La institucionalidad es indispensable para el progreso económico y social. A diferencia del pasado, cuando se pensaba que solo la tierra, el capital y el trabajo podrían generar desarrollo; en los últimos 20 años, la institucionalidad, junto a otros factores, como la tecnología digital, asume progresivamente una importancia creciente en las políticas públicas, los planes de los Gobiernos y en los emprendimientos privados. Cada vez más, los líderes, académicos y los políticos, apuestan por la construcción de una institucionalidad sólida y eficiente, como requisito para impulsar un proyecto social próspero, equitativo y sostenible.	A estos hechos se suma también la globalización, con los contrastes que implica y los desbalances que genera entre países pobres y ricos dentro y fuera de sus fronteras. Implica tensiones entre lo global y lo local, entre lo homogéneo y lo heterogéneo, entre la diversidad cultural y el pensamiento dominante, entre el vínculo social histórico (la familia, la comunidad y la lengua materna) y los movimientos desintegradores (migraciones, rupturas familiares y de las relaciones solidarias).	Existen muchos elementos intangibles, como la cultura, los valores y la ética, que definen la institucionalidad, como reglas del juego claras y compartidas en una sociedad, y que permiten explicar los resultados y el éxito que logran alcanzar algunos países en sus estrategias de desarrollo humano. Estas reglas también definen un comportamiento positivo de los actores sociales, así como el funcionamiento eficiente y transparente de sus organizaciones.	Recientemente fue presentado por el PNUD, el Informe Nacional de Desarrollo Humano, titulado ‘Renovando las Instituciones para el Desarrollo Sostenible (Panamá, 2019)', que aporta un análisis y una visión sobre el tema en este país. El Informe da cuenta de la inmensa riqueza de Panamá, el crecimiento sostenido de sus ingresos en las últimas dos décadas, en un país diverso y plural, con vergonzosas desigualdades en el bienestar y en las oportunidades de la población.	Fortalecer la institucionalidad podría significar un cambio total en el desarrollo de las políticas públicas, cuando se entienden las necesidades de la población en su diversidad, se aborda planificadamente, de modo integral y coordinado, los problemas con la complejidad que representan; se ejecutan de modo coherente las acciones, con una elevada dosis de participación responsable de la población; y se introducen buenas prácticas para ganar tiempo y efectividad, conociendo y adecuando experiencias realizadas en otros contextos.	Existe un consenso en la urgencia de transformar el sistema educativo panameño. Son múltiples las razones que lo sustentan, desde los débiles resultados en las pruebas nacionales e internacionales, pasando por la escasa pertinencia en la demanda de personas bien formadas para comprender y satisfacer las necesidades de su entorno, participar democrática y activamente en la sociedad y ejercer una labor productiva; hasta actuar empleando las tecnologías digitales, dentro de una fuerte corriente donde se impone la robotización y la influencia que la cuarta revolución industrial tiene en la vida de las personas y la sociedad.	Todo ello nos lleva a pensar que el contexto de las escuelas ha cambiado dramáticamente, pero estas instituciones casi han permanecido inalterables. Su organización y funcionamiento siguen siendo igual a la de hace más de un siglo, y los resultados refuerzan los estilos memorísticos uniformes y mecánicos en los estudiantes, en lugar del aprendizaje analítico, significativo y crítico, que está reclamando el mundo de hoy y del mañana.	Asegurar la institucionalidad del sistema educativo significaría que en cada escuela y universidad se hace lo que más conviene a los estudiantes y a su entorno, que la dirección y la supervisión, asumen plenamente su papel orientador, asesor y evaluador de los procesos de aprendizaje, investigación y de gestión que deben ejercer. Que los docentes se superan constantemente para orientar eficazmente los aprendizajes de sus estudiantes, elevando siempre sus expectativas y oportunidades de aprender y trascender desde el aula de clases, independientemente de la comunidad o familia de donde provenga. Que es importante que los alumnos vayan a la institución educativa, pero más importante aún es mantenerse aprendiendo en ella, sea esta urbana, rural o indígena, porque toda la niñez y la juventud, independientemente de su condición, tienen derecho a una educación de calidad.	En el pasado reciente esta responsabilidad era difícil asegurarla con docentes, directores y supervisores mal pagados y escasamente motivados. Hoy, estos actores cuentan con salarios dignos como en ninguna otra época de la historia republicana, y superior a la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Pero resta el desafío de comprometerse con seguir superándose, conocer mejor y desarrollar las competencias profesionales de sus estudiantes y lograr las estrategias didácticas que les aseguren aprendizajes significativos para toda la vida.	Hoy se acepta que la institucionalización, las normas y los procesos públicos son indispensables para que las políticas sociales, económicas y educativas funcionen y progrese el desarrollo humano. En ese sentido, el desarrollo educativo no es simplem ente un problema financiero, legal, tecnológico o pedagógico, es sobre todo un asunto institucional y político (Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2002).	La educación tiene un sentido histórico y prospectivo; es capaz de unir el pasado con el futuro. La educación se sustenta en el legado cultural aportado por el pasado y tiene la fuerza de construir los cimientos del porvenir. Reproduce un legado, pero tiene también la capacidad de anticipar el futuro (Brunner, 2000). De modo fundamental, como lo reconoció Gastón Berger, en educación, el futuro será la razón del presente (En Buendía, PNUD, 1998). Es necesario fortalecer la institucionalidad del sistema educativo panameño, en su conjunto, para asegurarle los estándares de calidad con equidad que requiere toda su población.	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