Desde el nacimiento de la humanidad y pasando por diferentes hechos históricos, jamás los seres humanos hemos sido iguales. Razones diversas como sociales, políticas, económicas, naturales, regionales y otros propiamente físicas y personales han dividido a los hombres y mujeres, y a estos y aquellas entre sí. Por ejemplo, la división social del trabajo entre las primeras agrupaciones humanas fue consecuencia de las diferencias personales entre hombres y mujeres. Sin embargo, milenarias legislaciones como el Código de Manú, la Ley de las Doce Tablas, etc., y hoy en casi todos los países, incluyendo el nuestro con los llamados “Modernos Códigos Penales y Procesales”, dentro de la llamada era de la civilización pregonan hipócritamente la igualdad y aplicación de estos ante la Ley.	Nada más falso y lejos de la realidad que la pretendida paridad legal sea igual para pobres y ricos o personajes de poder. Nunca, jamás y en ningún lugar de nuestra querida Panamá el tratamiento legal dado a los menesterosos o pobres tiende a ser semejante o parecido al que se aplica a los poderosos o ricos.	La pretendida igualdad pregonada por ideólogos en la época de la Revolución francesa hoy es insustancial, sencillamente inexistente en la práctica. La fraternidad o hermandad, inventada hace siglos, solo es una palabra inaplicable, y qué digamos de la libertad, vocablo maltratado, manoseado y manipulado en diversos procesos penales en los cuales es muy fácil coartarles a los pobres, pero no así a los poderosos o ricos de turno.	Basta con escuchar las opiniones del hombre común de la calle para darnos cuenta de las irritantes expresiones que vierten sobre la desigual aplicación de justicia, la Ley para el pueblo se aplica parejo y se miden sus consecuencias; sin embargo, la conducta realizada por políticos con millonarias apropiaciones sustraídas ilegalmente del erario, desgreños al presupuesto nacional, a pesar de que han causado mayor daño económico y social al país en la educación, salud, trabajo, justicia y que hoy padecemos no son investigados y castigados rigurosa y ejemplarmente, porque las presiones políticas y periodísticas gélidas e insalubres, grupos civiles enquistados en las esferas gubernamentales cuyas opiniones y acciones están vacías y siempre disfrazadas de intereses y las detestables inmunidades de la clase política los convierten en intocables, invulnerables, exóticos, inaccesibles procesal y legalmente.	El país ha sido sacudido en lo más profundo de la sociedad con las informaciones registradas en los VarelaLeaks; sin embargo, algunos profesionales y personajes políticos defienden más la investigación sobre la forma obtenida de estas, que los cientos de delitos, tramas y corrupción que se entretejen en los mismos y que deberían dar lugar en forma inmediata a la apertura de investigación y al llamado de cada uno de los personajes que allí se mencionan, conducirlos y establecerse formalmente los delitos para aplicarles todo el peso de la Ley de la misma forma que al ciudadano común y que se imparta la Ley por igual, de otra forma nuestra justicia no es más que una burda farsa, plagada de malos ejemplos para la sociedad.	Esperamos que el Estado panameño no sea un ente lejano y extraño a las informaciones y hechos que se divulgan, ya que administrar justicia debe ser una de las más hermosas como nobles tareas para una sociedad justa, pero el mismo Estado en muchos casos, es el primero en desconocer la grandeza e importancia del oficio.	No más espectáculo, no más circo, no más cortinas de humo, es una excelente oportunidad para el Gobierno actual de encaminar la nave de la justicia y renovar fiscales, jueces y superiores del Órgano Judicial y escoger profesionales con independencia, ética y moral y dispuestos a aplicar verdadera justicia, solo así la sociedad panameña será más justa y tratada equitativamente.