El abogado Donaldo Sousa presentó ayer ante el Ministerio Público una ampliación de la denuncia criminal que se entregó el mes pasado, por los delitos ambientales de ordenamiento territorial, abuso de autoridad, tráfico de influencias y otros presuntamente cometidos por el ministro de Ambiente, Emilio Sempris; el alcalde de Taboga; Ramón Ramos; y Rann Shimon Ady, representante de la empresa y otros; por firmar y aprobar un contrato de arrendamiento de 20 años con opción de venta para la instalación de una estación de combustible. Sousa dijo que el proyecto no se puede concretar porque viola leyes ambientales que protegen isla Boná.