La vida y la salud son los principales bienes patrimoniales de la humanidad, realidad incontrovertible, de modo que las instituciones dedicadas a su guarda y protección deben tener plena consciencia, permanente compromiso y vigilancia cierta para garantizar su debida custodia. La Caja de Seguro Social (CSS), que brinda prestaciones y servicios de salud posee una estructura normativa, cuya fiel observancia puede permitir el cumplimiento de esa alta misión, sin vulnerar, en modo alguno, los derechos de la población bajo la esfera de su competencia.	Para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos, la Ley 1 de 10 de enero de 2001, es la norma rectora, las demás disposiciones regulatorias, tienen carácter supletorio. Todos los funcionarios vinculados al proceso de contratación para el suministro de bienes y servicios al Estado deben cumplir los principios y las normas del Derecho Administrativo, como son la transparencia, la economía, la eficiencia, la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, y para evitar lesión patrimonial, el principio de responsabilidad, establecido en las fianzas de cumplimiento de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas. Principios que deben ser de riguroso cumplimiento y exigidos en la totalidad del procedimiento contractual; no como hacen algunos astutos, restringiéndolos a la fase precontractual de selección del contratista, facilitando así la discrecionalidad, que es vía expedita a la corrupción.	Si bien el suministro de equipos e insumos médicos debe llevarse a cabo de manera responsable, los medicamentos exigen especial cuidado, por ser bienes indispensables para la recuperación de la salud. El incumplimiento de los principios administrativos, propicia acuerdos o convenios extracontractuales, que incluso algunos gestores arguyen como positivos por permitirles reducir trámites burocráticos, aunque con ello ocasionen desabastecimiento o interrumpan esquemas terapéuticos de pacientes cuya sobrevivencia depende de la disponibilidad de los medicamentos. Situación que refleja la visión sesgada del servidor público, que en colusión con el proveedor y protegidos con el manto que les confiere la inexistente supervisión, manejan los medicamentos como una de las mercancías más rentables del ‘libre mercado'. Esta treta, junto al fraccionamiento de la compra o división de materia, como se le cataloga en la jerga jurídica, les permite a los confabulados evadir las restricciones de la Ley 22 de 2006 que limita el monto de las transacciones, lo cual termina ‘justificando' la compra directa, misma que en vez de ser la excepción parece la norma; por eso la llaman ‘compra usual'; no obstante que dicho procedimiento, además de impedir la libre competencia, teoría que el sector empresarial defiende a ultranza, implica la erogación de grandes sumas de dinero, en razón de absurdos e insostenibles sobrecostos.	Y como además no hay fiscalización, control previo ni posterior, el resultado no podría ser otro que el de negociados con ropaje de procesos apegados a la Ley; por lo cual, por imperativo ético se impone descartar una asociación lícita para delinquir por vía del peculado y/o la defraudación, probabilidad que únicamente puede ser identificada por medio de auditorías forenses que, excepto criterio mejor fundado, debe incluir, al menos, los últimos cinco años de gestión.	Y sobre todo ahora, cuando es de conocimiento público, que el FMI, instrumento del capital financiero internacional, exige modificar la Ley 51 de 2005, con el pretexto de que es urgente e inaplazable hacer los ajustes para garantizar la viabilidad financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte; lo cual significa, especialmente, para la clase obrera, desmejorar las prestaciones e incrementar los costos. Es de carácter mandatorio recordar que la institución dispone del soporte normativo para su saneamiento, solo falta la voluntad política, la competencia y el coraje para aplicar los correctivos indispensables para su consecución, pero antes es absolutamente imprescindible disponer de información objetiva de todo lo referente al procedimiento administrativo del Departamento de Compras.	Tengamos presente que la mayoría absoluta de la población cotizante no es cómplice y mucho menos partícipe del saqueo que continúa drenando las finanzas de la institución, cuya integridad perfectamente permitiría brindar mejores servicios, incluyendo la probabilidad cierta de reducir la edad de jubilación. De modo que el Buen Gobierno debe aprovechar la coyuntura y dar el mensaje correcto, porque jamás se podrá combatir la corrupción con éxito sin evitar la impunidad; con la ventaja adicional de que, para denunciar los desmanes en la institución, es bastante probable que surjan voluntarios para el papel de testigo protegido...	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