A mediados de noviembre de 1989, atendíamos en Washington las sesiones de la OEA que trataban el tema de Panamá, tras la anulación de las elecciones de ese año ampliamente ganadas por la oposición. Francisco Artola, diputado panameñista, que había estado conmigo allá, decidimos regresar a Panamá desde Miami, el 27 de noviembre, a pesar de las amenazas de que seríamos encarcelados a nuestra llegada. Nos esperaban en el aeropuerto diplomáticos de Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Santa Sede, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Poco importó aquello. Ni nos dejaron entrar a Migración y fuimos secuestrados, esposándonos apretadamente con las manos en la espalda y cubriendo nuestro rostro con sacos de fieltro; sentíamos no poder respirar. Sin saberlo, estábamos viviendo los últimos días de la dictadura. Tres semanas después de nuestra liberación en la tarde del 28 de noviembre, tras 22 horas de detención, se produjo la invasión norteamericana.	¿Se hubiese podido impedir que los Estados Unidos nos invadiera causando todo el daño hecho en término de vidas truncadas, heridos y destrozos ocasionados? ¿Será que lo hizo porque Noriega nunca pensó que, por los servicios que había prestado a la CIA y a la DEA, la alternativa de la invasión no estaba entre las diferentes opciones barajadas por los militares? ¿Será que los norteamericanos, en lugar de tratar de detener a Noriega sin mayores costos para la población, como lo hubiese sido en los intentos de golpe del 16 de marzo de 1988 y del 3 de octubre de 1989, apoyados y desapoyados por los gringos cuando se dieron, perseguían algo diferente que el solo fin de Noriega? Esas preguntas son difíciles de responder porque, contrario a lo que se podría pensar, usualmente los Estados Unidos no actúan por principios, como defender la democracia y respetar los derechos humanos, sino por intereses, en muchos casos, no coincidentes con los supuestos beneficiarios de sus acciones.	Pero, con todo lo sufrido por el innecesario hecho bélico, surgen otras interrogantes de lo ocurrido tras esa fecha y la emergencia del llamado “Gobierno de Reconstrucción Nacional”, encabezado por Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. ¿Llenó ese gobierno las expectativas del pueblo, que con tanta expectativa esperaba la emergencia de un sistema político auténticamente democrático y participativo? ¿O, contrario a lo que ocurrió después del 8 de abril de 1990, tras la salida forzada de la Democracia Cristiana del gobierno, las dirigencias políticas volvieron a comportarse con la tradicionalidad como lo hacían antes del golpe militar de 1968? ¿Será que después de ese abril de 1990 todos, incluyendo al mismo PDC y después Popular, han ido socavando con sus egoístas acciones las instituciones democráticas hasta el momento que vivimos hoy? Si bien es cierto que, tras Endara, hemos tenido seis “elecciones democráticas” con la elección de Pérez Balladares, Moscoso, Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo, también es cierto que a otros niveles -diputados, representantes de corregimiento y Alcaldes- las prácticas corruptas de antes y después de 1968 se han multiplicado tan considerablemente, que hasta han sido penetradas por el narcotráfico y la delincuencia internacional.	Para quienes vivimos, aunque jóvenes, el golpe de Estado de 1968, y nos desarrollamos políticamente en los 21 años de dictadura, siendo partícipes del final de la dictadura y el inicio de la reconstrucción nacional, nos anida una gran decepción. No aprendimos de la dictadura y estamos construyendo otra, quizás sin militares, pero dominada por políticos corruptos y empresarios inescrupulosos, sin principios y menos ética, que sólo piensan en el acceso al poder para obtener beneficios personales. Para muestra evidente: los VarelaLeaks que dejan totalmente al descubierto la porquería en que hemos vivido en su periodo, pero que se puede tras polar a otros mandatarios en tiempos en que no existían celulares.	Quizás ya no veremos el desenlace final de toda esta historia que, contrario a como se soñó por todos al ponerle fin a la dictadura militar, se ha convertido en una pesadilla para los que por su vulnerabilidad social y económica más necesitan del apoyo del Estado, mientras unos pocos siguen usufructuando de algo que llamamos “democracia”, pero que en el fondo no lo es.