En la decisión del juez Loaiza, proferida mediante Auto Vario N° 193 de fecha 27 de noviembre de 2019, se señala que “el delito investigado hasta el momento cuenta con 16 tomos, cuya investigación trata de un delito Contra la Administración Pública, donde no existe, hasta el momento, detenidos y en la cual se encuentran sendas diligencias pendientes de realizar que conllevan cierta complejidad, y tiempo para la espera de respuestas que permitan la acreditación de un posible hecho punible o posible vinculación de aquellas personas que de acuerdo a la investigación, resulten los elementos de convicción, y en atención a que pueden resultar gran cantidad de personas vinculadas, se concede doce (12) meses adicionales”.	Advierte el juzgador que una vez finalizado dicho término, la Fiscalía de Descarga Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, deberá remitir dicho sumario en el estado en que se encuentre. No obstante, de requerirse una nueva prórroga, podrán solicitar otra extensión, detalló el Órgano Judicial en una nota de prensa.	El 21 de abril de 2015, la firma de abogados Vega & Álvarez denunció al ex magistrado por los supuestos delitos contra la administración pública, la libertad y la integridad sexual, basando sus acusaciones en el testimonio del exjefe de escoltas, Vicente Caballero Zamorano, quien se encuentra detenido en la cárcel de Veraguas.