Cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de México en 2006, la tasa de homicidios era de aproximadamente 10 por cada 100 000 habitantes, similar a la tasa que en promedio ha mantenido Panamá durante los últimos 30 años. Pero Calderón aplicó una política de mano dura contra los carteles de la droga, que incluyó militarizar la llamada guerra a las drogas. Al dejar Calderón el poder en 2012, la tasa de homicidios en México se había más que duplicado a 22/100k Hab. El año pasado, 2018, cerró con una tasa de 29/100k Hab. Y aun estas cifras no muestran la gravedad del problema, ya que la actividad violenta no está distribuida de forma homogénea en todo México, sino que se concentra en determinadas zonas. Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Ciudad Victoria e Irapuato tienen tasas de homicidio mayores de 80/100k Hab. Las cinco ciudades mencionadas están entre las seis más violentas del mundo.	Ciudad Juárez tuvo en el año 2007 unos 400 homicidios. El año 2009 ingresa el ejército y la cantidad de homicidios se desplomó, pero al año siguiente, 2010, hubo 3500 homicidios. La paradoja es solo aparente. El que a mayor uso de la fuerza estatal para combatir el narcotráfico, se registre más violencia, más asesinatos y otros crímenes violentos horrendos, no es “a pesar de”, sino justamente como consecuencia de. La mayor represión para hacer valer una prohibición tiende a generar más violencia. Este fenómeno se observó claramente en los Estados Unidos de América durante la Era de la Prohibición, cuando entre 1920 y 1933 se prohibió la fabricación y venta de bebidas alcohólicas.	Por supuesto, el grado de represión estatal de una actividad ilícita no es el único factor de la violencia delictiva. Pero es uno muy importante. La prohibición no elimina la demanda ni la oferta de vicios. La prostitución ha sido prohibida y perseguida a lo largo de la historia en muchos sitios, pero jamás ha sido –ni será— erradicada. Sin embargo, aun en los países donde se prohíbe la prostitución, esta usualmente no es asociada con violencia, porque la prohibición suele ser nominal. En la práctica, los recursos estatales dedicados a perseguir la prostitución y el correspondiente proxenetismo son mínimos. Los mercados negros así generados no suelen generar, por ello, tanta violencia, aunque algo de violencia hay siempre, como mecanismo de resolución de conflictos (el proxeneta se asegura de que los clientes de las prostitutas paguen, y no traten de irse sin pagar. Los que lo intentan, famosamente suelen quedar con las rodillas afectadas).	Pero con las prohibiciones de sustancias ocurre que las rivalidades entre bandas por el control de un territorio lucrativo como mercado, o por su importancia logística para el trasiego (como Ciudad Juárez o Tijuana), suelen generar violencia. Aunado a ello, la mayor represión estatal puede crear desbalances en las fuerzas entre bandas, de tal modo que incremente la violencia entre estas. Por ejemplo, cuando las fuerzas estatales dan golpes a una banda, otras bandas rivales buscan tomar el vacío dejado por la banda así golpeada, y eso genera una lucha de poder entre dichas bandas que solo suele ser resuelta por la fuerza bruta.	El mayor grado de represión oficial, además, tiende a favorecer la formación de oligopolios de la droga (carteles). El enfoque belicista de la guerra a las drogas desfavorece a las bandas pequeñas, que son demasiado frágiles ante golpes de incautación o de arresto de cabecillas. Ello favorece a las bandas grandes con mayor capacidad organizativa, de infiltración de las fuerzas policiales (y políticas y judiciales), de inteligencia, y de fuerza armada, tanto para defenderse de las acciones policiales como para lanzar ofensivas contra bandas rivales. En los mercados negros, las resoluciones de conflictos no son viables ante las instancias judiciales. De modo que la prohibición, aunada a un alto grado de represión, reduce el costo relativo de utilizar violencia como instrumento operativo.