Fue el sociólogo Edwin Sutherland quien elaboró el concepto de la delincuencia de cuello blanco (‘White Collar Crime'), lo que hoy se conoce como criminalidad económica, en una investigación sobre empresas norteamericanas trasnacionales en EE.UU., a mediados del año 1950. Sutherland definió a sus autores como personas de alta respetabilidad y estatus social alto, los que, en el curso de su ocupación profesional, cometían estos delitos.	En los años posteriores a esta investigación, se sumaron otras consideraciones, tales como el abuso de poder que se expresa mediante el aprovechamiento de una oportunidad desde su posición pública o privada para obtener beneficios grupales o personales, la carencia y debilidad de los procedimientos y mecanismos institucionales que debieran garantizar la trasparencia dentro de sus funciones, la vinculación entre el poder político y el económico, lo que favorece la impunidad de sus autores. Otro factor determinante es la ausencia de criterios técnicos de administración, la presencia del parentesco, la amistad o filiación política en el reclutamiento del personal, lo que conduce a que la reacción social sea más de indiferencia y/o tolerancia hacia estos delitos de tan alto costo social. Comprende además el accionar de las funciones y estructuras que tienen que ver con lo público y lo privado.	Lo anteriormente expresado nos explica por qué la investigación sobre la criminalidad económica y su modalidad de corrupción, tanto en América Latina como en Panamá, es tan precaria. No podría ser de otro modo, porque: ¿cómo investigar conductas ilícitas despersonalizadas en los medios de ejecución, o en los fines perseguidos, o la impunidad alcanzada y vinculada da con quienes detentan el poder?	En Panamá contamos que, de los pocos estudios encontrados sobre el tema, se deduce una práctica frecuente, que alcanza a toda la administración pública y a los empresarios ligados al Gobierno de turno, todo lo cual ha contribuido notablemente a que la población la vislumbre con un mal inevitable, haciendo perder la confianza en las instituciones por parte de un gran sector de nuestra población.	Esta falta de credibilidad de las instituciones gubernamentales produce nefastos efectos en la ciudadanía, pues en muchas veces es justificativa de acciones ilegales. La observación popular de que si se roba en el Gobierno y estos actos quedan impunes, ¿por qué no nosotros?, demuestra una condición descarada y utilitaria que evidentemente está socavando los cimientos de la sociedad misma.	Sin ser exhaustivas, recogemos las siguientes: un mayor control de sus actuaciones por un equipo de especialistas que no pertenezcan al Poder Político, más participación de una sociedad organizada y vigilante de sus intereses, la creación de comisiones internacionales contra la impunidad que apoyen tanto las investigaciones nacionales como el cumplimiento de las convenciones citadas, una evaluación continua de los mecanismos de investigación y sanción para poder modificar procedimientos más efectivos y justos, una prensa libre que nos dé garantías de objetividad, un defensor del Pueblo independiente del Poder Ejecutivo.	Más comentado La llorona del 22 de junio del 2019 Crónica de una muerte anunciada, Panamá entra otra vez a lista gris del GAFI Fiscalía asegura que probó delito de peculado; defensa desestima testimonio Presidencia desmiente invitación a cóctel tras culminar la gestión de Varela UTP sigue posicionada entre las mejores del mundo	Ver más Saint Malo impartirá clases en Harvard y explicará su experiencia en el Gobierno La homofobia rampante en Georgia sume en la clandestinidad al colectivo LGBT Diputados amenazan con enjuiciar a Juan Carlos Varela Diputada Rodríguez Lu demanda decretos sobre regulación a extranjeros Rolando López, autor de algunos correos de los ‘pinchazos'