En un principio, cuando Guillermo Endara tomó posesión en sucesión de Manuel Antonio Noriega, los carteles de la droga midieron la capacidad de las recién empoderadas fuerzas policiales para bloquear el paso de la droga. Una vez comprobaron que los operativos eran laxos, carentes de presupuesto y capacitación, conocieron el terreno que tenían para pasar la droga.	Varios factores propiciaban, como hasta ahora ocurre, que Panamá fuera un lugar para facilitar el lavado de dinero. Así lo reflejó un documento de la Casa Blanca que analizaba la situación de lavado de dinero en Panamá. Identificaron varios factores que 'propiciaban' la ilícita actividad: “Su proximidad con Colombia, su amplio mercado internacional que atrae el tráfico de drogas y precursores químicos, la ausencia de ley durante la dictadura, el sofisticado sector financiero y la economía dolarizada”.	Con la recuperación económica en marcha, muchos lavadores encontraban un nicho para continuar con sus actividades ilícitas, y los recursos del gobierno para identificar a estos supuestos inversionistas eran limitados. Panamá cargaba con una ausencia de leyes en la materia personal poco especializado. “Algunos informes apuntan a que la Zona Libre de Colón se presta para esto”, refiere el texto.	Poco parece haber cambiado este tema en Panamá desde 1990. Panamá sigue en la constante lucha contra el blanqueo de capitales, las listas grises y la actualización de la legislación a la medida de las necesidades internacionales. Uno de los mecanismos que empleó Estados Unidos para obtener información sobre el lavado en Panamá, fue a través de un tratado bilateral que obligaba a Panamá a proporcionar información y así ellos poder legalizarla en las Cortes norteamericanas.	El Comité de abuso de Narcóticos, por su parte, predecía que el tema más serio que enfrentaba Panamá en materia criminal era el lavado de dinero. “No hay cifras exactas de cuánto es lo que se blanquea en Panamá, pero los oficiales de la embajada estiman que son billones de dólares los que se lavaron durante el régimen de Noriega. Panamá continúa siendo un paraíso para el lavado de dinero por la estructura comercial y financiera que tiene”, se lee en el archivo desclasificado.	El ambiente de los bancos y compañías que hacían transacciones, además de una economía dolarizada y una reputación de que no aplicaban las leyes antinarcóticos, sumado a ser vecino del productor de cocaína en Suramérica, hacían a Panamá un sitio con el ambiente propicio para lavar dinero. Hasta un año antes, en Panamá se podía hacer cualquier transacción en efectivo sin necesidad de reportarlo a Estados Unidos. Pero a partir de 1990, como una medida para prevenir el blanqueo a petición de Estados Unidos, las transacciones mayores a $10 mil debían reportarse. La idea era que los bancos pudieran prevenir y ser penalizados por operaciones de fondos originados por el narcotráfico.