La constructora brasileña Norberto Odebrecht llegó a Panamá en el año 2006 para la construcción  del  sistema de riego Remigio Rojas en Alanje, provincia de Chiriquí, bajo la administración del entonces presidente Martin Torrijos Espino; desde allí se instalaron en el país y comenzaron a participar de millonarios proyectos estatales. Países del continente denunciaron y ordenaron las detenciones de varias personas por la trama de corrupción llevada a cabo por la empresa y su departamento de operaciones estructuradas, dedicada a pagar coimas para ganar contratos. La investigación en Panamá inicia en el  año 2015  bajo el mando del Ministerio Público de Panamá, a través de la fiscalía especial Anticorrupción, y se reabre en enero del 2017  tras firmar acuerdos de colaboración con la empresa Odebrecht  y con Estados Unidos. En Junio del mismo año, la Fiscalía involucrada declaró compleja la operación y en octubre solicitó la extensión de la misma, trámite que fue en primera instancia rechazado, y tras apelar ante el segundo tribunal superior, luego de 5 meses les extendieron el plazo por un año. En la actualidad el ciclo se repite y el plazo está por vencer; la fiscalía pidió la extensión, el juzgado se la negó, éstos apelaron ante el juzgado duodécimo de circuito penal y hasta ahora no hay respuestas de lo que sucederá. La interrogante aquí planteada es: ¿Por qué el órgano judicial no se pronuncia sobre la extensión del plazo para  que continúe la investigación? Mientras en otros países se ha detenido a personas políticamente expuestas, banqueros, y ciudadanos que se valieron de su cercanía con los gobiernos para facilitar la obtención de contratos; aquí, en este país que llamamos Panamá hay personas que ponen amparos, o se niegan a responderle a la justicia. Desde el inicio de la investigación el ministerio público le imputó cargos a 82 personas por delitos involucrados con el lavado de dinero, sobornos internacionales y corrupción de funcionarios públicos. Se ha podido lograr que 16 personas mediante acuerdos admitan su participación en dichos delitos y señalen a otros implicados en la causa. Existen órdenes de pagamento desde el 2007 en adelante, y se  investiga  todo lo sucedido desde esa fecha al 2014. Hasta el momento la fiscalía ha logrado recuperar más de 264 millones 336 mil dólares. Mientras todo esto pasa, el órgano judicial se arriesga a que todo lo investigado quede en la nada. Según los informes un testaferro de un excandidato presidencial en el año 2018 interpuso un amparo de garantías y éste no ha sido resuelto, además hay 76 incidentes por resolver. El Tribunal Electoral ha rechazado el levantamiento del fuero penal electoral de otra persona y hay  otros involucrados que se fueron del país Mientras, la ciudadanía y el país esperan una respuesta a las investigaciones del caso Odebrecht, en Panamá no termina de salir todo a la luz, por lo que interrogante que planteamos es:  ¿Por qué el órgano judicial no se pronuncia sobre la extensión del plazo para  que continúe la investigación?