El ministro de Cultura (MiCultura), Carlos Aguilar, parece empeñado en “democratizar” el acceso a la cultura. Una forma de lograrlo, según él, es a través de una ley que regule los patronatos en Panamá. La propuesta ha caído muy mal a las juntas directivas de estas organizaciones, que temen quedar supeditadas al Ministerio de Cultura.	Ayer, la subcomisión de Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional abrió sus puertas para escuchar las inquietudes de la sociedad civil sobre el mencionado proyecto. Muchos coincidieron en que la propuesta no debe circunscribirse únicamente a cuatro patronatos, como se establece en el texto, sino que debe regir para todos.	“Nosotros no podemos luchar contra la pobreza cuando no hay acceso a ciertos lugares porque los patronatos ponen precios que no son accesibles para todos. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos cuando una de las leyes de esos patronatos les permite vender el bien patrimonial, vender lo que hay dentro y hasta el mismo edificio”, enfatizó.	“¿Cómo puede haber un patronato donde los teatristas no tengan parte, o los bailarines? Ahora, si ellos (los patronatos) no quieren cambiarlo, cada cual sabrá lo que hace, la gente puede irse de la directiva, pero el patronato quedará. Hay que cambiar las directivas porque hay que dar espacio a todos”, señaló.	Los miembros de patronatos están muy preocupados por algunos artículos de la propuesta de ley 134, que se encuentra en la Comisión de Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Uno de ellos, el artículo 6 del anteproyecto, otorga poder al Ministerio de Cultura para disolver el patronato y asumir la administración del inmueble correspondiente cuando el patronato incumpla los deberes de la ley.	Cada año, añade, todas las organizaciones entregan al Estado un informe auditado del uso de fondos que reciben del gobierno, “no es nada nuevo lo que plasma la propuesta” en ese sentido, indica. Pero lo que le preocupa es que se vede a los participantes. Se pregunta cómo hará el Ministerio de Cultura cuando la junta directiva está integrada por organizaciones. De ser así, ¿las eliminarán para siempre?, cuestiona.	No obstante, el ministro Aguilar manifestó a La Estrella de Panamá que la intención de esta norma es uniformar los patronatos y no pretende manejar los fondos de estas organizaciones. Manifestó su inconformidad con que algunos patronatos puedan hacer uso del patrimonio del Estado como si fuera propio. Como muestra, citó el artículo 4 de la ley que regula el Patronato del Teatro Nacional, según el cual puede hacer uso de la estructura, objetos y obras de arte, así como del mobiliario que complementa este recinto, incluyendo bienes que adquiera en el futuro, y venderlos en la página electrónica.	“Llegó el momento de redefinir cómo vamos a manejar la cultura de este país y no podemos seguir en el camino de un grupo que se arroga el derecho de decidir qué puede ver uno y qué puede ver otro, de acuerdo al precio que ponen a los espectáculos. Estoy peleando por un principio: el patrimonio es de todos, y vamos a pelear por que así sea”, exclamó Aguilar en la audiencia de ayer.	Héctor Brands, presidente de la Comisión, dijo que no se referiría al comunicado que emitieron ocho patronatos en el que cuestionan el proyecto de ley por pretender subordinar económica, financiera, política y administrativamente a los patronatos al Ministerio de Cultura, lo que trastoca el balance entre las autoridades y la empresa privada y civil, negándoles autonomía y burocratizando la gestión.