Se debe en primer lugar al temor a un rechazo de parte de la sociedad panameña que ve al Seguro Social como algo que debe permanecer como está. Y segundo, no tenemos las fuentes de financiación adecuadas para afrontar el gasto de nuestra época. Por ejemplo, en Europa para no llevarnos a números tan detallados, el gasto por persona es cuatro veces más alto que el de aquí. Aunque las realidades económicas de los países no son comparables, es evidente que a nosotros nos faltan fuentes de financiamiento para actualizar el sistema a lo que se necesita. Esto no se soluciona fácilmente, claro está, pero se puede hacer sin impactar a la población. Aquí el pilar sobre el que se descansa la financiación del sistema de salud pública, son los asalariados. Estos pagan impuestos sobre capitales, sobre ingreso y por la cuota del Seguro. De ahí sale el principal fondo de financiamiento del sistema. Si en cambio, ampliamos la cuota a una cobertura universal y por ende a las necesidades que el Estado intervenga y las personas no asalariadas también intervengan, tendríamos otro financiamiento.	Hay que ir a la parte política para hacer la transformación. Debe haber un consenso del Estado en términos generales. Aquí se hizo una mesa de diálogo convocada por el Gobierno que ya dio sus recomendaciones. ¿Quién ha leído esas recomendaciones? ¿Cuántas personas participaron en eso? Hace falta divulgar esos resultados. No es idílico, en muchos lugares ocurre un sistema universal. Probablemente no se pueda hacer de la noche a la mañana.	Los puntos cardinales sobre los que debe descansar el sistema de salud público es que sea de acceso universal y por ende debe descansar en un solo sistema. Nosotros hemos vivido el lastre de tener dos sistemas, cuando en realidad tenemos tres: el sistema de la Caja de Seguro Social (CSS), el público y el particular, pero sin conseguir niveles de eficiencia cuantificables o medibles por los indicadores internacionales óptimos. No ha habido ni siquiera la voluntad política de fusionar a nivel público, ha habido conversaciones pero nada concreto.	Nosotros tenemos necesidades altas del sistema, es más alta que hace 20 o 30 años en cuanto a resultados y tenemos unos recursos muy limitados. No comprender la relación entre inversión y resultados es lo que tenemos. El Seguro invierte por una parte, el Ministerio de Salud (Minsa) por otra parte y no necesariamente de la forma más fructífera. Si tenemos los recursos de Suiza tal vez podemos pensar en algo así, pero no estamos ni cerca. Por lo tanto, optimizar los recursos no puede compaginarse con instalaciones dispersas, protocolos de atención distintos y por lo tanto resultados distintos. Por ejemplo, el presupuesto del Minsa de 2018 en medicamentos era $68 millones, el del CSS fue de $210. Si lo sumas, per cápita no da ni $80 por persona. En la Unión Europea el país que más invierte en medicamentos es España, ellos designan $280 euros por persona. Por eso es que ahí los medicamentos son más baratos, porque son subsidiados. Compran a un precio único. Entonces, el Estado panameño es incapaz de regular el mercado y compra al precio que las farmacéuticas quieren y no al precio que debería comparar.	Por eso es que se necesita una transformación del marco jurídico para poder obligar al Estado y a los que no son asegurados a responder por sus necesidades sanitarias. Aquí tenemos un sistema donde solo el asalariado carga con el peso, es decir el empleado asalariado. Los independientes pueden ganar muchísimo dinero pero necesariamente contribuir al sistema. Por lo tanto, implicaría tener acceso universal al servicio, pero todos, no solo los asalariados. Pero todos deben de contribuir.	Como en $600 millones. El punto es si hemos priorizado los subsidios? Hay que tener la voluntad política. Nosotros no medimos en el día a día el impacto que tiene la enfermedad sobre el desarrollo económico de un país. No es pequeño. Hay un índice que explica cuánto es lo que tiene que poner cada panameño para cubrir el gasto sanitario del país. Por persona es como de $1050 por año.