El organismo cita el informe de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea, que se derivó de una investigación realizada por dicha comisión por denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en la Defensoría, y que a la postre terminaron con la solicitud al Pleno para remover al Defensor.	“Las afectaciones a la independencia de las Defensorías del Pueblo pueden resultar en consecuencias negativas para la promoción y defensa de los derechos humanos así como para el fortalecimiento de la democracia”, señaló la Comisionada Flávia Piovesan, Relatora para Panamá. “El Estado de Panamá debe asegurar la independencia de este organismo y garantizar que los procesos de destitución cuenten con las debidas garantías”, añadió.