En plena capital, con la bahía de Panamá, como referencia, se enfrentan dos universos dispares de una misma realidad. En un extremo, se yerguen imponentes rascacielos, símbolo del poderío y crecimiento económico de la última década. Al otro, prevalecen las viejas casas de madera rodeadas de basura, donde las aguas negras fluyen de los baños hasta los patios, en los que los niños corretean resignados a la pobreza que los rodea. En Panamá, uno de cada tres niños es pobre.	Las cifras extraídas del Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes de Panamá 2018 (IPM-NNA), elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto de Estadísticas y Censos Nacionales (INEC) y Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) establecen las carencias a las que está expuesto este grupo de la población panameña.	Este registro mide diez indicadores o derechos básicos (alimentación variada, prevención de riesgos de salud, disponibilidad de fuentes de agua mejorada, saneamiento, hacinamiento, viviendas precarias, cuidados, actividades infantiles y recreación, protección de la infancia, acceso a Internet, educación y formación temprana) para determinar la intensidad e incidencia de la pobreza infantil en Panamá.	Los pequeños son más vulnerables a la pobreza porque no tienen herramientas para combatirla porque dependen de sus padres para erradicarla. Además, se convierten en eslabones de una cadena de pobreza que se transmite de generación en generación, que no solo limita su presente sino que compromete seriamente la posibilidad de cambios sociales futuros.	‘Las personas adultas que no tienen las capacidades para desarrollar una vida productiva actualmente estuvieron en su niñez privados del derecho a aprender; muchas de las personas adultas que manifiestan comportamientos violentos y antisociales, es probable que fuesen niños víctimas de violencia doméstica o en su comunidad, y crecieron ausentes de una protección eficaz', agregó la representante de la organización.	Nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes de la comarca Guna Yala y el 53.6% de los de la comarca Ngäbe Buglé están privados de agua y saneamiento básico. Mientras que un 66.8% de los que habitan en la comarca Emberá están carentes de fuentes de aguas mejoradas. Un 41.1% de la comarca a Ngäbe Buglé se encuentra privado de este mismo servicio.	La alimentación de los indígenas tampoco está garantizada. De acuerdo al índice del IPM, el 62.6%, el 59.3% y 49% de los niños, niñas y adolescentes de las mencionadas comarcas están privados de una alimentación variada. Este grupo poblacional también presenta serios problemas de viviendas. En las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, el 81.3% y 77.3%, respectivamente, reside en viviendas precarias.