La iniciativa introduce modificaciones al artículo 288-J del Código Penal señalando que se eximirá de la pena correspondiente a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales, en forma incondicional y total, antes de que la sentencia quede en firme o ejecutoriada, al igual que cuando realice el pago durante la fase de investigación.