El FMI, el Banco Mundial, la OMC, el GAFI, la OCDE, entre otras, son parte de las instituciones financieras internacionales (IFI), todas instrumentos del capital financiero internacional, constituido por las grandes corporaciones industriales de los países autodenominados del primer mundo, con Estados Unidos, a la cabeza, lo que se conoce como la ‘corporatocracia' o lo que es lo mismo, Gobierno de las grandes corporaciones, y que junto al complejo industrial militar, constituyen el poder económico mundial; la militar es la más grande y rentable de todas las industrias; cuando todos los recursos de ‘convencimiento' fracasan, los militares se encargan de asegurar que las decisiones del centro hegemónico de poder, se cumplan.	En cada uno de los países de la periferia, denominados en vías de desarrollo o del tercer mundo, dicho poder tiene sus aliados, entiéndase el poder económico interno, que obviamente, controla el poder político, por eso se les llama oligarquía, que significa Gobierno de pocos; realidad que una vez identificada permite reconocer que la democracia o Gobierno del pueblo, es el cuento que los beneficiarios, los de afuera y los de adentro, venden para hacernos creer que nosotros decidimos los asuntos de Estado, además, como cada cinco años votamos, y gana el que la mayoría escoge, aceptamos el otro cuento, que son Gobiernos para la mayoría.	Esta es la razón por la cual los programas de campaña, útiles para atrapar incautos, se archivan justo antes de asumir el poder; dando inicio a la frustración colectiva, como ya ocurre por la reducción del presupuesto para salud pública y para educación, la supuesta estrella del programa; y eso que aún faltan las asociaciones público-piratizadas, que les servirán para transferirse recursos públicos, traduciendo más endeudamiento, mayor déficit y deterioro social. Los principales medios de comunicación conocen la estructura y su funcionamiento, pero como pertenecen al poder interno, salvo honrosas excepciones, manipulan la información, a favor de los intereses que comparten.	La Caja de Seguro Social maneja un presupuesto superior al del Canal de Panamá; solo que allí no necesitan modificar nada, porque en 1997, con el título constitucional, a la ACP le fue transferido el control absoluto y privativo del que, teóricamente, ¡es patrimonio del pueblo panameño! En la CSS el pastel es más apetecible, y aunque desde hace ocho años no presentan informe financiero, los conjurados confían en que la ignorancia colectiva les ayudará a convencer a la ciudadanía, de la necesidad impostergable de reformar la Ley, sacrificio válido, sostienen, porque ‘solo así evitaremos el colapso de la institución'. Nada más falso, pero lo de ellos es engañar, para estafar a discreción, por ello sería una gran irresponsabilidad consentir, nuevamente, que la oligarquía y sus cómplices impongan su nefasto plan, sin conocer, y menos aún, debatir el estado real de las finanzas, si hubo o no peculado por acción u omisión, de los custodios del patrimonio institucional, y lo peor, sabiendo que el saneamiento, con la ley vigente, permitiría recuperar la sostenibilidad financiera.	El sector empresarial ha expresado que el próximo director general debe ser un estadista, pero lo que realmente se requiere es un profesional íntegro, con capacidad y determinación para desmontar la corrupta estructura administrativa, precisar la mora patronal y cobrarla en su totalidad, hacer una auditoría forense integral, que permita identificar a todos los funcionarios, que junto a comerciantes y banqueros inescrupulosos han dilapidado las reservas financieras, para que sean enjuiciados y los culpables paguen y le sean secuestrados los bienes mal habidos. ¿Acaso el drenaje con los exorbitantes precios de los medicamentos y los negociados con equipos e insumos solo es responsabilidad de los empleados de la CSS? Además, ¿cuándo dejaron de cargarle la cuota patronal a los costos de producción, y comenzaron a sacarla de sus ganancias?	La descapitalización del IVM fue programada por las IFI de común acuerdo con el sector empresarial, y el presidente, avalado por ambos, asestándole un golpe letal al principio esencial de la seguridad social, que es la solidaridad, creando las cuentas individuales, de modo que lo racional sería retornar al modelo solidario y transferir las reservas del nuevo programa al IVM. Antes, las reservas contribuían al desarrollo nacional, otorgando préstamos para la construcción, la industria y otros, con tasas de retorno superiores al ridículo 2 % que le reconoce el Banco Nacional.	En Israel todas las inversiones del sector privado, por ley, se financian, en un porcentaje significativo, con fondos del seguro social. ¿Cómo estarían hoy las reservas financieras, si hubiéramos hecho lo mismo con la ampliación del Canal y con los megaproyectos ejecutados por Odebrecht? Pero no, esos intereses ansiaban transferirlos, ‘lícitamente', a sus cuentas personales; empresarios, banqueros y gobernantes corruptos, que comparten información privilegiada para luego hacer los grandes negociados, porque socializan los gastos, pero privatizan las ganancias; deuda que pagaremos con reducción en cantidad y calidad de los servicios públicos, como agua, educación y salud, entre otros.	Por eso les urge reducir las prestaciones y aumentar las obligaciones de los cotizantes, o sea de la clase trabajadora, que es la mayoría. ¿O acaso, estará dispuesto el sector empresarial a pagar lo que adeudan y a financiar parte de sus proyectos con fondos de la CSS? La situación es muy delicada, por ello, lo racional y conveniente es un debate nacional, amplio, incluyente, sin descalificaciones ni sectarismos. Que nadie se confunda, la situación no está para sacrificar a los más vulnerables; procuremos sensatez. ¿Lo entenderemos y actuaremos en consecuencia?	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