Los denunciantes se vieron cesados de su trabajo a los pocos días de manifestar a sus superiores que cuatro centros de formación de marinos ubicados en Filipinas habrían emitido desde 2017 más de 49 mil certificados en nombre de la República de Panamá, por cada uno de los cuales cobraban entre $70 y $135. No obstante, estos centros de formación de marinos no contaban con el aval de la AMP, y tampoco habían presentado un informe, tal como lo mandan las normas internas de la institución marítima.	Al llegar fue nombrada como subjefa de la oficina con la tarea de revisar la parte legal de todos los expedientes y centros de formación. Allí se percató de anomalías halladas en el expediente del Centro Macosnar Training Institute Corp., que se encarga de la formación de marinos, situaciones que notificó a su jefe, Jovani González.	La abogada notó que unos expedientes se encontraban fuera de la carpeta en la que, regularmente, se archivan los Certificados de Evaluación Documental Previa. Por ello advirtió de que no existía un procedimiento que reglamentara unas resoluciones emitidas por la entidad, lo que caía en una mala práctica. Peor aún era que aquellos centros no reconocidos emitieran certificados en nombre de la nación y cobraran por estos desde 2017, sin que nadie contrariara la orden. Pero nunca recibió respuesta del jefe, a pesar de haberle explicado lo que ocurría.	La ausencia de contestación provocó una reunión entre Morán y la subdirectora Cecilia Hernández, a quien puso al tanto de cuáles eran las empresas filipinas que emitían certificados sin autorización y que contaban con el endoso de la AMP. Pero ella tampoco le puso atención. Al poco tiempo, Morán recibió una llamada del director general, Jovani González, con un mensaje muy claro: ‘No alborote el avispero'. La advertencia venía acompañada de ‘Aquí no pasa nada', frase que repitió en dos ocasiones. También le dijo que había hablado con Jorge Barakat, administrador general de la AMP, quien le había contestado que se trataba de un tema administrativo.	La abogada no fue la única sacada de la AMP. Pasaron dos días del hecho cuando su compañero A. K. recibió una carta de despido por haber calificado como deficientes los certificados emitidos por los centros no autorizados en Filipinas. Un mes después, la entidad no renovó el contrato a otro compañero, A. O. y pasada una semana, ella recibió su carta de despido.	Antes del despido, Morán fue víctima de presiones. Relató que la subdirectora le instruyó hacer una resolución en la que estableciera una multa pecuniaria a centros de formación por emitir cursos no autorizados. Pero quien debe emitir el documento no es el Departamento de Formación Marítima, por lo que Morán se rehusó a rubricar el memorándum, ya que esas funciones no eran de su competencia.	Morán denunció ante las autoridades que desde 2017 se cobró entre $70 y $135 por cada certificado que emitió Protec Marine Deck and Engine Officers of the Phills, Inc., que en total confeccionó 20,958. La empresa Maritech emitió 14,309 certificados sin autorización y United ha entregado 14,223 en iguales condiciones.	En marzo pasado, al funcionario con iniciales A.O. le fue asignada la llave de identificación personal que da acceso al sistema para verificar los títulos. Efectuó varias evaluaciones de consulados como Manila, India, Vietnam, Dubái y Panamá. Durante el procedimiento, conoció de un correo dirigido al Departamento de Formación Marítima United Seafarers Maritime Center, Inc., para la emisión de un certificado de evaluación documental (PED, por sus siglas en inglés). Dicho centro, según Jeannine Carrasco, administrativa del Departamento, no contaba con reconocimiento vigente para emitir certificados de evaluación documental previa.	El último lo había otorgado en noviembre de 2016, con carácter provisional, por un término de seis meses. En resumen, el centro no contaba con el aval del departamento de la AMP para emitir certificaciones, y estaba catalogado en estatus ‘deficiente' hasta ser reconocido nuevamente por la AMP. No obstante, había emitido miles de credenciales.	El funcionario, molesto, le advirtió al jefe de la existencia de centros de formación que emiten certificados a marinos sin una resolución vigente que los autorice y enlistó los nombres. Correa acusó recibo, y notificó al funcionario de que copió el mensaje al director de Gente de Mar, Jovani González; y a la subdirectora Cecilia Hernández, quienes atienden dichos temas.	El 28 de marzo, A.O. se encontró con la destitución del cargo de su compañero A.K. quien, al igual que él, siguió el procedimiento de identificar como ‘deficientes' los centros antes mencionados. Por tratar de advertir y ordenar lo considerado como una violación al proceso de emisión de certificación de marinos, perdió su trabajo. Al ver que su compañero fue cesado, A.O. solicitó vacaciones.	Pero a su regreso, la sorpresa fue mayor. Se encontró con que las 24 solicitudes que él había considerado como ‘deficientes' superaron su estatus en el sistema SAA y estaban autorizadas por otros evaluadores, a pesar de que los jefes del Departamento estaban al tanto de las deficiencias que él había encontrado.	‘Con esto declaro que el señor Jovani González y la subdirectora Cecilia Hernández, así como el jefe de Titulación Samuel Correa, tienen conocimiento del supuesto negociado que hay detrás de la Emisión de los Certificados de Evaluación Documental Previa', declaró el exfuncionario. Añadió que lo dicho se puede confirmar con una investigación y allanamiento al Departamento de Formación Marítima, solicitando los expedientes de los cuatro centros de formación mencionados, en los que se deja evidencia de que ninguno cuenta con la resolución que los autoriza para dichas emisiones después de la fecha de expiración de su primera resolución.	A.O. asegura que Correa, en lugar de detener las certificaciones, continúa como responsable de las irregularidades y expulsando de los consulados de evaluación a cualquier evaluador que se niegue a aprobar los endosos. Se pregunta por qué el director general de Gente de Mar, a pesar de que conoce de la situación, se niega a cerrar los centros de formación. Solicitó a las autoridades que investiguen el negociado que hay detrás y quiénes se benefician de ello, en detrimento de la rectitud con la que se debe manejar este tema, violentando las resoluciones que se publican en Gaceta Oficial.	‘Todo apunta a que el haber descubierto una supuesta mala práctica que proviene por órdenes de arriba, y el ser un funcionario ejemplar, honesto y competente se premia con la destitución, al igual que a su compañero por no seguir órdenes que alimentan la supuesta corrupción en el trámite de endoso de cursos de certificación de evaluación previa', denunció A.O.	Al inicio de la gestión del presidente Juan Carlos Varela, La Estrella de Panamá registró la salida del entonces director de Gente de Mar, José Luis Aizpurúa, quien denunció haber recibido presión directa de los consulados de Panamá, con énfasis en el de Filipinas, para echar a andar un contrato firmado con el representante legal de Samoa International Maritime Authority (SIMA), cuando debía dar un tiempo de al menos tres meses para que entrara en vigencia.	Ver más Las palabras del vicepresidente electo que enfadaron al presidente Varela Cortizo anunció el segundo grupo de los ministros designados EE.UU. exige a Panamá y al mundo usuario de redes sociales para solicitar visa Grupo LGBTIQ+ reconoce el triunfo de Laurentino Cortizo La llorona del 9 de junio del 2019