Han sido pocas horas desde que asumió el nuevo gobierno, sin embargo, comienzan a sentirse los mismos síntomas de siempre. Y es que nada se hace cambiando figuras, cuando el mal no está en las personas que asumen el poder político del país, sino en la debilidad estructural que sufre la institucionalidad de Panamá.	El entendimiento que debería tener el Ejecutivo con el Legislativo por estar controlado por el mismo partido político, parece un camino descontado, no obstante, en el hipotético caso de que el primer Órgano del Estado sintiese que aumenta su fuerza y la de sus intereses, podría hacerlo tomar el mismo camino transitado durante el pasado quinquenio, donde confirmó el poder que presumía tener, pero que nunca pudo usar.	Por décadas, el panameño se enfocó en la elección presidencial, pensando en ese poder supremo que asumen los mandatarios que lideran al Ejecutivo. Hoy día, podría ser la cosa distinta, ya que después de probar el brazo fuerte que ejercieron y la exagerada inmunidad con la que cuentan, los diputados podrían tomar mayores atribuciones, que las acostumbradas.	Lo cierto, es que dichas atribuciones tienen un asidero constitucional, por lo cual, no se trata de una simple atribución sino de un derecho consagrado en la Carta Magna. Si hasta hace poco los diputados resultaron ser serviles cómplices del Ejecutivo a cambio de apadrinar sinvergüenzuras; hoy podrían constituirse en una fuerza propia, que juegue para si misma, entendiendo que antes, no solo vulneraron a un gobierno específico, sino que se tiraron al bolsillo, toda la institucionalidad de la nación.