La obra, que alcanzaría una inversión de casi $2 mil millones, ha generado posturas encontradas entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) —que asegura el lugar es la mejor opción para el nuevo muelle— y los sectores que se oponen al mismo por considerar que se trata de una propuesta empujada para beneficiar a sectores particulares.	El debate sobre el tema no será sencillo. Sobre el proyecto pesa más de una demanda de inconstitucionalidad en la Corte; aún no se cuenta con una ley de equiparación aprobada por la Asamblea Nacional; los vecinos del área se quejan de la ‘asfixia' que causará la infraestructura y los conocedores del tema reclaman estudios de seguridad, viabilidad y de mercado que justifiquen la concesión.	Actualmente la empresa es una pieza activa del sistema portuario del país, así como el cliente principal del puerto de Balboa en el Pacífico y del Ferrocarril de Panamá. Cuenta con 90 mil empleados y a través de su subsidiaria APM Terminals opera 60 puertos de contenedores en todo el mundo.