“Nuestras instituciones de control, sobre todo el Ministerio Público y la Contraloría, en la última década han fracasado estrepitosamente en la guarda del orden jurídico y de la integridad de las finanzas públicas”. Así lo dice de forma categórica, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Arturo Hoyos, en un reciente artículo publicado en La Estrella de Panamá.	“En esta última, las dos reformas constitucionales esenciales de 1994-1995, la eliminación del ejército y el título constitucional sobre el Canal de Panamá, aumentaron los poderes presidenciales con el nombramiento de la Junta Directiva del Canal y de los jefes de la Policía, esto por ley. Ningún otro Órgano del Estado tiene tantos poderes...”, dice Hoyos y agrega que con las reformas que están aprobadas en la Asamblea “refuerzan el presidencialismo: mayor número de magistrados a nombrar, desmiembran el Poder Judicial pues crean un tribunal constitucional que además tiene funciones penales para juzgar a los magistrados de la Corte Suprema...”.	El planteamiento de Hoyos lo comparte María Isabel Domínguez, CPA, MBA y exdirectora de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República. Para Domínguez, en las últimas décadas, la región, incluida Panamá, ha sido consistente en favorecer el hiperpresidencialismo. Los ejemplos sobran y los hay de gobiernos de izquierda, centro y derecha.	En el caso de Panamá, solo en el periodo post invasión, “nuestros mandatarios prometieron un país más equitativo, intolerancia a la corrupción y una nueva constitución. Con todo el poder a su haber incumplieron; hoy somos uno de los diez países más desiguales, no salimos de la mediocridad en el Índice de Percepción de Corrupción y nuestra Constitución sigue siendo, con algunos remiendos, la misma de 1972”, plantea.	Y enfatiza que en el actual debate sobre las reformas constitucionales se centra en temas coyunturales y no estructurales; en instituciones y no en la institucionalidad; en cuánto poder otorgar a cada órgano del Estado y no sobre formas de gobierno de un Estado; sobre un tribunal constitucional y no sobre justicia “y menos aún debatimos sobre control”. Afirma que resulta insólito que el capítulo de la Contraloría General permanezca intocable, cuando el control de las finanzas públicas es piedra angular de un Estado.	Para muchas personas, la invasión de 1989 fue el momento ideal para hacer un nuevo contrato social y en eso también coincide Domínguez. “No repitamos la historia y aprendamos de Chile -sin pasar por la ola destructiva- demos un paso atrás y antes de seguir discutiendo estas reformas, decidamos, colectivamente, si queremos o no una nueva constitución, sobre el mecanismo para producirla y a partir de ahí suscribamos el gran acuerdo nacional que nos permita avanzar”, sostiene, porque aún estamos a tiempo.	Pero no solo Hoyos y Domínguez coinciden en que el hiperpresidencialismo es una de las causas de los males de América Latina. Agustín Squella es un abogado y filósofo chileno, quien expone que el gran problema de su país y de una gran mayoría de Latinoamérica es producto del “presidencialismo monárquico que tenemos, que no da para más”.	Y a través de una columna titulada '¿Qué nos pasó?', publicada en la revista digital Nuevo Poder, Squella sostiene que entre las cosas que provocaron la debacle chilena está el que los grandes patrimonios y hasta sociedades de profesionales de altos ingresos contrataron legiones de abogados y contadores que les ayudaran a evadir o eludir el pago de impuestos y que algunas universidades ofrecieran programas de posgrado con ese mismo fin. “Nos pasó que algunos, no contentos con eso, sacaron mucho dinero fuera del país hacia paraísos fiscales que les garantizaran el secreto y la deseada exención tributaria, no obstante que la riqueza que sacaban había sido producida aquí, en Chile, con la colaboración de trabajadores chilenos y de instituciones e infraestructura también nacional”.	Que la mayor parte de la satisfecha cúspide política, económica e intelectual no percibió que venía incubándose un malestar que podría transformarse en indignación y esta en violencia. “Nos pasó que esas élites, cuando lograban ver algún malestar, lo atribuyeron solo a una crisis de expectativas, o sea, se lo interpretó como una mera incomodidad propia de una sociedad que había alcanzado metas importantes y que lo que ahora pedía era solo más de lo que ya había alcanzado”.	Lo que plantea Squella es exactamente un calco en Panamá. La diferencia es que aún aquí no ha estallado como ya estalló Chile. ¿Podrá el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, analizar y mirar con luces largas estas advertencias de Hoyos, Domínguez y Squella y evitar el estallido de Chile? ¡El balón está en su campo!