En su demanda, Waked exige que el BNP le pague $1,269 millones por daños y perjuicios, tras considerar que hubo una presión ‘indebida' del Gobierno y del BNP en su actuación como fiduciario en dos fideicomisos a los que el empresario traspasó los bienes de Felix B. Maduro y Soho Mall, tras sanciones impuestas por Estados Unidos.	Según De León, si se da el peor escenario (aunque lo consideró improbable), con el monto de la demanda interpuesta por Waked por $1,269 millones y el capital del Banco Nacional de Panamá que supera los $800 millones, no habría manera alguna de hacerle frente a este reclamo, sino declarar en una quiebra técnica a la entidad bancaria.	Araúz expresó que el comportamiento de toda autoridad debiese ser el respeto, ya que el que demanda tiene el derecho de ser oído, a presentar pruebas y a reclamar ante la Sala Tercera, que es el tribunal competente, pero no crear condiciones adversas de predisponer un efecto negativo, cuando lo que busca todo demandante es una respuesta institucional.	Para el exdirectivo del CNA, el Estado panameño no tiene una capacidad de litigar desde el punto de vista de que los litigios se administran, se gerencian, y ‘cuando salen instituciones aisladas a dar versiones, lo que pareciera ser es que sí hay un temor de que esa demanda prospere y cause un resultado'.	De igual manera, Araúz afirmó que no es posible la quiebra del Banco Nacional, e indicó que esta entidad bancaria es del Estado panameño y es el Estado panameño quien en última instancia, por los montos y los valores de que se hablan en este reclamo, tendrá que buscar la fórmula adecuada para respaldar esos créditos, en caso de darse un fallo favorable al demandante.	En tal sentido, el también abogado Ernesto Cedeño manifestó que lo expresado por De León fue un mensaje de perturbación en el sentido de que la gente se puede preocupar y puede hasta causar un caos económico en la ciudadanía y en algunos otros países pudiera obligar o motivar a los cuentahabientes a sacar su dinero.	En tanto, el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), Raúl Rodríguez, expresó que cuando alguien ve afectados sus derechos, ante la acción de un gobierno que no ha cumplido lo que establece la Constitución de proteger los bienes y la honra de los ciudadanos nacionales o extranjeros, tiene que actuar.