La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia por medio de la Dirección Nacional de Libre Competencia tiene la función de iniciar de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas y relativas y aplicar las sanciones correspondientes. Además, conocer de oficio o a petición de parte, procesos de verificación de concentraciones económicas.	La auditoría de competencia permite una supervisión cercana de la Acodeco a los agentes económicos con los que ha logrado una transacción, ya sea dentro de un proceso judicial o en la fase de investigación administrativa, con la finalidad de verificar que estén cumpliendo con los compromisos adquiridos frente a la Autoridad; la realización de transacciones, previo cumplimiento de los requisitos legales, permite a los agentes económicos la aceptación de medidas en torno a las conductas o a los actos investigados, incluyendo cláusulas penales que garanticen el cumplimiento del acuerdo.	La DNLC, a través de personal idóneo, sin previo aviso ni orden judicial, y cualquier fecha dentro del plazo establecido en la transacción, se presenta a las empresas para verificar la efectiva realización del cese de las conductas que dieron inicio a la investigación, además de los compromisos adquiridos, y en caso de incumplimiento por parte de las empresas, la Acodeco procederá a demandarlos ante los juzgados especializados de libre competencia o hacer efectiva las cláusulas penales.	Las auditorías de competencia conllevan la revisión de correspondencia interna y externa de la empresa, incluyendo correos electrónicos, así como las actas de Juntas Directivas, que puedan aportar información sobre acuerdos anticompetitivos o intercambio de información con estos fines para periodo previamente determinado, revisión de los precios de lista de los diferentes bienes y servicios que provee la empresa para detectar alguna discriminación en contra de algún competidor, entre otros puntos contemplados en la Guía de Auditoría de Competencia, Resolución No. A-29 de 16 de junio de 2009.