Se trata de 400 familias que vienen trabajando desde hace más de 20 años, 2,000 hectáreas de tierras estatales y que se niegan a salir de las mismas, sobre las cuales alegan tener derechos posesorios en virtud del artículo 153 del Código Agrario: ‘los bienes públicos y privados son susceptibles de posesión agraria'.	Contra el Contrato Ley 36 de 2017 celebrado entre BANAPIÑA, subsidiaria del Grupo del Monte, y el Estado panameño, las familias han interpuesto demandas de inconstitucionalidad, amparos de garantías constitucionles contra los procesos de lanzamiento ordenados por el Juez de Paz y han solicitado medidas de protección al Juzgado Agrario y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.	Este Contrato-Ley, con una duración de 20 años prorrogables, permitiría a BANAPIÑA, invertir más de 100 millones de balboas en los distritos de Barú y Alanje, en la provincia de Chiriquí, y Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, esperando que genere 3,100 puestos de trabajo directos y 12,000 indirectos.	Consideramos que es menester, tal como lo piden estas familias productoras, revisar el contrato y sacar de la concesión, los globos de terreno que las mismas han trabajado por años, amén de revisar cláusulas leoninas como la exoneración de pago de impuestos por 40 años, así como la aplicación de tarifas irrisorias de agua (un balboa por hectárea) lo cual compromete el uso intensivo de las fuentes fluviales del área.	Después de la experiencia con la United Fruit Company (y con su sucesora Chiquita Brands), que se estableció en nuestro suelo en 1896 y se comportaba como un Estado dentro de otro Estado, resulta importante que la Nación, representada por los gobiernos locales, tome conciencia de que hay que satisfacer el interés social por encima de los intereses particulares de una transnacional o de cipayos locales a su servicio.