domingo 19 de mayo de 2019 ‘Es el momento de reactivar el discurso de los derechos económicos y sociales' Con las políticas públicas vistas través de un enfoque de derechos humanos, se pueden mejorar de forma más contundente las condiciones de vida de todos y acercarnos al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	María Jesús Conde visitó nuestro país atendiendo invitación de la Fundación Planta Generadora de Energía Social, afiliada a la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) y a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela y con el apoyo de la fundación alemana Konrad Adenauer y la SENACYT. La especialista en derechos humanos participó en los foros ‘Transformando las políticas públicas para el logro de las metas de desarrollo sostenible' que se llevaron a cabo del 13 al 16 de mayo el propósito de generar un diálogo en relación a los temas de política pública, para identificar y establecer vínculos con especialistas nacionales y elaborar una agenda nacional enfocada en temas prioritarios. Conde ofreció un espacio de su agenda para ofrecer una entrevista a La Estrella de Panamá .	Es muy difícil hacer que los gobiernos cumplan sus obligaciones de derechos humanos, sobre todo, de derechos económicos sociales y culturales cuando en el inicio de las discusiones, durante la guerra fría, hubo una tensión entre los países de occidente que defendían sobre todo, la importancia sobre los derechos civiles y políticos, es decir, las libertades, frente a la posición de los países comunistas liderados por la Unión Soviética que defendían la igualdad a través de los derechos sociales. Esta discrepancia y esta tensión entre los bloques se saldó con el triunfo del pacto por los derechos civiles y políticos. Se introdujeron una serie de cláusulas que establecieron que los derechos económicos se realizarían progresivamente cuando los gobiernos pongan el máximo de los recursos disponible y sin discriminación. No se reconoció con la firmeza de las libertades, el derecho a las personas a vivir dignamente.	Nos hemos encontrado con un crecimiento económico desmedido, nunca habíamos tenido tanta riqueza en el planeta como hasta ahora y hay una concentración de ese crecimiento económico, en manos de unos pocos. Las desigualdades han crecido y hay mucha gente que está contribuyendo al desarrollo de un país pero ese esfuerzo no se traduce en riqueza, ni siquiera en un beneficio personal.	Eso es precisamente lo que se tiene que construir ahora. Todos los países han venido haciendo sus políticas públicas en diferentes áreas: protección social, empleo, fiscalidad, finanzas, obras públicas... Lo que se ha querido hacer es enmarcar la discusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la agenda 2030, porque esa agenda marca las líneas hacia donde se tienen que orientar todas las políticas públicas. El objetivo 10 de la agenda habla de la lucha contra las desigualdades dentro de los países y entre países. Las desigualdades han crecido de una manera exorbitante y la agenda presenta una vocación de universalidad, se aplica o compromete a todos los países del mundo. Se ha entendido que el desarrollo sostenido, el desarrollo humano y la prosperidad de las personas, de los individuos en un planeta en paz y en un planeta limpio, solo es posible si todos los países del mundo avanzan en la misma dirección porque también hay desigualdad y pobreza en los países industrializados.	Ha habido elecciones recientemente. Este es el momento para reactivar el debate porque va a haber nombramientos de cargos políticos porque se va a construir una nueva agenda. Es un momento muy interesante para Panamá para retomar el discurso y para crear opinión pública, porque los estados tienen obligaciones pero la Agenda de Desarrollo Sostenible (ADS) involucra también a la sociedad civil, a los empresarios a la academia y todos en el país tenemos que entender cuales son las desigualdades, quiénes son las personas afectadas por las desigualdades y tenemos que consensuar cómo vamos a cerrar esas brechas de desigualdad.	En todos los países se dice lo mismo. Yo creo que sí se hacen cosas, pero se pueden hacer más y mejor. En Panamá ha habido avances y en este momento creo que es una responsabilidad de todos. Tenemos que elegir a gobiernos responsables, capaces de cumplir con sus promesas, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que demandar espacios de participación. Queremos gobiernos que sean capaces de recaudar los impuestos necesarios para financiar las políticas públicas necesarias de lucha contra la pobreza. Y tenemos que participar. Es obligación de todos, no solamente los gobiernos tienen una obligación; la primera obligación política es de los gobiernos, pero los ciudadanos, tenemos que informarnos y tenemos que ser exigentes a la hora de elegir a nuestros gobiernos y a la hora de controlarlos.	