La Resolución del Ejecutivo para la denominada ‘equiparación', además de ser una manera subliminal de legalizar la corrupción, ha sido un detonante para los anestesiados profesionales de nuestro medio. La misma ha llegado de la mano de las APP que, a su vez, son una forma subliminal de imponer la privatización.	En ambos casos el Gobierno minoritario pone en evidencia que, para ellos, el país es un negocio y no piensan desperdiciar oportunidad para lucrar en lugar de gobernar. Y esto se da, en medio de la próxima designación de tres (3) magistrados y suplentes para la Corte, la cual vive una creciente mega ausencia de independencia y transparencia.	Decenas de abogados idóneos presentan su documentación, a pesar de que todo indica que ya el Ejecutivo ha hecho su selección. Además, la metodología seguida se aparta de una real y verdadera participación ciudadana, dado que funcionarios del Ejecutivo desecharán –según criterios desconocidos- a la casi totalidad de ‘aspirantes' para que solo los equiparados sean escrutados por funcionarios del Estado.	¿Cuáles son los criterios de pre-selección que utilizará el trío del Ejecutivo y sus asesores externos? ¿Los utilizados para designar el director de la CSS? ¿Cuáles son las referencias que se tendrán de los aspirantes, solo su currículum y su capacidad de obediencia debida? ¿Qué sabremos sobre su estado de Salud? ¿Harán un examen psicológico?