Dentro del marco jurídico, se tuvo ‘inmediación de testigo protegido', condición de la que se despojó para revelar su identidad como I.P. Este dijo sentirse nervioso y explicó de manera estructurada los acontecimientos. Describió a sus compañeros y operarios y concluía que las actividades se realizaban por instrucción del ‘número uno'.	Con respecto a este testigo, el velo de protección se mantuvo hasta el juicio oral. Narró cómo el 28 de julio de 2014 fue cuestionado en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) por el subsecretario Jacinto Gómez, y luego por el presidente Juan Carlos Varela. Ambos le solicitaron que interpusiera una querella. No obstante, ‘no se ejerció el derecho a no incriminarse'. Siendo el comisionado Gómez y el presidente Varela funcionarios públicos, debían haber presentado la querella, pero en vez de ello, le solicitaron a I.P. que lo hiciera.	Julio Palacios y Betsaida Quintero, dos funcionarios del CSN, describieron las medidas a las que fueron sometidos por no declarar sobre situaciones que no les constaban. Como consecuencia, fueron enviados de vacaciones; a él lo asignaron a la garita de seguridad y a ella la aislaron por meses en un edificio, sin funciones y sin que nadie pudiera hablarle. Ante esto, el Ministerio Público recalcó que ambos funcionarios no habían modificado su declaración ante la Fiscalía Auxiliar y la Corte.	Cuando se analizó el correo electrónico ‘brad.pty507@gmail.com', que se empleó para concentrar la información sensitiva de los pinchazos y luego presentarla como evidencia, apareció como autor el nombre de Rolando López. Éste declaró ante el tribunal y entró en contradicción con el testigo protegido en relación a la computadora que se empleó para grabar la información de los correos.	El tribunal hizo acotaciones sobre las evidencias digitales y el sistema Pegasus. Al introducir la evidencia por parte de la fiscalía, no fueron descritas para ser reconocidas, o siendo reconocidas por el perito Luis Rivera Calles del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), éste advirtió de que tenían los sellos rotos y que no se hacía responsable de las mismas o de su contenido porque podían ser regrabables.	Las víctimas reconocieron que la información que se les presentó en la fiscalía provenía de sus tablets , computadoras o celulares, pero estos requerían de análisis de cada uno de ellos para practicar diligencias periciales. En su ausencia, no se sabe el origen de esta información que fue impresa y tampoco se puede comprobar que vino del equipo Pegasus.	Elvis Moreno declaró sobre situaciones ocurridas en 2011 con el equipo M.L.M. Protection y el uso que se le dio, junto a Ismael Pittí. Mencionó que en un principio conformaron un grupo de cinco funcionarios, quienes fueron capacitados para manejar el equipo y luego se redujo a tres. Sin embargo, estos hechos, ocurridos en 2011, no forman parte de la acusación.	Sobre la participación que se le atribuye al acusado, en atención a la congruencia, no se puede condenar por hechos que no se hayan podido probar, como tampoco se pueden incluir hechos nuevos. Aún cuando se le puede dar una calificación distinta a la que se introdujo en la acusación, se debe advertir al acusado para que éste pueda defenderse en el juicio.	Así, el tribunal evocó el derecho a la imputación del acusado. Recordó que se está en presencia de una forma y no un formalismo, de tal manera que se deben de expresar con claridad los hechos y la relación circunstancial de los mismos. Esta precisión implica que no haya variaciones y se precise el hecho y la conducta en forma detallada. En este caso, no se mostró una correlación de hechos.	El derecho a la defensa debe ser respetado desde la fase de investigación. Primero, para resolver de otra forma si es posible, las contradicciones, y segundo para que la defensa pueda fiscalizar al Ministerio Público. Su presencia permite la legitimación de los actos efectuados por los policías y peritos, también prepararse para la imputación y el manejo del juicio oral.	El informe de auditoría que presentaron las funcionarias de la Contraloría sobre el contrato M.L.M. Protection con un perjuicio para el Estado de $10 millones (equipo que no fue recuperado), destaca que el mismo fue proporcionado en una época distinta al proceso de investigación. Esto vicia el derecho del acusado porque está fuera de la temporalidad respecto a la acusación.	Entre 2012 y mediados de mayo de 2014 aproximadamente, en la planta alta del edificio conocido como 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en Quarry Heights, Ancón, funcionarios del CSN, por supuestas órdenes del entonces presidente de la República y presidente del CSN y hoy diputado del Parlamento Centroamericano (al momento de iniciar la investigación), Ricardo Alberto Martinelli, realizaron interceptaciones, intervenciones, la obtención ilícita de comunicaciones, de correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audioambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales de teléfonos celulares y fijos, de fotografías, lo cual implicó en varios casos la práctica de vigilancia y seguimiento de personas entre las cuales se encontraban activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, gremios educativos, grupos organizados de la sociedad civil, abogados, médicos, actividades de espionaje político que implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos de los ciudadanos.	Para la realización de estas actividades ilícitas se habría establecido por parte del ex presidente de la República Ricardo Martinelli, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho y a través de este aparato de poder se daban las instrucciones para que funcionarios del CSN, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin orden judicial, realizaran las interceptaciones, obtención ilícita, vigilancia y seguimiento antes mencionado de personas, a las cuales denominaban objetivos, ciudadanos éstos que pertenecían a distintos grupos políticos, económicos, cívicos y gremiales, haciendo extensiva en algunos casos esta violación sistemática de los derechos humanos a las familias o amistades de los objetos de estas interceptaciones.	Por interpuesta persona, habría usado los equipos y sistemas tecnológicos para cometer los delitos de los que se le acusó y supuestamente procuró asegurarse que no fueran descubiertos. Para ello, luego de las elecciones presidenciales del 4 de mayo de 2014, habría ordenado desmantelar el área donde se hacían las intervenciones ilícitas sustrayendo equipos y sistemas tecnológicos del edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional, existiendo evidencias de que el sistema Pegasus fue usado con posterioridad en el edificio Oceanía de Punta Pacífica, con lo que se acredita la sustracción y apropiación de los equipos adquiridos por $13,475,000. Por los delitos descritos, la fiscalía solicitaba 21 años de prisión.	Más comentado La llorona del 11 de agosto del 2019 Julieta de Arango, la mujer que se empeñó en rescatar la historia de la ciudad de Panamá A 60 años de la revolución de Santa Clara Lava Jato: una causa sin causa Breve historia de la ciudad de Nuestra Señora de Asunción de Panamá fundada por Pedrarias en 1519