Una fuente aseguró a 'La Estrella de Panamá' que uno de los reos contra quien iba dirigido el ataque del pasado martes alertó a un agente de la Policía del ingreso de armas. En 2017 se presentó una querella en el MP por el tráfico de armas, nadie respondió al denunciante	El subdirector del Sistema Pentienciario, Luis Gordón, quien comunicó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que había recibido información informal sobre el ingreso de armas al penal de La Joyita, no era el único que conocía sobre el hecho que derivó en una de las peores masacres registradas en el sistema penitenciario panameño, que dejó un saldo de 15 internos muertos y más de una docena de heridos.	Una fuente policial que pidió reserva de su nombre, indicó a La Estrella de Panamá que “el interno contra quien supuestamente estaba dirigido el ataque, advirtió a los policías en la judicial que se programaba algo en su contra”. La información le salvó la vida. Pero con el riesgo de que se desate una nueva venganza, más cruenta aún.	El martes 17 de diciembre, cuando se desató la balacera, el jefe de la facción disidente de una de las bandas más poderosas del país, “se refugió en la sala de guardia del pabellón y esquivó el baño de sangre”, añadió esta persona. Pero más de una docena de sus seguidores no alcanzaron siquiera a ponerse las zapatillas o chancletas para huir, señal de que el hecho los tomó por sorpresa.	La fuente policial, explicó a este diario, que el climax de este trágico episodio ocurrió cuando se registró una “diferencia entre las partes por grandes sumas de dinero (se habla de 2 a 9 millones de dólares) que la facción disidente no reportó al cabecilla de la banda más prominente del país”. La situación sobre el dinero no fue aclarada. “Aunado a esto, la facción que se quedó con la plata buscó alianza con otros grupos criminales para consolidar un cartel poderoso. Esto tampoco le pareció al cabecilla principal de la banda, un hombre de larga trayectoria en el mundo delincuencial que ha amasado una gran fortuna y prefiere manejar su organización con mucho sectarismo, no cree en fusiones”, añadió la fuente.	Se trata de una querella penal que presentó la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, S.A., contra los funcionarios del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional que resulten responsables por los delitos de tráfico de armas, corrupción de servidores públicos, y otros, por permitir la entrada de armas de fuego para uso de los reclusos en La Joya y La Joyita.	La demanda se sustenta en cuatro incidentes ocurridos en los distintos penales del país, publicados en los medios de comunicación, donde se contaron asesinatos con armas de fuego o balaceras entre bandas. A saber, septiembre 2014 en la cárcel Nueva Esperanza, Colón, balacera entre bandas rivales; en agosto de 2015 un recluso del centro penitenciario Nueva Esperanza fue baleado por otro recluso dentro del pabellón y murió; en enero de 2017 se cometió un homicidio con arma de fuego en la sala de guardia de la cárcel mencionada; la primera semana de abril de 2017, se difundió en redes sociales un video en el que los reclusos de La Joyita exhibían armas de fuego de grueso calibre en actitud amenazante.	“La introducción de armas no pudo haber ocurrido sin la colaboración y participación de quienes se encargan de la seguridad perimetral (Policía Nacional, Ministerio de Seguridad Pública) y la seguridad interna (Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobierno) de los centros penitenciarios”, se lee la querella. La demanda solicitaba una investigación para dilucidar la supuesta complicidad de unidades de la Policía Nacional envueltas en el tráfico y encubrimiento de armas.	A pesar de los hechos que parecen ser una constante, los gobiernos aún no han designado una comisión independiente, desligada a la Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Sistema Penitenciario, que efectúe una investigación prolija de lo ocurrido y desamantele la red que cubre el ingreso de armas de fuego a los penales.	Los guardias, para asegurarse de que la mercancía no lleva contrabando, armas o droga, tendrían que bajar los 200 quintales y volver a cargarlos al camión, obviando cualquier tarea pendiente. Eso en la práctica es casi imposible por falta de personal y planificación o logística. También podrían instalar un scaner, como se usan en los puertos o puntos de aduanas para asegurarse del contenido.	El momento más oscuro de la noche lo aprovechan los cómplices de los internos para arrojar droga o armas por encima de la doble cerca, corroída por el agua, salitre y la falta de mantenimiento, que tiene una altura de dos a tres metros. Estos artículos caen en el patio del pabellón donde se encargan dos o tres presos, que hacen 'la limpieza', de recoger y esconder las cosas hasta que llega a manos del dueño. Antes, este perímetro, a la orilla de la quebrada, se recorría a caballo, de día o de noche, pero ya no es así.	En septiembre de 2018, se instalaron dos escáners de rayos x de alta tecnología en el centro penitenciario La Nueva Joya. Cada aparato, fue donado por Estados Unidos a un costo de $122 mil, como parte del programa de cooperación de seguridad entre ambos países. En 2011, se instalaron 115 antenas bloqueadoras de señal de celular a un costo de $2.5 millones, de las cuales los internos dañaron 15 durante amotinamientos. El ministro de Gobierno Carlos Romero pretende rescatar el sistema de bloqueo de celulares que no se continuó durante la administración de Juan Carlos Varela.	En abril de 2014, se inauguró la cárcel Mega Joya, con la que se pretendía aliviar el grave hacinamiento de los centros penitenciarios. La moderna edificación tiene capacidad para 5,500 presos, pero la habitan 3,905 internos. Se construyó a un costo de $170 millones y cuenta con 24 pabellones.