Se trata del mayor pedido a ley de quiebras de la historia de Brasil, por delante de la solicitud de Oi, una de las mayores compañías de telefonía del país y que se declaró en bancarrota en 2016, con unas deudas de 65.000 millones de reales (unos 16.665 millones de dólares).	La constructora explicó que en la decisión pesó la "crisis económica" que golpeó a Brasil en los últimos años, el "impacto en su reputación debido a los errores cometidos" y la "dificultad" que enfrentan las empresas que colaboran con la Justicia a la hora de "recibir nuevos créditos y tener sus servicios contratados".