Entre los eximidos de cargos se encuentra la exministra de Educación Lucy Molinar, quien convocó en horas de la tarde a una conferencia de prensa para denunciar las graves faltas por parte del Ministerio Público en el caso. Molinar indicó que el Ministerio Público no logró demostrar, a través del peritaje de la Contraloría General de la Nación, la cuantía de la supuesta lesión patrimonial que sufrió el PAN a raíz de dos contratos adjudicados a la empresa Lerkshore International Limited en 2010.	Tras una maratónica audiencia de aproximadamente seis horas que culminó a las 3:10 a.m. de este martes, el juez Loaiza removió los cargos al exdirector del PAN Giácomo Tamburrelli, por el delito de peculado doloso, y al exdirector de Nutrición de la misma institución, Ángel Famigletti, por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.	Molinar narró que durante el juicio el peritaje de la Contraloría que debía sustentar las acusaciones del Ministerio Público quedó descartado al intentar de explicar que efectuaron una auditoría de carácter cualitativo, no determinaron la cifra exacta del monto de la lesión que sufrió el Estado. En cambio, indicó Molinar, emplearon la cifra del total del contrato adjudicado, que fueron $44.5 millones.	“Los peritos de la Contraloría de la República no lograron demostrar el delito, solo refrendaron la tesis de la fiscalía. Una de las abogadas de la defensa cuestionó su actuación, especialmente en cuanto a la revisión de los documentos que supuestamente involucraban a exministros y funcionarios”, que sirvieron como base para investigar a la exministra.	“Con el tema de la comida deshidratada hubo grandes titulares y esperábamos que el Ministerio Público trajera las pruebas. No hubo nada, ni un testigo, ni un solo documento. Luego dijeron que hubo sobrecostos, pero no pudieron demostrarlo. Guardaron silencio en cuatro ocasiones cuando los abogados les preguntaron cómo llegaron al sobrecosto”, manifestó Molinar en una conferencia de prensa.