Panamá se encuentra en un proceso de reformas constitucionales. Estamos en una encrucijada difícil y llena de obstáculos. La política se ha vuelto un juego de simulaciones. Los órganos de poder se han sometido a las presiones externas e internas sin saber cómo avanzar. No hay propuestas que encuentren actores sociales dispuestos a romper las cadenas que atan a la sociedad a un circo que repite una y otra vez los errores del pasado. Todos reconocemos los problemas. El que sobresale es el sistema político corrupto que no le permite al país poner en práctica una estrategia de crecimiento (acumulación) económico. Este, a su vez, le corta las alas a cualquier proyecto de desarrollo social que saque a la mayoría de los panameños de la pobreza y promueva la equidad.	Las diferentes clases sociales tienen sus proyectos de reformas a la Constitución vigente de acuerdo a sus intereses. Un segmento importante de los panameños rechaza la idea de reformas e insisten —correctamente— en la convocatoria de una constituyente originaria. La correlación de fuerzas —el Estado— favorece el proceso de reformas que fue el escogido por el presidente Laurentino Cortizo. Las reformas son cosméticas, ya que no pretenden introducir cambios a la “Carta Magna”. Más bien, el objetivo es blindar la correlación de fuerzas a nivel del Estado. El Poder Ejecutivo seguirá al servicio de quienes hacen negocios y controlan el ingreso de las rentas que recibe el país. El Poder Legislativo continuará aprobando la Ley del Presupuesto Nacional que favorecerá esa misma clase rentista que maneja los negocios del país. El Poder Judicial —con más “salas” y “magistrados”— seguirá haciendo justicia para los miembros del poder económico.	En estos momentos la Asamblea de Diputados está debatiendo el proyecto que le fue enviado por el Ejecutivo. Hay fuertes indicios de que el proyecto de reformas tiene pocas probabilidades de ser aprobado. El proceso tiene tres etapas. La confección de la propuesta, el debate en dos legislaturas seguidas y la realización de un referéndum convocado por el Ejecutivo. La propuesta fue redactada por un grupo que se llama la Concertación por el Desarrollo y acogida sin previo examen por Cortizo y enviada a la Asamblea. La Concertación hizo un esfuerzo improvisado que refleja los intereses de sus miembros. Las reformas consisten en abultar la Constitución con elementos que responden a la reestructuración de los poderes Legislativo y Judicial. Los miembros de la Concertación llevaron la Constitución de la República a un salón de belleza (para pintarse las uñas), cuando lo que necesitaba era una intervención quirúrgica (de corazón abierto).	La Constitución vigente y las reformas que quieren hacer, reflejan la realidad: la posición geográfica privilegiada del país y el Canal de Panamá, con una clase rentista que todavía no ha superado la etapa de ser meros recolectores de peajes (de todo tipo). No ha sido capaz de convertir esas rentas en inversiones productivas que beneficien el país. Justo Arosemena y Buenaventura Correoso, en el siglo XIX, lo intentaron. Arosemena insistía en el Estado federal que los recursos (rentas) de la posición geográfica se invirtieran en el agro y en la industria. Correoso promovió, sin éxito, la creación de un sistema educativo para el Istmo. Estaba contemplado en la Constitución federal de 1855. Ambos estadistas del siglo XIX tenían encendidas las luces largas y sus iniciativas siguen siendo válidas en el siglo XXI.	No fue hasta casi cien años más tarde, 1946, que se reunieron los constituyentes para elaborar una “carta magna” de y para Panamá. ¿Qué pregunta se hicieron? La única pregunta que es legítima: ¿qué República queremos? La mayoría de quienes opinan en forma organizada o como individuos que se consideran ilustrados piensan que la Constitución es un instrumento para resolver los problemas del país. Están muy desorientados. Solo el pueblo, sus organizaciones y sus jóvenes pueden resolver los problemas.