Panamá ha dado un paso decisivo en la lucha contra el hambre y la obesidad: la aprobación de la Ley 05 que crea el Programa Estudiar sin Hambre. El país se une así a la lista de países convencidos de atacar de raíz el problema de la malnutrición, a través de marcos regulatorios integrales e intersectoriales que garanticen el derecho a la alimentación adecuada de los menores.	Esta ley se ha aprobado en un momento en que el tema del hambre es objeto de análisis y debate en el país, tras la publicación de la nueva edición del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2019. Este documento, desarrollado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), alertó que el 10 % de los panameños no logra satisfacer sus necesidades alimentarias diarias para llevar una vida activa y saludable. A su vez, el informe muestra que el 62 % de los adultos tiene sobrepeso y el 23 % padece de obesidad.	Contar con una Ley de estas características es sumamente importante para hacer frente al hambre y la malnutrición, porque pone el foco en estudiantes, en una institución que goza del respeto de los padres y madres de familia, como es la escuela, que tiene la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y formar a los futuros ciudadanos de este país.	Los programas de alimentación escolar, presentes en los 33 países de nuestra región, son un instrumento fundamental, de gran alcance y versatilidad, por integrar a importantes sectores como educación, salud, agricultura y desarrollo social. Al ofrecer regularmente comida variada y nutricionalmente adecuada, se contribuye a reducir la desnutrición, favorece la permanencia de los estudiantes en la escuela, un mayor aprendizaje y más posibilidades de desarrollo futuro, de sus familias, de su comunidad y de su país.	" del Ministerio de Salud (Minsa), también permite educar a los menores sobre alimentación de calidad, a reducir el sobrepeso y la obesidad en los estudiantes, a generar buenos hábitos para el presente y para el futuro y a la prevención de problemas de salud mucho más graves, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, renales e incluso, el cáncer.	Esta ley tiene otro aspecto positivo: la compra de alimentos para las escuelas a los productores nacionales. Antes de esta ley, buena parte de los productos que se ofrecían a los estudiantes provenía del exterior, mientras que otros alimentos saludables propios de Panamá y ampliamente producidos en el país, como las frutas tropicales, no estaban consideradas. Esta vinculación con la agricultura local, a través de las compras públicas, es una oportunidad para revalorizar los alimentos autóctonos de Panamá desde la escuela, mejorar la pertinencia cultural y ampliar la diversidad alimentaria.	Priorizar la producción agropecuaria nacional en la Ley 05 de Estudiar Sin Hambre también puede generar un gran impacto en las comunidades rurales, al dinamizar la economía local y generar más ingresos para la agricultura familiar. Al ser productos locales, la huella alimentaria también se reduce, porque potencia circuitos cortos que generan sistemas alimentarios más sostenibles.	Este enfoque que promueve la Ley es un paso significativo en el combate al hambre desde las escuelas y genera un círculo virtuoso entre la política de alimentación escolar, el impulso a la producción nacional y el desarrollo de la economía local. Pero, para su implementación, se requerirán ajustes a la estructura institucional, que favorezca una mayor descentralización, más participación comunitaria, involucramiento del sector privado, acciones de educación alimentaria y nutricional y fomento de la transparencia y la rendición de cuentas.	También será necesario trabajar de la mano con todos los actores involucrados. Esto significa construir, coordinar y articular entre todos los sectores gubernamentales, especialmente educación, salud, agricultura, desarrollo social, entre otros; con las y los productores locales, para que puedan ajustar la oferta a los requerimientos de las escuelas; con el personal directivo y docente en los centros educativos, para adecuar las infraestructuras, garantizar la inocuidad y capacitar al personal de las escuelas; y con los propios estudiantes, los padres y madres de familia, para participar activamente en el programa.