Se trata de la Resolución DM-0612-2019 del Ministerio de Ambiente, publicada este diciembre en la gaceta oficial, que demuestra que no hay incompatibilidad entre la convivencia de los pueblos indígenas y los objetivos de conservación de las tierras declaradas como áreas protegidas y que han estado ancentralmente ocupadas por ellos.	La resolución "establece un principio que es un secreto a voces en las Américas pero que todavía ningún Estado había querido admitir: no hay ningún obstáculo legal para la adjudicación de tierras a comunidades indígenas que ocupaban esos predios desde mucho antes de que se declararan áreas protegidas", dijo a Efe Héctor Huertas.	El viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacios, dijo a Efe que su despacho "está estableciendo el mecanismo" para el estudio técnico que definirá la viabilidad de la titulación colectiva, y que se hará en base a criterios como "el uso del suelo, manejo de la conservación del medioambiente y cantidad de población del área", entre otros.