el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 591, por el cual se reformó el Código Penal y el Código Fiscal. Estas reformas, que actualizan el sistema fiscal panameño y establecen que la evasión de impuestos es un delito precedente del blanqueo de capitales, representan un cambio fundamental en el esquema de la gestión tributaria del país, y finalmente colocan a Panamá en el mismo nivel que la mayoría de los países occidentales.	A cuatro meses de que concluyera el gobierno de Juan Carlos Varela, la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), mediante la Resolución AN 13194-Elec, dio visto bueno para que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (Etesa) incluya en su plan de expansión la cuarta línea de transmisión eléctrica Chiriquí Grande-Panamá III. La obra costaría un aproximado de $500 millones; y estaría dentro de los proyectos del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional.	El 20 de febrero, la empresa Millicom compra Movistar Panamá, Costa Rica y Nicaragua. La compañía está pagando $1,650 millones para adquirir los activos móviles líderes que complementan las operaciones de cable de Millicom en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. La empresa Millicom, que adquirió también a la panameña Cable Onda, anunció el miércoles 20 de febrero que había iniciado los acuerdos para la adquisición completa de Telefónica Móviles Panamá, S.A. (Movistar).	El 9 de marzo, el Consejo de Gabinete aprobó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente a la Asamblea Nacional una modificación del artículo 288-J de la Ley 70 de 31 de enero de 2019, que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones, en una carrera contra el tiempo para que la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera (Gafi) cause el menor impacto económico posible a Panamá.	El 25 de abril, el entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, inauguró la segunda línea del Metro del país, con una inversión que superó los $2,000 millones. La obra de 21 kilómetros de longitud, conecta en 35 minutos a la 24 de Diciembre con San Miguelito, donde enlaza con la Línea 1. Ambas líneas fueron construidas por el consorcio formado por la brasileña Odebrecht y la española FCC Construcciones.	Para el 17 de mayo, Panamá recibió la confirmación de la habilitación del primer código aduanero para la exportación de carne bovina al mercado chino, por parte de la Administración General de Aduanas, lo que marca un nuevo hito para la ganadería nacional. El anuncio lo realizó el para entonces mandatario panameño Juan Carlos Varela a través de la red social Twitter, a través de la cual indicaba que esto permitía iniciar con la exportación de las primeras 200 toneladas de carne al mercado chino.	A pesar de haber tipificado la evasión fiscal como delito, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó otra vez a Panamá en su lista de 'jurisdicciones con deficiencias estratégicas' para prevenir el terrorismo y el lavado de dinero, junto a las Bahamas, Botsuana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen. Panamá ya estuvo en esta lista en 2014, pero salió en 2016. La acción fue realizada el 21 de junio.	El 24 de julio, Panamá firmó junto al banco estadounidense Citibank la ratificación de $2,000 millones en bonos. Con esta transacción, se logró la tasa más baja de un bono a 10 años y la tasa más baja de un bono a 40 años, lo que se constituyó en un beneficio para las finanzas estatales. El nuevo presidente, Laurentino Cortizo, indicó que el dinero será utilizado para el pago a proveedores y gremios de médicos y educadores, así como otros sectores con los que el Estado tienen cuentas pendientes.	El gobierno de Laurentino Cortizo Cohen destina $1,600 millones al pago a proveedores locales. Así mismo, otorgó $420 millones para cancelar las deudas pendientes con el sector bancario. El sector agropecuario fue uno de los primeros beneficiarios con estos pagos tras la entrega de cheques a más de 12,000 productores del país por un total de $39 millones.	El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sanciona el 19 de septiembre la Ley 93, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), para ejecutar obras del Estado con capital privado para el desarrollo social y la creación de empleos. Mientras gremios cuestionaron la norma al considerarla una privatización solapada, el Ejecutivo asegura que esta ley convertirá a Panamá en un destino más atractivo para la inversión privada, una posición que fue compartida por la mayoría de los grupos empresariales del país.	La Asamblea Nacional aprueba el 31 de octubre en tercer debate el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2020, que alcanza la cifra de $23,322 millones, de los cuales $7,744 millones serán para inversión. Esta aprobación se dio en el hemiciclo parlamentario en medio de protestas de grupos obreros, estudiantiles y de otras organizaciones de la sociedad civil, en contra del proyecto de reformas a la Constitución Política.	Panamá incursionó el 19 de noviembre en los mercados de capitales internacionales a través de la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2030 y 2053, como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal 2020, que contempla la amortización del Bono Global 2020 con vencimiento en enero próximo. El monto adjudicado ascendió a $1,300 millones, colocándose $300 millones en el Bono 2030; y $1,000 millones en el Bono 2053, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).	El Gobierno Nacional anuncia el 27 de diciembre que mantendrá el subsidio en la tarifa de electricidad en la casi totalidad de los clientes en el primer semestre del 2020, por lo que no habrá aumento en este servicio público. Representantes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos dijeron que a 1,136,296 clientes, el 99.2%, no les variará su factura o tendrán un ligero ajuste en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2020.