El periodista estimó en 5 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por la ocupación de su canal, incluyendo lucro cesante, activos, daños y perjuicios de sus trabajadores que tienen un año sin recibir todas sus prestaciones, más el posicionamiento que tenía en la televisión abierta y en los distintos sistemas de cable que transmitían.	Por su lado, el periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas contra el Gobierno de Ortega y que regresó hace tres semanas a Nicaragua tras permanecer casi 11 meses en el exilio, dijo en la misma rueda de prensa que también está contemplando demandar al Estado ante la CorteIDH.	Ambos periodistas, que ofrecieron la rueda de prensa conjunta en la sede de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), a la que pertenecen sus medios, consideraron que sus casos son reflejos claros de que en Nicaragua se viola la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.