En ese sentido, la Prelatura de Illapel, unos 300 kilómetros al norte de Santiago, "ha decretado el inicio de una investigación previa" sobre la denuncia contra Riveros como lo establece el Código de Derecho Canónico y el protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para tratar las causas de abusos sexuales a menores.	El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, informó a finales de abril de que las causas abiertas por abusos sexuales en el interior de la Iglesia católica chilena han aumentado a 166, y las víctimas a 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, mientras las personas relacionadas con el clero que son investigadas suman 221.	Esta misma semana, la Fiscalía Nacional anuló un convenio de colaboración suscrito el pasado 30 de abril con la CECh para indagatorias relacionadas con clérigos involucrados en casos de abusos sexuales y reconoció que la decisión obedeció a una serie de críticas desatadas por el convenio, principalmente de agrupaciones de víctimas.