El expresidente permaneció privado de libertad en forma preventiva por dos años. El primero, en una cárcel federal de la ciudad de Miami (junio 2017- junio 2018), a la espera de su extradición a Panamá. El segundo año (junio 2018-junio 2019), en el Istmo, en el centro penitenciario El Renacer, mientras se desarrollaba un juicio en su contra por supuestos pinchazos telefónicos, del cual un tribunal lo declaró 'no culpable'.	Después de haber recibido información de los abogados de Martinelli, y del Gobierno de Panamá, en la que se hace un conteo de los hechos desde su detención, atención de salud, la forma en que se ordenó su detención, etc., el Consejo de Trabajo analizó los argumentos de cada parte y consideró que “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería concederle al señor Martinelli el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.	De acatar el Estado este pronunciamiento, podría costarle cifras millonarias. Es decir, la defensa del exmandatario puede presentar al Estado una propuesta de indemnización para la “reparación” del daño causado a su cliente. Pero de acuerdo con Luis Eduardo Camacho González, quien interpuso la queja ante la instancia internacional, “se preparan para acudir a un arbitraje internacional en el que se pueda hacer un litigio concentrado en la indemnización y figuras independientes determinen cuál es el monto a pagar a su cliente”.	Lo que se conoce como “la Santidad de los tratados”. En este sentido, pone en manifiesto que el Estado incumplió de alguna manera el contenido de los tratados. El afectado, por ende, tiene una ruta y el contexto es una situación litigiosa. El litigio inicia desde el momento en que un organismo decide que el Estado incumplió.	La experiencia en el Estado panameño en este tipo de reclamaciones es el de Vélez Loor, pero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el Estado fue condenado por una detención arbitraria y Panamá lo indemnizó con aproximadamente $45 mil y se abrió un expediente a los responsables de la supuesta tortura.	La Cancillería podría decir que existen distintos tipos de decisiones en instancias internacionales y que ésta no es vinculante porque no tiene la fuerza de una sentencia, por lo tanto, no está obligado a cumplirla. Con esto minimiza la decisión en su contra. Este grupo de trabajo no se trata de una sentencia como tal, sino de una recomendación subjetiva, sin que el Estado haya tomado una situación de un contradictorio.	Carreira estima que la opinión del Consejo “no tiene ningún valor jurídico en Panamá, solo mediático. La fuente (defensa de Martinelli) como lo cita el Consejo, relató hechos muy sesgados y la pobre defensa que presentó el Gobierno panameño es muy cuestionable. La Corte Suprema de Justicia ha emitido amparo tras amparo confirmando la detención de Martinelli como para dejarlos en ridículo con esta opinión”, zanjó Carreira.