Primero son las elecciones; segundo, la instalación del nuevo gobierno; y tercero, su ejercicio con mayor o menor gobernabilidad. En el pasado, algunos han entendido que gobernabilidad es sinónimo de poder centralizado. Eso, desde luego, es falso. Tampoco es consistente hablar de ‘gobernabilidad democrática', por cuanto la gobernabilidad es consustancial a la democracia y, por tanto, solo puede haberla cuando se vive bajo sus reglas e impera el Estado de Derecho.	Si la gobernabilidad perfecta solo existe cuando todas las instituciones del Estado ejercen plenamente y con eficacia sus competencias, hay que concluir que en ningún país existe al cien por ciento, sino aproximaciones a ella y, por tanto, que la proximidad o el alejamiento del punto o nivel óptimo, determina la fortaleza o la debilidad de la gobernabilidad y, en consecuencia, de la democracia y, también el camino a recorrer para perfeccionarla.	Bajo esos parámetros, nuestra realidad presente es que como consecuencia de la acentuada crisis institucional que se ha agravado en los dos últimos quinquenios, estamos muy rezagados en el proceso de construir una auténtica gobernabilidad. ¿Cómo se recupera ese atraso o cómo se podría avanzar en la construcción de la gobernabilidad? El punto de inflexión y de partida, deben ser las elecciones y sus resultados. El país escogió la que consideró la mejor opción electoral, le otorgó un mandato para gobernar; para superar la actual crisis de institucionalidad y ejecutar las acciones necesarias para consolidar nuestra democracia y el estado de derecho, condiciones esenciales para reencauzar al país por la senda del progreso económico y social.	Por mandato de los votos, a partir del 1 de julio comenzará una nueva etapa de nuestra vida republicana y a todos los sectores de la vida nacional les toca asumir con patriotismo el papel que nos devuelva a la institucionalidad y el progreso. A esos efectos, nadie sobra; todos contamos y todos podemos aportar para tener un mejor país. La tarea es de todos, sin exclusiones.