Uno de los compromisos de campaña del presidente Cortizo fue reformar la Constitución, bajo la premisa de rescatar al país de la grave crisis institucional en que se encuentra, y para ello aceptó —de manera declarada— el paquete de Reformas propuesto por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el cual proponía una reforma a los aspectos institucionales del país, que recaen, principalmente en los tres órganos del Estado, los cuales tienen al país en una de las peores crisis de corrupción, desigualdad, impunidad, y poca sostenibilidad a futuro.	Pese a que como trabajadoras y trabajadores, no creemos en los parches ni en reformas constitucionales derivadas de los órganos que detentan el poder, sino, que creemos que el método legítimo para que un país modifique su Constitución es la Asamblea Constituyente, porque responde al sentir, a las necesidades reales y a la expresión del pueblo, hubo un acuerdo en la mesa del Consejo de la Concertación Nacional de no tocar lo relativo a los derechos y deberes individuales sociales, porque en este momento, el país requiere normas que establezcan límites y aumenten la responsabilidad de los gobernantes para frenar la crisis.	Este pacto fue conocido por el presidente, sin embargo, hoy, frente a su silencio cómplice, rompe los acuerdos y le da la espalda a la población panameña, cuando diputados y diputadas de su propio partido político, son quienes lideran la introducción de reformas de cuatro títulos de la Constitución Política, que generarán un retroceso y una limitación a la vida de los derechos adquiridos hasta el momento por quienes vivimos en Panamá.	Se aprobó en primer debate una modificación al artículo 4, que establece que “la República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional, no obstante, reconoce la superioridad del derecho nacional”. Al respecto debo decir que los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, y de otros grupos, como el derecho a la maternidad, vacaciones, a formar sindicatos, a la no discriminación en el trabajo, a la seguridad social, a la enfermedad, a las ocho horas, entre otros, nacieron en la esfera internacional, a través de los acuerdos que los Estados de manera voluntaria han realizado a lo largo de la historia, y en el ámbito de los trabajadores y de las trabajadoras, estos acuerdos se han dado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, y fue por esos acuerdos que los Estados estuvieron obligados a adecuar las normas internas para que esos derechos fueran establecidos en nuestra Constitución y en nuestro Código de Trabajo.	La redacción del artículo deja al arbitrio de los gobernantes de turno la discreción de decidir lo relativo a los derechos laborales y otros derechos humanos, dejando al país en una encerrona sin salida y sin protección. Además, es muy claro el mensaje del sector ultraconservador de este país, de que el siguiente paso sea el salirse de la participación del sistema internacional de derechos humanos, los cuales representan el último recurso que tenemos para reclamar nuestros derechos. En el caso del sector obrero, ya hemos tenido casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha condenado al Estado panameño por violar nuestros derechos. Esta norma representa, por tanto, un peligro absoluto, porque nos dejaría en un estado de desprotección frente a los constantes abusos que desde el poder político se realizan.	Otra de las reformas que han introducido es la modificación que aprobaron al artículo 114, que establece que “la expectativa de vida determinará el derecho para obtener una pensión o jubilación”. Actualmente, la expectativa de vida del país es de 78 años, lo cual quiere decir, que esa será la edad en la cual podríamos retirarnos. Esta es una norma neoliberal, que busca explotar a la clase trabajadora hasta el último sudor y suspiro de vida.	Se establece en el artículo 123 que el Estado fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo y en el artículo 126 se indica que para los fines de la actividad agroalimentaria se le da la potestad al Estado de colonizar nuevas tierras y reglamentar la tenencia y el uso de estas. Estas normas buscan legalizar desde la Constitución el despojo de tierras que se ha venido dando en la práctica por los sectores de poder económico, en perjuicio del sector campesino e indígena.	En materia de educación superior, se crea el artículo 95 que otorga recursos a universidades privadas, cuando estas son un negocio, y las universidades oficiales, que son donde estudian los hijos e hijas de la clase trabajadora, los requiere para su óptimo funcionamiento. Además, mediante la modificación al artículo 104 se permite la intervención legal a las universidades oficiales, esto implicaría la suspensión de clases de los estudiantes o el secuestro de sus bienes, los cuales pertenecen a todos y a todas, por ser parte de los bienes del Estado.	Por el espacio de esta columna, he destacado los aspectos que desde el sector trabajador consideramos relevantes, pese a la existencia de otros que restringen derechos, libertades y que permiten que el Estado se inmiscuya en la vida y el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía, lo cual es sin duda alguna un riesgo absoluto que no podemos aceptar. No permitamos que, mediante cortinas de humo que dividen nuestra sociedad, nos convenzan de aprobar una reforma a nuestra norma más importante que, posteriormente, nos tendrá en un estado de secuestro por los gobernantes.	Esta es una reforma ilegítima, que ha sido aprobada a espaldas del pueblo, por políticos cuestionados por su credibilidad y actos de corrupción, que constituye una burla a la ciudadanía y niega derechos adquiridos a la clase trabajadora y a todos los seres humanos que habitamos este país. Por ello decimos, no a los parches, no a las reformas constitucionales, y exigimos el cese y archivo definitivo de este paquete de reformas. Por una Constituyente.