El anteproyecto presentado por el diputado Hernán Delgado advierte que, quien a sabiendas de la existencia del propietario de un inmueble, terreno o edificación ajeno, lo invada u ocupe total o parcialmente será sancionado con prisión de dos a cinco años o su equivalente en días-multas o arrestos de fines de semana.	Los alcahuetes también serán sancionados con prisión. El diputado Delgado señala que de tres a 6 años de prisión será a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la invasión. Y la sanción aumentará un año y medio si la invasión se realiza en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o en zonas declaradas como áreas protegidas o zona de preservación ambiental.	Delgado advierte en su exposición de motivos que ‘el precarismo es una mala práctica que se ha arraigado en los últimos años, al punto de haberse convertido en un modus-vivendi de algunas personas y grupos. Es conocido que existen grupos organizados o dirigidos por personas carentes de principios, que se dedican a invadir sabiendo que tienen dueños legítimos'.	La ministra de Vivienda, Inés Samudio, advirtió en una entrevista que no van a permitir invasores en este Gobierno. ‘Lo que vamos a hacer es darle tierras estatales baldías, apoyados ya sea del Banco Hipotecario o la Anati', indicó Samudio, quien agregó que actualmente se hace un inventario de tierras baldías.