Encomiable la decisión del Ejecutivo de no ceder ante la presión de convocar sesiones legislativas extraordinarias para aprobar ahora un texto reformatorio de la Constitución —como insistió cierto sector empresarial— en unas sesiones asfixiantes con mayoría de diputados evidentemente repudiados; y otras, con nuevos diputados maniatados en un callejón sin otra salida: aprobar sin modificaciones el texto heredado, o rechazarlo. Habría sido un camino expedito, pero mancillado por un pecado original gestado a espaldas de la voluntad del soberano. Algo como una reforma bastarda, como fue mi fastidiada experiencia, encadenada en aquellas sesiones insensatas de la Asamblea en 2004.	Siendo fiel creyente de que el único camino legítimo es la Asamblea Constituyente, originaria o paralela, porque así se consulta y se responde a la voluntad del pueblo, aceptaría como segunda alternativa el procedimiento planteado por el Gobierno entrante. Pero solamente si se tiene el cuidado de consultar, explicar y discutir en detalle en todos los rincones del país la razón de ser y los objetivos perseguidos con las reformas propuestas.	Y luego de realizar ese ejercicio, lograr un enjundioso debate enriquecedor en la nueva Asamblea, donde los nuevos diputados, inspirados en sus mejores intenciones, sepan desempeñar, con inteligencia y muestras de civismo, el papel que el pueblo espera de ellos. Que no se repita la triste experiencia de 1991 y 1992 cuando, a una simple propuesta del Ejecutivo de reformar solo un artículo relativo a la eliminación del ejército en nuestro país, los Padres de la Patria incluyeron 58 reformas adicionales en temas tan variopintos que llevaron al rechazo absoluto de todo el paquete en el referéndum posterior exigido por la Constitución entonces. Véase diario El País, ediciones 28/12/1991 y 2/11/1992.	Según la ruta descrita por el nuevo Gobierno, el primero de octubre próximo someterá a consideración de la nueva Asamblea las propuestas consensuadas en las deliberaciones de la Concertación Nacional para el Desarrollo y consultadas con diferentes sectores del país. No está de más recordar que la Concertación Nacional es un foro de consulta originado en la preocupación ciudadana por la utilización apropiada de los recursos que habría de producir la ampliación del Canal; lo integran representantes del sector empresarial y obrero, organizaciones no gubernamentales y Gobierno nacional, iglesias e instituciones académicas, pueblos indígenas y partidos políticos.	Sus recomendaciones consensuadas tendrían ya el peso específico de una profunda discusión, pero la sana intención es todavía someter sus propuestas a una mayor consulta antes de llevarlo a la Asamblea en octubre, todavía dentro del primer período de sesiones legislativas. Hasta entonces habrá suficiente tiempo para acercar las propuestas a todos los sectores del país para ilustrar su contenido cabalmente y escuchar el parecer de los convocados; los diputados recién electos desempeñarían un papel inédito y constructivo, si promovieran cabildos abiertos en sus respectivos circuitos para dirigir discusiones objetivas sobre el tema.	Ese esfuerzo hasta octubre, bien conducido, nos permitiría escuchar debates legislativos con argumentos inteligentes de altura y consideraciones de peso respaldadas no solo por la legítima consulta popular hecha, sino por estudios sesudos sobre las enseñanzas y experiencias de reconocidos expertos. Podrían ser debates de exquisito contenido, como lo fueron intervenciones de Carlos Iván Zúñiga, Arnulfo Escalona y tantos otros diputados que en otros tiempos le dieron brillo a debates dignos de ser escuchados en la Asamblea. Eran lecciones de cívica que, con una preparación adecuada, podrían repetirlos en esta ocasión.	Ver más Cortizo empieza a armar su gabinete Aunque Panamá tiene una de las economías de mejor desempeño en Latinoamérica, algunos sectores están contraídos Seguimientos puntuales a políticos y periodista, narra el tercer testigo del MP Nueva aerolínea ligada a Copa Holding saldría desde Panamá Pacífico Escasez de billetes afectan sistema de pagos del Metro de Panamá