Las manifestaciones en Chile, que se iniciaron el 18 de octubre tras el aumento en la tarifa del metro de Santiago y se convirtieron luego en un clamor contra el desigual modelo económico del país, han dejado al menos 23 muertos -5 de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado- y más de 2.300 heridos, de los cuales más de 220 presentan traumas oculares severo, según organizaciones locales.	Respuesta (R): Es lamentable. Nosotros hemos tenido que enviar a nuestro equipo de crisis, un equipo que cubre generalmente situaciones de gran magnitud y que este año ha estado en Honduras y en Venezuela, países donde generalmente vemos una constante de violaciones a los derechos humanos. En Chile, efectivamente, ha habido una intencionalidad de lastimar a las personas para intentar silenciarlas.	Por un lado, por supuesto que hay un factor sorpresa. No esperábamos que el Estado respondiera de esta manera tan brutal y atroz, pero por otro lado tampoco es tan sorpresivo porque durante años hemos venido denunciando casos de abusos policiales por parte de los Carabineros en manifestaciones de mapuches (el mayor pueblo indígena del país).	R: Lo que estamos pidiendo son investigaciones que tomen en consideración que esto se trata de ataques generalizados en contra de la población. Decimos que son generalizados porque se requiere de un nivel sofisticado de coordinación para mantener la represión por tanto tiempo y en diferentes lugares. No es suficiente investigar a quien cometió directamente la violación a los derechos humanos, también se tienen que investigar a los mandos que o bien ordenaron o bien toleraron los atropellos.	R: El presidente es responsable, primero y sobre todo, porque es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de toda la población en Chile. El llamado inmediato que nosotros le estamos haciendo es que tiene que detener la represión. Tanto su discurso como las acciones de Gobierno, han generado condiciones para que se cometan estas violaciones a los derechos humanos.	R: No podemos dejar a un lado los precedentes históricos nefastos que existen en nuestra región y particularmente en Chile. No se ha podido garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de una dictadura que pareciera lejos en el tiempo, pero que en realidad se terminó hace solo 30 años. Ver a militares en las calles, cuando todavía hay generaciones enteras que vivieron la dictadura, sin duda alguna es una locura.	R: Esta es una solicitud histórica de las organizaciones de derechos humanos y que tiene que ver con la refundación de la Policía. Una reforma que va desde las cosas más superficiales, como el entrenamiento o la reorganización, hasta la naturaleza misma de los Carabineros, que tiene que ser totalmente civil y alejarse de la historia reciente de una policía militarizada.	R: Tristemente, Chile se anota el récord. He estado documentando situaciones de represión violenta en países como Nicaragua, donde más de 320 personas fueron asesinadas el año pasado en protestas, o Venezuela, pero nunca habíamos visto algo así. Esto nos habla precisamente de ese patrón regular y constante que ha tenido esta represión violenta.	R: Amnistía Internacional confía en las instituciones del Estado. Nos parece que la Fiscalía ha realizado una gestión apropiada, ha iniciado investigaciones que tienen que extenderse a los mandos, pero sin duda confiamos en la institucionalidad y en el poder judicial. Esperemos que esté a la altura y que pueda garantizar precisamente el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.