La controversia se inició en el año 1946. Una vez se cumplió el primer aniversario del cese de la Segunda Guerra Mundial, Panamá solicitó al Gobierno de Estados Unidos la desocupación de las 130 bases militares que mantenía a lo largo del territorio nacional. Al incorporarse Estados Unidos a las hostilidades, en 1942, Panamá cedió a dicho país 130 sitios para que instalara bases militares destinadas a la defensa del Canal. Se convino que las bases serían devueltas a Panamá un año después de la finalización del conflicto. La guerra terminó el 15 de agosto de 1945 con la rendición incondicional del Japón.	En el seno de la Asamblea Nacional de Panamá, los doctores Ricardo J Alfaro y Octavio Fábrega sustentaron -con irrefutables argumentos- la validez jurídica del reclamo panameño. El Órgano Ejecutivo inició una difícil negociación diplomática y ante el empecinamiento del Gobierno estadounidense se convino reemplazar el Convenio de 1942, ya vencido, por uno nuevo que en esencia prolongaba la ocupación de ciertas bases, primordialmente la de Río Hato, por algunos años.	La Federación de Estudiantes, el Frente Patriótico y otras organizaciones políticas y cívicas se opusieron al nuevo pacto por múltiples razones, y principalmente porque en el año de l947, fecha del nuevo acuerdo, no se daban las condiciones contractuales previstas en el Tratado General de l936, entonces vigente, para negociar y otorgar facilidades para la defensa del Canal. En efecto, la cláusula X del Tratado General de 1936 condicionaba toda cesión de bases a la real existencia de una conflagración universal o de un peligro de guerra, y ambas condiciones no existían. Los opositores del nuevo convenio se aferraron al argumento jurídico expuesto.	La lucha fue tenaz y patriótica. El 22 de diciembre de 1947 la Asamblea Nacional rechazó por unanimidad el Convenio de Bases sometido a su consideración. Esa misma noche el presidente Truman, de Estados Unidos, ordenó la evacuación de todas las bases militares ubicadas fuera de los límites de la llamada Zona del Canal.	Lamentablemente, la poca consistencia y la mucha complacencia llevaron a algunos sectores políticos a desconocer, muy pronto, la gesta del 12 de diciembre al aprobar la Asamblea Nacional de 1955 el tratado negociado durante el gobierno de José Remón. En una de sus cláusulas se concedía en arriendo a Estados Unidos la base militar de Río Hato, por un término de 15 años prorrogable, para la defensa del Canal.	Esta clase de ambigüedades en la diplomacia panameña abunda en exceso. Sobre todo porque los gobiernos de Estados Unidos han sabido torcer la mano en la conducción de la política exterior panameña, en cada ocasión en que deben primar sus intereses. El Tratado de 1936, por ejemplo, dio un paso efectivo en el campo de la soberanía al establecer que la cesión de nuevas tierras para la defensa y mantenimiento del Canal debía ser materia de convenio; es decir, debía contar con el consentimiento previo de Panamá. Sin embargo, mediante un canje de notas del 1 de febrero de 1939, Panamá aceptó que en la eventualidad de una emergencia súbita, Estados Unidos hará frente a la emergencia y tomará unilateralmente las medidas necesarias para enfrentar la dificultad. ¿Quién califica la emergencia como súbita? ¿Cuáles eran los criterios de evaluación? Me imagino que los diplomáticos panameños de 1939 no veían ningún peligro en lo acordado en el canje intervencionista y si acaso causaba alguna preocupación, allí estaba para ellos, como valium perpetuo, las viejas declaraciones del presidente Teodoro Roosevelt quien ofrecía a Panamá seguridad, paz, progreso, justicia y un trato respetuoso de República y no de colonia.	En la misma dirección, al aprobar Estados Unidos el Tratado de Neutralidad, se acordaron enmiendas que colocaron a todo el país, a perpetuidad, bajo el paraguas del Pentágono. Es obvio que dentro del espíritu del 12 de diciembre de 1947, es una asignatura pendiente de la nación panameña eliminar todo compromiso que lesione la soberanía y sobre todo si tal compromiso no sufrió los trámites, para su aprobación, establecidos en la Constitución panameña. La misma apreciación mereció, en su hora, el punto 7 del Anuncio Conjunto emitido el 7 de febrero de 1974 por los encargados de la política exterior de Panamá y de Estados Unidos al someternos, el referido punto 7, al riesgo de reconocer la legalidad del enclave guerrerista que venía operando en la Zona del Canal sin el consentimiento de Panamá.	En verdad, el tiempo sigue su marcha y quienes actuamos en 1947 vemos que han transcurrido 55 años de aquellas jornadas tan patrióticas como llenas de amor por el país. Lo esencial es aceptar que por la existencia de algunos acuerdos residuales, propios del viejo “Panamá cede”, la lucha por el perfeccionamiento de la soberanía patria todavía continúa. Empeñarnos en esa lucha es un homenaje al significado histórico del 12 de diciembre de 1947. Es apenas honorable reconocerlo.	Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.