En líneas generales, el nombre se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado para que entes del sector privado sean autorizados para la prestación de servicios o realizar labores que son normalmente atinentes al sector público. Se establece un acuerdo de objetivos compartidos para que de forma conjunta se realicen los servicios acordados o para la construcción de infraestructura pública.	No se debe confundir como una simple ‘contratación de servicios' ni como un ‘contrato llave en mano', ya que estos dos últimos tipos de proyectos tienen que ser sometidos a los procesos de contratación pública vigentes. Tampoco son contrataciones para la privatización de servicios públicos en los que el Estado tiene una responsabilidad continua y están generalmente limitados a que sean prestados por el sector público.	Lo importante en este tipo de acuerdos son las regulaciones bajo las cuales se deben desarrollar. En algunos países existen leyes que definen específicamente las APP. En dichas leyes, las definiciones se hacen de forma que se adecuen a las instituciones existentes y a las particularidades que exijan las leyes generales.	En estos tipos de arreglos, en el fondo hay un contrato de concesión, por medio del cual el sector privado provee directamente un servicio al público en el cual asume el riesgo correspondiente al consumidor final. Muchos de estos contratos se refieren como los del tipo ‘Construcción, Operación y Transferencia' (‘Build, Operate and Transfer', BOT, por sus siglas en inglés), como sucede en obras de infraestructura o de prestación de servicios complejos como la operación de un hospital, por ejemplo.	En algunos países se han definido sectores que no entran como parte de la definición de una APP, como lo son los sectores de telecomunicaciones y energía, ya que generalmente se considera que los mismos deben estar regulados de manera eficiente o ya existe un aporte significativo por parte del sector privado en la función regulatoria. También en algunos casos, se excluyen como APP, cuando hay limitaciones para transferir riesgos por razones institucionales, como lo son los contratos de administración, dado que las leyes nacionales indican como preferible que los servicios se suministren por medio de procesos más tradicionales de contratación.	Más comentado La llorona del 11 de julio del 2019 Camilo Egaña: ‘El presidente me cayó bien, pero no quiere decir que sea un buen político' La crisis de los Boeing 737 MAX golpea "fuerte" a Copa Airlines El clítoris, la ruta hacia el placer femenino Belleza natural e histórica de Veraguas impresiona a tour operadores