Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, estaba dispuesto a defender al entonces presidente Juan Carlos Varela “hasta la muerte en todos los sentidos”. Era un yes man. En todo lo complacía. Seguía órdenes expresas de su jefe, a quien llamaba “comando”, aún bajo el riesgo de saltarse la Ley.	López era más que los ojos de Varela en todas partes: en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las redes sociales, en los casos policiales, en las manifestaciones y cierres de calles. Pero especialmente, era su radar en todos los movimientos del expresidente Ricardo Martinelli, recluido en el centro penitenciario El Renacer.	Sin embargo, los hilos del poder en la administración de Juan Carlos Varela se entretejían entre el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación. Un supuesto chat entre el mandatario Varela y López revela cómo éste reportaba al presidente quién entraba al Ministerio Público, a quién apresaban, qué lugar allanarían, quién salía con medida cautelar...	El cruce de información entre Varela y López muestra una manipulación de la administración de justicia y de los expedientes que pasan por los despachos de los magistrados de la CSJ para controlar los votos. Deja al descubierto conversaciones para trazar estrategias legales e impedir que los recursos prosperen en la Corte.	“No, señor, hoy hablé con él y no me dijo nada de eso. La vez pasada había rechazado, pero hoy hablé con él sobre el caso del señor (supuestamente Ricardo Martinelli) y teme porque nos falta un voto. Me pidió hablar con usted”. La frase viene acompañada de la captura de pantalla que muestra la conversación entre el magistrado Zamorano y López, en la que éste justificó la admisión de la demanda porque había cumplido con los requisitos. El mismo magistrado añadió: “Que Rigoberto (González Montenegro, procurador de la Administración), apele”.	Emplear el poder del Estado desde el Consejo de Seguridad para detener y censurar a tuiteros que insultaban al presidente o posteaban fotos de ciertos allegados, era una de sus prácticas. Este tipo de mensajes, aparentemente, desesperaban, enojaban y herían profundamente a Varela. A tal grado de exigir a “Picuiro” identificar a los dueños de las cuentas. El director del Consejo les daba seguimiento, los capturaba, los trataba “duro”, los obligaban a bajar sus cuentas y luego los conducía con un Juez de Paz para sancionarlos con $5.	López estaba al tanto de las personas que acudían a indagatoria en el Ministerio Público y todo lo reportaba al “Comando”. Así ocurrió cuando Marta Linares de Martinelli arribó a la Fiscalía Superior Anticorrupción citada por el caso Blue Apple. La vinculaban por una cuenta a su nombre, pero ella se acogió al artículo 25. De esto le informó a Varela.	En otra ocasión, el 21 de septiembre de 2018, reportó al “Comando” que Melina Cano, asesora del exministrode Obras Públicas Federico Suárez, procesada en el caso Blue Apple, rendía indagatoria y que era posible que fuese aprehendida. Dos horas más tarde, López confirmó que el fiscal Aurelio Vásquez decretó medida cautelar de detención preventiva en perjuicio de Cano.	“En las postrimerías de las audiencias, cuando se daban a conocer los veredictos y se enteraban las partes procesales, entonces me informaban a mí y yo al Presidente, por cortesía y por lo que pedía antes. Lo demás son alteraciones del chat”, dijo ayer López. No obstante ,el Consejo de Seguridad o la Presidencia no hacían parte de los procesos.	Casi al final de septiembre, López notificó a Varela que había recibido un mensaje de la Mayor Damaris, sobre la salida de un equipo con tres unidades hacia San Carlos para una diligencia con la fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore, para aprehender la finca del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.	Martinelli podría ocupar todo un capítulo entero en el chat de Varela y “Picuiro”. Da la impresión de que tenía obsesión por conocer todos sus movimientos en prisión: con quién conversaba, la lista de abogados que lo visitaban, extranjeros, familiares, las notas en papel amarillo que escribía, su condición de salud... Incluso el manejo del reo, a quien llamaban “Ruiseñor”, y los supuestos beneficios de los que gozaba motivaron a Varela a remover al director del Sistema Penitenciario, Abel Price, “porque no tenía diploma”.