Durante la dictadura militar, y desde antes, pero con sus peores referencias enraizadas en esta, existió en Panamá el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), organismo técnico en sus inicios encargado de investigar y hallar los culpables de infringir las normas penales, que poco a poco derivó hasta convertirse en un temido brazo de la policía nacional. Era la ‘policía secreta', como se le llamó al establecerse, en cuyas instalaciones se practicaron torturas y cometieron muchos crímenes, incluso asesinatos, con la protección del silencio de los policías subalternos.	Luego de la dictadura, con la responsabilidad y previsión derivadas de aquellas experiencias, se dispuso el establecimiento de una Policía Técnica Judicial que investigara los delitos, con alto profesionalismo y recursos científicos, dependiente no de la policía, sino de instituciones civiles hasta que su director fue un delincuente en ciernes que trastocó sus propósitos y después, en 2007 se le dio el tiro de gracia, devolviéndola a la subordinación de la Policía Nacional, hasta hoy.	Desde poco después del nombramiento de la actual procuradora general de la Nación, me desencanté de sus actos dirigidos al principio a aparentar que en Panamá habría justicia, al menos en cuanto a las investigaciones, porque en cuanto a los resultados de los juicios, a sabiendas de que dependían del Órgano Judicial, no había muchas esperanzas ni para recuperarlas se tomaron decisiones encaminadas con firmeza a ello.	La selectividad con que la Procuraduría ha actuado en casos de delitos de alto perfil contra el erario, los acuerdos ‘secretos', como se ha dicho, y 'formales pero verbales' con ejecutivos de Odebrecht, la estimación de los dineros dados en coimas para que dicha empresa pudiera obtener pagos fraudulentos de muchas veces más de lo pagado en sobornos, las promesas públicas de que en determinados tiempos ocurrirían cosas que queríamos que ocurrieran y jamás han ocurrido, aparte de sus evasivas declaraciones e inexplicables dilaciones, no llevan a concluir nada diferente de una gestión que deja mucho que desear.	Estamos frustrados sí, por las leyes y por las personas, comenzando con la propia procuradora y al menos parte de su equipo de trabajo, cuyas actuaciones son también reflejo de las de la cabeza. Las leyes no son las culpables de decir que algo debe hacerse y no se haga; los culpables son quienes deben cumplirlas y omiten hacerlo. Esas culpas no se presumen, se buscan, ubican y sancionan y todo ello de acuerdo con las leyes; cuando estas, por su parte, son inadecuadas, se cambian.	Hace ya 12 años, se aprobó la Ley 69 de 2007 que dispuso el establecimiento de la Dirección de Investigaciones Judiciales dentro de la Policía Nacional, como organismo auxiliar del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Es decir, la DIJ ayuda al Ministerio Público y al Órgano Judicial, pero sus miembros obedecen jerárquicamente a la Policía Nacional, contrasentido inexplicable, pero gracias a su profesionalismo se adelantan y muchas veces hasta concluyen investigaciones criminales con óptimos resultados; otras veces no tanto.	El artículo 9 de la Ley 69 de 2007 dice: ‘Los miembros de la Dirección de Investigación Judicial no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada hasta tanto esta finalice o mientras no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención'. Por su parte, el artículo 11, dice que los miembros de la Dirección de Investigación Judicial deben llevar a cabo sin omisión el cumplimiento de las instrucciones recibidas del Ministerio Público.	¿Cómo entonces conciliar el interés de la ley en que se hagan las investigaciones con el interés de la sociedad en que estas se hagan bien? Pues haciendo que quienes ejerzan cargos de responsabilidad en el Ministerio Público y en la Dirección de Investigación Judicial, comprendan y actúen en acatamiento de la Ley. Cuando uno de los dos, o los dos, no lo hagan, también la Ley señala lo que debe hacerse. Así de fácil y, también, así de difícil. En los países civilizados se actúa de conformidad con las leyes; en los que prevalece la voluntad del poderoso, al margen de la Ley.	Y el tema no concluye aquí, pues los cuerpos de investigación criminal no deben estar sujetos a subordinación de disciplina policial, como en nuestro caso, porque eso pone distancia entre la investigación objetiva y profesional y su resultado, al tener que acatar órdenes verticales de los superiores en rango y escalafón.	Ya hemos vivido la experiencia de investigaciones dilatadas, parcialmente fallidas, distorsionadas y encubridoras, como lo fue el doloroso caso de los estudiantes secuestrados y asesinados en La Chorrera, con la coparticipación de agentes de policía; además de que un esquema como tal nos trae ingratas memorias de procesos amañados, tergiversados y hasta criminales, en lo que fue el oprobioso Departamento Nacional de Investigaciones (DENI). Se impone su funcionamiento dentro del tipo de organización del Ministerio Público y, por supuesto, de la misma manera sería un error mayúsculo sustraerle al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tan bien ha servido a la sociedad desde su establecimiento.	Lo que ha funcionado bien, ¿para qué cambiarlo? La experiencia que tenemos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de su director como profesional y científico, es de las buenas que hay en el sector público; si sus labores no han sido mejores es porque no ha sido dotado de los equipos, recursos, personal e instalaciones necesarias y adecuadas para su más eficaz funcionamiento, ¿por qué llevarlo a ser dependencia de un organismo en que las instrucciones se imparten y acatan verticalmente, sin análisis ni cuestionamientos, cuando la naturaleza de sus funciones radica precisamente en buscar, cuestionar y analizar para llegar a la verdad?	Lo que de verdad procede es restituir a la DIJ como dependencia de las instituciones civiles, como lo es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dotar a ambas de recursos, personal técnico competente, instalaciones y equipos necesarios para el mejor ejercicio profesional de sus funciones y, en su caso, adelantar las pesquisas que lleven a ubicar responsabilidades de quienes no hayan servido sus cargos con el celo y sentido que las leyes y la sociedad vienen demandando. Cualquier otra cosa es proponer que se cambien las sábanas de la cama para bajar la fiebre del enfermo.	Más comentado Encuentro de exalumnas del colegio Las Esclavas La llorona del 22 de julio del 2019 López y Varela, los citados por la querella Rolando López dice que prestó su computadora al testigo protegido y que Martinelli lo amenaza Ya suman diez los interesados en ocupar la dirección del Idaan