 5 de dicha De- cisi/n. (33) De acuerdo con el art-culo 2 de la Decisi/n 1999/468/CE, las demÆs medidas necesarias para la aplicaci/n de la presente Directiva deben adoptarse mediante el procedi- miento consultivo establecido en el art-culo 3 de la citada Decisi/n. As- pues, debe crearse un ComitØ consultivo sobre seguridad de los productos de consumo, sin perjui- cio de las competencias del ComitØ de reglamentaci/n. Los diversos aspectos de su actuaci/n quizÆ deban ser discutidos entre los expertos de las administraciones na- cionales encargadas de las medidas de ejecuci/n y de la vigilancia del mercado. (1) DO L 184 de 17. 7. 1999, p. 23. C 337 E/112 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 11. 2000 (34) Debe asegurarse el acceso pœblico a la informaci/n sobre seguridad de los productos de la que dispongan las auto- ridades. Sin embargo, debe protegerse el secreto profesio- nal, contemplado en el art-culo 287 del Tratado, de una manera que sea compatible con la eficacia de la vigilancia del mercado y de las medidas de protecci/n. (35) La presente Directiva no debe tener efectos sobre los derechos de los perjudicados, a efectos de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximaci/n de las disposiciones legales, reglamen- tarias y administrativas de los Estados miembros en ma- teria de responsabilidad por los daæos causados por pro- ductos defectuosos (1). (36) Es necesario que los Estados miembros establezcan los procedimientos de recurso apropiados ante las jurisdiccio- nes competentes en lo relativo a las medidas adoptadas por las autoridades competentes que restrinjan la comer- cializaci/n de un producto o impongan su retirada o su recuperaci/n. (37) Por otra parte, la adopci/n de medidas con respecto a productos importados para evitar riesgos para la salud y la seguridad de las personas debe efectuarse de conformi- dad con las obligaciones internacionales de la Comunidad. (38) La Comisi/n debe examinar peri/dicamente el modo en que se aplique la presente Directiva y los resultados ob- tenidos, en particular en relaci/n con el funcionamiento de los sistemas de vigilancia del mercado, el intercambio rÆpido de informaci/n y las medidas a escala comunitaria, junto con otras cuestiones relevantes para la seguridad de los productos de consumo en la Comunidad, y debe, asimismo, presentar informes sobre este particular al Par- lamento Europeo y al Consejo. (39) Esta Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los plazos para la trans- posici/n y la aplicaci/n de la Directiva 92/59/CEE. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAP˝TULO I OBJETIVOS " `MBITO DE APLICACI’N " DEFINICIONES Art"culo 1 1. El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos comercializados a los que hace referencia la letra a) del art-culo 2 sean seguros. 2. La presente Directiva se aplicarÆ s/lo en la medida en que no existan, en el marco de normativas comunitarias, disposi- ciones espec-ficas que regulen la seguridad de los productos correspondientes. En particular, cuando una normativa comunitaria espec-fica incluya disposiciones por las que se establezcan los requisitos de seguridad para los productos que regula: E los art-culos 2, 3 y 4 de la presente Directiva no se apli- carÆn a dichos productos en relaci/n con los riesgos o categor-as de riesgo regulados por la normativa espec-fica; E los restantes art-culos de la presente Directiva se aplicarÆn en la medida en que en las normativas comunitarias de que se trate no existan disposiciones espec-ficas que regulen los aspectos contemplados por dichos art-culos. Art"culo 2 A efectos de la presente Directiva, se entenderÆ por: a) «producto», cualquier producto destinado al consumidor o que, en condiciones razonablemente previsibles, pueda ser utilizado por el consumidor aunque no estØ destinado a Øl, que se le suministre o se ponga a su disposici/n, a t-tulo oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o reacondicionado; esta definici/n incluye los productos utilizados para prestar un servicio, en la medida en que la utilizaci/n en condicio- nes razonablemente previsibles de estos productos afecte a los aspectos de seguridad de los productos de consumo; no incluye los productos usados suministrados en tanto que antigHedades o en tanto que productos que deban ser repa- rados o reacondicionados antes de su utilizaci/n, siempre que el proveedor informe de ello claramente a la persona a la que suministre el producto; b) «producto seguro», cualquier producto que, en condiciones de utilizaci/n normales o razonablemente previsibles, in- cluida la duraci/n, no presente riesgo alguno o œnicamente riesgos m-nimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel ele- vado de protecci/n de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, en particular, de los siguientes ele- mentos: i) caracter-sticas del producto, y entre ellas su composi- ci/n, embalaje, instrucciones para su montaje y mante- nimiento; ii) efecto sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever la utilizaci/n del primero junto con los segundos; iii) presentaci/n del producto, etiquetado, posibles instruc- ciones de uso y eliminaci/n, as- como cualquier otra indicaci/n o informaci/n por parte del productor y de los distribuidores; (1) DO L 210 de 7. 8. 1985, p. 29. Directiva modificada por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 141 de 4. 6. 1999, p. 20). iv) categor-as de consumidores que estØn en condiciones de riesgo en la utilizaci/n del producto, en particular los niæos y las personas mayores; 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/113 v) servicios que vayan directamente unidos con el pro- ducto suministrado, cuando sea el productor quien los preste, en particular la instalaci/n y el manteni- miento del producto; la posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de obtener otros productos que presenten menor grado de riesgo no serÆ raz/n suficiente para considerar que un pro- ducto es «inseguro» o «peligroso»; c) «producto peligroso», cualquier producto que no responda a la definici/n de producto seguro de la letra b); d) «productor», i) el fabricante de un producto, cuando estØ establecido en la Comunidad, y toda persona que se presente como fabricante poniendo en el producto su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo, o toda persona que proceda al reacondicionamiento del producto; ii) el representante del fabricante cuando Øste no estØ esta- blecido en la Comunidad o, a falta de representante importador del pro- establecido en la Comunidad, el ducto; iii) los demÆs profesionales de la cadena de comercializa- ci/n, en la medida en que sus actividades puedan afectar a las caracter-sticas de seguridad del producto puesto en el mercado; e) «distribuidor», cualquier profesional de la cadena de comer- cializaci/n cuya actividad no afecte a las caracter-sticas de seguridad de los productos; f) «recuperaci/n», toda medida destinada a recobrar un pro- ducto peligroso que el productor o el distribuidor haya suministrado o puesto a disposici/n de los consumidores, a fin de proceder a su reembolso, sustituci/n o reparaci/n. CAP˝TULO II OBLIGACI’N DE SEGURIDAD GENERAL, CRITERIOS DE EVA- LUACI’N DE LA CONFORMIDAD Y NORMAS EUROPEAS Art"culo 3 Los productores tendrÆn la obligaci/n de comercializar 1. œnicamente productos seguros. 2. Cuando no existan disposiciones comunitarias espec-ficas que regulen la seguridad del producto en cuesti/n, se conside- rarÆ seguro un producto cuando sea conforme con las norma- tivas nacionales espec-ficas del Estado miembro en cuyo terri- torio se fabrique o comercialice legalmente el producto, esta- blecidas de conformidad con el Tratado y, en particular, sus art-culos 28 y 30, y que fijan los requisitos sobre sanidad y seguridad que debe cumplir el producto para poder comercia- lizarse. El producto se considerarÆ seguro en lo que se refiere a los aspectos contemplados por las normativas nacionales. Se presumirÆ que los productos que sean conformes con las normas nacionales no obligatorias por las que se transpongan las normas europeas, cuyas referencias hayan sido publicadas por la Comisi/n en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de conformidad con el art-culo 4, se ajustan, por lo que respecta a los aspectos contemplados por esas normas, con la obligaci/n de seguridad general de la presente Directiva. Los Estados miembros publicarÆn las referencias de dichas nor- mas nacionales. 