Desde su arranque en febrero de 2018, las Consultas Económicas y Comerciales entre China y EE.UU. han recorrido un camino por demás accidentado, aunque no sin avances prometedores, particularmente en las rondas desarrolladas después de la reunión cumbre entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Buenos Aires, en diciembre pasado. Se llegó a declarar, antes de mayo, consenso alcanzado en la mayor parte de los temas, solo para sufrir, a raíz del anuncio norteamericano de nuevos aumentos arancelarios sobre mercancías chinas al inicio de mayo, otro revés repentino. Del actual impasse, la parte norteamericana trata de hacer creer que China tiene la culpa, por haber faltado a la palabra contraída. Veamos los hechos:	En febrero de 2018, Washington pidió a China enviar una delegación de alto nivel para llevar a cabo Consultas Económicas y Comerciales. China respondió inmediatamente y ambas partes sostuvieron varias rondas de consultas, en las que se realizaron intercambios profundos de puntos de vista sobre el complejo tema del desbalance comercial y otros. Se registraron progresos sustanciales, al alcanzar consensos preliminares sobre expandir la importación por parte de China de productos agrícolas y energéticos estadounidenses. Sin embargo, el 22 de marzo de 2018, la Administración estadounidense emitió el llamado Informe de Investigación Sección 301 contra China, y anunció un arancel adicional de 25 % sobre exportaciones chinas a EE.UU. por valor de $50 mil millones.	En clara muestra de la importancia que le da a las relaciones bilaterales y de la buena fe negociadora, el Gobierno chino envió de nuevo un grupo de trabajo a EE.UU. para retomar las Consultas. El 19 de mayo de 2018, las dos partes emitieron una Declaración Conjunta en la que acordaron abstenerse de ir a una ‘guerra comercial', continuar con las comunicaciones de alto nivel y buscar activamente soluciones a las respectivas preocupaciones. La parte norteamericana anunció que suspendía el plan de arancel adicional. No obstante, el 29 de mayo, solo diez días después de adoptada la Declaración Conjunta, la Administración estadounidense la borró de un plumazo, inculpó injustamente el sistema económico y la política comercial de China y anunció la reanudación del plan de aranceles.	El 1 de noviembre de 2018, el presidente Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, y propuso de nuevo una reunión. El 1 de diciembre, los dos mandatarios se reunieron al margen del G-20 en la Argentina, llegando a consensos muy importantes, en el sentido de suspender la aplicación arancelaria por 90 días, para permitir conversaciones intensivas dirigidas a la eliminación completa de todos los aranceles adicionales.	En los siguientes 90 días, los equipos de trabajo realizaron tres rondas de consultas de alto nivel en Beijing y Washington, alcanzando un consenso preliminar sobre varios asuntos trascendentales. El 25 de febrero de 2019, la parte norteamericana anunció el aplazamiento de los aranceles adicionales programados para el 1 de marzo sobre exportaciones chinas por valor de 200 mil millones de dólares.	Desde finales de marzo hasta principios de abril, ambos equipos de trabajo celebraron otras tres rondas de consultas de alto nivel y lograron avances sustanciales, poniéndose de acuerdo en la mayoría de los temas, con la parte china mostrándose dispuesta a seguir esforzándose por encontrar soluciones respecto a los problemas pendientes. Y, el 6 de mayo de 2019, la parte norteamericana acusó sorpresiva e irresponsablemente a China de dar marcha atrás en su posición, inculpándola del estancamiento de las Consultas y aumentando del 10 al 25 por ciento los aranceles a exportaciones chinas por valor de 200 mil millones de dólares, infligiendo así un serio revés a las consultas en proceso.	China nunca desea una guerra comercial, pero tampoco la teme si se la imponen, resuelta a defender sus derechos e intereses legítimos. Siempre tenemos la puerta abierta para dialogar de buena fe, confiando en que las discrepancias solo se solucionan por medio del diálogo y la consulta, que han de prevalecer sobre el unilateralismo y proteccionismo.