El anteproyecto de ley 11, por el cual se busca modificar la Ley 47 de 1946, para abaratar el gasto a los padres de familia que adquieren textos escolares para sus hijos, obliga al sistema a mirar un poco más a fondo. No solo en cuanto al tiempo estipulado para reevaluar los libros —cinco años— sino en que quien los evalúa lo haga velando por el mejor interés de los estudiantes.	El propósito del proyecto de ley es crear un programa de reutilización de textos escolares que será dirigido por el Ministerio de Educación (Meduca), que consiste en adquirir los libros para ofrecerlos en calidad de préstamo anualmente a los estudiantes en los centros educativos básicos general y de educación media oficiales. De hecho, el Meduca ya mira en ese horizonte y analiza la compra de libros de lectoescritura (ya aprobados) y otras materias.	Anayka De La Espada, subdirectora General Técnico Administrativa del Meduca, indicó a La Estrella de Panamá que la institución busca abastecer a los estudiantes a nivel nacional de textos escolares, pero observó que la evaluación o actualización del contenido de los mismos no tiene que esperar cinco años, como actualmente se propone. El avance tecnológico y los cambios en el mundo obligan a hacer una revisión antes de ese término, “todo según la asignatura, algunas de contenido más estable no requieren cambios tan seguido”, indicó.	Orit Btesh, presidenta de la Cámara del Libro, no avala que se revisen los libros cada cinco años debido a los avances científicos y tecnológicos que hay en el mundo. “El gobierno puede apoyar en los textos escolares, pero de una forma más profesional, quien evalúa los libros no siempre está velando por le interés de los estudiantes, sino por intereses personales”, subrayó.	La escritora Ileana Gólcher explica que salvo el caso de matemáticas, que es una ciencia exacta y definida, todas las asignaturas requieren actualización en promedio cada tres años. “El problema de los libros de texto y obras complementarias no es sólo su costo, sino el criterio mercantilista de las casas editoriales que los publican con una extensión enorme de páginas (más de 350, superan la extensión del año escolar) y no son leídas comprensiblemente por los estudiantes”.	Gólcher, con amplia trayectoria en el campo, recordó el programa Banco del Libro que funcionó en la década de los 80. “Se eliminó por presiones de las casas editoriales”, aseveró, al tiempo que añadió que “el anteproyecto de ley debe contener propuestas para apoyar a los autores nacionales, que se encuentran en 'peligro de extinción' debido a los altos costos de impresión y complejidad de distribución”.	Considera que el anteproyecto de ley podría ser completo “si se reformulan todas las disposiciones legales vigentes y se fortaleciera la Sección de Evaluación de textos de la Dirección de Currículum del Meduca, que tan solo cuenta con dos funcionarios encargados, sin capacidad de movilización, y capacitación a los autores nacionales, acerca de nuevos enfoques para la comprensión lectora, el verdadero problema del aprendizaje en material impreso”.	Félix Cuevas, autor de textos de matemáticas, no tiene objeción a la modificación legal. La práctica de otorgar libros a los estudiantes se efectuó durante la administración de Ricardo Martinelli, en esos tiempos algunos autores dejaron de vender libros, “muchos no entraron a los concursos porque no tenían la capacidad de editar la cantidad de libros solicitados y aguantar un año al pago del gobierno, negocio que aprovecharon las editoras grandes extranjeras que pueden importar libros dejando al autor rezagado”, señaló el docente.