sábado 25 de mayo de 2019 La Constituyente y sus paradojas ‘La llamada Constitución de 1972 no representa la voluntad de la Nación. Los personajes que la expidieron nunca fueron elegidos para una tarea constituyente y pertenecían, exclusivamente, a las fuerzas que mediante un golpe de Estado usurparon el ejercicio del poder público', escribió el Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia ‘El Patriota', en una columna publicada originalmente el 13 de abril de 2002	El debate sobre una Constituyente que expida una Constitución nueva y moderna no se agota en nuestro medio. Lo que se busca es una Constituyente democrática, integrada por todos los sectores políticos y sociales. Los que combaten la idea arremeten contra una tesis no invocada por los gestores del ideal constituyente. Es falso, dicen, que la Constituyente resolverá los problemas del país. Es obvio que semejante pretensión es falsa. El planteamiento que no enfrentan los adversarios de la Constituyente es uno de simple rigor democrático: toda Constitución para que lo sea debe representar la voluntad de la Nación.	Las fuerzas políticas desplazadas y los sectores sociales organizados no participaron en la elaboración, discusión y aprobación del nuevo texto. Además, los dirigentes políticos de la oposición democrática se encontraban desterrados o encarcelados. Igualmente, las libertades públicas estaban expresamente excluidas de los derechos ciudadanos. De modo que el texto constitucional de 1972, todavía vigente, es un trofeo de guerra de los cuarteles.	Se ha indicado que la Constitución de 1972 ya no debe llamarse así porque las reformas de 1978, de 1983, de 1993 y de 1994 dieron nacimiento a una nueva Carta Magna. Se ha indicado que los plebiscitos convocados para que el pueblo se expresara convalidaron las reformas incluyendo el mismo documento de 1972. Observaciones muy interesadas e inexactas.	La Constitución que hoy nos rige es la Constitución expedida por el gobierno militar, a pesar de sus reformas. La Constitución de los Estados Unidos, aprobada en el siglo XVIII, tan sometida a reformas o enmiendas sigue vigente y se le conoce como la Constitución de aquella fecha y así será por los siglos de los siglos, mientras no se sancione una nueva Carta aprobada por una Constituyente. La Constitución centralista de Colombia de 1886, con todas sus reformas, múltiples, siempre se le conoció como la Constitución de 1886 y no como la Constitución de la fecha de sus reformas y fue así hasta el día, muy reciente, que una Constituyente expidió una nueva Constitución.	Al sucumbir la dictadura militar en 1989, siempre pensé que el nuevo gobierno convocaría una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando observé que el ?triunvirato? gobernaba con decretos con fuerza de ley y que, por tanto, transitaba por razón de fuerza mayor al margen de la Constitución de 1972, entendí que la convocatoria de una nueva Constituyente era cuestión de días. Sin embargo, otra fue la realidad. Pienso que privó el deleite que producía el control de las mayorías parlamentarias de parte de los partidos que formaron el nuevo gobierno.	En el camino de lograr una Constituyente y una nueva Constitución política que responda a la voluntad de toda la Nación se han alcanzado algunos pronunciamientos estimulantes y orientadores. A la cabeza de ellos se encuentra uno del congreso nacional del Colegio de Abogados. En ese mismo camino y con una contribución concreta, el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, bajo la dirección del doctor Miguel González Marcos, elaboró un proyecto de Constitución que en su forma y esencia constituye un documento de trabajo digno de encomio.	Si la Constitución colombiana de 1863, la de Río Negro, recibió en su momento los elogios de Víctor Hugo, el proyecto del Instituto de Estudios Nacionales, de haber vivido en esos días el padre del constitucionalismo panameño, el maestro José Dolores Moscote, hubiera ponderado tan excelente proyecto constitucional que abre avenidas para el desarrollo de un Estado moderno y democrático.	En lo personal considero que los partidos democráticos o civilistas jamás producirán la iniciativa para alcanzar una Constitución que responda a la voluntad de toda la Nación. Sólo queda como recurso seguir pensando que la Constituyente es para la crisis lo que el antibiótico para las infecciones. De modo que la única alternativa para lograr una Constituyente guarda relación directa con la profundización de la crisis integral que azota la región.	Sin embargo, como este país es dado a lo contradictorio, no me extrañaría que se repita en cualquier momento la onda sorpresiva y enigmática de finales del 2001 que produjo el siguiente cuadro: el PRD sugiere en la Convención Arnulfista un diálogo nacional y a renglón seguido rechaza el presupuesto de Rentas y Gastos del 2002; el diálogo prosperó, pero ahora encontró su parsimonioso embudo en la Asamblea Legislativa dominada por el PRD; la bancada del PRD es acusada por el legislador Afú de corrupta, y de inmediato, en abierto desafío, los legisladores acusados se levantan la inmunidad y consiguen que Afú se sienta acusado y acosado por el Ministerio Público.	En este camino de golpes sorpresivos, ante tantos vacíos de iniciativas históricas trascendentales, lo único que falta es que el PRD se convierta en partidario de la solución constituyente. ¿Acaso la historia del constitucionalismo en América no enseña que las constituyentes han sido constantes y que no constituía obligación para los sucesores o delfines respetar las Cartas Magnas preexistentes?	Al nacer la República en 1903 se convocó una Asamblea Nacional Constituyente integrada por conservadores y liberales. Los conservadores que dirigieron la nueva República llevaron mensajes a la Constituyente de absoluto respeto a todas las ideas. Existe una nota de los próceres que ignoró absolutamente la dirigencia militar de 1968. La Junta de Gobierno de 1904 dijo a los constituyentes: ?La Constitución de un país como en otro momento hemos tenido ocasión de observar, no es, no puede ser, la obra exclusiva de un partido político?. La Constitución de 1972, no llegó a ser ni siquiera la obra de un partido político. Todos estaban disueltos por mandato de la dictadura. Fue obra de usurpadores del poder público. Pero paradójicamente es la obra que hoy por hoy cuenta con el respaldo muy afectuoso de los partidos democráticos o civilistas panameños.	Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.	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