El artículo 1o de este Decreto nos dice que es un ‘organismo interinstitucional, adscrito al MINSEG en su nivel auxiliar de apoyo, con autonomía en su régimen interno y en el manejo de su patrimonio e independencia en el ejercicio de sus funciones que tiene como misión la coordinación para el comando, control, cómputo, comunicaciones y colaboración frente a las incidencias diarias de seguridad, situaciones de emergencias y manejo de eventos masivos'.	Aunque su regulación data de fecha reciente, el Centro fue inaugurado el 21 de enero de 2019, con bombos y platillos, poco antes de la visita del Papa Francisco, a un costo de 30 millones de balboas. Incluye una plataforma tecnológica y sistemas de video vigilancia con más de 840 cámaras a nivel nacional, capaz de coordinar a 23 agencias de seguridad las 24 horas, siendo la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta.	Exaltamos su propósito de poner la tecnología al servicio de la seguridad de los ciudadanos, para ‘atender los incidentes en tiempo real dando respuesta inmediata por parte de los estamentos de seguridad', en tanto la población tiene la amarga experiencia de no contar con resultado alguno cuando pide su auxilio por situaciones de criminalidad o emergencia.	No obstante, llama la atención, no sólo que su regulación por Decreto fuese ‘a posteriori' de la creación de este Centro, sino que el mismo contraría el artículo 159, numeral 12, de nuestra Constitución Política, que encomienda a la Asamblea Nacional, la expedición de la Ley respectiva cuando se trate de la creación de alguna estructura de la administración nacional, ya se trate de Ministerios, entidades autónomas o semiautónomas, empresas estatales u otros establecimientos públicos.