El exgobernante, de 67 años, enfrenta desde el pasado 12 de marzo un juicio en el que está acusado de cuatro delitos que suman 21 años de prisión, pero al no haber una sentencia firme en su contra se mantienen sus derechos políticos y por tanto está habilitado para aspirar a un cargo de elección popular, según la ley panameña.