“Las asociaciones público privadas surgen de los acuerdos que se dan a largo plazo entre la empresa privada y el estado, en donde una parte de las labores que le compete al sector público es proporcionada por la empresa privada, esto claro está, bajo un acuerdo previo de metas compartidas, ya sea para ofrecer un óptimo suministro del servicio público, o sostenimiento de la infraestructura pública”.	“Una APP se distingue del formato de una obra pública al tratarse de una inversión a largo plazo, la cual implica una relación contractual que no concluye con la finalización de la trabajo sino que se extiende por un periodo determinado. El Estado faculta al sector privado para que se encargue de la ejecución, explotación y gestión de una obra o para la prestación de un determinado servicio público.	Asimismo, una APP no debe confundirse con un outsourcing (subcontratación o “tercerización”) de servicios ni con una privatización que tienen otras aristas y condiciones tanto para el ente estatal como para las empresas privadas involucradas”. De manera que en el tipo Asociación Público- Privada (APP), el sector privado financia la obra, teniendo como fuente de pago un contrato de varios años de prestación de servicios con el gobierno.	La conceptualización viene al caso, luego de que la semana pasada voceros del “buen gobierno” anunciaran que uno de los mecanismos para la “reactivación” de la ralentizada economía nacional sería la constitución de asociaciones, o sociedades o acuerdos público privadas; lo cual produjo una crispación en la opinión pública, básicamente, por los antecedentes privatizadores y de supuesta corrupción del pasado, de allí que actores sociales importantes como los trabajadores (CONATO) expresaron sus reservas en la iniciativa gubernamental y demandaron la consulta y el debate ciudadano. El “buen gobierno” le salió al paso a las denuncias del grupo laboral indicando la exclusión de los sectores educación, salud, ACP y Seguridad Pública del Proyecto de Ley que creará la asociación público privada. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de la depredación y desnacionalización de recursos estratégicos como el hídrico y el agua potable.	Una cuenca hidrográfica capta, almacena y suministra agua que alimenta las quebradas, ríos y el mar. Es lo más parecido a un depósito natural de agua donde al mismo tiempo desembocan gran cantidad de ríos. Las áreas donde están ubicadas las cuencas hídricas se convierten en un hábitat propicio para el desarrollo de la flora y la fauna, ya que el agua es el elemento vital para el desarrollo de ecosistemas. Además de la función ecológica que cumplen, las cuencas hídricas tienen una función socioeconómica. Son la principal fuente de agua dulce de los humanos. Suministran recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población, como la agricultura, la ganadería, la generación eléctrica y la regulación de flujos y control de inundaciones, entre otras.	El territorio de la República de Panamá tiene un área superficial continental e insular de 75,517.2 km2, se ha dividido en 52 cuencas hidrográficas, 18 en la vertiente del Caribe y 34 en la vertiente del Pacífico. Los recursos hídricos que posee el país son envidiables. Tiene 500 ríos principales: 350 en el Pacífico y 150 en el Caribe. Y a pesar de que el agua es vital para el desarrollo de las actividades humanas, las operaciones del Canal, la agricultura y la producción de energía no es muy valorada. De las 52 cuencas hidrográficas, unas 45 se hallan amenazadas.	En síntesis, luego de una amplia consulta y discusión del carácter y alcance de las asociaciones públicas privadas éstas deben ser orientas hacia las infraestructuras, específicamente, viales. Porque el crecimiento económico y el desarrollo humano de todos los panameños dependen de que, tanto el recurso hídrico (estratégico) como el agua potable (derecho humano) se mantengan, sin lugar a dudas, en manos del Estado.