A las 12:00 minutos del 20 de diciembre del último año de la década de los 80, las fuerzas norteamericanas, hasta el momento limitadas al territorio de la franja canalera, se desplegaron hacia varios puntos de la ciudad, mientras que componentes de más de 5 fuertes militares de los Estados Unidos arribaban al país en aviones y helicópteros de última generación, así como en embarcaciones que rápidamente tomaron posiciones estratégicas en todo el territorio istmeño.	En cuestión de minutos, una fuerza compuesta por más de 26 mil soldados pertenecientes a las fuerzas élite de comandos navales, del ejército y de la 82va División de Aerotransportada, cayeron sobre Panamá en la famosa operación conocida como “Causa Justa” y que inició una efímera confrontación bélica que pasaría a la historia como “la invasión”.	Han transcurrido 30 años de aquel trágico episodio que transformó la vida del país, cambió el curso de la historia y dejó apreciaciones encontradas sobre su legitimidad basada en los objetivos expuestos por el gobierno norteamericano y los líderes políticos que adversaban al dictador Manuel Antonio Noriega, depuesto en la acción. Las diferencias radican en el alto precio que tuvo que pagarse y que se traduce en una alta cifra de civiles afectados.	Sin duda fue una operación muy bien planificada, no solo en el aspecto militar, también lo fue en lo comunicacional y en las densas gestiones diplomáticas que buscaban legitimarla. La clásica receta de crear una matriz de opinión favorable a la invasión se había cumplido en una buena proporción y los controles de la prensa y medios audiovisuales surtieron el efecto esperado.	El ataque fue certero, direccionado a objetivos militares panameños para neutralizar una esperada reacción. El bombardeo fue implacable y permitió el rápido control del país, a pesar de que las fuerzas nacionales opusieron resistencia en algunos cuarteles y los enfrentamientos se prolongaron hasta altas horas de la tarde. No obstante, se habla de una fuerza militar panameña de apenas 12 mil efectivos y con un discreto equipamiento técnico y logístico que poco podría hacer ante el poderío mostrado por los norteños.	Hoy las heridas siguen abiertas. Las percepciones que se desplegaron en aquel momento histórico, claramente manipuladas en su mayoría por estrategas norteamericanos, donde el pueblo panameño aplaudía la intervención, se fueron desvaneciendo a medida que retornaba la calma. Hay versiones encontradas sobre el procedimiento, sobre el exacerbado uso de la fuerza para detener a un solo hombre y, principalmente, sobre los informes de víctimas civiles y militares producto de la operación.	Las cifras oficiales hablan de que en la invasión murieron 300 militares panameños y 214 civiles, mientras que las bajas norteamericanas se ubicaron en un total de 23 soldados, con el adicional de más de 200 heridos. Las organizaciones civiles que se crearon para buscar la verdad y encontrar a los desaparecidos, hablan de más de 4 mil personas fallecidas por el lado panameño.	El debate sobre la operación “Causa Justa” no cesa. Familiares de los desaparecidos no cesan en sus presiones para que se investigue y en consecuencia se sancione a los responsables de la muerte de civiles aquella madrugada. Familiares de soldados panameños muertos en la acción llevan su vida adelante, con el pesar siempre oculto de haber visto a sus hijos crecer sin su padre y con la incertidumbre de que ese desenlace haya valido la pena.	Por su parte, el dictador Manuel Antonio Noriega, quien se entregó a las autoridades militares norteamericanas luego de 15 días eludiendo una inminente captura, cumplió condenas de prisión en Estados Unidos y Francia y 22 años después regresó a Panamá para cumplir la condena de prisión por más de 60 años dictada en ausencia.	En el año 2015 Noriega, durante una entrevista televisiva, pidió perdón a los panameños por sus acciones; en enero del 2017 recibió el beneficio de prisión domiciliaria; y el 29 de mayo de ese mismo año muere tras casi dos meses de agonía luego de una operación por un tumor cerebral.