Ya es una perogrullada decir que nuestra legislación electoral adolece de graves fallas y que, por lo tanto, requiere ser revisada y reformada para que cumpla su propósito esencial de ser instrumento eficaz, para la manifestación de la voluntad popular. Cuando se elige para un solo cargo: presidente, alcalde, diputado en un uninominal y representante, no hay controversia; el ganador es el más votado.	Podrán existir varias razones que objetar del sistema, por ejemplo, la importante y decisiva influencia del dinero privado en la financiación de las campañas o el monto o la distribución de los subsidios electorales, pero no hay cabida para disputar los votos efectivamente depositados y rectamente contados. No ocurre lo mismo cuando se trata de las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional en circuitos plurinominales. Esos son otros quinientos pesos. Entre otras razones, porque después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el voto selectivo, resucitó el método de adjudicar las curules de diputados por cocientes, medios cocientes y residuos, que ha desatado, no solo la controversia sobre la validez democrática de los efectos del voto plancha, sino que, además, también ha provocado la insatisfacción de un buen número de candidatos que se consideran burlados en sus aspiraciones y que, haciendo uso de los recursos previstos en el Código Electoral, han anunciado impugnaciones.	Las pasadas reformas, generadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales pretendieron resolver muchas de las carencias y fallas del sistema vigente, evidenciadas en las elecciones del 2014; pero su aplicación al presente torneo demuestra que no lo lograron. Habrá, entonces, que realizar un nuevo esfuerzo de optimización que, para que sea efectivo, no debe circunscribirse al ámbito de la CNRE.