Recordando que la investigación inició el 20 de enero de 2017, por parte del Fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría de la Nación, Adecio Mojica Peña, como resultado de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que determinó una supuesta afectación económica al patrimonio del Estado por el orden de $37,330.00, que guardan relación con un contrato para el suministro, instalación y acondicionamiento de compresores y bomba de vacío redundante en el depósito de la facultad.