En hora buena y por dos razones, uno de los temas seleccionados para el último debate entre los candidatos presidenciales, aparte del medular de la educación, fue la Seguridad Social. La primera fue destacar que la situación de la Caja del Seguros Social y, en especial, la de su programa de pensiones, debe ser abordada de manera urgente; la segunda, que sirvió para establecer diferencias entre la sensatez y la demagogia o, dicho de otra manera, para medir las cualidades de estadistas de los presidenciables.	La crisis de la Caja del Seguro Social, por ser esta la institución del Estado de la cual dependen, como asegurados directos o como beneficiarios, cerca de la mitad de toda la población del país, es la de mayor incidencia inmediata en su calidad de vida. Con esa apreciación no se desconoce el valor trascendente que tiene mejorar la educación, pero ese será un proceso gradual; en cambio, el caso del Seguro Social es de atención inmediata y urgente.	Sin embargo, esa urgencia no significa ceder a las prisas inconducentes o caer en la tentación de la improvisación. Sin descartar las iniciativas que han surgido, procedentes de diferentes sectores, que ya son muchas y variadas, la sensatez aconseja comenzar como lo sugirió el candidato Cortizo, por un diagnóstico realista, basado en informes financieros actualizados y seriamente auditados y en estudios actuariales científicamente realizados. Después, se pueden abordar otros temas: la posibilidad y conveniencia de la integración CSS-MINSA, la sugerida división de la Caja o la reforma de su ley orgánica, pero teniendo presente que primero hay que poner los pies en la tierra o que como dice un buen refrán: la carreta nunca va delante de los bueyes.