Los nexos del sector privado con el poder, cuando son cercanos, representan un músculo que les aventaja del resto para influenciar decisiones a su favor: licitaciones, compras directas, designaciones en embajadas o consulados, nombramientos, contratos, escabullirse de trámites burocráticos, concesiones... Pareciera una cadena infinita de “favor contra favor” que, al final, definen los poderes económicos en el gobierno de turno.	se revelan varias conversaciones entre el presidente Juan Carlos Varela y algunos empresarios que confirman la intromisión de los poderes económicos en la gestión pública, así como las “ayudas”, en ocasiones “protecciones”, que recibe la empresa privada del Ejecutivo. Por ser de interés público, este diario se permite reproducir algunas comunicaciones que supuestamente sostuvo Varela con varios interlocutores para ser contextualizadas.	Con Guillermo Liberman, representante de uno de los grupos económicos más poderosos de Argentina, presidente de Global SLI, que desarrolla gestión portuaria en Rodman, Panamá, en el puerto PSA Panama International Terminal, S.A. (PSA), el gobernante analizaba, a petición del empresario, poner una parada de la línea 3 del metro en el puerto para tener acceso peatonal a la estación. El presidente parecía dispuesto a arremangarse la camisa y echar la pelea económica por Liberman a raíz de sus diferencia con la competencia.	PSA mantenía una pugna económica con su vecino de enfrente, Panama Ports Terminal. En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reposaba una denuncia que había interpuesto el abogado Pedro Meilán por supuesto bien oculto contra Panamá Ports Company aduciendo la falta de pagos en concepto de dividendos que correspondían al Estado por parte de la empresa.	“El MEF ahí tiene una buena oportunidad. Pedro (Meilán) estuvo peleando dos años para conseguir los estados financieros. Dulcidio (De La Guardia, ministro de la cartera) no lo ayudó. De hecho lo demoró innecesariamente. Ahora puede pedir que amplíen el rubro de los llamados costos por servicio”, indicó Liberman al mandatario.	La forma en que Yaafar se puso a disposición del mandatario es muy curiosa, le ofreció sus servicios para cualquier otro cargo, “con gusto estoy para apoyar, si crees que directivo del Canal puedo ser candidato, eso me encantaría, si no, no hay problema acepto otro puesto donde te pueda apoyar, como siempre cuenta conmigo para lo que necesites”, insiste el empresario.	A finales de 2017, Yaafar cerró un trato con los nuevos dueños de Soho Mall con un apretón de manos para abrir un restaurante de comida rápida. Después de un tira y afloja por el valor del alquiler, el empresario supuestamente se sentía confiado del trato porque contaba con un empujón extra: “Ellos se van a alinear porque están apurados a que McDonalds abra y claro, viniendo de parte tuya ellos se van a bajar del bus...”, expresó Yaafar al mandatario.	Janet Poll, empresaria y amiga personal de Varela, pasaba por momentos angustiosos en su negocio del grupo Machetazo. Las ventas habían bajado un 6% en comparación al año anterior, le habían dado de baja en el Portal Panamá Compra con lo que prácticamente la excluían como proveedora, y además, el gobierno le debía $8 millones en cuentas atrasadas del 2015-16.	El presidente indicó la semana pasada que los chats de su móvil tienen alteraciones, pero admitió su autenticidad. No se ha pronunciado nuevamente sobre el tema, excepto la publicación de un chat amenazante que había recibido en su celular y para lo cual autorizó a la abogada Alfreda Smith para que en su nombre interpusiera una denuncia. Este diario investigó que la abogada Smith forma parte de la planilla permanente del Ministerio de la Presidencia desde el 1 de septiembre de 2016 con un salario mensual de $3 mil.