Los querellantes sienten como si la justicia les hubiera atravesado una espada en el cuerpo. Tienen una percepción muy distinta a la primera lectura que ofreció el tribunal de juicio, el pasado 9 de agosto, audiencia en la que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por los delitos de ‘pinchazos' telefónicos, seguimiento y peculado de uso y malversación.	‘Estos jueces, en esa decisión vergonzosa, indignante y humillante, dijeron que muchos de esos elementos de convicción habían sido acopiados sin el derecho a la defensa y la participación de los abogados del acusado. Algunas pruebas las tildaron de ilegales y esto constituye una gran violación a los derechos constitucionales de que las decisiones de la Corte son definitivas, no son recurribles', afirmaba el jurista.	La unidad policial que laboraba en el Consejo de Seguridad Nacional confeso de haber pinchado los teléfonos de docenas de víctimas y que el tribunal calificó de ‘sospechoso' por los beneficios que obtuvo durante el gobierno de Juan Carlos Varela luego de presentar una querella ante la Fiscalía Auxiliar, ha sido llamado por el Ministerio de Seguridad para que desocupe el cargo de agregado policial ante el Consejo de Delegado de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C. Estados Unidos.	El abogado de la defensa, Roniel Ortiz, manifestó a La Estrella de Panamá que el testigo protegido ‘tiene que venir a asumir su responsabilidad de los delitos que cometió de la mano de la procuradora Kenia Porcell, el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López, Edgar Tion, exjefe de inteligencia del Consejo; Eric Estrada, exjefe del Servicio de Protección Institucional; Alexis Bethancourt, exministro de Seguridad; Marcelino Aguilar, fiscal Auxiliar; y el expresidente Varela, entre otros, toda vez que faltó en su declaración al artículo 385 del Código Penal mediante el cual juró decir la verdad'.	El abogado añadió que ‘Marcelino Aguilar se tiró su carrera profesional en el Ministerio Público teniendo pleno conocimiento de que el testigo protegido, a pesar de que mintió al presentar pruebas ilícitas como el cd y el dvd, las admitió. La señora Kenia Porcell lo mínimo que le debe a la ciudadanía es una renuncia por ser instigadora de todo lo que ha sucedido, porque quedó claro en el juicio que era ella quien revisaba las declaraciones del Consejo de Seguridad'.	La defensa ha sostenido que su designación es un premio del gobierno de Juan Carlos Varela por haber ‘colaborado' con las investigaciones que se iniciaron en la Fiscalía Auxiliar en agosto de 2014. Aunque algunos de sus excompañeros del Consejo de Seguridad juraron ante el tribunal que las colaboraciones se hicieron bajo amenazas de los mandos de la entidad de seguridad y que el testigo protegido fue víctima de esos hostigamientos.	‘Aquí no puede haber un segundo Vernon Ramos (oficial de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores que desapareció en 2012) en el país. Nosotros necesitamos que se respete la integridad del testigo protegido y de nosotros', reflexionó Balbina Herrera, víctima en el caso de las interceptaciones de las comunicaciones.	El primero consiste en la anulación del juicio oral que culminó con el fallo absolutorio del tribunal. El detalle está en que si este recurso tiene éxito, se dictaminará que el juicio deba celebrarse nuevamente, pero con las mismas pruebas que se practicaron en el proceso en que salió absuelto Martinelli. Evidencias que fueron admitidas en la fase intermedia por el juez de garantías Jerónimo Mejía, pero que mostraron grandes inconsistencias durante la evacuación ejercida por la fiscalía durante el juicio oral.	El Ejecutivo tiene que designar magistrados en esta Sala, y ésta es una de las situaciones que puede influir en la presentación de recursos. No obstante, aún permanecen dos magistrados, de tal manera que la Corte Suprema tendría que organizar que un magistrado de otra sala funja como reemplazo, o designar magistrados suplentes especiales.	Añadió que es una infamia que el tribunal haya dicho que en el caso de los siete cuadernillos no estuvieron al alcance de la defensa, pues ‘los abogados tuvieron acceso a ellas en la etapa intermedia, cuando se le permitió al abogado Carlos Carrillo examinarlos, pero en el juicio oral dijeron que no habían tenido acceso a ellas', profirió.	No obstante, Ortiz desacredita esta posición al decir que los querellantes están confundidos. ‘Una cosa es que los elementos de convicción hayan pasado al juicio oral, y otra la admisión de las pruebas. Una diferente es la valoración que el tribunal les da. Tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que las pruebas que trajeron de la fase intermedia ya eran pruebas como tales, y no es así', dijo.	Los querellantes insisten en que en este caso no hubo prueba trasladada. Se refieren a los elementos de convicción que llegaron como antecedentes cuando la Corte examinó la acusación y la admitió. Descalificaron al tribunal de juicio: ‘de derecho parece que no saben nada, a esos antecedentes les llamaron prueba trasladada para restarle mérito probatorio incurriendo en un gazapo jurídico, en un desacierto', zanjó Herrera Morán.