El paradigma de voto ‘informado' que nos quiso vender el Tribunal Electoral, con las reformas del 2017, sólo reforzó la partidocracia. El límite de 2 meses para la campaña electoral sólo es formal, pues los diputados la vienen realizando desde hace 5 años, a punta de clientelismo y con la complicidad del Ejecutivo, en vez de estar legislando. El financiamiento ‘público' de las campañas no es tal, porque es desigual a partidos y candidatos de libre postulación. El reconocimiento de las candidaturas independientes estuvo sujeto a la discrecionalidad de los Magistrados, más allá del porcentaje exigido legalmente. La paridad electoral nunca se cumplió ni se hizo cumplir, pues sólo hay16% de mujeres postuladas a cargos de elección.	Y es que no basta que los candidatos hagan propuestas y debatan. Las promesas se han basado en fórmulas mágicas frente a las necesidades de los panameños. De esta manera, los candidatos presidenciales procedieron, primero, a firmar gustosamente una decena de pactos promovidos por diversos sectores sociales; a participar en debates, que más respondían a un marketing publicitario de algunas ideas esquemáticas, que a una auténtica discusión de propuestas de gobierno; y, luego, a divulgar programas o compromisos electorales, que dejaban por fuera el financiamiento para lograr materializarlos y, en general, el proyecto de país que se busca.	Las pugnas interpartidarias, inter-órganos de gobierno o entre diversas facciones empresariales han permitido develar verdades en cuanto al manejo de la cosa pública, que nos deben llevar a reestructurar el sistema político en su conjunto, lo cual no será posible seleccionando ‘el mal menor' en estas elecciones, sino abocándonos a un cambio estructural a través de una nueva Constitución.