En el escenario actual, debería ser obligatorio leer la obra de Patricia Pizzurno “Discurso Eugenésico en Panamá, herencia, pobreza y raza”, que ofrece un relato minuciosamente descriptivo acerca de las condiciones económicas, sociales y políticas en Panamá, sobre todo a partir de 1904, cuando en pleno auge, producto de la construcción del Canal de Panamá y a su vez, en plena organización de la nueva República, surgieron también leyes, prohibiendo, controlando y restringiendo la inmigración de ciertas nacionalidades o permitiendo otras, apoyándose en conceptos como raza y herencia, influenciados por la resonancia que tenían las ideas de Malthus, Darwin, Mendel, Francis Galton, Cesare Lombroso etc., que fueron adaptadas al discurso discriminante.	El mundo era blanco o negro. Lo componían razas superiores (los blancos) y razas inferiores (los negros, indígenas, inmigrantes pobres, etc.). A cada raza se le atribuían características biológicas propias; de allí, que se considerasen defectos genéticos propios de razas inferiores: la fealdad, la falta de inteligencia, la falta de laboriosidad o pereza; mientras que las razas superiores sobresalían por su inteligencia, belleza y capacidad de mando.	Ya a partir de 1930, se aprecia visiblemente la inserción de la xenofobia y la discriminación en el discurso político, como recurso para abanderar un mal llamado “nacionalismo” y ejemplo de esto fue el movimiento de Acción Comunal y más adelante en la Constitución de 1941, se institucionaliza la discriminación en su artículo 23 que establecía “... El Estado velará porque inmigren elementos sanos, trabajadores, adaptables a las condiciones de la vida nacional, capaces de contribuir al mejoramiento étnico, económico y demográfico del país. Son de inmigración prohibida: la raza negra, cuyo idioma originario no sea el castellano, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”.	No obstante, antes de 1941 ya se observaba una legislación abundante con perspectiva racial como: la Ley 6 de 18 de marzo 1904, que prohibió la inmigración de chinos, turcos y sirios; la Ley 50 de 1913, que aparte de las categorías ya prohibidas, incluyó a los norteafricanos de la raza turca al territorio de la República; la Ley 26 de 1932, prohibió además, la inmigración de libaneses y palestinos; la Ley 46 de 1934, adicionó al decálogo de inmigración prohibida, a los indostanes y la Ley 54 de 1938, que hizo una recapitulación, prohibiendo taxativamente el ingreso de chinos, gitanos, armenios, árabes, turcos, indostanes, sirios, libaneses, palestinos, norte africanos de raza turca y negros, cuyo idioma original no fuera el español.	Podemos decir que la xenofobia, abre la puerta para discriminar ampliamente, estigmatizar y perseguir a más personas y por una variedad de razones: de sexo, ideología, condición social, o por situaciones de discapacidad entre otras. Ejemplo de esto, es la Ley 71 de 1930, que prohibió la inmigración de mujeres que se dedicaran a la prostitución, a los rufianes, a criminales reincidentes, a anarquistas sindicados por delito sin matiz político, a quienes padeciesen enfermedades contagiosas, o fuesen mutilados, ciegos, mudos, epilépticos y dementes de cualquier grado. Sin embargo, en su artículo 3, paradójicamente, alentaba la prostitución, al permitir que los dueños de “cabaret o escuelas de baile” que desearan atraer “artistas” para sus establecimientos, podían hacerlo, siempre que pagasen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores una fianza en efectivo de 150.00 balboas por cada artista o de 500.00 balboas cuando se trataba de cuatro a más “artistas”.	Por otro lado, hubo intentos por favorecer la inmigración controlada de ciertas nacionalidades a través de la Ley 44 de 1910 y mediante la Ley 32 de mayo de 1919; la primera, fijó 80 000 balboas para fomentar la inmigración de aldeanos y labriegos procedentes de Europa y la segunda, 100 000 balboas para establecer colonias con inmigrantes canarios o puertorriqueños. El Estado concedía tierras tituladas a cada familia inmigrante.	Siglos anteriores Justo Arosemena, había propuesto, entre otras cosas, la educación de los niños y la inmigración de otras razas, en aras de asegurar una sociedad más civilizada; consideraba que la Nueva Granada, de la que el Istmo era parte, estaba compuesta por las razas más indolentes de las que se conocían, la indígena, la negra y la española; nuestra raza era perezosa y proclive a los vicios.	Los panameños debemos sentirnos interpelados por la filósofa Adela Cortina, cuando pregunta: “¿Realmente molestan los extranjeros, o lo que molesta son los pobres, sean extranjeros o de la propia casa?”. Fue esta autora que acuña el término, aporofobia, recientemente incluido en el diccionario de la Real Academia, para referirse al rechazo al pobre y para diferenciarlo de la xenofobia, luego de reflexionar que el rechazo recaía sobre ciertos extranjeros, los que vienen sin dinero.	Todo lo anterior y poniendo en contexto que en la Asamblea Nacional, se encuentra en trámite al anteproyecto N° 22 de 2019 para modificar la Ley del Servicio Nacional de Migración y un proyecto, presentado vía Iniciativa Ciudadana para la “esterilización de personas que carecen de bajos recursos económicos”, se puede constatar que los nuevos elementos a combatir son los pobres, y este último, va contra los derechos y libertades de las mujeres pobres, profundizando ese estigma que las hace únicas responsables en la procreación, eludiendo la responsabilidad de las instituciones para el establecimiento de una política integral, clara y objetiva de Educación Sexual.