De tiempo en tiempo, y más asiduamente en la década de los noventa, los panameños nos abocamos entusiastamente en las deliberaciones en torno a si debemos emprender o no la tarea de dotarnos de un nuevo texto de la Ley de Leyes, a través de alguno de los métodos contemplados en esta.	Como jurista siempre me inclinaré hacia las consultas populares, como manifestación inequívoca del sentir ciudadano en dotarse de reglas de convivencia, orden y funcionamiento de la Nación. No obstante, coincidiremos en que las experiencias vividas sobre el particular estos procesos se convirtieron más en una valoración de las gestiones gubernamentales que en la ponderación sosegada de las innovaciones y mejoramiento del marco constitucional.	Las Constituyentes son consecuencia muy comúnmente de crisis de gobernabilidad, en que las Instituciones y los concilios ciudadanos se encuentran divorciados, y así lo vivió la Nación a mediados del siglo pasado, en una situación no solo convulsa para el mundo con la Segunda Guerra Mundial, sino también para la democracia panameña.	‘... cuando los Órganos del Estado se proponen perseguir esos propósitos de reformas sustanciales tienen que recurrir a la fuente originaria del poder público, para que sea el titular legítimo de ese poder, el pueblo, el que decida mediante su expresa voluntad fiel y honradamente respetada la validez constitucional y jurídica del Acto emanado de los Órganos del Estado'.	La decisión firme y clara del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de convocar a consulta popular para contar con una Ley Fundamental a tono con los tiempos en que nos encontramos, constituye un paso que muestra convicción democrática y que sujeta el futuro constitucional a la plena, amplia y libre voluntad del soberano.	Esta nueva oportunidad invita, y así pensamos respetuosamente, a ser nuevamente precursores internacionales simultáneamente, a impulsar como Nación que se pueda adoptarse una Constitución Iberoamericana, como en otrora, desde otra perspectiva se lograse con un gran documento que contó con la participación del gran jurista patrio, el Dr. Ricardo J. Alfaro, como lo fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, texto que mundialmente pervive hasta nuestros días.	5. Designación de servidores en tareas de fiscalización de la gestión pública (contralor general de la República, procuradores de la Nación y Administración, defensor del Pueblo, fiscales de Cuentas y Electoral, Tribunales de Función Pública, Tributario, Contrataciones Públicas, y los que en el futuro sean creados, reguladores de servicios de Banca, Seguros y Valores) a mediados de gestiones gubernamental, y todos estos designados con periodos de siete (7) años para ejercicio del cargo;	9. Escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral y de justicia administrativa, con edades no menores de 50 años, a través de Consejo de Ciudadanos (cuya integración incluiría un representante de Tribunal de Derechos Humanos) que evaluaría a los nominados por el Consejo de Ministros y Viceministros;	Más comentado El rey Felipe VI se encuentra en Panamá para la toma de posesión de Cortizo  La llorona del 30 de junio del 2019 Es necesario debatir la política de subsidios y evaluar los programas para saber a cuáles darles continuidad El cuento chino de las listas Felipe VI recorre ruinas de Panamá Viejo fundado por españoles hace 500 años