Cada vez es mayor el número de voces, organizadas o no, que en diversos medios de comunicación se quejan por el pésimo estado de servicios y prestaciones en salud, y expresan su preocupación por el futuro de la institución, sobre todo porque se ha advertido que las jubilaciones están en riesgo, por insolvencia del Programa Invalidez, Vejez y Muerte. Es más, algunos incluso han formulado propuestas, como la de subir la edad de jubilación, aumentar la cuota, bajar el número de beneficiarios, reducir prestaciones, etc. Al respecto, me permito aportar unas breves reflexiones, que espero contribuyan al debate nacional, conveniente para consensuar alternativas viables para manejar, responsablemente, la profunda crisis que atraviesa la principal institución de seguridad social.	En primera instancia, parece irresponsable proponer medidas restrictivas o peor aún, drásticas, para resolver una crisis de la cual desconocemos su magnitud y sobre todo, sus causas; sería como si una persona enferma, sin habérsele efectuado los exámenes necesarios para sustentar un diagnóstico, determinar cuánto ha avanzado la enfermedad y cuáles son las probabilidades de recuperación; aceptara someterse a una cirugía mayor. Sería aceptar un tratamiento de riesgo basado en un diagnóstico presuntivo.	Hace años que las autoridades de la institución no presentan los estados financieros, dando solo información parcial e infundada, en vez de dar información basada en análisis de datos concretos, como es su deber; es más, la prueba de oro o ‘gold standard' es la auditoría forense, que dada la complejidad de la institución, debería ser integral, es decir, que incluya el aspecto administrativo, el financiero y el de servicios y prestaciones en salud. La junta directiva es la máxima corporación de Gobierno dentro de la institución, pero los resultados apuntan en dirección opuesta a lo que debería ser una gestión eficiente; el desgreño administrativo no puede ser mayor; baste considerar, únicamente, el desabastecimiento de medicamentos, la morosidad quirúrgica, la falta de camas, el retraso de las citas médicas, y como si fuera poco, ‘accidentes' como la catástrofe del dietilenglicol; las muertes por la bacteria KPC, la tragedia en la Sala de Neonatología; sin embargo, ninguno de estos eventos fue objeto de una investigación formal y mucho menos, la junta directiva rindió un informe o dijo cuáles fueron las sanciones impuestas a los responsables y cuáles los correctivos aplicados.	A fines de abril del 2004, previo al proceso electoral, en un diario local se publicó la siguiente noticia: ‘según reporte del banco de inversión Credit Suisse First Boston, Jan Dehn manifestó que: ‘Torrijos no únicamente será el nuevo presidente de Panamá, sino que ejecutará políticas amigables para el mercado financiero internacional; el nuevo Gobierno ejecutará una agresiva agenda de reformas estructurales, que comenzarán a implementarse a partir del 2005'. Agregando: ‘Endara evitará lo más posible, reformas profundas y su propuesta de un referéndum para decidir las reformas a la Caja de Seguro Social, así como su propuesta de renegociar la deuda externa no han sido bien vistos por Wall Street'.	¿Las instituciones financieras internacionales jamás consultarán la voluntad de los principales interesados, un referéndum?, ¡imposible! Como hacen ahora los elegidos, proponiendo nuevos remiendos a la Constitución parida en los cuarteles. Así que con el beneplácito de los cómplices y beneficiarios de la política neoliberal, que garantiza el éxito de sus negocios con la institución, se cumplió el ‘vaticinio' en todas sus partes, la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, estableció el sistema de cuentas individuales, en desmedro del sistema de reparto tradicional, sustentado en el principio esencial de la seguridad social, que es la solidaridad. Y así las cosas, a partir de enero del 2006 las cuotas aumentaron de 180 a 240, medida que quedaría perfeccionada en el 2013.	Ahora, nuevamente, y sin conocer los informes financieros de los últimos diez años, sin sospechar siquiera las interioridades de los procedimientos administrativos para la adjudicación de contratos a las empresas proveedoras de equipos, reactivos, insumos y otros servicios, compras directas de medicamentos por sumas millonarias, con precios que superan al promedio regional, salen las mismas voces, a convencernos de las innumerables ventajas que tendremos si aceptamos el sacrificio, porque de lo contrario seremos responsables por la quiebra de la institución...	Pero no, la fiebre no está en la manta, y así las cosas, el nombramiento del próximo director general no favorecerá los intereses y necesidades de la población protegida, porque mientras la institución esté en manos de un partido político y la estructura administrativa existente permanezca intacta con vasta experiencia en los procedimientos que han llevado la institución al calamitoso estado en que se encuentra, y mientras los organismos representados en la junta directiva no tengan la facultad para revocarles el mandato a sus voceros, cualquier cambio será cosmético, intrascendente; además, en el contexto del escenario económico actual, de no efectuar un análisis completo, establecer un diagnóstico integral, basado en evidencias e instaurar un tratamiento dirigido a eliminar las verdaderas causas de la enfermedad, podrían surgir complicaciones, porque no hay razón ni fundamento ético para reducir prestaciones, aumentar las cuotas, en número y monto ni mucho menos para aumentar la edad de jubilación.	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