En medio de las disputas que han tenido de escenario a la Asamblea Nacional, han salido a relucir variadas conductas que para muchos obedecen al enfrentamiento del ímpetu de las bancadas formales de la partidocracia por producir reformas constitucionales vs. la oposición a que se den reformas por parte de estos, votando en contra de las producidas a la fecha. Este es el pequeño grupo de diputados que llegó a serlo tras la figura de la libre postulación; a nuestro juicio no son más que la versión informal de la misma plutocracia que nos gobierna desde 1990, en tanto que son parte del mismo proyecto político económico, al que responde el resto de los diputados.	Debo reconocer que hay una “golondrina” que plantea algo distinto específicamente en lo que se refiere al procedimiento para tomar las decisiones reformatorias, en virtud que plantea abandonar la fórmula seguida hasta ahora y abocarse a producir un paquete de reformas a la Constitución a través de la modalidad de la “Constituyente originaria”. No obstante, esto no rechaza —como quieren aparentar los diputados mal llamados “independientes”— que se realicen reformas.	En el escenario de la sociedad civil —que es la que otorga el poder a los que alcanzan los puestos de elección popular— este falso dilema se manifiesta fundamentalmente entre los representantes de las élites políticas y económicas (conocidos como la Concertación Nacional) que elaboraron un mamotreto de reformas entregado al Ejecutivo, avalado íntegramente por este y reenviado tal cual a la Asamblea Nacional, por un lado y por otro, los diputados que en su afán de aplicar su “¿qué hay pa' mí?” en el paquete que se apruebe en su órgano legislativo, no han venido siguiendo la línea trazada por las élites políticas y económicas, generando algunas porosidades. Los diputados “independientes” se alinearon detrás de los que apoyan las propuestas de la Concertación, oponiéndose a lo elaborado por la partidocracia tradicional, precisamente porque no se corresponde totalmente a dichas reformas.	Servida la mesa, pues, el dilema no se ubica en que se quiera reformar la Constitución unos y que no lo quieran hacer, otros. Ni siquiera en que se ejecute bajo el procedimiento actual o bajo la fórmula de la Constitución originaria. El dilema emerge entre producir unas reformas constitucionales para que no cambie el modelo de sociedad que predomina o producirlas para que contribuya a la transformación del modelo de sociedad.	Digámoslo menos retóricamente, el dilema está entre producir reformas en favor de las élites económicas o producirlas en favor de las grandes mayorías del país. Es decir, en favor del descontrol perverso de las fuerzas que controlan el mercado o favorables a garantizar que las áreas estratégicas —alimentación, agua, salud, educación, energía, bienes ambientales— sean reguladas para beneficio de la población o que las mismas sean dejadas al arbitrio perverso de los intereses de los que controlan el mercado.	Ergo, esto deberá conllevar como consecuencia de ese objetivo de desarrollo que las instituciones políticas, económicas y sociales sean sometidas al “Control Social”, no del Estado, tal cual como lo conocemos —Estado niñera al servicio de las élites—, pero tampoco del Estado omnicontrolador y planificador “desde arriba” que nunca consulta a “los de abajo”, dando al traste con el objetivo de generar el bienestar social que anuncia en el papel. Sino de un Estado “promotor” (término que tomo prestado del comentarista político, profesor Edwin Cabrera), pero a la vez con personalidad firme para controlar los desafueros de los intereses que organizan todas las instituciones sociales, culturales y políticas —como si sus servicios o productos fuesen una mercancía destinada exclusivamente a generar ganancias pecuniarias a particulares.	En este sentido, el debate sobre los cambios constitucionales debería incluir, en primerísimo lugar, la respuesta a ¿cuál es el nuevo modelo de sociedad que queremos los panameños? Si no se aborda ese punto para alinear las reformas en base a este tema, los cambios serán para no cambiar; hasta que el pueblo explote como en Chile o el Ecuador, cansado de un modelo que corroe las instituciones —de producción, de socialización y políticas— que fundamentan la sociedad.	He aquí donde entonces adquiere sentido lo sugerido por la diputada Zulay Rodríguez (la propaganda es gratis) haciéndose eco del clamor crecientemente popular: seguir la ruta de una constituyente originaria, siempre y cuando, agregaríamos, se den condiciones suficientes de representatividad cualitativa y cuantitativa a sectores populares y de clases medias excluidas de la participación social real.