Se trata de un ciudadano panameño, de 40 años de edad, quien fue aprehendido el pasado sábado, 9 de enero, producto de una orden girada por la Fiscalía Primera Superior de Delitos relacionados con Drogas, cuando el 27 de julio de 2018 se dio la ruptura procesal a esta causa en espera de un Juicio Oral, toda vez que existían colaboradores con la organización criminal que aún no habían sido localizados.	En ese sentido, en esta audiencia presidida por el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Juan Castillo, quien luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público representado por el fiscal adjunto Carlos Batista y del defensor particular Javier Quintero; procedió a legalizar su aprehensión y dar por presentada la formulación de imputación como presunto autor del delito de blanqueo de capitales, quien -según el fiscal- era el encargado en la organización criminal de realizar múltiples transferencias por más de 100 mil dólares a través de empresas dedicadas al envío de remesas a otros países como Aruba, República Dominicana, Bahamas y otros, así como al depósitos de dineros en entidades bancarias; manteniendo a su nombre un patrimonio no justificado por el orden de los 96 mil dólares.	Al debatir la aplicación de la medida cautelar personal, el fiscal solicitó la detención provisional, argumentando ser la más necesaria y proporcional a la naturaleza del delito y ante el inminente peligro de fuga y desatención al proceso, sin dejar de mencionar el riesgo causado a la sociedad y al orden económico. Por su parte, el defensor particular sugirió el impedimento de salida del país y el reporte una vez por semana, pues a su criterio su defendido es de baja escolaridad y es el soporte económico de su menor hija y esposa.	El juez de Garantías, al analizar ambos argumentos y ponderar los riesgos procesales y arraigo domiciliario, estimó desproporcional la aplicación de la detención provisional sugerida por el fiscal, y en su lugar le impuso al hoy imputado el reporte dos veces por semana (lunes y viernes), además de la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial.	Además se estableció el plazo de seis (6) meses para que el Ministerio Público concluya la presente investigación por el delito de blanqueo de capitales endilgado a este nuevo imputado, producto de la ruptura procesal que se dio en el caso denominado Operación El Gallero, que tuvo inició el 21 de octubre de 2016, cuando producto del decomiso de drogas, dinero y armas, se desarticuló a esta organización criminal.