El punto de quiebre en el caso de Abdul Waked, empresario incluido en mayo de 2016 en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac), parece haber ocurrido cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela se enteró de que Nidal Waked, sobrino de Abdul, quien pasó 27 meses preso en una prisión de Miami Florida, había sido sentenciado por conspiración de fraude bancario y no por delito de blanqueo de capitales, como pensaba el mandatario.	Al conocer esa realidad, Varela se sintió en el aire. Vislumbraba un gran riesgo para el Estado al que le lloverían demandas por daños y perjuicios por el desmantelamiento “injustificado” de los bienes del comerciante Abdul Waked. Las pruebas contundentes en contra del empresario Abdul Waked aparentemente se recargaban en testigos protegidos , lo que de alguna forma impedía a las autoridades norteamericanas revelar toda la información contentiva a su caso.	En dichas conversaciones, el embajador mantuvo al tanto a Varela de que ya había efectuado esfuerzos con el Departamento de Justicia para que le dieran una explicación de qué había pasado. La única agencia que tenía que ver con el caso era la DEA. Aparece muy claro: 'Ni la CIA, ni el FBI tuvieron que ver en el asunto', según la supuesta respuesta de Feeley a Varela citada en el portal. Añadía que la investigación estuvo a cargo de la DEA de Florida, y no de la sensitiva de la agencia.	Varela se había ido de frente contra el grupo Wisa, perteneciente al empresario Abdul Waked. Del centro comercial Soho Mall, los almacenes Felix B. Maduro y las tiendas libres de impuestos La Riviera en los aeropuertos de México y de Colombia, no quedaba nada bajo la tutela de Waked. Los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, aún permanecían bajo el brazo de Waked, pero con el riesgo de cerrar en cualquier momento. El presidente había cortado toda comunicación con la familia del empresario de origen libanés.	Los presuntos reclamos de Varela al embajador continuaban uno tras otro: Estados Unidos no había apoyado a Panamá a salir de las listas negras en el Grupo de Acción Financiera (Gafi); la embajadora de ese país en la Organización de las Naciones Unidas había enviado un mensaje no diplomático. Todo eso mientras Panamá hacía todos los esfuerzos por capturar toneladas de droga antes de llegar a Estados Unidos para su consumo.	Un mes antes, en noviembre de 2017, según Varelaleaks.com, el presidente esperaba que las autoridades norteamericanas tuvieran información para el tema de Waked, pues presentía que de no ser así, la demanda contra el Estado “sería muy fuerte”. Como en efecto ocurrió después. Waked interpuso varias demandas, una en la que reclama $1,200 millones.	Eso despertó una supuesta respuesta del embajador tal vez inesperada para Varela: “a mí me hace sentido. Si Carlos recibió $150 mil en su cuenta privada de Odebrecht y la DIJ (Dirección de Investigación Judicial) puede probarlo, entonces Carlos debe explicarlo. También debe echar a Abdul del aeropuerto y darle a Falic (Duty Free Americas) una clara respuesta de cuáles son las tiendas que debe ocupar y cuándo”.	“Él, Waked, hizo algo patriótico”, continúa la presunta respuesta de Feeley, en el sentido de que el empresario se desprendió de la mayor parte de las acciones de GESE para salvar los periódicos. No es que él sea un patriota, aclaró el diplomático. El hecho de que ustedes, añade el americano, no hayan comprado el periódico y el PRD sí lo hiciera, no es función del Gobierno de Estados Unidos. El objetivo de los estadounidenses siempre fue mantenerlos abiertos para que La Prensa no quedara solo en el negocio.	Sin embargo, el director de Tocumen no había asistido ese día al lanzamiento de una nueva ruta hacia Denver, Estados Unidos. Situación que pudo responder a la presencia de los medios, razón por la que envió a su subdirector. “Como usted me ha dicho, los corruptos no tienen nada que temer”, reseñó Feeley, según Varelaleaks.com.	Este medio, al hacerse públicas una serie de supuestas conversaciones entre el expresidente Varela y otros actores en el sitio web Varelaleaks.com, considera que dada la condición del funcionario durante los intercambios y el interés público, la sociedad merece poner en contexto distintos aspectos que serán expuestos en diversos reportajes.	Ayer el expresidente Juan Carlos Varela emitió un comunicado en su cuenta de Twitter sobre las filtraciones que supuestamente provienen de un teléfono extraviado de su propiedad. A continuación se reproduce en forma íntegra: “Sobre la aparición de un sitio web anónimo que dice contener conversaciones realizadas por mí como Presidente de la República en funciones, con familiares, funcionarios y personas”. El mandatario aclaró que no ha perdido ni extraviado ningún teléfono celular. Esto comprueba lo que Panamá ya conoce sobre la compra, uso ilegal y posterior pérdida del equipo de interceptaciones telefónicas Pegasus, adquirido durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli.	Su posible relación y la de sus allegados con los proveedores de este equipo le habría permitido continuar interviniendo ilegalmente conversaciones privadas más allá de su mandato y es evidente que esta práctica podría continuar en estos momentos. En otras palabras, si se pudo intervenir el teléfono de un presidente en funciones, es evidente que cualquier panameño, ya sea mandatario o diputado, juez, periodista, empresario o sociedad civil, se encuentra hoy vulnerable y a la merced de una organización delincuencial.