Debo partir de la premisa que tanto la Concertación Nacional, ente sin facultades para presentar propuestas de reformas constitucionales, así como el Consejo de Gabinete que ni las revisó y la Asamblea Nacional (AN) que las aprobó, vieron la enfermedad en la sábana y adoptaron reformas subjetivas, como si se tratara de sacar o evitar que tal o cual llegue a algún cargo público. Olvidaron que todas las instituciones funcionan según quien está ocupando el cargo o ejerciendo el poder y por ende los desatinos y desaciertos nacen primero del electorado que elige presidentes y diputados incapaces y del Ejecutivo que designa magistrados incompetentes, tipo “yes man” o que llevan agendas propias.	Si hubiesen tenido el coraje de entrar a ver las necesidades de una reforma constitucional realista, no hubieran perdido el tiempo viendo quién juzga a quién, o quién se reelige o no. Sino que hubiesen entrado a establecer requisitos académicos para acceder a los cargos públicos, pues ya es un cuento de brujas el que personas no tienen acceso a la educación, con las tantas universidades y facilidades que existen hoy. Elevar el pensum académico de nuestros representantes en todos los cargos de elección popular.	Si hubiesen tenido el coraje, debieron establecer que la Corte Suprema estaría conformada por un tercio de miembros de la Carrera Judicial, un tercio designado por el Ejecutivo entre miembros del Ministerio Público y un tercio designado por el presidente de la República con la aprobación de 2/3 parte de la AN. Incluyendo la limitante de que cada presidente solo podría designar de esta última forma, a solo un magistrado por periodo presidencial.	Si hubiese tenido coraje, debieron incluir la figura del Gobierno en Funciones, a fin de evitar que en periodos de transición cometan desmanes e hipotequen al Gobierno entrante. Asimismo para evitar excesos, como cuando se creó una Sala Quinta en la Corte, solo con el interés de controlar la misma. Este Gobierno en funciones podría también existir para periodos de constituyentes, el cual, mientras se redacta una nueva Carta Magna, puede realizar las labores administrativas típicas del Estado.	Si hubiesen tenido coraje, debieron incluir un Tribunal Constitucional con facultades constitucionales de verdad y que pudiese revisar las sentencias de la CSJ. Que tuviese facultades de revisar y dar viabilidad a preguntas sobre posibles reformas constitucionales, antes de someter al referéndum sobre temas específicos y emitir criterios sobre exequibilidad de leyes.	Si hubiesen tenido coraje, debieron incluir una segunda vuelta electoral, para evitar Gobiernos de minorías y en todo caso darle en segunda vuelta una mayor legitimidad. Incluir elecciones parciales para renovar la AN a medio periodo presidencial e incluir la posibilidad de la disolución del Parlamento e incluso del Gobierno, bajo un sistema de muerte cruzada, donde si el presidente se encuentra en estado de ingobernabilidad con el Legislativo, pueda ordenar la disolución de la AN y convocar a elecciones nuevas, incluyéndose el mismo presidente. Y viceversa.	Pero no, todo ha sido maquillado, para ver cómo se dice que se cumplió con una promesa de campaña o bien cómo un grupito sin facultades dentro de la Ley de la Concertación, decidió acomodar el país a sus intereses. Por ahora todo se pinta a un NO en el referéndum, como en 1998 se le dijo a quien quiso reformar para su propio provecho. En definitiva, la Paralela al parecer es la única vía.