lunes 13 de mayo de 2019 Reformas constitucionales de la Concertación contemplan segunda vuelta El proyecto que analizan los miembros de la Mesa de Concertación estipula que el presidente electo debe obtener el 40% de los votos y una diferencia del 5% sobre el segundo lugar; de no lograrlo, se deberá hacer una segunda elección, dos meses después	tuvo acceso al proyecto preliminar. Se trata de un texto comparativo de aproximadamente 27 páginas, centrado en temas específicos, la mayor parte ligados al sistema de justicia. A pesar de que estos conceptos están sujetos a cambios que se consensuarán con todos los miembros el próximo jueves 16 de mayo, el documento no considera transformaciones en los capítulos de Garantías Individuales, Economía Nacional, Fuerza Pública ni el Canal de Panamá.	Se añade como requisito para ser diputado no haber sido condenado por delito doloso (sin especificar qué tiempo de la condena) mediante sentencia ejecutoriada por un tribunal de justicia. Actualmente, se exige no haber sido condenado por delito doloso con pena de privación de libertad por cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada.	Salvo las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, se sugiere que todos los circuitos sean de postulación plurinominal, en los cuales se elegirán no menos de dos diputados. Las provincias de Bocas del Toro y Los Santos, en las cuales se eligen actualmente dos y tres diputados, entrarían en la categoría de circuitos plurinominales.	No obstante, las recientes elecciones han dejado un sabor amargo para los electores que depositaron su voto en un candidato y a consecuencia del voto en plancha, otros resultaron beneficiados. El clamor de los votantes se mantiene en un voto, un candidato, sin necesidad de plantear fórmulas que aunque fueron consideradas para otorgar mayor representatividad en el Parlamento, no han logrado tal cometido.	No obstante, uno de los incisos estipula que la ley podrá disponer que todas las provincias y las comarcas se constituyan en circuitos electorales de postulación uninominal. ‘Toda ley que disponga tal cosa será sometida a referéndum en la provincia o comarca de que se trate, a fin de que sus ciudadanos ratifiquen o rechacen la referida ley', se lee en el proyecto, aunque no especifica tiempos, ni si la consulta debe realizarse cada vez que ocurran elecciones.	Uno de los artículos de la Constitución que exige urgente modificación es relativo a la forma en que son juzgados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los diputados. Actualmente, unos juzgan a los otros. Este sistema se traduce en chantajes políticos que derivan en impunidad, la mayoría de los casos. El texto propone que toda demanda o querella que se presente contra un diputado de la Asamblea sea investigada por la Procuraduría, y no por un magistrado de la Corte, como ocurre actualmente.	En caso de que la pesquisa culmine en una acusación, según el cambio al artículo 155, será juzgado en primera instancia por la Sala Penal de la Corte y cuya sentencia podrá ser recurrible ante la Corte Suprema integrada por 9 magistrados principales o suplentes que no hayan intervenido en primera instancia.	El juez de garantías en estos casos será el presidente de la Corte, y si fuera miembro de la Sala Penal, será reemplazado por su suplente. El juez de garantías decidirá las medidas cautelares planteadas por la Procuraduría, pero sus decisiones serán recurribles ante el Pleno de la Corte, a excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por Derecho de Familia y Laboral.	Con respecto a las querellas contra algún magistrado, la Procuraduría se encargará de la investigación y, de ser acusado, será juzgado en primera instancia por una Comisión Permanente de la Asamblea compuesta por siete miembros, cuya decisión será por el voto de cuatro de ellos. Dicha sentencia podrá ser recurrible ante la Asamblea en la que actuará como juez de garantías un diputado designado por dicha Comisión y sus decisiones serán recurribles ante la mencionada Comisión Permanente de la Asamblea.	Entre las modificaciones se aprecia que algunos puntos no varían sustancialmente. Por ejemplo, la forma de designar a los magistrados del Tribunal Electoral. Se mantiene en forma escalonada por un periodo de 10 años; uno nombrado por el Órgano Legislativo, otro por el Ejecutivo y el tercero, por la Corte Suprema de Justicia. Lo que añade la reforma es que les son aplicables las mismas prohibiciones que establece la Constitución para los magistrados de la Corte.	A esta Comisión se le ha dedicado un capítulo nuevo. Se crea como un organismo permanente con la responsabilidad de evaluar y escoger las ternas que serán enviadas al Ejecutivo para que de ahí elija los nombres de los magistrados de la Corte, el Tribunal Constitucional, el Procurador de la Nación y el Procurador de la Administración.	El artículo 200, por el cual se nombran los magistrados de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y los respectivos suplentes deja en manos del Ejecutivo estas designaciones, mediante acuerdo del Consejo de Gabinete. La novedad es que los magistrados serán nombrados por 20 años y no por 10, como hasta ahora. La falta absoluta de un magistrado será cubierta con un nuevo nombramiento para el resto del periodo.	Cada magistrado tendrá un suplente nombrado igual que el principal. Cada dos años se designarán dos magistrados de la Corte para mantener las designaciones escalonadas. La edad mínima para ser magistrado es de 45 años y el interesado debe haber completado 10 años de ejercicio profesional como abogado o como funcionario del Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Electoral o la Defensoría del Pueblo.	La Mesa de Concertación está integrada por: Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Colegio Nacional de Abogados, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Colegio Nacional de Economistas, representantes de todos los partidos políticos, Iglesias, etnia negra, instituciones de educación superior, pueblos originarios, clubes cívicos, organizaciones juveniles, gobiernos locales, Asamblea Nacional, provincias, organizaciones de medianos y pequeños productores, organizaciones de mujeres, organizaciones de protección al medio ambiente, entre otros.	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