Altamente preocupantes, las declaraciones del canciller mexicano, Ebrard, quien, según han publicado medios internacionales, ha advertido sobre las consecuencias directas para los países del triángulo norte de centro américa de las nuevas políticas migratorias que implementará su país, a fin de acoplarse a las exigencias del presidente Trump; consecuencias que se extenderán hasta los países que, como Costa Rica, Brasil y Panamá son punto de origen o de tránsito para personas que tiene como destino final, tratar de ingresar al territorio de los Estados Unidos.	Cuando candidateaba para la presidencia, Donald Trump anunció su decisión de detener la entrada, por su frontera con México, de los que calificó como inmigrantes indeseables. Ahora cuando se prepara para buscar la reelección el próximo año, aparte de seguir reforzando los controles fronterizos, ha tomado otras medidas y anunciado que impondrá mayores aranceles a las exportaciones mexicanas, a condición de que su gobierno controle y detenga los flujos migratorios de centroamericanos y de nacionales de algunos países extracontinentales, en un plazo de 45 días.	Y el gobierno mexicano, por declaraciones de su canciller nos ha emplazado a Panamá, a Brasil y Costa Rica, para que dejen de ser origen o puente de migrantes que se dirigen a la frontera sur de México, para cruzar ese país y, posteriormente pasar a los Estados Unidos. En palabras simples, los mexicanos nos exigen que recibamos las consecuencias de las condiciones que les ha impuesto a ellos el presidente Trump. Y, en paralelo, demandan que se concreten acuerdos trilaterales o multilaterales a esos propósitos.	Por las recientes y desafortunadas medidas y acciones del gobierno Varela, es obvio que este no hará nada positivo en los días que le quedan en el cargo y, por consiguiente, le endosará el problema al gobierno entrante que, para darle una mejor salida al problema, debiera considerar llevarlo a la OEA, que sería el foro adecuado para buscarle una solución concertada.