PHOENIX — Al principio fueron siete. Luego 50. Luego miles de personas, mayormente de origen latino y muchos de ellos indocumentados, quienes realizaron una vigilia en el jardín que está afuera del Capitolio de Arizona en la primavera de 2010, elevando oraciones para que la gobernadora Jan Brewer no aprobara un proyecto de ley antiinmigrante, el más represivo en generaciones, el cual había sido aprobado por la legislatura controlada por los republicanos.	Una docena de mujeres indocumentadas, conocidas como las “damas de la vigilia”, montaron tiendas de campaña y una estatua de la Virgen María de 1,2 metros que le pidieron prestada a una iglesia. Los estudiantes salieron de sus aulas y marcharon kilómetros hasta el Capitolio. Las abuelas prepararon comida mexicana tradicional: pozole, tamales y frijoles. Durante la noche, alrededor de 50 personas durmieron en el césped. En la mañana, se limpiaron la grama del cabello, unieron sus manos y siguieron rezando.	Nosotros dos fuimos parte de estas protestas, y teníamos buenas razones para estar molestos, y asustados. Una noche, capuchas del Ku Klux Klan fueron colocadas cerca del lugar donde las personas estaban orando. Grupos antiinmigrantes estuvieron patrullando los alrededores. Este tipo de amenazas habían prosperado bajo el mandato del alguacil Joe Arpaio, quien les ordenó a sus agentes que abordaran a los latinos en controles de tránsito, redadas en los lugares de trabajo e inspecciones en los vecindarios. Posteriormente, algunos de ellos fueron deportados.	A pesar de la enorme oposición al proyecto de ley de “muéstrame tus papeles”, el cual en esencia convertía a la policía del estado en agentes de inmigración, la gobernadora Brewer lo aprobó. Los republicanos de Arizona sin duda esperaban que la ley ahuyentara a todos los inmigrantes, con o sin documentos. Algunos se fueron. Pero muchos más se quedaron, con la determinación de convertir su miedo e indignación en poder político.	En menos de una década, muchos organizadores que adquirieron experiencia oponiéndose a ese proyecto de ley ahora son legisladores, gestores de campaña y directores de grupos de participación ciudadana como Mi Familia Vota y la Coalición de Arizona de la ley DREAM (Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros). Si bien es fácil desestimar las protestas masivas como estallidos fugaces de rabia, Arizona es un ejemplo de cómo esta energía puede convertirse en poder electoral real. Y eso sucede cuando las personas aprenden a trabajar juntas, construyen conexiones profundas y crean algo más grande que ellos mismos.	A raíz de la vigilia, construimos una organización llamada LUCHA, acrónimo de Living United for Change in Arizona, que funciona como hogar político para las personas de color. Conversamos con las familias de clase obrera acerca de los temas importantes para ellos y de cómo involucrarse en la política. Los grupos cívicos y los partidos políticos solían realizar esta labor con mayor frecuencia, pero se han desconectado de las personas reales y se han enfocado demasiado en los donantes y en la influencia de las élites.	Si bien los republicanos fueron los que impulsaron el proyecto de ley antiinmigrante hasta que se volvió oficial, los demócratas también son culpables. Desde hace mucho tiempo han tratado a las comunidades de color como instrumentos para el poder de otras personas en vez del de progresistas de base que deberían ser instrumentos de su propio poder. Esta negligencia creó las condiciones para que el proyecto de ley fuera aprobado con tanta facilidad.	La vigilia se extendió hasta principios del verano, abarcando 103 días en total. Fue un campo de entrenamiento para organizadores novatos como nosotros, quienes solíamos reunirnos en la mesa de aperitivos, tomábamos nuestra tablilla sujetapapeles y salíamos a las lavanderías y minimercados a pedir firmas de los vecinos. Desde entonces, los activistas han atraído a cientos de miles de votantes al proceso político, y han logrado incrementar la participación entre los latinos en Arizona de un 32 por ciento en 2014 a un enorme 49 por ciento en 2018.	Con este poder, las personas de color han expulsado legisladores racistas y han aprobado legislaciones estatales que ayudan a los trabajadores de bajos ingresos, entre otras seguidillas de victorias sorpresivas. Los activistas han logrado lo que era impensable en 2010: Arizona será un estado decisivo en 2020. Los progresistas que se obsesionan con los electores indecisos blancos en Wisconsin, Míchigan y Pensilvania deberían prestarle bastante atención a Arizona, porque es un ejemplo de cómo movilizar a la población latina a nivel nacional.	