La administración de justicia en Panamá tiene naturaleza constitucional (Título VII) con poder para juzgar pleitos civiles y delitos penales y para ejecutar sus fallos, supuestamente de forma independiente y apolítica, algo difícil, al no existir un auténtico Gobierno del Poder Judicial como órgano regidor autónomo que tenga competencia no solo para nombrar jueces y magistrados, sino, además, para garantizar la independencia de sus acciones y el cumplimiento de sus funciones.	Un Gobierno judicial debe tener capacidades administrativas-gubernativas, en especial de nombramiento y ascensos por meritocracia; con inspecciones periódicas y un régimen disciplinario que filtre y destituya servidores judiciales ineficientes o corruptos, para garantizarnos una judicatura basada en valores de vocación y experiencia, con formación constante y con un desempeño altamente ético, moral y honesto.	La estructura administrativa del Órgano Judicial (Acuerdo 9 de 1992) brinda servicios de apoyo administrativo para que las instancias judiciales reciban recursos presupuestarios, humanos y materiales; el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (Isjup) imparte educación jurídica a servidores judiciales; el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), con la digitalización de expedientes de tribunales, complementa y adiciona los servicios del Centro de Documentación Judicial, todo esto indudablemente hace mejor nuestro sistema judicial, pero no garantiza su independencia, porque ni tan siquiera se ha implementado la Carrera Judicial y es notoria la injerencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo en las acciones y funciones de nuestro sistema judicial.	Esta representación es demasiado nítida, si adicionamos la estructura de la Corte Suprema de Justicia, los 234 juzgados y 14 tribunales, distribuidos territorialmente por toda la geografía nacional o clasificados por su ramo o materia tratada; la coexistencia de procesos inquisitivos (escritos) y acusatorios (orales); todo el engranaje del Ministerio Público con sus procuradores, fiscales y personeros; además del proceso legislativo que crea las leyes de carácter normativo y compulsorio que rigen nuestra conducta social utilizadas en juzgamientos.	Si queremos un verdadero Estado de derecho en Panamá, basado en el principio de legalidad, que valora la justicia como su objetivo principal, entonces es tarea del próximo Gobierno cuidar y cultivar ese árbol frondoso, dotándolo de un Gobierno judicial autónomo que nos garantice una judicatura bien entrenada y fiscalizada, normas claras y consistentes y la sumisión del Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial.	Más comentado La llorona del 24 de mayo del 2019 ‘Panamá extiende los brazos y construye puentes para llegar a entendimientos en la región' Roy pide que se cumpla con la ley en designaciones en la ACP La española OHL y portuguesa Mota Engil virtuales ganadoras de la extensión de la Línea 1 del Metro Denuncian otorgamiento ‘selectivo' de personerías jurídicas	Ver más Cortizo empieza a armar su gabinete ‘Estoy sentado en primera fila para ver qué va a pasar cuando las reformas constitucionales lleguen a la Asamblea Nacional' La llorona del 18 de mayo del 2019 La llorona del 20 de mayo del 2019 La llorona del 22 de mayo del 2019