Las universidades representan un capital de enorme importancia para el desarrollo de las naciones. Ellas responden a una acumulación histórica de saberes, información, buenas prácticas y formación de profesionales y técnicos de, por lo menos, mil años de haberse fundado en Occidente. El potencial de las universidades en Panamá, pocas veces ha sido tomado en cuenta para colaborar con los planes nacionales de desarrollo de los Gobiernos. Por ejemplo, auspiciar la producción en nuevos rubros de bienes y servicios, mejorar la productividad de los servicios públicos, fortalecer la cadena de valor en las actividades económicas y sociales, aumentar la rentabilidad del capital humano, preservar los bosques, asegurar la inclusión social y educativa de toda la niñez, la juventud y las personas adultas.	Escasas son las oportunidades en las que se consulta a estas instituciones para formar nuevos talentos o asesorar en beneficio de poblaciones y comunidades que están excluidas del aporte y los beneficios de la producción y los ingresos nacionales. La juventud indígena y afrodescendiente no pide lujos ni dinero fácil. Demandan oportunidades que les permitan ejercer su identidad, con los derechos y obligaciones que la Ley, las normas panameñas y los derechos universales les han establecido, y que por muchos años se les han negado.	Las universidades también tienen ante sí un gran desafío. Renovarse al ritmo que cambia la sociedad y el mundo, en donde la tecnología digital, la biotecnología y la robótica se convierten en paradigmas nuevos de esta cuarta revolución industrial en la que vivimos en el siglo XXI. Nuestras instituciones universitarias deben ejercer su autonomía de una manera distinta de la que imperó en la era medieval, donde las universidades se encontraban amuralladas para impedir la intervención externa (Bolonia, Sorbonne, Salamanca). Ahora la autonomía, especialmente después de la Reforma de Córdoba, significa libertad.	Libertad para administrarse con responsabilidad a sí misma, para vincularse, para aportar conocimientos y cultura, construir puentes y no muros, admitir a los jóvenes que desean estudiar y mantenerlos aprendiendo dentro de la institución. También, trabajar con las organizaciones gubernamentales, empresas privadas, ONG, organizaciones comunitarias e internacionales, en la comprensión e intervención de los fenómenos nuevos que, como el cambio climático, el impacto tecnológico, la cooperación entre los países y la escasez del agua, definen las grandes tareas de hoy y del mañana.	El Buen Gobierno se sustenta en cuatro pilares y se guía por una estrella, que es la educación. En este plan la educación en valores y para toda la vida representa la brújula que debe guiar las diversas dimensiones y actividades del Estado y la sociedad para construir el país que deseamos con las oportunidades para todos, de modo que nadie se quede atrás. Sin dudas, iniciar por la base de la pirámide poblacional, con la educación para la primera infancia, representará la tarea más compleja y la de mayor trascendencia en la sociedad.	Los primeros mil días del nacimiento de la persona, la marcarán a todo lo largo de su vida. Por ello, la estimulación de sus potencialidades cognoscitivas, socioafectivas y psicomotoras, con los valores y cuidado emocional indispensables, serán determinantes en el desarrollo humano sostenible de la población. También será decisiva la acción de la formación continua (capacitación, perfeccionamiento) de los docentes que están en el sistema y que permanecerán allí, la gran mayoría, por razones legales y salariales durante los próximos años. A ello se suma la necesidad de contar con un cuerpo de directores de centros educativos debidamente profesionalizados, inspirados y comprometidos con las instituciones a su cargo, para generar también motivación en los aprendizajes de sus alumnos y de las personas de las comunidades. En este marco, la atención inclusiva y profesional de la niñez y la juventud con discapacidades y dificultades en los aprendizajes, surge como una parte de esa estrella luminosa del Buen Gobierno.	El combate a la pobreza y a la desigualdad convoca a toda la sociedad, a sus universidades y a los especialistas nacionales e internacionales a trabajar por la salud, la ciencia, la tecnología, la innovación, la producción y la nutrición, de modo que juntos propiciemos las condiciones del éxito de esta política. Existen suficientes capacidades en las universidades públicas y privadas, en el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y las instalaciones (hospitales, clínicas y consultorios) privadas para que ningún niño del país deba morir por una afección pulmonar, una diarrea o por hambre.	Debemos todos trabajar por el Buen Gobierno, colaborando en el fortalecimiento de los Gobiernos locales, mediante la formación de las capacidades humanas, la asistencia técnica oportuna y efectiva y el seguimiento a sus planes estratégicos. Cada municipio y sus corregimientos deben contar con un equipo de trabajo profesional y con experiencia, que asuma las tareas de estudios situacionales, la planificación estratégica, las instalaciones tecnológicas, el financiamiento oportuno de los proyectos básicos para la vida y la producción, el seguimiento y la evaluación de procesos, resultados y de impacto en la gente.	Las comunidades que más recursos tienen pueden y deben compartir, parte de sus excedentes con las comunidades atenazadas por la pobreza y la desnutrición, mediante un acuerdo con el Gobierno central que les reconozca este aporte y les ofrezca también los incentivos y reconocimientos de mediano y de largo plazo. En este segmento, también las universidades con sus especialistas, estudiantes y voluntarios o por trabajo social, pueden ser un agente de cambio importante.	Dos áreas vitales para el desarrollo humano sostenible, igualmente, son la cultura y el deporte, complementos de un buen nivel de vida y un estado de vida saludable. En todo el país bien se podrá contar con centros de cultura, administrados por la comunidad y estimulados por el Gobierno. Igualmente, fomentar el deporte en las escuelas y en academias especializadas en cada región del país, disponer, por lo menos, de un centro especializado de atención a los atletas de alto rendimiento, que representan al país en los certámenes en el exterior.	Hacer un inventario actualizado del valor económico que cada evento religioso, folclórico, artesanal, pictórico, teatral, patronal o deportivo tiene en la comunidad y en la región, es una tarea inaplazable para asegurarle un valor añadido a nuestras celebraciones deportivas y expresiones culturales populares en favor de la economía nacional. También en estas celebraciones, las instituciones universitarias tienen capacidades múltiples para formar, capacitar y difundir las manifestaciones de la cultura.