domingo 4 de agosto de 2019 El movimiento 18 de febrero y el ‘annus horribilis' del presidente Ernesto de la Guardia Cansado de la corrupción y los abusos, el pueblo enardecido se tomó el Palacio Municipal de la ciudad de Panamá, despidió a los 15 concejales y asumió el mando de la comuna capitalina	El 18 de febrero de 1959, en horas de la tarde, una enardecida multitud formada por amas de casa, caballeros en ropas de trabajo, estudiantes universitarios y curiosos se reunía frente al Palacio Municipal, en la Plaza de la Catedral, para exigir la renuncia de los 15 miembros del Concejo Municipal de la ciudad de Panamá.	‘Somos la Junta Revolucionaria Municipal. Vamos a dirigir los asuntos de la alcaldía hasta que los concejales corruptos renuncien o sean reemplazados', anunció Marquez Briceño, un abogado que había ganado prominencia un par de años antes como defensor de un grupo de acusados en el juicio por el asesinato del presidente José Antonio Remón.	La manifestación había sido convocada en horas de la mañana por Ramón Pereira, un popular comentarista radial, quien durante varias semanas se había dedicado a denunciar en la estación de su propiedad —Radio Mía— los ‘chanchullos' que tenían lugar en la alcadía, como fuera revelado por una auditoría preliminar ordenada por el gobierno central de la República.	Con la cara llena de sangre y una herida en la cabeza, Pereira corrió al micrófono y, sin amedrentarse, hizo un llamado emocionado a la radioaudiencia, invitándolos a iniciar de inmediato una marcha hacia la alcaldía para exigir la renuncia de los concejales. Para su sorpresa, al salir a la calle, ya había unas 400 personas esperándolo.	Lo natural parecía que el grupo fuera desalojado del edificio de la alcaldía a la fuerza, pero el presidente de la República, Ernesto de la Guardia, solicitó al comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Valllarino, que dejara a los manifestantes tranquilos, probablemente por temor a repetir el ciclo de conflictos y represiones protagonizados el año anterior por los estudiantes y la misma policía.	Azuzados por los oradores que se turnaban en la plaza, los ciudadanos rebeldes hacían preparativos para una gran marcha. Mientras, los 15 concejales electos en el año 1956 se reunían en un lugar secreto de la ciudad y daban a conocer un comunicado en el que señalaban lo siguiente: ‘De acuerdo con el artículo 30 de la ley 8 del primero de febrero de 1954, se constituían en sesión permanente fuera del recinto del Palacio Municipal, intentando mantener la vigencia de la constitución, las leyes y el orden público'.	La ciudad parecía a punto de colapsar cuando, el viernes 20 de febrero, en horas del mediodía, el presidente de la República Ernesto de la Guardia se dirigió a la población en un discurso radial: ‘Pido a los concejales y suplentes, en aras de la tranquilidad pública, separarse voluntariamente de sus cargos para crear un ambiente más adecuado a la continuación de las investigaciones', señaló.	Esas fueron sus últimas palabras. Al finalizar su discurso, pasado el medio día, sus ayudantes lo pusieron al tanto de una triste noticia: mientras daba su mensaje, su madre, doña Isabel Navarro de la Guardia, moría, producto de una trombosis coronaria, haciendo guardia al lado de su esposo Ernesto ‘Neco' de la Guardia, que reposaba en una cama del Hospital Panamá.	Días después de que ese movimiento fuera sofocado por la Guardia Nacional, el país sufría la invasión de 80 cubanos que intentaban tomar el país, una iniciativa del diplomático Roberto Arias, su esposa Margot Fonteyne, y su primo Rubén Miró —el mismo que había estado implicado en el asesinato del presidente José Remón—.	En noviembre, un grupo de estudiantes acogía el llamado a ‘hacer una invasión pacífica' a la Zona del Canal, para exigir el reconocimiento de la soberanía panameña sobre este territorio. La iniciativa terminó siendo repelida por la policía de la Zona y el ejército norteamericano, produciendo una crisis diplomática y más de 80 panameños heridos.	Panamá era en 1959, junto con el resto del Caribe y América Central, una región dominada por la pobreza, la inmovilidad social y la inmadurez política.  Se hacían esfuerzos por una rápida industrialización, y los campesinos dejaban masivamente el campo para instalarse en la ciudad, que no reunía las condiciones para recibirlos. El país, como el resto del subcontinente, todavía dependía de la agricultura de subsistencia. La mayor parte de la República carecía de carreteras de acceso, de electricidad; la población padecía de  desnutrición y la educación era mínima.	En la década de los 50, todavía imperaba el patrón de la intriga y la conspiración, la represión y la sospecha. Pero el orden empezaba a resquebrajarse por la presión de una pequeña pero creciente clase media, que desafíaba el statu quo. Los estudiantes, intelectuales, jóvenes militares, exigían reformas sociales y una democracia más efectiva.	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