Donald Trump se unió el martes a un pequeño grupo de presidentes a los que se les inicia un proceso formal para juicio político en la Cámara de Representantes. Apenas tres de sus predecesores han pasado por un procedimiento similar: Andrew Johnson y Bill Clinton, quienes resultaron absueltos después de juicios en el Senado, y Richard Nixon, quien renunció para evitar su destitución en conexión con el escándalo Watergate.	El procedimiento está descrito en el artículo II, sección 4, de la Constitución que, de acuerdo a la traducción oficial de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos, estipula: “El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.	El proceso de juicio político inició el 19 de diciembre de 1998 por perjurio ante un jurado investigador y por obstrucción de la justicia. El juicio contra Clinton en el Senado comenzó el 7 de enero de 1999 y se prolongó durante cuatro semanas, presidido por el magistrado presidente William Rehnquist.	La cámara baja inició el procedimiento de juicio político contra Nixon en febrero de 1974, y autorizó a la Comisión de Asuntos Jurídicos investigar si existían bases para llevar a Nixon a juicio político por delitos y faltas graves. Los cargos estaban principalmente relacionados al Watergate, como se le conoce a la intrusión de 1972 a las instalaciones del Comité Nacional Demócrata y los intentos del gobierno de Nixon por encubrir su participación.	El 16 de mayo, después de un tumultuoso juicio, el Senado no pudo condenar a Johnson en uno de los 11 cargos, quedándose a un voto de obtener la mayoría por dos terceras partes. Después de un receso de 10 días, dos nuevas votaciones fracasaron por el mismo margen, suspendiéndose el juicio.