Los pueblos indígenas hemos acordado una agenda global que está contemplada en la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sobre los derechos indígenas. Estas declaraciones establecen claramente lo que los Estados deben contener en sus constituciones y lo primero que se plantea es que los Estados son pluriculturales y plurinacionales y, en caso de los indígenas, hay varias nacionalidades, como la guna, emberá wounaan, ngäbe buglé y bri bri, que son pueblos indígenas que están antes de la creación del Estado panameño y esta realidad no se ve reflejada en las reformas constitucionales. Lo otro es el principio establecido para las consultas indígenas. No tenemos nada en contra de los representantes de los congresos indígenas en la Concertación, pero la Ley 37 de 2017 establece claramente el derecho de la consulta previa e informada y desde este punto de vista, nosotros rechazamos esas reformas porque consideramos que son totalmente inconsultas al no existir un proceso claro de consulta a los pueblos indígenas. Aplaudo la iniciativa de la Concertación, pero se debe realizar un mayor esfuerzo para respetar los derechos de los pueblos indígenas.	Como abogado indígena considero que es urgente una Corte Constitucional para la determinación de los derechos ciudadanos, en vista de que un recurso como el habeas corpus , que en teoría debe ser rápido, se demora siete meses o un año. Lo mismo ocurre con recursos sobre la protección de derechos humanos y una Corte Constitucional puede resolver estos recursos más rápido. Me parece muy positiva esta propuesta; sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es con el método para la designación de magistrados.	Sinceramente no creo que los diputados aprueben una limitación para reelegirse en el cargo. Tenemos un sistema electoral que se fundamenta mucho en lo económico, lo que propicia que las personas quieran perpetuarse en el poder político y considero que más que preocuparnos porque las personas no se reelijan tres o cuatro veces, tenemos que establecer los mecanismos para combatir la corrupción, como la compra de votos, que distorsiona la democracia.	Evidentemente, las propuestas de reformas constitucionales que se han presentado hasta el momento no van a modernizar el Estado. Por ejemplo, hay que hacer cambios profundos sobre la rendición de cuentas y la capacidad de juzgar al presidente de la República y los diputados. Esto no está bien estructurado en la propuesta como para pensar que se darán cambios profundos en la modernización del Estado.	Yo pienso que es necesaria una nueva constitución. Estamos en el siglo XXI, hay exigencias de reivindicaciones en materia de derechos humanos, también hay exigencia en materia de transparencia en la gestión pública, y todos estos aspectos plantean una nueva constitución. Por un lado, se plantean unas reformas constitucionales y por otro, el mecanismo de dos legislaturas nos dice que serán aprobadas por los políticos que nos han tenido en estas crisis del Estado y difícilmente los diputados aprobarán unas reformas que, a todas luces, los perjudica en el futuro. Evidentemente se impone una nueva constitución política que atienda todas las necesidades de la sociedad panameña.	No es un secreto el inminente requerimiento de una nueva constitución que amerita el país, por lo que encuentro sano el ejercicio de participación que conlleva que diversos actores sociales se involucren de manera activa en el proceso de reforma. De manera resumida, pude observar que plantean limitaciones del excesivo poder que hasta ahora ha tenido el Ejecutivo. Es notorio que el interés perseguido es menguar los grandes visos de corrupción que tan duramente nos han afectado en los últimos años como nación.	Entiendo que la motivación de crear el Tribunal Constitucional es desahogar la Corte Suprema de Justicia, que ya no sería Suprema, toda vez que el Tribunal Constitucional, como rezan las reformas, será considerado el máximo regente de la Justicia, sobre la Corte Suprema, lo cual sin duda le quitará el carácter ‘supremo', y ahora lidiaríamos con un ‘Supremo' y un ‘Máximo'. Pero la terminología es sólo un detalle, se menciona que el Tribunal vería temas constitucionales, pero no aspira a resolver amparos, habeas data ni habeas corpus que suelen ser los recursos que congestionan la Corte. Considero que de la manera en que hasta el momento ha sido planteado el Tribunal, sea la solución para los problemas del Órgano Judicial.	La propuesta recoge un clamor ciudadano que se evidenció en el resultado de esta última elección donde de 51 diputados que aspiraron a la reelección, solo 15 la obtuvieron. Sin duda es el ideal que se logre aprobar la propuesta de limitar la reelección solamente a un segundo periodo. Veo con optimismo la aprobación de la propuesta en la entrante Asamblea, toda vez que de alguna manera logró renovarse un poco y la responsabilidad que nos ha confiado la ciudadanía fue endosada aspirando a un cambio, a tomar una distancia de la prácticas tradicionales que situaron el escrutinio público en dicho Órgano. Sería una buena oportunidad para demostrar que es posible legislar atendiendo al interés ciudadano.	Como mencioné en mi primera respuesta, observo que plantean limitaciones al poder del Estado. Las propuestas son puntuales y persiguen un mayor equilibrio, donde sin duda atienden una necesidad urgente de atacar, desde mi punto de vista, la corrupción mediante cambios en la selección de magistrados de la Corte, la conformación del Tribunal Constitucional y regular la reelección de diputados, hasta ahora infinita.	Una nueva constitución. Los tiempos son otros y las reformas, aunque en algo pueden contribuir, seguirán siendo ‘parches'. Las condiciones sociales y políticas de Panamá no son las mismas de 1972. Las reformas constitucionales deben reformar legislaciones, deberían encaminarse a gerenciar operaciones y no ser trajes a la medida de los proponentes. Sobre esto es que deberíamos centrar la discusión.