El ahora exDefensor del pueblo Alfredo Castillero Hoyos fue destituido por la Asamblea Nacional el pasado 9 de octubre, en la que por 65 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se lo removió por “falta de solvencia moral y negligencia en el desempeño de sus labores”. Semanas atrás llegaron a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, denuncias contra Alfredo Castillero Hoyos por supuesto acoso sexual contra colaboradores de la Defensoría del Pueblo. Fueron las diputadas Zulay Rodríguez del PRD y Corina Cano del Molirena  quienes se adentraron en la investigación, que luego las llevó a pedir, junto a los otros integrantes de la comisión, la remoción del funcionario ante el pleno de la Asamblea Nacional. Según el reglamento  de la Defensoría del Pueblo, el funcionario podrá ser destituido por incapacidad física psíquica sobrevenida que impida ejercicio el cargo, negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes en el cargo, o incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en la ley. Castillero Hoyos fue investigado por supuesto acoso sexual, pero destituido por negligencia. Por lo que la interrogante aquí planteada es: ¿Se aplicó el procedimiento correcto para remover de su cargo el Defensor del Pueblo? Expertos en el tema  se suman a lo manifestado por el diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado; aseguran que la Asamblea Nacional removió al Defensor por un proceso administrativo y que la denuncia realizada en su contra fue por un supuesto proceso penal, que debería haber sido trasladado a la Corte Suprema de Justicia.   Si Castillero Hoyos presenta la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia u otro organismo internacional, y estas instituciones fallaran a favor del exfuncionario, tenga en cuenta la cantidad de dinero que habría que pagarle por salarios caídos.  Por lo que la interrogante aquí planteada es: ¿Se aplicó el procedimiento correcto para remover de su cargo el Defensor del Pueblo?