Las manifestaciones marcaron un punto de inflexión en la sociedad colombiana, poco acostumbrada a hacerse sentir, pero que en esta ocasión se volcó a las calles de Bogotá y grandes ciudades para sumarse a la presión al Gobierno del presidente Iván Duque, un mandatario que en sus discursos y actuaciones recientes ha mostrado una desconexión con la realidad.	En los días previos al 21 de noviembre, cuando comenzó la protesta, el Gobierno intentó quitar hierro a las exigencias de las centrales obreras con el argumento de que no había presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social, base del malestar popular, y lo mismo con los otros puntos de las peticiones, pero no hubo diálogo directo para tratar de llegar a un acuerdo.	Solo el pasado martes, después de que el "paro nacional" de un día se prolongó con una amplia movilización en las calles contra el Gobierno, cacerolazos diarios incluidos, disturbios y saqueos en Cali y Bogotá que obligaron a decretar el toque de queda y la muerte del joven Dilan Cruz, por un disparo de escopeta de la Policía, el presidente llamó a los líderes las centrales obreras y movimientos sociales a conversar, sin éxito.	El primer intento no produjo ningún avance por la desconfianza de los miembros del llamado "Comité Nacional de Paro" en el Gobierno por no entablar un diálogo directo para tratar sus demandas sino que los incluyó en lo que denominó "Gran Conversación Nacional" con distintos sectores, para tratar todos los problemas del país, un ejercicio participativo que debe extenderse hasta el próximo 15 de marzo.	Para diversos expertos, la intención del Gobierno de poner sobre la mesa todos los problemas del país, desde las demandas sindicales, hasta la corrupción y el atraso en infraestructuras, es algo positivo pero no para un momento como el actual en el que se requieren acciones rápidas para dar respuesta al clamor de cambios de las calles.	Los más radicales del Gobierno no muestran voluntad de hacer concesiones y consideran que por haber ganado las elecciones presidenciales de 2018, el partido Centro Democrático y sus aliados conservadores tienen la potestad absoluta de definir las políticas nacionales, sin tener en cuenta los reclamos de la sociedad, postura que dificulta cualquier acercamiento a los sindicatos.	Pese a que las demandas de las centrales obreras son semejantes a las que se han hecho a otros Gobiernos en Colombia y otros países cada vez que se plantean reformas que consideran pueden poner en riesgo la estabilidad de los trabajadores, en este caso gente cercana a Duque las considera un intento de la oposición de izquierdas de ganar en las calles lo que no consiguieron en las urnas.	A esa percepción contribuye la incitación que hace a diario en las redes sociales el senador Gustavo Petro, derrotado por Duque en las presidenciales, para que la gente salga a las calles protestar, en un intento de presentarse como el líder de una movilización popular que no tiene dueño y que se mantiene viva por el impulso de la gente joven, particularmente del movimiento estudiantil.	Prueba de ello es que con el cierre del año universitario y la llegada de diciembre las manifestaciones perdieron fuelle en los últimos días para alivio del Gobierno pero también de quienes por las tardes se ven obligados a caminar durante horas para regresar a sus casas ante la paralización del transporte público y el bloqueo de avenidas, y del comercio que acumula ingentes pérdidas en la temporada navideña, la más esperada del año.