Todas las instituciones autónomas y semiautónomas, municipios, autoridades gubernamentales, instituciones o dependencias del Estado, podrán realizar consultas a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) a fin de que emita concepto, cuando consideren que dentro del ámbito de sus atribuciones o decisiones pudiera verse afectada la libre competencia o los intereses de los consumidores, al igual que cuando tengan a bien formular anteproyectos de ley, reglamentos, decretos, resoluciones, o negocien acuerdos, convenios o tratados internacionales.	Sin perjuicio de lo anterior, la Acodeco podrá, en todo momento, emitir recomendaciones de oficio, dirigidas a los agentes económicos, asociaciones, instituciones educativas, entidades sin fines de lucro o de la sociedad civil, y ante cualquier organismo o entidad de la Administración Pública, cuando dentro de su ámbito de ejercicio o atribución realicen actos que tengan que ver con la libre competencia y libre concurrencia o pudiesen ponerla en riesgo. Estas recomendaciones de oficio o abogacías de la competencia, son parte de las funciones que debe realizar la Acodeco, en aras de promover, fortalecer y salvaguardar las condiciones de libre competencia en el mercado.	Conviene distinguir entre la simple ‘consulta' y la denominada ‘consulta de viabilidad'. La primera es aquella de carácter general y que cualquier persona natural o jurídica puede realizar. La segunda, consiste en una consulta de carácter específico, a través de la cual se busca analizar si la realización de una determinada conducta dentro de un mercado relevante, resulta viable para un agente económico, de conformidad con los principios y normas que rigen la libre competencia y libre concurrencia.	La Ley 45 de 31 de octubre de 2007 le reconoce a la consulta de viabilidad, un procedimiento que exige del agente económico, la presentación de una serie de información y/o documentación específica relacionada con la conducta que busca realizar el agente económico y el mercado pertinente o relevante dentro del cual se va a realizar esta conducta, que siendo clara y suficiente, permita la realización del análisis técnico que lleve a declarar la viabilidad de la conducta -de no ser contraria a las normas que protegen libre competencia y libre concurrencia-, y en caso contrario, su no viabilidad. La consulta de viabilidad solo puede ser solicitada por quien tenga la calidad de agente económico, a diferencia de la consulta, que puede ser solicitada por cualquier persona natural o jurídica.	El plazo señalado en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, para resolver la consulta es de 30 días contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud. En el caso de la consulta de viabilidad, ésta deberá resolverse dentro de los 30 días siguientes a su presentación, entendiéndose presentada, a partir de la fecha en que el Administrador emita la resolución de recibido a satisfacción de la información y/o documentación que deba aportar el agente económico.	Más comentado La llorona del 4 de agosto del 2019 Presupuesto del Ministerio de Cultura será siete veces mayor al asignado al Inac Sector público y privado se unen para potenciar a Panamá como ‘hub' digital El movimiento 18 de febrero y el ‘annus horribilis' del presidente Ernesto de la Guardia El ‘Súper Cholo' derrocha calidad en los Panamericanos	Ver más Zulay acepta eliminar artículo 13 de anteproyecto migratorio Extranjeros en Panamá se preparan para contrarrestar iniciativa de Zulay Rodríguez Revelaciones inéditas de Arturo Ramírez sobre la muerte del general Torrijos Gobierno de Varela intentó instalar  al MEF y al MICI en Soho Mall Trump urge a la Fed a actuar para mantener la competitividad con China y la UE