Desde sus inicios, la idea de equidad e inclusión, indistintamente de la causa, ha impactado sociedades en América Latina y el Caribe (ALC). En el panorama académico, y teniendo como actores principales a los pueblos originarios, la noción de inclusión se genera con el fin de garantizar el acceso igualitario al campo de la educación en todos sus niveles, principio que ha requerido de tenacidad para lograr avances.	En Panamá, si bien se han obtenido avances en cobertura y atención de la población indígena, aún persiste el analfabetismo. Se mantienen altos índices de reprobación y deserción escolar en los primeros grados del sistema educativo, según la Evaluación Sociocultural (ESC) para el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá (2018). Los niveles educativos en las comarcas indígenas distan mucho de los del resto del país.	La declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 13 de septiembre de 2007, plasma en el artículo 14: “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas... Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación”. El cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Asamblea General de la ONU sept. 2015) destaca que urge consolidar el acceso a la educación inclusiva y equitativa.	La disparidad en la enseñanza, desfavorable para la población originaria de ALC, generó instrumentos internacionales para el amparo de los derechos a la educación de este grupo de personas. Sin embargo, pueblos originarios de la región no ejercen plenamente este derecho por temas culturales, sociales, estatales o por falta de un trabajo mancomunado entre los actores principales.	Aunque en ALC no se registra como un hecho frecuente, ni es visto como un problema fundamental, el matrimonio infantil o en personas menores de 18 años ocurre, y es presenciado por un sinnúmero de testigos. En los pueblos indígenas, la práctica se visualiza con más serenidad que en la población en general y podría estar ligado a la idiosincrasia de estos grupos.	Las niñas o adolescentes son las más afectadas. En la mayoría de las ocasiones, cuando una joven indígena se une a su pareja, detiene el avance de sus estudios, y ya sea por falta de conocimientos o dificultades en el acceso a los sistemas de salud sexual y su desarrollo se ve limitado por diversos factores, entre ellos un posible embarazo precoz.	ALC comprende las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes. Se estima que esta es de 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas (entre 15 y 19 años de edad), mientras que la tasa mundial se considera en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas.	Según el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños y Adolescentes, divulgado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) (2019), entre el 81% y el 99% de los niños y adolescentes que residen en las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, viven en miseria.	En una intervención, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró recientemente que el trabajo “no impide a nadie progresar en la vida”; no obstante, si el infante está obligado a renunciar a su derecho a la educación para trabajar, no solo se afecta su progreso en las distintas áreas de la vida, sino que su desarrollo recibe un impacto psicológico y emocional que encierra secuelas difíciles de subsanar.	En Brasil, país de ALC con más diversidad de pueblos indígenas (305), el Instituto Brasileño de Estadística (IBGE), en 2015, reportó unos 2.7 millones de niños (menores de entre cinco y diecisiete años) trabajadores en toda la nación, siendo el 59% de ellos, varones. Hoy, la tarea es erradicar hasta 2025 al menos todas las peores formas de trabajo infantil, atacando las áreas bajo el telón de pobreza donde se ubica un significativo número de pueblos originarios.	Según el criterio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 1 de cada 10 mexicanos era indígena en 2015, siendo la población total originaria de 12,025,947. Se estima que 2 de cada 5 hablantes de lengua indígena estaban en condición de rezago educativo. Mientras que un total de 2,217,648 niños, niñas y adolescentes trabajan en el país, cifra que coloca a México en el segundo lugar del ranking de los país de ALC con mayor prevalencia de trabajo infantil (Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, Cepal).	Laborar en la infancia es una de las causas del rezago o impedimento de acceso a la educación por parte de los pueblos originarios, razón por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a la comunidad internacional a promover y ejecutar actividades para erradicarlo; con tal fin declaró 2021 como el Año para la Eliminación del Trabajo Infantil.