Es fundamental la participación. Sin participación no hay política, no hay democracia, esto es muy importante porque de alguna forma las desigualdades, el crecimiento tan bochornosos de las desigualdades en el mundo, lo que ha hecho es secuestrar la democracia. Son las élites económicas las que están haciendo la política para todos los ciudadanos del país. Y depende de nosotros. Se está produciendo una desafección por parte de la gente más vulnerable, más pobre que no se ve representada, todavía hay clases medias, todavía hay estudiantes, todavía hay universitarios, hay gente con formación que tenemos que decir ya basta. La política no es solo cosa de políticos, tenemos que hacer algo más que quejarnos.	El objetivo 17 de la ADS habla sobre la creación de una gran alianza global para que dentro de los países y a nivel internacional caminemos todos en a misma dirección. Algo novedoso de la agenda es que para su elaboración se contó con la participación de diferentes organizaciones. Durante dos años hubo diálogo con organizaciones de niños, mujeres, jóvenes, empresarios, representantes sindicales, organismos internacionales, Estado.. Ese nivel de participación se tiene que dar ahora en la implementación. Dentro de los países se tienen que hacer reuniones de monitoreo, de evaluación para ver cómo está pasando, los países deberían nombrar un representante, un alto comisionado que esté en comunicación constante con los ciudadanos y que pueda recibir opiniones, sugerencias, que se informe lo que está haciendo. Que se informe, porque eso es rendición de cuentas y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, rendir cuentas. Esta agenda es ambiciosa, tenemos esperanzas, aquí en este país hemos podido comprobar que hay organizaciones de trabajadores, organizaciones religiosas, políticos, sociedad civil, universidades que quieren participar. Están ahí. Vamos a ver cómo estos grupos se sientan, convergen y le dicen al gobierno ‘estamos aquí'.	El objetivo ocho de la ADS habla de que el crecimiento económico debe estar sustentado en el empleo decente. Tiene un efecto positivo tanto para la economía como para las personas. El concepto de empleo decente lo elaboró la OIT en el año 1999. Se entiende por trabajo decente aquel que genera oportunidades de empleo para todos los hombres y para todas las mujeres, reconoce legalmente los derechos laborales de los trabajadores, vela por la protección social de los trabajadores y de sus familias y promueve la libre participación sindical y el diálogo social. Estamos hablando de un trabajo remunerado, justa y equitativamente, que te permita vivir, estamos hablando de oportunidades de empleo, estamos hablando de seguridad social, derecho a la sindicación y participación en el diálogo social y derechos. Es lo que cualquier ser humano piensa cuando en trabajar, independientemente de su situación propia. Es un concepto muy básico.	Fue jueza sustituta del Juzgado Penal No. 1 de Bilbao, directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Directora del programa de Migración y Desarrollo de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas de España. Además fue asesora para América Latina y el Caribe de Protección de Derechos de la Infancia de UNICEF, organización en la que ocupo altos cargos en Nicaragua, República Dominicana y Bulgaria.	En el caso concreto de Panamá, en el que el 40% de los panameños que trabajan se encuentran en al economía informal, según cifras del la OCDE. Hay que ver cómo se integra progresivamente a estas personas al sistema formal laboral, teniendo en cuenta que no nos podemos quedar con esquemas del pasado y teniendo en cuenta cómo las transformaciones socioeconómicas que estamos viviendo —los avances tecnológicos, la transición demográfica y el cambio climático— abren nuevas oportunidades en empleos de sectores que van a ser estratégicos para la economía. Hay muchas áreas en que se pueden generar miles de empleos formales, como la economía de los cuidados, la economía verde. Son áreas donde tenemos ya hay mucha gente trabajando pero que está trabajando en condiciones precarias.	La ADS no vincula jurídicamente. Es una declaración de compromisos, política. Pero los objetivos que busca lograr son derechos humanos. Nos estamos planteando acelerar la realización de esos derechos y el planteamiento es que si el enfoque de derechos humanos puede ayudar a mejorar las condiciones de vida, en lugar de estar hablando de políticas públicas y de agenda, vamos a interpretarlos en términos de derechos humanos. Si esta interpretación de derechos humanos, puede ayudar a acelerar los resultados, es necesario judicializar los derechos económicos y sociales, en base a investigaciones y a conocimiento empírico de la realidad.	