En Panamá, a diferencia de lo que aspiran las grandes mayorías de la población, desde hace 40 años se está ejecutando un proyecto de exclusión social, el neoliberalismo. Es decir, por encima de los requerimientos que apunten a una vida digna de los panameños, el modelo económico que nos han impuestos los Gobiernos, ha privilegiado la obtención de máximas ganancias para unos pocos, lo que conduce a una alta concentración de la riqueza. Las necesidades básicas insatisfechas de la población dan muestra de la profunda inequidad social que reina en el país.	Quienes ostentan el poder económico y político, vienen desmantelando el agro para favorecer los intereses de importadores y distribuidores; permiten proyectos lesivos al ambiente; son los responsables del alto costo de vida; son los responsables de que los asalariados y consumidores paguen más impuestos, mientras a la gran empresa y a las transnacionales se les reducen o exoneran; son quienes en una política sistemática generan condiciones caóticas en los servicios de educación y salud para justificar su privatización; son los que mantienen el déficit habitacional; son los que han llevado adelante la corrupción y la impunidad; los que aúpan los bajos salarios, la informalidad laboral, la no prestación de seguridad social; los que han llevado a que el 41 % de los pensionados sean pobres. Ese pueblo que hoy se debate entre la miseria, la exclusión, la injusticia y el desempleo, víctima de las políticas neoliberales en las que coincide el poder económico, que nos ha convertido en el sexto país más desigual del planeta.	Igualmente, es ese mismo poder económico y político, que se rasga la camisa en acusaciones de corrupción y conductas ilegales; acusaciones entre uno y otro bando que no son nuevas, han sido el escenario típico desde los albores de la República, los que archivan al llegar al Gobierno los procesos de investigación. Como dice el pueblo “ellos son blancos y se entienden”, en ellos no priva la menor intención de investigar, juzgar y condenar a quienes resulten responsables de lesiones al Estado y la sociedad panameña. Para nadie es un secreto el pacto que existe entre ellos para dejar en la más completa impunidad los escándalos de corrupción cometidos por las distintas administraciones de Gobierno.	Estamos ante la presencia de un Estado en franca descomposición, una institucionalidad maltrecha, que nos encamina hacia un tipo de Estado fallido, con una institucionalidad podrida, democracia putrefacta, falta de credibilidad en los poderes del Estado, como resultado de corrupción e impunidad desvergonzada de quienes nos gobiernan, a quienes no les importa que se sepa que son ladrones y que se venden a los grupos de poder económico, porque tienen la certeza de que nada les va a pasar. Priva un Estado que es incapaz de atender las demandas básicas de la población, garantizar justicia, hacer valer la voluntad popular, y donde sus principales actores ninguno escapa del cuestionamiento público (autoridades, partidos, órganos del Estado, empresarios, medios de comunicación, jerarquías religiosas, etc.). Es decir, institucionalmente para donde dirijamos la mirada encontramos más de lo mismo; para donde veamos la corrupción está extendida. No existen mecanismos de control confiables, de transparencia, de ética en el quehacer público.	Dada la situación en el país, nunca como hoy es tan necesario adecentar el país. Adecentar significa poner en orden la nación. Es necesario barrer con toda esta podredumbre de la que hoy los panameños verdaderamente dignos nos avergonzamos. No pueden ser corruptos y corruptores de hoy y ayer, los que hoy pretendan salir como los llamados a adecentar.	La única salida a esta podredumbre, a esta institucionalidad corrupta, es la convocatoria por el pueblo soberano de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que envíe para sus casas o para la cárcel, donde deben estar, a todos los corruptos, establezca un nuevo orden y funde una nueva república de paz, justicia social, democracia real, equidad y bienestar para todos los panameños. Solo así acabaremos con estas mafias en los Gobiernos de una vez y para siempre.