Tendremos que enfrentar las reformas de la muerte en materia de seguridad social, que incrementa la cuota obrera, aumenta la edad de jubilación y disminuye las pensiones; se insiste en la política privatizadora vía Asociación Público-Privada (APP) en temas sensibles como salud, educación y agua potable; se amenaza con nuevas reformas tributarias, las cuales siempre han significado un sistema más regresivo; es decir, los asalariados seguimos pagando más impuestos que los dueños del capital; reformas al Código de Trabajo que buscan abaratar el costo de la fuerza de trabajo (salario y prestaciones sociales).	Por recordar algunos hechos: en 1986 asesinaron a Yito Barrantes, con el Gobierno de los militares, cuando aprobaron la Ley 3 en 1. En 1995, en el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares se impusieron a sangre y fuego las reformas al Código de Trabajo (Ley 44) que flexibilizaban las normas laborales (inestabilidad laboral), ello en medio de multitudinarias marchas en rechazo, 11 días de huelga nacional, más de 500 detenidos y la muerte de 4 personas, entre ellos Rufino Frías, obrero de la construcción. En 1997, el pueblo, en las calles, rechaza la eliminación de las jubilaciones especiales, igualmente, en pleno diciembre de 1998, la privatización del agua, en ambas ocasiones es objeto de la más criminal represión por parte del Gobierno de Pérez Balladares. Con Pérez Balladares se violó la autonomía universitaria, las Fuerzas de Defensa ingresan al campus universitario reprimiendo salvajemente a los universitarios. Con Martín Torrijos el escenario no fue distinto, con represión impuso reformas tributarias más regresivas. En el 2005, a sangre y fuego, ejecutó el dictamen del FMI y BM, imponiendo la Ley de la Muerte, a pesar de un pueblo en las calles que demandaba el derecho a la seguridad social, fueron más de 30 días de huelga, cientos de detenidos, feroz represión y encarcelamiento ilegal de dirigentes gremiales y sindicales. Con el PRD no solo se privatizó, se hizo de la privatización una forma de negociado a favor de sus allegados (Ver caso del IRHE, Intel y puertos).	Todo ello, sin dejar de lado el Estado represor que impulsan. En 2007 y 2008, bajo la administración de Martín Torrijos, una estructura de exmilitares asume el Ministerio de Gobierno y Justicia (ministro el excoronel de las Fuerzas de Defensa, Daniel Delgado Diamante; viceministro, el exmayor Severino Mejía; el jefe de la Policía, Rolando Mirones), el saldo: 3 obreros cobardemente asesinados (Osvaldo Lorenzo, Luigi Argüelles y Al Iromi Smith dirigente del Suntracs), miles de heridos y encarcelados, en la lucha por la defensa de reivindicaciones sociales. Conducta que expresa el total desprecio a la vida humana por parte de estos militaristas, sin embargo, hoy Rolando Mirones ha sido nombrado como ministro de Seguridad en la administración de Laurentino Cortizo.	Este es el accionar histórico del PRD, en ningún caso existe la disposición de atender las demandas sociales del pueblo. Esta realidad nacional, obliga al movimiento social panameño a organizar y unificar sus fuerzas; a retomar los métodos de lucha de los sectores populares para enfrentar las políticas neoliberales, la corrupción, el nepotismo y la impunidad, tal como se viene haciendo. Hoy, más que nunca, debemos estar conscientes de que sin luchas no hay victorias.