3. En ausencia de normativas espec-ficas o de normas na- cionales por las que se transpongan normas europeas, contem- pladas en el apartado 2, o cuando no se recurra a esas normas, la conformidad de un producto con la obligaci/n de seguridad general se evaluarÆ teniendo en cuenta, si existieren, las normas nacionales no obligatorias por las que se hagan efectivas otras normas europeas pertinentes, las recomendaciones de la Comi- si/n que establezcan directrices para la evaluaci/n de la segu- ridad de los productos -o, a falta de Østas, las normas estable- cidas en el Estado miembro en el que estØ legalmente fabricado o comercializado el producto-, los c/digos de buena conducta en materia de sanidad y seguridad vigentes en el sector corres- pondiente, o bien teniendo en cuenta el estado actual de la prÆctica y de la tØcnica as- como la seguridad que razonable- mente los consumidores puedan esperar. 4. La conformidad de un producto con las normas mencio- nadas en los apartados 2 o 3 no impedirÆ que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan adoptar las me- didas oportunas para restringir la comercializaci/n de un pro- ducto o exigir su retirada del mercado si, a pesar de dicha conformidad, resultara peligroso para la salud y la seguridad de los consumidores. Art"culo 4 1. A los efectos de la presente Directiva, la Comisi/n esta- blecerÆ los mandatos para los organismos europeos de norma- lizaci/n y publicarÆ en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las referencias de las normas europeas. Cuando exis- tan pruebas de que una norma no garantiza el cumplimiento de la obligaci/n de seguridad general de la presente Directiva, la Comisi/n retirarÆ total o parcialmente esa publicaci/n, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4. Los mandatos se establecerÆn de conformidad con la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1). La Comi- si/n garantizarÆ la colaboraci/n con el ComitØ regulador de la seguridad de los productos de consumo al que hace referencia el apartado 1 del art-culo 14 de la presente Directiva. Los mandatos definirÆn los objetivos que deberÆn alcanzar las normas para garantizar que los productos que se ajusten a ellas cumplen la obligaci/n de seguridad general de la presente Di- rectiva. 2. Los organismos europeos de normalizaci/n adoptarÆn las normas contempladas en el apartado 1 de acuerdo con los principios contenidos en las directrices generales de coopera- ci/n entre ellos y la Comisi/n. (1) DO L 204 de 21. 7. 1998, p. 37. Directiva modificada por la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5. 8. 1998, p. 18). C 337 E/114 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 11. 2000 La Comisi/n, previa consulta al ComitØ establecido por el 3. art-culo 3 de la Directiva 98/34/CE, podrÆ decidir publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las referencias de las normas europeas relativas a los productos contemplados en la presente Directiva, que hayan sido adoptadas por los organis- mos europeos de normalizaci/n con anterioridad a la entrada en vigor de esta œltima. Cuando un Estado miembro o la Comisi/n consideren 4. que una de las normas europeas a las que se refiere el apartado 2 del art-culo 3 no cumple la obligaci/n de seguridad de la presente Directiva, someterÆn el asunto al ComitØ establecido por la Directiva 98/34/CE, exponiendo sus razones. Una vez recibido el dictamen del ComitØ, la Comisi/n notificarÆ a los Estados miembros si debe ser retirada total o parcialmente la publicaci/n de la norma en cuesti/n, a la que hace referencia el apartado 2 del art-culo 3 de la presente Directiva. CAP˝TULO III OTRAS OBLIGACIONES DE PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES Art"culo 5 1. los Dentro de los l-mites de sus respectivas actividades, productores proporcionarÆn a los consumidores la informaci/n adecuada que les permita evaluar los riesgos inherentes a un producto durante su per-odo de utilizaci/n normal o razona- blemente previsible cuando Østos no sean inmediatamente per- ceptibles sin avisos adecuados, a fin de que puedan precaverse de dichos riesgos. La existencia de tales avisos no eximirÆ, no obstante, del res- peto de las demÆs obligaciones establecidas en la presente Di- rectiva. Igualmente dentro de los l-mites de sus respectivas actividades, los productores adoptarÆn medidas apropiadas, segœn las carac- ter-sticas de los productos que suministren, de manera que puedan mantenerse informados de los riesgos que dichos pro- ductos podr-an presentar y actuar en consecuencia, si fuera necesario, retirando del mercado el producto de que se trate para evitar dichos riesgos, avisando de manera adecuada y eficaz a los consumidores de los riesgos que presentan los productos o, como œltimo recurso, recuperando los productos ya suministrados a los consumidores cuando se considere que otras medidas no bastar-an para prevenir los riesgos de que se trate. Entre las medidas que deben adoptarse para controlar los pro- ductos figurarÆn, por ejemplo, siempre que sea apropiado, el marcado de los productos o del lote de productos de forma que sea posible identificarlos, la realizaci/n de pruebas de muestreo entre los productos comercializados, el estudio de las reclama- ciones presentadas y la informaci/n de los distribuidores acerca de dicho control. 2. Los distribuidores actuarÆn con diligencia para contribuir al cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables abs- teniØndose, en particular, de suministrar productos cuando se- pan, o debieran suponer, sobre la base de la informaci/n que posean y en tanto que profesionales, que los mismos no cum- plen dichos requisitos. AdemÆs, dentro de los l-mites de sus actividades respectivas, participarÆn en la vigilancia de la segu- ridad de los productos comercializados, en concreto infor- mando sobre los riesgos que presenten, salvaguardando y pro- porcionando la documentaci/n necesaria para averiguar el ori- gen de los productos y colaborando en las actuaciones empren- didas por los productores y las autoridades competentes para evitar dichos riesgos. 3. Los productores y los distribuidores informarÆn de inme- diato a las autoridades competentes de los Estados miembros si determinan que un producto que ya han comercializado es peligroso. En particular, informarÆn a las autoridades de la actuaci/n emprendida con el fin de prevenir los riesgos para los consumidores. En el Anexo I se establecen requisitos espe- c-ficos para esta informaci/n, requisitos que la Comisi/n adap- tarÆ de acuerdo con el procedimiento establecido en el apar- tado 2 del art-culo 15. Los productores y los distribuidores, dentro de los l-mites 4. de sus actividades respectivas, colaborarÆn con las autoridades competentes, segœn Østas lo soliciten, en las actuaciones em- prendidas para evitar los riesgos que presenten los productos que suministren o hayan suministrado. Las autoridades compe- tentes definirÆn los procedimientos de dicha colaboraci/n, en especial los procedimientos de diÆlogo con los productores y distribuidores interesados sobre cuestiones relacionadas con la ejecuci/n de la normativa relativa a la seguridad de los pro- ductos de consumo. CAP˝TULO IV OBLIGACIONES Y PODERES ESPEC˝FICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS Art"culo 6 Los Estados miembros velarÆn por que los productores y 1. distribuidores cumplan las obligaciones que les corresponden en virtud de la presente Directiva, de forma que los productos puestos en el mercado sean seguros. 2. Los Estados miembros deberÆn, en particular, crear o nombrar las autoridades competentes para controlar que los productos cumplan la obligaci/n de comercializar solamente productos seguros, velando por que estas autoridades tengan los poderes y la responsabilidad necesarios para adoptar las medidas apropiadas que les corresponda tomar en virtud de la presente Directiva. 3. Los Estados miembros definirÆn las tareas, la organizaci/n y los poderes de las autoridades competentes en relaci/n con las diversas categor-as de productos, los diversos aspectos del riesgo y las distintas actividades de vigilancia, y dispondrÆn lo necesario para el intercambio de informaci/n, la coordinaci/n y la colaboraci/n entre esas autoridades; de todo ello, y de cualquier modificaci/n ulterior, deberÆn informar a la Comi- si/n. La Comisi/n harÆ llegar esta informaci/n a los demÆs Estados miembros. 