El documento tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la creación del Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en la República de Panamá, con el fin de facilitar la supervisión de los abogados que presten servicios de agente residente y el acceso a la información sobre beneficiarios finales de personas jurídicas para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes.	“Si hay algo bueno de estas instituciones es que son respetuosas de cómo el país resuelve sus problemas, lo que quieren ellos es que cuando soliciten la información se les dé rápidamente y de manera veraz”, dijo. Detalló que actualmente Panamá está en una lista gris y si no cumple con el ajuste de algunas normas, podrá sufrir las consecuencias de no salir de ella.