Hace unos meses, en medio de recortes anunciados a los presupuestos de las universidades públicas este año, para impulsar un plan de austeridad estatal, aún cuando la educación se perfilaba como la estrella en el plan del gobierno actual, las mismas tendrían que ajustarse y recortar $40 millones a sus ejecuciones para este 2019.	Entre los centros afectados estaban: La Universidad de Panamá (con un recorte de 14.1 millones de dólares), la Universidad Tecnológica de Panamá (15.6 millones de dólares), la Universidad Autónoma de Chiriquí (5.1 millones de dólares), Udelas (3.2 millones de dólares) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (2.2 millones de dólares).	Y cuando se presentó el paquete preliminar de reformas constitucionales de la Asamblea, en el mes de octubre, este contenía varios artículos relativos a la educación superior particular. Uno de ellos creaba un ente el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación de Panamá, que según los estudiantes que protestaron por aquellos días, eliminaría la función fiscalizadora de las universidades públicas sobre las privadas.	Surgieron entonces varias preguntas. ¿Defienden lo mismo?, ¿Invierten lo mismo? ¿Qué aportan?. Las universidades privadas salieron al paso con un estudio que más bien parece que trata de convencer al que lo lee de que gastan menos que la Universidad de Panamá por ejemplo, teniendo casi el mismo número de estudiantes (entre todas juntas).	Mariana Mc Pherson, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) explicó que la diferencia estriba en que la que es sin fines de lucro reinvierte todos los ingresos en la actividad que realiza. Si es con fines de lucro, la universidad reparte ganancias a sus accionistas. Buscan operatividad y además de eso, rentabilidad o lucro.	La opinión pública debatía en ese momento —cuando el 'camarón legislativo'— si el Estado debía subvencionar la educación privada cuando no tiene injerencia en los precios que cobra. El rol de Estado se limita en acreditar las carreras, básicamente. Tampoco hay mayor diferencia en el estudiante egresado de una universidad pública o de una privada. Según los empleadores y los estudios de reclutamiento que anualmente se divulgan en el país, la falta de 'habilidades blandas' es una falencia de gran parte de los estudiantes que el sistema educativo —público y privado— lanza el mercado laboral.	Las universidades privadas publicaron su tercer estudio este mes de diciembre, sobre su productividad e impacto. Se titula “Productividad e Impacto de las Universidades Particulares de Panamá 2018”. Con él buscan “presentar datos que permitan a nuestro país tomar decisiones informadas con la finalidad de trabajar por la calidad de la educación superior de Panamá”.	En Chile por ejemplo, el lucro está prohibido en las universidades privadas. El Estado se convierte en garante para préstamos estudiantiles y mantiene un férreo control en la calidad de los egresados. O al menos así debe ser en teoría. Una investigación periodística publicada en 2014 bajo el título “La Gran Estafa: cómo opera el lucro en la educación superior” revela que el origen del problema son los vacíos legales, ya que “el sistema lo permite”. Una de las autoras de la investigación, la periodista chilena Mónica González, aseguró que en cuanto al lucro universitario, “La ley es letra muerta, no hay sanciones”.	Esos vacíos legales en Panamá se arropan con desregularización. Y es que —citando a Mc Pherson— el lucro, que en Panamá no se regula en educación, es solo uno de los tantos problemas que enfrenta la educación privada. Y contrario a lo que pensaría la mayoría, ella, quien lleva 45 años como docente, no cree que la solución sea abrir más universidades públicas porque no se optimiza el recurso.