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/115 Art"culo 7 Los Estados miembros determinarÆn el rØgimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicaci/n de la presente Directiva, y adoptarÆn todas las medidas necesarias para garantizar su aplicaci/n. Estas sanciones deberÆn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarÆn estas disposiciones a la Co- misi/n a mÆs tardar en la fecha mencionada en el apartado 1 del art-culo 20, as- como, a la mayor brevedad, toda modifica- ci/n ulterior de las mismas. Art"culo 8 A fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva y, 1. en particular, a efectos del art-culo 6, las autoridades compe- tentes de los Estados miembros dispondrÆn de los poderes necesarios y emprenderÆn las actuaciones necesarias, propor- cionalmente a la gravedad del riesgo y de conformidad con el Tratado, y en particular sus art-culos 28 y 30, con vistas a la adopci/n de las medidas necesarias para, entre otras cosas: a) organizar controles adecuados de las caracter-sticas de segu- ridad de los productos a escala apropiada incluso despuØs de haber sido comercializados como seguros, hasta la fase de utilizaci/n o de consumo; b) exigir toda la informaci/n pertinente a las partes implicadas; c) recoger muestras de productos para someterlas a anÆlisis sobre seguridad; d) imponer condiciones previas a la comercializaci/n de un producto, a fin de que sea seguro, y exigir que consten en el producto las advertencias pertinentes sobre los riesgos que el mismo suponga; e) disponer que las personas que pudieran estar expuestas al riesgo derivado de determinados productos sean convenien- temente informadas de manera inmediata sobre dicho riesgo, entre otras cosas, mediante la publicaci/n de avisos especiales; f) prohibir temporalmente, durante el per-odo necesario para efectuar los diferentes controles, verificaciones o evaluacio- nes de la seguridad, que se suministren, se proponga el suministro o se expongan determinados productos cuando existan indicios claros y coherentes de que podr-an ser peli- grosos; ci/n que les impone la presente Directiva, no sea satisfac- toria o resulte insuficiente. En particular, 2. las autoridades competentes tendrÆn los poderes necesarios y emprenderÆn las actuaciones oportunas para aplicar con la debida celeridad las medidas apropiadas de entre las que se mencionan en las letras d) a h) del art-culo 1, en el caso de productos que presenten un riesgo grave que exija una intervenci/n rÆpida. 3. Las medidas que deberÆn adoptar las autoridades compe- tentes con arreglo a los apartados 1 y 2 se dirigirÆn, segœn el caso: a) al productor; b) dentro de los l-mites de sus respectivas actividades, a los distribuidores y, en particular, al responsable de su distribu- ci/n inicial en el mercado nacional; c) si fuera necesario, a cualquier otra persona, con vistas a la colaboraci/n en las acciones emprendidas para evitar los riesgos derivados de un producto. Art"culo 9 1. Los procedimientos que establezcan los Estados miembros para llevar a cabo una vigilancia eficaz del mercado, en especial los procedimientos de trabajo, de intercambio de informaci/n, de coordinaci/n y colaboraci/n entre las diversas autoridades interesadas, tendrÆn como objetivo el garantizar un nivel ele- vado de protecci/n de la salud y la seguridad de los consumi- dores. Para alcanzar el objetivo contemplado en el apartado 1, 2. los Estados miembros velarÆn por que se apliquen medios y procedimientos adecuados y eficaces, que podrÆn incluir, en particular: a) el establecimiento, actualizaci/n peri/dica y puesta en prÆc- tica de programas de vigilancia sectoriales por categor-as de productos o de riesgos; b) el seguimiento y actualizaci/n de los conocimientos cient-- ficos sobre seguridad de los productos accesibles al pœblico e informes peri/dicos sobre las actividades de vigilancia, las conclusiones y los resultados obtenidos; g) prohibir la comercializaci/n de productos peligrosos, as- como, establecer las medidas de acompaæamiento necesarias para garantizar el cumplimiento de esta prohibici/n; c) la revisi/n y evaluaciones peri/dicas del funcionamiento de las actividades de control y de su eficacia, y, si es necesario, revisi/n del planteamiento y de la organizaci/n de la vigi- lancia. h) organizar u ordenar, si es necesario, la retirada efectiva e inmediata de productos peligrosos ya puestos en el mercado, el aviso a los consumidores de los riesgos que presentan esos productos, la recuperaci/n de los productos ya suminis- trados a los consumidores y la destrucci/n de los productos en cuesti/n en condiciones apropiadas, si fuera necesario, en aquellos casos en que la actuaci/n emprendida por los pro- ductores y los distribuidores, de conformidad con la obliga- 3. Los Estados miembros velarÆn por que los consumidores y otras partes interesadas puedan presentar a las autoridades competentes quejas sobre la seguridad de los productos y las actividades de vigilancia y de control, y de que estas quejas reciban la atenci/n, el seguimiento y la respuesta oportunos. Asimismo, informarÆn activamente a los consumidores y a las demÆs partes interesadas de los procedimientos establecidos a tal efecto. C 337 E/116 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 11. 2000 Art"culo 10 Art"culo 12 1. La Comisi/n fomentarÆ la creaci/n y el funcionamiento de una Red europea de seguridad de los productos que reœna a las autoridades de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado de los productos de consumo, y en la que participe asimismo la Comisi/n. 2. La Red cooperarÆ con los organismos pertinentes de los sectores contemplados por la normativa a la que se hace refe- rencia en el apartado 2 del art-culo 1, y tendrÆ como objetivos principales, facilitar: a) el intercambio de informaci/n sobre determinaci/n del riesgo, productos peligrosos, mØtodos de ensayo, resultados de ensayos, avances cient-ficos recientes y otros aspectos pertinentes para las actividades de control; b) la creaci/n y la realizaci/n de proyectos conjuntos de vigi- lancia y ensayo; c) el intercambio de conocimientos tØcnicos y de las mejores prÆcticas, as- como la colaboraci/n en las actividades de formaci/n; d) la coordinaci/n a escala comunitaria del seguimiento, la retirada y la recuperaci/n de productos peligrosos. CAP˝TULO V INTERCAMBIO DE INFORMACI’N E INTERVENCI’N R`PIDA Art"culo 11 En caso de que un Estado miembro adopte medidas que 1. restrinjan la comercializaci/n de productos o impongan su retirada del mercado, o bien la recuperaci/n de los productos ya suministrados a los consumidores, segœn lo previsto en las letras d) a h) del apartado 1 del art-culo 8, dicho Estado miem- bro las notificarÆ a la Comisi/n, siempre que el art-culo 12 o una normativa comunitaria espec-fica no prescriban ya dicha notificaci/n, precisando las razones que hayan motivado la adopci/n de las medidas. Cuando el Estado miembro notifi- cante considere que las medidas se refieren a un incidente que tiene un efecto local y que se limita, en cualquier caso, a su territorio, lo especificarÆ as- en su notificaci/n. InformarÆ asimismo a la Comisi/n de toda modificaci/n o del cese de esas medidas. Las directrices a las que hace referencia el apartado 8 del Anexo II definirÆn el contenido y el formulario estÆndar para las notificaciones previstas en el presente art-culo. En particular, estas directrices ofrecerÆn criterios para determinar las medidas que, por estar relacionadas con hechos puramente locales, no tienen por quØ ser notificadas, pues son irrelevantes a los efectos de este art-culo. 2. La Comisi/n remitirÆ la notificaci/n a los demÆs Estados miembros, salvo que, tras examinarla, llegue a la conclusi/n de que incumple la legislaci/n comunitaria. En este caso, infor- marÆ de ello inmediatamente al Estado miembro que haya tomado la iniciativa. 1. Cuando un Estado miembro adopte o decida adoptar, o bien recomiende a los fabricantes, importadores y distribuido- res o acuerde con ellos adoptar medidas o emprender actua- ciones, bien de carÆcter obligatorio o de carÆcter voluntario, para impedir, restringir o someter a condiciones particulares en su territorio la comercializaci/n o utilizaci/n de productos, debido a un riesgo grave para la salud y la seguridad de los informarÆ consumidores que exige una intervenci/n rÆpida, inmediatamente de ello a la Comisi/n a travØs del sistema de intercambio rÆpido de informaci/n (RAPEX). Asimismo, los Estados miembros informarÆn inmediatamente a la Comisi/n de toda modificaci/n de estas medidas o actuaciones o del cese de las mismas. Si el Estado miembro notificante considera que el riesgo tiene unos efectos limitados a su propio territorio, lo indicarÆ as- en teniendo en cuenta los criterios pertinentes la notificaci/n, establecidos en las directrices a las que hace referencia el punto 8 del Anexo II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÆrrafo primero, los Estados miembros podrÆn comunicar a la Comisi/n los datos de que dispongan sobre la existencia de un riesgo grave que exija una intervenci/n rÆpida antes de haber decidido la adopci/n de las medidas o emprender las actuaciones de que se trate. Tras recibir tales datos, 2. la Comisi/n comprobarÆ si se ajustan a los requisitos aplicables al funcionamiento de RAPEX y los transmitirÆ a los demÆs Estados miembros, que a su vez comunicarÆn inmediatamente a la Comisi/n las medidas adop- tadas. En el Anexo II figuran los procedimientos de aplicaci/n 3. de RAPEX. La Comisi/n adaptarÆ dichos procedimientos con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del art-culo 15. 