El poder Ejecutivo declaró el 17 de diciembre el estado de emergencia en el sistema penitenciario y ordenó a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) tomar el control de las cárceles luego de la suspensión temporal de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y de Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).