En el juicio se recordó el informe de auditoría que realizaron las funcionarias de la Contraloría General de la República Iris Pérez y Amadelis Valderrama, quienes mencionaron que no encontraron vinculación entre la pérdida de los equipos y el expresidente Ricardo Martinelli en el informe. Esto, en virtud de que quien firmó el contrato y quien recibió los equipos no fue el exmandatario.	No obstante, la fiscalía insiste que el nombre del exgobernante sí se relaciona a la lesión patrimonial pues era el jefe del Consejo de Seguridad y en el acta de la Junta Directiva del Fondo de Inversión Social, entidad que firmó el contrato con la empresa M.L.M. Protection que suministró el equipo, la transacción se realiza por una solicitud del presidente de la República.	Lo que sí lograron establecer las funcionarias en mención es que hubo una nota que supuestamente tiene la firma de Gustavo Pérez, entonces director de la Policía Nacional, como receptor del equipo. Sin embargo, la autenticidad de esta firma está en disputa, ya que Gustavo Pérez querelló en 2016 a las autoras del informe alegando que no se trata de su firma.	"Lo más importante que tiene que quedar claro es que el perito César Contreras confirma lo que dijeron las funcionarias de la Contraloría, que ese software y los equipos que daban soporte a eso fueron comprados con fondos del Estado en 2010 y refrendados en 2011 y esos equipos dónde están, ahí está la malversación. Esos bienes fueron comprados y dónde están al día de hoy", se pregunta Ricaurte González, fiscal del Ministerio Público.	"Hemos visto un aparente auditor que maneja más la parte legal de derecho que la propia auditoría. Se le preguntó sobre las normas vigentes que utilizó cuando hizo la auditoría y no supo identificar cuándo entraron en vigencia. Quedó en evidencia que solamente utilizó información que le suministró la defensa para hacer el informe, abogados que le pagan", reflexionó Nicomedes Castillo, vocero de la querella.	Con respecto a los bienes entregados por parte de la empresa M.L.M Protection al Estado y que la fiscalía recalca que no aparecen, el defensor Sittón explica que el "objeto del contrato era el suministro de un software, por eso es que en la clasificación que se hizo en la Contraloría se clasifica o registra como un bien intangible".	Más comentado La llorona del 30 de julio del 2019 Rubiela Pitano declina designación de Cortizo como directora del Senadis Ministro del MEF advierte de ajustes en las planillas El Gobierno va con 'pasos firmes' en su objetivo de reactivar la economía: Culiolis  Tribunal no admite peticiones de la defensa de Martinelli	Ver más Buscan frenar control de Copa Airlines y la familia Motta sobre el aeropuerto de Tocumen Asamblea Nacional retomará propuesta para gravar las remesas enviadas al extranjero Puerto Rico vive momento cumbre con renuncia de gobernador por fuerza popular Gobierno de Varela intentó instalar  al MEF y al MICI en Soho Mall Porcell advierte que intereses económico buscan su salida del cargo