Es con suma complacencia y muy honrada que comparto con ustedes mi sorpresiva y reciente designación, como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la prestigiosa Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA). Institución educativa que lleva ya 54 años brindando a la sociedad panameña una alternativa académica nacida del corazón de la Iglesia católica, para la formación, investigación y enseñanza de profesionales en diferentes campos del conocimiento científico, con altos estándares de calidad e integridad.	Particularmente, en la Facultad de Derecho me ha correspondido el privilegio de ser la primera mujer en ocupar el cargo de decana y el honor de suceder en esta posición al Dr. Harley James Mitchell Dale, cuyo bagaje jurídico-cultural me impone altas metas para continuar el camino emprendido por otros valiosos colegas varones.	Este nuevo paradigma que me toca romper, pues ya antes fui la primera mujer procuradora general de la Nación en 102 años de vida republicana, me plantea exigencias renovadas y a la vez sostenidas en el tiempo, pues esta Facultad de Derecho ha merecido su prestigio por el excelente nivel de los profesionales que le ha dado al Foro panameño; hecho que comporta para mí y cualquier otro que tenga el privilegio de formar jóvenes, el reto de entregar a la sociedad que pretenden servir, hombres y mujeres con conocimientos vigentes, perdurables y novedosos a la vez, pero con valores éticos y morales que gobiernen sus doctas decisiones. De lo que se trata el reto, es de formar talentos con una conciencia ciudadana que los lleve a priorizar el interés colectivo frente a intereses individuales, un profundo respeto por la verdad y un estricto apego a la Ley, en tanto no devenga en instrumento para cometer una injusticia.	A propósito de estos ideales, y la próxima graduación que celebraremos en este mes de agosto, he encontrado en la Facultad de Derecho de la USMA una práctica instaurada en el año 2017 por iniciativa propuesta y compartida por el jurista panameño, doctor en Derecho y uno de los más insignes constitucionalistas del país, Carlos Bolívar Pedreschi, así como por el Gran Canciller, Mons. José Domingo Ulloa, y el Rector Magnífico, Ing. Juan Planells Fernández, y acogida con entusiasmo por mi antecesor; que consiste en otorgar junto al diploma de grado académico un ‘DIPLOMA DE IDONEIDAD ÉTICA Y MORAL', como constancia de que los principios éticos y morales que se expresan en una especie de certificado, firmado por el estudiante respectivo, el mismo conviene en obligarse a cumplirlos.	Estos principios, de manera resumida les comparto, implican ser y saber que: debe ser ejemplo de rectitud e integridad; honrar su palabra como lo que él o ella misma vale; que el soborno no es un recurso procesal, sino un delito y una vergüenza pública; no abusar del cliente, cobrar solo por lo que realmente ofrece; el Derecho no es una tienda donde se venden opiniones ni abogados; representar, únicamente, al cliente en cuya causa cree; un defensor no es lo mismo que un encubridor ni embustero; y, finalmente, ¡hay que ser leal y ganarse el respeto!	Parecen consejos que cualquier padre responsable y amoroso daría a un hijo que llega a la madurez o se emancipa, pero, más aún, recogen las palabras de un docente comprometido con la formación integral de su alumno, que sabe que un profesional educado con contenidos de alta calidad científica, sin ética para discernir sobre la aplicación de esos conocimientos, es un alto riesgo en una sociedad mercantilizada en la que la crisis de los valores ha permeado todas las instituciones que la componen, desde las más básicas e informales, como la familia, hasta las más estructuradas y con rango constitucional, como la Administración de Justicia.	Es un imperativo ético que las universidades reflexionemos sobre la formación que impartimos, porque: si se cae un puente por haber alterado los materiales de la estructura, si un paciente muere por administrarle un medicamento que no correspondía a su padecimiento, si la reputación de una persona se ve afectada por la publicación de una noticia falsa no corroborada o si un juez traslada su voluntad a una sentencia causando una injusticia; ¿qué hay de común en todos estos profesionales?, ¿qué pasó?, ¿quién falló? La respuesta es: ¡LA CORRUPCIÓN!	Me siento altamente comprometida a transmitir en cada oportunidad de mi ejercicio a los futuros abogados, hombres y mujeres que llenan nuestras aulas para aprender DERECHO, que el ejercicio de la abogacía sin integridad es igual que entrar a un quirófano sin instrumental esterilizado. Que un abogado con el conocimiento, pero sin escrúpulos es un instrumento para torcer la norma y evadir la acción de la Justicia.	Solo la indignación de quienes repudiamos la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, nos puede llevar a perseverar para repeler y combatir un embate que amenaza los cimientos de nuestra identidad como nación libre y soberana, pues la penetración del crimen organizado avanza acelerada en las autopistas de la corrupción. Y tenemos que lograr, como la nueva conquista de los siguientes 500 años, que no sea de la mano de los abogados que salen de nuestras universidades. ¡La meta es que no salga un solo graduado que no esté convencido de que el conocimiento del Derecho sin integridad es un alto riesgo para la sociedad!	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