title: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los productos

eurovoc_concepts:
approximation of laws
consumer protection
exchange of information
national implementing measure
product safety

formats: html pdf

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 29. 3. 2000 COM(2000) 140 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 92/59/CEE RELATIVA A LA SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS ÍNDICE I. II. Antecedentes del informe Aspectos generales 1. 2. Ámbito de la Directiva Aspectos más importantes de la Directiva III. Aplicación práctica de la Directiva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Transposición nacional de la Directiva Disposiciones institucionales y administrativas a nivel nacional Relación entre la Directiva y la legislación comunitaria sectorial (artículo 1) Ámbito de la Directiva (artículo 2) Obligación general de seguridad (artículos 3 y 4) Obligaciones y poderes de los Estados miembros (artículos 5 y 6) Notificación e intercambio de información (artículo 7) Situaciones de emergencia e intervenciones a escala comunitaria (artículos 8, 9, 10 y 12) IV. Conclusiones 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transposición nacional de la Directiva Disposiciones institucionales y administrativas a nivel nacional Relación entre la Directiva y la legislación comunitaria sectorial (artículo 1) Ámbito (artículo 2) Obligación general de seguridad (artículos 3 y 4) Vigilancia de los mercados (artículos 5 y 6) Sistema de notificación e intercambio de información (artículo 7) Sistema de Intercambio Rápido de Información (artículo 8) Situaciones de emergencia a escala comunitaria 10. Comité (artículo 10) 11. Requisitos de confidencialidad (artículo 12) Anexo 1: Leyes de transposición en los Estados miembros Anexo 2: Administraciones nacionales responsables de aplicar la ley de transposición 3 4 4 4 6 6 7 8 8 10 11 14 14 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 21 23 2 I. ANTECEDENTES DEL INFORME La Directiva 92/59/CEE del Consejo, relativa a la seguridad general de los productos ("la Directiva"), fue adoptada el 29 de junio de 1992 y debía ser aplicada por los Estados miembros a más tardar el 29 de junio de 1994. Se basaba en el artículo 100A (ahora artículo 95) y se adoptó, antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, en cooperación con el Parlamento Europeo. El artículo 16 de la Directiva estipula que: "Cuatro años después de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 17, el Consejo, basándose en un informe de la Comisión relativo a la experiencia adquirida, acompañado de propuestas adecuadas, se pronunciará sobre la posible adaptación de la presente Directiva destinada, en particular, a ampliar su ámbito de aplicación tal y como se define en el apartado 1 del artículo 1 y en la letra a) del artículo 2, así como sobre la conveniencia de modificar las disposiciones del título V. ". La Comisión ha llevado a cabo un examen y una evaluación profundos de la aplicación práctica de la Directiva. Un amplia investigación del Sistema de Intercambio Rápido de Información, con entrevistas en todos los Estados miembros efectuadas por los servicios de la Comisión (en lo sucesivo "la investigación"), también ha contribuido a identificar los sectores problemáticos. Además, un estudio sobre la aplicación legal y práctica de la Directiva, incluida la definición de los sectores problemáticos y de las conclusiones sobre las necesidades de modificación, fue realizado en nombre de la Comisión por el "Centre de droit de la Consommation" de la Université Catholique de Louvain (en lo sucesivo "el estudio"). El estudio cubrió a todos los Estados miembros de la UE y a Noruega e Islandia en el EEE. Los servicios de la Comisión implicaron en estas actividades a las partes interesadas para evaluar la aplicación de la Directiva y los problemas y las posibilidades de revisión. Se consultó varias veces a los Estados miembros, organizaciones de consumidores, organismos europeos de normalización y a la ANEC (Asociación europea de coordinación de la representación del consumidor en la normalización), en el marco del Grupo de trabajo sobre seguridad de los consumidores. Se consultó también a la industria y las federaciones comerciales europeas. Además, el Comité Económico y Social emitió un dictamen de iniciativa sobre la seguridad general de los productos. Las conclusiones del presente informe se basan en la información recopilada de diversas fuentes y en la experiencia de los servicios de la Comisión. La principal función de la Directiva con respecto a los alimentos es, en la práctica, el procedimiento del artículo 8 para el intercambio rápido de información en situaciones de urgencia. Por lo tanto, el presente informe solamente trata asuntos alimentarios en un grado muy limitado y únicamente al abordar dicho artículo. El informe tiene como finalidad resumir brevemente los resultados obtenidos. El estudio realizado por el "Centre de droit de la Consommation" para la Comisión puede dirección: http://europa. eu. int/comm/dgs/health_consumer/index) consultarse en la 3 En cuanto a los aspectos alimentarios, la Comisión ha presentado recientemente un Libro blanco sobre seguridad alimentaria que evalúa las necesidades y presenta las intenciones de la Comisión en este campo. II. 1. ASPECTOS GENERALES ÁMBITO DE LA DIRECTIVA La Directiva regula la seguridad de los productos de consumo y aspira a garantizar que los productos comercializados sean seguros. Los productos cubiertos son los destinados a los consumidores o que puedan ser utilizados por los consumidores y suministrados en el curso de una actividad comercial. Esto incluye a los productos nuevos, de segunda mano y reacondicionados, a excepción de las antigüedades y los productos vendidos con vistas a ser reacondicionados, siempre que el proveedor informe de ello al consumidor. Existe una definición genérica de "producto seguro". El objetivo general de la Directiva es armonizar las medidas de los Estados miembros dirigidas a imponer una obligación general de comercializar solamente productos seguros, para garantizar tanto un nivel alto y coherente de protección de la salud y la seguridad de los consumidores en la UE como el funcionamiento apropiado del mercado interior. Según el preámbulo de la Directiva, un marco legislativo de base amplia y naturaleza horizontal es necesario para cubrir los productos no contemplados en la legislación comunitaria específica y sectorial así como para subsanar lagunas en la legislación específica existente o futura. Por lo tanto, la Directiva es, en principio, un complemento a la legislación comunitaria sectorial para: • cubrir los productos que no están sujetos a la legislación sectorial; • cubrir también los productos sujetos a la legislación sectorial (existente y futura), para las categorías de riesgos, aspectos de seguridad y requisitos administrativos y de control no contemplados en dicha legislación sectorial. Sin embargo, el preámbulo de la Directiva clarifica que, cuando existan normas que impliquen una armonización total y que fijen obligaciones relativas a la seguridad de los productos, otras obligaciones para la comercialización de los productos cubiertos por tales normas no deberían ser impuestas a los operadores económicos. Éste es en general el caso de los productos cubiertos por las directivas de nuevo enfoque. Por otra parte, el artículo 1 especifica que "Cuando una normativa comunitaria específica contenga disposiciones por las que sólo se regulen determinados aspectos de la seguridad o categorías de riesgos de los productos de que se trate, serán dichas disposiciones las que se aplicarán en relación con los respectivos aspectos de seguridad o riesgos. ". 2. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA DIRECTIVA En resumen, principales: la Directiva 92/59/CEE contiene las siguientes disposiciones Obligaciones de los productores: • comercializar únicamente productos seguros; 4 • proporcionar al consumidor inherentes a un producto; información adecuada para evaluar los riesgos • adoptar medidas para garantizar que los consumidores sean informados de los riesgos que conllevan los productos que suministran y para evitar esos riesgos, incluida la retirada de productos cuando sea necesario. Obligaciones de los distribuidores: • no suministrar productos cuando sepan o debieran conocer que son peligrosos; • colaborar en la vigilancia de la seguridad de los productos comercializados y en las actuaciones para evitar cualquier riesgo planteado por tales productos. Definición de criterios para evaluar la seguridad de los productos y decidir en qué condiciones se debe considerar que un producto es seguro. • se considera que los productos que se ajustan a la normativa específica del Derecho nacional del Estado miembro en que circulan son conformes con los requisitos de seguridad general de la Directiva; • en los otros casos, la seguridad de un producto se evaluará teniendo en cuenta las las especificaciones técnicas los códigos de buena conducta y las expectativas de los normas europeas o nacionales no obligatorias, comunitarias, consumidores. Obligaciones de los Estados miembros: • adoptar medidas para hacer que los productores y distribuidores cumplan sus obligaciones. Esto incluye en especial crear o nombrar autoridades de vigilancia del mercado autorizadas a adoptar una gama de medidas de control y aplicación y a imponer sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de la Directiva; • notificar a la Comisión las medidas que tomen para restringir la comercialización de productos o la imposición de su retirada del mercado. La Comisión examinará las razones de las medidas e informará a todos los Estados miembros cuando concluya que una medida está justificada; • asegurarse de que sus funcionarios y agentes no revelen información cubierta por el secreto profesional, obtenida a efectos de la Directiva, a excepción de la relativa a la seguridad de un producto que deba hacerse pública para proteger la salud y la seguridad de las personas. Esto también se aplica a los funcionarios de la Comisión. Establecimiento de un Sistema de Intercambio Rápido de Información (RAPEX) para productos que plantean un riesgo grave e inmediato Bajo este sistema, cuando un Estado miembro adopte o decida adoptar medidas de la urgencia para prevenir, comercialización o el uso de productos que plantean un riesgo grave e inmediato, deberá notificarlo a la Comisión, que, a su vez, informará a los otros Estados restringir o imponer condiciones específicas a 5 miembros. Los detalles del funcionamiento del sistema se establecen en un anexo a la Directiva. Procedimientos para las medidas a escala comunitaria La Comisión, ayudada por un Comité, podrá adoptar medidas temporales a escala comunitaria para los productos que plantean un riesgo grave e inmediato, con arreglo a diversas condiciones sustantivas y procesales. Comité Un Comité (antiguo "3b") regulador asistirá a la Comisión en lo referente a las los procedimientos RAPEX y la adopción de medidas adaptaciones al anexo, comunitarias en situaciones de urgencia. III. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA DIRECTIVA 1. TRANSPOSICIÓN NACIONAL DE LA DIRECTIVA Algunos países habían adoptado leyes sobre seguridad de los productos antes de la aprobación de la Directiva (Austria 19831Finlandia 1986, Francia 1983, Reino Unido 1987, Noruega 1976, Suecia 1989 y Países Bajos 1935). En algunos países la mayoría de los objetivos de la Directiva se habían logrado antes de su adopción. En los países en donde existía un acto general existía anterior a la Directiva, se discutió, en algunos casos, si tales modificaciones eran necesarias en caso de que se lograsen los mismos objetivos pero con una redacción distinta. Otras obligaciones existentes pero no incluidas en la legislación, a saber: información, supervisión y requisitos vinculantes de retirada para los operadores económicos, se añadieron en el caso del Reino Unido y los Países Bajos. En Bélgica y Alemania, que contaban con una legislación horizontal (o específica) que cubría una amplia gama de productos de consumo incluidos en la Directiva, pero no todos, se adoptó un nuevo acto que, aunque destinado a la seguridad "general" de los productos de consumo, tenía una aplicación residual para productos previamente no regulados. Por lo tanto, en estos países la nueva legislación supone principalmente imponer requisitos adicionales a los operadores económicos, aunque restringidos a una variedad de productos no regulados en otras partes, y ampliar a estos productos los mecanismos de urgencia existentes. En Islandia la Directiva mejoró en mucho el marco legislativo relativo a la seguridad de los productos. La legislación que se aplicaba antes de la Directiva había quedado obsoleta desde hacía mucho tiempo (1936) y sólo contemplaba de manera muy vaga la seguridad de los productos. Para los países restantes (Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal), en donde no existía una legislación general completa u horizontal en el transpuesta campo de la seguridad de los productos, literalmente. Sin embargo, como el alcance, por ejemplo en Dinamarca, se limitaba la Directiva fue casi 1 Sin embargo, esta ley no era completa y fue totalmente modificada mediante un nuevo acto adoptado en 1995 que transponía la Directiva. 