El 29 de mayo pasado, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó el Proyecto No 766, presentado por el Ejecutivo, que legalizaba el Contrato entre el Estado y Minera Petaquilla S.A. (Minera Panamá S.A), por considerarlo ‘lesivo' y ‘sin que las comunidades aledañas se vean beneficiadas'.	Esperamos que la bancada PRD-CD no cambie las argumentaciones con el nuevo gobierno, mantenga en la mira el interés superior de la Nación y no se vea el contrato como ‘mecanismo para hacer negocio', como afirmara el jefe del sector PRD de la Cámara. Incluso pensamos que el Legislativo debe ir más allá y prohibir la minería a cielo abierto a través de Ley de la República, tal como han hecho Alemania, Grecia, República Checa y más recientemente Costa Rica (2010) y El Salvador (2017); provincias argentinas como Córdoba; estados de Estados Unidos, Canadá y Australia.	Ya en Panamá, en el 2014, hubo dos iniciativas legislativas al respecto, que resultaron infructuosas: una de moratoria de la minería metálica en todo el territorio, presentada por Ana M. Gómez y Alida Spadafora; y otra, de prohibición de la minería a cielo abierto, de iniciativa de Eduardo Flores, hoy Rector de la Universidad de Panamá.	Por un lado, existe un historial de violaciones a la normativa constitucional y legal. El Contrato-Ley (1997) que ha amparado la actividad de Minera Petaquilla S.A. fue declarado inconstitucional por la Corte en el 2017. En el 2008, ANAM multó a Petaquilla Gold, con el pago de 1.9 millones de balboas por violaciones a las normas ambientales, sanción revertida por la Corte en el 2010. Ni hablar de la afectación laboral, en cuanto a las sumas adeudadas a sus trabajadores y la contratación de 90% de mano de obra extranjera por encima de la panameña.