4. El sistema RAPEX podrÆ estar abierto a los pa-ses candi- datos, a terceros pa-ses o a organizaciones internacionales, en el marco de acuerdos celebrados entre la Comunidad y esos pa-ses u organizaciones y segœn las disposiciones establecidas en dichos acuerdos, los cuales estarÆn basados en la reciproci- dad e incluirÆn normas relativas a la confidencialidad, equiva- lentes a las aplicables en la Comunidad. Art"culo 13 1. Si la Comisi/n tuviera conocimiento de la existencia de un riesgo grave que determinados productos entraæan para la salud y la seguridad de los consumidores en distintos Estados miembros, y que requiere una intervenci/n rÆpida, podrÆ, pre- via consulta a los Estados miembros, adoptar una decisi/n de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1 del art-culo 14, requiriendo a los Estados miembros la adop- ci/n de medidas de entre las previstas en las letras d) a h) del apartado 1 del art-culo 8: a) si existieran divergencias entre los Estados miembros con respecto al planteamiento para hacer frente al riesgo; 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/117 b) si se tratara de un riesgo al que no pudiera hacerse frente, teniendo en cuenta la naturaleza del problema de seguridad del producto y de forma compatible con el grado de urgen- cia, en el marco de los procedimientos previstos por la normativa comunitaria espec-fica aplicable a los productos de que se trate, y c) si se tratara de un riesgo al que s/lo pudiera hacerse frente de manera apropiada adoptando medidas adecuadas aplica- bles en el Æmbito comunitario, a fin de garantizar un nivel coherente y elevado de protecci/n de la salud y la seguridad de los consumidores y el buen funcionamiento del mercado interior. 2. Las decisiones a las que se hace referencia en el apartado 1 tendrÆn una validez mÆxima de un aæo, pero podrÆn conva- lidarse, con arreglo al mismo procedimiento, por per-odos adi- cionales de un aæo. No obstante, las decisiones que afecten a productos o lotes de productos espec-ficos individualmente tendrÆn identificados una validez ilimitada en el tiempo. 3. EstarÆ prohibida la exportaci/n desde la Comunidad de aquellos productos a los que los Estados miembros hayan te- nido que aplicar alguna de las medidas contempladas en las letras f), g) y h) del apartado 1 del art-culo 8. 4. Los Estados miembros tomarÆn todas las medidas nece- sarias para aplicar las decisiones contempladas en el apartado 1 en un plazo mÆximo de diez d-as, salvo que se especifique un plazo distinto en las correspondientes decisiones. 5. Las autoridades competentes encargadas de aplicar las medidas contempladas en el apartado 1 ofrecerÆn a las partes interesadas la oportunidad de exponer su punto de vista en el plazo de un mes, e informarÆn de ello a la Comisi/n. CAP˝TULO VI PROCEDIMIENTOS DE COMIT1 Art"culo 14 1. La Comisi/n estarÆ asistida por un ComitØ de reglamen- taci/n sobre seguridad de los productos de consumo, com- puesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisi/n. 2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se apli- carÆ el procedimiento de reglamentaci/n previsto en el art-culo 5 de la Decisi/n 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del art-culo 7 y en el art-culo 8 de la misma. El periodo previsto en el apartado 6 del art-culo 5 de la Decisi/n 1999/468/CE queda fijado en quince d-as. Art"culo 15 1. La Comisi/n estarÆ asistida por un ComitØ consultivo sobre seguridad de los productos de consumo, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisi/n. 2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se apli- carÆ el procedimiento consultivo previsto en el art-culo 3 de la Decisi/n 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el apar- tado 3 del art-culo 7 y en el art-culo 8 de la misma. El ComitØ consultivo sobre seguridad de los productos de 3. consumo asistirÆ a la Comisi/n en el examen de toda cuesti/n relacionada con la aplicaci/n de la presente Directiva, en par- ticular de aquellos asuntos relacionados con las medidas de ejecuci/n y la vigilancia del mercado. CAP˝TULO VII VARIOS Y DISPOSICIONES FINALES Art"culo 16 1. En general, el pœblico tendrÆ acceso a la informaci/n de que dispongan las autoridades de los Estados miembros o la Comisi/n con relaci/n a los riesgos que los productos entraæen para la salud y la seguridad de los consumidores. En particular, el pœblico tendrÆ acceso a la informaci/n sobre la identifica- ci/n del producto, la naturaleza del riesgo y las medidas adop- tadas. No obstante, los Estados miembros y la Comisi/n adoptarÆn las medidas necesarias para que sus funcionarios y agentes estØn obligados a no divulgar la informaci/n obtenida a efectos de la presente Directiva que, por su naturaleza, estØ amparada, en casos debidamente justificados, por el secreto profesional, con excepci/n de la informaci/n que, segœn lo exijan las circuns- tancias, deba hacerse pœblica para proteger adecuadamente la salud y la seguridad de los consumidores. 2. La protecci/n del secreto profesional no impedirÆ la co- municaci/n a las autoridades competentes de toda aquella in- formaci/n que sea pertinente para asegurar la eficacia de la vigilancia del mercado y de las medidas de ejecuci/n. Las au- toridades que reciban informaci/n amparada por el secreto profesional asegurarÆn su protecci/n. Art"culo 17 La presente Directiva se aplicarÆ sin perjuicio de la Directiva 85/374/CEE. Art"culo 18 1. Toda medida adoptada en virtud de la presente Directiva y que restrinja la comercializaci/n de un producto, o bien requiera su retirada del mercado o su recuperaci/n, de los consumidores, deberÆ ser debidamente motivada. Se notificarÆ, con la mayor brevedad posible, a la parte interesada, indicando los recursos que quepa interponer con arreglo a las disposicio- nes vigentes en el Estado miembro de que se trate y los plazos para presentarlos. Siempre que ello sea posible, se oirÆ a las partes interesadas antes de adoptar la medida. Si, debido a la urgencia del asunto, ello no fuera posible, se ofrecerÆ esta oportunidad en el mo- mento oportuno tras la puesta en aplicaci/n de la medida. C 337 E/118 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 11. 2000 Las medidas que requieran la retirada de un producto del mer- cado o su recuperaci/n, de los consumidores, incluirÆn dispo- siciones destinadas a incitar a los distribuidores, usuarios y consumidores finales a que contribuyan a su retirada o recu- peraci/n. 2. Los Estados miembros velarÆn por que pueda recurrirse en v-a judicial contra cualquier medida, adoptada por las au- toridades competentes, que limite la comercializaci/n de un producto u obligue a retirarlo del mercado o a recuperarlo, de los consumidores. 3. Cualquier decisi/n adoptada en virtud de la presente Di- rectiva, que restrinja la comercializaci/n de un producto u obligue a retirarlo del mercado o a recuperarlo, de los consu- midores, lo serÆ sin perjuicio de la responsabilidad penal na- cional de la parte a que vaya dirigida. Art"culo 19 La Comisi/n presentarÆ cada tres aæos, a partir de la 1. fecha mencionada en el apartado 1 del art-culo 20, un informe sobre la aplicaci/n de la presente Directiva al Parlamento Eu- ropeo y al Consejo. En particular, ese informe tratarÆ de la seguridad de los 2. productos de consumo, del funcionamiento de la vigilancia del mercado, del trabajo de normalizaci/n, del funcionamiento de RAPEX y de las medidas comunitarias adoptadas con arreglo al art-culo 13. Para ello, la Comisi/n evaluarÆ los aspectos mÆs pertinentes, en especial los planteamientos, los sistemas y las prÆcticas que se apliquen en los Estados miembros, a la vista de los requisitos establecidos en la presente Directiva y en las demÆs normativas comunitarias relacionadas con la seguridad de los productos. Los Estados miembros proporcionarÆn a la Comisi/n toda la asistencia y la informaci/n necesarias para que lleve a cabo sus evaluaciones y prepare los informes. Art"culo 20 Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales, 1. reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la pre- sente Directiva, con efectos, a partir del 1 de enero de 2003. InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisi/n. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæa- das de dicha referencia en su publicaci/n oficial. Los Estados miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada refe- rencia. 