Los derechos económicos y sociales están basados en progresividad y en función de los recursos disponibles. Y muchas veces hay recursos disponibles en los países pero se hace un mal uso de ellos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales ha dicho reiteradamente que esta cláusula no puede ser entendida como una excusa para incumplir o para demorar el cumplimiento de los derechos y, también dice que, por ejemplo, cuando un país tiene altos niveles de evasión fiscal, o cuando se conceden beneficios fiscales a empresas que no aportan ningún beneficio al país, cuando hay grandes ineficiencias en el gasto público, o cuando hay altos niveles de corrupción, también se está violando la norma, porque se están desperdiciando recursos. Para que un derecho económico social se pueda judicializar se necesita investigación, se necesita entender si verdaderamente el gobierno está gastando el máximo de los recursos disponibles o hay recursos financieros que se están yendo por la evasión o por la mala gestión o por la corrupción. Panamá es el país que más ha crecido económicamente en los últimos años en América Latina. ¿Se ha producido una repartición justa de ese crecimiento? Para que esto que estoy contando no se convierta en un debate abstracto ideologizado, sino que se convierta en evidencias que puedan sustentar la reclamación judicial, necesitamos investigar, medir, ver qué es lo que está pasando dentro de la maquinaria gubernamental.	Hemos tenido conversatorios en Ciudad del Saber, en al tarde una reunión con académicos en la USMA, un conversatorio riquísimo con Fe y Alegría, organizaciones de base de la iglesia en la que participaron hombres, mujeres, jóvenes, inteligentísimos, formadísimos y comprometidos que trabajan en las comunidades más pobres del país en Panamá metropolitano y en las comarcas. He quedado impactada. Hemos estado discutiendo sobre la encíclica Laudato si, en la que el papa dice que las desigualdades tan graves que estamos viviendo son una injusticia y son evitables. Tenemos no solo que denunciarlas sino que estar cerca de quienes las sufren y lograr que participen en la reformulación del concepto de desarrollo. Ha sido un debate espectacular.	Uno bastante alentador porque veo que hay muchos colectivos, muchas organizaciones, hay un gran capital humano en este país, gente que quiere cambiar las cosas gente que dice ‘ya basta, llevamos varios años repitiendo y repitiendo', ha habido avances importantes a pesar de eso y yo soy testigo porque viví seis años en Panamá. Pero sí es cierto, queda por hacer. Se ha hablado de cuestiones que están en la agenda, que tiene que haber un consumo responsable, que tenemos que comprometernos más para evitar la degradación ambiental, ser más sensibles con los grupos más excluidos, con los inmigrantes y en ese sentido veo que todos esos temas salen de bocas de panameños. La búsqueda de las soluciones salen de ustedes, saben lo que tiene que hacer y eso es lo que he percibido, que ya hay cierto aburrimiento de dejar que los políticos hagan. La gente quiere actuar.	Falta más diálogo entre la Universidad, las organizaciones sociales, los sindicatos, la sociedad civil; un poco más de diálogo y más comunicación con el poder político. Hay que cerrar la brecha, la distancia entre la sociedad civil y el poder político. Pero yo creo que se avanza por buen camino, y los esfuerzos de la USMA o d e la Fundación Plataforma de Energía Social pueden ayudar a la generación de conocimiento, en las discusiones para que cualquier reclamación, cualquier exigencia al gobierno, de rendición de cuentes esté bien informada. Que la gente sepa lo que se tiene que hacer. Yo creo que llevamos muy buen camino.	La que más me preocupa es la 10, sobre la lucha contra la desigualdad y me preocupa porque necesita mucho liderazgo, necesita una interpretación conforme a los derechos humanos para que se tenga en cuenta cuando hablamos de desigualdad, de ingresos, que hay que analizar también otras desigualdades que la sustentan muchas veces como es la desigualdad de género, o la desigualdad de raza. Quizá ese puede ser para mí el objetivo que presenta el mayor reto y que es muy urgente. Es la piedra angular. Además, porque el objetivo 10 se relaciona con el 1 que es la erradicación de la pobreza; el 4, que es educación de calidad; el 8, crecimiento económico basado en el empleo decente; el 13, sobre acción climática y el 16, que es justicia paz e instituciones democráticas. Todo está interconectado.	Está mal. A nivel global estamos muy lentos, porque los países industrializados no están invirtiendo en ayuda oficial al desarrollo lo que se comprometieron a invertir y esto lógicamente dificulta los avances. También se tiene que hacer más en términos de cooperación y gestión del conocimiento. A mí me gustaría enfocarme en el país porque si en el país tenemos dificultad, luego globalmente te pierdes. En términos globales estamos muy desacelerados y parece que viene otra desaceleración económica. Entonces, creo que esta alianza dentro del país es muy importante para poder impulsar cambios que sí se pueden hacer desde dentro. Panamá no necesita recibir fondos de la ayuda al desarrollo para tener una política fiscal redistributiva o para insertar en el sector formal a esas 40% de personas que están en el sector informal. Entonces, se puede avanzar.	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