La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) está a la expectativa de que los diputados completen el proceso indicado en los días que faltan del actual período de sesiones y que, durante el próximo, sobre la base de lo aprobado en esta legislatura, puedan mejorar el documento y eliminar lo que no tenga sentido en función de lo que la sociedad reclama	“Estamos hablando de la Constitución Política de la República, el contrato social de todos los panameños, el marco de la vida nacional, por lo que este tema debe ser abordado con la seriedad y la responsabilidad que amerita, no como un mero tramite más”, indicó el presidente de la CCIAP, Jorge Juan De la Guardia.	“Recibieron un documento consensuado para su debate, no para desmembrarlo e introducirle elementos sorpresivos. Quedan escasos días para el cierre de esta legislatura, la sociedad espera de los diputados de la República actuar con sentido de compromiso para con el país, buscando siempre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La patria así se los reclamará”, indicó el líder del gremio empresarial.	En tal sentido, Enrique De Obarrio, miembro de la Concertación Nacional, es un tanto más optimista, tras señalar que hay varios artículos importantes, muy positivos, que han quedado a salvo, provenientes tanto del paquete consensuado entre los 23 sectores que conforman la Concertación, como de las jornadas de consultas realizadas a lo largo del país.	No obstante, indicó que persisten aquellas variaciones o malos complementos que se han introducido y aprobado, sobre propuestas que vienen del documento de la concertación, tales como: diputados que aceptan que si son objeto de alguna denuncia sean investigados desde fuera, pero no por la Procuraduría General de la Nación, sino por la Procuraduría de la Administración. Y el asignarse la facultad de nombrar a un “súper fiscal” para investigar a los procuradores que los investigan a ellos.	Pero lo peor, precisó De Obarrio, son aquellas propuestas surgidas dentro del hemiciclo legislativo, por parte de los diputados, que no provienen ni del documento concertado ni de las jornadas de consultas aprobadas y aún no eliminadas, tales como: la facultad de conminar al Órgano Ejecutivo a destituir a ministros de Estado, la facultad para alterar unilateralmente el presupuesto general del Estado y la facultad de nombrar al Defensor del Pueblo adjunto.	“Todo ese desencanto y esa brecha que se genera entre los ciudadanos y el gobierno, muchas veces se da por la incapacidad de nosotros los políticos de entender que los consensos no son entre los políticos y las políticas, sino en el establecimiento de un anhelo compartido, para poder avanzar”, consideró.