6 generalmente a productos no cubiertos por normas sectoriales, el impacto de la ley se redujo considerablemente en la práctica. Se adjunta una lista de la legislación nacional en los diversos países en que se ha transpuesto la Directiva (Anexo 1). DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS A 2. NIVEL NACIONAL La responsabilidad de gestionar la legislación a nivel nacional se dio normalmente a organismos ya existentes, según la estructura administrativa central o federal de cada país. Una estructura descentralizada de control de la seguridad de los productos existe hace mucho tiempo en algunos países. En Alemania y España y, en menor medida, en Austria, Finlandia y el Reino Unido se ha dado una considerable responsabilidad a las estructuras regionales y locales. En la práctica, en Irlanda, España, Francia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, una única autoridad nacional o varias regionales o locales son responsables de todos los productos de consumo (no alimentarios), independientemente de si están cubiertos por el acto que transpone la Directiva o por normas sectoriales. En Noruega son dos los ministerios responsables. En los otros países, la autoridad designada es responsable solamente de algunos productos de consumo, normalmente los contemplados por la Directiva. Algunos de los sectores regulados por una legislación específica pueden también incluirse en ella, pero no sistemáticamente. Se adjunta una lista de las administraciones responsables de aplicar la ley transpuesta (anexo 2). Existencia de organismos de coordinación Suecia ha designado un organismo especial (SWEDAC) cuya tarea es coordinar la vigilancia de los mercados por parte de las distintas autoridades responsables. Italia ha creado recientemente un organismo responsable de organizar la coordinación, denominado "Conferenza di Servizi". En el Reino Unido, el Organismo de coordinación de alimentos y normas comerciales de las autoridades locales (Local Authorities Coordinating Body on Food and Trading Standards, LACOTS), creado en 1978, asesora a las autoridades locales británicas sobre cómo aplicar las normas y sobre asuntos legislativos. Existencia de organismos consultivos Siete países han establecido una "comisión de seguridad de los consumidores" o un organismo equivalente: Austria, España (Comité Técnico de Seguridad), Finlandia (Organismo consultivo de seguridad de los productos), Francia, Bélgica, Países Bajos (Comisión consultiva Warenwet) y Portugal. En la mayoría de los casos, las comisiones existían ya antes de la adopción de la Directiva y en todos los países, a excepción de Portugal, en donde tiene un papel de toma de decisiones, desempeñan una función consultiva y son un foro en donde todos los concernidos (operadores económicos, organizaciones de consumidores y autoridades) pueden compartir sus 7 experiencias. Según el estudio, importancia de su papel. todas las partes afectadas han reconocido la Algunas autoridades nacionales organizan actividades de formación e información para operadores económicos sobre la transposición de la Directiva (Austria, Países Bajos y Finlandia). Papel de las organizaciones de consumidores En cuatro países las organizaciones de consumidores desempeñan un papel especial en el campo de la seguridad de los productos: Francia (cabildeo y acciones judiciales), Dinamarca (vigilancia de mercados), Austria (vigilancia de mercados e información sobre legislación) y Países Bajos (pruebas de seguridad, sensibilización y formación de los profesionales, y elaboración de un código de conducta para los procedimientos de urgencia). En los otros países el papel de las organizaciones de consumidores está normalmente confinado a realizar pruebas comparativas, cuyos resultados se publican en revistas, y a la recogida de quejas de los consumidores. En Irlanda, Grecia, Suecia, Finlandia, Portugal y Luxemburgo las asociaciones de consumidores desempeñan un papel relativamente menos importante, por lo menos en el campo de la seguridad de los productos. RELACIÓN ENTRE LA DIRECTIVA Y LA LEGISLACIÓN 3. COMUNITARIA SECTORIAL (ARTÍCULO 1) La actual redacción de la Directiva sobre su relación con otra legislación comunitaria no está completamente clara en su interpretación y ha sido leída de forma diferente por las legislaciones nacionales. El estudio indicó que la interpretación del artículo 1 puede incluso variar dentro de un mismo país. Por lo tanto, el alcance de los actos de transposición es ambiguo. Los términos del artículo se han transpuesto a veces sin una comprensión clara de lo que quieren decir y por lo tanto se ha producido una confusión que ha tenido repercusiones en los poderes conferidos a las autoridades sectoriales y las obligaciones que deben ser respetadas por los operadores económicos. Esto ha supuesto que en muchos casos la Directiva no haya sido bien conocida entre los operadores económicos y probablemente por ello la ley no ha tenido el impacto previsto. Según el estudio, la mayor parte de los operadores económicos concuerdan en que el efecto preventivo de los actos que transponen la Directiva relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, que tiene un ámbito claramente definido, es mucho mayor que el de los actos que transponen la Directiva 92/59/CEE. La mayor parte de los países casi ha excluido completamente los sectores de productos ya regulados, en parte o completamente, por normas sectoriales comunitarias y nacionales. Sin embargo, ciertos países, como Austria, Bélgica y Francia, no excluyen tales productos en el caso de procedimientos urgentes. En Dinamarca, Grecia, España, Islandia, Irlanda, el Reino Unido, los Países Bajos (excepto para las obligaciones accesorias impuestas a los operadores económicos), Noruega y Francia el acto general cubre todo excepto los aspectos de seguridad ya cubiertos por directivas específicas de la Comunidad. 4. ÁMBITO DE LA DIRECTIVA (ARTÍCULO 2) 8 Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Noruega2, Suecia, Portugal3 y España4 incluyen tanto productos como servicios destinados a los consumidores, lo que les permite evitar zonas grises en la interpretación de los términos de la Directiva: "producto. que pueda ser utilizado por el consumidor". Los países nórdicos tienen una posición común con respecto a este problema aunque Dinamarca, Noruega (en la ley de transposición) e Islandia sólo incluyan los servicios ligados a productos. Sin embargo, en los países en donde los servicios están cubiertos en la ley de transposición, se han dado muy pocos casos de aplicación de la ley. Mientras que en la mayor parte de los países los textos de transposición cubren solamente productos de consumo o servicios, los actos franceses, holandeses (Warenwet) y noruegos no incluyen tales restricciones y las normas se aplican a cualquier producto o servicio comercializado, protegiendo tanto a trabajadores como a consumidores. En Suecia, los productos suministrados por escuelas, hospitales, municipios, etc. están también cubiertos, mientras que en Finlandia el acto también regula productos suministrados por profesionales a estas entidades. Hay también incertidumbres adicionales en cuanto a si ciertos productos están cubiertos por la Directiva. En primer lugar, un problema ha surgido con productos que, aunque destinados originalmente sólo al sector profesional, son utilizados ahora por los consumidores. En segundo lugar, los productos son suministrados a los consumidores por proveedores de servicios o puestos a veces a disposición de los los consumidores como parte de una actividad de servicio; en algunos casos, servicios asociados con el producto suministrado podrían afectar a la seguridad de los productos. Varios Estados miembros consideran que la Directiva debería ampliarse para abarcar también los servicios. • Definiciones (artículo 2) - Producto Francia no define el producto en absoluto, mientras que los otros países reproducen la definición de la letra b) del artículo 2 de la Directiva. Ciertos países distinguen entre productos inmuebles y muebles (la propiedad está excluida en los actos de transposición austríacos, portugueses y holandeses), o según la naturaleza tangible o material de los productos cubiertos. La mayoría de los países exime los productos indirectos suministrados como antigüedades, al igual que la Directiva, así como los que tienen que ser reparados o reacondicionados de nuevo antes de su uso. Sin embargo, Finlandia, Francia, los Países Bajos y Suecia no mencionan una exención de este tipo, mientras que Bélgica excluye las antigüedades pero no los productos de segunda mano que deben ser reparados o reacondicionados antes de su uso. - Operadores económicos Se encuentran definiciones de los operadores económicos en la mayoría de los actos de transposición. En Suecia, Finlandia, Francia, los Países Bajos (Warenwet) y Noruega no se da ninguna definición porque las obligaciones contenidas en estos 2 3 4 Desde 1993, en Noruega todos los servicios están cubiertos por un acto separado. En su ley sobre protección del consumidor. En su ley sobre protección del consumidor. 9 actos se aplican a todos los implicados en la cadena de comercialización o distribución, sin excepción. No obstante, en la práctica la mayor parte de estos países reconocen que los productores e importadores son los principales afectados por las obligaciones impuestas por su legislación. 5. OBLIGACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD (ARTÍCULOS 3 Y 4) Todos los países, excepto Suecia, tienen una obligación explícita y general de seguridad en su legislación aunque la redacción difiera a veces de la Directiva. Varios países (Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, España y los Países Bajos) aplican la obligación a todos los operadores económicos sin excepción pero limitan las responsabilidades a sus actividades respectivas y no hacen una distinción entre productores y distribuidores. Los países nórdicos se centran más en el impacto potencial del producto y en la necesidad de prevenir la aparición de problemas. En Suecia la obligación se deriva implícitamente de los poderes conferidos a la Administración. De hecho, sólo Suecia y Francia tienen una amplia jurisprudencia basada en la obligación general de seguridad. Por otra parte, las autoridades no tienen a veces información sobre el seguimiento y los resultados de los asuntos presentados ante los tribunales. • obligaciones de información, supervisión y retirada Además de la obligación general de seguridad, otras obligaciones sobre información, supervisión y retirada establecidas por la Directiva existen en la mayor parte de los Estados miembros, donde se han transpuesto casi literalmente. Alemania no requiere la retirada del producto puesto en entredicho y solamente estipula la obligación de evitar riesgos. Además de la obligación general de seguridad, Francia sólo considera responsable a quien comercializa el producto en primer lugar. Suecia se limita a requerir a los operadores económicos que proporcionen información. Con arreglo al estudio, las obligaciones han tenido un impacto mínimo porque en general son desconocidas por los operadores económicos. Esto ocurre así en todos los países con excepción de Francia, que no tiene requisitos específicos pero donde las obligaciones se derivan del cumplimiento del requisito general de seguridad y del sistema francés en su conjunto. Los productores y distribuidores pueden descubrir, o ser informados, de los riesgos de un producto y la experiencia ha mostrado que esto sucede muy a menudo. Sin embargo, las autoridades raramente están informadas de sus resultados y de las medidas. Austria, Bélgica, Finlandia y Noruega requieren que los operadores económicos informen a la Administración de cualquier riesgo del que tengan conocimiento o de cualquier medida voluntaria tomada para abordar el riesgo. Incluso en los Estados miembros donde es obligatorio que esta información se comunique a las autoridades nacionales, esto ni siquiera sucede, excepto en Austria y Finlandia, donde las empresas grandes lo notifican. 