Argentina está entre los principales productores de alimentos del mundo, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero después de Venezuela es la nación con mayor inflación de América Latina. El encarecimiento de los alimentos afecta directo a los sectores más vulnerables y se estima que para fin de año el 35% de la población estará bajo la línea de pobreza.	La emergencia se sancionó en el marco de la exacerbación de las protestas luego de la contundente derrota que sufrió el presidente Mauricio Macri ante el kirchnerista Alberto Fernández en las primarias de agosto de cara a las presidenciales del 27 de octubre, en las que la reelección del mandatario está cada vez más en duda. Fernández va acompañado en la fórmula electoral de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en cuyo primer mandato se desempeñó como jefe de Gabinete.	Agustín Peralta, de 20 años, quien perdió recientemente su trabajo y llevaba en brazos a su pequeño sobrino, dijo a The Associated Press que “el gobierno de Macri es para la gente que tiene plata. Los que somos gente trabajadora estamos cada vez peor, mucha gente está quedando en la calle y mucha gente pasa hambre”.	La depreciación de la moneda local impacta en los costos energéticos y otros del proceso productivo atados al dólar incidiendo en los precios. Esos saltos cambiarios también afectan el valor de los alimentos debido a que, luego de una disparada del billete estadounidense, los exportadores de esos productos buscan aumentar su rentabilidad en el mercado interno.	El analista señaló que detrás de estas movilizaciones están las agrupaciones dialoguistas con la actual administración que aprovechan el contexto para conseguir más beneficios y por otro lado los grupos de izquierda con “actitud desestabilizadora” que advierten que van a “seguir en la calle”, cuya expectativa será “conseguir beneficios rápidamente ni bien asuma el nuevo gobierno”.	La emergencia alimentaria estará en vigencia hasta diciembre de 2022 y dispone un incremento de al menos 50% de las partidas presupuestarias vigentes para este año, correspondientes a políticas de alimentación. Además faculta al Ejecutivo a reasignar partidas que podrán actualizarse trimestralmente tomando como referencia la variación de los precios de los alimentos.