El gobierno de Laurentino Cortizo se centró en sanear las finanzas públicas. El hueco financiero, que se pensaba era de $2 mil millones, se profundizó al punto que el gobierno tuvo que emitir $1,300 millones más en bonos para cumplir compromisos de deuda que se vencen en enero de 2020. Este monto se empleará en un 98% para este propósito. Aunado a esto, es preocupante que las recaudaciones fiscales no se proyectaran como se había estimado en la administración pasada. Es decir, Jorge Almengor, ministro encargado del Ministerio de Economía y Finanzas, considera que a pesar de la amnistía fiscal otorgada hasta febrero próximo con la que se pretenden recaudar de $150 a $200 millones, no serán suficientes según se tenía proyectado en el presupuesto. En medio de este escenario, el gobierno pretende hacer esfuerzos para salir de las listas grises. Almengor se sentó en El Polígrafo y explica cuáles son los planes para reactivar la economía del país, para sacar a Panamá de las listas grises del Grupo de Acción Financiera (Gafilat), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea.	Tenemos que entender que la ejecución del Estado se basa en un presupuesto anual, este presupuesto que lo propone el MEF, y debe ser aprobado por al Asamblea Nacional, al final del camino la Ley de responsabilidad fiscal y de presupuesto, permiten esos traslados de partidas y de movimiento dentro del presupuesto en función de lo que la administración considera prioritario en inversión y gasto público. No es solamente la contabilidad pública, que es muy importante y se debe llevar un registro de los egresos y prioridades.	Lamentablemente tuvimos prioridades invertidas en la administración pasada. Hemos ido tratando de identificar los proyectos que más impacto van a tener no solo en cuanto al aspecto social sino regional. El foco dentro este quinquenio va a ir dirigido al desarrollo nacional a través de salud, educación, mucho impacto en el agro, y con una disciplina fiscal cónsona con el presupuesto.	La ley de modificación a la ley de responsabilidad fiscal ya fue aprobada y sancionada por el Ejecutivo, y básicamente revisó el déficit para los próximos cuatro años. Este año estaríamos cerrando el déficit en 3.5% en relación al PIB, el próximo año estaremos cerrando en 2.75%, en 2021 debería ser 2.5% y a partir del siguiente año 2022 es un déficit del 2%. Lo importante de este tema es entender que el déficit tuvo que ser modificado por efecto de las obligaciones que no se habían contabilizado anteriormente. Ahora estamos buscando reducir el déficit para no depender de la deuda.	Lo que te puedo decir es que hace un año se revisó por última vez la ley del 2% y creo que había que ser suficientemente responsable para aceptar que era un poco más. Lamentablemente no se dio y nosotros tomamos la responsabilidad y así mismo lo ha entendido la sociedad panameña, la banca internacional, e incluso los organismos multilaterales; han aceptado la proyección de disciplina fiscal que el ministro Alexander ha presentado, y en definitiva vamos a cumplir. Solamente me gustaría ahondar en que para el 2020 hemos reducido el gasto de operación del Estado a 55% para el próximo presupuesto nacional, el resto, es decir 45% de esos 23,300 millones, se va a orientar a inversiones y amortización de deuda.	Con el programa austeridad con eficiencia se redujo para este año en presupuesto aproximadamente 1,485 millones en ejecución que principalmente era orientado a gastos de operaciones. Para el próximo año, como ya teníamos el presupuesto aprobado por el gobierno anterior, logramos hacer revisiones y orientamos de manera real la eficiencia y las prioridades, logramos reducir al menos en $550 millones de lo que se tenía estimado para el próximo año.	Bueno el Estado está líquido, con los 1,300 millones que acabamos de emitir es parte del prefondeo para el próximo año, incluso en los últimos meses del año el Estado recibe un monto importante de pago de impuestos por un lado y por otro los aportes del Canal. En la primera parte se aprobó una ley en la Asamblea de amnistía para los contribuyentes que estaban atrasados en sus pagos hasta el 29 de febrero de 2020.	Estamos siendo bastante conservadores porque parte del plan de ajuste, una de las premisas es que la proyección de ingresos corrientes no era real. Esa proyección impacta en la planificación del presupuesto porque debes planificar lo que vas a gastar y lo que vamos a recibir prácticamente es un 20% menos de lo proyectado. Parte principal del tema es el fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos y agilizar los trámites digitales para que los contribuyentes puedan tener un acceso más eficiente.	Hay una gran deuda ante la DGI, los impuestos morosos son bastante altos. Con el plan de amnistía lo que queremos lograr es que se pongan al día en sus obligaciones. En cuanto al tema de las empresas, debo conversar con el director porque las estimaciones nos indican que debemos de recaudar entre $150 a $200 millones con la amnistía anunciada.	