“Los patronatos no pueden estar por encima de la Constitución”, dijo el ministro de MiCultura, Carlos Aguilar, en una reunión con periodistas de diversos medios de comunicación en la que se dieron a conocer resultados de los primeros meses de gestión del nuevo ministerio y las proyecciones para el año venidero.	De acuerdo con Aguilar, luego de conversaciones con los responsables de distintos patronatos, se habían acordado algunos ajustes a estas legislaciones que estarían contenidas en la Ley General de Cultura; sin embargo, la Asamblea Nacional preparaba ya, a través del diputado Héctor Brands, una ley que regula el funcionamiento de los patronatos.	El proyecto de ley 134 no ha sido del agrado de ocho patronatos que mostraron su inconformidad a través de un comunicado. Posteriormente, la subcomisión de Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional abrió un espacio para escuchar las inquietudes —tanto de los patronatos como de la ciudadanía—. Ninguno de los patronatos se presentó.	“Sobre el Patronato del Teatro Nacional habíamos discutido ya seis puntos en los que habíamos incluso acordado cambios. En cuanto al patronato del Museo Reina Torres de Araúz, establecimos 16 puntos, la mayoría de ellos errores de redacción”, detalla el ministro, pero con la presentación del proyecto de ley en la Asamblea, estos acuerdos se han enfriado.	En el caso del patronato del Teatro Nacional, preocupa el artículo 4, que permite al patronato vender el bien patrimonial, no solo el edificio, sino las obras y mobiliario y bienes que el patronato adquiera en adelante. Sobre el presupuesto, “no se puede exigir que sea una cifra igual o mayor que la del año anterior si el propio presupuesto del Estado cambia y para el próximo año habrá recortes para todos”, explica Aguilar.	También se busca equilibrar la composición de las juntas directivas, 40% por privados, 30% por el Estado y 30% por academia y gremios relacionados con la actividad del patronato en cuestión. “La participación de la academia es la que va a garantizar que se tomen las decisiones correctas”, plantea el ministro. Actualmente de siete representaciones solo dos son del Estado (MiCultura y Alcaldía de Panamá), lo que en caso de votaciones deja al Estado en situación desventajosa. “No se influye entonces en las tarifas que cobra el patronato por entradas, no hay tampoco tarifas únicas de alquiler”, lo que da pie a la discriminación.	Aguilar es consciente de que los patronatos deben recoger fondos que permitan el buen funcionamiento, mantenimiento y conservación de los sitios patrimoniales, pero “no con el precio de 'hacer lo que yo quiera' e 'invitar solo a quien quiera'”. El funcionario recuerda que los patronatos se manejan con fondos del Estado, por lo que es necesaria una debida fiscalización. “Somos los garantes del buen manejo de estos bienes que son de todos”, afirma.	Es demostrado que la figura colabora enormemente, sobre todo con la disminución de la burocracia y ofrece un manejo más eficiente de los bienes que representan; sin embargo, esto no les da el derecho de pasar sobre las leyes de la República ni decidir qué es cultura y qué no lo es.