Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que originalmente no cumplía Panamá era la relativa al registro del beneficiario final de las sociedades anónimas y su actualización. Se trata de la recomendación número 24 de las 40 del Gafilat y la única que no cumplió Panamá en el primer reporte de seguimiento realizado por el organismo a Panamá en diciembre de 2018.	Aunque ya la Ley 23 de 2015 convertía a los agentes residentes en sujetos obligados no financieros y les atribuía la responsabilidad de conocer al beneficiario final de la sociedad y llevar un registro del movimiento de acciones, según la última evaluación del organismo, Panamá cumplía parcialmente con la recomendación, pero aún no se establecía ‘expresamente’ que la información debía estar disponible en el país y que el lugar donde se encuentre sea notificado al registro mercantil.	También cuestionan la efectividad de la ley que exige la actualización del registro de beneficiarios finales por parte de agentes residentes porque según el Gafilat, ‘existen dudas sobre los mecanismos que garanticen que la información sea precisa y se mantenga actualizada de forma oportuna’ para todos los beneficiarios, no sólo los identificados como de alto riesgo.	En Transparencia Internacional (TI) se baraja una propuesta que crearía un registro de todos los beneficiarios finales. Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, asistió a un foro de organismos de transparencia que se realizó paralela a la reunión plenaria del Gafi el pasado 16,17 y 18 de octubre, en París, Francia. Allí se habló del registro público de beneficiarios finales como una opción para cumplir con la recomendación número 24 del Gafi.	Hay organismos que han presentado la opción de que se trabaje en reconocer a usuarios finales de las compañías y TI sugirió un registro público de propietarios finales de las sociedades, explicó Barsallo, quien acuñó que esto ayudaría a Panamá a cumplir con la recomendación 24 del Gafi, poniendo a disposición de las autoridades la información adecuada sobre los usuarios finales.