En las décadas de los años 60 y 70 se da inicio a una discusión sobre la naturaleza como referente político no sólo desde los Estados, sino también como un tema de política pública de conservación promovida por los organismos mundiales encargados de los temas asociados a la sostenibilidad del planeta.	Desde esta mirada la naturaleza deja de ser un objeto inanimado para convertirse en un ser vivo, unido inexorablemente al resto de los seres vivos humanos y no humanos. También se discute a partir de este momento acerca de la capacidad de la naturaleza de trasformar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas de las diversas sociedades.	La lógica de acumulación por destrucción siempre planteó la premisa de que el capitalismo solo genera contradicciones entre el capitalista y obrero, y que la misma aumenta de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas productivas y el control de los medios de producción, aumentando la exclusión y la explotación social -la explotación de los recursos naturales como minerales, agua y otros por el capital, ha promovido movimientos migratorios forzados, generando espacios marginados en zonas urbanas por la falta de tierras para el desarrollo de las actividades agropecuarias de subsistencia-.	El sociólogo Michael Löwy plantea desde la obra de Marx ‘…dos concepciones distintas de lo que denomina dialéctica del progreso. Existiría una dialéctica cerrada, prisionera del desarrollo de las fuerzas productivas como criterio organizador de su visión de la historia. Pero existirá también una dialéctica abierta, en la cual la historia puede ser al mismo tiempo progreso y catástrofe'.	En la primera dialéctica se observa la tesis central de la economía política, es decir, la lucha de clases es producto del avance de las fuerzas productivas, proceso este que debe generar la conciencia de clase por la explotación capitalista. La segunda dialéctica enuncia la catástrofe forjada por el propio progreso, es decir, el agotamiento de los recursos naturales para la producción y la existencia de la humanidad. Dicho acontecimiento genera nuevas contradicciones en el capitalismo, surgiendo nuevos escenarios de luchas y actores por la reorganización de los mecanismos de producción y la relación sociedad – naturaleza.	Ahora bien, dicho escenario obliga a los movimientos sociales, al individuo, a los investigadores sociales y de otras ciencias a replantear la discusión sobre la conflictividad social y ambiental en el contexto del capitalismo. ‘La construcción de una racionalidad ambiental es un proceso de producción teórica y de trasformaciones sociales. La racionalidad ambiental es una categoría que aborda las relaciones entre instituciones, organizaciones, prácticas y movimientos sociales, que atraviesan el campo conflictivo de lo ambiental y afectan las formas de percepción, acceso y usufructo de los recursos naturales, así como la calidad de vida y los estilos de desarrollo de las poblaciones', expone el economista Enrique Leff.	Esta discusión propone un poder alterno que se yergue frente al poder del capital, su racionalidad de acumulación y su imaginario social que lo soporta, es decir, sugiere una forma de poder que se enfrenta a todos los mecanismos de dominación que lo sostienen (judicial, económico, cultural y social). La ecología política separa el debate ambiental de la externalidad económica al cual fue sometido por la modernidad, llevándolo a un discurso transformador de las relaciones sociales de producción a modelos de desarrollo amigables con la naturaleza.	En América Latina la ecología política se incorpora al debate desde el proceso de conquista europeo que trajo consigo la transformación de las estructuras políticas, del mercado, de lo natural y de ‘lo indígena'. Las prácticas de explotación de los recursos naturales, el impacto de las enfermedades, las muertes originadas por las matanzas y en las prácticas de esclavitud son reflejo de ello y constituyen procesos que influyeron en la configuración de la nueva América Latina.	El académico Héctor Alimonda, propone: ‘…concentrar nuestra atención: los procesos de mercantilización de la naturaleza, la producción y mercantilización de las subjetividades enfrentadas con la densidad particular de las culturas, los procesos de resistencia a la explotación y a la desapropiación de las formas tradicionales de vida, las dinámicas diferenciadas de las diversas formas sociales frente a la lógica globalizadora de los mercados'.	De ahí que Arturo Escobar plantea que ‘…las luchas por la diferencia cultural, las identidades étnicas y las autonomías locales sobre el territorio y los recursos están contribuyendo a definir la agenda de los conflictos ambientales más allá del campo económico y ecológico', reivindicando las formas étnicas de alteridad comprometidas con la justicia social y la igualdad de la diferencia.	Las luchas por la diferencia buscan generar una ruptura con la concepción clásica del derecho individual, ya que se basan en el reconocimiento del derecho del ser, que se establece a través de la cultura en razón a la naturaleza. Los conflictos ambientales enuncian la catástrofe forjada por el propio progreso, desde la explotación, desde el agotamiento de los recursos naturales para la producción y acumulación. Dicho acontecimiento genera nuevas contradicciones en el capitalismo, haciendo surgir nuevos escenarios de luchas y nuevos actores debido a la reorganización de los mecanismos de producción y la relación sociedad – naturaleza.	La ecología política legitima la lucha del ambientalismo por la distribución de los recursos naturales, pero centrándose en el significado o simbolismo que les asignan a través de la cultura a la naturaleza, de acuerdo con sus formas de vida; es decir, una racionalidad a través de los saberes en relación con el aprovechamiento sostenido de los recursos.	De ahí que Leff justifique que ‘…el movimiento ambientalista es un campo disperso de grupos sociales que, antes de solidarizarse por un objetivo común, muchas veces se confrontan, se diferencian y se dispersan, tanto por el fraccionamiento de sus reivindicaciones como por la compresión y uso de conceptos que definen su estrategia política'.	Esta visión de un movimiento ambientalista fragmentado, localista en sus luchas y enfrentado a sus pares está relacionado al hecho de que las organizaciones que le conforman presentan posturas diferenciadas a partir del uso que le asignan a la naturaleza y la estrategia política manifiesta. Por otro lado, es importante resaltar que el que existan diversos movimientos ambientalistas no es un hecho negativo en sí: el que exista diversidad de estos es una alternativa a la homogenización del capitalismo propuesto a través de la globalización.	Ahora bien, ello no es óbice para que no se den alianzas sociambientales y movimientos de grandes proporciones. Existen casos recientes en los cuales el movimiento ambiental ha podido articular un discurso capaz de aglutinar fuerzas, a pesar de que son todas antagónicas y tradicionalmente se han expresado a través de métodos y acciones de lucha diferentes entre sí. Ejemplo de ello se observa en el movimiento indígena Ngöbe –Buglé, que en las últimas coyunturas ha expresado su desacuerdo ante la expropiación de los recursos ubicados dentro de los territorios ancestrales con tal fuerza, que ha logrado cambios en la normativa estatal y procesos organizativos que han incluido a actores como obreros organizados, sector empresarial, estudiantes, intelectuales, organizaciones no gubernamentales e instancias de cooperación internacional.	Concluimos destacando que la ecología política no solo pretende generar reflexiones sobre los conflictos ambientales, sino que, al contrario, se integra en los movimientos sociales, en las prácticas políticas que se manifiestan dentro de un proceso que busca deconstruir las relaciones de poder existentes, en busca de un un nuevo sentido de vida, donde los significados y valoraciones que tengan las diferentes culturas de la naturaleza prevalezcan sobre la homogenización impuesta por la modernidad.	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