2. Los Estados miembros comunicarÆn a la Comisi/n el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el Æmbito regulado por la presente Directiva. Art"culo 21 QuedarÆ derogada la Directiva 92/59/CEE, con efectos a partir del 1 de enero de 2003, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los plazos para la transposi- ci/n y la aplicaci/n de la Directiva derogada, previstos en el Anexo III. Las referencias a la Directiva derogada se entenderÆn hechas a la presente Directiva, con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el Anexo IV. Art"culo 22 Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados miembros. 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/119 ANEXO I REQUISITOS RELATIVOS A LA INFORMACI’N SOBRE PRODUCTOS PELIGROSOS QUE HAN DE PROPORCIONAR LOS PRODUCTORES Y LOS DISTRIBUIDORES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 1. Los productores o los distribuidores deberÆn proporcionar esta informaci/n cuando determinen, basÆndose en los datos, resultados de ensayos u otra informaci/n de que dispongan, que alguno de los productos que suministran no es seguro en el sentido de la letra b) del art-culo 2 o, cuando proceda, segœn los requisitos de seguridad espec-ficos establecidos en normativas comunitarias aplicables al producto en cuesti/n. 2. Este requisito se aplicarÆ en el caso de l-neas o lotes de productos, no de productos peligrosos aislados. 3. La informaci/n proporcionada deberÆ contener, al menos: E detalles que permitan identificar con precisi/n el producto o lote de productos de que se trata; E una descripci/n completa del riesgo que presentan los productos en cuesti/n; E toda la informaci/n disponible que sea œtil para seguir la pista del producto; E una descripci/n de la actuaci/n emprendida con el fin de prevenir los riesgos para los consumidores. 4. La informaci/n se proporcionarÆ a las autoridades designadas a tal efecto en los Estados miembros donde los productos en cuesti/n se comercialicen, se hayan comercializado o de cualquier otra forma se hayan suministrado a los consumidores. ANEXO II PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACI’N DEL SISTEMA COMUNITARIO DE INTERCAMBIO R`PIDO DE INFORMACI’N (RAPEX) CONTEMPLADO EN EL ART˝CULO 13 Y DIRECTRICES PARA LAS NOTIFICA- CIONES A LAS QUE HACEN REFERENCIA LOS ART˝CULOS 12 Y 13 1. El sistema se refiere a los productos definidos en la letra a) del art-culo 2 de la presente Directiva, los cuales presentan un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores que requiere una intervenci/n rÆpida. No se incluyen en la aplicaci/n del sistema RAPEX los productos farmacØuticos, mencionados en las Directivas 75/319/CEE y 81/851/CEE. 2. BÆsicamente, el sistema estÆ encaminado a realizar un intercambio rÆpido de informaci/n en presencia de un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores que requiere una intervenci/n rÆpida. Las autoridades nacionales deberÆn juzgar cada caso en particular sobre la base de sus caracter-sticas intr-nsecas, teniendo en cuenta las directrices a las que hace referencia el punto 8, que definirÆn criterios espec-ficos para identificar los riesgos graves que requieren una intervenci/n rÆpida. 3. El Estado miembro notificante de acuerdo con el art-culo 12 de la presente Directiva proporcionarÆ las precisiones la notificaci/n contendrÆ la informaci/n estipulada en las directrices a las que hace disponibles; en particular, referencia el punto 8 y, como m-nimo, lo siguiente: a) la informaci/n que permita identificar el producto; b) una descripci/n del riesgo corrido y un resumen de los resultados de toda prueba o anÆlisis, y de sus con- clusiones, que permita evaluar su importancia; c) el carÆcter y la duraci/n de las medidas o las actuaciones adoptadas o decididas, si procede; d) informaci/n sobre las cadenas de comercializaci/n y distribuci/n del producto. Esta informaci/n deberÆ transmitirse utilizando el formulario de notificaci/n estÆndar especial y con los medios estipulados en las directrices a las que hace referencia el punto 8. C 337 E/120 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 11. 2000 Cuando el objetivo de la medida notificada conforme a los art-culos 11 o 12 sea restringir la comercializaci/n o el uso de una sustancia o un preparado qu-micos, los Estados miembros proporcionarÆn lo antes posible o bien un resumen, o bien las referencias de los datos relacionados con esa sustancia o ese preparado, o de sus sustitutos conocidos, en caso de que los haya, si disponen de tal informaci/n. ComunicarÆn asimismo los efectos previstos de la medida con respecto a la salud y la seguridad de los consumidores, junto con la evaluaci/n del riesgo llevada a cabo de acuerdo con los principios generales para evaluar los riesgos de las sustancias qu-micas, a los que hace referencia el apartado 4 del art-culo 10 del Reglamento (CEE) no 793/93 -si se trata de una sustancia ya existente- o el apartado 2 del art-culo 3 de la Directiva 67/548 -si se trata de una sustancia nueva-. En las directrices a las que se refiere el punto 8 se definirÆn los detalles y los procedimientos para proporcionar la informaci/n requerida a este respecto. 4. Antes de decidir adoptar alguna medida, el Estado miembro que haya informado a la Comisi/n de un riesgo grave conforme al pÆrrafo tercero del apartado 1 del art-culo 12 tendrÆ cuarenta y cinco d-as de plazo para comunicar a la Comisi/n si confirma o modifica la informaci/n. 5. En el plazo mÆs breve posible, la Comisi/n verificarÆ la conformidad de la informaci/n recibida conforme a este sistema de intercambio rÆpido de informaci/n con las disposiciones de la presente Directiva y, cuando lo considere necesario, y a fin de evaluar la seguridad de los productos, podrÆ llevar a cabo una encuesta por iniciativa propia. En caso de que se lleve a cabo tal encuesta, los Estados miembros deberÆn suministrar a la Comisi/n la informaci/n solicitada, en la medida de lo posible. 6. Al recibir una notificaci/n, se instarÆ a los Estados miembros a que, dentro del plazo estipulado en las directrices a las que hace referencia el punto 8, notifiquen a la Comisi/n: a) si el producto ha sido comercializado en su mercado nacional y si han adoptado, o piensan adoptar, las mismas o diferentes medidas o actuaciones adaptadas a sus propias circunstancias, o si no consideran necesario adoptar medidas o actuaciones en relaci/n con el producto en cuesti/n dadas las circunstancias nacionales, y por quØ; b) la informaci/n complementaria que hayan obtenido sobre el peligro de que se trata, incluidos los resultados de las pruebas o anÆlisis efectuados para evaluar el nivel de riesgo; c) si estÆn en desacuerdo con las medidas o las actuaciones de que se trata, y por quØ; d) si consideran que no es necesario seguimiento alguno, y por quØ; e) si resulta innecesario adoptar medidas o emprender actuaciones en relaci/n con los productos en cuesti/n, dadas las circunstancias nacionales, y por quØ; En las directrices a las que hace referencia el punto 8 se especificarÆ el procedimiento aplicable a las notificaciones relativas a riesgos que el Estado miembro notificante considere limitados a su territorio. 7. Los Estados miembros informarÆn inmediatamente a la Comisi/n de toda modificaci/n de las medidas o actuaciones en cuesti/n o del cese de las mismas. 8. La Comisi/n, asistida por el ComitØ consultivo establecido conforme al apartado 1 del art-culo 15 de la presente Directiva, prepararÆ y actualizarÆ regularmente unas directrices relativas al funcionamiento del sistema de inter- cambio rÆpido de informaci/n entre la Comisi/n y los Estados miembros. 9. La Comisi/n podrÆ informar a los puntos de contacto nacionales acerca de los productos que presenten riesgos que requieran una intervenci/n rÆpida, ya sean importados a o exportados desde la Comunidad Europea o el espacio Econ/mico Europeo. 10. El Estado miembro notificante serÆ el responsable de la informaci/n proporcionada, y de la exactitud de la misma. 11. La Comisi/n se encargarÆ de asegurar el buen funcionamiento del sistema. ANEXO III DIRECTIVA DEROGADA Y PLAZOS PARA LA TRANSPOSICI’N A LA LEGISLACI’N NACIONAL Y LA APLICACI’N Directiva derogada (a la que se hace referencia en el art-culo 21): Directiva 92/59/CEE del Consejo; plazos para la transposici/n y la aplicaci/n (a los que se hace referencia en el art-culo 21): 29 de junio de 1994. 28. 11. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 337 E/121 ANEXO IV CUADRO DE CORRELACIONES La presente Directiva Directiva 92/59/CEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 16 17 18 19 20 21 22 Anexo I Anexo II Anexo III Anexo IV 1 2 4 E 3 5 pÆrrafo segundo del art-culo 5 6 E E 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 E Anexo E E


title: WRITTEN QUESTION E-0951/00 by Bart Staes (Verts/ALE) to the Commission. The Objective 2 region of Hainaut.

