Diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, tanto del oficialismo como de la oposición e independientes, presentaron en consenso una modificación al proyecto número 10, que busca ajustar la Ley 22 de contrataciones públicas, para impedir que empresas o personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública liciten con el Estado.	“Estas propuestas no han sido votadas, pero son dos avances importantes en temas de transparencia si se logran aprobar. Vamos a ver qué pasa, aún falta que se voten estos artículos y después falta el segundo debate en el pleno. Esperemos que no cambie, porque son artículos que por lo menos yo siento que son importantes”, aseguró Silva.	Mientras que José Manuel Sevillano, de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas, recomendó que se incluyera un término para emitir una resolución de adjudicación una vez que se termina el procedimiento de compra menor, de licitación pública o licitación por mejor valor. “Nosotros proponemos cinco días hábiles para que no se preste para un funcionario mantenga engavetados los trámites”.