Trama de corrupción del anterior gobierno empieza a destaparse Cuando Juan Carlos Varela fue proclamado por el Tribunal Electoral (TE) presidente de Panamá, en mayo de 2014, prometió un gobierno “honesto”. Las palabras “honestidad” y “transparencia” eran una constante en los discursos del presidente panameño. Pero, pese a esta retórica, los escándalos de corrupción en su administración de gobierno no han faltado. Tres meses después de haber concluido su gestión gubernamental, las primeras denuncias de actos de corrupción han salido a la esfera pública. Techos de Esperanza, un emblemático programa de la administración Varela, que ofrecía “viviendas dignas” a panameños de escasos recursos, está envuelto en una maraña de corrupción. El proyecto, que también incluía reconstrucción y reparación de viviendas, estaba planificado para ejecutarse en cinco años. Las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) han denunciado un supuesto delito contra la administración pública en el manejo del programa institucional.	La titular del Miviot, Inés Samudio, indicó que de las 105,474 casas que se dispuso entregar la pasada administración, solo se entregaron 50,492; es decir, el 47,8%. Las autoridades han hecho referencia a compras excesivas de materiales y de equipos, sin control. Además, se detectaron debilidades que permitieron una serie de irregularidades y se hicieron compras inoportunas de equipos de seguridad para la protección de los colaboradores contratados para la construcción de las 5 mil viviendas.	Otro programa insigne de la pasada administración, Sanidad Básica Panamá, que se proponía eliminar las letrinas y dotar de agua potable al país para mejorar la calidad de vida de los panameños, ha sido denunciado por supuestos actos de corrupción. De acuerdo con informes de auditoría, el programa tenía un presupuesto de $102.3 millones para construir 25,500 unidades o servicios sanitarios básicos en todo el país.	Otra institución donde supuestamente también se dieron malos manejos de fondos públicos fue el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). El director de la institución, Manuel Araúz denunció la reventa de arroz subsidiado, injustificada variación de los precios en la compra del mismo grano, duplicidad de transacciones y bodegas ficticias para recibir arroz “fantasma”.	En medio de este escenario, la nueva administración de la Autoridad Nacional de Aduanas también interpuso una querella penal en las fiscalías Anticorrupción por presuntos delitos contra la administración pública y contra la fe pública después de encontrarse boletas ilegales de pagos de impuestos de importación cuyos sellos supuestamente fueron falsificados.	Cárdenas fue acusado de malos manejos de fondos públicos. La Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de $5.3 millones durante su administración. Posteriormente, Grimaldo Córdoba, miembro del Partido Panameñista, fue procesado por uso ilegal de la profesión de medicina y fue el primer condenado de la administración de Varela.