Este mecanismo, que hunde sus raíces en la actual Constitución chilena, que data de 1980, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), vuelve a retrotraer el país a tiempos pretéritos, después de que durante la primera semana de protestas, que comenzaron el 18 de octubre, el Gobierno mantuviera al Ejército en las calles con el objetivo de asegurar el orden público.	La iniciativa se incluye en un paquete de medidas de seguridad anunciado por el presidente Sebastián Piñera y que incluye también, entre otras cosas, un proyecto de ley para endurecer la sanción de los saqueos; la "ley antiencapuchados", que castiga con más dureza a quienes cometan desórdenes cubriendo sus rostros; o una iniciativa legal para sancionar como delitos el levantamiento de barricadas en las calles.	Todo ello con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden público en el país, que desde el pasado 18 de octubre vive una ola de protestas y manifestaciones que reclaman reformas estructurales, incluida una nueva Constitución, por un país más equitativo, y en cuyo marco han fallecido gasta el momento una veintena de personas.