En un encuentro personal con el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, el 28 de noviembre de 1990, Ricardo Arias Calderón, entonces vicepresidente de Panamá, había descrito el escenario que se encontró el nuevo gobierno. “No habían máquinas de escribir o muebles. Las oficinas estaban destruidas, pero hemos tratado de restaurar las cosas”, puntualizaba el panameño.	“Solo le llamo para comunicarle el sentimiento de gratitud del Gobierno y de la población panameña, y en especial a usted, por su interés del bienestar del futuro de nuestro país. Si desea venir a Panamá y correr en alguna elección, podría ganar el cargo que escoja”. Eran las palabras del entonces presidente Guillermo Endara a su homólogo, George Bush padre, con quien sostuvo una conversación telefónica el 14 de marzo de 1990.	Las relaciones entre Panamá y su socio del norte, a pesar de que el país había sufrido una intromisión militar estadounidense que dejó cuantiosas pérdidas materiales y humanas, eran estrechas y cercanas más que nunca. La intervención militar se veía bajo la óptica de la liberación del pueblo panameño sumergido por casi una década al régimen de la dictadura militar al mando del ex agente de la CIA Manuel Antonio Noriega.	Habían transcurrido casi tres meses desde que las fuerzas norteamericanas invadieron Panamá. El país enfrentaba grandes retos a la entrada de la nueva era democrática. Uno de los más inmediatos era reflotar la economía del país. Había quedado casi en ruinas. Las Fuerzas de Defensa desmantelaron el aparato burocrático. Las oficinas no tenían mobiliario, la Policía que tomaba el mando para ocupar el vacío que dejaban las desarticuladas Fuerzas de Defensa (FFDD) solo contaban con cinco patrullas que tenían un límite de diez galones de combustible al día, debido a la crisis económica.	Estados Unidos había adelantado una radiografía de las finanzas públicas del país intervenido. La deuda externa superaba los $3.8 billones, pero había que cumplir con compromisos inmediatos ante los organismos financieros internacionales que ascendían a $390 millones, suma a la que agregarían un préstamo por $150 millones de Estados Unidos, según redactó en abril de 1990 el almirante James H. Fall III en un informe sobre Panamá.	Dieron la pauta de cómo el gobierno de Endara debía hacer frente a la deuda interna y externa, incluso contemplaron qué instituciones podían hacer nuevos préstamos de acuerdo a la relación deuda y pagos que el Istmo tenía programados. Uno de los retos más grandes de Endara era buscar una solución para pagar la deuda a los bancos comerciales.	Aun así, todavía había $1.2 billones en depósitos que estaban congelados, $354 millones eran de extranjeros y el Gobierno de Estados Unidos analizaba la manera de liberar esos depósitos. Dos bancos pequeños no resistirían la situación y la recomendación de Washington era que se fusionaran con otros más grandes para evitar complicaciones.	La presión ante el pago de la deuda externa y la falta de dinero en Panamá obligó a Endara a pedir la ayuda al secretario del Tesoro, Nicholas Brady, durante una reunión en la que participó Bush en una visita que hizo a Washington, D.C. (mayo 1990), para que interviniera a favor de Panamá ante las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) y otorgaran crédito a Panamá. “Nuestra influencia es limitada y Panamá debe hacer serios esfuerzos para concretar los términos con las organizaciones financieras internacionales”, fue la respuesta del secretario.	Había serias preocupaciones de los norteamericanos con respecto al gobierno de Endara por la baja aceptación de su gestión, que había decaído de un 80% a tan solo 14% en un año de gobierno. Reportaban que había corrupción en las filas de gobierno, incapacidad de controlar el tráfico de drogas y el lavado de dinero, además de la forma en que el país administraría el Canal y las áreas revertidas en tan solo una década a partir de la fecha.	La difusa cifra de civiles que murieron a causa de la invasión ponía a Estados Unidos en una posición incómoda. Los números oficiales, entre civiles y militares, se estimaban en menos de 600. Pero las dramáticas discrepancias en que podrían haber sido miles de muertos, eran importantes para el Congreso por las serias implicaciones.	Si fuera así, que hubo miles de bajas, se lee la transcripción de la audiencia, “implicaría que el uso de fuerza por parte de Estados Unidos provocó un daño colateral a los civiles y sus propiedades, y que un segmento de las fuerzas militares rompió las reglas y fueron indisciplinados, por usar en demasía el devastador poder militar”.	Estos cargos implicarían que las fuerzas estadounidense encubrieron las masivas bajas civiles, que incluirían la destrucción de evidencia a gran escala y que los jefes de los marines, la infantería y la fuerza aérea cooperaron en este encubrimiento. Si esto fuera cierto, habría implicaciones en los departamentos de estos servicios que pudieran verse como parte de la conspiración. Esto pudiera poner a Estados Unido ante un cargo de crímenes de guerra y encubrimiento como sucedió en la guerra de Vietnam en la masacre de My Lai.	South Command emitió un reporte en el que registró 314 militares y 202 bajas civiles gracias a la operación quirúrgica que se practicó en la invasión. En 1991 el Instituto de Medicina Legal identificó los cuerpos de 65 miembros de la FDD y 157 civiles. Cincuenta cuerpos no han sido identificados hasta esa fecha. En adición a estas 270 fatalidades confirmadas, se contaban las 50 aún no identificadas y 75 personas desaparecidas. El Instituto indicó como un número máximo de 347 muertos, entre civiles y militares producto de la invasión.	La existencia de fosas comunes aún seguía siendo un punto álgido en descifrar la cantidad de bajas. De acuerdo a reportes del South Command, las fuerzas estadounidenses enterraron temporalmente 28 cuerpos panameños, por razones sanitarias, en tumbas individuales en un cementerio bajo control estadounidense. Estos restos fueron exhumados y entregados al Gobierno de Panamá una semana después.	No obstante, la organización de Derechos Humanos Physicians for Human Rights basada en Boston, hizo una investigación que concluyó que más civiles murieron en la invasión de lo que los militares estimaron, pero que la cifra global estimada podría ser menor a la que valoraron las autoridades norteamericanas. “No hay ninguna evidencia para aseverar que hubo miles de civiles muertos”, según la organización.