Tráfico de influencias, manipulación de fallos, injerencia de un poder en otro, ausencia de control entre un órgano y otro, y una sociedad que no aprende a exigir una rendición de cuentas a quienes ostentan el cargo. Todos somos cómplices en alguna forma. Unos por interés económico, otros por influencia política, o por familiaridad, algunos por omisión. Al final hemos creado un sistema carente de todo, sobre todo, de justicia. Los Varelaleaks.com, o las filtraciones extraídas del celular del expresidente Juan Carlos Varela son una muestra de lo anterior. El reto está en remediar el sistema para evitar que en dos semanas actuemos con una memoria selectiva y que en el futuro puede manifestarse con hechos violentos incontrolables, como lo que sucede en países vecinos. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, pone los puntos sobre las íes y brinda un panorama claro de la realidad y sus consecuencias, las responsabilidades institucionales e individuales, además de la oportunidad de adecentar el sistema con los próximos nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación.	Como guarda relación con una investigación de carácter penal, poca maniobra tiene el funcionario que ostente la Procuraduría de la administración. Producidas las revelaciones, se produce la noticia criminal, y no hay otro camino que la apertura de la investigación porque se trata de la administración pública, no es un litigio de un particular en el que cada quien asume posiciones individuales. Ostentar el cargo involucra responsabilidades colectivas, y esas responsabilidades están en permitir que no haya desestabilización de las funciones de un órgano que guarda relación con la justicia. Y todos debemos apelar para que sea neutral, objetiva y profesional. Y esos elementos se colocan en el Procurador de la Administración con una obligatoriedad. No hay otro camino que abrir la investigación para permitir que la democracia no se siga lastimando. Debió investigar de oficio en las primeras horas producidas las revelaciones, cuestión de que se abriese el compás que va a disipar la duda, a esclarecer, y el mecanismo contempla la separación del cargo para resguardar lo público que tiene un tratamiento institucional, no particular. Y lo institucional es que el Procurador de la Administración tiene la carga de custodiar las labores que se ejercen en el Ministerio Público. Esa medida de suspensión del cargo habría sido la protección inmediata de lo público, que permitiese hacer el razonamiento personal al margen de lo institucional.	Si entendemos que esto se trata de pérdida de confianza pública comprenderíamos que el mismo cuestionamiento que no logra disiparse en el caso de la Procuradora General de la Nación debe avanzar en todos los funcionarios que siguen ostentando cargos públicos, porque esto aplica para uno y para todos. También el papel de los medios es cuestionar y poner en contexto. Si con energía se sostiene la necesidad de respuesta de la Procuradora, y no aplica para otros, caeríamos en lo mismo. O aplicamos el mismo patrón de exigencia social o jugamos a los que siempre se ha cuestionado. Lo que pareciera es que si estoy en Calle Arriba me aplican unas reglas y en Calle Abajo me aplican otras; si soy próximo al poder hay tolerancia y si soy distante se actúa con celeridad.	Sería responsabilidad de los medios de comunicación y sería con el apadrinamiento de los medios que un escándalo de esta magnitud a las tres semanas estemos hablando de otra cosa. Por lo tanto, los medios de comunicación que eligen unas notas y descartan otras, es lo mismo que se está cuestionando sobre el funcionamiento colapsado de la justicia. Si ese va a ser el resultado, mejor no hablemos más nunca de justicia, de reglas o de procedimientos y hablemos de amiguismo. El cuestionamiento no es proximidad de los funcionarios, pero ¿en cuántas situaciones las revelaciones solo ponen un contexto? Lo público no puede admitir que yo discrecionalmente elija qué sí y qué no.	No podemos jugar a ser jueces. Hay cuestionamientos para personas que ocupan cargos públicos, y como tal esto no es un razonamiento donde tiene que entrar la valoración de un expediente judicial. Hay que separar lo judicial que corresponde a una responsabilidad personal para la comisión de hechos delictivos, frente al comportamiento que la sociedad merece de sus funcionarios.	Por eso el papel del Procurador de la Administración, cada hora que pasa pone en entredicho más el papel institucional del propio Ministerio Público como ente investigador que debe tomar la información, diseñar una estrategia de investigación tomando como base las publicaciones que ya están en los medios para luego avanzar a líneas más profundas.	