El expresidente de Bolivia Evo Morales, que llegó a Argentina el jueves pasado y pidió ser acogido como refugiado, dijo este martes que no tiene miedo a una posible "detención", volvió a denunciar que fue víctima de un "golpe de Estado" y reiteró que no será "candidato" en las próximas elecciones de su país.	"No soy candidato, no voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política como político", dijo el exmandatario en una multitudinaria rueda de prensa, la primera desde su arribo a la capital argentina procedente de México, donde estuvo asilado desde que el 11 de noviembre abandonó su país tras renunciar al cargo el día anterior presionado por las Fuerzas Armadas.	En una entrevista con Efe el lunes en Washington, el ministro de Gobierno (Interior) del Ejecutivo de la presidenta interina Jeanine Áñez, Arturo Murillo, previó que en las próximas horas saldría una orden de detención contra Morales, ya que según dijo "tiene una denuncia de terrorismo" junto a quien fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana y "tendrán que responder a la Justicia en los próximos días".	En la larga comparecencia, el exmandatario destacó los hitos de sus "13 años, 9 meses y 18 días de presidente", en los que hizo "tres cosas importantes: en lo político refundación de Bolivia, dejar el "estado colonial y tener uno plurinacional", en lo económico las nacionalizaciones y, lo más importante, en lo social la redistribución de la riqueza".	La OEA publicó el pasado 10 de noviembre una versión preliminar del informe sobre las polémicas elecciones del 20 de octubre en Bolivia, que generó fuerte controversia en el país y que en pocas horas provocó un anuncio de repetición electoral por parte de Morales y su posterior renuncia a la Presidencia forzada por los militares.	En los comicios, Morales salió electo por cuarta vez como presidente en primera vuelta por un margen superior a los diez puntos -según el recuento oficial- sobre su principal rival, el exmandatario Carlos Mesa, aunque la oposición denunció fraude y la OEA, en su informe, advirtió de irregularidades en el escrutinio.	Según dijo el canciller argentino Felipe Solá la semana pasada, la Comisión Nacional para los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior, es la que debe determinar si acepta dar el estatus de refugiado, aunque el ministro adelantó que será aceptado y que "desde el momento que se pide", quedará liberado de "cualquier posibilidad de extradición".