Las reformas anteriores a la Constitución fueron insuficientes y limitadas. Nunca redujeron el poder excesivo del Ejecutivo. Permitieron la reelección ilimitada de los legisladores-diputados. Dejaron sin real sentido a los “representantes de corregimiento”, la arquitectura del poder y la distribución de funciones fue nefasta. Pasamos de un régimen dictatorial a una monarquía quinquenal, de carácter absolutista. Y si en el plano de los derechos hubo ciertos avances, las profundas contradicciones del régimen, hacen que estemos frente a un Estado irracional y perversamente injusto.	La construcción de un mejor país, pasa necesariamente por la reestructuración del Estado, la adopción de nuevas instituciones (ej. Corte Constitucional, segunda vuelta, reforma del Parlamento y del Órgano Judicial, etc). El esqueleto institucional del país está deforme. Esa deformidad viene causada por la excesiva acumulación de funciones en un órgano del Estado, en detrimento de los demás.	Mientras que los poderes reales juegan a que la democracia formal y procedimental que se vive es suficiente, como mínimo requerido para garantizar un reparto de las funciones sociales; el resto del país comprende que tal sistema es puramente superficial e incoherente, alejado de las necesidades del país en el Siglo XXI.	Ahora, quienes procuramos la construcción de un país socialmente correcto y justo, nos enfrentamos a otros que se oponen a tal progreso. La cooperación social que debe prevalecer en una sociedad justa, equilibrada y eficiente, se ve impedido por estas fuerzas que se niegan al avance social, racionalmente útil y democrático.	Solo rompiendo las cadenas del servilismo y haciendo de la Justicia la idea central del funcionamiento del Estado es que podremos soñar con un mejor país y con aprovechar esta oportunidad. Acercar al ciudadano común a sus instituciones, en procura de justificar la voluntad de convivir en sociedad, es la tarea fundamental del proceso de creación constitucional.	La Nación tiene el derecho imprescriptible de cambiar su Constitución. Una generación no puede secuestrar el futuro de las generaciones venideras. Por tal razón, si el ciudadano es capaz de elegirlo a usted como presidente, también debería ser capaz para responder, en un plebiscito o referéndum, si quiere una nueva constitución.