Una centena de políticos ha caído en las garras de la Lava Jato en Brasil, entre ellos, dos expresidentes: Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.	Por eso el parecer de la Corte cayó como un balde agua fría para los integrantes de la Lava Jato, quienes señalaron que la decisión del Supremo debe respetarse pero expresaron su preocupación con el riesgo de que algunos de los casos queden en la impunidad por el número excesivo de recursos que permite la justicia de Brasil.	"La decisión de revertir la posibilidad de arresto en segunda instancia está en contradicción con el sentimiento de repudio a la impunidad y la lucha contra corrupción, las prioridades del país", señalaron los fiscales de la Lava Jato en un comunicado divulgado en la noche del jueves tras conocer la decisión de la Corte.	El exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien coordinó los casos de la Lava Jato desde sus orígenes y que se hizo famoso a nivel mundial por poner tras las rejas a Lula, aún no se ha manifestado por la decisión del Supremo, pero en varias oportunidades ha defendido públicamente la prisión en segunda instancia.	La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.	Lula, el caso más célebre de los cerca de 5.000 presos brasileños que serían beneficiados, comenzó a cumplir en abril de 2018 una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con la petrolera Petrobras.