10 • Obligaciones de los distribuidores La mayor parte de los países que distinguen entre productores y distribuidores han incorporado en su transposición las obligaciones impuestas a la distribución. Por otra parte, en Austria los distribuidores están obligados a informar a las autoridades sobre los productos peligrosos. La legislación irlandesa también refuerza las obligaciones impuestas a los distribuidores al obligarlos a controlar la seguridad de los productos. Por otro lado, Alemania no ha incluido la obligación de participar en la supervisión de los productos o de colaborar en medidas que eviten riesgos (la única obligación es contribuir al cumplimiento de la obligación general de seguridad). En la práctica, los distribuidores también desconocen sus obligaciones y parece que el cumplimiento difiere dependiendo de los sectores y del tamaño de la empresa. Los distribuidores importantes tienen a menudo recursos para desarrollar sistemas con el fin de evaluar las quejas del consumidor, llevar a cabo controles de muestras antes y después de la ejecución de los pedidos y estimular estrechas relaciones con los productores. Pero los pequeños distribuidores y minoristas a menudo no los tienen. • Conformidad con la obligación general de seguridad En los actos franceses, finlandeses, holandeses, islandeses, noruegos y suecos no se encuentra la presunción de conformidad con la obligación general de seguridad establecida en el artículo 4 de la Directiva. El estudio indica que la mayoría de estos países consideran que tales principios se aplican sin tener que explicarse. En otros países la presunción del artículo 4 se reproduce con ciertos matices. En la práctica, las reacciones al artículo 4 de la Directiva varían considerablemente de un Estado miembro a otro y de un individuo a otro. El artículo 4 es, según el estudio, desconocido sobre todo en Francia y Finlandia, en donde ni siquiera se ha transpuesto, incluso si los afectados reconocen que lo aplican in situ. Según el estudio, se comprende mal en algunos países y a menudo no se utiliza en Suecia e Irlanda (que, sin embargo, sí lo ha transpuesto). El estudio observa los siguientes planteamientos divergentes en los Estados miembros sobre el artículo 4: en Italia se califica como muy útil para los operadores económicos. Las administraciones belga, austríaca y danesa consideran que este artículo es sumamente útil en su trabajo diario porque les da una base para adoptar medidas e ir más allá del simple cumplimiento formal. Las autoridades portuguesas y británicas sostienen que la clasificación de los criterios debería modificarse. Esto se ha hecho ya en Dinamarca, en donde las expectativas legítimas de los consumidores sobrepasan el cumplimiento de códigos de conducta. Para Alemania, solamente el cumplimiento de las normas alemanas y europeas es relevante. Algunas administraciones nacionales, tales como las de los Países Bajos y Suecia, han comenzado a preparar criterios para definir productos seguros para cada sector de productos. OBLIGACIONES Y PODERES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 6. (ARTÍCULOS 5 Y 6) 11 • Vigilancia de mercados Antes de la adopción de la Directiva, algunos Estados miembros no tenían los medios de abordar una situación de urgencia ni incluso de recoger muestras en el contexto de la vigilancia normal de los mercados. Los poderes establecidos en el artículo 6 de la Directiva se han introducido en casi todos los Estados miembros, donde no existían antes de la transposición. Por lo tanto, los poderes de vigilancia del mercado, tales como el de realizar controles, recoger muestras, obtener información de las partes afectadas y someter la comercialización a condiciones previas, son reconocidos ahora por todas las autoridades competentes a diversos niveles. Sin embargo, el estudio observa que el planteamiento de la vigilancia de mercados en los Estados miembros difiere considerablemente en los siguientes aspectos: varios Estados miembros examinan el mercado utilizando programas anuales basados en, por ejemplo, las notificaciones en el marco del sistema RAPEX, etc. Este es el caso de Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia y los Países Bajos. las quejas de los consumidores, los resultados EHLASS5, Además de los programas anuales, o a falta de ellos, la mayor parte de los países también llevan a cabo controles ocasionales o aleatorios, dependiendo de los requisitos del momento, o sobre nuevos productos comercializados. Esto se aplica en especial a Bélgica, los Países Bajos, Francia, Suecia, Austria e Italia. Las autoridades de Luxemburgo e Irlanda realizan en general sus controles sobre la base de información proporcionada por el sistema RAPEX. En los Países Bajos, Suecia y Dinamarca un informe anual público se redacta sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo. En España y Finlandia, los programas también se elaboran en las comunidades y regiones autónomas y pueden diferir del programa federal; los Länder alemanes son independientes. La mayoría de los controles llevados a cabo por los Estados miembros se refieren al comercio al por menor aunque ciertos países, tales como Francia y los Países Bajos, también realizan controles de la producción, que se ha visto constituyen una manera muy efectiva de impedir la aparición de productos potencialmente peligrosos. En Noruega se pretende controlar los sistemas creados por las empresas para garantizar que sus productos no presentan riesgos para la salud y la seguridad. Casi todas las autoridades nacionales entrevistadas para el estudio se quejaron de una falta de recursos en términos de personal y equipo. El estudio saca las siguientes conclusiones: el problema es particularmente agudo en Portugal, Irlanda, Italia, y Grecia. En España y Alemania, a causa de la su estructura federal, hay grandes disparidades entre regiones. Finalmente, varios países (Francia, Finlandia, España y Austria) han encontrado problemas específicos para controlar los productos baratos vendidos durante un período de tiempo muy corto a un precio bajo y cuyos importadores desaparecen rápidamente. 5 Sistema Europeo de Vigilancia de los Accidentes en el Hogar y en las Actividades de Ocio, que actualmente forma parte del Programa de Prevención de Traumatismos en el marco de acción en el campo de la salud pública (1999-2003). 12 • Intervención de las autoridades autoridades, prerrogativas de prohibir Por lo que se refiere a las situaciones de riesgo que dan lugar a una intervención de las la las personas comercialización de productos peligrosos y para potencialmente expuestas al peligro también han sido introducidas cuando aún no existían en los arsenales legales nacionales. definitivamente temporal o alertar a La potestad de "organizar de manera eficaz e inmediata la retirada de un producto peligroso" se ha incorporado en los actos de transposición de todos los países que no disponían ya de ella. Sin embargo, la facultad de pedir la retirada de un producto no se ha introducido explícitamente en los Países Bajos o el Reino Unido, al considerarse que los recursos de los que las autoridades ya disponen (anuncio, prohibición, aviso de suspensión, alerta a través de la prensa, decreto de prohibición, etc. ) son suficientes en la práctica para forzar a los operadores económicos a retirar sus productos del mercado. Hay divergencias importantes en las formas tomadas por las decisiones de retirada y sobre quiénes pueden tomar estas decisiones. Bélgica, Finlandia, Francia, Islandia, Noruega y Suecia también pueden comisionar a los operadores económicos para retirar productos en posesión de los consumidores (a diferencia de los retirados a minoristas y cadenas de distribución) y prevén la posibilidad de reembolsar a los consumidores y de reemplazar o reparar el producto. Ciertos Estados miembros permiten a sus autoridades prohibir la exportación de productos (Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Noruega y Suecia). los operadores económicos Según el estudio, ciertos países nunca o prácticamente nunca han ejercitado los poderes concedidos en caso de urgencia (Austria, Grecia, Irlanda y Luxemburgo), argumentando que en todos los casos tomaron voluntariamente las medidas necesarias. Alemania, en donde los Länder son responsables de las urgencias, también afirma que el problema se resuelve generalmente por consenso. Según el estudio, esto se confirma en la mayor parte de los países, que consideran que incluso si en la práctica generalmente los productos se retiran voluntariamente, es sumamente importante imponer tales medidas en caso necesario. Sin embargo, otros países (Francia, Países Bajos y Bélgica) ejercen regularmente sus poderes, incluido el de prohibir las exportaciones. La facultad de pedir la destrucción de los productos se utiliza menos frecuentemente. El tiempo necesario para adoptar medidas de urgencia en algunos países constituye un problema: en Suecia, por ejemplo, en caso de desacuerdo del operador económico, un procedimiento larguísimo, costoso e incierto, puede iniciarse. Varias administraciones nacionales afirman que querrían poder pedir la retirada de productos peligrosos en posesión de los consumidores. Otras (Austria, Noruega, los Países Bajos y Dinamarca) no distinguen entre la retirada directamente del consumidor y de minoristas y cadenas de distribución y no pueden, según el estudio, imaginarse que un producto sea retirado a menos que también se haga para los productos en posesión del consumidor final (aunque esto puede ser difícil de lograr). La mayor parte de las administraciones nacionales entrevistadas en el curso del estudio están a favor de la prohibición de exportaciones. 13 Además, en algunos países las organizaciones de consumidores tienen el derecho de iniciar acciones de prohibición en el campo de la seguridad de los productos (como Francia, Suecia, Grecia, los Países Bajos y Portugal). 7. NOTIFICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN • Cláusula de salvaguardia (artículo 7) La experiencia ha mostrado que las administraciones nacionales dudan sobre la función de este procedimiento, sobre cuándo notificar y consideran que es difícil distinguirlo del artículo 8 y de los requisitos de notificación de otras Directivas. Muchos Estados miembros consideran que la Comisión reacciona lentamente así que esto les desalienta para notificar. A veces sólo tienen conocimiento de una medida adoptada por otro Estado miembro muchos meses o incluso años después de que se haya tomado. Por otra parte, la Comisión no está obligada a notificar a todos los Estados miembros si discrepa con una medida tomada. Además, la carga administrativa que para la Comisión supone este procedimiento es muy pesada, lo que explica la lentitud: la Comisión tiene que consultar a las partes interesadas, incluso cuando éstas aceptan de hecho la medida. Y en cada caso debe adoptarse un dictamen formal. Otros problemas encontrados por las administraciones nacionales, citados en el estudio, incluyen la falta de personal o la pobre coordinación a nivel nacional y el solapamiento con el procedimiento de la Directiva 98/34/CE. SITUACIONES DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES A ESCALA 8. COMUNITARIA • Sistema de Intercambio Rápido de Información (artículo 8) Según la investigación de la Comisión, los Estados miembros están en general satisfechos con el sistema y lo consideran efectivo. Según el estudio, la información notificada por el sistema se hace circular también a los distribuidores de Bélgica y Suecia, a través de las federaciones comerciales, para alertarlos de los problemas y para asistirlos en el seguimiento del producto. En Finlandia los operadores económicos del sector afectado (distribuidores o productores) son contactados sistemáticamente cuando una notificación RAPEX es enviada. Alemania también informa que las notificaciones son a menudo la base para medidas únicas por parte de las autoridades supervisoras. Sin embargo los Estados miembros también han resaltado diversas dificultades y la necesidad de mejorar el sistema. – Funcionamiento del sistema en la Comisión El sistema cubre medidas relacionadas con los productos comercializados que presentan un riesgo grave e inmediato para los consumidores. Consiste en dos redes, una para productos industriales no alimenticios y otra para alimenticios. Cada notificación recibida de los Estados miembros o de países del EEE/AELC está sujeta a un proceso de análisis y validación por la Comisión antes de ser transmitida a los puntos de contacto oficiales en los otros Estados miembros. Actualmente, los países no pertenecientes a la UE no tienen acceso al sistema. 14 – Estructura y funcionamiento del sistema en los Estados miembros La estructura de la red difiere de un Estado miembro a otro. En algunos, los puntos de contacto nacionales pertenecen al mismo ministerio u organismo que las autoridades locales encargadas de la vigilancia de mercados, lo que no ocurre en otros, especialmente los de estructura federal (Alemania, España y Austria). En cada Estado, los servicios que utilizan el sistema tienen otras funciones y pocos miembros del personal son directamente responsables de su funcionamiento, haciéndolo al mismo tiempo que otras tareas. Por regla general, el punto de contacto nacional desempeña un papel de filtración cuando una de sus autoridades envía una notificación a la Comisión pero puede desempeñar igualmente este papel cuando se recibe una notificación de otro Estado miembro, vía la Comisión, antes de reenviarla a las autoridades. En la mayoría de los países, ni los operadores económicos ni las asociaciones de consumidores están directamente implicados en el sistema sino que, en general, se les informa en cada caso particular. Pocas autoridades nacionales tienen conexiones con otros sistemas formalizados de intercambio de información sobre productos que representen un riesgo, excepto los países nórdicos, que participan en el sistema nórdico. – Problemas encontrados en los sistemas sobre alimentos y otros La visión general de las autoridades de los Estados miembros es que el número actual de notificaciones es difícil de gestionar debido a la falta de personal. Por otra parte, no todas las administraciones nacionales coinciden en que el nivel de riesgo de todas las notificaciones es suficiente para justificar una notificación con arreglo al artículo 8. La falta de una definición exacta de "riesgo grave e inmediato" explica, para la mayoría de las administraciones nacionales, la falta de armonización en el uso del sistema. El concepto de confidencialidad de la información contenida en las notificaciones es algo desconcertante para la mayoría de las administraciones nacionales y debería clarificarse para toda la UE. La falta de claridad y de detalles en numerosas notificaciones fue resaltada por varias administraciones, especialmente por lo que se refiere a información sobre circulación de productos objeto de un procedimiento. Para ciertos Estados miembros, la falta de una traducción en su lengua nacional ha retrasado el intercambio de información. La mayor parte de las administraciones consideran que la Comisión debería desempeñar un papel más activo en la evaluación y la filtración de las notificaciones. y que necesita mejorarse el seguimiento técnico de las notificaciones de alerta. – Problemas específicos del sector no alimentario Para muchos Estados miembros, la distinción entre los artículos 7 y 8 de la Directiva así como las cláusulas de salvaguardia de las directivas de nuevo enfoque son difíciles de identificar, lo que también ha sobrecargado el sistema. 