No hay ninguna acción ni decisión tomada por el Gobierno o la facción de congresistas que acusan a Vizcarra de haber dado un golpe de Estado con la disolución del Congreso que decretó el pasado lunes que esté exenta de matices, que pasan por toda la escala de tonos del gris.	El lunes, tras querer impedirle la entrada al hemiciclo, el entonces primer ministro Salvador Del Solar planteó una cuestión de confianza para paralizar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y revisar el procedimiento con que la oposición pretendía copar con magistrados afines a sus intereses el principal órgano de interpretación de la Constitución.	Para algunos, esa decisión fue válida porque, con su decisión, el Congreso negó y desvirtuó el contenido de su moción, mientras que para otros el presidente se salió de la Constitución porque lo único legalmente válido fue la votación posterior a la elección del nuevo magistrado del TC que otorgó la confianza solicitada.	Menos de 24 horas después de su nombramiento como "presidenta interina", cargo que no existe en la legislación, Aráoz dimitió tanto de su "encargo" como de la Vicepresidencia, pero esto no fue reconocido por Vizcarra porque debería haberlo hecho ante el pleno de un Congreso que ya no existe ni se va a reunir más.