Representantes de las comunidades Nance de Risco, Changuinola arriba, Valle del Rey, Guayabal, Bajo Gavilán y Lazo, entre otras impactadas con el proyecto hidroeléctrico Chan I, rechazan las acusaciones de violencia que señala AES Changuinola en su contra al sostener en un comunicado que los originarios "ingresaron a las instalaciones operativas con machetes amenazando a sus colaboradores y contratistas".	No obstante, los representantes de las comunidades Ngäbe sostienen que el pasado 13 de noviembre, acordaron en presencia de Cristóbal Tuñón, representante del ministerio de la Presidencia; Samuel Midi, viceministro de Asunto Indígenas; Edgar Iván Covich, director de AES y Estela Stephenson, gobernadora de Bocas del Toro que el lunes, 25 de noviembre, AES presentaría el resultado de las inspecciones de finca afectada por el desarrollo del proyecto, pero donde la empresa abandonó la mesa de dialogo.	Miguel Bolinaga, presidente de AES Changuinola detalló que "la empresa ha cumpliendo no sólo con la indemnización del 100% de las familias con algún tipo de afectación, por un monto total de $32.1 millones, sino también entregando obras de infraestructura y de servicios públicos en las comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, por un monto de $54.9 millones, sumando así más de $87 millones desembolsados, entre compensaciones individuales e inversión social.