La intervención ejecutada en los últimos minutos del 19 de diciembre de 1989, y que mostró su mayor intensidad la madrugada del 20, provocó la mayor masacre de toda la historia republicana de Panamá. Treinta años después  no existen datos exactos sobre las víctimas. La Iglesia  católica contó 341 civiles; el Instituto de Medicina Legal, 255; organismos de derechos humanos, más de  mil.	Este caso, en particular, ha sido el más importante de mi vida. Así que para mí es sumamente importante estar aquí para apoyar a las víctimas. Y también para respaldar a la doctora Gilma Camargo —abogada que concluyó el proceso en la CIDH—, que por tantos años le ha dado seguimiento a este caso.	El caso tiene una importancia a nivel internacional. Las violaciones a la soberanía de los países es algo muy grave en el campo de derechos humanos. El caso de Panamá tiene un significado que se extiende más allá de sus fronteras porque refuerza los principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, hice mi mejor esfuerzo para que la causa de los panameños se conociera y se hiciera justicia.	Cuando llegamos empezamos a conversar con varios grupos de derechos humanos que mantenía cierta cantidad de información. También recibimos informes de la población civil, de la gente de El Chorrillo que fue afectada de una manera enorme durante la invasión y que denunció las violaciones. Y en eso encontramos una fosa común en el Jardín de Paz. Era una área amplia y no había duda de que era una fosa. Y la información que recibimos fue que había sido abierta para los muertos de la invasión. Allí, los soldados norteamericanos tenían la responsabilidad de lanzar los cuerpos, que eran también de personas civiles. Estaba muy claro que, durante la incursión estadounidense, la población civil sufrió un impacto tremendo.	Por la inmensidad de los daños. La CIDH establece que los Estados Unidos no asumió las medidas para investigar lo que estaba ocurriendo ni durante ni después de la invasión. Ellos violaron el derecho internacional. Incluso, la invasión ocurrió durante los días de fiesta, de la Navidad... Y creo que todo eso fue a propósito...	La comisión documenta los daños que se produjeron durante y después de la intervención. Y lo peor es que las víctimas aún siguen sufriendo. Muchas personas han muerto, sufrieron heridas, se violaron los derechos de las madres, de los niños. Se violó el derecho de la vida, a la propiedad, de un sin número de personas aquí en Panamá. Lo mejor es que tenemos un documento que confirma la violación a los derechos humanos.	Debido a la larga historia de intervenciones de los Estados Unidos en América Latina, hay muchas razones para pensar que los intereses del gobierno americano iban más allá de capturar a Noriega. Había otras medidas que Estados Unidos podía asumir para resolver un asunto en particular con el general Noriega. Los Estados Unidos ni siquiera consultaron a la Organización de las Naciones Unidas para pedir respaldo, un acción colectiva. Ellos asumieron por su cuenta esa acción tan grave que intervino en la soberanía de un país. Es algo muy fuerte, muy grave. A causa de eso la Asamblea de la ONU declaró que la invasión era una violación flagrante de la ley internacional.