miércoles 10 de julio de 2019 Alianzas público-privadas generan entusiasmo, pero también dudas Sería el segundo intento del país, en menos de diez años, para crear una ley que regule las APP. En 2016, CAF y empresarios panameños propusieron el mecanismo para la ejecución de obras o la prestación de servicios públicos	El pasado de 3 julio, durante el primer Consejo de Gabinete, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, explicó cómo sería el procedimiento para la aplicación de las APP y las ventajas que traería al Estado, en un intento más del país para crear una ley que regule este modelo en Panamá.	El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) expresó su rechazo a las APP porque considera que es una nueva forma de privatización y que no es más que un modelo de negocio impulsado por el sector empresarial para traspasar los recursos del Estado a la empresa privada. Para Pedro Hurtado, coordinador del Conato, las APP son la continuidad del ‘fracasado' modelo neoliberal que en los años 90 privatizó gran parte de las empresas públicas.	Por su lado, Julio Osorio, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), dijo que el gremio se opone porque considera que con esta ley se puede privatizar cualquier función, servicio o proceso no bancario o financiero, en el Ministerio de Salud, en la Caja de Seguro Social e incluso en la Autoridad del Canal de Panamá y en cualquier otro ministerio o entidad autónoma o semiautónoma.	Osorio indicó que se entiende que el nuevo gobierno ha llegado en una situación económica frágil y difícil, pero esta no puede usarse como justificación para que la empresa privada invierta. El gremio advierte de que la ley implica serios riesgos económicos. ‘Parece buena idea, pero los beneficios que le dan al sector privado son exagerados', argumentó.	En esa misma línea, el Conato expresó que ‘rechaza' cualquier forma de ‘privatización' y ‘tercerización' de la gestión pública que deje en manos de los negocios privados, la gestión de los servicios públicos esenciales (educación, salud), así como la ejecución de proyectos relacionados con la operación, mantenimiento y ampliación de los servicios del Canal de Panamá.	Destacó que permitiría que se desarrollen proyectos regulares con inversión privada local en provincias y no sólo megaobras en la capital, y reduciría el riesgo e inversión del Estado al compartirlo con inversionistas privados que podrían participar en igualdad de oportunidades y transparencia con reglas claras y equitativas para los interesados.	Por su parte, Gastón Regis, expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), opinó que este tipo de alianzas aumentarían la inversión en Panamá. Y mencionó como ejemplo proyectos exitosos como el Registro Público, autopistas, hidroeléctricas. Además, expresó que actualmente el gobierno se podría beneficiar con los edificios de los ministerios y oficinas privadas, plantas de energía solar, laboratorios y otros.	‘Todo lo que gobierno alquila al final se vuelve un activo del gobierno. No como ahora, que donde están estas oficinas pagan el bien raíz a un particular y este es el dueño una vez cancelada la inversión. Mire que no mencioné plantas potabilizadoras que se requieren, hospitales o escuelas, porque las demonizaron. El país no debe seguir endeudándose con este método. El capital privado se arriesga sin endeudar al país', enfatizó Regis.	Por su lado, Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), expresó que el proyecto de ley de las APP es ‘muy positivo' y puede ayudar a generar más empleos y más crecimiento económico, pero todavía se está trabajando y deben tenerlo muy pronto.	Sin embargo, expresó que lo más importante del tema es que es un mecanismo para generar más inversiones, pero hay que hacerlo de manera ordenada; y lo que va a dar es un marco jurídico para garantizar la transparencia de estas empresas para que puedan venir a licitar y hacer inversiones en Panamá.	‘Las APP son para que el gobierno pueda mantener su ritmo de inversiones y que existan más inversiones que puedan ser canalizadas a través de las APP y más inversiones significa más empleo. Yo diría que APP es sinónimo de generar más empleos, y yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con eso'.	El abogado Juan Carlos Araúz, por su lado, explicó que el tema central de las alianzas público-privadas radica en que el Estado necesita desarrollar obras, infraestructura o contratar servicios y no tiene el capital para desarrollarlo: y entonces es allí donde entra en contacto con la empresa privada, pide capital. ‘Funcionan a través de algún tipo de asociación en el que el capital genera recursos como beneficios económicos y, a cambio, el Estado establece ciertos límites de protección y seguridad para que el negocio se convierta en un negocio rentable', dijo Araúz. El abogado señaló que la crítica histórica siempre ha radicado en que el Estado es poco eficiente administrando y la empresa privada siempre aporta una cuota de mayor eficiencia desde el punto de vista de cómo se organiza una empresa privada; la forma de adquirir bienes y servicios de la empresa privada es distinta a la del Estado. Es decir, ‘es un complemento de roles, en donde simultáneamente interactúa lo público y lo privado', comentó.	En conclusión, el abogado opina que las APP ‘son positivas' teniendo en cuenta la realidad del Estado panameño, que ya no se puede pensar en inversiones de grandes obras de infraestructura, toda vez que las finanzas están comprometidas y el nivel de endeudamiento ha llegado a un punto mayor en los últimos años ‘Que el Estado saque de sus propios fondos para desarrollar es poco probable, si nos mantenemos como estamos. Por tanto, hay que ser creativos para encontrar formulas de inversión en las que sea el capital privado el que pueda generar esas condiciones de desarrollo. Eso siempre va a ser positivo, si lo vemos desde el punto de vista económico', sostuvo.	Sin embargo, Araúz destacó que la ‘prudencia' está en que el Estado tiene que ver distintas actividades en atención a otro tipo de beneficio y si contempla cláusulas que protejan otros segmentos como el medio ambiente o el desarrollo sostenible. ‘Así, obviamente el Estado entra en una relación positiva. Es un tema contractual en el que el Estado debe comportarse como un buen padre de familia y aportando la suficiente seguridad al inversionista particular que no sienta que está siendo solamente utilizado', arguyó.	También resaltó que el Estado debe colocar esos contratos de APP de forma eficiente para la resolución de conflictos, porque hay que recordar que el tema de la justicia toma importancia cuando los conflictos son de carácter comercial; y cuando surgen los conflictos, las obras se pueden paralizar durante años y el capital privado normalmente quiere soluciones muy rápidas para avanzar. ‘Aquí toman importancia los métodos de solución de conflictos que el Estado vaya a emplear para resolver las controversias', puntualizó Araúz.