Hasta ese día las partes conocerán quiénes serán sus juzgadores. La oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio indicó a La Estrella de Panamá , que los magistrados serán escogidos por sorteo el mismo día de la audiencia, a las 8:30 a.m., recusables ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.	El Tribunal de Juicio, de manera unánime y tras una maratónica sesión, que dio inicio el martes por la mañana y culminó casi al amanecer del miércoles, restringió al acusado a cumplir con un depósito domiciliario acompañado de varias medidas, con el propósito de garantizar la continuidad del juicio. Por ejemplo, la entrega de pasaportes de nacionalidad panameña e italiana, la inhibición a hacer declaraciones a los medios de comunicación o conceder entrevistas; impedimento de salida del país, aunado a la prohibición de nombrar o referirse a cualquier testigo o víctima.	Para tal fin, durante la audiencia del martes basaron su petición en el artículo 12 del Código Procesal Penal, que se refiere al control judicial de afectación de derechos fundamentales: ‘la detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados'.	En cambio, el Tribunal consideró que hasta el momento el acusado no había mostrado desinterés en acudir a la audiencia, que al momento del traslado no había intentado fugarse, y que en la sala de audiencias hasta ese día no había mostrado evidencia de que el exmandatario hubiera intimidado o amenazado a las víctimas o testigos o fiscales.	Tendrán los mismos argumentos planteados en la sesión anterior. Intentarán buscar la forma de razonar del Tribunal de Apelaciones donde una serie de valores tendrán que ser ponderados y argumentados. ‘Se considera muchas veces que un Tribunal Superior tiene mayor capacidad de sustentación por la experiencia y mayores exigencias. Es buscar un cambio de sustentación que produzca un Tribunal', explicó.	El criterio de Araúz es que el mandato claro de la ley otorga muy poco espacio al juzgador para interpretaciones. Pero deja abierta la posibilidad de impugnar la decisión a través de acciones como el amparo o un habeas corpus , recursos que tendrían que ser vistos por el Pleno de Corte'.	La Fiscalía debe estar planeando la estrategia de cómo romper el mandato preponderando los riesgos procesales a los que se relaciona la libertad del acusado. Mientras que la defensa podría alegar que el hecho de permanecer en casa también es una medida restrictiva, lo que es igual a la detención provisional.	‘Al final de la historia, sea o no culpable Martinelli, todo aquel que comparece a un proceso quiere una respuesta pronta. El solo hecho de que la justicia opere mal garantiza que el afectado acuda y pida una reparación al Estado panameño a ser escuchado por la mala administración de prestación de justicia. Las víctimas nunca perderán la opción de que el Estado les resarza por este proceso y por haber tenido un camino largo sin un fin claro', concluyó Araúz.