A mediados de 2017, el hueco fiscal en las finanzas del país empezaba a acentuarse. Los traslados de partidas entre instituciones parecían el pan de cada día. El Gobierno, con el afán de cubrir las necesidades, emitía bonos, solicitaba líneas de crédito a la banca y pagaba deuda con más deuda. La ejecución del presupuesto, en la mayoría de los ministerios, era muy baja, exceptuando las carteras directamente relacionadas a los proyectos que la gestión Varela imponía como estandarte de su gobierno: el programa Techos de Esperanza, la Renovación Urbana de Colón, y la ampliación de carreteras, tomando en cuenta que se trataba de un año preelectoral y el gobierno aspiraba repetir en 2019.	En un lapso de ocho meses, De La Guardia advirtió al presidente en al menos tres ocasiones sobre las consecuencias a futuro que sufrirían las finanzas al ritmo que se manejaban. Incluso, en conversaciones con otros interlocutores que se registran en 2018, el mandatario pidió ideas para conseguir $400 millones que requerían varias instituciones.	A pesar de las carencias financieras, el Ejecutivo se doblega ante los diputados, se deja “chantajear” ante la resistencia de estos en aprobar proyectos de leyes del Ejecutivo, y cede fondos para las partidas 002 y 080 en las que posteriormente se comprobó la falta de control en los contratos en los que los diputados emplearon estos fondos.	En febrero de 2017, De La Guardia había tenido una reunión con los principales diputados de la Asamblea Nacional para revisar los montos de los contratos para el 2017. “Fue una pelea monumental” porque el gobierno había advertido que no podía seguir con los montos de 2016. El otro problema era que el contralor, Federico Humbert, quería conocer los nombres de los beneficiados en los contratos y los diputados se negaban a revelarlos.	“Este personaje ha sido una piedra en el zapato para este financiamiento. Ahora quiere cambios inaceptables al aval que otorgó el país y una cuenta bancaria especial para el metro. Me voy a o oponer a cualquier contratación de Arifa con el Estado, debemos sacar a todos los socios de la firma del gobierno”, demandó Dulcidio.	Varela pidió a Dulcidio que agilizara los trámites para el puerto de Cruceros en Colón y los proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Varios ministerios registraban una ejecución muy lenta. “Solo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) están ejecutando, Minsa (Ministerio de Salud), Meduca (Ministerio de Educación) y otros, súper lentos, cuarto puente y línea 3 se están dilatando”, analizó Varela.	Ante el faltante, el gobierno decidió emitir bonos en dos ocasiones para financiar las necesidades de 2017 y reducir el monto de la emisión que vencía en 2020. En total pusieron en el mercado $2 billones. “El objetivo es reducir en unos 750 millones el bono de 2020 y el resto sería para las necesidades de 2017”, explicó Dulcidio.	En un informe que envió a Varela, el ministro detalló las necesidades de las instituciones, en total sumaban $562 millones. El Miviot lideraba con $132 millones para proyectos de Techos de Esperanza, Renovación Urbana de Colón y otros. Para el Idaan , destinados a dos potabilizadoras, requería $112 millones; el MOP pedía $83 millones, los nuevos préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario totalizaban $40 millones, y contando. De ese monto total, habían asignado $156 millones.	De La Guardia indicó ayer a este diario que el déficit del Sector Público No Financiero de 2017 ascendió a los límites máximos dentro del marco legal, en total fue de $1,600 millones. Sobre el contenido de los chats no quiso opinar. Añadió que durante su gestión se cumplió con la Ley que plantea el déficit fiscal.	Conocía cómo fallarían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los litigios entre empresas, igualmente las querellas presentadas. Así lo comunicó, en las filtraciones, al mandatario, quien en algunas ocasiones trazaba la estrategia judicial: “la rechazamos”, dijo en el caso de Abdul Waked contra el Banco Nacional. Dulcidio sugirió al panameñista Olmedo Arrocha como candidato al cargo de magistrado de la Corte, como en efecto ocurrió.	El 21 de agosto de 2017, Dulcidio veía injusta la detención del exministro del MEF, Frank De Lima, por un caso relacionado al aeropuerto internacional Tocumen. Reclamó al presidente que en todo caso el Ministerio Público tendría que haber detenido a todos los miembros de la Junta Directiva del aeropuerto Tocumen, que preside el ministro del MEF.	“Sí, pero lo han detenido porque es el presidente de la Junta Directiva, mañana me pueden aplicar ese estándar a mí, o es que acaso yo tengo que ir a medir el tamaño de todos los locales comerciales”, se curó en salud Dulcidio. Y añadió: “Yo conozco el caso, sí deben dinero pero no el monto que dice la Contraloría. Además, ¿por qué no está preso (Juan Carlos) Pino y los gerentes de Tocumen, y el resto de la junta directiva que aprobó la adenda?”.