‘El concejo aprobó una resolución del cierre por asunto de que este tiene más gastos que las entradas, se ha vuelto insostenible. El caso es que, a la fecha, la alcaldía debe a la Caja de Seguro Social más de 300 mil dólares y los funcionarios, hace más de un año, no reciben la respectiva ficha. Ellos tienen la responsabilidad, tras una decisión de ellos, de pagar también las de las juntas comunales, entonces también nosotros caímos en mora', aseguró Mendoza.	Según cuenta el presidente y representante de Progreso, hay cerca de 60 funcionarios afectados con esta situación y otros tantos que fueron liquidados y que aún no se les ha pagado, ‘porque no hay capacidad de pagos, para los que están ni a los que no están. Hay quienes no han cobrado desde hace seis meses'.	El primer pago del pacto entre la empresa Banapiña, S.A. y el Estado, se ha convertido para los ediles en la estrella de Belén en medio del desierto, pues, según Mendoza, piden al contralor Federico Humbert, que refrende de una vez (el contrato) por $1 millón que les corresponde del contrato para enfrentar las deudas.	‘Hay un fallo de hecho que nos autoriza al Municipio cobrar esta primera etapa, para poder solventar un poco los gastos. La última reunión con el contralor fue el 19 de marzo en Chiriquí, y lo que dijo textualmente, es que ya iban a hacer el traslado para que puedan pagar al Seguro Social, él ha tenido voluntad de ayudarnos, en teoría, pero en la práctica como que no se ve eso', dijo.