No obstante, consideramos que en el área de lo judicial, se evidencia un claro desfase entre la pretensión de fortalecer su independencia. No importa el método para elegir a los Magistrados; ni un presupuesto fijo, o que se suprima el cuestionado ‘enjuiciamiento cruzado' entre Magistrados y Diputados, si el 0 ‘Administración de Justicia'. Es difícil que con esa propuesta se alcance un eficaz control judicial, si por esa situación, se encuentra institucionalmente colocada, en un segundo plano jerárquico.	Comenzamos por decir que las anteriores constituciones, abordaban el asunto de la justicia dentro del ‘Poder Judicial' (1904 y 1941), ‘Órgano Judicial' (1946), La Constitución autocrática de 1972 moldeó el papel hegemónico de los órganos ejecutivo y legislativo sobre la ‘administración de justicia', coloca al Órgano Judicial y al Ministerio Público como actores principales de la ‘función jurisdiccional'.	La explicación es tan simple como genial. Como toda dictadura militar, resultaba imperativo neutralizar el Órgano Judicial, y así sustraerlo del embarazoso ‘control judicial', razón por la que se le define ejerciendo funciones subalternas en su condición de ‘administrador de justicia', lo que explicar el sometimiento a los ya maniatados Legislativo y Ejecutivo.	Como las reformas de 1979 y 1983 se gestaron bajo gobierno militar, se entendería que la condición subalterna del Órgano Judicial habría de conservarse. Sin embargo, nada justifica que las reformas posteriores logradas en democracia (1994 y 2004), y mucho menos la propuesta comentada, mantenga al Órgano Judicial bajo ese esquema descalificador, mismo que echa por la borda, las virtudes de esas reformas.