fue detenido por las autoridades chinas durante un viaje a ese país y fue extraditado a Perú. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión acusado de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, tras ser hallado culpable intelectual de dos matanzas de un escuadrón del Ejército, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe de 1992, un evento propiciado desde el Gobierno con el objetivo de disolver el Congreso y hacerse con el poder judicial.