El audio y las declaraciones de la directora de Migración son ejemplo del favoritismo y excepciones por encima de las leyes; familiares, socios y copartidarios nombrados con salarios de miles de dólares sin tener la formación y calificaciones que exige el cargo, mientras que se despiden funcionarios con años de experiencia; las cínicas declaraciones de diputados que admiten haber mentido al electorado en campaña para obtener los votos; el otorgamiento por licitación directa de contratos de publicidad favoreciendo allegados a ministros y vicepresidente; son solo algunas muestras que ponen en evidencia que en Panamá existe una justicia para los pobres y otra para los ricos. A menos de 100 días, se quieren llevar el país, vienen desesperado por los 10 años aparentemente fuera del Gobierno.	La crisis es institucional, no solo está en la Asamblea Nacional, sino también en el Ejecutivo y Judicial. El Ejecutivo no solo muestra ineptitud e inoperancia, sino que también pretende camuflar las diversas críticas a los casos de corrupción que comienzan a salir en ministerios e instituciones; al igual que su posición sumisa frente a los grupos del poder económico. Un Legislativo cada vez más deslegitimado y desgastado ante los bochornosos actos de sus miembros. Un Órgano Judicial carcomido por los escándalos de fallos y medidas altamente cuestionadas, donde no se investigan los involucrados en la corrupción allegados al Gobierno, donde impera la justicia selectiva y elitista, donde se permite la violación a los derechos humanos. En esta crisis no escapa el Tribunal Electoral, organismos de seguridad, medios de comunicación social, gremios empresariales, partidocracia y seudoindependientes. Es decir, institucionalmente para donde dirijamos la mirada encontramos más de lo mismo.	Rápido se ha caído el velo de las falsas promesas electorales del PRD. Ante el descontento social por el alto desempleo, costo de vida, inseguridad social, amenazas de reformas a la seguridad social (como es la fusión Minsa-CSS y las medidas de aumento a la edad de jubilación, cuotas y densidad al programa de IVM), inician las movilizaciones sociales, dejando clara su disposición a la lucha en defensa de los derechos humanos. Consciente de ello, el Gobierno acude a millonarias campañas publicitarias, para tratar de ocultar el rechazo de las mayorías a sus políticas antipopulares.	Las condiciones están dadas para que el pueblo comprenda que no son los empresarios corruptos ni la clase política hundida en el latrocinio quienes pueden guiar al país por nuevos senderos éticos, democráticos y de justicia social, pues son ellos —junto a sus socios de las corporaciones transnacionales— los grandes beneficiarios de un sistema jurídico-político moralmente pervertido, con el segundo peor índice de distribución de la riqueza en el continente y excluyente en lo socioeconómico y político. Ante ello, el pueblo como soberano puede darse su propia normativa jurídica y haciendo uso de su Poder Constituyente recrear el Estado, puede convocar a una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana, con plenos poderes para barrer con la podredumbre moral existente en los órganos de poder e instituciones de un Estado degenerado, acabar con la impunidad, recuperar los fondos y bienes robados al Estado y castigar a los corruptos y corruptores.