“No es un secreto la crisis carcelaria que se vive en Panamá, y los que nos dedicamos a esto sabemos que la cárcel no ha podido resolver el problema de resocialización”, así dio inicio la jueza Irma Arosemena, durante la audiencia del pasado miércoles, al explicar su decisión de conmutar a Raúl de Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, la medida de trabajo comunitario por 60 meses de cárcel.	A continuación esbozó, palabras más o menos, que las personas internadas en las cárceles se contaminan de las enfermedades físicas y psicológicas, especialmente quienes no han delinquido. El Sistema Penal Acusatorio, continuó, considera que es más práctico que quien lastima a la sociedad trabaje para ella como una forma de resarcimiento.	“No se trata solo de un trabajo administrativo, sino de campo. Usted va a ver las necesidades de la población a la cual pertenece y las carencias de las personas que usted ni siquiera se imagina”, dijo Arosemena, quien confesó a De Saint Malo ser creyente de las medidas sustitutivas como recurso útil antes de ir a la cárcel.	Con relación al artículo 509 del Código Procesal Penal, que excluye la aplicación de la sustitución de pena cuando se trata del delito de blanqueo de capitales, norma que invocó la fiscal Anticorrupción Tania Sterling al oponerse a la solicitud de la defensa del condenado, la jueza dio a entender que esta medida queda a discreción del juez de cumplimiento, y no es indicativo de que se prohíba otorgar la conmutación.	Se determinó que sería un día a la semana porque la primera opción consistía en tres horas, tres días a la semana. Ante esto, los funcionarios de la Junta Comunal comunicaron a la juez que podrían ejercer un mejor control del horario y de las actividades del citado los días viernes, uno de los días de la semana “más pesados”, además de los días lunes.	El fiscal Adecio Mojica explicó: “Esa es una evaluación que el despacho consideró basado en lo que nos permite la Ley, así que es lo que le puedo decir, hasta este momento ya hay una pena establecida para este imputado dentro del proceso y los comisos que se han efectuado dentro del mismo”.	La decisión de la jueza Arosemena causó revuelo en la opinión pública, que mantiene la idea de que los delitos, especialmente en casos de alto perfil, deben pagarse con cárcel. En este caso emblemático, en el que el Ministerio Público ha insistido que investigará hasta las últimas consecuencias, choca la idea de que no haya una sola persona presa. Según información judicial, de 76 imputados en el caso Odebrecht hay cinco condenas, y $255.1 millones recuperados en efectivo y bienes.	“Si el acuerdo de pena entre la fiscalía y De Saint Malo contemplaba no ir a la cárcel, el Ministerio Público debería ser honesto con la población sobre la exigencia de la defensa del procesado al momento de hacer el acuerdo. Esas solicitudes deberían ser evaluadas por los fiscales, pues el interés de la parte investigada es a su favor, por lo que el Ministerio Público debe considerar los parámetros de los acuerdos. De lo contrario, quien queda indefensa es la sociedad como tal”, analizó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.