Nosotros como actores desde la sociedad, externos del poder político, siempre tenemos la ilusión de confiar en que la cosas se van haciendo en la forma correcta y nuestros aportes van orientados en que haya una defensa del estado de inocencia y donde la justicia debió mejorar. Pero la justicia panameña, no hay otra forma de decir que se matizó dependiendo de en qué extremo de la acera se encontraba cada quién. Para que exista justicia en un país, debe existir legitimidad de la información, legitimidad del proceso y de la sanción. Cuando se pierde uno de los elementos, ese proceso no es justicia, es cualquier cosa. Nuestro país ha querido levantarle la venda a la justicia para que vea lo conveniente y omita donde quiera omitir. Eso tiene que acabar, pero debe ser reconociendo que la justicia colapsó dividiendo las responsabilidades institucionales a las personales, quien no pueda sostener sus respuestas debe dar paso a que el Presidente haga una reingeniería de la justicia y toca mostrar que los defectos estructurales están en la ausencia de ley. Sino tendríamos que reconocer en dos semanas que este escándalo desaparece, nuevamente vamos a seguir hablando de lo bien que un nuevo procurador ejecuta su gestión con las mismas reglas, bastaría nuevamente aquello en donde se piensa que la persona es la institución y no la institución como un conjunto de arquitectura de diseño, pesos y contra pesos. Aquí, la carencia de pesos y contrapesos es lo que provoca que me sienta la institución cuando soy un pasajero transitorio, y la institución permite continuar la estadía en la silla. Esto no es para que nadie se sienta ofendido a nivel personal. Es para reconocer qué país queremos, en qué estado estamos y cómo somos mejores como miembros de una sociedad internacional.	Por la razón que las responsabilidades derivadas del ejercicio de un cargo no tienen sanciones aplicables. Si un profesional asume una conducta que sabe que no tiene consecuencias, es posible que se desvíe en el camino y simplemente no tenga mayor reparo que saberse protegido, resguardado por el poder de turno. Aquí lo que haría falta es que los profesionales sepan que sí hay consecuencias del mal ejercicio de los cargos como una forma de colocarse frente a la constitución y a la ley y no ante el actor que esta siendo sometido ante la justicia.	La institución no es la persona, y el reemplazo a personas no debe sufrir ningún tipo de alteración si tenemos mecanismo y reglas concretas de cómo actuar porque la institución es permanente. No puede decirse que la institucionalidad depende de la permanencia de un individuo mucho más cuando su salida se transforma en la imposibilidad de dar una respuesta a la crítica y disipe la duda. Cuando no se puede hacer eso, obviamente la salida es lo más favorable para la democracia.	Primero como el falso compromiso con una voluntad democrática. Lo que se debe poner en cuestionamiento es que oposición y gobierno siempre luchan por dejar claras sus diferencias, uno es el bueno y otro el malo, pero en la lucha de poder la ausencia de reglas permite la conveniencia personal en la que solo hay aliados dependiendo del actor que está en conflicto. Esas medidas solo se sostienen cuando te encuentras cerca de mí, si me cuestionas mereces mi rechazo.	Para el tema concreto de descalificaciones, ofensas, en todo caso el cargo del Presidente tendría que interponer un proceso en la casa de Paz más cercana y permitir que el proceso fluya. Si el sistema opera para intimidar, coaccionar o amedrentar, en otros países se conoce como terrorismo de Estado. El uso del poder para causar terror en la población en donde la crítica ciudadana no puede tener cabida porque en el momento que se da produce el choque de las fuerzas desde el poder.	Entraría el escenario el tema de la justicia internacional. Nuestra constitución contempla tiempos y momentos para impugnar los fallos judiciales, pero solo si esa sentencia queda en firme podría desaparecer si un tribunal internacional ordena la nulidad de la misma. No dudamos que en algún momento tribunales internacionales asuman posiciones en contra de Panamá si la información no logra ser esclarecida. Para los tribunales internacionales, este conjunto de publicaciones no va a atravesar aquel debate de lo legal o ilegal, desde el poder se entendería como un exceso del poder y el Estado tendrá que hacer frente por los excesos de sus autoridades.	Lo primero es que debe haber un reconocimiento de que la justicia está colapsada. No puede haber maquillaje en torno al estado actual de la justicia por parte del Ejecutivo. Eso determina responsabilidades para los nombramientos, que en una coyuntura como en la que nos encontramos tendrán que atravesar tamices distintos a si el momento hubiera sido otro. Esa realidad hace que el presidente tenga que dar a conocer cuál es el legado que quiere dejar al país entendiendo que lo que está colapsado no tiene credibilidad y confianza, y ningún plan gubernamental va a prosperar porque ningún inversionista va a confiar en un socio como Panamá porque la justicia no está generando ninguna confianza.	El Ejecutivo tiene la responsabilidad de que si quiere producir y quiere poner al país en otras condiciones, o mete el hombro en políticas públicas en materia de justicia, y encuentra los perfiles adecuados que generen tranquilidad, confianza y justicia, pero también que motive una agenda legislativa para los auxilios que necesitan los pilares de la justicia. Aquí hay una agenda legislativa profunda que se ha ido omitiendo, relegando. Cómo este episodio hubiese pasado inadvertido? Si nosotros tuviéramos un historial en donde las sanciones administrativas tienen eficacia. ¿La queja disciplinaria en el Ministerio Público ha tenido eficacia? Son respuestas que tienen que darse en negativo, lo mismo pasa en la Corte, la queja disciplinaria no existe. El propio mecanismo de depuración inexistente provoca una acumulación.