Uno de los 129 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema consideró que el suscrito podría darle algunas directrices de cómo manejar la entrevista que le harían los comisionados de este tema, en razón de ello conocí el cuestionario a que debería someterse. La verdad me sorprendió, y digo que me sorprendió, porque el mismo me parece en extremo deficiente. Está orientado a conocer la honorabilidad, la inteligencia y lo que piensa el candidato respecto a cómo mejorar la administración de justicia, lo que no está mal, pues es bueno que se conozca la conducta personal, inteligencia y pensamiento de alguien que pretende se le nombre en el puesto más alto del Órgano Judicial.	Sin embargo, a juzgar por el cuestionario, a los aspirantes no se les cuestiona en absoluto nada del quehacer de su trabajo en caso de ser nombrado. Esto es una falencia peligrosa, pues quien aspira a la más alta magistratura debe demostrar, por ejemplo, qué sabe de instituciones como el Acceso a la Justicia o más propiamente a la Administración de Justicia, en qué consiste la Tutela Judicial Efectiva, qué elementos integran el Debido Proceso Legal, qué implicaciones tiene todo lo anterior para la democracia.	Además, debe esa persona demostrar cuánto sabe de derecho administrativo y de procesal administrativo, de casación, de derecho procesal y derecho probatorio; en síntesis, no es que exijamos que esa persona sea un erudito, pero sí que tenga un estándar de conocimientos en las materias indicadas por encima de la mayoría de los abogados. De lo contrario, va a la Corte a aprender y, al menos en los primeros años, dependeremos de los asistentes.	No es extraño que en nuestro medio se nombren personas en la Corte muy conocidas, políticas, incluso con excelente manejo con la prensa, pero con muy poco conocimiento del trabajo a realizar. Es más, algunos posiblemente tenían tiempo que no hacían ni siquiera un poder. Así las cosas, si en verdad queremos que la administración de justicia mejore, aprovechemos nombrando a personas que demuestren tener los conocimientos que el cargo exige; de lo contrario, no nos quejemos.	Sería de rigor, por ejemplo, preguntarle a un candidato que aspira a la Sala Tercera cuántos recursos ha presentado en esa Sala en su vida de abogado, cuál es su récord, al menos en admitidos, así; al que aspira a otra Sala, cuántos recursos de casación ha formulado, e igual, cuál es su récord de admitidos. No seamos ilusos en creer que porque una persona tiene 10, 20 o más años de haberse graduado de abogado ello es suficiente para estar en condiciones de revisar con eficiencia lo que hacen sus subalternos y lo que hacemos los litigantes, debe haber una demostración previa.	Por su parte, a los que ya son magistrados y aspiran a otro periodo, al menos debería tomarse una docena de fallos donde hayan sido ponentes o se han adherido al del colega, y preguntarles por qué aquí falló o aprobó un fallo de esta forma y en otra causa similar lo hizo de manera diferente. Recordemos que una de las quejas más frecuentes en la administración de justicia es la selectividad.