Recientemente celebramos el Día de la Salud Universal. Reafirmamos que la salud es un derecho, y que universal significa que todas las personas tengan acceso y cobertura a servicios de salud integrales y de calidad, y a intervenciones para abordar los determinantes sociales de la salud, sin tener dificultades financieras. Pero, ¿qué significa ese Pacto?, ¿lo estamos cumpliendo?	Este reto es de especial relevancia para los 789,181 panameños considerados por el  IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) 2018  como “pobres multidimensionales”, pertenecientes en su mayoría a nuestras comarcas indígenas y provincias más pobres. En esas regiones el insuficiente acceso a servicios de salud, saneamiento básico, escuelas, trabajo y caminos, es un asunto que afecta su bienestar y calidad de vida todos los días.	También nos comprometimos a aumentar el gasto público en salud al menos al 6% del producto interno bruto y optimizar el financiamiento público de manera sostenible para ampliar el acceso a los servicios y reducir inequidades. No menos importante es asignar al menos 30% de estos recursos al primer nivel de atención con el fin de mejorar su capacidad resolutiva y de articular las redes de servicios.	Los panameños contamos con los recursos financieros suficientes, como lo demuestra un gasto público en salud cercano al 6% del PIB, el cual significará en el 2020, que entre Minsa y la CSS cuenten con más de 8,000 millones de balboas en su presupuesto. Aunque esos recursos financieros son suficientes, será obligatorio que garanticemos su gestión eficiente, fiscalmente responsable y blindada contra la corrupción. Lo que es un mandato manifiesto del Presidente de la República.	Para finalizar, el compromiso asumido, también subraya la necesidad de transformar los sistemas de salud, con base en la Atención Primaria de Salud, con una participación social real e inclusiva, particularmente de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, hemos prometido desarrollar un nuevo modelo de atención centrado en las personas y en las comunidades y enfocado en la salud, no en la enfermedad. Este Modelo debe además incidir en los determinantes de la salud con intervenciones intersectoriales explícitas basadas en el derecho a la salud para todas las personas.	Para transformar nuestro sistema de salud contamos con el sólido respaldo político que ofrece el Decreto Ejecutivo 290, por medio del cual se establece el proceso de coordinación efectiva y sostenible de los servicios integrales de salud, entre el Minsa y la CSS. A partir del contenido de nuestra Constitución Política y las leyes relacionadas, el Decreto echa mano de los valiosos aportes de tres espacios de concertación, a saber: la Mesa de Salud de la Concertación Nacional para el Desarrollo; la Mesa de Dialogo por una mejora y fortalecimiento del sistema de salud integral y; la Comisión de Alto Nivel para la transformación del sistema de salud. Debe ser el Norte para el quehacer coordinado de las máximas autoridades de nuestro sector salud.	Aunque tenemos suficientes instalaciones públicas en todo el territorio nacional, un elevado porcentaje de ellas adolece de importante deterioro y falta de mantenimiento, especialmente en el primer nivel de atención. Y aunque tenemos, en promedio, suficientes profesionales de la salud, estos no están distribuidos en forma equitativa, contribuyendo a la desigualdad que caracteriza al país. Sigue siendo un gran reto el fortalecimiento del primer nivel de atención altamente resolutivo que esté completamente integrado en redes de salud bien organizadas, contando con los recursos necesarios para ello.	Pero no cantemos victoria, recordemos que han pasado doce años desde que la Mesa de Salud, en el marco del Diálogo por la Concertación Nacional, entregara al Ejecutivo de aquel entonces un documento que contenía todos los aspectos que necesaria y obligatoriamente debían tenerse en cuenta para la transformación integral del Sistema Sanitario.