Los jóvenes tenían dos peticiones específicas. La primera que se retiraran los cargos a los 93 estudiantes detenidos el pasado 30 y 31 de octubre durante las protestas y cuyos casos fueron remitidos a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz tras ser liberados. Las comparecencias fueron fijadas para diciembre, incluso algunas para los meses de febrero y marzo del próximo año.	A esta petición, Castillero dijo ante las cámaras que 'haría las gestiones' para desvirtuar los procesos iniciados  a partir de las detenciones. Durante esos días, varios abogados y defensores de derechos humanos denunciaron arbitrariedad y violación de las garantías mínimas en las detenciones, entre ellas la ex candidata a la presidencia y ex diputada Ana Matilde Gómez, y la abogada especialista en Derechos Humanos, Nelva Araúz Reyes.	La segunda petición de los manifestantes al presidente de la Asamblea fue la de retirar el paquete de reformas aprobado para iniciar un diálogo desde cero. A eso, el diputado Castillero contestó  que 'ya la Asamblea hizo las consultas respectivas', dando a entender que se mantenía el paquete de reformas con posibilidad de ser modificado en la segunda legislatura que inicia el enero.	Así, unos 20 estudiantes salieron hacia el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo y se reunieron por más de tres horas con el presidente Cortizo, quien les prometió que las consultas serán hasta finales de diciembre y que llevaría a la Concertación Nacional la propuesta para ampliar la participaron de los estudiantes universitarios y de otros sectores.	El grupo que se quedó en la protesta mostró cierto grado de insatisfacción e incluso denunció ante las cámaras que los estudiantes que fueron a Presidencia eran adeptos al gobierno. José Luis Paniza, uno de los jóvenes que estaba en la protesta, explicó a La Estrella de Panamá que la consigna de los jóvenes no era hacerse representar por un grupo porque 'el movimiento es horizontal, no vertical', aunque 'hubiesen algunos que hayan tenido algún nivel de vocería'.