La primera tarea era desmantelar la ley antiinmigrante. Personas indocumentadas como María Jesús recorrieron todo el estado en auto para inscribir votantes. Una de las damas de la vigilia, Paty Rosas, organizó mesas con material para el registro de votantes todas las mañanas en la vigilia. Uno de nosotros vendió su plasma por 105 dólares por semana para pagar sus cuentas y así poder hacer visitas a todas las casas de Maryvale, un vecindario latino en Phoenix. Los fines de semana, los estudiantes reclutaron a fiesteros en las entradas de los bares y discotecas.	Para el día de las elecciones en 2010, cientos de voluntarios habían inscrito a 13.000 nuevos votantes. La ley había desatado un boicot nacional, costándole al estado alrededor de 140 millones de dólares en turismo e ingresos de convenciones. Sin embargo, no fue suficiente para evitar una mayoría cualificada republicana en la legislatura donde un senador del estado, Russell Pearce, el promotor principal del proyecto de ley, se convirtió en el presidente del Senado.	Activistas veteranos como Randy Parraz sabían que los votantes latinos históricamente ignorados en Mesa, el distrito de Pearce, podían ayudar a destituirlo. Por ende, los organizadores recolectaron firmas allí para revocarlo, ignorando a las élites demócratas que aseguraban que era imposible: ningún legislador en la historia de Arizona había sido destituido de esa manera.	Luego de esa victoria, varias organizaciones se enfocaron en quitar del poder al alguacil Arpaio, quien había estado ocupando el cargo desde 1993. Arpaio dirigía un extenso centro de detención al aire libre al cual una vez denominó como “campo de concentración”, donde sometía a los detenidos a prácticas teatrales crueles como establecer cuadrillas de presos encadenados.	Jacqueline García, una joven líder cuyo padre había sido deportado en 2012, inscribió a cientos de votantes y capacitó nuevos voluntarios. A pesar de este tipo de esfuerzos, Arpaio ganó otro periodo de mandato en unas elecciones que estuvieron marcadas por irregularidades. La oficina de registro del condado de Maricopa repartió volantes escritos en español en los vecindarios latinos con la fecha incorrecta de las elecciones. Los funcionarios dijeron que había sido un error de transcripción. Los votantes reportaron que les habían negado boletas provisionales de votación y les habían negado la entrada a las urnas. Joe Arpaio volvió a ganar.	Pero conforme una gran cantidad de jóvenes cumplía 18 años, el imperio de Joe Arpaio se reducía. En 2016, los líderes de LUCHA, Puente y Poder in Action crearon una campaña llamada BAZTA Arpaio, que incluía visitas de puerta en puerta que eran más como fiestas vecinales. Mary Ramírez, una señora poderosa originaria de Hidalgo, México, invitó a las mujeres a una sesión de ejercicios llamada “Zumba Vs. Arpaio” antes de ir a visitar miles de casas. La meta no era convencer a todo el electorado, sino continuar demostrando que invertir en las comunidades de color podía marcar la diferencia en una elección reñida.	El día de las elecciones en 2016, Joe Arpaio perdió contra un demócrata, y el registrador del condado de Maricopa fue remplazado por un defensor del acceso al voto. Por esas fechas, la ley de “muéstrame tus papeles” fue diluida en la resolución de una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles.	En las elecciones de 2016 se obtuvo otra victoria que había estado gestándose desde hace un tiempo. En las audiencias con nuestros 2600 miembros, los cuales hemos cultivado a través de equipos vecinales y clubs de civismo en los colegios, nos enteramos de que querían que peleáramos por mejores salarios y permisos familiares. Este tipo de sesiones es donde nosotros y nuestros miembros nos comprometemos a apoyarnos el uno al otro. Como no podíamos ignorar sus necesidades —incluso cuando nuestros donantes o líderes de partido nos presionaron a hacerlo— decidimos intentarlo por nuestra cuenta, por medio de una iniciativa electoral.	