15 – Problemas específicos del sector alimentario Dado que el artículo 7 de la Directiva muy raramente se utiliza en el sector alimentario, su sistema de alerta está sobrecargado con información no considerada directamente como notificaciones de alerta. Durante el tiempo en que el sistema SHIFT no funcionó6 se aprobó un acuerdo para el uso de la red RAPEX/RASFF con el fin de transmitir la información SHIFT: este hecho sobrecarga más el sistema en algunos países. • Medidas de urgencia a nivel comunitario (artículo 9) Las administraciones nacionales entrevistadas en el contexto del estudio expresaron diversas opiniones sobre el papel que la Comisión Europea debe desempeñar por lo que se refiere al artículo 9. Las autoridades griegas, belgas, danesas, españolas, italianas, luxemburguesas y holandesas querrían un mayor papel de la Comisión y que fuese más activa en el campo de la seguridad de los productos. Por lo tanto desean que se simplifique el procedimiento del artículo 9 y se relajen las restricciones para su uso. Por otra parte, ciertos países lo ven como una forma de reforzar su propia vigilancia de mercados permitiéndoles beneficiarse de las pruebas y controles llevados a cabo por otros Estados miembros o por la propia Comisión. Algunas administraciones han sugerido crear un organismo europeo de seguridad de productos no alimentarios. Muchos de los operadores económicos entrevistados en el curso del estudio también darían la bienvenida a tal medida, para eliminar distorsiones de la competencia en este campo, principalmente debido a una discriminación inversa. • Comité (artículo 10) El Comité de urgencia también actúa, oficiosamente, como comité consultivo. La experiencia ha mostrado que el Comité de urgencia, durante sus años de funcionamiento, también ha asumido la tarea de asesorar a la Comisión sobre asuntos generales de seguridad de los productos y ha servido como foro para intercambiar información entre Estados miembros. Existe consenso en que estas funciones son importantes y deben encuadrarse mejor. • Requisitos de confidencialidad (artículo 12) La experiencia ha demostrado que hay incertidumbre sobre las implicaciones exactas de los requisitos de confidencialidad estipulados en el artículo 12. En algunos casos estos requisitos han limitado la eficacia de las actividades de los poderes públicos. Mientras que para algunos países la divulgación podría causar problemas a causa de su ordenamiento jurídico, otros, en especial los nórdicos y Austria, prefieren que la información no sea considerada como confidencial y se distribuya a las organizaciones de consumidores. IV. CONCLUSIONES 1. TRANSPOSICIÓN NACIONAL DE LA DIRECTIVA 6 El SHIFT es una red entre los puestos de inspección fronterizos para animales y productos animales originarios de países no miembros que no cumplen los requisitos de la UE. 16 • Impacto en la legislación La estructura y contenido de las leyes de transposición en los Estados miembros que redactaron una legislación totalmente nueva son, en principio, más fieles a la Directiva. no esto significa embargo, Generalmente se han observado pocas diferencias en el contenido de la ley de transposición. Según el estudio, la Directiva ha tenido en la práctica un impacto estén limitado. Sin comercializando productos inseguros. Los casos destacados son Francia y los Países Bajos, que no han transpuesto formalmente todas las disposiciones de la Directiva pero que parecen haber logrado sus objetivos. También Finlandia, Austria, Suecia, el Reino Unido y Alemania, a pesar de ciertos problemas, parecen haber logrado los objetivos de la Directiva. La transposición parece tener un impacto mucho más amortiguado en otros países, debido a la falta de recursos y a problemas de cumplimiento. necesariamente que se • Alcance de los actos de transposición Más de la mitad de los actos de transposición excluye de los sectores afectados a los ya cubiertos (en parte o completamente) por normas sectoriales, sean o no de origen comunitario. El alcance de estos actos es por lo tanto muy restringido por lo que su cobertura incluye, por ejemplo, artículos para niños, encendedores, muebles, botellas, armas de fuego de imitación, punteros láser, lámparas de aceite, artículos de cuero, equipo de deportes y artículos de bricolaje (pero no máquinas). • Eficacia de la transposición La aplicación de la Directiva ha encontrado ciertos problemas. Hay tres posibles explicaciones para esta situación: en primer lugar, el alcance generalmente muy limitado de los actos de transposición, que se han convertido en leyes residuales en vez de leyes generales; en segundo, ciertos países habían decretado ya leyes generales antes de la adopción de la Directiva. Finalmente, las penas previstas en los actos de transposición nunca o prácticamente nunca se han hecho cumplir, excepto en algunos países (principalmente Francia y los Países Bajos). La mayor parte de los otros países consideran que las penas no tienen un efecto disuasivo, mientras que en España y Portugal, según el estudio, la mayor parte de los operadores económicos creen que es, en definitiva, más barato pagar multas que respetar la ley. Parece que tenidos por los profesionales están mucho más preocupados por poder ser responsables debido a la legislación sobre responsabilidad para los productos. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS A 2. NIVEL NACIONAL El alcance muy limitado de los actos de transposición y los poderes limitados de las autoridades designadas conllevan una dilución de responsabilidades con respecto a la seguridad de los productos de consumo en varios países. Esto puede suponer duplicar los esfuerzos o diferencias en la vigilancia de mercados, impedir la solución de situaciones de urgencia (en primer lugar hay que decidir cuál es la autoridad responsable) y plantear problemas de coordinación y disparidades de información y generales en las políticas adoptadas, dependiendo del sector de productos afectado. 17 Los problemas que resultan de tener múltiples autoridades responsables todavía no han sido solucionados por mecanismos adecuados de coordinación. El problema de la coordinación horizontal no surge realmente en los países que han designado una única autoridad para todos los productos de consumo en todo el territorio. Por el contrario, en los países en donde varias autoridades (a veces más de diez) comparten esta responsabilidad, la coordinación entre la autoridad responsable de hacer cumplir el acto de transposición y las otras es generalmente débil o inexistente. RELACIÓN ENTRE LA DIRECTIVA Y LA LEGISLACIÓN 3. COMUNITARIA SECTORIAL (ARTÍCULO 1) El examen de la aplicación práctica de la Directiva ha mostrado que hay confusión, desacuerdo o falta de conocimiento en la aplicación de ciertas disposiciones en el caso de productos cubiertos por una legislación sectorial. Destacan dos ámbitos donde se ha detectado confusión: la determinación de los requisitos de seguridad, estipulada en la Directiva, que debe aplicarse a los distintos riesgos y aspectos de la seguridad de los productos, y la aplicabilidad de la Directiva a las obligaciones de productores y distribuidores, el Sistema de Intercambio Rápido de Información, las medidas comunitarias urgentes y las disposiciones sobre vigilancia de mercados de productos cubiertos por una legislación sectorial. 4. ALCANCE (ARTÍCULO 2) Hay incertidumbre sobre si ciertos productos están cubiertos por la Directiva. En las definiciones contenidas en los actos de transposición no plantean general, problemas en la práctica. El problema principal parecen ser los productos originalmente destinados a uso profesional pero utilizados por los consumidores. 5. OBLIGACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD (ARTÍCULOS 3 Y 4) La Directiva establece las obligaciones de productores y distribuidores. Aunque los requisitos existentes parecen apropiados, la experiencia ha mostrado que no son completos y que algunos aspectos importantes faltan en la actual formulación de la Directiva. Uno de ellos es que las autoridades no siempre son informadas cuando productores y distribuidores descubren riesgos en un producto y por lo tanto no tienen la posibilidad de hacer los controles necesarios sobre productos similares y de la información pertinente con otros Estados miembros y con la intercambiar Comisión. Está claro que distintos países miembros tienen prácticas divergentes en la cooperación de los productores y distribuidores con las autoridades de vigilancia de mercados. Esto ha supuesto dificultades adicionales para la gestión de productos inseguros ya vendidos. Además de retirar un producto peligroso del mercado hay informen a los también necesidad de que los productores y distribuidores consumidores del riesgo que presenta un producto ya vendido. Incluso en los países en donde existe una obligación para los operadores económicos de informar a las autoridades, hay a menudo un incumplimiento. La falta de penas por incumplimiento de esta obligación, la ignorancia de su existencia y la falta de directrices sobre lo que hay que notificar y la forma y el momento de hacerlo puede 18 explicar el incumplimiento de una obligación que, sin embargo, sería muy útil para la administración. Según el estudio, la obligación para los operadores económicos de informar a las autoridades es considerada deseable por varias autoridades nacionales. El hecho de haber alertado a las autoridades cuanto antes no impide la posibilidad de ser objeto de actuaciones judiciales pero significa que la empresa puede probar su buena voluntad y, sobre todo, impedir dañar a otros consumidores. Los operadores económicos creen a menudo que la mejor manera de asegurarse de que su producto cumple este requisito es garantizar el cumplimiento de las normas existentes y, cuando éstas no existen, son partidarios de establecerlas. No tienen un criterio claro sobre la naturaleza de la obligación general de seguridad a falta de normas vinculantes y piden directrices a las autoridades nacionales. Esta experiencia ha mostrado que el potencial de la Directiva para asegurar un alto nivel de protección en toda la UE y el funcionamiento apropiado del mercado interior están limitados por la manera en que los criterios de evaluación de conformidad se definen en el artículo 4 y por la falta de una personalidad jurídica para ellos. En especial, las normas europeas no confieren "presunción de conformidad" con arreglo a la Directiva, a diferencia de las normas armonizadas de las directivas de "nuevo planteamiento". La falta de normas europeas con arreglo a la Directiva ha debilitado su credibilidad como instrumento efectivo para garantizar la armonización, cuando se considera necesaria. La naturaleza, situación e importancia práctica de los otros documentos o referencias mencionados en el artículo 4 son muy confusas. Por lo tanto, la industria y los consumidores sienten que a menudo hay necesidad de legislación adicional, pues la Directiva no siempre se considera suficiente para los objetivos de protección del consumidor y del mercado interior. 6. VIGILANCIA DE MERCADOS (ARTÍCULOS 5 Y 6) La vigilancia del mercado es crucial para que la Directiva y, más generalmente, la legislación comunitaria aplicable a los productos de consumo, sean eficaces. Se han detectado a menudo debilidades en el funcionamiento de esta vigilancia en el EEE y la necesidad de mejoras. La Directiva establece las obligaciones y poderes de los Estados miembros relativos a la vigilancia de mercados y la intervención. Requiere que los Estados miembros establezcan las prerrogativas pertinentes pero no dice nada sobre su aplicación o sobre la operación práctica de vigilancia. En algunos casos las medidas necesarias para designar a las autoridades competentes y autorizarlas a tomar las clases de medidas previstas, pueden tomarse pero estos poderes se ejecutan de manera débil, insuficiente o ineficaz. La experiencia ha mostrado que actualmente las sanciones no son a menudo efectivas o aplicadas. Las asociaciones de consumidores se quejan de productos inseguros que encuentran en el mercado, a pesar de los requisitos de la legislación comunitaria, incluidas las directivas de nuevo enfoque. En la práctica, los productos circulan libremente en el mercado interior pero en la legislación comunitaria no existe ningún requisito formal para hacer funcionar la colaboración entre autoridades de vigilancia de mercados. El mercado está unificado pero la vigilancia está fragmentada. 19 NOTIFICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 7. 