Si hay algo en lo que todos coincidimos es que el sistema educativo panameño requiere con urgencia una profunda intervención. El sistema atraviesa por uno de los peores momentos en cuanto a calidad de la educación se refiere, pero quizás en lo que pocos coincidimos es que esta situación no cambiará con apuntar el dedo a culpables, sino en responsabilizarnos todos por la solución porque hay esperanzas de cambiar esa realidad para beneficio del país y los estudiantes en formación.	Estamos en la era del conocimiento y la tecnología, que día a día depende de nuevas dinámicas que el mundo globalizado exige, además estamos en la coyuntura ideal para hacer esos cambios y consolidar una política pública en materia educativa superior, donde no prevalezcan los intereses particulares, el Gobierno o grupos de poder.	Los recientes resultados en torno a la competitividad del país y que se acentúa en la cantidad y calidad del talento humano, así como la corrupción, según el último reporte del World Economic Forum (WEF), donde Panamá descendió 16 posiciones en los últimos tres años, cayendo al puesto 66, nos da luces para entender el problema y la prioridad en hacer cambios profundos.	Nuestros docentes, el sistema de gestión de docentes, estudiantes, la oferta de empleo, el futuro del sector productivo, el plan de Gobierno, nuestra geopolítica, entre otros, son los tópicos más directos que se beneficiarían con un sistema que flexibilice y promueva la transferencia de conocimiento sin que haya límites para nuestras futuras generaciones de abrirse a nuevas oportunidades.	Para avanzar, no es solo copiar un modelo de transferencia de conocimiento o traer a alguien que “lo resuelva”, según el criterio de quien lo quiera resolver, es crearlo en nuestro suelo, con nuestras estructuras locales y hacerlo sostenible. Panamá tiene que enfocarse en esa dirección para obtener nuevas ventajas frente a países de la región, pero dependerá solo cuando nuestras instituciones educativas, ya sea colegios y universidades, puedan fácilmente participar y flexibilizar el sistema y no mantenerse con los esquemas tradicionales de educación.	La autoridad regente de la educación superior panameña debe cambiar la forma de fiscalizar la educación, que no se vean como espacios de control, sino espacios de seguimiento al resultado con visión de país. Es necesario contar con estructuras autónomas, e independientes, dentro del sistema que resguarden los principios de eficiencia, oportunidad y vanguardia, que debe tener quien lidere un proceso tan importante como este para el desarrollo de nuestro país. Dichas estructuras podrán especializarse en este ámbito permitiendo a las universidades públicas dedicar todo su esfuerzo y recursos a la formación en los saberes de interés nacional, lo cual ya es una tarea de importante responsabilidad, ante los desafiantes retos que el mundo depara y las estructuras estatales que complejizan su labor.	En esa dirección, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), ante un problema de Estado, tomó la iniciativa de reunirse con los presidentes de las bancadas de los diferentes partidos que conforman la Asamblea Nacional, para plantear una propuesta de solución desde el ámbito legislativo, que permita una interacción más alineada a los propósitos de cada una de las Instituciones de Educación Superior en Panamá, desde el ámbito público y privado, que facilite, además, la pertinencia a través de una base de transparencia y resolución de conflictos de intereses, y enfocados principalmente en el impacto que cada una de las instituciones debe hacer desde el principio de la igualdad, la inclusión, sin que exista la fiscalización, sino la medición del impacto que genera la educación que tanto necesita el país.	La Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa) es una institución conformada por un número plural de universidades privadas debidamente constituidas y autorizadas por las leyes de la República de Panamá, cuya finalidad es representar a los miembros asociados y elevar consultas ante el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.