A lgunos han propuesto a la actual administración una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas que, para los efectos, sí debe modificarse, pero para hacerla más efectiva y no para sacar de carrera a empresas adversarias. Y es que colocar un articulado que prohíba a las empresas condenadas en actos de corrupción en Panamá o en el extranjero, que puedan hacer negocios en el Estado, es cerrarle las puertas a casi todas las empresas. ¿Cuántas farmacéuticas podrán entonces vender medicinas a Panamá? ¿Cuántos bancos? ¿Cuántas empresas fabricantes de autos o neumáticos? Y es que no se trata solo de empresas de construcción, porque la Ley de Contrataciones Públicas encierra a todas las empresas en general. La lógica indica que se cree una Ley Antisoborno, un mecanismo legal que castigue pecuniariamente a los delincuentes, sin hacer quebrar la empresa y su consecuente secuela. Y no solo se castiga a la empresa, también contra los funcionarios involucrados, porque una empresa corrupta tiene cómplices y estos son los funcionarios que permiten ser corrompidos. La Ley Antisoborno es una realidad internacional y, cada día, más países adoptan estas leyes. Bien pudiera nuestra Asamblea Nacional convertir en ley de la República la Ley Antisoborno. Perú la aprobó y ya tiene en efecto su Ley Antisoborno, la cual entró en vigencia el año pasado. Hay que hacer que Panamá avance y no legislar para beneficio de unos.	Ver más Héctor Alexander tacha de ‘insostenible' el déficit del país Califican gestión de Varela de incapaz; gobierno saliente asegura que cumplió Cortizo instala un nuevo código de conducta Inventario de monedas de un balboa suma 100 millones Panamá celebra el Orgullo LGBTI pendiente de un fallo sobre el matrimonio gay