En una pasada entrega de opinión hicimos una narrativa cualitativa sobre algunos de los aspectos ambientales de la reversión de tierras, aguas e instalaciones por ejecución del Tratado del Canal de Panamá; narrativa que giró en torno a los polígonos de tiro y temas de la cooperación con el Gobierno de Canadá.	En una pasada entrega de opinión hicimos una narrativa cualitativa sobre algunos de los aspectos ambientales de la reversión de tierras, aguas e instalaciones por ejecución del Tratado del Canal de Panamá; narrativa que giró en torno a los polígonos de tiro y temas de la cooperación con el Gobierno de Canadá. Hoy, abordaré de manera muy general otras dimensiones que legó la experiencia de la evaluación ambiental de los bienes revertidos; hoy bajo una discusión local y escrutinio sobre su mejor uso colectivo. Acá narraré otra historia que fue decisiva para el bienestar colectivo, el desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental panameña.	Las referencias que entrego hoy, visto el inicio de la ejecución del Tratado, hace 40 años y poco más de 30, de la organización de la ARI, caen en el ámbito ambiental, mismas que quedaron documentadas en la memoria institucional y cuyos aportes fueron claves para explicar el posterior desarrollo de la institucionalidad y la gestión ambiental en Panamá.	La gestión ambiental de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica se organizó bajo los preceptos establecidos en los Tratados del Canal de Panamá; específicamente el artículo IV, numerales “a” y “b” del Acuerdo para la ejecución del artículo IV del Tratado del Canal de Panamá de 1977, el cual rezaba:	“Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas para asegurar, hasta donde sea viable, que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humanas sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo, en la fecha en que cese la autorización para su por parte de las Fuerza de Estados Unidos”. Para ello, la antigua ARI organizó su oficina ambiental —que para entonces contaba con siete especialistas, incluida mi persona y una motivadora dirección liderada, además por una mujer—, los cuales desafiamos la realidad con una estructura poco usual en un contexto institucional y administrativo carente de toda herramienta, protocolo o experiencia en evaluaciones ambientales. Como todo proceso que estableció la ejecución del Tratado, hubo que innovar.	De esta manera, y así, todo lo que fueron los sitios de defensa y áreas de coordinación militar, fueron tamizados bajo un proceso sobre el cual no existía ningún antecedente metodológico ni institucional para tal fin. Se creó un grupo interinstitucional, el cual tenía como tarea la evaluación ambiental de todas las propiedades que estableció el cronograma de reversión. El Ceaba, Comité de Evaluación Ambiental de las Bases Militares, instancia interinstitucional para la evaluación ambiental de los bienes revertidos. Estuvo compuesto por diversos especialistas de un número plural de instituciones públicas y privadas, quienes ejecutaron las primeras auditorías ambientales, en un contexto institucional y administrativo que carecía de metodologías ni protocolos para ello. Fueron parte del Ceaba profesionales y especialista de la Caja de Seguro Social (Física Nuclear), de la Universidad de Panamá, científicos de las áreas de química, biología, teledetección, geografía, historia, sociología, ingeniería y otras más que en este momento se escapan de mi memoria. Fueron parte del Ceaba organizaciones de la sociedad civil, como Ceaspa, quienes extendieron puentes bajo esa dimensión de la sociedad civil, para examinar otras experiencias en el cierre de bases en otros contextos como los Estados Unidos, Alemania y Filipinas. El cierre de bases en San Francisco, Estados Unidos y Subic Bay en Las Filipinas, retroalimentaron la experiencia panameña; procesos que fueron clave para evidenciar, por ejemplo, la contaminación por agentes químicos, que décadas más tardes fueron revelados como ciertos y de uso probado en Panamá durante la ocupación de las fuerzas militares estadounidenses. De esta manera, junto con los mecanismos que estableció Cancillería bajo la Dirección de Asuntos del Tratado, Depat, el Comité Conjunto y la Comisión Mixta cobre el Ambiente Natural, instancias integradas por representantes panameños y contrapartes militares, nos abocamos a cumplir con la tarea.	Las miles de hectáreas, edificios e instalaciones fueron evaluadas —incluidos las 143 219 hectáreas (1432 kilómetros cuadrados), incluidos los polígonos de tiro, a los cuales corresponderían unas 14 500 hectáreas, de las cuales 7300 hectáreas contaminadas por explosivos no detonados y otros contaminantes propios de las actividades militares realizadas. Todas estas áreas, edificio e instalaciones, fueron tamizadas bajo un esquema innovador, proceso que detonó la formulación de la primera propuesta administrativa que quedó contenida en el alcance administrativo y técnico de la futura entonces Autoridad Nacional del Ambiente; ejercicio resultado de una consultoría gestionada por la ARI y bajo la contratación de Theodore Panayotu, académico y especialista de uno de los centros de estudios más prestigiosos del mundo. Con este impulso se construyó todo el aparataje técnico y administrativo que hoy conocemos como auditorías ambientales y demás instrumentos de gestión ambiental que son hoy día herramientas para la gestión ambiental y territorial, aplicado, desde la institucionalidad decantada en el Ministerio del Ambiente, en todo el territorio nacional.	El aporte del proceso de ejecución del Tratado tuvo impactos positivos y enormes en la construcción de la institucionalidad técnica y administrativa de corte ambiental en la sociedad panameña. Lo actuado bajo el liderazgo de la ARI queda consignado como una experiencia intangibles que podría colocarse en el plano del fortalecimiento de la sociedad panameña y el resultado, definitivamente dentro del colectivo social, y bajo uno de los procesos más inusuales y extraordinarios al cual hemos estado expuestos en la últimas décadas en el contexto de la ejecución del Tratado del Canal de Panamá.