La Comisión Especial de Evaluación de los aspirantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia entregó al presidente un informe elaborado en cumplimiento del Decreto Ejecutivo publicado en gaceta del 2 de septiembre de este año, cuando se convocó a esta para realizar entrevistas, evaluación de los aspirantes y remitir al Consejo de Gabinete la lista de estos en orden alfabético, sin recomendaciones ni puntuaciones.	La Comisión Especial de Evaluación de los aspirantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia entregó al presidente un informe elaborado en cumplimiento del Decreto Ejecutivo publicado en gaceta del 2 de septiembre de este año, cuando se convocó a esta para realizar entrevistas, evaluación de los aspirantes y remitir al Consejo de Gabinete la lista de estos en orden alfabético, sin recomendaciones ni puntuaciones.	Al revisar el informe presentado, debo expresar que sentí sorpresa al no reconocer en este el proceso al que me sometí; pues, sin haberse hecho un cuestionario que distinguiera la especialidad en la materia a la que se aspiraba, se afirma en el documento que la Comisión evaluó los conflictos posibles de carácter político, empresariales o económicos y, en especial, para la Sala Penal: los casos de alto perfil, la incorporación de conceptos modernos de delitos financieros o la complejidad de la coexistencia de dos sistemas procesales.	En consecuencia, no puedo más que preguntarme ¿cuándo se evaluaron los conflictos profesionales con casos de altos perfil o los conceptos especializados? o ¿será que debemos concluir que estos criterios, desconocidos para muchos, sirvieron simplemente para excluir a la mayoría, sin que ello fuera solicitado, por el hecho de haber ejercido la profesión desde el ámbito privado, favoreciendo como antaño a algunos con un traje a la medida? Este proceso, llevado así, solo deshonra nuestra intención, dejando en su selección, como bien lo expresó un colega, “un sabor a derrota”.	La Ley establece los mecanismos para resolver estos posibles conflictos, porque, como bien lo indicó el Dr. Benedicto de León, la semana pasada, no se puede esperar que a la Corte lleguen profesionales que nunca han visto un caso complejo, para entonces dejar en manos de asistentes las controversias, mientras el magistrado aprende qué debe hacer.	Me reconozco preocupada por esta historia que se repite. Señor presidente, confiamos en su buen juicio, la exclusión manifiesta es un irrespeto a todos los abogados convocados; ello solo genera desconfianza. En sus manos está sembrar con nuevas semillas que germinen la esperanza en la sociedad, haga respetar los criterios comunicados, lleve a los mejores a la Corte y déjenos, a través de su gestión, una huella de credibilidad.