Este grupo fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de ser presuntos miembros de una red de corrupción dentro del SPN, que junto a particulares ordenaban medidas cautelares, como excarcelación y traslados, rebaja de penas y alteración de documentos a detenidos en las cárceles La Joya, La Joyita y el Centro Femenino de Rehabilitación.