Desde esta humilde tribuna hemos estado periódicamente denunciando que los ataques a la plataforma de servicios de nuestro país, a partir de los mal llamados ‘Panama Papers', ha sido algo extremadamente desproporcionado, dado que el protagonismo de nuestra jurisdicción a nivel del mercado internacional de los denominados negocios ‘offshore' no es tan grande como se ha querido hacer ver, y mucho menos como para que se nos haya señalado como el país sobre el cual debe recaer la culpa de todos los males financieros y tributarios del planeta.	Desde el primer día, hemos indicado que no es en Panamá donde se cuecen las habas, y que nos querían usar de chivo expiatorio. Incluso en otros artículos nos hemos referido a escándalos muy puntuales que fueron noticia antes y después de los malditos ‘Papers' y que nunca recibieron ni la cobertura periodística ni mucho menos la atención de la OCDE o el GAFI.	En el caso de Colombia, es histórica la conclusión de nivel interno, se montan estructuras muy sofisticadas para el lavado de activos y la evasión fiscal; pero ante la incapacidad manifiesta de su Gobierno, lo más fácil ha sido apuntar a su pequeño vecino, otrora departamento y echarle la culpa de sus falencias.	Hubo, incluso, uno de estos personeros que se atrevió a tildar a la Zona Libre de Colón como ‘tierra de contrabandistas y de lavadores de dinero'. La verdad es que hay que tener timbales, para hacer este tipo de acusaciones cuando Colombia, no solo incumple los fallos en su contra que le ha impuesto la Organización Mundial de Comercio, sino que acaban de imponer otro arancel a los productos que exporta dicha zona franca.	Según un reportaje fechado 14 de agosto de 2019, en la revista Semana, firmado por Daniel Rico, la captura de Olga Lucía Díaz y siete (7) colaboradores (que incluían contadores, abogados tributarios, y varios parientes) en una bodega en el barrio Ricaurte de Bogotá, produjo las pruebas necesarias para descubrir una trama de evasión fiscal de ‘respetadísimas' empresas del sector de ferreterías y construcción. Que encontraron ‘torres' de facturas falsas con las cuales dichas empresas deducían el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en forma ilegal.	Afirma Rico: ‘El cálculo preliminar va en 2.3 billones de pesos, pero los investigadores creen que cuando terminen de analizar las facturas vendidas a las casi 2000 empresas que usaron este canal criminal, esta cifra puede incluso triplicarse.' Al cambio de hoy, dicha suma equivale a la friolera de $650 millones o el equivalente al 5 % de los activos del Centro Bancario Internacional de Panamá.	Más de 50 ‘terabytes' de información fueron confiscados a esta red que lideraba la llamada ‘Patrona', que funcionó por 15 años, utilizando un sistema netamente colombiano de evasión fiscal y lavado de activos. Y para que ‘quede clarísimo y como lección aprendida, no fueron los cruces de información de la DIAN, ni las investigaciones exhaustivas de la UIAF, ni los ROS de los bancos, ni por el SARLAFT, ni gracias a ninguno otro sistema de controles, que se pudo frenar a esta lucrativa organización criminal. Esta red se cayó por una denuncia anónima a la línea de transparencia'.	Acota Rico: ‘Este caso le da toda la razón a Juan Ricardo Ortega, quien, en varias oportunidades, ha manifestado que es inaudito para un país como Colombia, ahogado por el lavado de activos y la evasión tributaria, que no tenga un registro unificado de propiedad de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) y no se pueda saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas y los activos de las más de medio millón de SAS creadas en la última década (98 % de las empresas que se crean en Colombia son SAS, a razón de seis mil al mes)'.	¿Qué dices? Perdón. Dale de nuevo. ‘... es inaudito para un país como Colombia, ahogado por el lavado de activos y la evasión tributaria, que no tenga un registro unificado de propiedad de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) y no se pueda saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas '. (El subrayado es nuestro).	La paupérrima actuación de la pasada administración en defensa de los intereses de Panamá es por todos conocida. Tenemos esperanzas de que la nueva administración sea diferente. Esta nueva movida de Colombia de subida de aranceles nos permitirá adelantar algunas conclusiones. Al menos ya el presidente Cortizo dio unas declaraciones en el sentido de que Panamá podría considerar aplicar medidas de retorsión. Cruzo los dedos. Ya basta de bajar la cabeza cada vez que nos levantan la mano.	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