Red de Derechos Humanos exige debido proceso en el caso de Castillero La Red de Derechos Humanos de Panamá, conformada por 22 organizaciones, se puso en pie de guerra ante las intenciones de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, de iniciar un proceso para remover al defensor del Pueblo, Alfredo Castillero, por supuesto acoso sexual y laboral.	Castillero fue denunciado por un supuesto caso de acoso sexual. Denuncia que se presentó ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea. El escrito daba cuenta del supuesto acoso a varias colaboradoras de la institución a quienes, según la diputada Zulay Rodríguez, quien preside la Comisión, se les solicitaban favores sexuales para conservar sus puestos de trabajo.	No obstante, la red de Derechos Humanos recordó que la Asamblea solo puede remover al defensor, según la Constitución, por causales puntuales, mas no por la comisión de un delito. Las causas se limitan a una incapacidad física o psíquica, negligencia notoria o incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en la Ley 7 de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo. Por ende, la Asamblea no tiene la facultad de destituirlo a raíz de las denuncias presentadas.	En la investigación que elaboró la Comisión en contra del defensor, que consta de más de mil fojas, según Carlos Lee, al señalado no se le ha permitido hacer sus descargos, ya que las pesquisas mantienen carácter reservado y únicamente los diputados que integran la Comisión conocen su contenido. “No podemos presuponer que se actúa con la transparencia que se requiere y con la neutralidad que se requiere”, remarcó Lee.	“La funcionaria que logró presentar esta denuncia, que trabaja en la Defensoría, y está pagada por la Defensoría, fue protegida gracias a la intervención de la propia institución, mal se le puede decir que hay incapacidad o negligencia notoria en la protección de los derechos humanos”, añadió Lee, en voz de las organizaciones.	De igual forma, alertaron que de concretarse la separación del actual defensor, es imprescindible garantizar la autonomía y no injerencia del partido gobernante en el futuro nombramiento de un nuevo funcionario. Por tanto, solicitaron a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia que reciba las candidaturas de los interesados en el cargo y que escoja una lista corta de aspirantes para luego enviarla a la Comisión de Credenciales de la Asamblea.	De concretarse las intenciones de la Comisión, Castillero sería el tercer defensor que pierde la titularidad. En 2006, el abogado Liborio García perdió su efímero cargo (marzo-junio 2006) cuando fue denunciado por violencia doméstica. En aquella ocasión, la Asamblea nombró una comisión ad hoc para presentar al Pleno sus consideraciones. García fue removido del cargo por incurrir en situaciones de incompatibilidad para el ejercicio del cargo.