Desde que era muy pequeño, Juan Carlos Araúz supo que quería ser abogado, pues le gusta mucho leer, escribir y comprender los problemas. Veía que los profesionales del derecho de entonces tenían esas cualidades, por lo que un día, cuando aún estaba en la escuela primaria, les dijo a sus padres: ‘Quiero ser abogado'.	Efectivamente, aquel niño se convirtió en profesional del derecho y hace pocos días fue electo presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), rol que ya había ejercido de manera interina. Le apasiona litigar y gerenciar pleitos, pues piensa que es la parte más activa del ejercicio profesional que permite conocer al individuo en su esencia natural.	Se trata de una persona generadora de diálogo, que se preocupa por entender el rol de quien esté frente a él para comprender su papel en las distintas situaciones. No obstante, es de los abogados que piensan que es más conveniente llegar a un acuerdo, aunque no sea muy ventajoso, y evitar los pleitos por ser costosos y de resultados inciertos.	No me sorprendió. La clase forense se ha venido formando con una visión individualista; la apatía hacia los temas colectivos es uno de los mayores retos que enfrenta la abogacía panameña. Desde el cercenamiento de la colegiatura al CNA, en 1994, se ha ido agravando el problema; ahí inició la ruptura del modelo colectivo.	El poder político ha elegido un mecanismo y ya se encuentra en el proceso de desarrollo; por ahora toca evaluar si realmente el mismo en su contenido aporta lo que requiere el país o no; de no tener ese aporte para transformar, siempre tendrá vigencia el mecanismo más amplio, que es la constituyente, pero son procesos que deben lograrse con reflexiones colectivas y no con posiciones individuales.	Desde mi óptica sí lo ha perdido. Y lo ha perdido desde el momento en que el Órgano Judicial depende del poder político para marcar su hoja de ruta. Aquí los representantes del Órgano Judicial tienen que andar en constante ruego por mayor presupuesto; se crean tribunales sin que se puedan poner en ejecución; hay necesidades de auxilios legislativos que nunca llegan; adicionalmente, habría que pasar revisión desde la acumulación de nombramientos de los magistrados titulares y suplentes que no se han hecho, además de la imposibilidad de elegir una junta directiva en firme. Hay que ver, también, todas las dificultades que ha tenido ese órgano del Estado para lograr que se le otorgue el presupuesto para la implementación de la Ley de Carrera Judicial.	Estoy de acuerdo por su naturaleza de justicia especializada, pero no hay que confundirlo con un mecanismo que va a resolver los problemas actuales de lentitud en los tribunales. Si queremos que la Corte produzca mejores resultados, hay que analizar la cantidad de población que se atiende y comparar la estructura que ha estado idéntica desde inicios de la República; hay una sala de casación laboral pendiente de habilitar, incluso existe la necesidad de nombrar más magistrados por salas y, en general, realizar una medición objetiva de lo que se puede hacer desde la productividad de cada despacho.	En todo momento debemos exigir que las denuncias sean en los canales institucionales y no en los medios de comunicación, como ocurrió. Ambas autoridades deben propiciar que la comunicación a futuro impida que se repitan estos hechos, en los cuales los dos tienen su responsabilidad. No se trata de que alguien gane o pierda, lo importante aquí es el fortalecimiento de nuestras instituciones.	Cada día el ciudadano confía menos en la resolución de conflictos por los mecanismos institucionales, eso trae consigo la necesidad de crear herramientas ágiles que devuelvan la confianza pública; la Acción de Tutela permite un control, no solo sobre actos de funcionarios, sino también de los particulares. Son iniciativas positivas hasta que tengamos soluciones más estructurales. Vamos a presentar un proyecto sobre el tema en las próximas semanas.	La justicia es un servicio público y como tal debe ser eficiente; se debe poder controlar la calidad de la justicia. Hay que tener presente que el modelo anterior (inquisitivo) causó demasiados daños a la sociedad y por eso el cambio, solo veamos el fallo reciente de la Sala Tercera que condena al Ministerio Público por la prestación defectuosa del servicio de administración de justicia. Sin embargo, como todo sistema, si todos los engranajes no funcionan adecuadamente, llega la ineficacia del mismo. Urge un diálogo franco y abierto para presentar un catálogo de temas a modificar y actualizar; dar mayor profesionalización a la justicia cobra vital importancia en el nuevo modelo. Desde ya convoco a todos los abogados del país a enlistar los temas que han probado requerir un cambio.	La justicia enfrenta los límites de la ley. Casos como Odebrecht siempre han demostrado la necesidad de auxilio legislativo en muchos aspectos. El sistema no puede producir decisiones que, aunque necesarias, están fuera de los presupuestos de lo que se conceptualizó en los procesos. La población tiene mucho interés por el caso Odebrecht, sobre todo por el tema de la confesión por parte de la empresa de que sí se dieron actos de corrupción en varias administraciones. Sin embargo, a pesar de estas evidencias y experiencias de otros países, aquí no pasa nada.	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