Según plantea Juan Antonio Cruz Parcero en un estudio de la Cepal, no es común referirse por separado a los derechos económicos porque todo el espectro de derechos que incluyen aspectos como la jornada laboral, el salario, las condiciones de trabajo, la asociación sindical, el derecho a huelga, la seguridad social, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, la alimentación, el ingreso mínimo, una vida digna, el derecho al desarrollo y la cooperación internacional, derecho al uso de los recursos naturales, acceso a energías, derecho al agua, de consumidores, de acceso al crédito, etc, tienen matices sociales, culturales y ambientales también.	Teóricamente, más que derechos económicos, la Cepal plantea que existe el aspecto económico en todos los derechos. Porque “todos los derechos cuestan, su garantía y protección cuestan”. Las libertades también cuestan, plantea el autor Cruz Parcero. “Las libertades contractuales, por ejemplo, tienen costos, incluso para el Estado; mantener un mercado también tiene costos, al igual que la libertad de expresión o cualquier otra libertad”, esboza.	Según Keith D. Ewing, dentro de la tradición socialdemócrata en Europa, las constituciones incluyen dos tipos de derechos económicos: los derechos de propiedad tradicionales característicos de las constituciones liberales y los derechos laborales. A partir de esta distinción se reconocen dos vertientes tradiciones de derechos económicos: una liberal y otra social.	La Cepal plantea que los problemas de desarrollo que la humanidad enfrenta actualmente en 'un mundo globalizado e inequitativo' hacen necesario 'repensar' la dimensión económica de los derechos humanos, donde además el Estado no ha podido equilibrar o controlar el modelo capitalista neoliberal que ha imperado en las últimas décadas. También apuntan a las empresas transnacionales y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como actores internacionales que han jugado un papel definitivo para 'determinar las reglas del juego' a nivel mundial.	En esa línea, el citado documento del organismo concluye que las crisis financieras, especialmente la que tuvo lugar en los Estados Unidos en 2008, han tenido repercusiones gravísimas en materia de derechos humanos. Así, sustentan que para pensar en mecanismos eficaces para la protección de los derechos humanos se requiere visibilizar la dimensión de estos factores económicos y su impacto en el tipo de desarrollo deseado. Ilustran dicha conclusión con cifras sobre los altos niveles de desigualdad de la región. A pesar de los avances en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central.