Bien se ha hecho en llamar a un compás de espera para consultar cambios a la Constitución Política con una genuina disposición para escuchar diferentes opiniones y un recto interés por explicar los propios puntos de vista. Íbamos por mal camino por la forma irreverente y desordenada como se trataba el tema en la Asamblea Nacional, incoherencias que arriesgaban innecesariamente las intenciones del Gobierno y exacerbaban peligrosamente los ánimos de jóvenes estudiantes y otros grupos beligerantes.	La efectividad de los procesos para lograr acuerdos y manejar desacuerdos en forma armónica ayudará a garantizar nuestra convivencia pacífica, nuestro desarrollo económico para reducir la desigualdad y, en definitiva, el fortalecimiento del genuino sistema democrático. Es alcanzar el balance entre la eficiente gobernabilidad con reglas consensuadas, por un lado, y el sentido de participación como derecho de cada ciudadano. Ese balance no se alcanza con medidas impuestas a espaldas de una opinión ciudadana ilustrada, alimentando el resentimiento permanente contra un sistema que permita desconocer opiniones contrarias.	Los acontecimientos recientemente vividos, a raíz del proceso iniciado para introducir reformas a la Constitución, han sido un evidente ejemplo de la necesidad de realizar una efectiva consulta a la población, como condición previa para otorgar legitimidad a esos cambios. Se trata no solo de cumplir ciertos pasos estrictamente legales, sino de integrar también a elementos que luchan por su derecho de hacerse oír. De lo contrario, desafortunadamente toda manifestación contraria de violencia tendría que ser fuertemente combatida; inclusive, se anularían derechos de ciudadanos legítimamente preocupados por la suerte del país. Ha sido frecuente observar cómo en otros lares —y también en nuestro país— se ha descalificado como antipatriotas y traidores a quienes se oponen a las intenciones de las autoridades.	Hemos estado lejos de ese escenario en los últimos treinta años, aunque con algunos episodios excepcionales. Al iniciarse la época democrática, comenzaron esfuerzos por acordar grandes objetivos nacionales con reuniones, llamados diálogos o concertaciones. Desde la Declaración de Santa María La Antigua y Bambito I en 1993 hasta la Concertación Nacional para el Desarrollo en 2007, todos esos esfuerzos se han encaminado a acordar objetivos nacionales que permitan la gobernabilidad bajo un sistema democrático. Es oportuno recordar que la Concertación Nacional nació de la conveniencia de responder a la necesidad de prever una estrategia para el uso efectivo de los nuevos recursos que habría de producir la ampliación del Canal.	Sin embargo, una pregunta válida todavía es: ¿debemos mantenernos atados a las conclusiones de los consensos logrados por la Concertación o puede existir un margen para disentir de suerte que, a partir de una nueva discusión, pueda nacer un renovado consenso? Y si fuese aconsejable esa dinámica, surge otra pregunta: ¿permite el sistema electoral la participación institucionalizada de minorías disidentes o, por el contrario, garantiza únicamente el control por parte de los partidos políticos? Por ejemplo, la actividad natural de la Asamblea Nacional que considere en segundo debate el Acto Constitucional en enero: ¿debe ser cónsona con una sana negociación, con decisiones que necesariamente tomen en consideración el punto de vista de las minorías en su seno; o, por el contrario, debe ser una imposición como resultado de una mayoría lograda sin consensos que ignore voces disidentes sin siquiera considerarlas ni tomarlas en cuenta?	Hay aspectos en los cuales todos los panameños podemos estar plenamente de acuerdo. Uno, primordial y fundamental, es que el presidente del país, que triunfó en elecciones prístinas y transparentes, deba cumplir su mandato hasta el último día; otro, tan fundamental, es creer y respetar la separación de los poderes del Estado como garantía de democracia y de paz social. Puede haber consensos en el diagnóstico de los grandes problemas que nos aquejan (educación, salud, inseguridad), pero el disenso puede referirse a las medidas específicas a escoger para solucionarlos. Un posible desacuerdo no debe tomarse como una posición de traición, porque el disidente no es un enemigo público, sino un ciudadano con derecho a opinar y a tener un espacio de participación efectiva que, de ser ignorada o censurada, solo aumentará el nivel de tensión y frustración general.	La decisión actual de los dos Órganos del Estado de llamar, en un compás de consulta, a elementos proactivos de la ciudadanía, es un paso inteligente que denota la prudencia adecuada para escuchar y llevar este esfuerzo a feliz término. Solo resta que los elementos consultados, actuando en orden y con respeto, vean satisfechas sus inquietudes o queden convencidos de lo contrario. La gobernabilidad con participación ciudadana es un finísimo tejido que incumbe al Gobierno hilar.