El fiscal Ricaurte González, por parte del Ministerio Público, efectuó el interrogatorio. La primera pregunta bastó para que Herrera narrara por aproximadamente media hora, sin interrupción, su experiencia como víctima de lo que ella calificó como hostigamiento, amenazas, seguimientos, e intervenciones a su móvil. De todas estas acciones culpa al expresidente Martinelli, como autor intelectual.	Para la defensa, estas no son más que apreciaciones personales de una adversaria política de su cliente, pues no logró probar que Martinelli fue quien ordenó los pinchazos, o que le dio seguimiento ni que la hostigó. Pues no le consta de dónde se extrajo el material que le presentaron en la fiscalía.	Así, inició diciendo que se enteró de que había sido pinchada por las noticias de los medios que, a principios de 2015, divulgaron un listado de personas que habían sido pinchadas durante la administración Martinelli. Dijo que cuando llegó a la Fiscalía Auxiliar, para su sorpresa lo primero que le presentaron fue un documento que no era un correo, sino un listado de todas las empresas de su familia.	Luego recordó una reunión a la que asistió un 10 de abril en la casa del embajador de España en Panamá, hecho que aparecía en los documentos que le mostraron en la Fiscalía Auxiliar. Ahí fue cuando recordó que tres días después de la cita, se publicó una glosa en un diario de la localidad —propiedad del expresidente— en la que se leía que ‘Lady D estaba en una cena romántica en la casa del embajador de España'.	A continuación, narró que el fiscal le mostró un documento en el que había una transcripción de una reunión-almuerzo que efectuó en su residencia, a la que asistieron sus copartidarios del PRD Mitchell Doens, Francisco ‘Pachi' Sánchez Cárdenas, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, el actual presidente electo, Laurentino Cortizo; y Juan Carlos Arosemena, en la que discutieron temas variados, como el congreso del colectivo, que estaba a punto de celebrarse; la situación que se había presentado en el país por la introducción de impresoras fiscales y los delegados que requerían para ganar las elecciones internas.	‘Hubo reuniones de varias personas, incluso de carácter público, en las que no se establece vínculo con nuestro cliente. Hay una apreciación personal de Balbina Herrera en la que el expresidente tiene la condición de responder casi por todo lo que ocurra en el país porque es el jefe del Consejo de Seguridad y de la Policía y de todo lo que pasa en el país, pero esa no es la consideración de esta defensa', argumentó el abogado defensor Alfredo Vallarino	Herrera también detalló que su vecino le alertó de que cuando él levantaba el teléfono en su residencia, escuchaba todo lo que ocurría en la suya; además, que por las mañanas por el área rondaba un auto sin placa y que por las noches pasaba otro desde el cual le gritaban improperios como ‘asesina', ‘varillera' y otros.	Enseguida hizo una descripción de la visita de Estado del entonces mandatario italiano Silvio Berlusconi a Panamá para suscribir varios convenios sobre seguridad. De esos acuerdos se derivaron varios contratos en los que ‘Valter Lavitola era el intermediario y cobraría el 10% de comisión a través de la sociedad anónima Agafia Corp., por cada uno de los tres contratos que en total sumaban unos $300 millones'.	Entre otros hechos, Herrera contó al Tribunal que en una ocasión le hurtaron su computadora de su residencia. Fue una ‘operación quirúrgica', pues ningún otro objeto de valor faltaba en la vivienda. Pasado este hecho, rememoró cómo en otra ocasión alguien entró a su casa y ‘regaron la crema de baño hasta la sala dejando huellas en el camino; cuando llegué, la crema estaba en mi cama', contó a los jueces, incapaz de identificar quién habría hecho este acto intimidatorio.	Su paranoia llegó a tal punto que en una ocasión le solicitó a Doens que revisara su casa en busca de micrófonos ocultos. Incluso describió cómo los empresarios se rehusaban a financiar su campaña política. ‘Me decían que no era factible porque se enteraban de las reuniones que hacía en mi casa para buscar financiamiento. No te podemos ayudar, porque nos llamaron, el presidente nos llamó o sus emisarios', relató Herrera.	Cuando tocó el turno a la defensa para el contrainterrogatorio, Vallarino le recordó a Herrera que la publicación que efectuó de los correos entregados por Velucci tampoco contaba con una autorización judicial al momento de ser intervenidos. Sembró la duda sobre quién pudo haber grabado la reunión-almuerzo en la que participaron sus copartidarios.	Con respecto a la labor para judicializar los correos en el proceso actual, Herrera indicó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no le solicitó una inspección de su correo electrónico, que no hizo una experticia forense de los encabezados de los correos que emanaron de la cuenta ‘brad.pty507@gmail.com', donde aparecían todas las transcripciones citadas por la dirigente. También manifestó que el cotejo de los papeles que le mostró la Fiscalía y su correo se hizo en forma verbal el día que acudió a la Fiscalía a reconocer estas comunicaciones.	Ver más Cortizo empieza a armar su gabinete Aunque Panamá tiene una de las economías de mejor desempeño en Latinoamérica, algunos sectores están contraídos Seguimientos puntuales a políticos y periodista, narra el tercer testigo del MP Nueva aerolínea ligada a Copa Holding saldría desde Panamá Pacífico Escasez de billetes afectan sistema de pagos del Metro de Panamá