El autoritarismo político que se desprendía del texto original de la Constitución de 1972 (que avalaba a la Guardia Nacional como a un cuarto poder y a su Comandante, como Jefe de Gobierno) no fue superado con las reformas constitucionales de 1978, 1983, 1994 y 2004. Y tampoco será superado si se efectúan nuevas reformas con base en la propuesta de la Concertación Nacional.	El poder del Presidente no sólo se manifiesta en su capacidad de nombramiento de todos los funcionarios públicos del aparato estatal. Sino se desprende también de su facultad de designación –a través del Gabinete- de quienes presiden la administración de justicia del país, es decir, tanto del Procurador General de la Nación y el de la Administración, como de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (con la ratificación de la Asamblea Nacional). Aparte de ‘tirar la línea' a la Asamblea, para el nombramiento del Contralor y del Defensor del Pueblo.	Asimismo, su control cuasi absoluto del Presupuesto del Estado, lo hace manejar a su antojo al Órgano Legislativo. O sea, que la separación e independencia de los órganos del Estado sólo queda siendo un principio más retórico que real, que malamente oculta la subordinación del Legislativo y Judicial con respecto al Ejecutivo.	El vicio de origen, en nuestro concepto, es, sobre todo, pretenderse ‘foro de consulta', cuando es una entidad presidida por el propio Presidente de la República o por su delegado, que presenta al propio Ejecutivo, la terna de los candidatos, para que éste escoja al Magistrado de la Corte o del Tribunal Constitucional, y ya no por 10 años, sino por 15 años: ¡círculo vicioso de un ultra presidencialismo ya desgastado y desfasado!