El procedimiento abierto a Alvarado, que fue miembro del Comité Ejecutivo de la CONCACAF y de una comisión permanente de la FIFA, se inició por su presunta implicación en tramas de soborno entre 2009 y 2011 en relación con partidos organizados por la FEPAFUT y con derechos audiovisuales y de marketing de la CONCACAF.	Según confirmó la FIFA, la Comisión de Ética encontró al exdirectivo panameño culpable de incumplir el artículo 27 del Código Ético sobre cohecho y corrupción, por lo que le inhatilitó de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole), tanto en el ámbito nacional como en el internacional.