El presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores (Acobir), Luis Eduardo Pimentel, manifestó estar en desacuerdo con la modificación a la Ley 31 del 18 de junio de 2010, que establece el Régimen de Propiedad Horizontal (PH), así como del anteproyecto de Ley que dicta medidas con relación a los depósitos de garantías, en los arrendamientos de bien inmueble y de otras disposiciones.	De acuerdo con la diputada la finalidad o función que sirvió de base para la creación del depósito de garantíq, se ha visto “diluida” con los años, ya que tarda en retornar ese dinero al arrendatario, aun cuando se hace la solicitud a la dirección por parte del arrendador. “El poco dinamismo descrito ha creado una morosidad que se estima en unos $25 millones”, expresó la funcionaria en el documento.	En la propuesta, la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), precisó que los $25 millones , producto del depósito de garantía, no son dinero público, sino que los mismos son depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, y los intereses que devengan de esa suma son apropiados “ilegítimamente ” por el Estado , en detrimento tanto de arrendadoras como de los arrendatarios.	“Esta propuesta es producto de la información recopilada y analizada de varios documentos previos, consultoría pagada por el Miviot en el 2012, instrumento confeccionado en la pasada administración consensuado con abogados y gremios, experiencia del personal dentro de Miviot y las observaciones de entidades estatales como la Autoridad Nacional de Tierras, el Registro Público y el Municipio de Panamá”, dijo Espinosa.