martes 20 de agosto de 2019 Proyecto que crea las APP inhabilitará a empresas corruptas El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, indicó que el tema de la inhabilitación de estas empresas en proyectos bajo el esquema de alianzas público-privadas va en línea con lo que se quiere incluir en el proyecto que modifica la Ley 22 de contrataciones públicas	La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley que establece el régimen de las asociaciones público-privadas (APP), con al menos trece modificaciones, una de las cuales inhabilita para participar en este régimen a las empresas condenadas por delitos contra la administración publica en territorio nacional o con acuerdos de colaboración judicial.	El proyecto, de 88 artículos, recibió trece modificaciones tras un debate que se prolongó por más de cuatro horas, y que fue interrumpido por una reunión de bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), en las cuales surgieron algunas dudas sobre las intenciones de esta iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo.	De igual manera, se aprobó una modificación para inhabilitar de participar por diez años en los proyectos de la APP, a aquellas empresas que incumplan con la ejecución de las obras y aquellas personas naturales y empresas condenadas por la comisión de delitos contra la administración pública en territorio nacional o con acuerdos de colaboración judicial.	La modificación aprobada establece que: quedarán inhabilitadas para contratar las personas naturales que hayan sido condenadas en los diez años que anteceden a la contratación por sentencia judicial definitiva o que hayan admitido o firmado acuerdos de colaboración judicial donde confiesan o reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública; con pena de prisión por uno o más años por un tribunal panameño'.	La inhabilitación también es aplicable a las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, es decir, aquellos que posean el 51% o más de las acciones de la sociedad, directores, dignatarios, gerentes, representante legal que hayan suscrito acuerdos de colaboración judicial y hayan sido condenados por los delitos descritos, siempre que los delitos estén vinculados a las actividades de la empresas o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas.	Mientras que el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Héctor Ortega, manifestó que como organización han planteado la necesidad de un marco regulatorio de las APP, porque el no tenerlo le resta competitividad al país, ya que en otros países donde se ha implementado se ha demostrado que es una herramienta importante para resolver el tema de la inversión pública y prestación de servicios públicos a la población.	Más comentado ONU: Panamá violó derechos de Ricardo Traad y pide indemnizarlo La llorona del 19 de agosto del 2019 Zulay Rodríguez: exabogado de Odebrecht tiene pruebas que vinculan a la procuradora Vivian Fernández de Torrijos se sacude ‘las etiquetas' El trago amargo de las reformas en el sistema de pensiones	Ver más EL FMI recomendó aumentar la edad de jubilación en Panamá Cuarto puente sobre el Canal queda en suspenso por este año El error histórico que costó $2 millones al Estado Martinelli podría quedar como suplente de Mayín Correa Querellantes denuncian que ‘hubo dinero de por medio' en el resultado del fallo del tribunal de juicio