A inicios del presente año, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, SPIA, organización centenaria, cuya misión como referente técnico la compele a contribuir como ingenieros y arquitectos agremiados, con la sociedad, el ambiente y la seguridad humana, hizo un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que liderizara un “Proyecto País” que nos permitiese recuperar la decencia y los valores cívicos, para hacer frente al desgreño administrativo existente, a la crisis de las instituciones y la inequidad social que lacera nuestra democracia.	La Planificación. Mencionábamos en nuestra Declaratoria que para alcanzar buenos y eficaces resultados HAY QUE PLANIFICAR. La improvisación, la falta de priorización y la descoordinación entre las instituciones públicas ha sido una constante en la ejecución de las obras de infraestructura pública durante las últimas décadas, generando proyectos fracasados, inconclusos e innecesarios y socavando de manera profunda los cimientos de la institucionalidad. Nuestro país no puede darse el lujo de volver a caer en estas prácticas que han ocasionado un mal uso de los recursos del Estado, que como es de conocimiento público, se encuentran en condición crítica. Mantenemos la confianza en que esta situación sea superada, como se ha logrado en períodos anteriores, para beneficio de los que en Panamá habitamos.	Con relación a la urgencia de la planificación, hemos manifestado que nos preocupan las modificaciones, recientemente planteadas, a las que pudieran someterse proyectos ya licitados. En efecto, situaciones como los posibles cambios en proyectos tan emblemáticos como la línea 3 del Metro y el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, crean incertidumbre e inquietud, sobre todo en el sector de la construcción que espera ansiosamente un nuevo despunte de esta industria. Es urgente una definición al respecto, porque también mantienen sus expectativas los pobladores de Panamá Oeste que requieren que sus necesidades de movilidad sean atendidas con prontitud. Recordamos al Gobierno nacional que la conectividad oportuna es la clave para la productividad, la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.	Por otra parte, habíamos manifestado en nuestra Declaratoria que la conservación, administración y manejo con visión holística del agua, debía ocupar el más alto nivel en una matriz de desarrollo sostenible mediante la formulación de políticas públicas, planes y proyectos diseñados y consensuados con pragmatismo y sentido de futuro. Era imprescindible destacar este aspecto puesto que, aunque Panamá se había identificado siempre como un país con abundancia de recursos hídricos de calidad, se han hecho notorios los conflictos por sus diferentes usos, por el deterioro de la calidad ambiental y por los efectos innegables del cambio climático.	Es ya de conocimiento público, el traslado hacia el Ministerio de la Presidencia de la Unidad Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá, anteriormente adscrita al Ministerio de Salud y también del Consejo Nacional del Agua, Conagua, anteriormente presidido por el ministro de Ambiente. En el caso del Programa de Saneamiento, ya no solamente se menciona su expansión hacia el área oeste, sino también hacia la provincia de Colón.	Es un hecho, muy discutido por los expertos, que la fragmentación de las funciones de rectoría y coordinación del sector agua potable y saneamiento en diferentes instituciones ha ocasionado que se manejen agendas aisladas con experiencias no comparables que dificultan la atención de los problemas críticos del sector. Investigaciones que se han realizado al respecto destacan continuamente lo que resulta evidente también para el común de los panameños: que esta falta de coordinación ocasiona burocracias, multiplicidad de esfuerzos para un mismo objetivo que a la larga no se logra, pérdida de la experiencia local, fuga de los profesionales del sector hacia otros sectores o hacia la empresa privada, se diluyen la memoria histórica y los conocimientos adquiridos; se fragmenta la misión y visión de las instituciones y prevalece la ausencia total o al menos, el desconocimiento público de lo que será la hoja de ruta en un aspecto tan esencial como la gestión del agua. Es notorio también el énfasis que se le asigna en Panamá al desarrollo de nuevas obras y a la ampliación de los sistemas existentes, pero es típica la falta de asignación de recursos destinados a su administración, operación y mantenimiento, y al control de calidad de los procesos para mejorar su eficiencia.	Nos surgen entonces más interrogantes. ¿Cuál es el plan maestro para el sector agua potable y saneamiento? ¿Cuál es el objetivo de concentrar funciones en el Ministerio de la Presidencia, mientras que a la vez se van desvinculando del Idaan, y del Ministerio de Salud, prestador histórico y ente rector del sector, respectivamente? Si bien, la relevancia que tiene tema del agua, lo sitúa como factor clave de la seguridad nacional, consideramos urgente que prontamente sean convocados los diferentes actores del sector para tener una visión compartida de lo que será la gestión del agua en el próximo quinquenio.	Consideramos necesario enfatizar una vez más, que un desarrollo con eficiencia y equidad demanda una planificación multidisciplinaria y coordinada entre las diferentes instancias de Gobierno, y una real participación ciudadana para la adecuada concepción y ejecución de los proyectos que tanto requiere la Nación. Es menester aprender de las lecciones pasadas; una experiencia como la del proyecto 100 % agua potable / cero letrinas, es inadmisible que vuelva a repetirse por falta de coordinación.	Urge entonces, el Instituto de Planificación que, de manera integradora y con visión de Estado, unifique las políticas que se requieren para que las instituciones públicas actúen de manera armónica, logrando propósitos comunes y evite que decisiones aisladas, que no muestran un sentido integrador de país, nos desvíen del alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados al 2030, cuyas metas Panamá se ha comprometido a cumplir, y de los planteamientos definidos para nuestro país en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 - 2050: Agua para Todos, a través del cual se ha esbozado la hoja de ruta que se debe ejecutarse para reducir la brecha socioeconómica y la pobreza multidimensional, mejorando nuestra calidad de vida, procurando un desarrollo inclusivo y asegurando la integridad de nuestro ambiente.