El Gobierno, que anunció el pasado julio que iba a introducir la medida, prevé una contribución de 30 euros por cada dispositivo adquirido, que será obligatorio para los menores de cuatro años, aunque la organización ASAPS de seguridad vial advierte de que el presupuesto estatal solo prevé fondos para cubrir las necesidades de una cuarta parte de todos los niños que viajen en coches.