7) Los principales problemas encontrados son que los Estados miembros sienten confusión sobre cuándo notificar con arreglo a este procedimiento, su valor de información es limitado y la carga administrativa para la Comisión resulta pesada. SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN 8. (ARTÍCULO 8) Los Estados miembros y los países del EEE/AELC están generalmente satisfechos con el Sistema y lo consideran efectivo pero creen que podría mejorarse. Las dificultades resaltadas por los Estados miembros incluyen la no notificación de las medidas voluntarias, los problemas relacionados con la definición de "riesgo grave e inmediato", la falta de detalle y las notificaciones confusas, el exceso de notificaciones y reacciones ante el mismo tipo de producto, la falta de seguimiento por los Estados miembros de las notificaciones, grandes retrasos en la recepción de información, falta de notificación de algunos países y productos nacionales y problemas lingüísticos. Las autoridades nacionales también resaltan la necesidad de clarificar si el Sistema se aplica a los productos cubiertos por las directivas del nuevo planteamiento y la mayor parte de ellas creen que podría ampliarse a terceros países sobre la base de acuerdos recíprocos. SITUACIONES DE EMERGENCIA A ESCALA COMUNITARIA 9. (ARTÍCULO 9) La falta de definición de los "riesgos graves e inmediatos" y la exclusión de riesgos a largo plazo representa un defecto de la Directiva y ha planteado problemas en la aplicación de los artículos 8 y 9 (medidas urgentes a nivel comunitario). En los cuatro años desde la entrada en vigor de la Directiva el procedimiento del artículo 9 sólo se ha aplicado en una ocasión. Las múltiples condiciones aplicables son difíciles de reconciliar con una intervención rápida. 10. COMITÉ (ARTÍCULO 10) El Comité de urgencia también actúa, oficiosamente, como comité consultivo. La necesidad de que tenga un papel consultivo amplio se ha demostrado en varias ocasiones. Por otra parte, un foro apropiado debería permitir consultar a las partes interesadas y colaborar con ellas. 11. REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD (ARTÍCULO 12) Las actuales disposiciones de la Directiva no garantizan un planteamiento coherente en la UE/EEE. La información confidencial en un Estado miembro puede tener que ser divulgada en otro, debido a los requisitos de información de este país. Ello crea dificultades para el acceso público a la información, en especial en el marco del Sistema de Intercambio Rápido de Información. En resumen, se considera que, en el campo de la salud y la seguridad del consumidor, el principio general debe ser la transparencia y el secreto debe sólo limitarse a la información cubierta por exigencias debidamente justificadas de secreto profesional. 20 ANEXO 1 LEYES DE TRANSPOSICIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS ESTADO MIEMBRO LEY DE TRANSPOSICIÓN Austria Bélgica Bundesgesetz vom 18. 1. 1995 zum Schutz vor gefährlichen Produkten Produktsicherheitsgesetz 1994-PSG 1994). de (Ley Ley de seguridad de productos de 1994 - PSG 1994) protección productos contra peligrosos Loi du 9 février 1994 relative à (Ley sobre seguridad de los consumidores del 9. 2. 94) la sécurité des del 18. 1. 95 consommateurs Dinamarca Lov nr. 364 af 18. 5. 1994 om produktsikkerhed. Finlandia Francia Alemania Grecia Islandia Irlanda Italia Luxemburgo Noruega (Ley sobre seguridad de los productos, n° 364 del 18. 5. 94) Tuoteturvallisuuslaki 914/1986 (Ley sobre seguridad de productos de 1986 (914/1986) según su última modificación de 1993 (539/1993)) Articles L 212-1, L 221-1 à L 225-1 du Code de la consommation (ex Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs) (Artículos L 212-1 y L 221-1 a L 225-1 del Código de Consumo (previamente Ley n° 83-660, de 21 de julio de 1983, sobre seguridad de los consumidores) Gesetz zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte und zum Schutz der CE-Kennzeichnung vom 22 april 1997 (Ley sobre requisitos de seguridad de los productos y protección del marcado CE, del 22 de abril de 1997) mos 2251 tis 16 is Noemvr¨oy 1994 per¨ prostas¨as twn katanalwt n, Χ σ N 3arcro 7 + Ap σ fasi 15/2/1995 (Ley n° 2251, de 16 de noviembre de 1994, sobre protección del consumidor, artículo 7 y Decisión 15/2/1995) Lög um öryggi vöru og opinbera markaösgaEslu nr. 134/1995. (Control de la seguridad de los productos y del mercado oficial nº 134/1995) Statutory Instrument S. I. nº 197 of 1997 European Communities (General Product Safety) Regulations, 1997 Instrumento S. I. n° 197 de los Reglamentos de las Comunidades Europeas de 1997 (Seguridad General de los Productos), 1997 Decreto legislativo 17 marzo 1995 - Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Decreto legislativo de 17 de marzo de 1995 que transpone la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los productos) Loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits (Ley sobre seguridad general de los productos del 27 de agosto de 1997) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11 juni 1976. (Ley sobre el control de los productos y los servicios al consumidor. Ley de control de los productos del 11. 6. 1976). 21 Portugal España Suecia Países Bajos Reino Unido Decreto-lei 311/95 de 20 de Novembro 1995. Transpoe a Directiva 92/59/CEE - relativa à segurança geral dos productos (Lei geral 1981 + 24/96) (Decreto de ley 311 del 20 de noviembre de 1995 por el que se transpone la Directiva 92/59/CEE relativa a la seguridad general de los productos) (Ley general 1981 +24/96) Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios 26/1984 + Real Decreto 44/196 de 19 de enero, por el que se adoptan medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor Produktsäkerhetslag 22. 12. 1988, Svensk författningssamling (SFS) 1988: 1604 (Ley sobre seguridad de los productos del 22. 12. 1988, Diario Oficial Sueco (SFS) 1988:1604; modificada el 1. 7. 1994 Warenwet 1935 Besluit van 28 september 1993 houdende regelent betreffende de algemene produktveiligheid "Warenwetbesluit algemene produktveiligheid" (Ley 1935 sobre alimentos y medicamentos, tal como fue modificada en último lugar por la ley del 21 de abril de 1988 + Decreto del 28 de septiembre de 1993 sobre la seguridad general de los productos de conformidad con la Ley sobre alimentos y medicamentos) Consumer Protection Act 1987 + Statutory Instruments 1994 nº 2328 Consumer Protection, The General Product Safety Regulations 1994 of 5 September 1994 (Ley de protección de los consumidores de 1987 + Instrumento 1994 nº 2328 Protección de los consumidores, Reglamento sobre Seguridad General de los Productos 1994 de 5 de septiembre de 1994) 22 ADMINISTRACIONES NACIONALES RESPONSABLES DE APLICAR LA LEY DE TRANSPOSICIÓN ANEXO 2 Austria:* Organismo de asuntos de consumo, dependiente del ministerio federal de la mujer y los consumidores (Bundesministerium für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz, Büro für Konsumentenfragen). La vigilancia del mercado es competencia de las autoridades provinciales (Länder). Bélgica:* El ministerio de asuntos económicos, administración de calidad y seguridad (Ministère des Affaires Economiques, l'Administration de la qualité et sécurité) es responsable de los productos de consumo con algunas excepciones. Este ministerio es el punto de contacto para las notificaciones RAPEX. La vigilancia del mercado es realizada por la inspección económica (Inspection Economique) de dicho ministerio. Dinamarca: El organismo nacional de consumo (Forbrugerstyrelsen), que actúa bajo la supervisión del ministerio de comercio e industria (Erhvervsministeriet) para los productos no cubiertos por leyes sectoriales. Las 14 autoridades sectoriales pueden utilizar la ley para los productos bajo su responsabilidad y tienen que comunicar al organismo toda medida tomada contra un producto peligroso. El organismo coordina las actividades de las autoridades sectoriales y comprueba su aplicación de la ley. El trabajo sobre el terreno es llevado a cabo por la secretaría del consejo de la electricidad. Finlandia:* El organismo finlandés de consumo (Kuluttajavirasto), dependiente del ministerio de comercio e industria, las autoridades aduaneras, los gobiernos provinciales y los municipios. La vigilancia del mercado es efectuada por los municipios y coordinada por los gobernadores provinciales. Francia:* El ministerio de asuntos económicos, finanzas e industria, dirección general de competencia, asuntos de consumo y prevención del fraude (Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), que cuenta con una sede central en París y delegaciones en cada uno de los departamentos, que son los que llevan a cabo la vigilancia del mercado. Alemania: Varios organismos son responsables, a nivel nacional, según la categoría de productos. Cada uno de los 16 Länder tiene su propia estructura para aplicar la ley y confían principalmente su aplicación a las inspecciones de trabajo (Gewerbeaufsichtsämter). En la práctica, la coordinación de los procedimientos de notificación (artículos 7 y 8) se lleva a cabo del siguiente modo: para las notificaciones entrantes de la Comisión Europea, el punto de contacto (Lagezentrum) del Ministerio del interior actúa como buzón y luego las remite a los Länder, con una copia para información al instituto federal para la seguridad y la salud en el trabajo (Bundesanstalt für Arbeitschutz). El ministerio es en la práctica responsable de las notificaciones de salida, es decir, las que se reciben de un Land y se distribuyen a otros Länder y a la Comisión Europea. Grecia: Χ Ministerio de desarrollo, dirección de consumo (Ypoyrge¨o an Katanalwt los productos. twn n). Ningún departamento es específicamente responsable de supervisar la seguridad de ptyxis, Dje cynsi α 23 Islandia: El Servicio metrológico y de acreditación (Löggildingarstofa), un organismo del Ministerio de Comercio e Industria (Iönaöar -og viöskiptaráöuneytiö). La responsabilidad de vigilar los mercados corresponde al servicio de vigilancia de mercados de dicho organismo. Irlanda: La oficina del director de asuntos de consumo. La aplicación cotidiana es llevada a cabo por inspectores de la oficina. El servicio de protección del consumidor del ministerio de empresa, comercio y empleo es responsable del sistema RAPEX mientras que la política general de seguridad de los productos es responsabilidad de la sección de ciencia y tecnología de dicho ministerio. Italia: Ministerio de comercio de industria, comercio y artesanía, dirección general de protección y armonización del mercado (Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato). Otros ministerios aplican también la Directiva. La vigilancia del mercado es llevada a cabo por cada ministerio, que utiliza su propia organización y laboratorios. Un cuerpo recientemente creado, la conferenza di servizi, es responsable de coordinar a las diversas autoridades. Luxemburgo: El Ministerio de economía - precios, competencia y servicio de consumo (ministère de l'Economie, service prix, concurrence et consommateurs) es responsable de los productos que no están cubiertos por la legislación sectorial. La vigilancia del mercado es llevada a cabo por la misma administración. Países Bajos:* Ministerio de salud, bienestar y deporte, inspección de protección sanitaria, mercancías y salud Inspectie pública Gezondheidsbescherming Waren Veterinaire en Zaken). Además de la inspección general en La Haya hay cinco inspecciones regionales que llevan a cabo la vigilancia del mercado. van Volksgezondheid, Welzijn veterinaria (Minister Sport, en Noruega: El Ministerio de medio ambiente, a través del organismo estatal de vigilancia de la contaminación, y el Ministerio de Asuntos de la Infancia y la Familia, mediante la dirección de seguridad de los productos y eléctrica. Las actividades de supervisión de las autoridades son normalmente realizadas en las empresas mediante auditorías sistemáticas, verificaciones o ambas. Portugal:* Tres instituciones responsables: Comisión de seguridad de los servicios (Commissão para a Segurança de Serviços), instituto de consumo (Instituto do Consumidor) y la inspección general de actividades económicas (Inspecção-Geral das actividades Economicas, IGAE). La vigilancia del mercado es realizada por la IGAE. España:* En el ámbito nacional: Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Las autoridades autónomas son responsables de la vigilancia de los mercados. Suecia: El organismo sueco de consumo (Konsumentverket), dirigido por el defensor del pueblo, departamento de gestión doméstica y calidad de los productos. Las 15 otras autoridades sectoriales pueden también utilizar los poderes previstos por la ley. La vigilancia del mercado es llevada a cabo por consejeros locales en los municipios. Solamente el tribunal del mercado puede imponer una medida contra un producto peligroso. Un cuerpo especial (SWEDAC) coordina las actividades de 24 vigilancia de mercados de las diversas autoridades. Reino Unido: El ministerio de comercio e industria es el responsable de aplicar la ley general de seguridad de los productos. La aplicación cotidiana de esta legislación es responsabilidad de los 202 departamentos locales de normas comerciales existentes en el Reino Unido. El Local Authorities Co-ordinating Body on Food and Trading Standards (LACOTS) asesora sobre la aplicación y sobre asuntos legislativos a las autoridades locales. * Siete países han creado una "Comisión de seguridad del consumidor" o equivalente: Austria, España (Comité Técnico de Seguridad), Finlandia (organismo consultivo sobre seguridad de los productos), Francia, Bélgica, Países Bajos (Comisión consultiva Warenwet) y Portugal. 25


title: SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0989/00 af Jean-Claude Martinez (TDI) til Kommissionen. Fællesskabspræference for nødder, kastanjer og johannesbrød.

