De acuerdo con el informe, a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, "la armonización integral de la legislación sigue siendo uno de los principales desafíos para los países de América Latina, a pesar de haber sido pioneros en ratificarla y de haber sancionado leyes específicas de protección de la niñez".	El estudio fue realizado entre mayo del 2018 y mayo del 2019 por el jurista argentino Alan Iud, y analiza los marcos normativos de 19 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.	También que solo la mitad de los países prohíbe claramente la imposición de castigos corporales; que en 17 países no se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a acceder a la información relativa a la salud de forma confidencial y autónoma; y que en 13 aún permiten el matrimonio de personas menores de 18 años.	Para enfrentar esas deudas pendientes, Unicef "hace un llamado urgente" a las autoridades para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, prohibiendo la imposición de castigos corporales, facultándoles para realizar denuncias por sí mismos e incorporándoles como destinatarios de las leyes contra la violencia familiar y de género.	Además se deben promover medidas para evitar la separación familiar y para promover la desinstitucionalización de los menores; incorporarlos en las leyes sobre los derechos de los usuarios del sistema de salud; y limitar para ellos la duración de las sanciones privativas de la libertad y ampliar las salidas alternativas del proceso u otras formas de justicia restaurativa.