Con el convenio las Mipymes que representan alrededor del 96% de las empresas nacionales y generan el 40% de los empleos podrán optar por las capacitaciones sobre calidad de servicio de la oferta, para igualarse a los proveedores del Estado, lo que representa para ambas entidades mayor transparencia en los actos públicos y una compra más eficaz por el alto nivel de competencia.