La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en resolución firmada por el magistrado Cecilio Cedalise, admitió la demanda esta semana tras negar la apelación que había presentado el Ministerio Público. Este último alegó prescripción de la acción civil, inadmisibilidad, falta de legitimidad pasiva en la causa y falta de competencia de la Sala Tercera.	El grupo demandó al Estado panameño por conducto de la Superintendencia Bancaria por “mal funcionamiento de los servicios públicos” y reclaman daños y perjuicios emanados de la fijación del valor final de las acciones del banco Balboa Bank & Trust, que a la postre se vendió en $3.80 a la costarricense Corporación BCT.	La demanda, que fue interpuesta a través de la exmagistrada de la Corte Suprema, Graciela Dixon, de la firma Britton & Iglesias, sustenta que el valor de $4.00 para las acciones fijado por el liquidador de la Superintendencia Bancaria originalmente, y que después de impuestos quedó en $3.80, no correspondía al valor real del banco. Según sus accionistas, el valor real ascendía a $73,964,759. Es el monto que reclaman al Estado, además de costas y gastos.