eurovoc_concepts:
EU financing
nut

formats: html pdf print

text: C 53 E/50 De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende DA 20. 2. 2001 De nukleare anl(cid:230)gs kompleksitet og m(cid:230)ngden af nukleare materialer til civil brug, der h(cid:229)ndteres i 2. F(cid:230)llesskabet, er steget til over det dobbelte (240 %), siden Europa-Parlamentet vedtog den beslutning, som det (cid:230)rede medlem henviser til. Kommissionen har allerede i 1989 oplyst R(cid:229)det om, at der er behov for en betydelig forłgelse af ressourcerne til inspektion. Staben blev łget fra 234 til 274 stillinger ( maj 2000). Kommissionen gennemfłrte endvidere en stram rationalisering med inddragelse af automatiserede sikker- hedssystemer. 3. Kommissionen har fulgt op p(cid:229) hovedparten af de emner, der er anfłrt i beslutningens artikel 7. Der blev gennemfłrt uanmeldte inspektioner, n(cid:229)r dette var muligt og łkonomisk forsvarligt, beskyttelsen af data sikres af den fysiske adskillelse af Euratom-databaserne fra Kommissionens net, og der er udarbejdet og gennemfłrt en politik til beskyttelse af nukleart affald. 4. Kommissionen er i f(cid:230)rd med at foretage en fuldst(cid:230)ndig gennemgang af alle dens aktiviteter i henhold til Euratom-traktaten. Placeringen af kontoret Euratoms sikkerhedskontrol, den m(cid:229)de, det udfłrer sine aktiviteter p(cid:229), og de prioriteter, det har f(cid:229)et tildelt, udgłr en uadskillelig del af denne gennemgang. N(cid:229)r gennemgangen er afsluttet, vil Kommissionen drage de nłdvendige konklusioner. (2001/C 53 E/057) SKRIFTLIG FORESP(cid:216)RGSEL P-0989/00 af Jean-Claude Martinez (TDI) til Kommissionen (29. marts 2000) Om: F(cid:230)llesskabspr(cid:230)ference for nłdder, kastanjer og johannesbrłd Ca. 300 000 familier varetager i Europa produktionen af mandler, hasselnłdder, kastanjer og johannes- brłd. Men EU har s(cid:229) stort et underskud, at det er verdens stłrste importłr af mandler, som for 74 % vedkommende produceres i USA, hasselnłdder, som for 75 % vedkommende produceres i Tyrkiet, eller valnłdder, som produceres i Californien og Kina. Neds(cid:230)ttelsen af tolden, der nu er nede p(cid:229) 2 % som fłlge af Marrakech-aftalerne, skaber fare for, at vore bedrifter, hvis produktionsomkostninger ikke kan bringes ned p(cid:229) samme niveau som Tyrkiets, Kinas og USA(cid:146)s sociale og miljłm(cid:230)ssige dumpingpriser, forsvinder fuldst(cid:230)ndig. Men mandeltr(cid:230)erne, kastanjetr(cid:230)erne eller valnłddetr(cid:230)erne udgłr skove, der beskytter jordbunden og miljłet og skaber job og balance i landdistrikterne. EU har p(cid:229) 10 (cid:229)r investeret 725 mio. euro i denne sektor, men i dag findes der ikke en eneste specifik stłtte. Agter Kommissionen (cid:129) eventuelt blot inden for rammerne af miljłpolitikken og politikken for udvikling af landdistrikterne (cid:129) at sikre en retf(cid:230)rdig finansiering af en aktivitet, hvis forsvinden indirekte ville bevirke v(cid:230)sentligt hłjere omkostninger end en rimelig finansiering af dens overlevelse? Hvilke konkrete, pr(cid:230)cise og effektive foranstaltninger agter Kommissionen at tr(cid:230)ffe? Svar afgivet p(cid:229) Kommissionens vegne af Franz Fischler (29. maj 2000) For at łge produktiviteten og konkurrenceevnen har nłddesektoren i ti (cid:229)r modtaget s(cid:230)rlig stłtte i henhold til bestemmelserne i afsnit II i R(cid:229)dets forordning (E(cid:216)F) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den f(cid:230)lles markedsordning for frugt og grłnsager (1). F(cid:230)llesskabets udgifter til denne stłtte androg fra 1990 til 1999 725 mio. EUR. Desuden forventes det, at der indtil 2006 vil v(cid:230)re udgifter p(cid:229) over 250 mio. EUR til forbedringsplaner, der stadig er ved at blive gennemfłrt. Yderligere er der siden 1997 og indtil 2000 blevet ydet en fast stłtte til hasselnłdder. Det har hele tiden v(cid:230)ret meningen, at s(cid:229)danne s(cid:230)rlige former for stłtte skulle v(cid:230)re midlertidige og gradvist aftagende for at l(cid:230)gge det finansielle ansvar ud til landbrugerne. 20. 2. 2001 DA De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende C 53 E/51 Ligesom for alle andre produkter i frugt- og grłnsagssektoren kan der ydes stłtte til de forskellige former for nłdder gennem den driftsfondsordning, indeholdt i R(cid:229)dets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den f(cid:230)lles markedsordning for frugt og grłnsager (2), i henhold til hvilken der kan ydes finansiel stłtte til alle frugter og grłnsager, der markedsfłres gennem producentorganisationer. Hvad endelig ang(cid:229)r de miljłm(cid:230)ssige og sociale aspekter af nłddeproduktionen, kan medlemsstaterne naturligvis under overholdelse af R(cid:229)dets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om stłtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europ(cid:230)iske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om (cid:230)ndring og oph(cid:230)velse af visse forordninger (3) lade deres planer for udvikling af landdistrikterne omfatte nłddeproduktionen. (1) EFT L 118 af 20. 5. 1972. (2) EFT L 297 af 21. 11. 1996. (3) EFT L 160 af 26. 6. 1999. (2001/C 53 E/058) SKRIFTLIG FORESP(cid:216)RGSEL E-1001/00 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen (31. marts 2000) Om: Erstatning til selskaber, som er ramt af bananstriden mellem EU og USA Vil Kommissionen betale erstatning til selskaber i EU, som har v(cid:230)ret berłrt af de afgifter, USA har p(cid:229)lagt varer fra EU som en direkte konsekvens af bananstriden mellem EU og USA, og i bekr(cid:230)ftende fald p(cid:229) hvilket niveau? (2001/C 53 E/059) SKRIFTLIG FORESP(cid:216)RGSEL E-1002/00 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen (31. marts 2000) Om: Fłlgerne af bananstriden mellem EU og USA Er Kommissionen klar over de skadelige virkninger, som bananstriden mellem EU og USA har for en r(cid:230)kke selskaber i EU? Vil Kommissionen handle hurtigt for at bringe denne strid til ophłr med henblik p(cid:229) at sikre, at job i hele EU bevares? (2001/C 53 E/060) SKRIFTLIG FORESP(cid:216)RGSEL E-1003/00 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen (31. marts 2000) Om: Fłlger for virksomhederne af banankonflikten mellem EU og USA Hvorn(cid:229)r vil Kommissionen młdes med de amerikanske parter med henblik p(cid:229) at finde en endelig lłsning p(cid:229) den vedvarende og skadelige banankonflikt mellem EU og USA, og hvorn(cid:229)r forventes der en afslutning til alle parters tilfredshed?


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0959/00 von Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) an die Kommission. Städtische Taxe für Übernachtungen in Hotels.

eurovoc_concepts:
European tax cooperation
VAT resource
competence of the Member States
tax
tourism

text: C 26 E/134 Amtsblatt der Europ(cid:228)ischen Gemeinschaften DE 26. 1. 2001 (2001/C 26 E/166) SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-0953/00 von Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) an die Kommission (22. M(cid:228)rz 2000) Betrifft: Versorgung der europ(cid:228)ischen Thunfischkonservenindustrie mit (cid:132)Loins(cid:147) von Thunfischen Auf der Tagung des Rates Fischerei vom 30. M(cid:228)rz 1999 sagte die Kommission zu, eine Studie (cid:252)ber die Lage in bezug auf die Versorgung des Gemeinschaftsmarkts mit (cid:132)Loins(cid:147) von Thunfischen in die Wege zu leiten, die Anfang diesen Jahres mit dem Titel (cid:132)Studie (cid:252)ber die Nachfrage und das Angebot bei (cid:147)Loins(cid:132) von Thunfischen (cid:129) Bewertung der kurz- und mittelfristigen Versorgung des Gemeinschaftsmarktes mit (cid:147)Loins(cid:132) (cid:129) von Thunfischen(cid:147) vorgelegt wurde. Die Ergebnisse dieser Studie besagen u. a. , da(cid:223), um die italienische Industrie bei der Durchf(cid:252)hrung ihrer Umstrukturierung zu unterst(cid:252)tzen und dabei negative Auswirkungen f(cid:252)r die anderen L(cid:228)nder der Europ(cid:228)ischen Union zu vermeiden, die Er(cid:246)ffnung eines Kontingents von 1000 bis 2000 t aus Drittl(cid:228)ndern erm(cid:246)glicht werden sollte. Weshalb hat dann die Kommission am 21. Februar d. J. die Er(cid:246)ffnung eines Kontingents von 4000 t zu einem Zollsatz von 6 % f(cid:252)r das Jahr 2000 vorgeschlagen, wenn dies der Studie zufolge f(cid:252)r den (cid:252)ber- wiegenden Teil der Thunfischkonservenindustrie der Europ(cid:228)ischen Union nachteilige Auswirkungen haben wird? Antwort von Herrn Fischler im Namen der Kommission (27. April 2000) Der Herr Abgeordnete bezieht sich auf eine Studie der Kommission (cid:252)ber die Versorgung des Gemein- schaftsmarkts mit Thunfischfilets. Wie in den Antworten auf die Schriftlichen Anfragen E-0756/00 bis E-0761/00 des Herrn Abgeordneten bereits erkl(cid:228)rt (1), zeigt diese Studie nach Auffassung der Kommission, da(cid:223) es bei Thunfischfilets einen begrenzten und saisonbedingten Nachfrage(cid:252)berhang gibt. Zwar ist das f(cid:252)r das Jahr 2000 vorgeschlagene Zollkontingent gr(cid:246)(cid:223)er, als in der Studie empfohlen, es soll aber auch ein Zollsatz von 6 % gelten, wohingegen die Studie den Zollsatz Null empfiehlt. Au(cid:223)erdem ergeben sich die H(cid:246)he des Zollkontingents und des Zollsatzes in dem Kommissionsvorschlag f(cid:252)r das Jahr 2000 aus der vom Rat und von der Kommission getragenen politischen Einigung vom 17. Dezember 1999. Der Rat hat diese Vorgehensweise best(cid:228)tigt und den Vorschlag der Kommission f(cid:252)r das Jahr 2000 einstimmig angenommen. (1) Siehe Seite 104. (2001/C 26 E/167) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0959/00 von Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) an die Kommission Betrifft: St(cid:228)dtische Taxe f(cid:252)r (cid:220)bernachtungen in Hotels (29. M(cid:228)rz 2000) Es setzt sich immer mehr durch, da(cid:223) f(cid:252)r Hotel(cid:252)bernachtungen eine Taxe erhoben wird f(cid:252)r die Nutzung der gemeindeeigenen G(cid:252)ter von allgemeinem Interesse, f(cid:252)rfderen Instandhaltung die B(cid:252)rger einer Stadt oder Gemeinde sorgen m(cid:252)ssen. Aus diesem Grund wird von den Besuchern einer Stadt mit dem Betrag f(cid:252)r die Hotelrechnung eine Taxe einbehalten f(cid:252)r die Nutzung der gemeindeeigenen G(cid:252)ter, in deren Genu(cid:223) sie w(cid:228)hrend ihres Aufenthalts in einem Hotel der Stadt kommen. Angesichts der Auswirkungen einer allgemeinen Verbreitung einer solchen Taxe in der Europ(cid:228)ischen Union nun die Fragen an die Kommission: Welche Haltung hat sie zu dieser Taxe? Kann sie mit der immer st(cid:228)rkeren Durchsetzung dieser Praxis einverstanden sein? Bestehen Absichten aus dieser Verkehrssteuer (cid:252)ber die Mehrwertsteuer indirekt abzusch(cid:246)pfen? 26. 