Los pactos, promovidos por entes institucionales y grupos de presión interesados en obtener de los candidatos presidenciales compromisos favorables, para la nación o para sus aspiraciones sectoriales, se han convertido en una de las actividades más destacadas de la campaña política. Como no atender esas invitaciones merece la crítica, tanto de los invitantes como de los medios de comunicación, los candidatos, salvo alguna contada excepción, han procurado no perderse ninguno de esos convites, con el resultado de que los pactos han proliferado.	Algunos han saludado como positivos esos encuentros, porque consideran que esos compromisos serán vinculantes para el candidato favorecido por el veredicto de las urnas. Pero, a la par, han surgido voces que no solo cuestionan la utilidad de esos ejercicios, sino que abiertamente expresan dudas de que los compromisos suscritos se cumplan o se traduzcan en acciones de gobierno. Esos extremos eran y son esperables y dejan en claro que, en la mente y la decisión de los votantes, enfrentados a promesas similares, el factor determinante será la credibilidad del promitente y su capacidad para convertirlas en realidad. En otras palabras, a quien le reconocen más capacidad para gobernar con efectividad.	La responsabilidad primaria de los gobiernos es servir, respondiendo a las aspiraciones de las sociedades que gobiernan; dándole solución a sus demandas más sentidas. Por eso, el candidato que haya logrado conectar mejor con la comunidad nacional y con las comunidades básicas, corregimientos y municipios, y que haya trasmitido mejor la seriedad y viabilidad de sus propuestas, pero, sobre todo, sinceridad, será el victorioso.	El país espera y necesita un buen gobierno, asentado en sólidos consensos. Por eso el otro factor determinante de la decisión del electorado, sin duda, será el talante conciliador, alejado de odios y de extremismos, que proyecten los candidatos. Quienes no lo tengan lo comprobarán con los resultados del 5 de mayo.