Algunos progresistas influyentes dudaron de la capacidad de una organización popular, liderada por nosotros, dos latinos jóvenes, para organizar y obtener la aprobación de una iniciativa electoral estatal. Una persona afirmó que su fracaso haría retroceder políticas progresistas en Arizona por una década. Sin embargo, nosotros sabíamos que los encargados de recolectar las firmas, muchos de los cuales cobraban salarios bajos en sus trabajos cotidianos, se esforzarían al máximo. En julio de 2016, los activistas entregaron 275.000 firmas a la secretaría del estado para incluir el incremento del salario mínimo en la boleta de ese año.	La noche de las elecciones de ese año, la propuesta 206 fue aprobada con el 58 por ciento de los votos. La nueva ley estableció hasta cinco días de permiso remunerado por enfermedad para todos los trabajadores y para el 2020 elevará el salario mínimo a 12 dólares la hora. Contrario a lo que afirmaba la campaña de terror que promovieron los oponentes, los analistas económicos descubrieron que el aumento salarial de Arizona había beneficiado a la economía del estado, especialmente a los empleados de las empresas de alimentos.	Las victorias de 2016 permitieron fortalecer el movimiento. En 2018, organizaciones locales iniciaron la campaña MiAZ, visitando un millón de casas y agregando nuevas tácticas para contactar a votantes por medio de mensajes de texto, vallas publicitarias, y anuncios de radio y televisión. Todo esto ayudó a elegir a una organizadora de la comunidad, Raquel Terán, a la legislatura de Arizona y a Kyrsten Sinema al Senado de Estados Unidos, remplazando a un republicano. Además, la renombrada politóloga Hahrie Han y sus colegas descubrieron que desde 2010, los legisladores republicanos en Arizona habían sido menos agresivos a la hora de impulsar proyectos de ley antiinmigración.	La ley de “muéstrame tus papeles” fue diseñada para destruir a las familias latinas que conforman un tercio del estado, pero tuvo el efecto opuesto. Desde 2010, los organizadores han registrado más de medio millón de nuevos votantes en Arizona. Continuar expandiendo el electorado podría inclinar la balanza del estado a favor de los demócratas en 2020. Donald Trump ganó Arizona por menos de 92.000 votos en 2016. Un estimado de 271.000 nuevos votantes latinos podrían emitir su voto allí el año que viene, de acuerdo con Latino Decisions, pero solo si las organizaciones locales tienen los recursos para realizar movilizaciones robustas de votantes.	Los candidatos presidenciales están gastando decenas de millones de dólares en anuncios de televisión que las comunidades de color no verán o no les prestarán atención. Los candidatos deberían invertir su dinero en el contacto cara a cara con el votante. Además, deberían tener la inteligencia para contratar a personas de la comunidad para esta tarea, pues son las que saben que mandar un mensaje en español usando Google Translate no funciona, mientas que ir de puerta en puerta con cumbia o música de banda tal vez sí.	Si la vieja guardia del Partido Demócrata pudiera aprender algo de esto, aunque sea una sola cosa, debería ser dejar de usar la mayoría de sus recursos para buscar el voto de los electores blancos indecisos y prestarles más atención a los millones de votantes de color. Durante demasiado tiempo, nos han tratado como trabajadores baratos que pueden ir de puerta en puerta para darles su 51 por ciento de los votos. A cambio, nos pagan con candidatos que están desconectados de los latinos. En las elecciones primarias para la alcaldía de Tucson, el club de la vieja guardia apoyó a un hombre blanco en vez de a Regina Romero, una latina popular y altamente calificada, aun cuando casi la mitad de la ciudad es de origen latino. Romero terminó ganando.	La historia del poder político latino se está materializando por todo el país. Los votantes latinos aumentaron más su participación entre 2014 y las elecciones intermedias de 2018 que los blancos o afrodescendientes. Para 2020, serán la minoría más grande en el electorado. Pero la demografía no implica un destino, así que las organizaciones como Texas Organizing Project, The New Florida Majority y The New Georgia Project están fortaleciendo el poder electoral de las comunidades de color. Actualmente, LUCHA viaja a Texas y otros estados para capacitar a otros sobre cómo crear campañas para iniciativas electorales y ayudar a personas cotidianas a convertirse en funcionarios electos, así como en líderes de campañas y organizaciones sin fines de lucro.