El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el pasado 11 de julio, hace un análisis de la situación de varios sectores del país, entre estos el comercio, asuntos judiciales, la banca y otros. En el capítulo de régimen legal, se refiere a la incorporación de la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa) como marco regulatorio para la importación de productos agrícolas y alimenticios del exterior a Panamá.	El documento destaca que en este caso en particular, Aupsa modificó su requisito de importación y agregó que las cebollas importadas solo se podían comercializar antes de los 120 días de la cosecha del bulbo de la cebolla, y cada envío debía ir acompañado de una certificación de análisis de laboratorio. En otro caso, Aupsa certificó que un producto agrícola cumplía con los estándares; no obstante, el Ministerio de Salud se negó a reconocer los estándares estadounidenses o internacionales, lo que resultó en una pérdida de inversión de más de $100 millones para los norteamericanos.	Este tratado ha mejorado el acceso de las empresas estadounidenses al sector de servicios de Panamá y brinda a los inversores estadounidenses un mejor acceso que otros miembros de la Organización Mundial de Comercio, en virtud del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. Sectores cubiertos por dicho acuerdo que facilita un mejor acceso en sectores como la entrega expresa y otorga un nuevo acceso en ciertas áreas que anteriormente se habían reservado para los panameños.	El desempleo en Panamá es del 6%, una tasa que los economistas interpretan como la ausencia de mano de obra para los trabajos calificados, en los que incluyen contabilidad, servicio al cliente, habilidades de construcción especializadas y personas que hablen inglés. Estas carencias son vistas como un factor que limita el crecimiento del país.	Por otro lado, la fuerza laboral no agrícola se estima en 1.8 millones de personas. Pero registra un 43% empleado en el sector informal. El documento menciona que el Código de Trabajo fue modificado la última vez en 1995, pero que varios sectores mantienen reglas laborales especiales, por ejemplo la Autoridad del Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y las zonas de procesamiento.	A pesar de que Panamá invierte el 14% del presupuesto del Gobierno Central en educación, el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2018) calificó al país en el renglón 82 de 140 naciones por el conjunto de habilidades de los graduados universitarios. Una muestra de las deficiencias del país en esta materia subrayada por el resultado obtenido en el Programa Internacional de Logros Estudiantiles, conocido como la prueba Pisa de la OCDE en 2010, momento en que el Istmo fue calificado como el peor de los países de Latinoamérica.	En cuanto a la solución de controversias, el informe advierte que resolver disputas comerciales y de inversión suele ser un proceso largo y complejo, a pesar de las protecciones incorporadas en los acuerdos comerciales bilaterales suscritos entre ambas naciones. Hay frecuentes reclamos de sesgo y favoritismo en el sistema judicial, regulaciones inconsistentes y falta de funcionarios capaces fuera de la capital.