La filtración de comunicaciones que sostuvo el ex presidente Juan Carlos Varela con varias personalidades, entre ellos altos funcionarios del Estado, son reveladoras. Proporciones guardadas, ya que el mismo ex presidente ha dicho -sin negarlas - que algunas de las conversaciones han sido ‘alteradas’, algunas de las ‘peticiones’ que allí se ventilan podrían cruzar la línea de la ilegalidad, pasando por el tráfico de influencia hasta el conflicto de interés.	Pero traen al tapete un debate interesante sobre cómo se manejan las cosas en el país de los primos y sobre lineamientos de transparencia que no se están discutiendo en las actuales propuestas para reformar la Constitución, aún cuando el gobierno de Cortizo dijo que adoptaría una política ‘proactiva y no reactiva’ ante estos temas, a propósito de las listas oscuras.	Está normado en Panamá por el Código Penal. El artículo 354 del Capítulo V establece claramente que “quien valiéndose de su influencia o simulando tenerla, solicite, reciba, acepte promesa o prometa en beneficio propio o de un tercero, dinero, bienes o cualquier otro provecho económico o con efecto jurídico, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público o un servidor público extranjero de una organización internacional en asunto que se encuentre conociendo o pueda conocer, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.	Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de TI, coincide en que el conflicto de intereses tiene tratamiento imperfecto en el código de ética del servidor público y en la ley 38 de 2000. Pero piensa que ‘no se cumple y no se hace cumplir por falta de voluntad y falta de exigencia real y efectiva de la ciudadanía que en ocasiones parte de ella favorece las prácticas indebidas.’	Es otra de las interacciones recurrentes en todos los gobiernos. Surge cuando un funcionario con mando sale del gobierno para desempeñar un cargo a nivel privado en el mismo ámbito donde tuvo influencia siendo funcionario. Esto, tampoco está normado en Panamá, y es más que común ver abogados, empresarios o banqueros que se intercalan entre sus despachos privados y ministerios públicos o la Corte Suprema.	“Los funcionarios no hacen favores, no pueden, no deben. La ley los obliga a cumplir su deber legal. No hacerlo o retardarlo o hacerlo mal puede tener consecuencias administrativas y hasta penales. Hay que romper la creencia, producto de los malos ejemplos y experiencias que se debe pedir favores para que se haga algo a lo que se tiene derecho y es deber del funcionario. Quien lo hace puede caer en corrupción de funcionario”, explicó.	Es más sencillo de lo que parece si se rompen tabús, malas prácticas y si se tiene voluntad y se quiere. Hay mucho doble discurso. Panamá se rige por el principio de legalidad, el funcionario solo puede hacer lo que le permite, dice y manda la ley. No favores, ni aprovecharse del cargo