De acuerdo con los resultados del Reporte Economía y Desarrollo 2019: “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, Panamá se posicionó como el segundo país de América Latina con la mayor percepción de incidencia en el pago de sobornos empresariales en servicios públicos; y el número once que realiza pagos de sobornos para asegurar contratos con el Estado en la región.	El documento, presentado ayer por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), señala que la mayoría de las transacciones están relacionadas a servicios vinculados con trámites de aduanas, impuestos, licencias, regulaciones, etc. La encuesta se hizo en 19 países de la región.	Respecto a los pagos de sobornos que las compañías en América Latina realizan para asegurar contratos con el Estado, los encuestados sitúan a Panamá en la posición número once, pero a nivel de Centroamérica en segundo lugar, con 10%. Otros países que se encuentran en la lista son: Guatemala (3%), Honduras (2%), El Salvador (7%), Nicaragua (5%), Costa Rica (3%) y México (22%).	Sobre los resultados, Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, dijo que el problema va más allá de las estadísticas, porque “la corrupción es sistemática”. En ese sentido, recomendó mejorar los procesos de transparencia para desactivar cualquier actividad de sobornos que siga involucrando a funcionarios y empresarios.	Por su lado, Gustavo Fajardo, economista del CAF, afirmó que “la corrupción es un cáncer que afecta la capacidad de acción y el crecimiento económico de los países”. “Los efectos de la corrupción se reflejan en la pérdida de cerca del 2% del PIB a nivel mundial por causa de los sobornos”, puntualizó.