A pesar de que la Ley 33 de 2005 (sobre ética y honor parlamentario) establece en su artículo 5 que: ‘Los diputados y las diputadas cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés público y el bien común', es temerario interpretar que nuestros parlamentarios deban fungir como gestores de obras públicas y/o promotores de solicitudes de servicios y compras directas para un ‘supuesto' beneficio de las comunidades mediante ‘partidas circuitales', fondos especiales para necesidades urgentes, programas de ayuda o cualesquiera otras figuras similares, independientemente de su nombre –cuya ubicación precisa dentro del Presupuesto General del Estado siempre resulta ser controversialmente misteriosa–; y también, es polémico tratar de argumentar que existen ‘funciones comunitarias de los diputados' que, a expensas de los fondos públicos provenientes de nuestros tributos, y no de su patrimonio personal, consisten en regalarle, abaratarle o facilitarle al pueblo: bolsas con comida, pavos, jamones, bebidas alcohólicas, utensilios de cocina, servicios médicos y funerarios, medicamentos, muletas, bastones, gafas, sillas de ruedas, materiales de construcción, herramientas, aperos, muebles y electrodomésticos, tanques de gas, uniformes deportivos, juguetes infantiles, ropa y accesorios, pañales, útiles de oficina o escolares, becas, bonos, dinero, trabajos (formales o no), y cualesquiera otras dádivas de naturaleza análoga.	Ya que tales acciones que aparentan ser una asistencia social originadas de una ‘presunta' sensibilidad de nuestros ‘Padres de la patria': bloquean el desarrollo y el crecimiento económico generando dependencia al minimizar el espíritu emprendedor del pueblo habituándolo a la caridad política-gubernamental y no al fruto de su propio sacrificio y trabajo honesto (crean ciudadanos parásitos); buscan, también, aprovecharse políticamente de las necesidades inmediatas de panameños con exiguos o nulos ingresos económicos; promueven corrupción, paternalismo estatal, servilismo rampante y clientelismo politiquero; socavan la institucionalidad, contaminan la libertad y honradez del sufragio, y representan una estrategia politiquera riesgosa por granjearse el voto popular en comicios electorales, desorientando a muchos incautos ciudadanos, haciéndoles creer que esas son las únicas y más efectivas funciones legislativas que generan confianza y credibilidad en la población panameña.	Pues, solo basta recordar que el Decreto 441-2016-DMySC de 25 de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República, mediante el cual se pretendían establecer procedimientos para fijar los requisitos y controles para otorgar ‘apoyos' por parte de nuestra Asamblea Nacional, fue declarado inconstitucional por el Pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de 16 de marzo de 2017, en razón de que otorgar donaciones y subsidios no es una función propia del Órgano Legislativo.	A nuestros ‘honorables' diputados (o legisladores) –que dicho sea de paso, cuentan con envidiables ingresos, franquicia postal y telefónica, pasaporte diplomático y muchas otras prerrogativas–, todos juntos como pueblo panameño (del cual emana el Poder Público), debemos recordarles que tienen una obligación con la transparencia y la constante rendición de cuentas en su condición de servidores públicos por elección popular; y exigirles elevar el nivel del debate legislativo, excluyendo de raíz las refriegas verbales y proponiendo anteproyectos de leyes de calidad que estén bien elaborados técnicamente –no absurdos ni populistas ni clientelistas– y que verdaderamente satisfagan los intereses de la ciudadanía en pro del desarrollo integral de nuestra República de Panamá: ¡Legislen! Pero… ¿está Panamá preparada cultural y sociopolíticamente para acoger diputados que solo legislen y nada regalen? Que inicie el debate.	Más comentado La llorona del 17 de julio del 2019 ‘La muerte va a llegar y, cuando llegue, espero que me coja suave', Britton Bernal y Sittón presentan denuncia contra Varela por caso Odebercht Yassir Purcait vio los archivos de audio en la computadora de Martinelli Fiscalía renuncia a presentar mitad de los testigos en juicio contra Ricardo Martinelli	Ver más Extranjeros recolectan firmas para que se sancione a la diputada Zulay Rodríguez Extranjeros en Panamá recolectarán firmas para corregir expresiones de la diputada Zulay Rodríguez Migración, cuando la culpa no es de los extranjeros Panameños apoyan el anteproyecto de ley de controles migratorios La llorona del 13 de julio del 2019