La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha considerado el salario mínimo como una política básica de cualquier país. En esta línea los salarios mínimos pueden entenderse como valores referenciales de lo mínimo (como indica su nombre) que cualquier persona, independientemente del trabajo que realice, debiera recibir como pago. Sin embargo, en Panamá existen más de 34 salarios mínimos, de los cuales ninguno logra cubrir el costo de la canasta básica familiar (alimentos y otros bienes y servicios necesarios), mientras que el 53 % no cubre siquiera el costo de los alimentos que conforman la canasta.	Bajo las consideraciones legales existe una flagrante violación a los preceptos constitucionales, el Código de Trabajo y Convenios Internacionales ratificados por Panamá, en la medida en que los ajustes salariales no se han correspondido con un monto que permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia; y mucho menos los ajustes salariales permiten una vida decorosa.	Este mes de diciembre se debe definir el salario mínimo. Los empresarios, a través de sus medios de comunicación, plantean que lo prioritario es la recuperación económica y la generación de empleo; argumentan, además, que un aumento a los salarios lo trasladarían a los consumidores. Filosofía que resulta perversa, tal como menciona la iglesia, pues implicaría que los salarios “siempre tendrían que ser los mismos o hasta habrá quienes planteen que deben disminuir”.	Frente a estos argumentos empresariales, es necesario recordar que mientras la economía crecía a dos dígitos, los ajustes salariales lo hacían a tasas por debajo, generando una mayor concentración de la riqueza en pocas manos (Panamá sexto país a nivel mundial con peor distribución de la riqueza). En medio del crecimiento económico se favorecieron actividades con menores generación de empleo (desmantelamiento de los sectores productivos: agro e industria), igualmente el proceso de privatización no solo no generó nuevas fuentes de empleo, sino que tampoco logró absorber toda la población ocupada, provocando desempleo e informalidad laboral. Es más, desde el 2006 la tendencia de la tasa de ajuste del salario mínimo es descendente.	El argumento de los precios, es falso, los precios de los bienes y servicios aumentan mensualmente independientemente de los niveles de salarios (Ver costo de la canasta básica de alimentos, por cierto, subestimado). Los mayores detonantes del aumento de precio son: combustible, energía y especulación empresarial, pero frente a ello, los sectores económicos dominantes mantienen complacencia y sumisión. Bajo este argumento, la fuerza de trabajo tendría que congelar su precio: el salario, lo que aún así no frenaría el aumento permanente de los precios, pero sí profundizaría la brecha entre salario y costo de vida.	No es posible que una vez más se pretendan hacer recaer el deterioro de algunas actividades económicas sobre los hombros de los trabajadores y sus familias. Es más, en las giras que realizó la Comisión Nacional de Salario Mínimo en las provincias, se corroboró que las dificultades que atraviesan algunas micro, pequeñas y medianas empresas se deben a la falta de una política pública integral que las fomente.	El aumento no compromete el crecimiento económico, tampoco atenta contra las fuentes de empleo. Por el contrario, es un mecanismo dinamizador de la economía doméstica, puesto que el aumento general de salarios y salario mínimo se constituye en un multiplicador, en la medida en que al aumentar el poder de compra y al existir un déficit de las demandas sociales de la población, los trabajadores y sus familias con mayor salario podrán resarcir su capacidad de consumo.