Dentro de ese mecanismo, una de las variantes llamativas tiene que ver con las emanaciones evitadas por los bosques bajo el esquema de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), y potencialmente comercializables bajo bonos de carbono a razón de un título por tonelada de dióxido de carbono (CO2), el principal gas generado por las actividades humanas responsables del calentamiento planetario.	La iniciativa forestal pertenece al Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, lanzado en 2008 y que actualmente abarca a más de 60 naciones para financiar programas en países en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de CO2 y fomentar el acceso de las naciones participantes a apoyo técnico y financiero con esos fines.	Las discusiones en Madrid oscilan entre la instauración de nuevos mercados o la extensión de la duración de los proyectos registrados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado por el Protocolo de Kioto de 2005 y que no incluye bonos provenientes de la protección forestal. Además, los Estados parte de la convención debaten sobre la transparencia de la compraventa del carbono y el veto a la duplicidad de los acotamientos de la polución –cuando tanto una nación vendedora de bonos como una compradora reportan el encogimiento como propio–.	México prepara la apertura de su mercado doméstico de emisiones, estipulado en la reforma de 2018 a la Ley General de Cambio Climático y por la cual este país latinoamericano -que con Brasil figura entre los 15 mayores contaminadores mundiales- debe ejecutar un proyecto piloto que arrancará en enero próximo y de tres años de duración.	El sistema de comercio, cuya base es el Registro Nacional de Emisiones, se destina a los generadores de más de 100.000 toneladas de CO2 y cuyas bases publicó la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente en octubre pasado. Los sectores con mayores derechos de emisión son generación eléctrica, petróleo y gas; cemento; hierro y acero; y refinación petrolera.	Para la especialista Dánae Azuara, la etapa de preparación mexicana “es una fase de aprendizaje, de construcción de capacidades para que en tres años funcione el mercado. Hemos aprendido de los errores de la Unión Europea y California”, en alusión a que ambas jurisdicciones dejaron fuera sectores contaminantes y tecnologías limpias cuando sus mercados de carbono entraron en operación en 2005 y 2013, respectivamente.	Varios estudios demuestran que la clave de un mercado es la definición de límites de emisiones y su precio por tonelada (cap and trade, en inglés). Las empresas que no rebasan ese tope pueden vender esa diferencia. Para quienes superen el techo, la opción es compensar el faltante con la adquisición de títulos de CO2 y allí hacen su aparición los bonos forestales. “La reducción debe provenir de los sectores más contaminantes. Los bonos forestales tienen un rol que jugar”, plantea la experta a LatinClima.	En diciembre de 2017, durante la cumbre One Planet en París, los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, México y las administraciones locales de California, Oregon, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec lanzaron la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, con la cual promueven los mercados de carbono intrarregionales y estandarizan sus sistemas de determinación de precios.	Ningún país latinoamericano ha firmado un Acuerdo de Pago de Reducción de Emisiones con el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), una alianza de 47 naciones en desarrollo, ONG y organizaciones internacionales que financian la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. A excepción de Costa Rica, ninguna nación candidata a ese financiamiento ha demostrado la propiedad del carbono y la facultad para transferir los créditos obtenidos.	La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), presentada ante el FCPF y que funcionaría durante cinco años, estipula una línea base de emisiones de 24 millones de toneladas de CO2 en los proyectos piloto de REDD+, llamadas “acciones tempranas”, que se escenifican en los Estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, donde existen 18,5 millones de hectáreas boscosas –21% de la superficie forestal nacional–. Esos territorios representan el 36% de las emisiones de carbono forestal del país. Las emanaciones serían reducidas en 80% durante los primeros cuatro años de la iniciativa, a una tasa anual de 20% y equilibrada a 80% en el quinto año.	Las reducciones estimadas anuales sumarían 2,15 millones de toneladas en el primer año de la iniciativa, para subir a 8,58 millones en el año cinco. Mientras, las contracciones proyectadas anuales a ser transferidas al Fondo del Carbono llegarían a 1,7 millones de toneladas, para escalar al quinto año a 6,78 millones.	La iniciativa, la única planteada para la Amazonía, busca reducir 26,77 millones de toneladas de CO2 en cinco años, con impacto sobre 2,5 millones de hectáreas boscosas y unas 100.000 hectáreas agrícolas, así como beneficios directos e indirectos para 380,000 habitantes de la zona. Ambas áreas han sufrido una deforestación del 35% entre 2008 y 2017, lapso en el cual las emisiones anuales promediaron casi 24 millones de toneladas de CO2.