Genaro es un ciudadano que reside en Chanis, en la periferia capitalina. Su cuenta de luz, dice, siempre ha ido en aumento. Soledad, otra panameña que labora como enfermera y vive en Tocumen, también se queja del alza —siempre al alza— de su cuenta de electricidad. Y como ellos, muchos ciudadanos no perciben en sus recibos de luz la baja en los precios del combustible, por ejemplo, o la sobregeneración en las hidroeléctricas en tiempos de lluvia.	Y es que la caída en el precio de petróleo que se dio en 2015 y que se esperaba se reflejase en los recibos, nunca llegó al usuario final. En cambio, el gobierno la utilizó para reducir significativamente el subsidio al servicio, que pasó de $376.90 millones pagados en 2014 a $71.20 millones pagados en 2015. También se redujo el umbral para acceder a este subsidio denominado Fondo de Estabilización Tarifaria. Originalmente amparaba a todo consumidor de hasta 500 kw/hora mensuales, mientras que ahora el beneficio es por un consumo máximo de hasta 300 kw/hora al mes.	Además, los subsidios distorsionan el mercado, ‘siempre', afirmó el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gustavo Bernal. Para él, el objetivo de los subsidios debe ser que el Estado garantice el acceso a la luz. ‘Tenemos que tener conciencia social como panameños, de dónde se aporta para que otros panameños tengan el acceso a los mismos bienes y servicios'. Sin embargo, explicó que en el mercado térmico hay distorsión porque a ellos (las generadoras térmicas) no les cobran impuesto de combustible, y el subsidio se transforma en un subsidio a la generación. Criticó como algo ‘fuera de lo común' el intento del gobierno de establecer un impuesto a los que instalaran paneles solares. ‘Quieren compensar los ingresos que han dejado de percibir las distribuidoras que estos dos últimos años se cifran en $130 millones que estas le están reclamando a la ASEP, y que ésta está buscando cómo compensar. Están cuidando los ingresos de las distribuidoras', criticó.	La coyuntura de la tercera línea de transmisión también sumó millones en compensaciones por generación obligada, que debió desembolsar el gobierno a las hidroeléctricas occidentales, principalmente por la generación que no pudieron enviar a la línea de transmisión, debido a la tardía entrega de la tercera línea construida por la el consorcio brasileño Odebrecht, cuyos directivos fueron condenados en Brasil por cargos de corrupción. La ley ampara a las generadoras que no puedan despachar la energía contratada, sin impedirles que puedan venderla directamente a los grandes clientes o bien exportarla, doblando sus ingresos.	El ingeniero Aníbal Grimaldo, en un diagnóstico que expuso en septiembre pasado en el foro ‘Crisis y futuro energético en Panamá', enumeró algunas de las distorsiones más importantes que afectan al sector. Explicó que los mecanismos de control que deben hacer que el sistema funcione con integración y coherencia, están fallando. También develó que hace 18 años, el precio del mercado spot lo vienen fijando los motores de media velocidad, es decir, la generación dependiente del petróleo, algo que ahora se desplazará hacia la generación con gas natural, pero aunque sea más eficiente que el diésel y el búnker, seguirá fijando el precio, a diferencia de la energía renovable, cuyo costo de producción es casi nulo.	Grimaldo reafirmó que las generadoras pueden comprar ‘más barato' en el mercado spot y vender al precio establecido en el contrato, ‘por eso el cliente final no verá una baja'. Sobre los subsidios, destacó que éstos garantizan que las generadoras con buenos contratos sigan manteniendo rentabilidad. ‘Si bien el sistema ha recibido inversiones importantes, le está pasando todo el riesgo al cliente final y le da a los agentes beneficios que ya no están utilizando. Somos un país que paga energía cara porque no existe coherencia entre los contratos que se firmaron cuando éramos eficientes y la actualidad', concluyó.	Por otro lado, Joan Batalla Bejerano, director general de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, dijo en un cuestionario que respondió para La Estrella de Panamá que los entes reguladores y políticos de Estado, deben evitar que se creen distorsiones en las señales de precio que se transmiten al mercado. ‘Unas señales de precio artificiales pueden promover decisiones de inversión y/o comportamientos no deseados. A largo plazo, estas decisiones acaban encareciendo el coste total del suministro eléctrico, aspecto que pueden influir de forma negativa en la competitividad de la economía del país'.	En un modelo de oferta y demanda, el precio lo fija el mercado, y a mayor oferta, más bajo es el precio por la consecuente competencia entre los oferentes. Pero esta premisa no se está aplicando al mercado eléctrico panameño. La oferta de energía, es decir, la capacidad instalada para el año 2018 llegó a 3,849.25 MW, mientras que la demanda máxima ese año sumó 1,665 MW. La capacidad instalada dobla la demanda del país. En este escenario, la exportación creciente se convierte en una ‘necesidad' más que en una opción.	Víctor Urrutia, actual secretario de Energía, dijo a medios de comunicación a su salida de un foro en meses pasados que el aumento en las transacciones a nivel regional ha sido muy grande en los últimos cuatro años y que el sistema interconectado que reúne a seis países de Centroamérica tiene una demanda máxima total por encima de los 7,000 MW. Los intercambios entre países se dan porque es posible comprar más barato en otros países y garantizan el respaldo de la red en caso de daños.	Incluso, según Urrutia, la posibilidad de exportar energía de la hidroeléctrica de Fortuna evitó que las pérdidas por la imposibilidad de mandar la energía a Panamá (por la entrada casi tres años más tarde de la tercera línea de transmisión) fueran mayores. ‘Es importante mantener este mercado activo , afinarlo y hacerlo cada vez mejor', pronosticó, al tiempo que calificó como ‘bastante competitivos' los costos de generación local en comparación a los de Centroamérica.	Aun cuando la capacidad instalada de energía térmica cubre casi la mitad de la matriz energética, la generación hidroeléctrica sigue siendo la más despachada. En 2018 la generación hidroeléctrica produjo el 66.57% de la energía ese año, mientras que la térmica generó el 23.85%. Las plantas eólicas aportaron 6.89% y la fotovoltaica generó el 2.69% de la energía.	Otra distorsión que anotó el jurista Jorge Rivera Staff en el foro sobre energía en la Universidad de Panamá es la integración de los parques solares a la red de distribución, ya que la ASEP les pide un requisito adicional para la fianza de construcción. En general, explicó Rivera, hay una resistencia de los bancos para financiar proyectos nuevos de energía renovable. ‘El mercado es mejor asignador de precios y recursos que la planificación estatal', planteó en ese momento el abogado, quien asumirá como secretario de Energía en el gobierno entrante.	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