eurovoc_concepts:
EU financing arrangements
Province of Hainault
Province of West Flanders
Structural Funds
transfer of businesses

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text: 19. 6. 2001 EN Official Journal of the European Communities C 174 E/3 Supplementary answer given by Mr Barnier on behalf of the Commission (5 January 2001) According to the information received from the Greek authorities, between July 1998 and April 2000 ESPEL carried out 1 253 routine inspections of projects part-financed by Community Funds. The findings show that 52 % of the projects are in order or have minor defects which the contractors will rectify (project category 1); 45 % of the projects have major defects which do not have safety implications but which will entail higher maintenance costs: these additional costs must be deducted from payments to the contractors concerned (project category 2); 3 % of the projects have serious defects which cannot be rectified: the contractors will have to redo these projects in full or in part and at their own expense (project category 3). In accordance with existing procedures, the Ministry of Economic Affairs (cid:129) as the managing authority for the Community support framework (cid:129) sent the 1 122 individual reports drawn up by ESPEL in respect of projects with quality defects to the public authorities managing the projects concerned, asking them to take the action provided for by law. In 198 cases, the Ministry of Economic Affairs instructed the authorities managing the projects to require the contractors to set up and operate on-site test laboratories in compliance with their contractual obligations. In 478 cases falling within project categories 2 and 3 referred to above, the Ministry of Economic Affairs submitted the files to the public works inspectorate. Lastly, as provided for, the 30 cases falling within category 3 were sent direct to the public prosecutor(cid:146)s office. On 5 April 2000, the public works inspectorate called on 136 authorities concerned with the projects at issue to submit a report on the measures taken in order to require the contractors to carry out the necessary repairs or in order to impose penalties on them in accordance with the law. According to the Greek authorities, on the basis of the reports available and depending on the various cases, the following measures have been taken: financial penalties; price reductions; repair orders issued, in some cases with complaints against the contractors; repairs carried out; responsibilities attributed for the non-operation of on-site test laboratories; basic geological and other studies where these were not done; additional quality controls. The Greek authorities have also informed the Commission that the reports are still being examined and that they will be published at a later date by the Joint Steering Committee on Public Works. The Commission has taken note of the quality controls which the Greek Government has requested, and welcomes this initiative. It would nevertheless like the files to be processed and monitored more quickly, and will ask for detailed information on the practical action taken in each case (cid:129) i. e. the economic, administrative or other penalties imposed. The European Anti-Fraud Office also states that no communication has so far been received from the Greek authorities on the basis of Commission Regulation (EC) No 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organisation of an information system in this field (1). (1) OJ L 178, 12. 7. 1994. (2001/C 174 E/003) WRITTEN QUESTION E-0951/00 by Bart Staes (Verts/ALE) to the Commission (29 March 2000) Subject: The Objective 2 region of Hainaut The awarding of Objective 2 aid to the Walloon province of Hainaut is leading to the relocation of firms which have been established for many years in the neighbouring province of Western Flanders. The businesses operators in question acknowledge that the removal of their activities to Hainaut is entirely dependent on their obtaining Objective 2 subsidies. If these business operators do not obtain any European aid, they will keep their operations in Western Flanders. In order to be considered for such aid they have to have their company headquarters in Hainaut. C 174 E/4 Official Journal of the European Communities EN 19. 6. 2001 How many applications have been made since 1 January 2000 for Objective 2 aid for new economic 1. operations in Hainaut, and to what do they relate? 2. When and where were the company headquarters of these firms registered? 3. (a) How many of these firms were formerly operating in the province of Western Flanders? (b) How many of these firms are currently operating in Western Flanders? Have the firms in question expressly been asked whether their relocation from Western Flanders to 4. Hainaut is dependent on the award of Objective 2 aid? (a) (b) If so, how many (cid:145)West Flanders(cid:146) operators would choose to move their operations to Hainaut without Objective 2 aid? If not, will the Commission ask these business operators to what extent their relocation is dependent upon Objective 2 aid? Is the Commission prepared to take measures to prevent the relocation of West Flanders firms to 5. Hainaut? (a) If so, what measures? (b) If not, why not? Supplementary answer given by Mr Barnier on behalf of the Commission (22 January 2001) During the 2000-2006 programming period, the Walloon province of Hainaut will receive Structural Funds aid under Objective 1, not Objective 2. To that end, on 15 May 2000 the Commission approved the single programming document (SPD) submitted by the regional authorities. A task force comprising representatives from the authorities, university lecturers, delegates from employers(cid:146) associations and an outside consultant will be responsible for appraising projects submitted under the new programming exercise. Investment aid features among the programming document(cid:146)s principal measures, but at this stage it is too soon to say how many businesses will benefit from such aid and certainly too soon to say exactly how many businesses currently based in West Flanders might relocate their headquarters to Hainaut. During the 1994-1999 programming period, investment support was available under two schemes: aid for setting up businesses, and aid for expanding businesses. The statistics available show that assistance under one or other of those schemes was given to about fifty businesses located in Flanders, accounting for approximately 7 % of all investment projects supported under Objective 1. The statistics provided by the Walloon Region relate only to aid approved between 1995 and 1999. Various places in Hainaut are involved, but those which recur most frequently are the towns Mouscron, Tournai and Comines. The regional authorities Honourable Member(cid:146)s questions about Flemish businesses(cid:146) previous and current activities. responsible have not yet updated the figures needed to answer the Neither the Commission nor the Walloon Region authorities investigated the motives of the businesses which applied for investment aid and which set up their headquarters in the province of Hainaut so as to receive that assistance. The Commission does not intend to undertake such an investigation. 19. 6. 2001 EN Official Journal of the European Communities C 174 E/5 The Commission is responsible for ensuring that investment aid schemes which regions or national authorities introduce comply with the competition rules laid down by the EC Treaty. During the negotiation of programmes, the Commission also examines whether development plans are consistent with the general guidelines which it has proposed to Member States. On the general issue of relocation, the Commission would ask the Honourable Member to refer to the answers given to Written Questions E-1396/99 by Mrs Keppelhoff-Wiechert (1), E-1446/99 by Mr Meijer (2), P-1805/99 by Mrs Figueiredo (3) and P-1706/00 by Mrs Randzio-Plath (4). (1) OJ C 170 E, 20. 6. 2000. (2) OJ C 203 E, 18. 7. 2000. (3) OJ C 219 E, 1. 8. 2000. (4) OJ C 81 E, 13. 3. 2001, p. 75. (2001/C 174 E/004) WRITTEN QUESTION E-2666/00 by Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) to the Commission (1 September 2000) Subject: Safety of nuclear power stations in the applicant countries The very controversial Temelin nuclear power station in the Czech Republic is currently being made ready to go on stream. It was built in the 1980s on the basis of a Soviet design. Last week, after years of debate about that nuclear power station, authorisation was issued in a suspicious manner. Accordingly, for a few months, reactor 1 of the power station may run on a test basis, despite powerful protests from citizens and the concern expressed by President Havel and the Austrian Government. the safety of 1. Does the Commission agree with me that, with a view to the accession of the applicant countries, Community standards relating to the safety of nuclear reactors in the European Union, including minimum safety requirements as regards design, construction and use, are urgently required? 2. What is the Commission planning to do, in the light of the accession negotiations, prevent the commissioning of nuclear power stations, such as Temelin, which are unsafe? in order to Answer given by Mr Verheugen on behalf of the Commission (29 November 2000) Construction of the Temelin nuclear power plant (NPP) was started in the 1980s and later halted. Parts of the plant are still under construction. Electricity production is planned to start in 2001 (Unit 1) and 2002 (Unit 2). The reactor is of an upgraded VVER 1000 design and will incorporate new safety-related systems of recent design. The Community has repeatedly recalled the need for nuclear power plants to respect high nuclear safety standards. The Commission has taken in Agenda 2000 a clear position in this respect. The December 1999 Helsinki European Council recalled the importance of high standards of nuclear safety and called on the Council to consider how to address the issue of nuclear safety in the framework of the enlargement process. The Council is currently looking into this matter, drawing on the expertise existing in the Member States, and the Commission is supporting this process fully. Nuclear safety is the national competence of Member States. This principle applies to candidate countries by analogy. The Temelin NPP is one of very few nuclear power plants that might be commissioned in the period prior to the accession of candidate countries. The Commission has no means to prevent the commissioning of specific plants under the authority of the national regulatory responsibility within a candidate country. However, the Commission will continue to work with the Czech authorities to assist the continuous


title: Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugoförsta gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)"

