Así, numerosos filósofos antiguos, clásicos, de la Edad Media, modernos y contemporáneos, representativos de las diferentes civilizaciones que la humanidad ha tenido en su historia, han concluido que un buen Gobierno trabaja para que la mayoría de la población de un Estado, pueda ser feliz, de donde el buen Gobierno termina siendo el ejercicio del poder siempre en busca de la felicidad de todo su pueblo. No de quienes integran el Gobierno ni de quienes lo apoyan; ellos están comprendidos en la generalidad y son quienes deben tomar decisiones sobre la base de los valores que importan a la sociedad para su plena realización, que vienen a constituir el bien común. Tampoco es ‘bien común' el dinero ni el enriquecimiento de nadie, lo es las condiciones de vida y que haya oportunidades para la realización propia.	También se ha concluido que, puesto que las personas tienen visiones distintas de lo que constituye felicidad, bienestar o vida a plenitud del pueblo de una nación y para poder considerar lo que hace feliz a cada ciudadano, cada comunidad, vecindario, provincia o región, es imprescindible que esté representado en el Estado, en lo que Montesquieu identificó como Órgano Legislativo, que en realidad es más que aquel que hace las leyes donde deben estar plasmadas las aspiraciones de los pueblos en equilibrio con los otros órganos del Estado, sin que sea el llamado a aplicarlas ni proveer las medidas necesarias para alcanzar ese buen vivir, vida a plenitud o felicidad de todos.	No en vano expresó Montesquieu en su célebre obra ‘El Espíritu de las Leyes', compendio del pensamiento filosófico y de la ciencia política de cientos de años anteriores a él, que «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente».	«De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor».	A veces, la coincidencia de las facultades legislativa, ejecutiva y judicial no se reúnen en una sola persona, sino en una casta, un grupo económico, social, ideológico o un partido político y el efecto es el mismo que el que tiene la concentración de atribuciones en una persona o en un solo órgano del Estado, que así deviene en elitista y antidemocrático, pues atenderá primero los intereses de su familia, su estirpe, sus socios o su clase y postergará a quienes no encajan con estos conceptos restrictivos de beneficiarios de la gestión de Gobierno, pero, para mantenerlos adormecidos se les dan subsidios, partidas, prebendas, auxilios sociales que van a unos cuantos y que no son sino migajas y somníferos.	Es indispensable entonces la separación de los órganos del Estado, para que el pueblo que lo conforma pueda alcanzar la más elevada felicidad. Un órgano ha de plasmar las aspiraciones del pueblo en leyes y ejercer la vigilancia de su cumplimiento; otro ha de ver que el contenido de las leyes se aplique y cumpla y otro más, cuyas decisiones deben prevalecer sobre los otros dos órganos del Estado, precisamente en cumplimiento de la Ley suprema como lo es la Constitución y de las demás leyes, debe resolver con poder coercitivo los conflictos entre los órganos del Estado y sus funcionarios, entre los particulares y las instituciones del Estado y entre los particulares, siempre con fundamento en las leyes, a su vez producto de lo aprobado por los representantes de un pueblo que también de acuerdo con la definición clásica, esta vez de Rousseau, es el auténtico soberano de una nación.	En síntesis, las leyes deben ser producto de la voluntad del pueblo consultado mediante la Asamblea Legislativa, para cuya felicidad en el fondo están establecidos los órganos del Estado; quien las debe aplicar, es el Ejecutivo, en tanto que cualquier conflicto o interpretación depende del Judicial, tanto como las sanciones que quepa aplicar por infracción de las leyes penales.	Por otra parte, las complejidades de la administración del Estado han ido requiriendo el establecimiento de instituciones de apoyo a su gestión en sus esfuerzos por avanzar en logros para la felicidad del pueblo y como tales, y también independientes por la naturaleza de sus funciones, están el organismo electoral, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, cuyas facultades, obligaciones y supervisión deben estar en las normas básicas de la República; esto es en la Constitución.	De lo anterior es razonable discernir la importancia que tiene la administración de justicia en un Estado moderno. Sin esta, la más importante de las virtudes en una sociedad, como afirmaba ya Sócrates en el Siglo V a. C. y como reafirma John Rawls, profesor y filósofo de la Ciencia Política en el Siglo XX, fallecido en 2002, no le es posible al Estado, servir como debe hacerlo. Son más de 2500 años de pensamiento filosófico y político, no palabrerío.	Más comentado Querellantes denuncian que ‘hubo dinero de por medio' en el resultado del fallo del tribunal de juicio La llorona del 18 de agosto del 2019 ​La élite convirtió a Panamá en un banco 'offshore': Diego Fonseca Ecuador premia con casi 100.000 dólares a medallistas de Panamericanos ‘El complot ha sido divertido para mí': la carta que involucró a Margot Fonteyn	Ver más EL FMI recomendó aumentar la edad de jubilación en Panamá Los contrastes, las contradicciones y las teorías en el juicio a Martinelli Cuarto puente sobre el Canal queda en suspenso por este año El error histórico que costó $2 millones al Estado Martinelli podría quedar como suplente de Mayín Correa