Las infracciones administrativas migratorias son sancionadas con amonestación, multas, devoluciones, cancelaciones, deportaciones o expulsiones dependiendo de la gravedad de las mismas, así como cualquier otra medida que sea señalada por el Decreto Ley 3 de 2008 y su reglamento, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles a que tenga lugar.