Durch die Unterzeichnung der Erklärung von Bukarest haben sich die Regierungen dazu verpflichtet, Neuzugänge in Heimen zu stoppen, indem sie die Dienstleistungen innerhalb der Kommunen ausbauen. Empirische Belege unterstützen diesen Übergang, und internationale Menschenrechtsverpflichtungen machen diesen Zug zwingend notwendig.
En última instancia, es responsabilidad del gobierno el respetar, proteger y hacer respetar los derechos humanos. Con la firma de la Declaración de Bucarest, los gobiernos se han comprometido a dejar de internar en instituciones a personas con deficiencias físicas y mentales, mediante el desarrollo de servicios basados en la comunidad. La evidencia empírica apoya esta transición y las obligaciones internacionales de derechos humanos obligan a esa medida.