‘Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.	Por más buena intención que se haya tenido al incorporar esta figura en la Constitución Política en los últimos actos reformatorios de 1972, lo cierto es que el 99% de los casos se han convertido en una herramienta dilatoria para los procesos (consta en el control de estos casos en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia).	Dicho esto, todas las funciones para la salvaguarda de la Constitución Política deben quedar bajo la tutela del Tribunal Constitucional. No es oportuno mantener la figura de los amparos en materia constitucional ante la Corte Suprema de Justicia y llevarlos en apelación ante el Tribunal Constitucional, se está creando un nuevo recurso, una apelación sobre un amparo.	El mecanismo de obtener decisión y firma final de 9 magistrados toma un ribete no muy afortunado en cuanto a la celebridad se refiere. Por eso el proyecto presentado por la Concertación Nacional sería más oportuno sino contempla una apelación sobre amparos, sino directamente sea competencia de un tribunal cuyo reducido número de magistrados (5), en comparación con la Corte Suprema de Justicia (9), permitirá fallos más expeditos.