Y aunque Huawei trae la piedra en sus zapatos desde que el exingeniero del ejército chino Ren Zhengfei fundó la compañía en 1987, no fue hasta principios del 2018 que el Gobierno estadounidense, apoyado por el FBI y la CIA, empezó a boicotear al gigante tecnológico, de manera más o menos oficial, según se ha informado públicamente.	El conflicto tomó fuerza a inicios de este 2019, cuando el Gobierno de Estados Unidos (liderado por el presidente Donald Trump) acusó de fraude bancario y espionaje al gigante tecnológico chino, responsabilizando específicamente a su directora ejecutiva, Meng Wanzhou, como parte de esa trama. Meng fue detenida en Canadá en diciembre de 2018, por orden del Gobierno de Estados Unidos. Y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza y tiene previsto comparecer a su audiencia el próximo 8 de mayo para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos.	Durante una conferencia de prensa, celebrada este miércoles 6 de marzo, desde Shenzhen, en China, y transmitida en directo a través de las redes sociales, el jefe de asuntos jurídicos de Huawei, Song Liuping, dijo que la acción legal que se presentó contra el Gobierno del presidente Trump es para impugnar la sección 889 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de 2019, pues consideran que las restricciones impuestas van en contra de su negocio en territorio estadounidense.	Y según la reclamación, la sección 889 de la NDAA de 2019 no solo prohíbe a todas las agencias gubernamentales de Estados Unidos comprar equipos y servicios de Huawei, sino que también les impide contratar u otorgar subvenciones o préstamos a los clientes de Huawei, sin ningún proceso ejecutivo o judicial. ‘Esto viola las cláusulas relativas al escrito de proscripción y confiscación y al debido proceso, además de pisotear los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de Estados Unidos, porque el Congreso, al tiempo de legislar, trata de juzgar y ejecutar la ley', recalcó Guo.