La determinación fue tomada por la jueza de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien lleva adelante las investigaciones al interior de la institución castrense y por la cual también procesó por malversación de 3.500 millones de pesos (unos 5,3 millones de dólares) al excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Aba.	Tras gestionar con funcionarios de Tesorería, la empresa obtenía los dineros de las facturas, se quedaba con el correspondiente IVA y el 15 por ciento del monto del documento, haciendo entrega de la diferencia en dinero o en bienes, que eran a "beneficio personal y de terceros, y en perjuicio del Ejército".	El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre, cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas.	Ver más Leonor Calderón: ‘Las iglesias nos dificultan decidir sobre nuestro cuerpo' Ricardo Martinelli demanda a cinco editores del diario ‘El Siglo' y a gremialista Un paraíso fiscal cuestionado, pero al que todos quieren tener acceso La llorona del 28 de febrero del 2019 Triunfo venezolano en la batalla sobre el puente Bolívar