En la resolución también se pide al viceministerio de Asuntos Indígenas para que, mediante informe técnico, certifique si las comunidades indígenas fueron constituidas antes de la creación del área protegida o la entrada en vigencia de la Ley 1 del 3 de febrero de 1994, mejor conocida como la Ley forestal.	MiAmbiente aclara que la resolución busca complementar el derecho a la propiedad colectiva indígena conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y cita el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenó a Panamá por violaciones a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas Guna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, por el alegado incumplimiento del pago de indemnizaciones relacionadas con el despojo e inundación de sus territorios ancestrales.