eurovoc_concepts:
carcinogenic substance
consumer protection
health risk
labelling
marketing standard
public health

text: 18. 5. 2000 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 140/1 II (Förberedande rättsakter) EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTE´ N Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugoförsta gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)” (2000/C 140/01) Den 3 februari 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag. Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som ansvarat för det förberedande arbetet, antog sitt yttrande den 8 mars. Föredragande var Johannes Jaschick. Vid sin 371:a plenarsession den 29–30 mars 2000 (sammanträdet den 29 mars) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 63 röster för. 1. Inledning 1. 1. För att på ett varaktigt sätt kunna skydda medborgarna mot bland annat cancerframkallande, mutagena eller reproduk- tionstoxiska ämnen och preparat får vissa farliga ämnen sedan 1994 (1) inte säljas till allmänheten. 1. 3. Senast sex månader efter det att en klassificeringsupp- datering (3) offentliggjorts skall kommissionen lägga fram förslag om att de nya ämnen som klassificerats som cancer- framkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (4) skall föras in i bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG, så att de inte är tillgängliga för allmänheten. Klassificering, 1. 2. förpackning och märkning av dessa ämnen uppdateras regelbundet i enlighet med nya vetenskapli- ga rön och den tekniska utvecklingen (2). Föreliggande direktivförslag innebär att två cancer- 1. 4. framkallande ämnen (kategori 2) och ett reproduktionstoxiskt ämne (kategori 2) skall föras in i förteckningen över farliga ämnen och preparat (5). (1) Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976, s. 201, ändrat genom direktiv 94/60/EG, EGT L 365, 31. 12. 1994, s. 1. (2) Bilaga I till direktiv 67/548/EEG, EGT 196, 16. 8. 1967, s. 1, senast ändrat genom direktiv 94/69/EG, EGT L 381, 31. 12. 1994, s. 1. (3) Se direktiv 94/60/EG, EGT L 365, 31. 12. 1994, s. 1. (4) Klassificeringsförfarandet fastställs i direktiv 67/548/EEG. (5) Dessa ämnen används delvis även i kemiska produktionsprocesser och ingår i vissa eldfasta keramikplattor samt i krockkuddar i bilar. C 140/2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 18. 5. 2000 2. Allmänna kommentarer ESK välkomnar ett förbud för allmänheten mot att 2. 1. använda dessa ämnen. Kommittén ser kommissionens förslag som ett led i strävan att skydda och främja folkhälsan. Handlingsplanen för bekämpning av cancer (1), meddelandet om utvecklingen av EU:s folkhälsopolitik (2) samt det medde- lande om en hälsovårdspolitisk strategi för EU som kommissio- nen planerar att lägga fram under år 2000 (3) utgör andra initiativ i detta syfte. Den nu föreliggande tjugoförsta ändringen av direktiv 2. 2. 76/769/EEG rör en harmonisering av bestämmelserna för användning av dessa farliga ämnen och preparat och innebär inte några som helst negativa effekter för inre marknadens funktion. 2. 3. För att så snabbt som möjligt kunna skydda allmänhe- ten från de risker som är förbundna med dessa ämnen anser ESK att det bör undersökas om man inte kan skynda på det förfarande som tillämpats hittills. Ett enklare förfarande med ett visst mått av automatik vore önskvärt. Hittills har rådet och parlamentet inte kunnat ge sitt godkännande till en sådan förenkling. ESK utgår ifrån att denna nyklassificering även gäller 2. 4. samtliga EES-länder, och att den på ett tidigt stadium även (1) Kommissionens, Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/96/EG av den 29 mars 1996 om antagande av en handlings- plan för kampen mot cancer inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet (1996–2000), EGT L 95, 16. 4. 1996, s. 9. (2) KOM(1998) 230 slutlig: ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Om utvecklingen av folkhälsopolitiken i Europeiska gemenskapen” av den 15 april 1998; ESK:s yttrande, EGT C 407, 28. 12. 1998, s. 21. (3) KOM(2000) 186 slutlig, som enligt kommissionens arbetspro- gram skall läggas fram i slutet av mars 2000. Bryssel den 29 mars 2000. kommer att tas med i förhandlingarna med kandidatländerna. Kommittén förordar i detta sammanhang att samarbetet med de organisationer och organ som ansvarar för säkerhets- och hälsovårdsfrågor i dessa länder intensifieras. 3. Särskilda kommentarer 3. 1. ESK ser positivt på att kommissionen i samband med utarbetandet av den tjugoförsta ändringen även har hört sakkunniga inom olika miljö- och konsumentorganisationer. 3. 2. ESK anser att kommissionen gör rätt i att inrikta sig på ett förebyggande folkhälsoskydd i diskussionerna kring denna fråga. Kommissionen skall agera om det finns en befogad misstanke om att dessa ämnen kan ge bestående hälsoskador. Kommissionen klassificerar då in dessa ämnen i respektive kategori och för in dem i förteckningen över cancerframkallan- de, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen. ESK utgår ifrån att restpartier inte längre får användas 3. 3. och att förbudet självfallet även gäller importerade preparat. 3. 4. ESK anser att det bör undersökas om inte begreppet ”allmänheten” kan preciseras ytterligare, och om man inte uttryckligen främst skulle kunna tala om konsumenter och mindre hantverksföretag. ESK förordar ökad informations- spridning om riskerna med dessa ämnen även via berörda organisationer och organ. 3. 5. Med tanke på hur farliga dessa ämnen är bör man överväga om tidsfristen på 6 månader från det att klassifice- ringen av nya farliga ämnen offentliggjorts fram till dess kommissionsförslaget skall ha lagts fram inte kan göras kortare. Av folkhälsoskäl bör man även undersöka om inte den 3. 6. tidsfrist som anges i artikel 2 också borde förkortas. Ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Beatrice RANGONI MACHIAVELLI


title: Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane»

eurovoc_concepts:
EU production
Lomé Convention
United States
World Trade Organisation
import
tropical fruit

text: C 140/6 FR Journal officiel des Communautés européennes 18. 5. 2000 Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane» (2000/C 140/03) Le 29 novembre 1999, le Conseil, conformément à l’article 198 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 15 mars 2000 (rapporteur: M. Barato Triguero). Lors de sa 371e session plénière des 29 et 30 mars 2000 (séance du 29 mars 2000), le Comité a adopté le présent avis par 73 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions. 1. Introduction 1. 1. Dans sa proposition, la Commission modifie les aspects du régime qui ont été condamnés par le dernier rapport du panel de l’OMC, et va même plus loin que les conclusions dudit rapport, en proposant le remplacement du régime de contingentement par un système uniquement tarifaire. La nouvelle proposition de modification peut avoir 1. 2. pour effet un recul de la production communautaire de bananes par rapport au régime instauré en 1993, qui a permis une amélioration des infrastructures et des canaux de commercialisation, ainsi qu’une meilleure adaptation aux exigences environnementales, entraînant la nécessité pour le secteur de la production de réaliser d’importants investisse- ments en vue de renforcer sa compétitivité et, partant, de faire face aux productions provenant d’autres pays. 1. 3. La modification proposée par la Commission est en contradiction totale avec la préférence accordée aux produc- teurs communautaires et ACP, et peut même porter préjudice aux producteurs d’autres pays tiers, dans la mesure où il est plus que probable qu’elle entraînera une baisse considérable des prix sur le marché de l’UE. Le texte de la Commission se fonde sur les points 1. 4. suivants: 1. 4. 1. Substitution du régime de contingents tarifaires actuel par un système uniquement tarifaire avant le 1er janvier 2006. 1. 4. 2. gents sont envisagés: Durant la période transitoire de 6 ans, trois contin- Contingent A: 2,2 millions de tonnes au taux de 75 euros/t Contingent B: 353 000 tonnes au taux de 75 euros/t Contingent C: 850 000 tonnes (taux variable) 1. 4. 2. 2. Pour les contingents A et B, aucune définition précise du système de gestion n’est fournie. Le texte se limite à stipuler que la méthode de répartition des certificats peut se fonder sur les courants d’échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux arrivés») ou sur d’autres méthodes. Toutefois, la Commission omet de déterminer une période de référence. Dès lors, cette question et l’ensemble des questions relatives à la répartition des certificats devront être résolues dans un règlement de la Commission. 1. 4. 2. 3. Le volume du contingent tarifaire additionnel prévu peut être augmenté lorsque la demande de la Commission s’accroît, sur la base d’un bilan de la production et de la consommation, ainsi que des importations et des exportations. La détermination des éléments constitutifs du bilan ainsi que l’adoption de ce dernier et l’augmentation du contingent tarifaire se feront selon la procédure du comité de gestion. 1. 4. 2. 4. La Commission, de commun accord avec les parties contractantes de l’OMC ayant un intérêt substantiel (Costa Rica, Colombie, E´ quateur et Panama), pourrait attribuer à chacun de ces quatre pays un taux fixe et déterminé pour les contingents tarifaires. 1. 4. 2. 5. En cas de besoin, ou si l’approvisionnement du marché communautaire devait être affecté par des circonstan- ces exceptionnelles touchant aux conditions de production ou d’importation, la Commission adoptera les mesures particuliè- res nécessaires selon la procédure du comité de gestion. 1. 4. 3. 2000. Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er avril 1. 4. 2. 1. Pour le contingent C, la proposition prévoit une procédure d’appel d’offres assortie d’une préférence tarifaire de 275 euros/t pour la production des pays ACP. La préférence tarifaire accordée aux pays ACP en ce qui concerne les contingents A et B se traduit par l’application d’un taux égal à zéro. 1. 5. Le texte de la proposition de modification de l’OCM dans le secteur de la banane est accompagné d’une recomman- dation de décision du Conseil, visant à autoriser la Commission à négocier avec les pays tiers la modification du tarif douanier pour les bananes au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 18. 5. 2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 140/7 2. Observations générales Le Comité reconnaît les efforts fournis par la Commis- 2. 1. sion afin d’ajuster, une fois encore, (CEE) no 404/93 aux engagements internationaux issus de l’OMC et de la IVe Convention de Lomé. le règlement 2. 