La fiscalía Especial Anticorrupción, representada por la fiscal Tania Sterling, alcanzó un acuerdo de pena con Cort a finales de noviembre de 2018. El Ministerio Público, según consta en un documento al que tuvo acceso este diario, convenía que no presentaría cargos distintos a los de la imputación en cuestión, ni derivados de la misma.	A finales de junio de este año, Cort fue detenido de manera preventiva por el supuesto pago de comisiones, a través de la misma sociedad anónima, para la adjudicación del proyecto Corredor Vía Brasil. Por lo que la defensa del abogado alega que el Ministerio Público incumple el acuerdo de pena al que se había comprometido con el acusado, tal como ocurrió con el empresario Raúl de Saint Malo, quien se declaró culpable de delitos de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht para optar por reemplazar la pena de prisión de 60 meses por trabajo comunitario.	Cort mantenía un contrato de trabajo con la empresa española a través de la sociedad Arados del Plata S.A. Las gestiones permitieron que la empresa se adjudicara obras del Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas ($142 millones), de la sede del Tribunal Electoral ($31 millones) y la rehabilitación del Puente Centenario ($29 millones) en el mismo periodo.	A la empresa española, además, se le adjudicó la Ciudad Hospitalaria ($517 millones) en octubre de 2011. Y, en asociación con la constructora brasileña Odebrecht, se encargó de construir las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ($4,000 millones) en los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.	Información a la que ha tenido acceso este diario indica que un representante de la empresa FCC se conoció con el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, el expresidente Ricardo Martinelli y el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela en Santo Domingo, República Dominicana, en una reunión en la casa de un empresario, semanas o posiblemente meses antes de que ganaran las elecciones en alianza. Era una reunión sencilla donde la constructora hizo gala de su presencia en Panamá, en la que también participaron otras empresas del sector hotelero.	La Estrella de Panamá conoció que la empresa intentaría alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades panameñas en las próximas semanas. La información que trascendió al medio es que las autoridades judiciales barajan aplicarle una multa de $20 millones a la empresa que ha contratado obras por más de mil millones.	La Estrella de Panamá intento, sin éxito, contactar a la abogada Marjorie Wells de Mejía, quien estaría representando a la empresa española en el proceso, para conocer su postura del tema. En dos ocasiones, este medio se comunicó con el bufete donde labora la abogada, se dejó mensajes indicando la intención de conocer una postura, pero al cierre de la edición no se recibió una respuesta.	Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, destacó que los acuerdos de pena y de colaboración eficaz son objeto de críticas ciudadanas por la poca comunicación que existe sobre los temas que son negociados. “Vale la pena revisar la legislación que regula los acuerdos para que sea adecuada y se permita la publicidad de los mismos”, señaló el presidente del gremio de juristas.