Un anteproyecto de ley que busca incrementar hasta cien años las penas de prisión a quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, o con el fin de extraer un órgano vital a la víctima, fue presentado ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.	La propuesta, impulsada por el abogado y exdiputado Jorge Hernán Rubio, el empresario Juan Pascual y el exviceministro de Seguridad Pública Rogelio Donadío, establece que la pena de prisión que se imponga por un hecho puede durar de seis meses a cien años; mientras que en caso de concurso de delitos, la pena de prisión máxima no excederá de cien años.	Este delito será sancionado con penas de veinticinco a cincuenta años de prisión cuando se ejecute en la persona de un pariente cercano o que se encuentre bajo la tutela del autor, aun cuando ésta no hubiera sido declarada judicialmente como víctima; como consecuencia de un acto de violencia doméstica, con conocimiento; en una mujer en estado de gravidez, en niños de doce años de edad o menos o en un adulto de setenta años o más; o en actos de discriminación o racismo, con premeditación, con alevosía y uso de veneno, por medio de ejecución atroz, utilización de fuego, inmersión o asfixia u otro delito contra la seguridad colectiva que implique peligro común. También en un servidor público por motivo de las funciones que desempeña; para preparar, facilitar o consumar otro delito, mediante arma de fuego disparada, en un lugar frecuentado por personas al momento del hecho, etc.	Ver más Leonor Calderón: ‘Las iglesias nos dificultan decidir sobre nuestro cuerpo' Ricardo Martinelli demanda a cinco editores del diario ‘El Siglo' y a gremialista Un paraíso fiscal cuestionado, pero al que todos quieren tener acceso La llorona del 28 de febrero del 2019 Triunfo venezolano en la batalla sobre el puente Bolívar