Toda competencia electoral es una disputa de poder, por el poder, y al igual que las anteriores, ésta no escapa a esa consideración. Sin embargo, son las singularidades las que las hace analíticamente relevantes. Una contienda electoral es fuente de aprendizaje de la política, ámbito de los aparatos de poder, gobierno y partidos; y también de lo político, del ciudadano que se desarrolla en necesidades, de las nuevas demandas y derechos, de los movimiento sociales. Pero qué enseña la última contienda electoral.	En un orden político de naturaleza vertical como el presidencialista, los aparatos de poder tienden a capturar y anular todo lo que produce conflicto en la relación gobernantes-gobernados; a su vez, procesan de manera selectiva —cuando procesan—, las nuevas expresiones culturales y sociales que se producen de manera incesante en el campo de lo político, el campo de la ciudadanía.	Lo anterior genera un desfase entre la emergencia de nuevos derechos, intereses y necesidades en el ámbito ciudadano de lo político; y de la capacidad que tienen las estructuras institucionales del poder, de procesar y de instituir tanto normativa como ‘materialmente' esas demandas, en el ámbito de la política. Esa es la clave de la cuestión política de fondo: el desfase es la crisis.	El debate constitucional y político se centra en la fuerte asociación que existe entre instituciones de gobierno y desempeño político. La voluntad política ciudadana está orientada a producir modificaciones en el sistema presidencialista para alterar el régimen político o forma de gobierno. La hipótesis en desarrollo reside que en Panamá, la modalidad del sistema político es responsable de la crisis institucional. Con todo, no es ajena a la crisis la escasa o nula voluntad política del poder; como también, la presión de un contexto socioeconómico caracterizado por profundas desigualdades sociales y regionales.	Esto significa que el deficiente rendimiento político de las instituciones —estructuradas normativamente para la gestión política del desarrollo nacional— descansa en una arquitectura institucional de baja calidad, orientada a la corrupción e incapaz de adaptar políticas de estado a los desafíos de un crecimiento y desarrollo socioeconómico con derechos humanos, inclusión social y participación política. En definitiva, la realización de los valores sustantivos de la democracia depende del encuadre institucional, de una estructura procedimental acorde a esa necesidad.	Es en el encuadre del régimen político presidencialista donde se presenta de manera problemática la incapacidad casi estructural del sistema de partidos —como articulación e interacción de partidos políticos—, de servir de plataformas de representación y de participación de la ciudadanía. El bipartidismo PRD-PPanameñista que caracterizó la matriz básica de ese sistema postinvasión, fue resquebrajada en el 2009 con la emergencia de una propuesta política que saliendo de la matriz misma, movió el sistema a una articulación de tres (PRD, PP, CD). Paradójicamente con ello se profundizó la crisis de representación, ya que el multipartidismo emergente fortaleció el dominio de la estructura burocrática de una partidocracia organizada desde el poder Ejecutivo, centralismo presidencialista que propició, a su vez, la degradación de los alineamientos políticos, al fomentar el transfuguismo en la correlación de fuerzas representadas en la Asamblea Nacional en el período 2009-2014.	En el 2014, el padrón electoral estaba constituido por casi 2.5 millones de electores, teniendo esas elecciones del 4 de mayo una participación cercana al 75%. La alianza ganadora ‘El pueblo primero' del candidato J.C.Varela, obtuvo la victoria electoral con un 39.1%. Cinco años atrás (2009) R. Martinelli y el CD obtuvieron su victoria, con casi el 60% de los votos. Sin embargo, en el 2014 y a 25 años de la invasión, el actor principal de la crisis ya era el presidencialismo panameño como régimen de gobierno.	Pocos vieron la crisis que escalaba en profundidad, donde el descrédito político que bordeaba la ilegitimidad, mostraba desde la ineficiencia institucional, su directiva fundamental: la necesidad de conjurar las crisis sociales a través de la intermediación política de la Asamblea Nacional, desarrollando un sistema organizado de corrupción (planillas) orientado a la cooptación de asociaciones y ciudadanos. Ello en realidad garantizaba una precaria integración social, y una frágil estabilidad política.	La atmósfera de corrupción del quinquenio anterior se extendía a la nueva Asamblea, resultado de una masiva corrupción en las elecciones a diputados que alcanzaba a los gobiernos locales. Con todo, en el quinquenio 2014-2019, se continuó descociendo el ropaje institucional y se mostró con la separación de dos magistrados de la Corte Suprema, que no había límites en la degradación política. Acción quirúrgica de destitución tendiente a hacer cambios para que las cosas permanecieran igual.	Los partidos políticos y el sistema que los articula, puso en evidencia en su quehacer legislativo, la naturaleza de dichas expresiones organizativas. Plataformas de un poder burocrático orientadas electoralmente a la clientela política, forjadoras de acuerdos interpartidarios a base de prebendas y responsables de la degradación del espacio público político. Esto caracteriza la realidad política partidista de país, como un espacio ausente de ideologías programáticas y de partidos políticos carentes de identidades sociales y políticas (clivajes).	Solo una mirada distraída puede caracterizar al candidato ganador de centro izquierda y por extensión definir un espectro político ideológico de distancias ideológicas. Este país no las tiene. No obstante, la propuesta electoral ‘uniendo fuerzas' ganó con un 33.1%, de un padrón electoral de cerca de 2.7 millones y con una participación electoral del 73% aprox. De este evento surge una bancada oficialista —PRD (35)-Molirena (5)— de 40 diputados. A nivel de los 81 gobiernos locales, la alianza oficialista se alza con —PRD (40)- Molirena (3)— más de la mitad de las alcaldías.	En este espacio político institucional con una correlación de fuerzas casi aplastante, se abren dos escenarios: una de naturaleza legitimista, donde el poder presidencial se justifica por el objetivo ético-político democrático de abrir espacios a la participación y a la consulta ciudadana, dando lugar a transformaciones institucionales de naturaleza constitucional; o por el realismo político que permite que el poder se autolegitime, por su condición de poder legalmente constituido en un régimen democrático presidencialista de mayoría. Aquí el voto mayoritario es la única fuente de legalidad y legitimidad del gobierno.	Ahora bien, las candidaturas de libre postulación como reacción a la corrupción inherente al burocrático sistema de partidos, alcanzaron el 25% del voto del electorado. En el 2014 apenas llegó al 1%. De alguna manera fue expresión de su capacidad asociativa y del hartazgo que ya provocaba en sectores de la sociedad civil el actuar —sin límites institucionales—, de políticos y de sus estructuras burocráticas. La campaña a la ‘no reelección' y sus frutos es también el resultado de ese hartazgo.	Con todo lo experimentado, en un esquema suma-cero, el poder político solo desacumula en relación a una mayor intensidad en la condición ciudadana, cuando hay una relación de fuerzas favorables que se exprese en un programa claro de transformaciones constitucionales. Sin embargo, debe quedar claro que, el tamaño del voto no mide el tamaño del poder presidencial. Es el verticalismo institucional el que mueve la acumulación de poder hacia arriba, y es esa realidad la que favorece la lógica de acumulación del sistema político en la dirección del poder presidencial.	No obstante lo anterior, será responsabilidad de las fuerzas populares organizadas de la sociedad civil propiciar nuevas formas de participación, que renueve la legitimidad presidencial e institucional a través de la exigencia de la rendición de cuentas y de la revocatoria de mandato en instancias legislativas y comunitarias, con tal de empoderar al soberano con instrumentos reales de afirmación ciudadana.	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