Los legisladores afectados por esta decisión son José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán, todos acusados de "haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes del odio".