Rodríguez señaló a Caraballo de estar presuntamente involucrado en algunas faltas como la pérdida de expedientes, el engavetamiento de expedientes para mantener a personas detenidas por seis años o más, por violación a los derechos humanos y del debido proceso, fianzas en casos de alto perfil y hasta de acoso a mujeres del despacho de la fiscalía.	También le cuestionó un mal manejo en la investigación inicial del caso Panamá Papers. “Yo no voy a decir si las personas involucradas en este caso eran o no culpables, pero hubo una demora de este señor en investigar, y por no defender al país hoy los pequeños abogados y las pequeñas empresas están paradas porque no supo hacer su trabajo”.	Mientras que el diputado independiente Gabriel Silva manifestó que la figura de un procurador tiene el poder para hacer algo verdaderamente positivo por la justicia de Panamá y enderezarla, que le llegue a los más necesitados, persiga los crímenes y no deje crecer la impunidad que tenemos en Panamá; pero advirtió que “también puede ser una de las peores fuerzas que tenemos en el país”.	En tal sentido, afirmó que la Asamblea no tiene la potestad de aprobar o no a los subprocuradores. Afirmó que el artículo 224 de la Constitución claramente establece que quien tiene que designar al procurador suplente es el procurador, cuando haya falta temporal del mismo; “no le corresponde al Ejecutivo”, dijo.	Entre estos está el proyecto que establece el Registro de Información Único y Seguro para garantizar la transparencia; el proyecto Aprender Haciendo y el que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas. También está pendiente la ratificación de un miembro de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá.