Violenta el Estado de Derecho. No se le garantizó el derecho de defensa, por un lado; y, por el otro, había que remitir el caso a la Procuraduría, pues es la Corte a la que corresponde su juzgamiento por acusaciones de delito (acoso sexual), según la propia Ley 7 de 1997 de la Defensoría y el Código Procesal Penal.	A pesar de su competencia en la materia, el defensor del Pueblo estuvo a merced de las limitaciones presupuestarias y estructurales (intereses del Ejecutivo-Legislativo). Sin embargo, hay una experiencia acumulada de 22 años de la Defensoría. Esto de alguna manera cuenta. En el período de Castillero se instaló el Mecanismo de Prevención de la Tortura y la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos. Se han atendido demandas de víctimas del dietilenglicol, de los pueblos originarios, de personas con discapacidad, la campaña de la Cinta Chocolate, entre otras.	Definitivamente. Consideramos que la facultad de suspensión y remoción del defensor debe estar en manos del Pleno de la Corte Suprema, tal como acontece con el contralor por disposición constitucional; y que deben establecerse nuevos requisitos para ser defensor del Pueblo, como acreditar su no afiliación política partidaria por lo menos cinco años antes de su postulación, así como de gozar de trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos en Panamá.	Ha sido arbitraria, ilegal y sienta un precedente que nos debe preocupar a todos. Cada vez que ha ocurrido algo como esto, de violaciones a las leyes, en los últimos años pensamos que será la última, especialmente lo relacionado con las acciones de la Asamblea Nacional, pero vuelve a ocurrir y siempre acompañada de una agresión a la institucionalidad de parte de un órgano del Estado y es para preocuparse, desde el punto de vista legal. Desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, es inaceptable que se juzgue a tambor batiente a una persona en una instancia que no corresponde, sin aportar ningún tipo de prueba y más bien en una especie de linchamiento mediático y moral.	No creo que la licenciada Maribel Coco cuente con las credenciales para asumir el cargo de defensora del Pueblo y me limito a contestar eso. En el caso de Alfredo Castillero Hoyos, tiene un doctorado en Derecho con especialización en Derechos Humanos, no creo que haya muchas personas en Panamá que cuenten con esa especialidad y el compromiso de la defensa de los derechos humanos. El lunes (pasado) se convocó a una reunión y conferencia de prensa por organizaciones de derechos humanos para analizar el tema del defensor del Pueblo, a la que asistieron unas 50 personas que trabajan con organizaciones sobre derechos humanos y dieron fe de que las veces que acudieron a la Defensoría del Pueblo fueron atendidas como se merecían. Yo fui a esa reunión porque me parecía que lo que hacía la Asamblea Nacional era un asesinato moral en contra de Castillero Hoyos, precisamente la Asamblea que tiene sentado en el pleno a un diputado acusado de violación carnal por las vías legalmente establecidas y otros con una reputación vergonzosa que se atrevieron a destituir a una persona como Castillero Hoyos aduciendo que no tiene solvencia moral. Es un asalto a la Defensoría del Pueblo para meter personas que carecen de credenciales para laborar en la institución.	La Defensoría ha sido un espacio importante para la promoción de los derechos humanos; sin embargo, ha habido personas que han ocupado el cargo sin la capacidad y no tuvieron los mecanismos para continuar con la promoción de los derechos humanos y fueron sumergiendo la institución en una situación como la que se percibe ahora. Me consta que durante el periodo de Castillero Hoyos realizó aportes importantes en foros y debate en el tema de educación sexual y reproductiva, que es sumamente complejo, así como en el tema de los menores de edad, de los migrantes y la violencia contra las mujeres, a pesar de los pocos recursos de la institución. Hay que recordar que el defensor del Pueblo no tiene ninguna capacidad de tomar medidas coercitivas contra funcionarios. Cuando se destituyó a Liborio García no fue por ninguna acusación, sino porque no cumplió con uno de los requisitos que exige la ley para ser defensor del Pueblo, como haber renunciado a todas las representaciones legales de sociedades, previo a su designación.	Creo que tiene que ser reformada, pero el problema va más allá de la ley, mientras no se entienda que muchas de estas instituciones -como la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia- requieren de personas capacitadas en determinadas disciplinas y con determinadas trayectorias para realizar la labor que se requiere, podemos tener todas las leyes del mundo, pero no pasará nada y las instituciones seguirán siendo un botín político.	No voy a hacer recomendaciones, voy a exigir que se respete la ley, que el defensor o defensora del Pueblo que sustituya a Castillero Hoyos cumpla con todos los requisitos de la ley y que revise el personal de la institución, para verificar si los funcionarios tienen la preparación técnica y el compromiso ético en la defensa de los derechos humanos.