Un pronunciamiento se realizó por parte de la Red de Derechos Humanos de Panamá entorno a la crisis política e institucional que atraviesa la Defensoría del Pueblo, reacción que surge luego que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa pidiera la remoción del cargo de Alfredo Castillero Hoyos.  Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia señaló que es evidente que el manejo de la Asamblea Nacional hacia el tema de la Defensoría del Pueblo es inapropiado, ya que ellos no tienen la competencia para investigar al defensor.  Magalis Castillo, abogada e integrante de esta red considera que las denuncias que se han hecho contra este funcionario deben investigarse, pero según la ley esto es potestad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).  El actual Defensor del Pueblo negó las acusaciones por acoso sexual, laboral y supuesta negligencia e indico no haber tenido acceso al expediente que maneja la AN con las supuestas denuncias.  Olga De Obaldía, de la Fundación por el Desarrollo de Libertad Ciudadana capitulo Panameño de Transparencia Internacional dijo que es importante que estas instituciones se mantengan neutrales y no sean politizadas.  De concretarse la separación del funcionario, la Red de Derechos Humanos de Panamá pide que la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, reciba la candidatura de aquellas personas interesadas en este cargo y posteriormente sea enviado a la Comisión de Credenciales para su tramitación correspondiente.