De las publicaciones se rescata una cita que ilustra el caso Waked: Esto ocurre cuando una persona muy cercana al entonces presidente le advierte que debe actuar con prudencia y mano fría con los “americans” por el manejo de las relaciones entre Panamá y China. La persona está asombrada y no puede creer que los estadounidenses “se hayan portado tan patanes” en este tema. Por un momento se imagina cómo sería “si sale lo que le han hecho a Waked. ¡Dios mío! que escándalo casi acaban con el trabajo y el sustento de miles de familias. ¿Qué piensan?”, se pregunta, Y, se responde a sí misma: “ que esto es un juego de monopolio”.	Esperaba la colaboración de Estados Unidos para abrirle una causa penal. Pero Varela sintió que quedó en el aire cuando se enteró de que el caso contra el sobrino del empresario (Nidal Waked) se resumió a un delito de conspiración por fraude bancario, con pena de dos años, y no por blanqueo producto del narcotráfico de un cartel mexicano poderoso, como lo había señalado la embajada de Estados Unidos en Panamá al momento de divulgar la inclusión del grupo Wisa en la “Lista Clinton”.	Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está convencido de que el Estado le incumplió al empresario al no proteger su estado de inocencia y su seguridad jurídica. Y advierte de que cuando una autoridad hace lo contrario a sus obligaciones constitucionales, se pone en contexto qué intereses motivan su comportamiento. Sin embargo, cuando se trata del presidente, las consecuencias son graves porque representa al Estado, la contraparte de un inversionista.	Esto, según el expresidente del gremio de juristas, es la ofensa de la justicia más grande que se ha hecho a una persona en los últimos años. A juicio del abogado, era una lucha de poderes económicos en la que el expresidente, en componenda con el sistema de administración de justicia, hicieron su parte para quitar de en medio a Waked. El empresario debe interponer las denuncias penales correspondientes para que se castigue a quienes resulten responsables de las acciones en su contra. “Hubo empresarios perjudicados con las acciones del expresidente”, expresó Álvarez.	Gilberto Boutin, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), indicó que lo ocurrido al empresario no fue más que un acto político divorciado de toda legalidad internacional. No se puede despojar a un individuo de su fortuna sin pruebas de un supuesto delito. “Fue un acto de fuerza desprovista de toda legalidad internacional”, reiteró.