En América Latina en general no hay duda de que si estos sistemas son bien implementados se reducen los tiempos de investigación y de persecución penal, es decir, la gente puede ver resultados más rápidos desde que se comete el delito hasta que se declara culpable o inocente a una persona. Son sistemas transparentes en donde la gente se entera de lo que pasa en cada investigación. Es una virtud de estos sistemas. Los antiguos sistemas escritos eran muy opacos, por lo tanto la gente no sabía mucho qué pasaba, se enteraba años después de la investigación. En lo que no necesariamente han avanzado bien los países de América Latina, es en la persecución de delitos complejos porque a veces los Ministerios Públicos no se organizaron para enfrentar ese tipo de delitos, que son distintos. Un delito común, la mayoría de esos delitos se cometen flagrantes y debieran tener soluciones rápido. El tema es cuando el delito tiene un autor desconocido o cuando hay organizaciones criminales detrás. Es decir, redes para lavar dinero. Ahí es donde los ministerios tienen que organizar fiscalías especializadas en delitos de corrupción. Eso significan un fiscal entrenado y capacitado para dirigir esas investigaciones. Segundo, policías o detectives del área de investigación con un entrenamiento adecuado. No te sirve de nada tener una orquesta si los músicos son de mala calidad.	Tienen que estar bajo la orden del Ministerio Público. Antes, quién decidía finalmente quien entraba a juicio y quién no, era la Policía. Pero con la entrada del nuevo sistema, estos detectives están bajo el mando de un fiscal. Los temas acusatorios nacieron para que la investigación esté en manos de un fiscal. La Policía ya no toma más decisiones de filtro. Ahora la titularidad de la persecución corresponde al Ministerio Público.	Sí. Todos los días fiscales pueden ser amenazados de muerte y otras cosas, pero a su vez el Ministerio Público tiene comunicación con la Policía para tomar resguardos o para engatillar una investigación sobre la amenaza. El peor mensaje que se le puede enviar a la ciudadanía es que quienes persiguen el delito son amenazados por quienes lo cometen y no se hace nada por perseguir. Obviamente que es lo primero que uno tiene que averiguar para llevarlo a la justicia a quienes amenazan a los persecutores. Lo que quieres en este tipo de investigaciones es tener fiscales que no tengan miedo de investigar. En América Latina nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a escuchar de amenazas a jueces y fiscales que investigan crimen organizado. El no permitir que la amenaza distraiga la investigación es la esencia de una unidad especializada, de lo contrario nos enfrentamos unidades regulares.	Ha habido países donde las investigaciones iniciaron más rápido sobre todo en Brasil, de ahí al Perú, en Chile hay una investigación en curso. Hay un tema aleccionador en todo esto: cuando hay corrupción pública es porque hay un corruptor privado. Años atrás tendíamos a tildar a los funcionarios como corruptos como si el dinero o la acción corruptora viniera del espacio. Ahí hay una premisa identificada de una empresa con un patrón de conducta que tendía a introducir corrupción en la administración pública para ganarse contratos sabrosos. Las responsabilidades penales son en cada jurisdicción, de manera que lo que haya ocurrido en otro país puede hacer que un país tome sospecha pero no puede bloquear la entrada de una empresa. Ahora, si yo fuera una autoridad política, con una empresa que tiene esa fama tendría cuidado. En la mayoría de los países europeos ha surgido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya no son los naturales de carne y juicio a quienes meten a la cárcel. Sino la empresa que tiene una personalidad jurídica queda muerta jurídicamente. Esa empresa no puede hacer más negocios del todo. Es igual que a alguien que encarcelan.	El cuidado que yo le mencioné es por aquellos actos que se cometieron y que se declaró que eran delitos. Acá, si no han habido conductas que se han penado, no hay responsabilidad penal y uno puede prohibir por sospechas. Pero uno debería tener especial cuidado con las actuaciones de la empresa.	Primero con políticas de prevención. Eso significa, cuáles son los perfiles de los fiscales y los jueces, a quiénes selecciono para estos cargos, su formación ética y técnica y con un sistema de control cruzado. Eso supone democracias sólidas en que el general el poder esta repartido, cuando se concentra el poder en un solo bloque político tenemos problemas. Lo otro son mecanismos de control aleatorio que tiene que ver con declaración de bienes a la entrada y salida del gobierno y verificado. Al año, si me compro una casa tengo que explicar de dónde saqué el dinero.	