1. 2001 DE Amtsblatt der Europ(cid:228)ischen Gemeinschaften C 26 E/135 Antwort von Herrn Bolkestein im Namen der Kommission (26. Mai 2000) Mangels einschl(cid:228)giger Gemeinschaftsvorschriften f(cid:228)llt die Einf(cid:252)hrung kommunaler Abgaben, die Touristen in der betreffenden Gemeinde zur Finanzierung der aufgrund des Fremdenverkehrs beim Aufenthalt erforderlichen zus(cid:228)tzlichen kommunalen Infrastruktur entrichten m(cid:252)ssen, allein in die Zust(cid:228)ndigkeit der Mitgliedstaaten. Die betreffenden Rechtsvorschriften d(cid:252)rfen allerdings keine diskriminierenden Elemente beinhalten, die die Aus(cid:252)bung der im EG-Vertrag festgelegten Grundfreiheiten beeintr(cid:228)chtigen, was etwa bei einer nur von ausl(cid:228)ndischen Touristen zu entrichtenden Abgabe oder einem h(cid:246)heren Abgabensatz f(cid:252)r Ausl(cid:228)nder der Fall w(cid:228)re. Enthalten kommunale Abgaben auf den Aufenthalt von Touristen in der Gemeinde keine derartigen diskriminierenden Bestimmungen, so versto(cid:223)en sie nicht gegen das Gemeinschaftsrecht. (2001/C 26 E/168) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0966/00 von Esko Sepp(cid:228)nen (GUE/NGL) an die Kommission Betrifft: Auswirkungen der Mobiltelefone auf die Gesundheit (31. M(cid:228)rz 2000) Die Kommission hat in zahlreichen Dokumenten die f(cid:252)hrende Stellung Europas bei der Nutzung von Mobiltelefonen hervorgehoben und Strategien vorgelegt, mit deren Hilfe diese F(cid:252)hrungsposition beibe- halten wird. Hat sich die Kommission mit Hilfe wissenschaftlicher Studien vergewissert, da(cid:223) die bei der Benutzung dieser Telefone entstehenden elektromagnetischen Felder keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen auf das menschliche Gehirn haben und keine Krebserkrankungen verursachen? Antwort von Herrn Busquin im Namen der Kommission (25. April 2000) (cid:220)ber das dritte und das vierte Rahmenprogramm f(cid:252)r Forschung und Entwicklung (FuE) hat die Kommis- sion mehrere Projekte zur Untersuchung der Auswirkungen elektromagnetischer Strahlungen auf die Gesundheit finanziert. Beim ersten dieser Projekte handelte es sich um eine COST-Aktion (COST 244 im Jahre 1992, gefolgt von COST 244 a im Jahre 1998) (cid:252)ber die biomedizinischen Wirkungen elektro- magnetischer Strahlungen. Diese Aktion l(cid:228)uft noch. Im Rahmen des Programms Biomed 2 wurden au(cid:223)erdem zwei Untersuchungen (cid:252)ber den Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Strahlungen und Krebs finanziert. Unter dem Programm (cid:132)Me(cid:223)- und Pr(cid:252)fverfahren(cid:147) wurde ein Projekt zur Messung der von Mobiltelefonen und Relaisstationen ausgesandten elektromagnetischen Strahlungen sowie zur Quantifizierung der Strah- lenexposition von Personen finanziert. Die Ergebnisse dieses Projekts werden bei der Festsetzung von Me(cid:223)normen und der Bewertung der von Mobiltelefonen und Relaisstationen ausgehenden Risiken helfen. F(cid:252)r diese Untersuchungen hatte die Kommission rund 2 Mio. Euro freigemacht. In keiner der Unter- suchungen (cid:252)ber die thermischen Wirkungen und die m(cid:246)glichen St(cid:246)rungen des Zellstoffwechsels durch die verschiedenen Arten elektromagnetischer Felder lie(cid:223)en sich negative Auswirkungen auf die Gesundheit nachweisen, aber es sind weitere Ergebnisse notwendig, um die Besorgnisse der (cid:214)ffentlichkeit auszur(cid:228)u- men. Im F(cid:252)nften Rahmenprogramm sind Untersuchungen (cid:252)ber die Auswirkungen elektromagnetischer Strah- in das Arbeitsprogramm der Leitaktion 4 (Umwelt und Gesundheit) des Bereichs 1, lungen speziell Lebensqualit(cid:228)t und Management lebender Ressourcen, aufgenommen. Bei der Aufforderung zur Einrei- chung von Vorschl(cid:228)gen im Jahre 1999 wurden f(cid:252)nf Vorschl(cid:228)ge ausgew(cid:228)hlt, die mit insgesamt rund 9 Mio. Euro bezuschu(cid:223)t werden. Diese Projekte laufen gerade an und d(cid:252)rften nach 3 (cid:129) 4 Jahren zu Ergebnissen f(cid:252)hren. Zu diesen Projekten z(cid:228)hlt eine vom Internationalen Krebsforschungszentrum (IARC) koordinierte, umfas- sende epidemiologische Untersuchung (Interphone) der m(cid:246)glichen kanzerogenen Wirkungen der von Mobiltelefonen ausgesandten elektromagnetischen Strahlungen. Bei dieser Untersuchung wird eine Unter- scheidung nach der St(cid:228)rke der Emissionen der einzelnen Arten von Mobiltelefonen gemacht. Die anderen Projekte sollen einem besseren Verst(cid:228)ndnis der biologischen Mechanismen dienen, die beim m(cid:246)glichen


title: KIRJALLINEN KYSYMYS E-0951/00 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Tavoite 2 -alue Hainaut.

eurovoc_concepts:
EU financing arrangements
Province of Hainault
Province of West Flanders
Structural Funds
transfer of businesses

text: 19. 6. 2001 FI Euroopan yhteis(cid:246)jen virallinen lehti C 174 E/3 Michel Barnier(cid:146)n komission puolesta antama t(cid:228)ydent(cid:228)v(cid:228) vastaus (5. tammikuuta 2001) Kreikan viranomaisilta saatujen tietojen mukaan julkisten t(cid:246)iden laadunvalvontavirasto (ESPEL) on vuoden 1998 hein(cid:228)kuun ja vuoden 2000 huhtikuun v(cid:228)lisen(cid:228) aikana tarkastanut j(cid:228)rjestelm(cid:228)llisesti 1253 Euroopan yhteis(cid:246)n varoista osarahoitettua hanketta. Tarkastusten mukaan 52 prosenttia hankkeista on toteutettu moitteettomasti tai niiss(cid:228) on v(cid:228)h(cid:228)isi(cid:228) puutteita, luokka). Hankkeista 45 prosentissa on merkitt(cid:228)vi(cid:228) puutteita, jotka eiv(cid:228)t vaikuta turvallisuuteen, mutta aiheuttavat huomattavia yll(cid:228)pitokuluja. N(cid:228)m(cid:228) lis(cid:228)kustannukset on v(cid:228)hennett(cid:228)v(cid:228) asianomaisille urakoitsijoille suoritet- tavista maksuista (2. jotka eiv(cid:228)t ole korjattavissa. Urakoitsijan on toteutettava hankkeet joko kokonaan tai osittain uudelleen omalla kustan- nuksellaan (3. luokka). luokka). Hankkeista 3 prosentissa on ilmennyt vakavia puutteita, joiden korjaamisesta urakoitsija huolehtii (1. Voimassa olevien menettelytapojen mukaisesti talousministeri(cid:246) on yhteis(cid:246)n tukikehyksest(cid:228) vastaavana hallintoviranomaisena toimittanut kyseisi(cid:228) hankkeita hallinnoiville viranomaisille ja niiden seurantakomi- teoiden puheenjohtajille ESPEL:n laatimat kertomukset 1 122 yksitt(cid:228)isest(cid:228) hankkeesta, joiden laadussa on todettu puutteita, ja pyyt(cid:228)nyt asianomaisia viranomaisia toteuttamaan laissa m(cid:228)(cid:228)r(cid:228)tyt jatkotoimenpiteet. Talousministeri(cid:246) on 198 tapauksessa m(cid:228)(cid:228)r(cid:228)nnyt hankkeita hallinnoivat viranomaiset velvoittamaan ura- koitsijat perustamaan ty(cid:246)maille testauslaboratorioita ja vastaamaan niiden toiminnasta sopimusvelvoittei- densa mukaisesti. Edell(cid:228) mainittuihin 2. ja 3. luokkaan kuuluvissa 478 tapauksessa talousministeri(cid:246) on j(cid:228)tt(cid:228)nyt asian julkisten t(cid:246)iden laadunvalvontaviraston ratkaistavaksi. Luokkaan 3 kuuluvat 30 tapausta on ennalta sovitusti j(cid:228)tetty suoraan yleisen syytt(cid:228)j(cid:228)nviraston k(cid:228)sitelt(cid:228)v(cid:228)ksi. Vuoden 2000 huhtikuun 5. p(cid:228)iv(cid:228)(cid:228)n menness(cid:228) julkisten t(cid:246)iden laadunvalvontavirasto on kehottanut 136 viranomaistahoa, joita s(cid:228)(cid:228)nt(cid:246)jen vastaiset hankkeet koskevat, j(cid:228)tt(cid:228)m(cid:228)(cid:228)n kertomuksen toimista, joihin ne ovat ryhtyneet velvoittaakseen urakoitsijoita toteuttamaan tarvittavat korjausty(cid:246)t tai m(cid:228)(cid:228)r(cid:228)t(cid:228)kseen niille lakis(cid:228)(cid:228)teiset rangaistukset. Kreikan viranomaisten mukaan k(cid:228)ytett(cid:228)viss(cid:228) olevien kertomusten perusteella ja eri tapausten mukaan on turvauduttu seuraaviin toimenpiteisiin: rangaistusmaksuihin, hinnanalennuksiin, korjausvaatimuksiin, joihin toisinaan on sis(cid:228)ltynyt urakoitsijan valitus, korjaust(cid:246)iden suorittamiseen, ty(cid:246)maiden testauslaboratorioiden toimimattomuuteen liittyviin velvoitteisiin, puuttuvan geologisen ja muun perustutkimuksen suorittami- seen ja ylim(cid:228)(cid:228)r(cid:228)iseen laadunvalvontaan. Kreikan viranomaiset ovat lis(cid:228)ksi ja ett(cid:228) yleisten t(cid:246)iden yhteinen johtoryhm(cid:228) julkaisee ne my(cid:246)hemmin. Komissio on tietoinen Kreikan hallituksen vaatimasta laadunvalvonnasta ja on ilmaissut tyytyv(cid:228)isyytens(cid:228) aloitteesta. Komissio toivoo kuitenkin tapausten k(cid:228)sittelyn ja seurannan nopeuttamista, ja aikoo pyyt(cid:228)(cid:228) yksityiskohtaista tietoa niiden konkreetti- sesta toteuttamisesta, eli m(cid:228)(cid:228)r(cid:228)tyist(cid:228) seuraamuksista, olivatpa ne taloudellisia, hallinnollisia tai muita. ilmoittaneet komissiolle, ett(cid:228) kertomuksia tutkitaan edelleen, Euroopan petostentorjuntavirasto korostaa my(cid:246)s, ett(cid:228) t(cid:228)ss(cid:228) vaiheessa Kreikan viranomaisilta ei ole saatu 11 p(cid:228)iv(cid:228)n(cid:228) hein(cid:228)kuuta 1994 rakennepolitiikan rahoituksen ep(cid:228)s(cid:228)(cid:228)nn(cid:246)nmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinn(cid:228)st(cid:228) sek(cid:228) t(cid:228)t(cid:228) alaa koskevan tiedotusj(cid:228)rjestelm(cid:228)n perustamisesta annetun komission asetuksen (EY N:o 1681/94 (1) mukaista tiedonantoa. (1) EYVL L 178, 12. 