martes 9 de julio de 2019 Defensa y fiscalía discuten por prueba cuyo presunto autor es Rolando López Este lunes acudió a testificar el exdiputado José Luis Varela, quien habló sobre evidencias contenidas en un disco compacto que la defensa insistía en abrir durante el juicio para demostrar que aparecía el nombre del exsecretario del Consejo de Seguridad como autor de las grabaciones	El disco compacto fue empleado por la fiscalía para que el último testigo de la tarde, José Luis ‘Popi' Varela, exdiputado y prominente miembro del Partido Panameñista, escuchara un audio que había reconocido antes en la Fiscalía Auxiliar. En dicha grabación, Varela había tenido una conversación con dos de sus choferes.	En audiencias anteriores, cuando declaró el testigo protegido de la Fiscalía, la defensa hizo este ejercicio con varios correos que habían sido mostrados a las víctimas y que formaban parte del volcado de la información que se había obtenido de los ‘pinchazos'. El resultado fue que el nombre de Rolando López aparecía en el renglón de propiedades, lo que significa, de acuerdo a las explicaciones de especialistas en el tema, que la información se había grabado en el computador de esa persona.	El juez presidente del Tribunal, Roberto Tejeira, dictaminó que la defensa podría reproducir los documentos que habían tenido inmediación con el testigo, es decir, un papel que se le mostró a ‘Popi' durante el juicio en el que se transcribió la conversación con sus choferes, y el audio en cuestión. Sidney Sittón, abogado defensor, solicitó la reconsideración del resto del Tribunal, pero tras la deliberación el Tribunal en Pleno mantuvo la decisión.	En el interrogatorio efectuado por el fiscal Ricaurte González, el testigo y víctima de las escuchas relató que cuando se presentó ante la Fiscalía Auxiliar hace cinco años, le mostraron un correo que había enviado a Esteban Vásquez, documentos en los que se detallaban conversaciones con Alcibiades Vásquez, su copartidario y también diputado de la Asamblea; la transcripción de las instrucciones que daba a sus empleados para hacer pagos personales y dos correos ‘personalísimos'.	‘He tenido una vida política muy larga, pero al leer que tenían una conversación privada que mi esposa había tenido con mi hijo sobre asuntos privados, me molestó muchísimo. Yo nunca voy a perdonar, bueno sí puedo perdonar, pero nunca voy a olvidar eso', manifestó al Tribunal. Disgustado porque sus asuntos familiares fueron parte de glosas en los diarios nacionales, el exdiputado dijo haberse sorprendido de las conversaciones transcritas que formaron parte del material que reconoció en la Fiscalía.	Cuando tocó el turno de la defensa para efectuar el contrainterrogatorio, Sittón preguntó si su computador o su correo electrónico habían sido inspeccionados por la Fiscalía Auxiliar o por Medicina Legal. Sittón dijo que no. La misma respuesta dio cuando se le cuestionó sobre los equipos de su esposa y su hijo.	En un momento del contrainterrogatorio, Sittón quiso que el testigo reconociera su firma, como presidente de la Asamblea, en el Decreto Ley que reorganizó el Consejo de Seguridad mientras Juan Carlos Varela formaba parte de la alianza política. No obstante, el juez Tejeira le dijo que no hacía falta introducir este tipo de documentos ya que se trata de leyes de las que el Tribunal debe conocer, son de dominio público.	En horas de la mañana, compareció el testigo y víctima Jaime Cucalón, quien reconoció un correo electrónico que le envió a Patricia Alfaro. En otra comunicación que envió el 13 de marzo de 2013 a Juan Carlos Navarro, en ese momento precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ocurrió algo que le pareció sospechoso. De alguna forma había escrito que había hecho una donación de $10 mil al político.	El segundo testigo de la fiscalía de este lunes fue un perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de nombre Luis Carlos Ábrego, quien realizó una pericia descriptiva de lo que halló en cinco teléfonos celulares y una USB que le fueron suministrados por la fiscalía tras un allanamiento a la casa de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos ex secretarios del Consejo de Seguridad.