Luego de que el Ejecutivo aprobara una resolución para retirar el acto reformatorio, presentado en julio, que reforma la Constitución de 1972 y que fue aprobado por la Asamblea en su primer acto legislativo, el Ministerio de la Presidencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un memorándum de entendimiento para el diseño y desarrollo del diálogo para los cambios a las Constitución.	En este sentido, está previsto crear varios mecanismos para asegurar estos principios, por ejemplo, mesas provinciales y comarcales; una mesa nacional; comunicación y divulgación continua y permanente con la ciudadanía; un equipo de expertos nacionales; y un grupo de garantes de proceso (personalidades imparciales y reconocidas por su trayectoria profesional en el país) con la tarea de observar y monitorear la transparencia y el correcto desenvolvimiento del proceso.	“Siendo la Constitución, materia de competencia de los panameños y panameñas, quienes son los únicos responsables de la misma, es importante destacar desde el inicio que, en este proceso de diálogo, el PNUD no actúa como mediador ni interviene de manera sustantiva en la discusión. Solo facilita el diálogo entre panameños y para los panameños, respetando siempre la soberanía nacional”, destaca un comunicado del PNUD.	“Solamente el proceso de armar un diálogo toma unos cuatro o cinco meses”, explicó el presidente de la República, Laurentino Cortizo; y añadió que la idea es que, en el 2021, con el bicentenario de la independencia de Panamá de España estén las reformas que se requieren en los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.	Sin embargo, la cooperación propuesta “tendrá una duración inicial de tres años a partir de la fecha de entrada de cualquier vigor. A menos que cualquiera de las partes proceda en su rescisión anticipada, previa notificación por escrito con dos meses de antelación a la otra parte. las partes podrán acordar prorrogar el presente memorando de entendimiento por escrito, por periodo de dos años”.	Para Genaro López, quien es Secretario General de Conusi, la acción emprendida por “Cortizo y el poder económico-político, se trata de ganar tiempo; es postergar la crisis institucional, mientras avanzan con otras medidas lesivas contra el pueblo”. “Ya lo dijo Cortizo, que “él no necesita reformas constitucionales para gobernar”, y puso como ejemplo el reciente nombramiento de magistrados cuando cedió a una consultora privada vinculada a las élites económicas una decisión que era una de sus facultades constitucionales. Pero eso no resuelve la crisis, la profundiza”, recuerda López en su artículo de opinión publicado en La Estrella de Panamá.	El constitucionalista Miguel Antonio Bernal ha manifestado que el Ejecutivo no puede solicitar el retiro del acto reformatorio. “Esta acción, a parte de autocrática y autoritaria, es absolutamente inconstitucinal, primero porque aborda funciones que son exclusivas de la Asamblea. La Asamblea es la única que podía tomar la iniciativa de mantenerlas o rechazarlas, no el Ejecutivo”, manifestó Bernal.	La Asamblea Nacional, en julio, cuando recibió el acto reformatorio inició un recorrido por todo el país para escuchar las opiniones de todos los panameños, sin embargo en el segundo debate se realizaron cambios y modificaciones que generaron protestas. Al final se aprobó el documento enviado por el Ejecutivo, pero las protestas no finalizaron.