El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo entregó al presidente de la República el anteproyecto de ley “que establece la coordinación e integración de los procesos administrativos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, con el fin de atender las necesidades de la población”. La iniciativa, que busca homologar el sistema de salud público, contempla que el Estado debe destinar una inversión anual en el renglón de salud no menor al 6 % del producto interno bruto (PIB).	Aunque el gasto público en salud ronda en la actualidad el 6 % del PIB; la asignación “por mandato legal” de este porcentaje del PIB al renglón salud, proporciona un blindaje a la asignación presupuestaria para el sector, y es un gran paso hacia la meta de alcanzar la cobertura universal de salud para todos en todos los lugares de nuestro territorio, lo cual felicito y me llena de renovadas esperanzas.	En mi opinión, los problemas surgen de la falta de aptitud de muchos de nuestros funcionarios, generada por el clientelismo político que permite el acceso a los puestos de poder a personas muchas veces carentes de las competencias necesarias. Esta carencia de las competencias propicia a su vez la ineficiencia producto de la desorganización, que lleva invariablemente al descontrol y la corrupción. Sería como meter nuestro dinero en un bolsillo roto...	Las consecuencias de este escenario se hacen evidentes a diario. Se asignan los recursos de forma equivocada, malgastando fondos públicos en intervenciones de escasa eficacia en función de costos, al tiempo que es insuficiente el financiamiento de otras medidas de gran importancia colectiva. La mayor parte de los recursos humanos y financieros están centralizados en las principales aglomeraciones urbanas, beneficiando el gasto público en salud a los grupos con capacidad de pago, en forma de asistencia gratuita o por debajo del costo en modernos hospitales estatales de nivel terciario, careciendo los pobres de acceso a los servicios básicos de salud o quedando descubierta la mayoría de la población. Persiste el bajo rendimiento y la ineficiencia de los recursos humanos, equipos e instalaciones, despilfarrándose gran parte del dinero que se invierte en salud, existiendo una escasa capacidad resolutiva del nivel primario, en contraposición a la excesiva inversión en equipamiento de alta complejidad.	El fortalecimiento de la capacidad de Gestión Pública, en especial la capacidad de rectoría de las autoridades nacionales, garantizando las funciones esenciales de salud pública, limitando (ojalá eliminando) la injerencia de los intereses políticos y económicos y gremiales. O, en el mejor de los casos, administrando (o manipulando) esta injerencia para el logro de los objetivos de salud; es decir, haciendo una gestión “tecno-política”, pero estratégica, efectiva, transparente y enfocada en la equidad.	Abordar la segmentación y fragmentación de los servicios de salud, transformando la organización y la gestión de los servicios integrales de salud, mediante el desarrollo de modelos de atención, centrados en las necesidades de las personas y las comunidades, el aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel, articulado en Redes Integradas de Servicios de Salud y basado en la estrategia de atención primaria de salud.	Desarrollo de la capacidad en el nivel regional y local para la gerencia efectiva de las redes de servicios de salud. Lo que significa capacidad técnica para la coordinación de recursos y para planificar, definir, ejecutar y evaluar las actividades de salud, contando, por lo menos, con métodos e instrumentos sencillos para el diagnóstico, programación, seguimiento, control y evaluación de los servicios de salud y, la administración de recursos humanos, financieros y materiales.