La primera buscaba probar que el expresidente Ricardo Martinelli fue autor intelectual de los pinchazos telefónicos y que dio seguimiento a las víctimas sin una autorización judicial. Como parte de las acusaciones hay dos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado: de uso y por malversación, relacionados a los equipos de escuchas que se utilizaron en el Consejo de Seguridad para supuestamente emplear a las víctimas.	Una vez se cerró la puerta, el juez dio inicio a la sesión y otorgó la palabra a la Fiscalía. El fiscal Ricaurte González, vocero principal, solicitó al juez la posibilidad de transmitir el acto al público a través del circuito cerrado del sistema o con la participación de las televisoras. Pero el presidente del tribunal, Roberto Tejeira, tomó la palabra y respondió que al Tribunal le compete por norma que la audiencia sea pública y desde el inicio del juicio, marzo 12, hasta la fecha lo ha sido.  Le recordó a la fiscalía que en estos meses las personas que han asistido a todas las sesiones las puede contar con la mano y le sobran dedos. Que el público en general no escuchó el desahogo probatorio, que en los alegatos podrían salir a relucir los nombres de testigos que solicitaron reserva, y que nadie podía tener certeza que lo mencionado en los alegatos sucedió en la fase probatoria, y negó la petición.	Después relató una infidencia. Dijo que el equipo de la fiscalía reflexionó cuando el juez les manifestó que no estaba entendiendo su teoría del caso, esto lo repitió en dos ocasiones durante el alegato. Fue cuando compareció el perito informático Luis Rivera Calles, quien le causó tropiezos a la fiscalía luego de declarar que los discos compactos en los que guardó la información sensitiva de la víctimas, tenían el sello roto, y que no se hacía responsable por el contenido.	El juez Tejeira escuchaba con toda pasividad el alegato, como si ya se hubiera formulado una idea de lo que más adelante sentenciaría en conjunto con los jueces Arlene Caballero y Raúl Vergara. El hombre con suma paciencia, que se ha dedicado a hacer docencia a las partes en estos cuatro meses,  conoce los argumentos de antemano, ha tomado nota en cientos de páginas blancas que mantiene guardadas para ser consultadas al momento de la verdad.	"El testigo protegido ya explicó qué se hacía ahí, en el edificio 150,  Betsaida Quintero dijo que cometió una imprudencia, pero no se retractó de sus declaraciones, Julio Palacios, otro exfuncionario del CSN, aceptó que se rumoraba que se hacían escuchas ilegales, los tres testigos que laboraban en la empresa proveedora de Internet explicaron cómo instalaron los cables. Todas estas personas no pueden ponerse de acuerdo para  conspirar contra el acusado como alega la defensa", relató el fiscal.	Recordó el testimonio de algunas víctimas que explicaron al Tribunal una serie de hechos que probaban la vinculación directa del expresidente con los delitos. En este episodio citó al perredista Michel Doens, quien se entrevistó con el acusado en una ocasión en el centro penitenciario El Renacer y éste le había confesado que lo había pinchado, pero que sus intervenciones estaban judicializadas. Esas pruebas, las que refutan tal confesión, las presentó la fiscalía como evidencias documentales durante el juicio, manifestó el fiscal.	Luego, rememoró al tribunal otras palabras del testigo protegido cuando declaró que él mismo había llevado a la Presidencia un sobre amarillo con la información del partido opositor y se lo había entregado en la mano al entonces presidente. Eso le valió un "atrevido" del acusado quien negaba el hecho desde su silla cuando declaró el testigo.	Casi al finalizar su intervención, el fiscal se puso en los zapatos de la defensa: "yo hubiera sentado a mi cliente aquí para que explique a qué se refería cuando hablaba de la vereda tropical, o de los dossier, y lo someto al contra interrogatorio  si no tiene nada que ocultar".	Para acuerpar su teoría del caso sobre el delito de peculado por malversación, recordó el famoso rack que fue extraído del CSN y trasladado a las oficinas del súper 99 en Monte Oscuro, propiedad del acusado, precedido por una parada en la Presidencia donde el conductor del auto recibió instrucciones de continuar la ruta.	El M.L.M. Protection fue adquirido por el Fondo de Inversión Social a través de un contrato en 2011. El segundo equipo, el Da Vinci, tampoco funcionó como se esperaba, por eso es que se compró el equipo Pegasus de la empresa NSO Gruop que permitía al espía apropiarse remotamente del equipo con todas sus funciones.	"Los testigos Ángel Coronel y Jesús González describieron que colocaron dos antenas que se miraban entre sí. Las pruebas documentales, como la carta de Julio Moltó, exdirector del CS, solicitó a la Autoridad del Canal instalar dichos equipos en su terreno.  Los tres funcionarios de inteligencia  señalaron cómo de manera consecutiva se intervinieron los teléfonos y correos de las víctimas de quienes conocieron su vida íntima, relaciones extramaritales, y hasta su orientación sexual, eso no tiene ninguna relación con los temas del CS", recalcó el querellante.	Enseguida relacionó las declaraciones de las víctimas que comparecieron en el juicio. Las palabras de Jaime Cucalón, Michell Doens, y la de Rolando López, exdirector del CSN de 2014-2019. De este última intervención, la de López, el querellante citó las palabras que en un 4 de julio de 2014 el acusado le dijo al jefe de inteligencia: "deja de estar preguntando por los equipos, están en el fondo del mar, yo tengo músculo y billete, deja de estar preguntando", según narró López en la audiencia previa.	Acerca de la credibilidad del testigo protegido, por haber sido trasladado al extranjero por el actual gobierno con un salario 7 veces más alto de que ostentaba, resaltó que tuvo la valentía de despojarse de su vestimenta y revelar su identidad para decir la verdad.  "Si después fue movido o mejoró su salario toda persona puede hacer acuerdos con la fiscalía", manifestó.	Se refirió a las contradicciones técnicas del disco compacto con el sello roto y principalmente al ejercicio pericial que realizó la defensa al disco compacto en el que salió a relucir el nombre de López como autor de los correos presentados por el testigo protegido. "Se aclaró que López prestó su computadora al testigo protegido. Es un tema de en qué computador se originó, pero no que es mentira lo que dice, eso no resta credibilidad al contenido del documento", defendió Carlos Herrera Delegado.