La fiscal superior coordinadora de asistencia de juicio de la Fiscalía Metropolitana, Maruquel Castroverde, explicó que incluso en las estadísticas hay inconsistencias por parte del Estado para encarar la violencia y el acoso a la mujer. Expresó que en efecto la ley no separa el acoso laboral del acoso sexual, razón por la que muchas veces empeora con la coacción o el miedo a represalias por parte de la víctima, que la mayoría de las veces opta por desistir de la denuncia, para evitar el calvario del proceso engorroso a nivel penal.	fue presidenta de Asociación Panameña Para El Planeamiento De La Familia (Aplafa) y actualmente asesora como voluntaria a la directiva de la institución. Para ella urge establecer políticas públicas y educación sexual en las escuelas para prevenir los embarazos precoces, que muchas veces son producto de violación sexual a menores de edad. Recordó que en la administración de la exministra Lucy Molinar en el Meduca, se le prohibió a las instituciones como Aplafa ir a las escuelas para proveer información, apelando solo a la abstinencia que "debían" practicar los menores de edad.	fue otra de las panelistas. Es trabajadora social y puso el dedo en la llaga del abuso sexual infantil, apuntando que en muchos casos los victimarios están dentro del entorno familiar, lo que exige que el Estado garantice, a pesar de la familia en esos casos, el bien del menor y no que mire para otro lado. "Las cifras de embarazo infantil, violaciones sexuales y VIH indican que necesitamos educación sexual urgente".	, por su parte, planteó el flagelo del machismo y los estereotipos que históricamente han pesado sobre la mujer, alimentando un sistema androcéntrico que banaliza muchas veces el derecho de la mujer de sentirse segura en cualquier entorno, autolimitándose ella misma de hacer algunas cosas, viajar a algún lugar o caminar por una calle.	La Organización de la Naciones Unidas (ONU) define la violencia hacia la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".