Teniendo en cuenta las condiciones económicas, políticas y morales en que se recibió el país después de una década de latrocinio, impunidad, destrucción de la institucionalidad e irresponsabilidad y teniendo en cuenta que ganamos las elecciones con poca cantidad de votos y que la calidad de la Asamblea Nacional y el prestigio del Órgano Judicial no es el mejor, creo que la gestión ha sido buena. Se está tratando de poner en orden las destruidas finanzas públicas, se ha logrado poner algo de orden en la Asamblea Nacional y se han hecho acertados nombramientos en el campo de la justicia. Toca esperar el accionar positivo de estas instituciones y que el empuje económico se empiece a sentir después del primero y segundo trimestre.	Siempre he considerado que el verdadero pilar de desarrollo de un país es la Justicia y el combate a la corrupción y la impunidad. La Justicia que debe hacer prevalecer las buenas cualidades de los ciudadanos y prevenir el accionar de las malas cualidades que traemos en paquete humano es lo que produce solidaridad, unidad, amor a la patria, buena educación y salud, agua, buenas carreteras, buenas pensiones, jubilaciones y sueldos. Creo que los nombramientos realizados en el ámbito de la justicia buscan ese derrotero.	Tiene que enfocarse en las reformas, pues es necesaria, y además una promesa de campaña. Pero eso no significa ignorar la problemática del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Debe abocarse a las soluciones urgentes en materia de salud, educación, seguridad, vías de comunicación y estímulo y apoyo al sector agrícola.	El accionar de Laurentino Cortizo en estos primeros seis meses es el reflejo de un gobierno que se muestra ineficaz e ineficiente en la conducción del Estado para resolver los problemas de la mayoría de la población. Como se ve la crisis y la descomposición de las instituciones del Estado, que viene arrastrando Panamá desde hace varios años, se mantiene y sigue profundizándose. En estos seis meses, el Ejecutivo lanzó una carrera acelerada por establecer un conjunto de medidas dirigidas a imponer exigencias de los organismos internacionales de crédito y de los empresarios locales (por ejemplo las APP); priorizó atender la deuda con el sector privado mientras desatiende la deuda social; incrementó la deuda pública; despido de funcionarios; reformas constitucionales inconsultas presentadas a la Asamblea Nacional, generando la movilización de diversos sectores sociales (algunos reprimidos por la Policía Nacional); se hace del control de todos los órganos de gobierno, aunado al cuestionamiento en nombramientos en altos cargos.	Los supuestos mecanismos “técnicos” para la selección de los magistrados, dejaron en la opinión pública algunos cuestionamientos. Primero, si era necesario acudir a una empresa privada para que evaluará a los(as) candidatos(as). Segundo, el mecanismo de contratación de la empresa evaluadora (contratación directa). Tercero, el uso de fondos públicos para este fin en un supuesto período de contención del gasto público. Tanto los magistrados como el procurador designados presentan vínculos directos con miembros del partido gobernante y sectores del poder económico. Frente a ello y ante los grandes retos, es necesario que estos den ejemplos contundentes contra la corrupción e impunidad reinante en el país. Por ejemplo, demostrar independencia en casos como el de Odebrecht, que involucra figuras de los tres últimos gobiernos e incluso se mencionan algunos de la presente administración. Algunos sectores han recibido con euforia las asignaciones, pero igual lo hicieron en otros momentos para luego renegar.	Las evidencias demuestran que la austeridad solo llegó a los sectores sociales, recordemos los casos de salud y educación. La gestión presupuestaria mantiene gastos suntuarios con montos exorbitantes. Mientras se afectan las partidas presupuestarias de orden social, el gobierno le hace frente a la deuda con el sector privado (fondos públicos y deuda). Como dice el pueblo panameño, “es un gobierno que le quita al pobre para darle al rico”. Además, cómo se explica que en un país que declara austeridad en el gasto público, se asignen presupuestos superiores a los dos millones de balboas para remodelar oficinas de la Presidencia, o que se siga otorgando contrataciones directas que dejan dudas sobre posibles sobrecostos, o que sigan los viajes al exterior con partidas de viáticos onerosas y grandes comitivas. El presupuesto del 2020 tampoco evidencia un ordenamiento de prioridades en función del desarrollo nacional y social. Aunado a ello, ¿qué se hace con el excedente canalero? Este año se reciben $1,786 millones ¿Por qué tanta deuda social?	Es urgente dar un giro a la política económica que se gesta en Panamá desde 1979 (40 años de neoliberalismo), ya que ha generado exclusión social (Panamá, sexto país más desigual en el mundo), destrucción del aparato productivo, derroche energético y degradación ambiental. Es necesario establecer medidas de política económica concretas, con efectos de corto y mediano plazo, sustentables en el largo plazo, que tengan como horizonte el desarrollo nacional y social. El gobierno debe priorizar la atención de la enorme deuda social (educación, salud, vivienda, acceso al agua potable, empleo y salario digno, entre otras); impulsar las actividades productivas que garanticen seguridad y soberanía alimentaria; otorgar un presupuesto cónsono con las necesidades de educación (al menos el 6% del PIB) y salud; disminuir y regular los precios de los alimentos, productos y servicios básicos, ante un mercado imperfecto y especulador; acabar con la corrupción (denuncias de sobrecostos, contrataciones directas para favorecer amigos, familiares y socios), no solo de anteriores administraciones sino también en los casos que comienzan a sonar en esta administración.