Reconociendo el gran trabajo realizado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, con el debido respeto, quiero expresar mi preocupación, ya que he podido observar que los señores comisionados, no han contemplado realizar reforma alguna al Título IX, sobre la Hacienda Pública, específicamente al Capítulo 3, sobre el papel que debe desempeñar la Contraloría General de la República, en estos tiempos modernos, en donde la sociedad en su conjunto, cuestiona (justificadamente) el trabajo que viene ejerciendo dicha institución.	De acuerdo a la Constitución, la Contraloría General de la República tiene como función entre otras llevar las cuentas nacionales, fiscalizar, regular mediante el control previo o posterior todos los actos de manejo de los fondos y bienes públicos, al igual que examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios, entidades o personas que administren, manejen, custodien fondos u otros bienes públicos.	Fundamentados en lo que señala nuestra Constitución Política y ante la aprobación de la Ley que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada (APP), creo que es importante y necesario aprovechar este momento trascendental para darle a la Entidad Fiscalizadora, las bases constitucionales, para que pueda desarrollar y aplicar nuevas y modernas metodologías en materia de rendición de cuentas; ya que con el pasar de los años hemos visto el enorme crecimiento presupuestario del Estado, al igual que el nacimiento de nuevas instituciones y/o el fortalecimiento legal de otras, mientas tanto, la Contraloría General de la República sigue aplicando normas (poco actualizadas), que generan cuestionamientos permanentes por parte de la sociedad panameña.	Por ejemplo, ¿por qué no aprovechamos esta coyuntura para que de una vez por todas se le dé al Ministerio de Economía y Finanzas la función constitucional de llevar las cuentas nacionales, y que, la Contraloría General de la República, siga estableciendo los métodos de contabilidad de todas las dependencias públicas y fiscalizando dichas cuentas nacionales?	Adicional, poco se sabe y mucho se cuestiona sobre las concesiones administrativas que otorga el Estado, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para darle a la Contraloría General de la República la función de auditar al final de cada año dichas concesiones administrativas, incluyendo la apertura y revisión de los registros contables sobre el manejo de las cuentas y las utilidades generadas en cada proyecto?	Ante los serios cuestionamientos que nos hacemos cada día los ciudadanos de este país sobre el mal servicio que prestan las empresas de servicio público y el papel que desempeña la Autoridad que las regula, consideramos que es el momento oportuno para otorgarle a la Contraloría General de la República la facultad de fiscalizar a todas estas empresas en que el Estado es accionista, o en cuyo capital tenga participación una entidad del Estado, esto claro está, respetando siempre la seguridad jurídica de dichas empresas.	Mucho se debate a diario sobre el papel que está desempeñando el Ministerio de Ambiente, creo que es necesario concederle a la Contraloría General de la República la función de fiscalizar la gestión ambiental e inspeccionar las obras y proyectos cuya ejecución afecte o pueda afectar las cuencas hidrográficas, los ecosistemas, etc., que lleve a cabo investigaciones para determinar el grado de dicha afectación del medio ambiente y que ejerza un riguroso control sobre estas obras y proyectos.