"El agua es de todos, no de los ricos ni de los políticos corruptos" o "El agua es un derecho, no un negocio" son algunas de las consignas que se leen en las marchas que recorren Chile casi a diario desde hace dos meses y que han sumido al país en su peor crisis desde el retorno a la democracia, con al menos 24 muertos, miles de heridos y graves quebrantos económicos.	"En Chile hay una doble privatización del agua, tanto en su origen como en su gestión. Los particulares no son dueños de los ríos como tal, pero sí de los litros por segundo que tienen los cauces", indicó Efe Alejandra Carmona, profesora de la Universidad de Chile y coautora del libro "El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca".	Para la también profesora del centro y coautora del libro, Tania Tamayo, el gran problema del desregulado modelo chileno, más allá del coste final que pagan los usuarios, es que la priorización del uso del agua para consumo humano no está garantizada y que el rol fiscalizador del Estado es casi nulo.	"En países como Francia o Inglaterra el sistema es mixto, pero el Estado cumple un rol muy importante de fiscalización y entiende que más allá de subsidiar tiene que asegurar a sus ciudadanos este recurso", apuntó Tamayo, en cuyo libro examinan quiénes son las principales familias políticas y empresariales que se han beneficiado de este sistema.	El ingeniero y fundador del portal para intercambiar derechos Agua Circular, Christian Valenzuela, explicó a Efe que el mercado hídrico funciona como cualquier otro y que en tiempos de sequía puede llegar a haber especulación, aunque dijo que eso no tiene por qué influir en el precio final que pagan los consumidores.	"La situación de crisis social que vive el país va a llevar muy probablemente a cambiar el sistema", aseguró Carmona, convencida de Chile debe transitar hacia una nueva Constitución que devuelva el agua al Estado y blinde el acceso al agua como un derecho humano, como han hecho otros países de la región.