Es una preocupación real, hay una expectativa alta de los empresarios y panameños comunes que hacen su esfuerzo para ir a trabajar todos los días. Te puedo comentar que para el gobierno es fundamental la reactivación de la economía y uno de los aspectos importantes es poner la casa en orden y hacer frente a obligaciones que impactan diferentes sectores de la economía nacional. Por otra parte, hemos adelantado algunas iniciativas importantes, por ejemplo, en el caso de la Ley de interés preferencial que se amplió el espectro de las viviendas que pueden aplicar a este tipo de beneficios llevándola a un umbral hasta de $180 mil. El objetivo de esto es reactivar el sector de la construcción y el sector inmobiliario y que los panameños puedan acceder a este tipo de viviendas.	En eso estamos. Hay lineamientos sobre los objetivos en esta materia. Apoyamos el fondo de promoción turística con $10 millones para realizar diferentes actividades orientadas al turismo. Hemos visto en el turismo una ganancia inmediata porque a través del turismo podemos ampliar la mano de obra ociosa, no solo en el área urbana.	Es un tema de amplia discusión porque es transversal, toca a diferentes sectores e instituciones del país. El ministro, Héctor Alexander, efectuó un viaje a París, Francia, para conversar con los representantes de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) para presentar los avances del plan de acción que alcanzamos para cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera, y que impactar en los resultados de la OCDE desde el punto de vista de cumplimiento. Hemos adelantado varias iniciativas legislativas para poder lograr un avance significativo en estos aspectos, que han sido consensuadas con el principal sector que es de los abogados. En esa medida tenemos un plan bien definido para cumplir con los requerimientos que al final van a elevar los estándares de Panamá como una jurisdicción atractiva para la inversión y para captar mejores capitales e inversiones.	Hay dos aspectos importantes, es verdad que también es elevar la efectividad de los aspectos de cumplimiento y que esas medidas tengan efectividad en el mercado. Hay un tema puntual que es el de evasión fiscal que no fue penalizada como un delito hasta febrero de 2019, es decir, desde ese momento hasta la revisión del Gafi en este año, no logramos mostrar efectividad desde un punto de vista de cumplimiento. Entonces tuvimos que revisar la Ley para modificarla en el sentido de que la evasión fiscal que debe pasar los $300,000 en cada vigencia, se dé una eximente de responsabilidad en un solo caso. Lo que se permitía antes era que cualquier panameño, objeto de una investigación de un alcance de la DGI y luego de una investigación penal del Ministerio Público, pudiera tener una cantidad ilimitada de veces una multa para liberarse de la cárcel. Eso se cambió a una sola oportunidad.	Nosotros ya solo tenemos por cumplir tres resultados inmediatos: los datos de intercambio de información, reconocimiento adecuado y en tiempo oportuno de los registros contables y beneficiarios últimos de las estructuras jurídicas y a la efectividad de la implementación. Esas son las tres que quedan y una vez que logremos completarlas lo más probable es que solicitaremos una nueva revisión para poder salir de las listas.	Fui parte de la revisión que se hace dos veces al año a través de Gafilat en septiembre que se hizo el cara a cara, en enero hay otra, para mostrar los avances. Nosotros transmitimos desde el punto de vista político y técnico el compromiso al más alto nivel en función de que no solo vamos a cumplir con el plan de acción de Gafi sino que estamos viendo de manera transversal el impacto de los requerimientos de Gafi, de la OCDE, y el impacto de algunos requerimientos de la Unión Europea. Algunos se interconectan también. Te puedo comentar que una vez por semana tenemos una reunión con el presidente, el vicepresidente, y estamentos del órgano judicial, legislativo y el Ministerio Público en el que cada uno aporta los elementos del plan de acción para avanzar en estas listas. Ahora estamos trabajando en la actualización de la evaluación nacional de riesgos que implica un análisis multisectorial, porque algunos de ellos son supervisados por la intendencia de sujetos no financieros regulados, y por otro lado, también tenemos a la Unidad de Análisis Financiero en donde se le da un seguimiento de cerca al tema de blanqueo de capitales. Bajo esa perspectiva se debe completar en las próximas semanas y otra que está en segundo debate en la Asamblea Nacional es elevar de intendencia a una superintendencia de sujetos no financieros. También se van a presentar en la Asamblea dos iniciativas, la primera es el registro único de beneficiarios