Las labores que deberá cumplir De Saint Malo se enmarcan en tareas administrativas los días viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m y darán inicio el próximo 10 de octubre. También realizará trabajos de campo como limpiar bancas, trasladar toldas, sillas, mesas, trabajos de limpieza en los parques, cortar hierba y lo relacionado al departamento de Ornato, que se encuentra a cargo de Diógenes Villarreal, quien deberá reportar al juez de cumplimiento cualquier irregularidad en el comportamiento o inasistencia de De Saint Malo.	Al finalizar la audiencia, el fiscal Adecio Mojica declaró a los medios que se trató de un proceso en el que se recuperó una cantidad “exorbitante” de dinero ($17 millones) . “No se puede ver esto como una situación de impunidad. La fiscalía está realizando su trabajo y lo permite la Ley, la juez ha tomado una decisión y la fiscalía la evaluará”. Añadió que evaluarán la presentación de una apelación en los dos días siguientes que contempla la Ley.	La jueza impuso ciertas condiciones a su decisión. Por ejemplo, la prohibición de salir del país sin el consentimiento de un juez de garantías; trasladar al juzgado, los días 30 de cada mes, un listado de asistencia con la firma de Diógenes Villarreal y de De Saint Malo; en caso de inasistencia deberá reponer el tiempo y notificarla, además de la prohibición de la ingesta de alcohol, drogas o estupefacientes pasadas las 10 de la noche. La jueza programó una audiencia de control dentro de tres meses.	Lo anterior fue posible debido a que en el acuerdo de colaboración, que efectuó la fiscalía con De Saint Malo, se contempló una pena de prisión de 60 meses. El Código Penal, en su artículo 65, establece que el trabajo comunitario podrá ser aplicado por el juez de conocimiento o por el juez de cumplimiento a quien esté condenado o cumpla una pena que no exceda de cinco años de prisión.	Al ser cuestionado por qué se acordaron 60 meses de prisión a De Saint Malo, tomando en cuenta que se trataba de un caso de alto perfil, el fiscal Mojica —parte del equipo de los cinco fiscales que atendió la audiencia— indicó que “el despacho evaluó esa sanción, la de 60 meses, dentro del proceso”.	La audiencia se inició a las dos de la tarde en la sala 22 del SPA, ubicada en el sótano de la infraestructura. Varios medios esperaban ingresar a la sala, no obstante, se indicó que solo había cupo para un medio debido a limitaciones de espacio, lo que provocó el reclamo del resto de los periodistas.	La jueza dio la palabra a la abogada de la defensa Nedelka Díaz, quien solicitó a la juez la sustitución de la medida basada en el mencionado artículo. Para ello aportó documentación que posteriormente fue admitida por la jueza como evidencia: certificado del oferente del trabajo, es decir, de la Junta Comunal de Ancón; certificación del juez de paz; certificado de matrimonio, récord policivo para propósitos laborales, entre otros. Los papeles pretendían probar, principalmente, que existía una oferta de trabajo comunitario por parte de la Junta Comunal y el arraigo domiciliario de De Saint Malo.	La juez solicitó a Iván Vásquez, representante de la Junta Comunal de Ancón, que informara sobre las labores que realizaría el acusado. Vásquez respondió que se concentraría en la sección administrativa, como inventario de toldas, sillas, mesas. Vásquez manifestó que es un creyente de los programas de resocialización y que en el departamento de ornamento ya trabajan 10 personas en condiciones similares a la de De Saint Malo.	Con respecto a los controles que se impondrían para asegurar el trabajo de De Saint Malo, el jefe de ornato indicó que trabajaría como cualquier otro: “yo los monto al pick up y él va a estar con nosotros, si tenemos que cortar un árbol, unos cortan y otros cargan”, intentó explicar Villarreal.