En una de las reuniones del Pleno que desarrollamos cada jueves, donde los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia discutimos, debatimos, discrepamos sobre diferentes casos en sede de constitucionalidad, para nutrirnos de distintas perspectivas que nos permitan tomar mejores decisiones, alguien mencionó el ‘derecho a la frustración'. La frustración se experimenta cuando nos atrevemos. Frustrarse a partir de intentar algo es mejor que resignarse o experimentar una caída sin siquiera andar. Hasta debiera ser un derecho humano el frustrarse.	Ya tuvimos oportunidad de expresar y compartir parte de nuestra visión de transformación de la administración de justicia. En efecto, en el artículo ‘En búsqueda de gobernanza judicial para devolverle gobernabilidad' ( La Estrella de Panamá del día 20 de mayo de 2019) destacamos la necesidad de rediseñar este servicio público a través de un Plan de Justicia a mediano y largo plazo, con inclusión y participación institucional y de actores sociales (‘gobernanza judicial').	Esta vez consignaremos algunos aspectos que consideramos deben ser parte del contenido de dicho plan: (a) debe tomar en cuenta el informe elaborado por el Pacto de Estado por la Justicia para saber cuántos compromisos se han cumplido y hacer una evaluación ‘ex post' que permita identificar lecciones aprendidas para corregir rumbo y las buenas prácticas para replicarlas; además, cuántos están pendientes; (b) impulsar el acceso a la justicia, la descongestión, la mora y la efectividad de las decisiones; (c) diseñar nuevos modelos de gestión (oralidad, inteligencia artificial, plataformas digitales); (d) combatir el clientelismo judicial a partir de una firme y decidida implementación de la Carrera Judicial; (e) la elaboración de la presupuestación adecuada y proyectada para realizar los cambios que incluyan un estudio financiero serio y completo; (f) incluir a la academia y las facultades de Derecho, quienes deben actualizar su pensum académico e introducir materias sobre ética profesional; (g) el impulso de mecanismos alternos de resolución pacífica de conflictos, para disminuir la cultura de litigiosidad y promover el derecho colaborativo; (h) ejecución de inversión en infraestructura amigable y digna para los usuarios y para los funcionarios, que produzca ahorro y agregue valor; (i) por supuesto, una decidida lucha contra la corrupción.	Tanto para el diseño del plan como para su ejecución, se hace necesario el ejercicio de capacidades de una gerencia pública moderna enfocada en: (a) plantear objetivos estratégicos de mediano y largo plazo; (b) establecer indicadores para medir el cumplimento de esos objetivos; (c) mantener diálogo con otros órganos del Estado para articular esos objetivos con los planes de desarrollo; (d) impulsar vías de comunicación con los actores sociales organizados; (e) forjar cultura de rendición de cuentas y transparencia.	Conviene mencionar, también sugerir que se consulte un estudio de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en el que identifican algunos obstáculos o errores cometidos en ocasión la realización de reformas a la justicia en América Latina, entre los cuales podemos citar: centrarse en modificar las altas Cortes cuando se trata de algo más estructural e integral; olvidarse de que el principal problema es el acceso a la justicia que garantice a todos la protección ante la Ley; enfocarse en la justicia penal; una ineficaz comunicación de sus objetivos; medidas insuficientes y parciales, como aumento de números de jueces o reducción de la carga procesal mediante mecanismos de descarga y descongestión temporales.	Se ha convertido en ‘trending topic' (tema de tendencia) la reforma constitucional. Se discute sobre la mejor vía; algunos más conservadores, otros más osados. Aunque un sector aspira a reformas más integrales; otros, por el contrario, plantean que sean puntuales. Pero, un denominador común es la inclusión del Órgano Judicial como tema de reforma.	Por eso, llamo a la atención de los sectores sociales, institucionales y económicos que de buena fe están promoviendo dichos cambios a no caer en el error de ser excluyentes. A la vez, vale exhortar a todos los magistrados, jueces y los funcionarios judiciales, a reconocer que debemos involucrarnos en el debate con buena disposición; sin temores y prejuicios, atrevernos.	En estos dos meses hemos estado visitando las provincias para tener contacto con el recurso humano, conocerlos y dejarles un mensaje de solidaridad y estímulo, para que continúen trabajando por el país, con abnegación y mística, a pesar de todo y de todos. Las organizaciones dependen y valen por su equipo de hombres y mujeres que hacen posible que las cosas sucedan. No hay duda de que tienen mucho que aportar en base a su experiencia y conocimiento. Impera que el Poder Judicial sea objeto de la reforma, pero, también, sujeto en ella.	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