Diputados de diversas bancadas coincidieron en que el ausentismo de los diputados, muchos de ellos no reelectos en las pasadas elecciones generales del 5 de mayo, podría afectar la discusión de proyectos de ley y las ratificaciones de varios funcionarios que se discutirán en el periodo de sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo a partir del lunes.	Gálvez detalló que de los doce temas que se verán en estas sesiones, solo cinco deben ser abordados por la Comisión de Credenciales, entre estos las ratificaciones de Luis Fernando Tapia, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia; de Roberto Roy y Marietta Jaén, como directivos del Canal; de María Eugenia Pérez de Preciado, como fiscal Electoral; y de Miguel Ángel Esbrí, como miembro de la directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.	El diputado Raúl Hernández, de Cambio Democrático (CD), lamentó el momento que se está viviendo después de lo que pasó en las elecciones y la forma como el Ejecutivo se ha comportado con la Asamblea. ‘Yo veo bien difícil la consecución del quórum para poder llevar a cabo las reuniones'. ‘Siento que hay mucha gente molesta y que probablemente no acuda ni atienda ese poder de convocatoria que el presidente de la República cree poder tener. El ausentismo pudiera ser el gran obstáculo para aprobar la agenda en estas sesiones extraordinarias', aseguró.	Entre los temas a tratar en estas sesiones extraordinaria están el proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A. (hoy Minera Panamá, S.A.), considerar las objeciones presentadas al proyecto de ley que instituye la Carrera de Protección Civil y modifica la Ley 7 de 2005, que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil.	De igual manera, en sesiones extraordinarias se tratará la aprobación de los nombramientos de Luis Antonio Camargo Vergara, como magistrado suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; el de Katia del Carmen Di Bello Becerra, como magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte; el de Judith Cossú, como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; y el nombramiento de Luis Fernando Tapia González como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.	La lista de temas incluye también el nombramiento de María Eugenia Pérez, como fiscal General Electoral; de Miguel Ángel Esbrí, como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros; y los nombramientos de Roberto Roy y Marietta Jaén, como miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.	El CIAM presentó este recurso debido a que el Ejecutivo incluyó en esta convocatoria la discusión del proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A., el cual reproduce el contrato ley que fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en 2017.	En su amparo, el CIAM argumenta que se ha violado la garantía constitucional que establece que el interés público es superior al interés privado, toda vez que al incluirse en la convocatoria a sesiones extraordinarias este proyecto de ley, se busca revivir un contrato leonino que ya fue declarado ilegal e inconstitucional por la Corte.