La abnegada veneración dada –por todos los gobiernos desde la invasión, a la Constitución de 1972, símbolo y expresión del autoritarismo y totalitarismo, que el pueblo panameño combatió a los gritos de ‘Democracia-Justicia-Libertad', hace que el problema fundamental de nuestro país sea de naturaleza constitucional, o sea de naturaleza política.	La crisis de representación democrática que ha cobrado fuerza en los últimos 24 meses, no solo por el cuestionamiento de la política del ejecutivo y del judicial, sino la crisis parlamentaria producto del clandestino manejo de las partidas por parte de los diputados, - en grave contubernio con la Contraloría-, pone de relieve la falta de toda confianza en los partidos en el poder.	Esta crisis crítica ha alcanzando una fase de esclerosis mayor con la reciente actuación anticiudadana del Tribunal Electoral, al falsear la verdad en el conteo de firmas, aunado al hecho que la participación ciudadana a través de la libre postulación ha sido sacrificada para favorecer el sistema electoral y el fraude que articulan los magistrados y sus cómplices.	En el fondo, lo que nos ocurre es que se nos ha impedido, institucionalizar la libertad política. Estamos hablando de la necesidad de instituir una real, efectiva y transparente libertad política que elimine la interminable cantidad de obstáculos existentes en nuestro medio que impiden el actuar de la voluntad responsable de los ciudadanos.	Fernando Savater nos enseña que: ‘Al hablar de libertad no me refiero a nada especialmente místico, sino a la autonomía de los individuos en la colectividad para establecer y revocar leyes, elegir y deponer a los gobernantes, disfrutar de garantías jurídicas y de la posibilidad de explorar por cualquier medio no lesivo para otros la plenitud de su subjetividad'.