La reciente dimisión del negociador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la disputa por el Sahara marroquí, se produjo en momentos en que el alto tribunal de justicia de España, la Audiencia Nacional, decidió ampliar hasta mayo del 2020 el plazo para investigar una querella por delitos de lesa humanidad contra Brahim Ghali, actual líder de la guerrilla africana del Frente Polisario.	Al conocer la dimisión, Marruecos lamentó la decisión del expresidente alemán Horst Köhler, de 76 años, quien anunció que el abandono de su puesto por razones de salud. Köhler inició su gestión con una confianza excesiva y acabó estrellándose contra la intransigencia de la guerrilla africana que no aceptó un calendario que pusiera en marcha negociaciones directas entre Marruecos y Argelia, de la cual el Polisario es un títere.	El enviado del secretario general de la ONU para el Sahara estuvo 21 meses en su puesto y logró dos encuentros en Ginebra entre representantes de Rabat y Argelia, Mauritania y el Polisario -después de seis años sin contactos- para tratar de sacar de su bloqueo un conflicto con 45 años de existencia.	El gobierno de Marruecos dijo en un comunicado que seguirá respaldando a la ONU en la búsqueda de un arreglo al “diferendo regional sobre el Sáhara marroquí". Reafirmó, además, su apoyo a "una solución política realista, pragmática y duradera, basada en el compromiso y en el marco de la iniciativa de autonomía” siempre bajo soberanía marroquí.	Köhler es el cuarto enviado especial de la ONU para el Sahara desde 1997. Uno de los que tuvo mayor resonancia fue James Baker III, peso pesado de la diplomacia estadounidense. Lo sucedió el holandés Peter van Walsum, un experimentado diplomático experto en Iraq. Después de promover cuatro rondas de conversaciones entre las partes, van Walsum llegó a la conclusión –y así lo expresó al Consejo de Seguridad de la ONU- que las pretensiones separatistas del Polisario eran “inalcanzables”. “Un Sahara independiente no es una opción realista”, dijo posteriormente a medios de prensa internacionales.	Un año antes de que van Walsum dejara el puesto, Marruecos presentó en el 2007, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, una iniciativa para la negociación de un Estatuto de Autonomía para el Sahara. La propuesta, en marcha desde hace ocho años, garantiza a la población del Sahara marroquí gestionar democráticamente sus asuntos a través de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales correspondientes. Esa iniciativa ha sido reconocida desde entonces por las 13 últimas resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU por los “serios y creíbles” esfuerzos desplegados por Marruecos en busca de una solución al diferendo. Esa posición es compartida por la mayoría de gobiernos de América Latina	Por otro lado, la decisión de Audiencia Nacional de España de ampliar hasta mayo del 2020 el plazo para investigar una querella por delitos de lesa humanidad contra Ghali, el líder máximo de la guerrilla del Polisario, demuestra que las causas de justicia universal siguen su marcha y que, en algún momento, habrá un fallo definitivo.	A ese personaje y su movimiento separatista, con el cual el gobierno de Juan Carlos Varela restableció relaciones diplomáticas –mientras mantuvo un trato hostil contra Marruecos, una potencia emergente en África que reúne aspectos de genuino interés nacional para Panamá- la cancillería panameña está invitando oficialmente a los actos protocolares de la transmisión del mando presidencial del primero de julio próximo. Esa la guerrilla africana carece de condiciones de Estado y solo es reconocida por un puñado de países, en su mayoría bajo regímenes autoritarios.	Ghali y la guerrilla africana del Polisario han sido señalados por sus vínculos con Irán y el movimiento terrorista libanés Hezbolá, el mismo que Varela implicó en mayo del año pasado –basado en informes de inteligencia de Israel- en el atentado de julio de 1994 contra un avión de Alas Chiricanas que estalló en pleno vuelo poco después de despegar de Colón causando la muerte a 21 pasajeros y tripulantes, en su mayoría ciudadanos israelíes.	En el caso concreto de Ghali y otros 22 miembros del Polisario, el juez José de la Mata Amaya –célebre por sus investigaciones de corrupción, espionaje político y extradición internacional- tomó en cuenta la petición de la fiscalía para ampliar el límite de una investigación declarada compleja y decidió darle curso a la solicitud en un caso que presenta numerosos hechos punibles, exige pericias de distintos órganos judiciales y la realización de actuaciones en el extranjero. Basado en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, Mata Amaya tiene un plazo de 18 meses que puede prorrogarse hasta que finalice el proceso.	La Audiencia Nacional de España acogió en el 2007 y el 2012 las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1980 por 23 miembros del aparato de seguridad de la guerrilla africana del Polisario contra ciudadanos saharauis disidentes retenidos contra su voluntad en campamentos de refugiados en territorio de Argelia. En la causa también están implicados cuatro agentes de los servicios de seguridad argelinos.	Al conocer la decisión, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), expresó su “plena confianza en los procedimientos judiciales con el fin de que los culpables sean juzgados y paguen por los graves delitos de los que se les acusa, y las víctimas de esas graves violaciones no queden en el olvido y no haya impunidad para los implicados en esas atrocidades cometidas en las cárceles clandestinas del Polisario”.	Al documentar 289 atentados cometidos en el Sahara marroquí por ese grupo separatista en las décadas de 1970 y 1980 que dejaron un saldo de más de 300 víctimas entre trabajadores españoles –incluyendo 16 pescadores muertos y 16 heridos- demandó que la guerrilla del Polisario sea incluida en el catálogo oficial de organizaciones que han utilizado el terrorismo contra ciudadanos ibéricos.	Los abusos contra saharauis disidentes persisten en los cinco campamentos de refugiados instalados en el sur de Argelia. Son restringidos en sus movimientos, carecen de pasaportes reconocidos internacionalmente, por lo que es extremadamente difícil que los saharauis viajen a países extranjeros. Además como refugiados no tienen los recursos financieros para moverse fuera de los campamentos.	Argelia, por otro lado, ha impedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizar un censo en los campamentos para determinar el número de refugiados que actualmente sobreviven en esos centros cuya población se estima en unos 40,000. El bloqueo del censo es una decisión estratégica por parte de Argelia y la guerrilla del Polisario, porque el número milicias a disposición del movimiento separatista se considera un asunto de seguridad.	La crisis de los refugiados saharauis en territorio argelino, tiene otra cara. Hace unos meses, Marruecos desarticuló una célula terrorista vinculada al Estado Islámico (EI) y la guerrilla del Polisario, demostrando el efecto desestabilizador por la falta de cooperación de Argelia y la existencia de los campamentos donde los separatistas retienen a la población saharaui marroquí.	Las detenciones de tres terroristas se produjeron en las ciudades de Laayun, Salé y Marraquesh, junto con documentación, uniformes y una bandera de la guerrilla africana. Expertos internacionales en terrorismo han denunciado la existencia de vínculos entre el Polisario y el EI, además de relaciones con organizaciones dedicadas al tráfico de armas, drogas y secuestro de cooperantes europeos.	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