El 25 de noviembre, se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y, de conformidad con las Naciones Unidas, la expresión “Violencia contra la mujer” se refiere a la violencia ejercida contra las mujeres por razón de su sexo y la define como: ”todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. También se habla de violencia de género, que se diferencia de otros tipos de violencia, porque implica que está dirigido hacia la mujer y son realizadas por un hombre.	Las Naciones Unidas explica que la violencia puede manifestarse de varias formas: física, sexual y psicológica; e incluye violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio), violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético), trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual), mutilación genital y matrimonio infantil.	En nuestro país, el delito de violencia doméstica, o delitos de malos tratos en el ámbito familiar, que no es reciente y tiene orígenes en 1995, y ha sido modificado con la Ley 82 de 2013 que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y castiga el delito de femicidio, persigue proteger a cualquier miembro de la familia, contra actos que impliquen una violencia económica, física o sicológica, expresiones que han sido definidas en la Ley 82 de 2013, y cuyos actos son castigados con pena de cinco a ocho años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario.	Los casos de violencia doméstica más frecuentes se realizan contra las personas del sexo femenino, aunque hay una realidad silenciosa, pues los hombres también son afectados. Los actos de violencia son variados: pueden ser físicos y comprenden toda clase de castigos físicos, los cuales pueden provocar lesiones y enfermedades, los psicológicos, que tienen como meta dañar la autoestima de la persona, como humillaciones en público, indiferencia en las relaciones de pareja, el uso de la crítica constante, los insultos, entre otros en general.	También no hay que dejar de mencionar la violencia doméstica patrimonial y económica, cuando el cónyuge controla los ingresos en el hogar, manipula el dinero no solo el suyo, sino también el de su esposa si trabaja, y provoca una desigualdad, porque no le permite a la mujer administrar sus ingresos. Tanto es así, que en ocasiones muchas mujeres ni siquiera saben cuánto gana su marido, pero sí están obligadas a decirle de sus gastos o deben “pedirle permiso” a ellos para efectuar una compra, o también le quita dinero constantemente a su esposa de sus ingresos.	En el caso de Panamá, las estadísticas del Ministerio Público de enero a octubre de 2019 determinan que se registraron 14 299 denuncias de violencia doméstica, en las que destaca el mayor número en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, y el menor índice en la Comarca Kuna Yala, y Comarca Emberá.	La violencia contra la mujer ha sido reconocida como un problema de salud pública y de derechos humanos a nivel mundial, tal como lo indica un estudio del 2018 del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, en el que se advierte la falta de reporte de la violencia hacia las autoridades competentes. Además, en sus recomendaciones señala que como estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, es fundamental la educación de la población, tanto femenina como masculina, por lo que con ello queda claro que el Derecho Penal es un sistema de control social, pero no es suficiente para detener la violencia contra la mujer ni contra cualquiera persona.