Entre las supuestas conversaciones de Varela se observa una serie de chats con la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en un periodo de casi un año. En ellas se percibe que el entonces presidente le pide asesoramiento a la jefa del Ministerio Público en todos los campos, a pesar de que ambos eran representantes máximos de instituciones que deben mantener la independencia de poderes.	Uno de los temas conversados entre Varela y la procuradora está relacionado con los sobornos que pagó la constructora Odebrecht en Panamá. En los chats se aprecia que el mandatario estuvo al tanto de toda la investigación e incluso coordinó estrategias para que su copartidario Jaime Lasso, que recibió donaciones de la constructora para la campaña de Varela, no terminara siendo procesado.	Por su parte, Rigoberto González, procurador General de la Administración, a quien le correspondería investigar a la jefa del Ministerio Público, indicó que habría que determinar si las filtraciones pueden usarse como sustento para iniciar una investigación en contra de la procuradora Porcell, a pesar de que la procedencia tiene un origen ilícito, porque se requiere autorización judicial para tener acceso a la misma. “Hay que analizar y verificar lo que procede”, concluyó González.	José Alberto Álvarez, cuatro veces presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), sin haber leído todas las comunicaciones está convencido de que existen situaciones muy serias que pueden originar investigaciones contra exfuncionarios que incumplieron con resoluciones de la máxima magistratura de justicia para atender órdenes superiores que buscaban perjudicar a empresas.	El abogado reconoció que desconoce la existencia de pruebas que demuestren que el empresario cometió algún tipo de ilícito para que lo despojaran de sus empresas. Sin embargo, el entonces gobierno con sus acciones dejó sin trabajo a cientos de colaboradores del emporio económico y las empresas en manos de terceras personas, agregó el expresidente del CNA.