En la etapa electoral, el candidato piensa que él y su equipo de trabajo solucionarán todo lo que pudiese entorpecer la buena marcha de la administración. Sin dar siempre soluciones concretas o idóneas, el candidato se limita a enunciar los problemas, preferiblemente de empleos, la pobreza tan alarmante, la seguridad social en sus vertientes de vivienda, educación y salud, son temas que se abordan en abstracto.	Empero, un buen análisis del manejo de la política nos debe llevar a la búsqueda del por qué de la frustración que la mayoría de los gobiernos ofrece a los pocos meses de iniciar su periodo. En Brasil, el presidente Lula, que ascendió al solio presidencial recientemente, ya tiene serias confrontaciones con su propio partido, por su ortodoxa política económica indispensable para satisfacer las promesas electorales.	Los estadistas democráticos contemporáneos lo han entendido así. Los contratiempos de la gobernabilidad, específicamente en toda América Latina, han ido sacando de su apatía e ineficacia, en cuanto a iniciativas, a los organismos regionales. Es muy importante señalar que hoy estamos en presencia de un compromiso adquirido por todas las naciones del hemisferio, dentro del marco de la OEA, dirigido a incrementar, desarrollar y defender el sistema democrático.	El compromiso no tiene precedentes serios o creíbles y ya superó la etapa de las buenas intenciones percibidas en los discursos protocolares (ver los recientes de Quebec y Lima) para arribar a la declaración concreta de objetivos en pro de la gobernabilidad. En efecto, en Chile 34 países de América acaban de aprobar la "Declaración de Santiago", que comprende numerosas cláusulas destinadas primordialmente a la defensa de la democracia.	Los partidos políticos panameños, la sociedad civil, los candidatos presidenciales y cada ciudadano deben adquirir pleno conocimiento de este compromiso con la democracia tan urgente no solo para dar seguimiento al programa, sino para tomar conciencia de la necesidad impostergable de que cobre vida y no perezca como una burla más de la demagogia política hemisférica.	Esta declaración, suscrita por Panamá, aboga por una "Agenda de gobernabilidad para América que contemple los desafíos políticos, económicos y sociales, y que procure fomentar la credibilidad en las instituciones democráticas". El resto de lo pactado es trascendente y plausible: el fortalecimiento de los partidos, la participación ciudadana en el sistema político, la modernización del Estado para hacerlo más eficiente, probo y transparente; la reforma del sistema judicial, la persecución de la corrupción e impunidad pública y privada.	La Declaración de Santiago resulta muy oportuna en el momento político que vive Panamá. De tránsito en un proceso electoral que fatiga al electorado con las promesas conocidas ante problemas igualmente conocidos, sería del todo apropiado que los candidatos para todos los puestos de elección se pongan intelectual y moralmente en sintonía con la Declaración de Santiago, porque así se produciría el fenómeno, realmente nuevo, de una campaña de Estado, impersonal y fructífera, más didáctica que artificial.	Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.