Explicó que el Estado de El Salvador tiene "una línea de acción para el tema de la protección a las víctimas en términos generales", pero señaló que "el tema es que eso tiene que funcionar, tiene que ponerse en marcha lo más pronto posible, porque el número de víctimas es importante".	Los jueces constitucionales del Supremo anularon en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993, con lo que se reabrieron diversos procesos penales, como el del magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la matanza de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la masacre de seis jesuitas y dos mujeres (1989).