En un fallido intento por emular consignas que son consecuencias de realidades diferentes, algunos compatriotas que, tal como lo han confesado, pretenden elevar el tema de las reformas constitucionales a rango de necesidad apremiante de la gran mayoría del pueblo, están intoxicando el cerebro popular, con la nefasta consecuencia de obstaculizar el esfuerzo que debemos acometer a objeto de recuperar Panamá. “No estamos en guerra” y “Panamá despertó”, acreditan suficientemente esta afirmación. Esto lo tomaron de Chile, cuyo contexto es diferente, muy particular. El compromiso de campaña del presidente Cortizo nunca dio prioridad a reformular el conjunto de la Carta Magna. Siempre expresó su inclinación por, primero, presentar a consideración de la Asamblea un paquete resultado del consenso del pueblo organizado, cuyo espejo funcional lo conformaba la Concertación Nacional, aceptado por todos los sectores; y, en segundo lugar, enfocar su interés en la reestructuración de los temas constitucionales más concurrentes en la población: los tres poderes del Estado. Impulsar una protesta, identificando esta propuesta con el contenido de lo ideado en la Concertación y, peor aún, con los apéndices incorporados por los diputados, es condenar al fracaso al país y a los que honestamente desean corregir los abusos y errores que puedan existir en nuestra ley fundamental; es embarcar a la juventud y al sufrido pueblo en una lucha contra molinos de viento.	Las recientes recomendaciones del Ejecutivo despejan las dudas y desenmascaran las maniobras montadas. Otra vez el presidente Cortizo da la cara, baja al pueblo, al que se debe, ese que lo llevó al Poder, precisamente por su carácter personal. Con la buena fe que evidencian sus respuestas, dejó claro ante la faz del país el verdadero interés de su equipo de Gobierno en el tratamiento del tema constitucional. Insistir ahora que el Buen Gobierno está sojuzgado al Órgano Legislativo, es un falaz, vulgar y grosero comportamiento contumaz, alejado por completo de la necesidad, esta sí, apremiante, de construir un mejor país con herramientas propias de Estados democráticos que idolatran la libertad y el crecimiento cualitativo de su pueblo, mediante la adopción de medidas que conviertan el sueño generalizado de un país inclusivo y en constante evolución, en una realidad incontrastable. Soñar con una democracia fuerte, que realmente funcione y le proporcione a la población progreso sostenible, es lo opuesto a un “despertar” del pueblo con destrucción y saqueos; o peor aún, supresión violenta de aquellos instrumentos, materiales e inmateriales, como iglesias, medios de transporte, establecimientos de expendio de alimentos, de formación profesional, de símbolos de la memoria e identidad nacionales, ni de pequeñas y medianas empresas, que permiten a una nación avanzar en el camino del desarrollo y la felicidad de su gente. Una gestión gubernamental con pilares bien definidos que busca total sintonía con las necesidades populares, debe ser en extremo cautelosa con el manejo de asuntos que satisfacen el caudal intelectual de muchos sectores, pero que ocupan un segundo o tercero o cuarto lugar entre el recetario para las necesidades de una población golpeada sensiblemente por un sistema repleto de injusticias y desequilibrios sociales, que le confieren un sexto puesto en la fila de los países más desiguales del mundo. Sería excelente impulsar un proceso formal de cambios fundamentales de nuestra Constitución simultáneamente con el sumario de cambios que clama este pueblo desde hace tiempo, con pleno respaldo histórico, inmersos en los compromisos esenciales del Buen Gobierno.	Pero sería contraproducente, y a lo mejor catastrófico, otorgarle demasiada importancia al tema de las reformas constitucionales, frente a la robusta realidad de un pueblo cuyos lastres de mayor peso requieren de urgencia notoria, alivio inmediato; que si no son enfrentados con resolución, provocarán una decepción tan grave y generalizada, que puede traer una auténtica ira popular, en perjuicio de la recuperación de la confianza ciudadana, que esta sí es prioritario alcanzar para coronar las metas trazadas por el Buen Gobierno. Cierto que la institucionalidad del país es deplorable y se ha convertido en un ancla para el desarrollo nacional, generando temores en la ciudadanía y distorsiones en la aplicación de las normas, pero también es muy cierto que la enorme expectativa nacional creada por el ascenso del presidente Cortizo, como contrapartida natural, conlleva un castigo más severo en el evento que no empiece por el camino más propicio para demostrar que, en efecto, se trata de un Gobierno diferente. No a un 100 %, pero este pueblo demostró el pasado 5 de mayo estar suficientemente distanciado de los brazos de Morfeo, que su interés es legitimar autoridades conscientes de la existencia de esos lastres, capacitadas y resueltas para asumir la ardua responsabilidad de atender las necesidades populares y nacionales en ese clima de paz y entendimiento por el cual depositó su voto. Es imperativo defender esta ruta, escogida por este pueblo que no duerme.