El 24 de diciembre de 1989, días después de iniciada la intervención militar estadounidense a Panamá, Guillermo 'Billy' Ford —en ese entonces vicepresidente de la nómina que encabezó Guillermo Endara y que recién se había instalado en el poder tras ser juramentado en la base militar de Clayton—pidió unas parcelas en el Jardín de Paz para enterrar a unos 250 muertos.	Así llegaron 124 víctimas de la Invasión al Jardín de Paz. 88 estaban identificados con nombre y un código que 'manejaban ellos'. Los fiscales daban la instrucción a personal de los bomberos —como los identificó Paredes en su relato— para que sacaran los cuerpos que estaban dentro de bolsas plásticas y los pusieran dentro de las fosas. Ese día, el 24 de diciembre, la jornada terminó a las 6:30 pm, pero el hecho se repitió el 25, el 26 y el 30 de diciembre, sumando 124 inhumaciones según la base de datos del Jardín del Paz.	Muchos testigos coinciden en que quizás nunca se conozca el saldo real de víctimas, la mayoría de ellas civiles, confirmó Planells, que coincide con el Informe de fondo número 121 del año 2018, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde responsabilizaron a los EEUU y recomendaron medidas de reparación a las víctimas.	El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de mayo de 1990 por una acción legal que presentaron en los abogados panameños Gilma Camargo y José Luis Morín representando a 272 víctimas de la invasión. Entre las peticiones, 152 casos alegaban haber sufrido alguna vulneración a su derecho de propiedad, o afectaciones debido a la muerte de víctimas o familiares, o de lesiones graves, que necesariamente involucran un componente económico.	Un primer informe del organismo resaltó la controversia existente entre Estados Unidos y la sociedad civil panameña sobre la cifra real de muertes civiles con motivo de la invasión de Panamá. Dicha duda surgía como consecuencia de la marcada diferencia entre la cifra oficial proporcionada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, 202 civiles y menos de 100 militares, y las cifras citadas por otros voceros, como Americas Watch, el Comité Panameño, Physicians for Human Rights y voceros de la Iglesia Católica, las cuales coincidían en afirmar entre 300 y 600 panameños fallecidos. En base a lo recabado, concluyeron con “la imprecisión e incertidumbre sobre las circunstancias -y el número- de las muertes”.