Otras cosas que ven son los casos, por ejemplo, de bienes y carros que chocan, que desvalijan, compras mal realizadas o que se ha comprobado que no se han registrado, licencias que se extienden más allá de lo que deberían. Profesores que trabajan en áreas apartadas que tienen sobresueldos y que luego te das cuenta que, efectivamente, ese educador no estaba en el área apartada sino que estaba en la ciudad y cobraba igual, ese tipo de casos es el día a día del Tribunal de Cuentas. ‘Los casos de corrupción son más sonados, pero realmente nuestro trabajo está enfocado en los funcionarios', dijo el magistrado.	Actualmente, el Tribunal de Cuentas tiene un llamamiento a juicio por un monto total de lesión patrimonial de 275 millones 861 mil 350 dólares, de estos solo $102 millones son relacionados a alto perfil, lo que quiere decir que la mayoría responde a casos de día a día de funcionarios. Más de dos mil 252 personas involucradas en alrededor de 219 procesos que hay hasta la fecha.	El jurista explicó que, pese a que los cobros de los millones los lleva la Dirección General de Ingresos (DGI), pero ‘lo que sí hacemos es que nosotros declaramos medidas cautelares y, te digo algo, esto es una medida muy difícil, molesta para la gente porque no puedes tener ningún bien a tu nombre. Puede que no te cobren porque en el momento no tienes dinero ni nada a tu nombre, pero jamás vas a poder tener, ni carro, ni casa, porque lo que tengas te lo vamos a quitar, eso si se comprobara que el funcionario incurrió en una lesión al Estado'.	Del Rosario advirtió que la diferencia entre la justicia penal y la tributaria, es que la penal te quita el producto que robaste y ‘nosotros no, si le robaste al Estado, te quitamos todo lo que tengas aunque no sea el robo per se. Carro, casa, terreno, cuentas bancarias cualquier bien que tengas antes o después es nuestro, hacemos una cautelación completa de los bienes'.	Entre las medidas de castigo a quien resulte condenado por el Tribunal de Cuentas está, además de la inhabilitación permanente de la persona, como funcionarios en las instituciones públicas. Sin embargo, esta medida de prohibición no aplica para los cargos de elección popular. Es decir, que el condenado puede postularse para representante, alcalde, diputado y hasta presidente.	El magistrado presidente considera que esto debe ser modificado dentro del Código Fiscal. ‘Nosotros consideramos que ese tema sí debe revisarse, dentro de la normativa. Queremos tener el cobro, para que no sea la DGI que lo cobre, sino nosotros mismos. Además, de que como el proceso tiene tintes de derecho administrativo, queremos que sea exclusivamente judicial y que se aclare hasta dónde va a tener la aplicación efectiva y que hayan limitantes para elecciones generales', manifestó el magistrado.	‘No he leído el proyecto a fondo, pero me parece una medida interesante, yo siento que quizás los montos son altos, pero me parece una medida interesante por que promovería, en gran manera, que las personas ayuden a luchar contra la corrupción. En nuestras investigaciones también requerimos, a veces, que una persona hable e involucre a otros. Sí consideramos que cualquier medida que ayude a las investigaciones es positiva para el sistema', señaló.	En cuanto a los casos de alto perfil, el magistrado presidente sostuvo que hasta el momento ‘nos han llegado 71 expedientes de juntas comunales, en casi todos ellos terminó la fase de investigación y, en casi todos, se ha extendido el tiempo de investigación, que era de 6 meses y se han dado dos meses más. No se han registrado cierres y tenemos uno o dos llamamientos'.	‘El contralor nos ha explicado que las auditorías algunas no han finalizado, encontraron irregularidades, la denunciaron más no ha finalizado de auditar. Según lo que explicó el contralor, ellos no han determinado propiamente la existencia de una lesión patrimonial, ejemplo; si en una planilla una persona cobró, ellos aún no han podido determinar que ese dinero se perdió, existen irregularidades, pero no qué se perdió', manifestó Del Rosario.