La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó que con esta herramienta se permitirá disminuir la presión fiscal sobre las arcas del Estado. Además, promovería la participación de capital local en obras de interés público en toda la geografía nacional, con lo cual se dinamizaría aún más el desempeño de la economía panameña.	"Son contratos entre ambos sectores a través de los cuales se financia, construye y se presta servicios, al tiempo que sirven para una amplia gama de proyectos de inversión social y económica, usualmente ejecutados en carreteras, energía, telecomunicaciones, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de aguas y puertos, entre otros", aclaró la Cciap en un pronunciamiento semanal.	Incluso fue motivo de satisfacción para el gremio cuando fue invitado junto con otras agrupaciones del sector privado a una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el titular designado de Obras Públicas, a fin de revisar el referido borrador de ley y hacer las observaciones que en su momento se presentaron a la actual administración de gobierno.	Panamá cerró el 2018 con una expansión del producto interno bruto (PIB) del 3,7 %, la tasa más baja desde 2009 (2,4 %), un déficit fiscal del 2 %, un desempleo del 6 % y una creciente deuda pública, que al cierre de marzo se ubicó en 25.893 millones de dólares (cerca del 40 % del PIB).