Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.	El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del "brexit"- no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".	"Doy la bienvenida al fallo del Tribunal Supremo de que la suspensión del Parlamento fue ilegal. Los jueces han rechazado la afirmación del Gobierno de que cerrar el Parlamento durante cinco semanas era simplemente una práctica normal a fin de permitir un nuevo discurso de la Reina (programa del Ejecutivo)", añadió.	Al leer su dictamen, la presidenta del Supremo subrayó que esta suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre, fecha prevista para la salida de la Unión Europea (UE).	En el proceso presentado por la activista anti "brexit" Gina Miller, secundado por el ex primer ministro conservador John Major, se alegó que la duración excepcional del periodo de suspensión era, en este caso, una "clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento" al verlo como un "obstáculo" para avanzar hacia sus objetivos políticos.	Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura de las cámaras era una decisión "inherente y fundamentalmente política por naturaleza" sobre las que no debería interferir la Justicia.