El 21 de agosto de 2019, un hombre de apellido Gómez iba en un auto modelo Rav4, con matrícula CA-2457, junto otros acompañantes desde San Miguelito hacia la calle principal del sector de la Cinta Norteña en el corregimiento de Ernesto Córdoba. Presuntamente habían realizado detonaciones con armas de fuego y herido a dos personas.	La policía envió a todos sus operativos de turno un mensaje radial con la descripción del auto y los integrantes del mismo. El teniente Mendoza vio el auto descrito y le advierte por el megáfono del patrulla que se detenga, pero ven a un solo sujeto dentro del vehículo. Cuando los uniformados le pidieron la licencia de conducir entregó una que no correspondía a su identidad y se dio a la fuga, según la policía.	Mendoza y su acompañante emprenden seguimiento veloz a Gómez y en el trayecto vieron que el evadido conductor arrojó un objeto por la ventana del lado del pasajero. Los policías se detienen a ver lo lanzado y resultó ser una pistola color negro, modelo 19. Más adelante el auto es detenido por el apoyo policial.	A pesar de que el fiscal de Circuito Javier Rodríguez, el 23 de agosto, logró a través de elementos probatorios que el juez de garantías, Eduardo Escobar, legalizara la aprehensión, le imputara cargos de posesión de armas y explosivos a Gómez, al mismo tiempo le impuso la medida cautelar de detención provisional. Sin embargo, su abogado defensor apelo la decisión del juez.	La audiencia de apelación fue el 27 de agosto, el tribunal de apelación integrado por Asunción Alonso (presidente), Omaira Jaramillo y Gladys Moreno, decidieron por unanimidad revocar la medida impuesta por el juez Escobar y le aplicaron la medida cautelar de notificación los lunes, miércoles y viernes, además el impedimento de salida del país.