últimos de las personerías jurídicas, que ya existe en otras jurisdicciones en la que lo importante es garantizar la seguridad de la información, la integridad y asegurarnos de que una vez que tengamos solicitudes podamos alcanzar de manera eficiente y oportuna la información que debemos transmitir a otras jurisdicciones. Eso no era eficiente porque la ley actualmente exigía que un agente residente tuviera el conocimiento. Que tuviera que transmitirlo en tiempo oportuno, pasaba mucho que simplemente en algunos casos, los clientes o los beneficiarios reales o no compartían la información, o les era difícil a los profesionales panameños alcanzar esa información para poder alcanzar el objetivo de cumplimiento. Entonces había una situación en la que los profesionales panameños iban a quedar sujetos de sanciones.	Nosotros hemos cambiado la perspectiva porque se va a transmitir el mensaje de que los sujetos obligados o quienes están sujetos activos de intercambio o investigaciones de este tipo son la última instancia quienes están bajo investigación, no son los abogados per se. Los abogados brindan el servicio, pero no son ellos los encargados o responsables de utilizar la estructura de manera adecuada y contar con los registros contables. Sin embargo sí hay una obligación de debida diligencia para que estos abogados se aseguren de obtener la mayor cantidad de información para saber a qué se están dedicando esos clientes. Eso es una parte básica de la debida diligencia y de prever una mala utilización.	El objetivo, según el plan de ejecución, es que para final del próximo año estaremos solicitando una revisión de Gafilat y una vez que ellos realicen esa revisión de Gafilat nosotros vamos a poder proponer un caso para salir de la lista. Eso va a ser casi todo el 2020 dedicado a este tema. Lo otro que es importante mencionar es el anteproyecto de los registros contables, que como se propuso y se aprobó la Ley actualmente, los agentes residentes solo tienen que tener conocimiento de en qué lugar en el mundo se encuentra ubicada la información contable de las sociedades, es decir, el patrimonio. El problema que creó esa ley, es que cuando había solicitudes de intercambio de información y llegaba el requerimiento a los agentes residentes, éstos solo podían certificar que se encontraba en tal lugar pero no tenían un acceso inmediato a la información, que es lo que requieren estos estándares, saber el alcance de los beneficiarios últimos y del registro contable.	Nosotros prevemos que en primera instancia limpiará de manera eficiente algunas sociedades no operativas que están registradas en el Registro Público. Algunas ni siquiera pagan impuestos, por lo que es importante sanear el listado y hacer negocios con sociedades que debidamente cumplen con los requerimientos desde un punto de vista regulatorio y el pago de impuestos.	Eso impacta en las necesidades de OCDE y nosotros lo estamos viendo en base a esas necesidades. Ahora, más allá de lograr estos impactos, nosotros también tenemos que mostrar que somos una jurisdicción atractiva no solo para la comunidad internacional, sino también para nuestros profesionales locales. Nosotros en paralelo estamos explorando iniciativas legislativas que establezcan nuevas instituciones jurídicas, nuevos tipos de negocios y nuevas tecnologías. Todo esto atractivo desde un punto de vista de cumplimiento pero que permita el país oxigenar las inversiones.	El plan es la reactivación económica lo más rápido posible y mantener diferentes aspectos de generación económica a través de nuevas capacidades. Es decir, nos gustaría afrontar del sector primario, pero también tenemos que afrontar el sector secundario que es la agro industria para poder dar al producto un valor agregado al ser exportado.	El primer paso fue ordenar la casa desde que llegamos. Eso parte de una disciplina fiscal. El ministro Héctor Alexander ha sido muy puntual en este tema del déficit fiscal porque por un lado nos limita la capacidad de gasto en función del PIB, sino que también nos limita en la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno. Mientras que Alexander estuvo como ministro (2008-2009) la ley fue cumplida, y lamentablemente en los últimos 10 años no ha habido un comportamiento acertado de la ley porque tuvo que solicitar dispensas para lograr los objetivos. Es importante recalcar que en la administración de finanzas públicas, el primer objetivo es ahorrar o hacer eficiente el gasto, para depender menos de la deuda.	director independiente de la Junta Directiva de Tag Bank, S.A. Graduado en la Universidad Santa María La Antigua de Derecho bancario, Derecho Mercantil I, II, III y IV, Derecho Comercial, Derecho de Seguros, Derecho Internacional Privado, Teoría Económica y Práctica Financiera. Miembro de la división de Servicios de Valores y Fondos de Citi Bank para la Región del Caribe y América Central.