viernes 14 de junio de 2019 Andorra investiga si FCC pagó sobornos para conseguir obras en Latinoamérica por $487.0 millones En Panamá la constructora se adjudico cinco proyectos que se ejecutaron entre 2010 y 2014 por el orden de $414.3 millones, es decir, unos 369.2 millones de euros	La Policía de Andorra indaga si el contrato que firmó la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con un abogado de Panamá ocultó un esquema de pago de sobornos. Se trata de un documento que tiene nueve páginas, fue firmado el 28 de abril de 2010 en Madrid y refleja comisiones del 4% por obra. Las adjudicaciones públicas por valor de 434 millones de euros ($487.0 millones al cambio de hoy) están en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, según dos recientes informes confidenciales de los investigadores de ese Principado a los que tuvo acceso y publicó este viernes	Gracias a las gestiones del abogado, FCC consiguió proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros), la sede del Tribunal Electoral (27.6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— o la rehabilitación del puente Centenario (27.6). También captó en Nicaragua la ejecución del Complejo Judicial Central de Managua (13.8), el tramo cinco de la carretera Longitudinal Norte de El Salvador (31.2) y la mejora de la ruta nacional tres de Costa Rica (19.7).	Cort fue condenado el pasado año por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América. La Policía de Andorra rastrea sus movimientos. El motivo: Las cuatro cuentas que este letrado de 49 años manejó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) cobraron fondos millonarios de la constructora brasileña, según los investigadores.	Además, los agentes del país pirenaico analizan la conexión entre FCC y Odebrecht y la figura de Cort como nexo entre ambas compañías. Y apuntan a proyectos donde participaron las dos firmas, como la Línea 1 del Metro de Panamá. Un consorcio de Odebrecht y FCC ejecutó en 2010 esta obra de 1,500 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción de España también ha puesto el foco sobre esta infraestructura en una investigación.	Por parte de FCC Construcción suscribieron este acuerdo, que tuvo una duración de tres años, los entonces directores de América Latina y de Administración y Finanzas. Cort no apareció en el contrato. Sí lo hizo su sociedad Arados del Plata SA, de la que el abogado tiene el 100% de las acciones, y Juan Carlos Siekavica, un “testaferro” del letrado, según un informe de la Policía de Andorra del pasado tres de abril.	"Los contratos no eran negociados por los firmantes. Se contrató a Cort porque facilitaba los accesos y canales para obtener las obras. Hasta donde yo sé no tengo constancia de que se hiciera algo malo. Es normal contratar a gente de otros países como interlocutores", señala uno de los firmantes, hoy fuera de la constructora.	De hecho, la Policía de Andorra tiene acreditado que Cort usó su sociedad Arados del Plata SA para cobrar en la BPA $3.5 millones (3.1 millones de euros) por trabajos de intermediación a favor de FCC. El propio Cort justificó ante los gestores de este banco que el dinero procedía de la multinacional española, según un acta confidencial de la institución financiera del 7 de mayo de 2013. En el documento, la entidad duda de que el dinero que Cort movió en este país pirenaico blindado hasta 2017 por el secreto bancario fuera de él.	FCC ha indicado a este periódico que ninguno de sus directivos y empleados está siendo investigado en Andorra por este caso. Y que los ejecutivos que suscribieron los contratos con Cort han abandonado la compañía. “FCC no hace comentarios sobre investigaciones judiciales en curso de las que no es parte. FCC presta cuanta colaboración le es requerida por órganos judiciales”, dice la constructora en un correo.	Cort eligió para depositar sus fondos la BPA, una entidad propiedad de los hermanos Higini y Ramón Cierco intervenida en marzo de 2015 por las autoridades de este país de 77,000 habitantes por un presunto caso de blanqueo de capitales. El banco abrió supuestamente decenas de cuentas a clientes sin advertir su condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.	La trama Odebrecht, el presunto blanqueador asiático Gao Ping o los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA eligieron esta institución financiera andorrana para ocultar su botín. En la denominada causa Petróleo, que indaga el expolio de la energética estatal venezolana, están procesados el que fuera director general y consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel y el exdirector de la Oficina Internacional de este banco Pablo Laplana.	En el marco de una investigación del ministerio público español sobre adjudicaciones de FCC y Odebrecht en Panamá, Tacla indicó que los pagos (sobornos) a los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) se canalizaron a través de la constructora española mediante operaciones de compensación (un sistema de blanqueo de capitales).	Según el informe de la Policía de Andorra: “Las manifestaciones de Tacla tienen aspectos bastante interesantes y de credibilidad respecto a la colaboración de Cort como puente de transacciones para ordenar pagos de sobornos a miembros del Gobierno panameño, abonos ilícitos, donde tanto nuestra investigación como las indagaciones internacionales consideran que FCC tenía un papel relevante. Las operaciones no señalan directamente a FCC. A nuestro entender, por lo que respecta a los beneficiarios finales, [la constructora española] se escuda o utiliza intermediarios y transacciones por compensación".	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