Somos historia viva. Agonizante, pero viva, clamando justicia. Vida que se rehúsa a perecer, aferrándose a su verdad, aún bajo el peso de una cruenta agresión bélica, el olvido forzado de 30 años de deformación histórica y el despojo del territorio ganado con sacrificio por generaciones de panameños. Es la verdad que exige el reconocimiento por Estados Unidos de su responsabilidad en la invasión, restitución a las familias de las víctimas y al país entero por las muertes y daños, y el cumplimiento de la promesa traicionada de un Canal para todos. No hay futuro sin memoria, no hay justicia sin verdad.	Fuimos víctimas de la barbarie. Una represalia contra una nación que tuvo la audacia de creer había conquistado el derecho soberano a determinar su propio destino. Cuando perdieron, como siempre pierden, el control del país los políticos, empresarios y militares que se peleaban el reparto del festín canalero por revertir, fueron desbordados por un arrollador descontento popular. Era un pueblo digno, que no había olvidado su legado de luchas patrióticas por la soberanía, quien rechazaba en las calles los ajustes estructurales mandatados por las instituciones financieras internacionales. Reformas que traicionaban la promesa que las inmensas riquezas que revertían a Panamá serían usadas al servicio del bien común. La transición democrática del 84 no pasaba de mera simulación legalista si solo servía para legitimar la apropiación por unos pocos de lo que pertenecía a todos.	Sacrificaron a la Patria para preservar su poder. Cada vez que las élites son incapaces de solucionar sus contradicciones y garantizar la estabilidad del tránsito interoceánico, exigencia no negociable de los mercados, aceptan mansamente que sean las armas estadounidenses quienes diriman el conflicto. Atrapados en un callejón sin salida y acechados por un pueblo envalentonado, se desintegró el bloque gobernante de civiles y militares en una lucha fratricida, arrastrando tras sí una larga lista de víctimas. Dividieron a la población con sus pugnas, pero pactaron arriba la entrega, ofreciendo al país como sacrificio. Con la sangre del pueblo se selló el pacto entre los antiguos antagonistas, alternándose tras la masacre en la imposición de la agenda dictada desde el norte.	Invadieron para neutralizar a la nación emergente e imponer una transición tutelada. Fundaron una fachada de democracia sobre las cenizas de una Patria devastada, desorientada y desmoralizada por un bloqueo que pulverizó a la economía, un despliegue bélico desproporcionado y la implantación de un gobierno de ocupación. Bajo la sombra del olvido de los muertos, los gobiernos del régimen posinvasión privatizaron la posición geográfica y sus activos estratégicos, mercantilizaron la educación y salud, depredaron las cuencas, ríos y bosques, sabotearon al seguro social, desmantelaron la agricultura e industria, precarizaron el trabajo, especularon con la canasta básica y abandonaron a las comunidades a la inseguridad. Forjaron con violencia la agenda neoliberal que los militares y civiles habían perdido la capacidad para imponer en los 80, entregando el país a los capitales transnacionales.	Negar la verdad es difícil, por lo que la potencia invasora realizó una operación más macabra: la invirtió. Una causa injusta, no para liberar, sino evitar se liberará el pueblo por sus propios medios. El fin no era remover a un dictador que los estadounidenses habían puesto, armado y sostenido en el poder, era evitar una transición democrática que tuviera por protagonista a las masas, truncando toda posibilidad que el antiguo enclave canalero se transformara en motor de desarrollo de una nueva nación libre. Desde la asfixia económica para chantajear a la población hasta una masacre calculada para someterla, junto con la campaña propagandística mundial y el posterior desarme del país, la veinticincoava intervención estadounidense en Panamá tenía sus objetivos calculados. La invasión estuvo planificada con antelación, porque imperaban los intereses geopolíticos, no los contubernios criollos. Invadieron para asegurar que Panamá supiera, a las malas, cuál iba a ser su papel en el nuevo orden mundial: hub neocolonial.	La verdad no puede ser borrada. Resurge en las demandas de las nuevas generaciones por la justicia negada. El modelo concentrador y excluyente consolidado con sangre y fuego tras la invasión está agotado. Sus víctimas, las grandes mayorías excluidas del aprovechamiento del territorio que les pertenece por derecho, se levantan hoy para disputar el futuro.	No somos herederos de pugnas caducas entre civilistas y militares o de falsas dicotomías entre democracia y soberanía, sino portadores del embrión de un nuevo proyecto de país. Afirmando la primacía de la vida como principio fundante de una nueva sociedad, exigimos como camino hacia ese futuro, verdad, justicia y reparación por el crimen de la invasión del 20 de diciembre de 1989.