En 30 años, ha quedado evidente la poca disposición de los mandatarios en declarar el duelo nacional, debido en cierta medida a la presión que han ejercido sectores empresariales, que se resisten a pagar recargos salariales conforme se dispone en la legislación laboral, y se inclinan más en sus intereses económicos, que en fortalecer el sentimiento patriótico.	Sobre este tema, rememoro la actuación del presidente Roberto F. Chiari, quien era un prominente empresario, y que, en la misma noche del 9 de Enero de 1964, atendiendo el clamor popular rompió relaciones internacionales con los Estados Unidos. Este fue un hecho de gran significado nacional e internacional, porque la práctica de los Gobiernos oligárquicos en el continente había sido masacrar a la población y ponerse al lado de los invasores. Por esa decisión, sin precedente en el país, Chiari, es reconocido como un hombre noble que le hizo justicia a los mártires y héroes de esa Gesta, al calor de los acontecimientos.	El gobernante que se disponga declarar el 20 de Diciembre como “Duelo Nacional” permanecerá, al igual que Chiari, en las páginas de la historia, por haber reivindicado para la posteridad una fecha significativa para los panameños, caracterizada por el luto y dolor de cientos de familias que perdieron seres queridos en medio de una cruenta invasión que transgredía Tratados y Convenios Internacionales, contenidos en la Carta de la ONU, la OEA y los Convenios de Ginebra de 1949.	La invasión jamás debió haberse dado y no cabe ningún pretexto que la justifique. El principal motivo que circuló por años fue la salida de Noriega. Ello se ha desvanecido con el pasar del tiempo, al grado que muchos coinciden, hoy día, en que las tropas norteamericanas se lo pudieron haber llevado en cualquier momento y no quisieron. El propio escritor mexicano Carlos Fuentes planteó, que: “Si de lo que se trataba era dar un golpe de mano contra el dictador militar Manuel Noriega, una operación de comando debió capturarlo primero”.	Lo antes citado se demostró el 3 de octubre de 1989, cuando Giroldi no fue auxiliado por el Comando Sur. Esta nula operatividad fue criticada en el Congreso estadounidense por el consejero de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, al sostener que: “Había sido un error de los Estados Unidos, con toda su creencia en la democracia, haber permanecido sin hacer nada y esto apenas a tres kilómetros de distancia”.	La invasión más allá de capturar a un hombre, como se hizo creer al conglomerado, perseguía destruir el componente armado, principalmente, por no gozar desde la década de los setenta con la suficiente confianza de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, los cuales consideraban a una buena parte de su tropa y oficialidad, seguidores del ideal torrijista e impregnados de patriotismo.	Estas premisas nos hacen concluir entonces, que, “capturar a Noriega”, fue un subterfugio de los invasores. El mismo fue analizado por el periodista del Wall Street Journal, Frederick Kempe, cuando expresó que: “El general Manuel Antonio Noriega, ha sido a su vez, el mayor ejemplo de los despropósitos de una política exterior estadounidense que primero recluta a Noriega como agente de la CIA, le ayuda más tarde a alcanzar el poder y termina derrocándolo gracias a una aparatosa invasión militar”.	Se proyectaba también imponer un Gobierno sumiso a los dictámenes de los Estados Unidos. Esta tesis fue sustentada por Rubén Darío Sousa, secretario general del Partido del Pueblo, al conceptualizar que: “El carácter antinacional, antidemocrático, regresivo, guerrerista y de expansión de la agresión yanqui ha determinado por otra parte que el perfil de ataque haya sido dirigido para la destrucción del Estado Nacional y sus poderes, para imponernos una tutela y abrir la posibilidad de crear otro Estado controlado y al servicio de la nación norteamericana”.	Finalmente, la invasión de 1989, se sumaba a una veintena de acciones intervencionistas de los Estados Unidos en el Istmo llevadas a cabo en los siglos XIX y XX, tanto en el orden político como diplomático y militar. Entre estas resaltan: el incidente de la Tajada de Sandía en 1856; los hechos suscitados a raíz de la rebelión de Pedro Prestán en 1885; con el acto separatista de 1903; el envío de tropas a Chiriquí en 1918; la ocupación de la ciudad en 1925 (Huelga Inquilinaria); el Convenio Filós - Hines de 1947 y la Gesta del 9 de Enero de 1964.