Vivimos los panameños en un estado de inseguridad y miedo permanente y sin precedentes. Los ciudadanos trabajadores y honestos somos las víctimas de un sistema donde no existe la justicia que garantice la seguridad y el bienestar, una policía que tiene las armas secuestradas para el uso de los intereses del Estado y un Gobierno sin la capacidad necesaria para protegernos, obligándonos a vivir encerrados tras las rejas de nuestras casas para evitar ser víctimas de los delincuentes.	Conforme a las leyes, los ciudadanos no pueden portar armas de defensa sin los permisos que así lo autoricen, delegándole a la policía el uso exclusivo de las armas de fuego, para supuestamente garantizarle a la sociedad la seguridad y tranquilidad para vivir sin miedo a perder su vida, bienes y honra. Sin embargo, la situación actual está muy lejos de la intención que manda nuestra Carta Magna, según el artículo 17 de las garantías fundamentales. ¿Qué nos puede quedar ante esta situación de postración e indefensión?	Todos los que vivimos en esta sociedad tenemos el derecho a defender nuestras vidas, familia, honra y las propiedades. Para esto es necesario que podamos tener armas de defensa, debidamente reglamentadas y autorizadas por el Estado. Sin embargo, los mismos policías que no nos protegen y tienen secuestradas las armas, son los que reglamentan el uso de las armas y mediante procesos burocráticos con requisitos absurdos, costosos y tediosos, logran que los ciudadanos no puedan cumplir con los trámites y opten por desistir de los largos e indignos procesos, haciendo del sistema de la reglamentación un método selectivo para que solo tengan las armas los que a los policías les convenga.	El derecho a la defensa es un derecho inalienable e inviolable de todo ser humano, como parte de su dignidad y libertad. Debemos tener el derecho a portar un arma de defensa y poder adquirirla libremente para defendernos de quienes nos intenten agredir, violar o robar, sin que esto sea un mecanismo restringido y exclusivo del Estado. Si cada ciudadano, hombre o mujer, pudiera portar y usar, en caso de agresión, un arma de fuego, la situación de la seguridad social sería muy distinta y las estadísticas de la violencia cambiarían drásticamente, porque los maleantes se sentirían aprensivos a hacer sus fechorías por miedo a que los papeles se invirtieran, convirtiéndolos en víctimas en vez de victimarios.	Se debe permitir la comercialización legal de la venta de armas defensivas, al igual que portarlas públicamente, para darles equidad a las víctimas con los victimarios que lo hacen, pero de forma impune e ilegal. Esta es la única alternativa que nos queda, ante la evidente incapacidad que tienen la Policía Nacional y Municipal para hacer cumplir la obligación que tiene el Gobierno de defendernos y protegernos.	Para hacer efectiva esta medida de forma inmediata y revertir la situación, es necesario cambiar, mediante una ley o decreto ejecutivo, la vigencia de los permisos expirados de portar armas que, por las razones antes expuesta, los ciudadanos no han podido renovar. Así todos los que tienen armas defensivas tendrían de inmediato la posibilidad de portarlas, devolviéndole a los ciudadanos la capacidad de fuego defensivo en contra de los ladrones, saqueadores, drogadictos, violadores y secuestradores locales y extranjeros que pululan libres en nuestras calles, causando el terror y dolor que le infringen a nuestra sociedad, logrando así cambiar la situación de indefensión en que estamos postrados.	Para lograr esto es necesario que la iniciativa la tome un grupo de diputados serios e interesados y gestionen una propuesta legislativa para darle a los ciudadanos el derecho a defenderse mediante un cambio constitucional y leyes que les permitan a los hombres y mujeres tener y portar armas de fuego defensivas para acabar de una vez por todas con la situación de terror y miedo en que han caído nuestras comunidades, sacando de las calles a tiros a los maleantes que han secuestrado nuestra tranquilidad social.