Al cierre de las consultas, el nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS) se presentó a la AN con su propuesta de nuevo Título Constitucional sobre la CSS. Se acepta que la Caja debe contar con el tratamiento especial de un título del nivel de la Carta Política del país, pero como eso no es suficiente, veamos algunos aspectos de metodología y fondo que saltan a la vista y permiten formularle críticas puntuales a la iniciativa.	Sobre la METODOLOGÍA. La Caja, por su complejidad, no debería ser parte de un paquete de reformas parciales a la Constitución y menos si tiene déficit de consensos. La Caja debe ser tema en el contexto de una nueva Constitución sobre la base de un amplio debate nacional. El proponente indica que la finalidad del nuevo Título es llevar la administración de la CSS al esquema que rige en la administración del Canal de Panamá. Pero olvida que al Título del Canal se llegó luego de un debate nacional, y con la Caja se camina en vía contraria, porque no hubo consulta interna y se descartó una encuesta nacional similar a la que se aplicó en el caso del Canal, al asumirse que la sola importancia de la CSS basta para elevarla a rango constitucional.	Pero con apuro nos exponemos a errores. Un cambio en la caracterización de la Caja, sin medir ni calcular su mérito, no es tarea del director, porque las políticas de la CSS para su funcionamiento, mejoramiento y modernización (Ley 51 de 2005) las fija y determina su Junta Directiva. Y en este caso la propuesta del director no tuvo espacio ni tiempo para que fuera examinada por esa máxima instancia colegiada de Gobierno.	Sobre el FONDO. Partamos de una verdad de Perogrullo. La autonomía de una institución (que ya la Caja tiene) no depende exclusivamente de una norma jurídica. Si el principio de autonomía se recalca en la Carta Magna tampoco significaría que el asunto queda resuelto. Todo dependerá de que sus directivos y dueños (trabajadores y empresarios) tengan la carne y sangre para no dejarse enredar en las triquiñuelas politiqueras del Gobierno de paso. El problema de la Caja no es, ni ha sido, legal o constitucional. Lo que ha pasado con la Caja es que ha sido, y es, una víctima recurrente del mangoneo político-partidista.	1. En lugar de constitucionalizar los valores rectores de la Caja para preservar su naturaleza y fines, entre ellos: lo de la solidaridad, equidad o el de la transparencia, la sugerencia del director se ocupa de minucias sobre la designación de los representantes de los sectores que forman parte de su junta directiva o sobre el régimen laboral que le sería aplicable a sus funcionarios. Esas materias son más propia de leyes o reglamentos para facilitar la operatividad de su máxima autoridad o para la administración de su personal. De concretarse la reforma, la misma supondrá un nivel de inmovilización en perjuicio de los sectores sociales que tienen representatividad en la Junta Directiva, porque para cualquiera adecuación en sus reglas habría que esperar otra reforma constitucional, y, por otro lado, nada trascendente en lo laboral que no pueda solucionarse a través de algún mecanismo legal idóneo.