El veredicto fue anunciado este lunes 25 de noviembre por la Oficina de Fraude Superior, que es una unidad especial del sistema judicial británico para casos de alto perfil. La investigación contra Alstom inició en 2009 por información que provino de la fiscalía suiza y que abarcaba las actuaciones de las divisiones de energía y trenes de Alstom en 30 países, incluyendo Francia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Hungría, Austria, Slovenia, República Checa, India, Suecia, Lituania, Suiza, Túnez, entre otras que no especificó la fiscalía londinense en su comunicado.	En el caso llevado adelante por el Reino Unido, Alstom fue condenada en abril de 2018 por falsear documentos de soporte para justificar una supuesta consultoría a una compañía llamada Nevco Inc. Por 2.4 millones de euros, pero que en realidad era una fachada para ocultar sobornos para asegurarse un contrato por 79.9 millones de euros con Transtu, la compañía que opera el metro en Túnez.	A pesar de que el monto de la multa podría resultar insignificante para una tras nacional que solo en 2018 reportó ventas por 8,000 millones de euros y un crecimiento del 10% en sus operaciones, el caso desvelaría claves de un modus operandi que ya están empezando a cuestionar algunos gobiernos; unos más efectivamente que otros.