En diciembre de 2017, la cuenta del Tesoro Nacional tenía un saldo de $9 millones mientras que las finanzas públicas estaban por encima del déficit fiscal. El gobierno había usado los $500 millones que había en la cuenta y Dulcidio De La Guardia, entonces ministro de Economía y Finanzas, urgía a las entidades a que hicieran sus aportes al Estado.	En entrevistas previas, De La Guardia ha manifestado que cumplió con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el endeudamiento del Estado al 2% del Producto Interno Bruto. No obstante, el patear la lata constantemente acumuló la deuda al punto que la administración de Laurentino Cortizo tuvo que modificar dicha ley y ampliar el nivel de endeudamiento al 3.5% del PIB para poder hacer frente a los compromisos que dejó pendientes su antecesor. Es posible que De La Guardia haya cumplido con el nivel de endeudamiento requerido por ley, como él mismo lo reconoció, descomprometiendo las partidas y aplazándolas para años posteriores, pero la deuda no dejó de crecer.	El terreno que dejó la administración Varela, obligó a Cortizo a solicitar préstamos de la banca estadounidense y emitir bonos por la suma de $3,300 millones, situación que miran con lupa los organismos financieros internacionales por la posibilidad de que se rompa con el límite de 40% en la relación deuda - Producto Interno Bruto que supuestamente durante la administración Varela alcanzaba 38%. Un reporte del Bank of América y Merryl Lynch en el que se analiza el comportamiento de la deuda en Panamá, advierte que el deterioro de las finanzas públicas podría poner en riesgo el rating de crédito del país, aunque admiten que las agencias principales de financiamiento consideran aún estable la situación de Panamá.	De La Guardia, al verse apretado de flujo de caja, urgía a otras entidades del gobierno a hacer sus aportes. Así se pidió, por ejemplo, a la Autoridad del Canal de Panamá que pagara los excesos, o a la Autoridad Marítima de Panamá, para que hiciera su contribución, de lo contrario “el déficit se acrecentaba”, pronosticó De La Guardia.	En 2017, la situación no daba tregua: el desempleo registró un aumento de 5.5% a 6.4%. A pesar de la cifra, el Ministro achacaba el resultado a un ingrediente político. Decía que el hombre que manejaba la tasa de desempleo en el Ministerio de Trabajo pertenecía al opositor Partido Revolucionario Democrático.	El uso de los dineros del Estado parecía responder, en parte, a compromisos políticos antes que otras necesidades: “Popi (José Luis 'Popi' Varela, hermano del presidente y diputado) te va a pedir algo para una empresa allegada a Yanibel (Ábrego, diputada de partido Cambio Democrático), apóyalo", le pidió Varela al jefe de finanzas.	De La Guardia le recordó al mandatario que “los apoyos a PMG (supuestamente diputado Pedro Miguel González) fueron a través del DAS (Dirección de Asistencia Social), el pago de unas carreteras en su circuito. En el caso de RDL (presuntamente diputado Rubén De León), solo recuerdo contratos con la Asamblea Nacional”, le dijo el encargado de las finanzas públicas.	De La Guardia parecía contar hasta el último centavo de las recaudaciones tributarias: “Para informarle que hasta el día miércoles los ingresos tributarios ascendían a $5,200 millones, la proyección era recaudar $5,500 millones, si logramos dicho monto, creo que tendremos algo de espacio para incluir gastos adicionales”, puso al tanto el Ministro al mandatario.	“En la reunión con Barría (diputado Panameñista Luis) pidió lo siguiente para destrabar la Comisión de Presupuesto: $5 millones para la Asamblea Nacional; trasladar $3 millones que Manuel Cohen puso en el presupuesto del MEF a la Asamblea Nacional y otra institución; que le asignemos a los comisionados del presupuesto los 8 buses que tenemos en inventario del MEF; que el MEF ejecute los proyectos de los diputados de la comisión que incluyeron en el presupuesto, no llegan a $2 millones”, era la petición del diputado.