En el documento se "afirma que la política indigenista instituida por tales decretos viola el estatuto constitucional indígena y el derechos de los pueblos a ser consultados previamente sobre cualquier medida que los afecte, como está previsto en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", según un comunicado divulgado por el organismo.	"Eso promueve, en la práctica, la reedición de una política integracionista (de los indios al desarrollo del país) superada por la Constitución de 1998 y que generó intensas violaciones de los derechos indígenas en el siglo pasado", asegura la Procuraduría, para la cual la medida de Bolsonaro pretende equiparar a los indios a trabajadores rurales comunes.