En un documental que elaboró el GECU (antecesor de canal 11), ya hace varias décadas, el general Torrijos contaba acerca de una manifestación que le ordenaron sofocar siendo jefe de la zona cuasi militar de Colón, a consecuencia de un levantamiento absolutamente justificado de los estudiantes del Abel Bravo, pero que costó más de 30 mil dólares por las mil bombas que se usaron en las acciones de represión.	La economía de la represión tuvo como saldo —positivo para los poderes políticos, negativo para el tesoro público— el gasto de ese monto, causado porque uno de los diputados oligarcas de la provincia se había embolsillado la partida de 15 mil dólares asignados en presupuesto para unas obras de beneficio para ese colegio, con el consiguiente enojo de los estudiantes y docentes del Abel Bravo, al enterarse de tal acto de corrupción, ya muy frecuentes en el país desde inicios de la República.	Esta misma lógica de los gastos vs inversiones del Estado solo tuvo una variante interesante durante el primer quinquenio de la década de 1970, de allí hacia atrás y en adelante, la oligarquía —con apoyo foráneo y chantajeando a Torrijos y su equipo— impuso su estilo de Gobierno hasta nuestros días. Solo hay que ver a qué clase pertenecen los corruptos declarados “no culpables” y los condenados a la cárcel de las últimas tres décadas.	Así, se trata de un Estado que le sirve cual niñera —al decir de Noam Chomsky— a los caprichos e intereses de las élites económicas que nunca en la historia republicana han dejado de aprovecharse de esos servicios, de aquí su interés por controlarlo. Esto es, el Estado les prodiga de las más impensables facilidades, para que se hagan de cada vez más riquezas con recursos que son de todos los connacionales.	¿Qué es, si no un Estado que malcría a sus hijos ricos, que de acuerdo a los mismos datos de la DGI —nos dice el colega Juan Jované— evadieron impuestos en al año 2016 de casi 4774.9 millones de dólares, equivalente al 8 % del PIB de ese año? No dudo que otros tantos fueron evadidos en los años que siguieron hasta la fecha de hoy.	No obstante, irónicamente, el presidente actual, haciendo cumplir la vocación de niñera de un Estado en favor de las élites económicas, prefirió endeudarnos a todos en EUA con los famosos dos mil millones, antes que perseguir lo que es a todas luces un delito, de manera que, al recuperar, al menos, la mitad de lo evadido, ese endeudamiento no tendría razón de hacerse.	En el Estado niñera, se trata de atender las necesidades e intereses de los de “arriba”, no de los de “abajo”, sino pregúntenle a los 400 productores y sus familias despojados de sus medios de vida en Puerto Armuelles, porque se les han dado todas las facilidades a las inversiones de la transnacional Del Monte, misma que producirá en tierras de los nacionales como si fueran de su propiedad, gracias a la vocación de niñera del Estado, en “acuerdos” de los Gobiernos desde antes del 2016.	Lo lamentable es que el convencimiento de la lógica del Estado niñera es tal, que, a pesar de que se conozca la existencia de sus evasiones no castigadas o de los despojos de tierras a pequeños productores y campesinos o de toda clase de asaltos al erario para satisfacer la megalomanía de los de arriba, la gente sigue votando por ellos en cada torneo electoral, garantizando la continuidad de este Estado.	Lo lamentable también, es que las organizaciones de “los de abajo” o los de “en medio”, no han podido convencer a sus bases ni al pueblo en general a que reconozcan que no hay diferencia entre los políticos que representan a las élites económicas o son directamente parte de ellas. Las organizaciones de corte popular tienen que redoblar su esfuerzo para que las mentes del pueblo no sigan siendo ganadas por los que se benefician del Estado niñera... o los males sociales y económicos nos seguirán asfixiando.