Ya decíamos en artículo anterior, aparecido en edición de este diario el 19 de marzo pasado, que: ‘Es lamentable que la ciudadanía deba movilizarse permanentemente ante proyectos depredadores del ambiente, que no tienen otro móvil que satisfacer la voracidad especulativa de una élite económica, amparada por quienes institucionalmente tienen el deber de preservar el equilibrio ecológico de nuestra casa común'.	En noviembre de 2017, el Alcalde de Taboga firma con la empresa Bona Pacific Corp, un contrato de arrendamiento de la Isla, por veinte años, prorrogables, por un monto total de $1,725,156 balboas, a razón de 7,188 mensuales, con opción de venta de la misma y con un período de gracia de no pago de canon de arrendamiento por 2 años mientras se construye el terminal petrolero de alto calado, el cual tendría un costo de 260 millones de balboas y abarcaría un muelle flotante de 50 metros, un helipuerto, 8 tanques de petróleo con capacidad de 100,000 barriles cada uno, ocupando una superficie de 34.5 hectáreas (46% de la isla). El proyecto, aunque no ha sido refrendado aún por la Contraloría, ha sido avalado por el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas.	Desde el 20 de septiembre del año pasado, el Instituto Smithsonian (STRI) ha venido pidiendo que se declare la Isla, como refugio de vida silvestre, con fundamento en las investigaciones desarrolladas allí por esta entidad. Asimismo, organizaciones ambientales formalizaron tal solicitud al Ministerio de Ambiente, el pasado 26 de marzo, avalada por más de 3 mil firmas. Esta petición ha sido respaldada por la Cámara Nacional de Turismo, la Asociación de Pesca Submarina y residentes de las áreas adyacentes quienes en su mayoría dependen de la pesca artesanal, la cual se vería arruinada por la actividad de una eventual terminal petrolera. También reposa en la Asamblea Nacional, un Anteproyecto de Ley que, de ser aprobado, declararía a Isla Boná como área protegida en la categoría de Refugio de Vida Silvestre.