7. 1994. (2001/C 174 E/003) KIRJALLINEN KYSYMYS E-0951/00 esitt(cid:228)j(cid:228)(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle (29. maaliskuuta 2000) Aihe: Tavoite 2 -alue Hainaut Tavoite 2 -tuen Vallonian Hainautin l(cid:228)(cid:228)nille my(cid:246)nt(cid:228)misen seurauksena yritykset, jotka ovat jo vuosikausia toimineet viereisess(cid:228) L(cid:228)nsi-Flanderin (West-Vlaanderen) l(cid:228)(cid:228)niss(cid:228), ovat muuttamassa pois. Kyseisten yritysten johtajat tunnustavat, ett(cid:228) toimintojen siirt(cid:228)minen Hainautiin riippuu t(cid:228)ysin tavoite 2 -tukien my(cid:246)nt(cid:228)mi- sest(cid:228). Jos yritysjohtajat eiv(cid:228)t saa yhteis(cid:246)n tukea, toiminnot j(cid:228)(cid:228)v(cid:228)t L(cid:228)nsi-Flanderiin. Tuen saamisen edellytys on, ett(cid:228) yrityksen p(cid:228)(cid:228)konttori on Hainautissa. C 174 E/4 Euroopan yhteis(cid:246)jen virallinen lehti FI 19. 6. 2001 Kuinka paljon on 1. tammikuuta 2000 l(cid:228)htien haettu tavoite 2 -tukea uusille taloudellisille hankkeille 1. Hainautissa ja mit(cid:228) hankkeita hakemukset koskevat? 2. Milloin ja miss(cid:228) kyseisten yritysten p(cid:228)(cid:228)konttorit rekister(cid:246)itiin? 3. a) Kuinka monet kyseisist(cid:228) yrityksist(cid:228) toimivat ennen L(cid:228)nsi-Flanderin l(cid:228)(cid:228)niss(cid:228)? b) Kuinka monet kyseisist(cid:228) yrityksist(cid:228) toimivat nyt L(cid:228)nsi-Flanderin l(cid:228)(cid:228)niss(cid:228)? Kysyt(cid:228)(cid:228)nk(cid:246) kyseisilt(cid:228) yrityksilt(cid:228) nimenomaan, riippuuko heid(cid:228)n muuttonsa L(cid:228)nsi-Flanderista Hainau- 4. tiin tavoite 2 -tuen saamisesta? a) b) 5. a) Jos vastaus on my(cid:246)nteinen, kuinka monet (cid:148)L(cid:228)nsi-Flanderin(cid:148) yritysjohtajat aikovat ulottaa toimintansa Hainautiin ilman tavoite 2 -tukea? Jos vastaus on kielteinen, aikooko komissio viel(cid:228) kysy(cid:228) yritysjohtajilta miss(cid:228) m(cid:228)(cid:228)rin heid(cid:228)n yrityksens(cid:228) muutto riippuu tavoite 2 -tuen saamisesta? Onko komissio valmis ryhtym(cid:228)(cid:228)n toimiin est(cid:228)(cid:228)kseen L(cid:228)nsi-Flanderin yritysten muuton Hainautiin? Jos vastaus on my(cid:246)nteinen, mihin toimiin komissio aikoo ryhty(cid:228)? b) Jos vastaus on kielteinen, miksi komissio ei aio ryhty(cid:228) toimiin? Michel Barnier(cid:146)n komission puolesta antama t(cid:228)ydent(cid:228)v(cid:228) vastaus (22. tammikuuta 2001) Valloniassa sijaitseva Hainaut(cid:146)n maakunta saa ohjelmakaudella 2000(cid:129)2006 rakennerahastojen tukea tavoitteesta 1, ei tavoitteesta 2. Komissio hyv(cid:228)ksyi t(cid:228)m(cid:228)n tuen my(cid:246)nt(cid:228)mist(cid:228) varten 15. toukokuuta 2000 alueviranomaisten esitt(cid:228)m(cid:228)n yhten(cid:228)isen ohjelma-asiakirjan (YOA). Viranomaisten edustajista, yliopistojen professoreista, ty(cid:246)antajaj(cid:228)rjes- t(cid:246)jen edustajista ja ulkopuolisesta konsultista koostuva erityisryhm(cid:228) tarkastelee t(cid:228)m(cid:228)n uuden ohjelmame- nettelyn yhteydess(cid:228) toimitettuja hankkeita. Investointitukea koskeva toimenpide on yksi kyseisen YOA:n t(cid:228)rkeimmist(cid:228) toimenpiteist(cid:228), mutta t(cid:228)ss(cid:228) vaiheessa on ennenaikaista ilmoittaa kyseisest(cid:228) toimenpiteest(cid:228) hy(cid:246)tyvien yritysten lukum(cid:228)(cid:228)r(cid:228)(cid:228) saati sellaisten L(cid:228)nsi-Flanderiin sijoittuneiden yritysten tarkkaa m(cid:228)(cid:228)r(cid:228)(cid:228), jotka voisivat siirt(cid:228)(cid:228) p(cid:228)(cid:228)konttorinsa Hainautiin. Ohjelmakaudella 1994(cid:129)1999 investointitukea oli saatavilla yritysten perustamistukea ja yritysten laajentu- mistukea koskevista j(cid:228)rjestelmist(cid:228). K(cid:228)ytett(cid:228)viss(cid:228) olevista tilastotiedoista k(cid:228)y ilmi, ett(cid:228) noin 50 Flanderissa sijaitsevaa yrityst(cid:228) sai tukea jommastakummasta j(cid:228)rjestelm(cid:228)st(cid:228). T(cid:228)m(cid:228) luku vastaa noin seitsem(cid:228)(cid:228) prosenttia tavoitteen 1 nojalla tuetuista investointihankkeista. Vallonian alueelta saadut tilastotiedot rajoittuvat vuosina 1995(cid:129)1999 my(cid:246)nnettyyn tukeen. Tukea my(cid:246)n- nettiin useilla Hainaut(cid:146)n paikkakunnilla mutta useimmin Mouscronin, Tournain ja Comines(cid:146)n kaupungeissa. Toimivaltaiset alueviranomaiset eiv(cid:228)t ole viel(cid:228) p(cid:228)ivitt(cid:228)neet tietoja, jotka ovat tarpeen arvoisan parlamentin j(cid:228)senen Flanderin yritysten aiemmasta ja nykyisest(cid:228) toiminnasta esitt(cid:228)m(cid:228)(cid:228)n kysymykseen vastaamiseksi. Komissio tai Vallonian alueviranomaiset eiv(cid:228)t ole tutkineet niiden yritysten motiiveja, jotka hakivat investointitukea ja siirsiv(cid:228)t p(cid:228)(cid:228)konttorinsa Hainaut(cid:146)n maakuntaan kyseist(cid:228) tukea saadakseen. Komissio ei my(cid:246)sk(cid:228)(cid:228)n aio tutkia asiaa. 19. 6. 2001 FI Euroopan yhteis(cid:246)jen virallinen lehti C 174 E/5 Komission vastuulla on valvoa, ett(cid:228) alueellisten tai kansallisten viranomaisten k(cid:228)ytt(cid:246)(cid:246)n ottamissa inves- tointitukij(cid:228)rjestelmiss(cid:228) noudatetaan EY:n perustamissopimuksessa vahvistettuja kilpailus(cid:228)(cid:228)nt(cid:246)j(cid:228). Ohjelmista neuvoteltaessa komissio tarkastaa lis(cid:228)ksi, ett(cid:228) kehitt(cid:228)missuunnitelmat ovat johdonmukaisia komission j(cid:228)senvaltioille ehdottamien yleisten suuntaviivojen kanssa. Toimintojen siirt(cid:228)mist(cid:228) koskevan yleisen ongelman osalta komissio kehottaa parlamentin j(cid:228)sent(cid:228) tutus- jotka on annettu Hedwig Keppelhoff-Wiechertin kirjalliseen kysymykseen E-1396/ tumaan vastauksiin, 99 (1), Erik Meijerin kirjalliseen kysymykseen E-1446/99 (2), Ilda Figueiredon kirjalliseen kysymykseen P-1805/99 (3) ja Christa Randzio-Plathin kirjalliseen kysymykseen P-1706/00 (4). (1) EYVL C 170 E, 20. 6. 2000. (2) EYVL C 203 E, 18. 7. 2000. (3) EYVL C 219 E, 1. 8. 2000. (4) EYVL C 81 E, 13. 3. 2001, s. 75. (2001/C 174 E/004) KIRJALLINEN KYSYMYS E-2666/00 esitt(cid:228)j(cid:228)(t): Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) komissiolle (1. syyskuuta 2000) Aihe: Euroopan unionin j(cid:228)senyytt(cid:228) hakevissa valtioissa olevien ydinvoimaloiden turvallisuus T(cid:154)ekin tasavallassa valmistellaan t(cid:228)ll(cid:228) hetkell(cid:228) paljon kiistellyn Temelinin ydinvoimalan k(cid:228)ytt(cid:246)(cid:246)nottoa. T(cid:228)m(cid:228) 80-luvulla rakennettu ydinvoimala on Neuvostoliiton suunnittelema. Viime viikolla, vuosia ydin- voimalan turvallisuudesta k(cid:228)ytyjen keskustelujen j(cid:228)lkeen, toimilupa my(cid:246)nnettiin kyseenalaisella tavalla. Kansalaisten kiivaasta vastustuksesta ja presidentti Havelin ja It(cid:228)vallan hallituksen huolestuneisuudesta huolimatta voimalan 1-reaktori voidaan muutaman kuukauden kuluttua ottaa koek(cid:228)ytt(cid:246)(cid:246)n. 1. Onko komissio kanssani samaa mielt(cid:228) siit(cid:228), ett(cid:228) hakijavaltioiden liittymist(cid:228) silm(cid:228)ll(cid:228) pit(cid:228)en tarvitaan pikaisesti Euroopan yhteis(cid:246)n ydinvoimaloiden turvallisuuden takaamiseksi yhteis(cid:246)normit, jotka sis(cid:228)lt(cid:228)v(cid:228)t suunnittelua, rakentamista ja k(cid:228)ytt(cid:246)(cid:228) koskevat v(cid:228)himm(cid:228)isvaatimukset? 2. Millaisia ratkaisumalleja komissio aikoo liittymisneuvotteluissa esitt(cid:228)(cid:228) est(cid:228)(cid:228)kseen Temelinin kaltaisten vaarallisten ydinvoimaloiden k(cid:228)ytt(cid:246)(cid:246)noton? G(cid:252)nter Verheugenin komission puolesta antama vastaus (29. marraskuuta 2000) Temelinin ydinvoimalan rakentaminen aloitettiin 1980-luvulla, mutta rakentaminen keskeytettiin my(cid:246)hem- min. Osia voimalasta on edelleen rakenteilla. S(cid:228)hk(cid:246)ntuotannon suunnitellaan alkavan vuonna 2001 ja 2002 (2-reaktori). Reaktori on malliltaan paranneltu VVER 1000 ja se on varustettu (1-reaktori) nykyaikaisilla turvaj(cid:228)rjestelmill(cid:228). Yhteis(cid:246) on toistuvasti muistuttanut, ett(cid:228) ydinvoimaloiden on noudatettava ydinturvallisuuden korkeaa tasoa. Komissio on esitt(cid:228)nyt kantansa asiasta selv(cid:228)sti Agenda 2000:ssa. Helsingiss(cid:228) vuoden 1999 joulu- kuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto muistutti ydinturvallisuuden korkean tason t(cid:228)rkeydest(cid:228) ja kehotti neuvostoa harkitsemaan, kuinka ydinturvallisuutta k(cid:228)sitell(cid:228)(cid:228)n laajentumisprosessin yhteydess(cid:228). Neuvosto tarkastelee parhaillaan asiaa tukeutuen j(cid:228)senvaltioiden asiantuntemukseen. Komissio tukee t(cid:228)t(cid:228) prosessia t(cid:228)ysin. Ydinturvallisuus kuuluu j(cid:228)senvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. T(cid:228)m(cid:228) p(cid:228)tee my(cid:246)s ehdokasmaihin. Temelinin ydinvoimala on yksi harvoista ydinvoimaloista, jolle saatetaan antaa toimilupa ennen ehdokas- maiden unioniin liittymist(cid:228). Komissiolla ei ole keinoja est(cid:228)(cid:228) sit(cid:228), ett(cid:228) ehdokasmaassa annetaan yksitt(cid:228)isille voimaloille toimilupa kansallisen s(cid:228)(cid:228)ntelyviranomaisen valvonnassa. Komissio kuitenkin jatkaa toimin- taansa T(cid:154)ekin viranomaisten kanssa varmistaakseen sellaisen voimakkaan ja riippumattoman ydins(cid:228)(cid:228)nte-