El pasado 13 de septiembre, el viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet, sostuvo una reunión con los dirigentes indígenas, representantes de la empresa y de la Defensoría del Pueblo y se firmó una declaración de compromiso para resolver los “puntos pendientes” con las comunidades Charco La Pava y Changuinola Arriba. En aquel entonces, los indígenas llevaban varios días bloqueando la calle para exigir el cumplimiento del acuerdo.	“El Estado reconoce que hay que concentrar esfuerzos en afrontar y minimizar las afectaciones medio ambientales, económicas y sociales a las que se enfrentan las comunidades”, señala el documento que lleva la firma de Ducruet, Ábrego, Miguel Bolinga, representante de la empresa Aes, y Diego Almanza, director de Protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.	La empresa Aes, por su parte, se comprometió, entre otros aspectos, a constituir un fideicomiso de inversión social y ambiental cuyos fondos serán invertidos en actividades de protección del área protegida Bosque Protector Palo Seco y en desarrollo y mejora de calidad de vida de las comunidades. De acuerdo a los indígenas, esto no se ha cumplido.	En medio de las protestas y reclamos, los indígenas presentaron una denuncia penal contra Luis Antonio Galan, gerente de Aes Changuinola, subsidiaria de Aes Panamá, por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad en contra de los dirigentes Rafael Ábrego, Santiago Santos. Eligio Ábrego y Celestino Ábrego.