El pasado 5 de agosto envíe carta al presidente de la República, ingeniero Laurentino Cortizo. Como panameño, como muchos, estoy preocupado por el caótico estado de la justicia. Ello afecta en demasía la percepción de impunidad existente en el país y, como consecuencia, que el inversionista local y extranjero tema exponer sus recursos en un país con tanta inseguridad jurídica e institucional. El sentimiento general que se apodera de la población es que la justicia está solo para perseguir a los más vulnerables, al que se robó una gallina o un celular, y no para los que llamamos delincuentes de cuello blanco, o sea, ese que se apodera de millones perteneciente al pueblo panameño. Se siente en el ambiente un profundo olor a impunidad.	Señalé al presidente Cortizo que la vida institucional del país no está bien de salud; se nota por todos lados. Que se hace necesario darle otro rumbo a lo que percibimos como un sistema judicial fallido y sin posibilidades reales de recomponerse. No solo por lo que vemos en el caso Odebrecht, que podría concluir sin culpables, contrario a lo que se ve en Colombia, el Perú y Ecuador, sino que, al igual ocurre en la dictadura de Venezuela, los casos de corrupción con la constructora brasileña podrían quedar impunes. Resulta inverosímil que hasta se impidió y dilató desde las más altas esferas oficiales ayuda local a las investigaciones en Brasil sobre este emblemático caso de corrupción internacional. Así como está Odebrecht, podemos mencionar otros casos que pareciera van por el mismo camino.	Vemos que países vecinos, como Honduras y Guatemala, han recurrido a mecanismos de ayuda internacional para solventar las crisis de su institucionalidad judicial. Los frutos son evidentes, porque, a través de investigaciones con expertos internacionales sin vínculos en el país que investigan, en el caso de Guatemala, se da el caso de un presidente (Otto Pérez) y su vicepresidente (Roxana Baldetti) en ejercicio, y un expresidente (Álvaro Colom), que han terminado en la cárcel por su vinculación en casos de corrupción y dos familiares del actual mandatario Jimmy Morales (hermano e hijo) han resultado investigados. Por ese conflicto de intereses, el presidente Morales ha pedido el cese del acuerdo de la CICIG con la ONU, lo cual rechaza la sociedad guatemalteca.	En Honduras se ha dado un resultado parecido con el encarcelamiento en Estados Unidos de un hermano del presidente Hernández y un hijo del expresidente Porfirio Lobo, vinculados a casos de narcotráfico. En los últimos días, hasta el mismo presidente Juan Orlando Hernández está siendo señalado por su vinculación con estos graves delitos. Tanto la población de estos países, así como las del Perú, Ecuador y Colombia por su actuación en el caso Odebrecht, sienten esperanzas de que la justicia finalmente se aplique a todos por igual.	Propongo que Panama, con igual derecho de solicitar este auxilio como Honduras, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) y Guatemala, con la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, proceda a pedir esa ayuda para que coadyuve con las autoridades judiciales y de investigación panameñas para impedir que nos sigamos hundiendo en la especie de lodazal en que van quedando los casos que se investigan sin que al final quede nadie sancionado. Sobra decir la decepción ciudadana que esto genera.	Estoy seguro de que la ciudadanía apoyaría esta iniciativa, propuesta antes por diversos sectores de la sociedad civil, para darle estabilidad y seriedad a nuestro sistema judicial. No se trata de perseguir a nadie, sino de que se imparta justicia y que cada uno responda por sus actuaciones, en un sistema judicial con igualdad para todos.	Más comentado La llorona del 12 de agosto del 2019 Los contrastes, las contradicciones y las teorías en el juicio a Martinelli Elevador con doce personas se desprende en Costa del Este Migración derogará Decretos Ejecutivos que favorecen el Proceso de Regularización Extraordinaria Solís, con el camino despejado a la Contraloría