Según la denuncia interpuesta ayer ante la Fiscalía Electoral, el director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, indicó en un medio de comunicación que habían cerca de tres mil certificados de defunción. Añade que el fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, inició una pesquisa a los activistas de las campañas y a cualquier otro presunto responsable vinculado al ilícito.	Además, dijo que su partido publicará la lista completa en la que aparecen las firmas de difuntos y prestará asesoría legal gratuita a las familias que se sientan ofendidas por esta acción. Según Blasser, cada afectado podría demandar a los responsables por daños y perjuicios por entre $100 a $300 mil. Justicó que esta cifra es un cálculo de su equipo legal, sin aportar mayores detalles.	En la denuncia, UNI afirma que tiene en su poder un listado en el que se adjuntan los posibles nombres de las personas fallecidas detectadas en los libros de inscripción, y pide a la Fiscalía que la corrobore con los certificados de defunción. En la lista aparecen los nombres de 4,537 fallecidos utilizados en las candidaturas. Según el análisis del partido, un mismo fallecido fue inscrito siete veces los días 11 y 12 de octubre.