Las filtraciones que se publicaron el 5 de noviembre revelaron una estrecha relación de la procuradora con el entonces mandatario Varela. Una en la que se contaban todo a toda hora. A pesar de que Porcell manifestó que no había tenido tiempo de revisar los cientos de chats que intercambió con el mandatario, admitió que eran propios, aunque algunos tal vez alterados.	La población se quedó a la espera de un supuesto anuncio en el que Porcell daría la cara al país. En cambio, ella decidió optar por una entrevista a un medio radial en la que después de más de 20 minutos de transcurrida la entrevista, en los que describió lo que ella consideraba de su gestión, anunció que dejaría el cargo a partir del 1 de enero próximo.	Algunos abogados, como Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, analizan que en el contenido de los chats pueden haber indicios de hechos delictivos. “Pero le corresponde al Procurador de la Administración determinarlo. “Él no puede ampararse en señalar que se trata de información ilícita, porque el conocimiento de la información puede llevarlo a recabar información legal y verídica”, indicó el jurista.	En los chats puede haber sospechas de tráfico de influencias. Se notan opiniones de Porcell a Varela sobre temas que no competen a su cartera, recomendaciones de a quién designar como director de la Policía Nacional. Pero una de las informaciones más delicadas resultó en la triangulación entre ella, Varela y su hermano, el diputado José Luis Varela, para negociar el acuerdo eficaz con André Rabello y la empresa brasileña Odebrecht, que aparentemente se acomoda a los intereses de los brasileños más que al de la justicia.	Apuntó al Órgano Judicial ante la falta de decisión sobre si otorgará o no más tiempo para las pesquisas. Sugirió a jueces y magistrados que fallen para que pueda confeccionar la vista fiscal y en el juicio se conozca el contenido de las delaciones de los brasileños, cuestionadas por las filtraciones.	No será sencillo hallar el origen de las filtraciones de los 24 GB del móvil del expresidente. La fiscalía superior que vela por los derechos de propiedad intelectual, después de tres años aún no ha podido identificar al responsable de la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete Fonseca Mora, conocidos como los “Papeles de Panamá”.