Una noticia aparecida ayer en este diario, reproduce la nota de la Contraloría General de la República, que da cuenta de que ‘por fin pudo concluir' y enviarlo a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social el Dictamen de los Estados Financieros del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Adicionalmente, la Contraloría aclara que el dictamen se presenta ahora, debido a que no fue sino hasta el pasado mes de mayo, de este año, o sea, 18 meses después del año a que corresponde, que los funcionarios de la Caja del Seguro Social entregaron la información necesaria para poder elaborarlo.	Adicionalmente, la Contraloría manifiesta que están a la espera de que se le entregue la información correspondiente al año 2018, imprescindible para preparar el dictamen financiero para ese año. Lo que se trasunta de la información salida de la Contraloría supera lo grave para convertirse en alarmante. Si la información correspondiente al año 2017 fue entregada un año y medio después, cabe preguntar a quienes todavía administran la institución: primero, ¿por qué pasaron casi dieciocho meses para que la información llegara a la Contraloría?; segundo, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que entreguen la información del 2018?; y tercero, ¿habrá sanciones para los responsables?	Los problemas acumulados que arrastra la Caja del Seguro Social requieren, así lo exigen y con urgencia, no solo los cerca de dos millones de cotizantes y usuarios sino toda la nación, pues el colapso de esa institución tendría proporciones de tragedia nacional. Pero para enfrentarlos y solucionarlos hay que actuar con prudencia y mediante un proceso reparador ordenado, que debe comenzar por sacar del camino a todos los elementos perturbadores que, o no han sabido cumplir sus responsabilidades o abiertamente han derrochado incapacidad, y hasta mala fe. A esos, aparte de echarlos a un lado, hay que exigirles cuentas judicialmente.