La Fiscalía de Circuito de la Unidad de Fe Pública, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, pidió llamamiento a juicio para trece personas por falsedad de documentos y delito contra el patrimonio económico (estafa agravada), en el caso de las fincas que servían como garantía para otorgar libertad bajo fianza de excarcelación y hipotecarias.	Este proceso tuvo su génesis con una carta que remitió el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, a la entonces procuradora de la Nación, Ana Belfon , el 28 de noviembre de 2014, donde aseguraba tener conocimiento de que una sociedad estaba ofreciendo fincas para consignar fianzas.	Las propiedades se encontraban ubicadas en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé. Y fueron segregadas de una finca madre, en 193 lotes, con un supuesto valor de $400 mil. Por último, el entonces presidente de la Corte Suprema decía en la nota que ninguno de los lotes parcelados tenía las mejoras declaradas, como constaba en resoluciones de catastro, emitidas por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. El 9 de diciembre de 2014, se declaró abierta la investigación.	Estas mejoras que, entre otras eran siembra de plantones de árboles maderables y pasto mejorado, permitieron aumentar el valor de las propiedades hasta en $100 mil y $150 mil. Pero después de una inspección ocular de la fiscalía, se determinó que eran terrenos baldíos, de vegetación densa, sin cultivos ni edificios.	Al momento de la inspección no se observó desarrollo de alguna actividad o uso de suelo y la vegetación hacía difícil el ingreso a las propiedades. Tampoco se observaron lotes segregados de acuerdo con el plano de parcelación rural agroforestal de la finca madre. La finca madre fue estimada en $44,783.25, según la vista fiscal.