Un buen servicio de policía al servicio de la comunidad debe cumplir ciertos principios que han sido esbozados en lo que se conoce como los Principios Policiales de Peel, en referencia a Robert Peel, primer ministro británico en la primera mitad del Siglo XIX. En países anglosajones se procura seguir estos principios, repasados aquí:	1) La misión principal por la que existe la policía es prevenir el crimen y el desorden; 2) La habilidad de la policía para realizar sus funciones depende de la aprobación pública de sus acciones; 3) La policía debe asegurarse la cooperación voluntaria del público en la observancia de la ley para ser capaz de mantener su respeto; 4) El grado de colaboración del público disminuye proporcionalmente con la necesidad del uso de la fuerza; 5) La policía consigue y mantiene una opinión pública favorable no satisfaciendo los distintos deseos sino por la demostración constante del servicio a la ley absolutamente imparcial; 6) La policía solo debe usar la fuerza para mantener la ley y el orden cuando sea absolutamente necesario y únicamente cuando el uso de la persuasión, el consejo y la advertencia se haya visto insuficiente; 7) La policía, en todo momento, debe mantener una relación con el público que haga realidad la tradición de que la policía es la ciudadanía y el ciudadano es el policía. Los policías simplemente son miembros de la ciudadanía a los que se les paga para que presten plena dedicación a los deberes que incumben a todos y cada uno de los ciudadanos en aras del bienestar y la coexistencia de la comunidad; 8) La policía debe restringir de forma estricta su actuación a sus funciones concretas sin usurpar nunca los poderes de la judicatura; 9) La prueba de la efectividad de la policía está en la ausencia de crimen y desorden, no en la acción evidente de la policía tratando con la delincuencia.	La clave está en el principio No. 7, que se resume así: la ciudadanía es la policía y la policía es la ciudadanía. En realidad el policía es un ciudadano contratado por la sociedad para ejercer a tiempo completo las funciones que a todo ciudadano competen. Este concepto tiene una consecuencia fundamental: el policía no puede hacer ni más ni menos que lo que puede hacer el ciudadano. El policía no es autoridad, sino el brazo de fuerza a la orden de la autoridad, para hacer cumplir la ley. Esto no lo tienen claro en Panamá ni muchos policías ni muchos ciudadanos, pero debemos entenderlo.	La voluntad de cooperación, elemento crucial de la efectividad de la policía, va en ambas vías. La ciudadanía debe colaborar con la policía, y la policía debe apoyarse en la ciudadanía para el adecuado ejercicio de su función. Esto implica, como lo indican los principios 3 y 4, que la relación entre ciudadano y agente de policía debe ser cordial. Es una relación entre pares, no una de subordinación. El agente de policía no debe actuar con soberbia frente al ciudadano, ni este debe actuar con menosprecio hacia aquel. Esto implica también que la policía no debe incomodar a la ciudadanía para ejercer control ni poder, como ocurre con los nefastos retenes rutinarios que, además, no sirven en lo absoluto para combatir delincuencia y riñen de frente con el principio 9, pues resulta evidente que los retenes no tienen por función disuadir el crimen, sino hacer visible la acción policial.	Por último, la organización de la policía nacional como agencia subordinada al gobierno nacional, en vez de agencias de policía municipales, puede ser un problema. Las agencias de policía, para servir a la ciudadanía, deben dedicar el grueso de su tiempo y esfuerzo a proteger a la comunidad. La nefasta guerra a las drogas desvía recursos hacia persecución de crimen organizado, y desampara al ciudadano frente al hampa común. Este fenómeno tiende a ser exacerbado por la organización de policía como un ente nacional. En los países anglosajones la tendencia es que los servicios de policía sean locales, no organizados como servicios nacionales. La organización de los servicios de policía como entes que responden al gobierno nacional, y no a los gobiernos locales, es sintomática de ese típico fenómeno latinoamericano de hipercentralización disfuncional del poder. Y como en todo lo demás, esa hipercentralización aleja a la policía del ciudadano.