Otro yunque que pesa sobre el país -más por la necesidad local de ser bien calificados afuera- es el de la transparencia fiscal. Pero ese tema ocupa más a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que a pesar de no tener a Panamá como miembro, extiende sus estándares a través del Foro Global de Transparencia, una especie de brazo extensivo de la OCDE.	Por medio de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), elaboró un plan de acción que refleja el compromiso con los objetivos contenido en la Declaración de Punta del Este, considerando elementos estratégicos, procedimentales y tecnológicos que permitan realizar cambios y desarrollar objetivos a nivel normativo, administrativo e institucional.	Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE - que en medio del estallido de los Panama Papers en 2016, calificó al istmo como el ‘último gran reducto para esconder fortunas offshore’ - recordó en la plenaria de ayer que hace 10 años el reto del los países del G20 era acabar con el secreto bancario para fines impositivos. “10 años después, podemos decir que ese reto se ha cumplido”.	Pero apuntó que hoy el reto es otro. Para Lationamérica por ejemplo, citó la Declaración de Punta del Este, en la cual los países de la región acordaron maximizar el uso efectivo de la información intercambiada en virtud de las normas internacionales de transparencia fiscal. Allí, contó Gurría en el foro, se dieron cuenta que antes no había suficiente información bancaria y fiscal disponible de Latinoamérica. Hoy, dijo, hay ‘demasiada información’ y el nuevo reto es cómo encontrar la manera de procesarla en cada país.	Además anunció ‘una segunda fase’ de iniciativas para ponerle cara a los beneficiarios finales de las sociedades. Esta iniciativa fue aprobada por el Ejecutivo y se encuentra en el paquete de leyes que presentará el Gabinete a la Asamblea para su discusión durante las sesiones extraordinarias. Se trataría de crear un registro de todos los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y fundaciones, algo que con la ley actual, solo están obligados a registrar y custodiar los agentes residentes.	Aún si se alinean todas las fichas y se aprueban las nuevas iniciativas en la Asamblea, el talón de Aquiles seguirá siendo el cumplimiento de todas esas nuevas leyes y procedimientos aprobados. Y hacerlo con verdadera intención de cumplir la ley y con eficiencia sostenida. Quizás así los organismos internacionales dejen de subir la barra de sus estándares para que el país pueda llegar a cumplirlos y salir de las listas.