Los derechos Humanos son universales, indivisibles, inherentes a todos los seres humanos, son el resultado de distintas luchas del movimiento social, las organizaciones, los sacrificios de líderes, activistas y grupos de población en distintas épocas. Hoy tenemos derechos humanos de primera generación, que logran incorporar las libertades fundamentales, los derechos civiles, patrimoniales y políticos del individuo, para poner límites al poder del Estado; los derechos de segunda generación, incluyen los sociales para buscar el reconocimiento de los Estados a las mejores condiciones de vida de las personas, incluidos los políticos y culturales; y en los derechos de tercera generación el reconocimiento de los derechos colectivos o derechos de los pueblos.	En Panamá, hemos avanzado en el acceso a los derechos humanos, pero accedemos a estos de forma desigual, en otras palabras, se convierte en una utopía el acceso a los derechos humanos, es necesario incorporar como parte esencial de la discusión la desigualdad que enfrenta la población; si hablamos de desigualdad tenemos que tener presente que el acceso es diferenciado, por género, etnia, territorio y condición.	Lo que planteamos es que se tome en cuenta a los científicos sociales para el diseño e implementación de las políticas públicas, para aportar un cauce común del pensamiento social que acerque las distancias que separan las corrientes o enfoques de los derechos humanos, que permita entender que el acceso a estos derechos no se está produciendo en condiciones de igualdad del ser humano y en la garantía del ejercicio efectivo de los mismos, por tanto las acciones afirmativas y las políticas públicas deben encaminarse a darle otra mirada a la desigualdad, contestando y atendiendo la interrogante ¿desigualdad de qué? y ¿entre quiénes?	Quien nace en Cerro Flores, en la Comarca Ngäbe Buglé, no tiene la misma expectativa de vida, de acceso a la salud, educación, empleo, que una persona nacida en alguna de las áreas urbanas de las diez provincias del país; ambos son ciudadanos que gozan de los mismos derechos humanos, empero, sus condiciones de marginación, pobreza y desigualdad social son parte de la realidad que es una vergüenza para todos, pero que no cambia.	Recientemente se registró en la Comarca Ngäbe Buglé, los hechos trágicos e inaceptables de once niños que murieron de enfermedades prevenibles. Son áreas de difícil acceso y, en otros casos, el mal tiempo impide su desplazamiento. Son familias en condiciones de desigualdad social, vinculado al territorio y a la etnia, por lo que no tienen acceso a los derechos humanos que la ley les reconoce ( La Estrella de Panamá , 1 de febrero de 2019).	Panamá tiene uno de los mejores crecimientos del Producto Interno Bruto en la región, pero no logramos eliminar las desigualdades sociales. Según el Banco Mundial, al 2016 es el 6 lugar en el mundo más desigual, no solo se trata del ingreso, sino que se conjugan otras desigualdades. Uno de los escenarios donde se eliminan las desigualdades o se incrementan, es en la intervención del Estado en políticas públicas, en el mercado y la familia.	La Ley 4 de Igualdad de oportunidades de 1999, es un ejemplo de lo que hablamos, porque permite implementar acciones para dar respuestas a las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres y dar paso a la igualdad de acceso a los derechos, los presupuestos con perspectiva de género, las estadística desagregadas, el empoderamiento de las mujeres, entro otros temas nos ha tomado más de 20 años cumplirlas; salud, educación, vivienda, ofertas laborales, el salario, los cargos, los horarios, el tipo y lugar de trabajo, en la edad, en las responsabilidades del cuidado diario, en el acceso al crédito, la tierra, el medio ambiente, que toman en cuenta las condiciones de desigualdad de la niñez, juventud, adultas, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, entre otras variables.	Desde la academia y los centros de investigaciones, los cientistas sociales, en alianza con instituciones y organizaciones, buscamos contribuir para producir conocimientos que nos permitan eliminar estas desigualdades, procurando se adopten políticas públicas integrales, concertadas, eficientes y eficaces, para no quedarnos a la zaga. Se trata de buscar respuestas para que el acceso a los derechos humanos no continué siendo desigual.	En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas los Estados se comprometen con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo reconoce que debemos cumplir al 2030 con 17 ODS, como un acuerdo global para salvar la vida e integridad de las personas y del ambiente; todos vinculados a los derechos humanos y la igualdad como pilar fundamental para que nadie se quede afuera.	Desde esta perspectiva, es compromiso del Estado el eliminar el hambre, la pobreza, luchar contra el cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria, educación de calidad, salud integral, medicinas, el agua, la vivienda, empoderamiento de la mujer, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; desafíos que no podemos dejar como responsabilidad absoluta del gobierno; todos los ciudadanos desde distintos espacios, tenemos la responsabilidad de ser parte en las soluciones.	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