Risa, por decir lo menos, es lo que causa el nuevo decreto que otorga residencia permanente a extranjeros profesionales en Panamá. Y decimos risa, porque resulta una broma de mal gusto abrirle las puertas a extranjeros que no podrán ejercer su carrera, especialmente si es una de las 56 profesiones protegidas para los panameños por nacimiento o por nacionalización.	Las siguientes carreras están reservadas por ley para la mano de obra panameña: Enfermería (Ley 1 de 1954), Barbería y Cosmetología (Ley 4 de 1956), Odontología (Ley 22 de 1956), Arquitectura (Ley 15 de 1959), Ciencias Agrícolas (Ley 22 de 1961), Farmacia (Ley 24 de 1963), Quiroprácticos (Decreto 8 de 1967), Nutrición (Decreto 362 de 1969), Medicina (Decreto 196 de 1970), Psicología (Ley 56 de 1975), Asistente Médico (Decreto 32 de 1975), Contabilidad (Ley 57 de 1978), Periodismo (Ley 67 de 1978), Laboratoristas (Ley 74 de 1978), Relaciones Públicas (Ley 37 de 1980), Fonoaudiología, terapistas y similares (Ley 34 de 1980), Economía (Ley 7 de 1981), Trabajo Social (Ley 17 de 1981), Medicina Veterinaria (Ley 3 de 1983), Fisioterapia (Ley 47 de 1984), Radiología Médica (Ley 42 de 1980), Derecho (Ley 9 de 1984), Asistente Dental (Ley 21 de 1994), Sociología (Ley 1 de 1996), Química (Ley 45 de 2001), Educación en las asignaturas Historia, Geografía y Cívica (Ley 47 de 1946) y todas las ingenierías (sin excepciones).	Es decir, en Panamá nunca hubiera podido ejercer Linus Pauling, premio Nobel de Química, porque la ley no se lo hubiera permitido. Y aunque siempre habrá un retrogrado que señale que estas leyes sirven para proteger a los panameños, lo cierto es que mientras no tengamos la oportunidad de trabajar y competir con los mejores del mundo, siempre seremos mediocres.	Pero el tema no queda allí, porque súbitamente pasamos de la risa a lo ridículo cuando son los mismos panameños graduados en universidades prestigiosas en el extranjero los que son sometidos a una burocracia nefasta para revisar créditos, validar asignaturas, convalidar títulos y otorgar idoneidad. Un trámite que al final ahuyenta a los nacionales hacia otras latitudes, porque aquí se les impide ejercer su profesión y se les exige prácticamente repetir su carrera.	Y esto es puntualmente un asunto central de nuestra incapacidad como país para reclutar talento, aumentar competitividad, lograr progreso y salir del subdesarrollo en que nos encontramos. Y todo por leyes que facultan a la Universidad de Panamá (UP) a reconocer títulos extranjeros y establecer mecanismos de autenticación y exoneración de reválida. Imagínense ustedes la UP, una institución que no goza de prestigio ni reconocimiento, decidiendo el futuro del país.	En nuestro caso, después de graduarnos de química en 1980 en una universidad de Estados Unidos y cumplir con todos los requisitos de homologación de títulos de la UP, salió una junta técnica del Colegio Panameño de Químicos negándonos la idoneidad. Es decir, juntas técnicas convertidas en barreras al ejercicio profesional que deciden con discrecionalidad patética el futuro laboral de panameños. Afortunadamente, ocupamos por más de 25 años cargos directivos en empresas multinacionales como Gulf Oil Co., H.B. Fuller Co. y Kativo Chemical, donde solo bastó nuestra acreditación a la American Chemical Society para dirigir proyectos en Estados Unidos y en varios otros países de América Latina.	Lo cierto es que, en vez de aumentar el nivel competitivo y facilitar la entrada al mercado laboral de los mejores profesionales del mundo, estas leyes son barreras a la competencia. Y sucede que, a diario, a decenas de panameños graduados en prestigiosas universidades se les obstaculiza el ejercicio profesional y les obliga a repetir cursos y tomar otros totalmente innecesarios.	Es hora de que las autoridades en Panamá entiendan que profesionales no son solo los graduados en las universidades locales y que existen muchas universidades extranjeras muy superiores a las nuestras. Una de las razones por la que nos fuimos a estudiar al extranjero fue precisamente porque aquí en la UP los laboratorios carecían de equipos, los salones no estaban acondicionados para aprender y los profesores casi nunca iban a dar clase.	En resumen, el progreso de un país no se logra cerrando las puertas a los mejores. Al contrario, la competencia profesional alimenta la excelencia. Nuestra historia de los años de la Segunda Guerra Mundial demuestra que cuando llegaron los mejores profesores, juristas y profesionales de todas las nacionalidades, definieron en gran parte lo bueno del país que tenemos hoy.