De hecho, al revelar las conversaciones de Varela, han quedado destapadas las de sus interlocutores, entre quienes se encuentran más de un docena de personas, desde la procuradora general de la Nación (fiscal general del Estado), Kenia Porcell, hasta la esposa del mandatario, Lorena Castillo, pasando por el contralor general de la República, Federico Humbert, y el principal empresario del país, Stanley Motta.	Recientemente la Justicia española imputó a la constructora FCC por los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo mediante el pago de 82 millones de euros en comisiones a través de facturas y transferencias emitidas entre 2010 y 2014, por la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.	La Fiscalía panameña, por su parte, informó el pasado octubre que ha imputado a 14 personas, que no ha identificado, por supuestos sobrecostos injustificados y pago de comisiones ilegales, calculadas en más de 100 millones de dólares, en una obra adjudicada a la constructora española FCC durante el Gobierno de Martinelli.	Las conversaciones de Varela difundidas, que él ha asumido aunque ha asegurado que han sido manipuladas, muestran una connivencia del entonces presidente con otras autoridades, contraria a la independencia de los tres poderes del Estado, además del uso de su influencia para beneficiar a ciertos empresarios y librar a algunos de investigaciones y acusaciones judiciales.	"WhatsApp ha presentado una querella en una corte de Estados Unidos que atribuye el ataque (de mayo) a una compañía de spyware llamada NSO Group y su compañía matriz Q Cyber Technologies", explicó en un comunicado sobre la primera acción legal que este proveedor de mensajería toma contra una entidad privada.