Respeto la sensación de la ciudadanía, pero como órgano técnico le digo que un sistema se evalúa con datos. Se hizo al inicio una evaluación pero hace falta tener una mirada externa para hacer una evaluación. En Panamá el sistema está pudiendo investigar los delitos comunes, pero por lo que nos cuentan no hay tanta alegría en la investigación de delitos complejos. Entonces es importante mejorar esas fiscalías con unidades de análisis criminal desarrolladas que generan lo que se conoce como una persecución penal inteligente. Luego tiene que haber controles que permitan evaluar el comportamiento del Ministerio Público y por otro lado, con una defensa penal pública o privada de calidad que cuestione todo lo que investiga el Ministerio Público cuando lleva a juicio un caso. En los países donde el sistema funciona bien, uno tiene defensas de oficio tan buenas que las personas pudientes los contrata.	Los sistemas de justicia no funcionan perfecto a menos que se le exija al sistema responder de la manera que debiera. Entonces, no puede ser que un recurso esté durmiendo dos años en la Corte. Debe haber estadísticas que muestren los plazos y la forma en que cumplen los tribunales. Ahí saltará aquél que no está cumpliendo con plazos razonables. Eso es inaceptable.	Finalmente los sistemas de justicia nunca van a ser mejores que los sistemas de política en los que descansan. Si uno tiene un sistema político fallido, el sistema de justicia difícilmente va sobrevivir mucho tiempo sin caer en la misma dificultad. Porque los sistemas políticos que tienden a invadir las facultades de otros poderes del Estado son desviados de poder y empiezan a influir y finalmente cooptan al poder judicial. Entonces, dentro de un sistema democrático razonable, los ministerios públicos deberían ser autónomos. No depender del Ejecutivo ni de otros poderes del Estado. Debe tener muy claro el principio de ingratitud, es decir, que se sienta capaz de investigar a quien lo nombró, esa cultura no está en América Latina.	El desprestigio del sistema de justicia, las personas empiezan a sentir que la justicia es selectiva, empiezan a desconfiar de la justicia, se empieza a denunciar menos los delitos y finalmente sienten que el sistema instalado no soluciona los conflictos. Eso no tiene solo que ver con eventuales persecuciones políticas o intencionalidad política, sino con el tipo de delitos que perseguimos. Eso tiene que ver con el código penal que se tenga en el país. En América Latina en general, los códigos fueron escritos en el siglo XIX. que eran delitos en contra de la propiedad, pero hoy los más graves son los de cuello blanco. El problema es que esos delitos por lo general siempre están en leyes especiales y con penas a veces menores. El viejo dicho de que el que se roba a una gallina va más años a la cárcel que el que se roba millones, a veces es cierto. Hay que revisar los códigos penales.	Eso lo puedo entender pero lo defiendo, es un mecanismo de justicia. Cuando tu quieres perseguir los delitos más graves necesitas tiempo y dedicación y habrá otros delitos que tienes que solucionar más rápido. Para poder desbaratar organizaciones criminales necesitas mecanismos de delación compensada pero con controles de techo y piso sobre lo que puede negociar el Ministerio Público y una política de persecución penal uniforme. No puede ocurrir que en un caso se negocie de una forma y en otro de otra manera. Dentro de las facultades del ministerio público, debe establecer una política de negociación pública y conocida de manera que todos los abogados sepan lo que ocurre, no se puede dar más que a otros pero tampoco le pueden negar algo que a otro le han acreditado. Si eso no está hay que corregirlo de inmediato.	Es importante establecer una política de persecución clara que todos sepan a qué se dedica la fiscalía, qué delitos está persiguiendo más y por qué los persigue. Eso normalmente se hace mediante cuentas públicas. Es una fiscalía abierta que sabe rendir cuentas y dar resultados. Cuando se fijan objetivos al año siguiente debe volver a evaluarse, revisar las metas. El poder judicial es lo mismo, fijar plazos, revisar los recursos. Lo otro es reforzar las unidades de análisis criminal para que haya capacidad de investigar y analizar los fenómenos criminales para tener estrategias de persecución. Como tercer punto, mejorar las destrezas de litigación. Eso significa que los fiscales deben mejorar la forma de presentar el caso en los tribunales tanto en la forma en que presentan la legalización de la aprehensión, luego en la acusación y en la audiencia previa en la que se decide qué pruebas pasan y cuáles no. Es importante que no le excluyan pruebas que tienen que ver con su teoría del caso. Esas técnicas de litigación se enseñan.	Es terrible, se presenta en toda América Latina. En las reformas procesales, los institutos forenses están muy mal financiados. El Ministerio Público debería ser el más interesado en que esto ocurra porque la única forma de acreditar pruebas forenses en delitos complejos es con un buen sistema forense. Todos los delitos van por ahí, hoy en día la prueba pericial es sofisticada y eso indica tener recursos para eso.