"Son más de 59 millones de dólares (de fondos públicos) por los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas; quien no la debe, no tiene por qué temerla. Recurriremos a todas las instancias que nos faculta la Ley, para llevar adelante nuestra responsabilidad fiscalizadora a las que nos obliga la Constitución", remarcó el Contralor.	El Parlamento recordó que el pasado 24 de mayo presentó una solicitud de aclaración de sentencia frente al fallo de la CSJ que negó el amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer emitida por el Contralor "que es fundamental para determinar la futura validez o nulidad de la auditoría".