En el año 1956, se aprobó la Ley 25 de 9 de febrero de 1956, por la cual se desarrollaba el artículo 21 de la Constitución Nacional referente a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, clase social, sexo, religión e ideas políticas. Esta ley fue redactada con las mejores intenciones, por un afrodescendiente panameño, el eminente intelectual George Westerman. Es decir, se plantea en el plano jurídico la igualdad de todos los habitantes de la República. Empero, la realidad jurídica —a pesar de lo que digan sectores abogadiles y lo que nos enseñan los docentes en las escuelas— esto es una olímpica ficción.	Esto se ha reiterado una vez más con el suceso ocurrido días atrás con la MEGABANDA —una de las bandas independientes— que había sido invitada a desfilar el 10 de Noviembre en Darién —en Metetí, si no recuerdo mal—, pero que luego, faltando un par de días, se les comunicó que se desechaba su participación por objeción de una alta autoridad policial, quien argumentó que se trataba de “negros, maleantes y pandilleros”.	En efecto, se reitera que existe una desigualdad en el país, en esta ocasión expresada en actitudes y prácticas de discriminación étnica, cultural, pero más que nada económica. Es decir, si bien se hizo alusión a una visión despectiva de quienes integran la famosa banda, no se excluyó solamente a los afrodescendientes de la misma, sino a todos sus miembros, bajo los estereotipos de maleantes y pandilleros.	Un examen somero de quiénes participan de las bandas independientes, da cuenta de que sus integrantes no son de una misma etnia (afros) ni son de un mismo rango de edad ni son todos desempleados. Lo que sí son todos es que pertenecen a las clases populares. He aquí el quid del prejuicio emitido por la tal autoridad policial provincial.	Siendo parte de un aparato estatal, debió haber sentido parte de la culpa de que, en el caso de los jóvenes sin empleos, el Estado ha sido responsable directo en que la mayor parte de estos no accedan a puestos de trabajo dignos. Además, en caso de que fuesen desertores de colegios, la condena ha debido haber sido a las instituciones escolares que no han tenido la capacidad de retenerlos en el sistema. O, bien, de insertarlos en el nivel superior para su formación en algún oficio interesante. Acaso, han puesto coto a la inseguridad experimentada en los barrios populares de las que provienen estos jóvenes y adultos, con lo cual se refuerzan modismos agresivos entre ellos. ¿Se cuestionó todo esto el susodicho jefe policial? Apuesto mi salario a que no.	Esto es así, por cuanto él mismo representa a un cuerpo represivo organizado antes de 1969 y después de 1981 —con el homicidio del general Torrijos— en función de los intereses de las élites económicas del país y hasta de otras naciones occidentales poderosas. Desde antes de la Constitución de la República los estamentos de seguridad han mostrado, abierta y veladamente, su profunda vocación racista y clasista. Si a sus miembros no les es imbuida esa identidad, que no es la de su clase social de origen —vuelvo a apostar ahora mis otros ingresos profesionales— ya que este señor del cuerpo policial no tiene absolutamente nada de rabiblanco. Mientras más imbuidos estén de estos prejuicios de clase —contra su propias clase— más eficaces son garantizando la existencia de la exclusión de las clases populares de los beneficios de las rentas y valores generados en el país.