Las características de los estados que actúan junto con el crimen organizado, por lo general son débiles, pero para los protagonistas del delito resultan perfectos aliados porque les permite hacer negocios ilícitos bajo el control de los dirigentes estatales, con plena impunidad. Un ejemplo de ello, según el experimentado periodista Douglas Farah, es el vecino Venezuela, que en sus palabras “se ha convertido en un gran prostíbulo, donde cada uno puede llegar ahí con la anuencia de que puede hacer los negocios que desee. El Estado les garantiza prácticamente el espacio seguro donde todo el mundo puede hacer su negocio”.	Agregó que “los socios del gobierno de Nicolás Maduro son las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional, grupos colombianos que viven de la extorsión, del oro y del narcotráfico. El régimen de Nicolás Maduro ha tomado la decisión de prestar ciertos servicios a estos grupos a cambio de ciertas ganancias de las actividades ilícitas”.	En muchos países, el narco soñaba con que un juez los suelte, los exculpe de cualquier cargo, que no los investiguen. Bueno, según Farah, con el estado como socio esto es posible. El excesivo poder se centra en el Ejecutivo y se criminaliza a la oposición para poder permanecer en el poder permanentemente.	Para evitar que Panamá llegue a los extremos que se vive en varios países de Latinoamérica, es necesaria la voluntad política. Que el gobierno “tome la decisión adecuada de no tolerancia al crimen y poner a la gente indicada en los cargos para manejar los temas de una manera seria. Se puede evadir el sistema si uno no quiere cumplirlo, pero para eso los gobiernos deben proponerse combatir del crimen de raíz a la punta aunque tome mucho tiempo”, enfatizó el comunicador.	Farah se sorprende por el control territorial de las pandillas en ciertos barrios del país, algo nuevo para él, a pesar de que las pandillas en Panamá son más pequeñas que en otros países, como en el Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen capacidad de control territorial que los políticos pueden utilizar.	De igual forma, el periodista alerta de que a pesar de los controles bancarios, en sus investigaciones se percata de que Panamá sirve de trampolín para el movimiento de capitales que después saltan a otras jurisdicciones, por lo general offshore, donde luego se les pierde el rastro. “Panamá todavía está abierto para el lavado de dinero y la creación de sociedades anónimas que permite la interacción de testaferros”, explicó.