Unas horas antes, el migrante de 28 años proveniente de Honduras, llamado José, estaba caminando con su hijo por una calle en Reynosa, México, luego de que lo rechazaron en la frontera con Estados Unidos. De repente tres hombres lo agarraron, le cubrieron la cabeza con una capucha y lo arrojaron a él y a su hijo a un vehículo.	En una serie de conversaciones telefónicas, y en varios mensajes de voz a los que tuvo acceso The New York Times, Cindy que trabaja en una panadería de Elizabeth, Nueva Jersey, prometió conseguir los 3000 dólares que exigían los secuestradores. “Haré lo que sea para conseguirlos”, dijo llorando al teléfono. “Pero no dejes que le hagan daño. Cuida al niño”.	Cientos de miles de personas han huido de Centroamérica a lo largo del último año, muchos de ellos buscando refugio en Estados Unidos de los peligros de extorsión, asesinato y reclutamiento forzoso en pandillas. Pero en lugar de permitirles el ingreso, el gobierno de Trump ha obligado a que más de 55.000 solicitantes de asilo tengan que esperar meses en ciudades fronterizas de México donde impera la ilegalidad, como Reynosa, mientras considera sus solicitudes de protección, de acuerdo con funcionarios mexicanos y aquellos que estudian la frontera.	Desde hace mucho la violencia relacionada con el narcotráfico ha sido una plaga en estas áreas, pero esta aglomeración de inmigrantes es algo nuevo; además, puesto que varios solicitantes de asilo tienen parientes en Estados Unidos, los cárteles han comenzado a raptarlos y a exigir rescates, sometiéndolos a una violencia igual o peor a la que sufrían en sus países de origen.	En el pasado, a los inmigrantes de lugares como Centroamérica, África y Asia que buscaban asilo se les permitía quedarse en Estados Unidos mientras un juzgado resolvía sus demandas. A los que no lograban comprobar que vivían con miedo de ser perseguidos generalmente se les deportaba a su país de origen. Eso cambió a inicios de este año cuando se adoptó la política de “Permanecer en México”, bajo la cual se evita que la mayoría de los solicitantes de asilo entren a Estados Unidos excepto para asistir a sus audiencias en los tribunales.	Puesto que el gobierno de México ha batallado para contener el crimen y la violencia, y que han surgido precarios campamentos llenos de migrantes vulnerables a lo largo de la frontera, los secuestros van en aumento. “Las familias de este lado de la frontera, sin importar su estatus social, lograrán pagar el rescate”, dijo Octavio Rodríguez, académico de la Universidad de San Diego que estudia la violencia en México y en la zona fronteriza.	Ha habido 636 casos registrados de ataques violentos, incluyendo plagios y violaciones, perpetrados en contra de los migrantes que fueron enviados de vuelta a México por las autoridades estadounidenses desde que comenzó la política de “Permanecer en México” en enero, tan solo en el último mes hubo 293 ataques, de acuerdo con Human Rights First. El grupo de defensoría basó su cifra en informes creíbles de investigadores, abogados y medios noticiosos, pero dijo que probablemente la cifra real era mayor pues la mayoría de los incidentes no se reportan.	La historia de José y su familia comenzó en Honduras a inicios de este año, cuando decidieron buscar refugio en Estados Unidos. Los miembros de la pandilla local le habían exigido un “impuesto de guerra” para que pudiera seguir operando su autolavado y dejaron notas en la puerta de la casa de la familia, en las que lo amenazaban de muerte.	Cindy, quien tenía una visa de turista válida, viajó en junio a Estados Unidos con su hijo mayor. José y su hijo menor, quienes no tenían visas, hicieron su travesía por tierra. En julio, llegaron a la frontera con Texas y solicitaron asilo, pero les dijeron que esperaran en México y regresaran para varias audiencias en tribunales en el transcurso de los meses siguientes.	En la siguiente llamada, Cindy les dijo a los hombres que no podía juntar más de 2000 dólares y cedieron. Se apresuró a un local de transferencias de dinero para enviar el efectivo y, mientras se acercaba la hora que tenía como límite, los secuestradores la presionaban para que se apurara. “Sí, aquí estoy ya”, les escribió en respuesta.	Pero había un problema. No podía completar la transacción sin sus nombres, así que se los mandaron por mensaje de texto, los nombres de un hombre y una mujer a los que no conocía. En el mensaje de texto, le dijeron que usara Moneygram o Western Union y enviara “mil a cada uno”.	Luego de ir a tres locales de envío de dinero, Cindy logró transferir el resto del dinero. Los secuestradores de José le quitaron la cinta de los ojos y le volvieron a poner la capucha en la cabeza. Lo dejaron a él y a su hijo en la estación de autobuses de Reynosa, y, si le avisaban a la policía, les dijeron como advertencia: “Los dos se mueren. Tenemos fotos de ustedes”.	Dice Tinín que a él le dijeron, que lo que están buscando las "Tropas Blues" en La Joyita son tres rifles AK-47, asegura que en total son séis de esos rifles militares que había en penal. Es decir, si  en el Martes de Masacre usaron tres, hay tres por ahí rondando...