La denuncia contra Rowe —quien es encuentra en la lista de 32 juristas que aspiran a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia que una Comisión Especial Evaluadora le entregó al presidente de la República, Laurentino Cortizo— fue interpuesta por el bufete de abogados Córdoba Chen y Asociados, actuando como denunciante la abogada María Eduarda Córdoba Chen, en representación de la Fundación Mere Et Soeur.	La denuncia contra Rowe, que también involucra a Perrone y al abogado Gilberto Bósquez, se da ya que, según la firma denunciante, a pesar de presentarse pruebas contundentes en la demanda referente a la ruptura de la tubería “con dolo y mala intención que hizo Jannette Saavedra en complicidad con Marcelo Perrone” y la nula actividad probatoria de Vientos del Mediterráneo, el juzgado Tercero de Circuito Civil, a cargo de Rowe, emitió una sentencia de prescripción.	Según la denuncia contra Rowe, el texto de su sentencia era un regaño y una reprimenda contra los demandantes, e incluso, según la denuncia, la propia sentencia tenía otro error, y posteriormente (la jueza) modifica la sentencia e impone costas por la cuantía de $87,500 “con términos y pronunciamientos que se alejaban del gran cúmulo de pruebas a las cuales Vientos del Mediterráneo no podían enfrentar”.	“Evidentemente como acto de corrupción para favorecer a Vientos del Mediterráneo, Ana Zita Rowe como Juez Tercera de Circuito Civil emite un fallo utilizando el pronunciamiento de prescripción con argumentaciones que contradicen sus propias actuaciones, pero dicha decisión conlleva otros fines para quien los emite, con el pleno conocimiento que serán revocados”, se indica en el recurso legal presentado por el bufete Córdoba Chen y Asociados.	Se señala en la acción legal, además, que el Primer Tribunal devolvió el proceso el 11 de abril de 2019, y hasta la fecha el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil no le ha dado trámite al expediente porque, según el denunciante, no es conveniente el examen de la segunda instancia ante una posible decisión de revocatoria.	Para la firma Córdoba Chen y Asociados, es evidente que se obstaculiza el examen en segunda instancia de la decisión de prescripción, puesto que es probable que sea revocada, tener el expediente suspendido es un subterfugio y tretas utilizadas en corrupción “para favorecer a Vientos del Mediterráneo, a su apoderado y un grupo de abogados que le asisten como sustitutos y uno de ellos, inclusive, labora en Secretaría del Órgano Judicial”, se señala en la denuncia.	En la acción legal interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 30 de septiembre de 2019, por la firma Córdoba Chen y Asociados, se hace referencia además a la existencia de una supuesta organización criminal de corrupción con particulares que presuntamente vincula a la exfuncionaria Johana Aparicio, al Juzgado Octavo de Circuito Penal, el Juzgado Primero Municipal y el Primer y Segundo Tribunal Superior, con miras a garantizar las confirmaciones de fallos.