El Gobierno Nacional solicitó el apoyo del organismo para garantizar la participación ciudadana y fortalecer los mecanismos democráticos de consulta. Para entonces, el mandatario panameño había anunciado el retiro del proyecto de reformas que se debatió y aprobó en el primer periodo de la Asamblea Nacional, en medio del descontento ciudadano que generó protestas y detenidos.	El diálogo tomará entre cuatro y cinco meses y permitirá la creación de mesas comarcales y provinciales para que hagan sus aportes a la creación de un nuevo contrato social. Y, posteriormente, se desarrollará una gran mesa nacional con la participación de los partidos políticos, miembros de los órganos Legislativo y Ejecutivo y las fuerzas vivas del país.	“Hay que hablar con la gente de las comarcas, de las provincias, y diseñar una reforma inclusiva y participativa. Vamos a pasar cinco o seis meses hablando con la gente, con la sociedad civil, con el sector privado, con el gobierno, para entender cuál es la visión que tienen”, indicó la representante del PNUD.	Rómulo Roux, excandidato a la Presidencia de la República y presidente del partido Cambio Democrático, manifestó sentirse satisfecho de que el mandatario haya desistido proyecto de reformas de la Asamblea Nacional. “El pueblo panameño no estaba de acuerdo con la forma en la que se estaba llevando el proceso”, señaló. Y dijo estar convencido de que si este nuevo proceso se hace correctamente, se podrá lograr el objetivo de una constitución que fortalezca las instituciones y que garantice un Estado que dé respuesta a su gente, remarcó Roux.	Por su parte, Bruno Garisto, de la Concertación Nacional para el Desarrollo, señaló que no tiene dudas de que el diálogo es el mecanismo para que los panameños puedan lograr y consensuar grandes temas, como las reformas a la Constitución Política. “Estamos convencidos del trabajo que hemos venido haciendo y mejor ahora que se fortalecerá a través de un amplio diálogo nacional. Creo que es el camino, es la ruta correcta y estamos seguros de que vamos a salir adelante con un proceso de reforma que favorecerá a todos los panameños”, añadió Garisto.	El paquete de reformas buscaba reforzar la institucionalidad y combatir la corrupción. Además, contemplaba temas como el juzgamiento de diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta también incluía un cambio de método para la elección de los magistrados. Otro punto que se cambiaría era la reducción del periodo de reelección de los diputados, a solo dos consecutivos. Pero, el proyecto que reformaba la Carta Magna sufrió cambios durante el debate en la Asamblea.	La Constitución Política de la República de Panamá que está vigente fue elaborada en el año 1972, en pleno gobierno militar. La Constitución otorgaba plenos poderes para manejar el Estado panameño a una persona, en este caso el general Omar Torrijos Herrera. Desde entonces, la Carta Magna ha sido modificada en cuatro ocasiones, en distintos momentos de la vida nacional: 1978, 1983, 1994 y 2004.	Que el único camino viable, democrático y representativo para darnos una nueva Constitución, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. No puede ni debe dilatarse más, dicha convocatoria. Nuestra colcha de retazos no resiste más remiendos. Si el Gobierno ha decidido retirar el proyecto del Pacto Legislativo, es porque el clamor popular es ampliamente favorable hacia una Asamblea Constituyente. Entonces, el llamado a ese diálogo no es otra cosa, que una burla a los deseos del pueblo panameño, que ampliamente favorecen la vía de una constituyente.