Para la abogada panameña Gilma Camargo, quien llevó adelante la demanda de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos — y cuyo fallo resultó a favor de las víctimas y en contra de los Estados Unidos el año pasado— el anuncio del gobierno es un irrespeto a las víctimas, ya que un día de reflexión sin feriado no permite a los familiares  la recordación plena de la fecha.	Varios intentos por declarar la fecha como día de duelo nacional fueron desestimados en la Asamblea Nacional, entre ellos la propuesta de la diputada suplente Walkiria Chandler y el diputado oficialista Héctor Brands, que a diferencia de Chandler, proponía justo que se declarara la fecha como día de duelo pero sin el cierre obligatorio de oficinas.	En la resolución, el gobierno reconoce que tras 30 años, "aún existe un importante sector de la población con un sentimiento de frustración porque no se ha reconocido el sacrificio de aquellos panameños que padecieron consecuencias de dicha invasión". Seguidamente plantean que por eso es una declaratoria de duelo nacional y no de reflexión.