Lo anterior está establecido en el proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal, el cual precisa que “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años”.	El titular del MEF señaló que se espera que esta norma sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas y compras de armas, entre otras acciones.	Destacó que la inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.