En el artículo publicado la semana pasada cuestioné, tanto a la alcaldía de Panamá como al representante del corregimiento de Bella Vista, para que explicaran, públicamente, los misterios que rodean la reanudación, repentida y subrepticia, después de haber estado suspendida por cerca de dos años, de una construcción, con costosas estructuras de hierro, próxima a la intersección de la Vía Argentina y la calle Arturo Motta.	Cuando comenzó este exabrupto, los vecinos del barrio, en vista de que nunca, en abierta violación de la ley, se ha fijado en el lugar el cartel o aviso que indique quién o quienes son los dueños del proyecto y en que consistirá, hicieron toda clase especulaciones, entre ellas que quienes están detrás son las jerarquías municipales. Ante especulaciones tan comprometedoras hubiera sido consecuente que, para disiparlas, el alcalde o el representante de corregimiento le salieran al paso y pusieran las cosas en claro, pero eso nunca ocurrió.	A los emplazamientos que hice en la columna de la semana pasada para que se aclaren los misterios que encubren la susodicha obra, agrego el de que la alcaldía y el representante del corregimiento deben cumplir con la ley y ordenar que allí se coloque el letrero que informe todos los pormenores del proyecto, incluyendo quienes son sus propietarios. Hasta tanto eso se haga, preventivamente, deben ordenar su suspensión.	Los funcionarios por mandato constitucional y legal están obligado a responder las solicitudes de información que les formulen los ciudadanos. No hacerlo en tiempo oportuno constituye una falta grave y la contumacia en desatenderlas debe sancionarse con la destitución. En el presente caso esa contumacia está demostrada palmariamente y sería saludable que, por su prolongación, que supera los dos años, se abra una investigación de oficio y que se actúe en consecuencia.