2. Le Comité est conscient que, suite au nouveau verdict du panel de l’OMC publié officiellement le 12 avril 1999, l’Union européenne est obligée de modifier, une fois encore, l’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur de la banane. Il regrette que l’organe de règlement des différends de l’OMC fonctionne de manière non transparente et qu’il ne prenne pas en considération, en matière de concurrence, les conditions concrètes de la production sur les plans social, environnemental et de la durabilité. Le Comité demande à la Commission de poursuivre les efforts au sein de l’OCM pour que ces préoccupations soient effectivement prises en compte. 2. 3. Le Comité constate néanmoins que la proposition de la Commission n’apporte pas les garanties nécessaires pour la commercialisation des bananes des producteurs communautai- res et ACP, dans la mesure où elle aggrave la situation de ces producteurs par rapport à la dernière modification de l’OCM dans le secteur de la banane, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. D’un point de vue commercial, l’imposition d’un système uniquement tarifaire avantage les grands opérateurs et pénalise les petits producteurs et les petites coopératives ainsi que leurs canaux de commercialisation, dans la mesure où les premiers disposent d’une série d’économies d’échelle et de moyens qui leur permettraient de placer sur le marché une production plus importante à un coût inférieur. 2. 4. Par conséquent, le Comité craint que les modifications proposées, et en particulier le passage automatique à un système uniquement tarifaire, entraînent la disparition pro- grammée des productions de bananes communautaires et ACP et, partant, de la plupart des opérateurs commerciaux qui n’ont pas une vocation multinationale. 2. 5. Le Comité estime qu’il faudrait favoriser la commercia- lisation de bananes produites dans des conditions sociales appropriées, c’est-à-dire aptes à garantir les droits des agricul- teurs à des revenus leur permettant de maintenir un niveau de vie décent, conformément aux dispositions de l’article 33 du traité sur l’Union européenne, et garantissant aux travailleurs qu’ils emploient un salaire juste et des conditions de travail conformes au respect des droits fondamentaux. 2. 6. Le Comité estime quant à lui qu’il faudrait encourager la commercialisation de bananes produites dans des conditions environnementales satisfaisantes, c’est-à-dire encourager des pratiques agricoles comme, par exemple, l’agriculture durable ainsi que toutes les mesures agroenvironnementales qui contri- buent à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. De même, il y a lieu de valoriser les productions biologiques ainsi que le rôle de l’agriculture dans la gestion du territoire, le maintien de l’environnement rural, la préservation de valeurs ethnogra- phiques, etc. 2. 7. Le Comité est d’avis qu’il faut continuer à garantir aux consommateurs une offre variée des différents types de bananes actuellement disponibles sur le marché. Les consommateurs pourront ainsi d’orienter leur choix vers les produits biologi- ques et les produits issus du commerce équitable. Pour ce faire, le nouveau système qui sera adopté devra garantir la coexistence sur le marché des bananes originaires de l’UE, des ACP et de l’Amérique latine, ainsi que le respect des différents critères qualitatifs, compte tenu des conditions de production et de commercialisation. E´ tant donné que l’OMC condamne toute discrimination entre des biens similaires produits dans des conditions environnementales et sociales différentes, le consommateur européen pourra bénéficier de l’amélioration que représentent les systèmes de production écologiques, ainsi que d’un étiquetage volontaire dûment contrôlé et spécifiant s’il s’agit de bananes produites selon les principes du commerce équitable, comme c’est le cas par exemple dans les îles du Vent. De même, 2. 8. le Comité estime que les productions européennes devraient miser chaque jour davantage sur la qualité, tant du point de vue des propriétés organoleptiques qu’en termes de nutrition et de présentation, tout en respectant l’environnement et en évitant l’utilisation excessive de produits phytosanitaires. 3. Observations particulières 3. 1. Le Comité estime que le passage automatique au système uniquement tarifaire proposé par la Commission n’est pas justifié. En effet, ce système ne répond ni à une exigence du panel de l’OMC ni au souhait de la majorité des pays demandeurs et des opérateurs commerciaux présents sur le marché. Par conséquent, le Comité désapprouve l’établissement d’un système uniquement tarifaire, et estime qu’il faudrait maintenir un système de contingents tarifaires non discrimina- toire pendant au moins dix ans, au terme desquels la possibilité d’introduire un autre régime sera examinée. Cette période pourra être mise à profit afin d’évaluer, en particulier, l’impact du nouveau régime dans les différentes régions communautai- res productrices, en ce qui concerne l’emploi, les structures de production, les revenus des producteurs, l’évolution des prix sur le marché. Le Comité considère que le volume actuel du contin- 3. 2. gent additionnel de 353 000 tonnes est excessif, et qu’il est à l’origine de la situation de surapprovisionnement de ces dernières années, en particulier en ce qui concerne l’année 1999 durant laquelle des prix particulièrement bas ont été enregistrés. Par conséquent, le Comité estime qu’il faudrait revoir ce contingent afin de le rendre conforme aux exigences du marché et plus réaliste. 3. 3. Selon le Comité, la méthode choisie pour l’attribution des certificats d’importation devra permettre aux PME regrou- pant des producteurs et des distributeurs d’opérer sur le marché sur un pied d’égalité avec les grandes entreprises multinationales, afin de garantir au consommateur la liberté de choix et un rapport qualité/prix répondant également aux exigences sanitaires et environnementales. C 140/8 FR Journal officiel des Communautés européennes 18. 5. 2000 3. 3. 1. Par conséquent, le Comité estime que la méthode la plus appropriée pour l’attribution de certificats est la méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux arrivés», basée sur les importations vérifiables, sur les certificats douaniers et sur une période de référence à long terme, durant laquelle l’opérateur aura la possibilité de choisir les trois meilleures années. Le Comité estime que le système d’examen simultané constituerait également une solution appropriée pour l’attribu- tion des certificats d’importation. Toutefois, étant donné l’opposition farouche des pays demandeurs à ce système, le Comité estime qu’un tel choix pourrait provoquer un nouveau contentieux au sein de l’OMC. 3. 3. 2. Par conséquent, le Comité estime que la méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux arrivés» est la plus apte à satisfaire les exigences du panel de l’OMC tout en répondant positivement aux expectatives des pays ACP et des producteurs communautaires. D’une façon plus générale, cette solution permettra d’assurer un meilleur fonctionnement et une transparence accrue du marché. Pour ces raisons, 3. 3. 3. la Commission à poursuivre ses efforts afin de parvenir à un consensus basé sur un système de périodes de référence et recueillant l’approbation nécessaire de l’OMC. le Comité invite vivement Le Comité juge nécessaire l’établissement de mesures 3. 4. d’accompagnement afin de remédier: — aux lacunes du règlement (CEE) no 404/93 en matière de calcul de l’aide compensatoire; — à la non-application de certaines dispositions du Compro- mis de Luxembourg de juin 1998, et aux discriminations qui en résultent; — aux conséquences, pour les producteurs communautaires, de la nouvelle modification du régime d’importation. 3. 4. 1. Ces mesures devraient prévoir la revalorisation du revenu global de référence pour le calcul de l’aide compensa- toire, ainsi que pour les autres mesures jugées nécessaires pour garantir aux producteurs communautaires de bananes un niveau de revenu tel qu’aucun d’eux ne soit lésé en raison d’une situation défavorable sur son propre marché ou d’une catastrophe naturelle. Cette revalorisation trouverait également une justification dans le nouvel article 299 du traité, qui fournit la base juridique à l’établissement de conditions spécifiques pour l’application des politiques communautaires dans les régions ultrapériphériques. Bruxelles, le 29 mars 2000. 3. 5. Le Comité estime qu’il est nécessaire de prendre en considération l’instabilité politique qui règne en Somalie, et qui empêche actuellement ce pays d’exporter de façon régulière des bananes à destination de l’UE. Pour ce faire, des mesures d’aide particulières visant directement les producteurs soma- liens devraient être mises en œuvre. Il convient de prendre davantage en considération les 3. 6. directives de l’OCDE relatives au comportement environne- mental, social et de consommation des multinationales dans les pays en voie de développement. 4. Conclusions 4. 1. Le Comité est conscient de la nécessité d’adapter le régime d’importation des bananes établi par le règlement (CEE) no 404/93 à l’avis rendu par le panel de l’OMC et, partant, de mettre un terme aux mesures de rétorsion adoptées unilatéralement par les E´ tats-Unis contre les importations de certains produits en provenance de l’Union européenne. D’une part, le Comité regrette profondément que des critères tels que le droit au développement, la durabilité des productions et la dimension sociale ne soient pas évoqués par l’OMC, qui ne prend en considération ni les conditions réelles de production ni les objectifs d’équilibre des sociétés et territoires. D’autre part, il s’oppose à la mise en place de mesures unilatérales et arbitraires contraires au multilatéralisme et à la recherche concertée de solutions équitables aux conflits commerciaux. Le Comité maintient cependant que l’application des conclu- sions du panel ne doit pas compromettre l’efficacité de l’organisation commune des marchés de la banane dans la réalisation de ses objectifs fondamentaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la garantie de la commercialisation des bananes communautaires et ACP, tout en assurant aux producteurs des revenus appropriés et en permettant aux consommateurs d’accéder à une offre variée de bananes d’origines diverses, à des prix raisonnables dans toute la Communauté. 4. 1. 1. Par conséquent, le Comité espère que ses considéra- tions concernant la modification en cours de l’OCM de la banane seront dûment prises en compte. Le Comité ne pourrait en aucun cas accepter que la préférence communautaire, pilier fondamental de la PAC, soit démantelée en raison de la perte de la garantie d’accès au marché pour les productions communautaires. De même, le Comité estime qu’il est impératif de préserver l’accès préférentiel au marché communautaire accordé aux producteurs des pays ACP par l’Union et dans le cadre des accords de Lomé, qui constituent une base fondamentale de la politique extérieure et de développement communautaire. Par ailleurs, il juge indispensable de trouver une solution consensuelle compatible avec les règles de l’OMC. La Présidente du Comité économique et social Beatrice RANGONI MACHIAVELLI