La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.