Imaginemos el beneficio para la salud de la población, si el acceso a las medicinas que los panameños necesitamos estuviera garantizado por la mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios. Asegurada esta, a su vez, por un adecuado conocimiento sobre los precios reales de los de productos sanitarios, las patentes farmacéuticas, los resultados de los ensayos clínicos y todos los factores determinantes de la fijación de precios a lo largo de la cadena de valor que va del laboratorio al paciente.	Y es que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para que todos gocemos del grado máximo de salud que se pueda lograr. Pero ese no ha sido el caso en nuestro país, pues no todos los panameños se han beneficiado en igual medida del mejoramiento de la prestación de servicios de atención de salud ni de los tratamientos eficaces y de bajo costo con medicamentos esenciales. La falta de acceso a los medicamentos sigue siendo uno de los problemas más graves de la salud pública panameña.	Para ayudarles a tomar decisiones mejor fundamentadas a la hora de comprar productos sanitarios, y negociar precios más convenientes para asegurar la disponibilidad de medicamentos en el país, en todo momento, en las formas y cantidades necesarias, el nuevo Gobierno contará con suficientes fortalezas y oportunidades, veamos las que considero más importantes.	Contamos con el sólido (pero muchas veces incumplido) marco legal que establece la Ley 1 de 10 de enero de 2001. ‘Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana'. Esta Ley regula el manejo en general de la fabricación, importación, adquisición, distribución, comercialización, información y publicidad, el registro sanitario y control de calidad, de medicamentos… y cualquier otro producto relacionado con la salud de los seres humanos, que exista o que pueda existir. Toca fortalecer la capacidad de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa para velar por el efectivo cumplimiento de la Ley.	No menos importante es que poseemos los recursos financieros para comprar los medicamentos que necesita nuestra población. Solo en los últimos cinco años, el sector público de salud, de acuerdo con la información oficial de la CSS y el Minsa, han tenido a su disposición la nada despreciable suma de 1570 millones de balboas.	Si dividimos esos 1570 millones de balboas (restándole el porcentaje que se nos ocurra para gastos administrativos) entre los 4 millones de habitantes estimados por el INEC para 2017, la suma resultante representa una extraordinaria disponibilidad de millones de balboas anuales para cada uno de los ciudadanos. A pesar de ello, se estima que, en el mismo período, producto del desabastecimiento público y los elevados precios de los medicamentos en las farmacias privadas, la población habría gastado de su bolsillo alrededor de 400 millones de balboas para comprar las medicinas que el Estado debió brindarle.	Como si lo anterior no fuera suficiente, contamos, por lo menos, con tres posibilidades de apoyo internacional para la compra de los medicamentos: el Fondo Estratégico de la OPS, mecanismo solidario de compras conjuntas de medicamentos esenciales y suministros de salud estratégicos. Los productos adquiridos a través del Fondo cumplen con estándares internacionales de seguridad, son eficaces y de calidad. Además, sus precios son más competitivos, debido a la consolidación de la demanda de los países y las compras a través de economías de escala; por su parte la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Unops, está en condiciones de ayudarnos a lograr que las adquisiciones públicas sean más eficientes gracias a métodos transparentes y efectivos y; la posibilidad de negociación y compra conjunta a través del Comisca. Este mecanismo ha contribuido claramente a garantizar la transparencia de los mercados de medicamentos centroamericanos, logrando un ahorro cercano al 30 % de los precios, si no se hubiera negociado conjuntamente.