La explotación laboral de niños, niñas y adolescentes constituye una vulneración de derechos que priva de educación y de las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la población infantil; además, constituye una expresión del subdesarrollo y la desigualdad estructural que ocasiona pérdida del capital humano indispensable para el desarrollo local y comunitario.	El reconocimiento por parte de los Estados y grupos de la sociedad civil de la explotación laboral infantil como un problema social con implicaciones para el sujeto, familia y el desarrollo, ha llevado a los gobiernos de la región a tomar iniciativas para diagnosticar las características de las actividades laborales y sectores económicos donde está inserta directa o indirectamente la mano de obra infantil.	Uno de los estudios que se realizan para diagnosticar el trabajo infantil es la encuesta bianual de trabajo infantil (ETI) realizada por el Instituto de Estadística y Censo (INEC), siendo la primera encuesta realizada en el año 2000 y efectuada sin interrupción desde el año 2008, siendo su última edición la del año 2016.	A su vez, estos espacios han surgido por las preocupaciones de gobiernos, demandas de la sociedad civil y comunidades y, en algunos casos, también por el apoyo técnico de organismos internacionales que mantienen en su agenda regional el respaldo a los estados para la garantía y restitución de los derechos de la infancia.	Estos comités fundamentados en el diálogo social propician la interacción entre actores heterogéneos, posibilitando así, unicidad de criterios con respecto a la conceptualización de la explotación infantil y cohesión de distintos sectores para la organización de acciones interinstitucionales y multisectoriales dirigidas a la atención y prevención de la explotación laboral infantil.	En el caso de Panamá, el espacio institucionalmente constituido para tratar esta problemática es el Comité para la Erradicación del Trabajo infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (CETIPPAT), creado mediante el decreto ejecutivo N°25 de 15 de abril de 1997. Dicho comité, que a la fecha tiene 22 años, ha sido modificado en varias ocasiones mediante decreto ejecutivo y en cada modificación se han incrementado las instituciones y organizaciones.	Con respecto al comité, la socióloga Briseida Barrantes comenta: ‘el espíritu con el cual se concibió este Comité Nacional fue que estuviera representado tripartitamente, el sector gubernamental, el empleador y el sindical. Además, de incorporar a las organizaciones no gubernamentales que estuviesen trabajando en pro de lograr eliminar el trabajo infantil y a las organizaciones indígenas, dado que la mayor cantidad de mano de obra trabajadora infantil en el país procede de las comarcas originarias.' (BARRANTES, 2011, p.143). En este sentido, en la última modificación realizada al Comité mediante el decreto ejecutivo N° 107 de 11 de junio de 2013, se incorpora la Coordinadora Nacional de Pueblos indígenas de Panamá (COONAPIP).	Dicha dirección tiene entre sus competencias convocar periódicamente a los miembros del CETIPPAT con el fin de dar seguimiento y efectuar talleres de planificación para la construcción y revisión de las acciones a realizar consensuadas interinstitucionalmente establecidas en la ‘Hoja de Ruta para hacer de Panamá un país libre de trabajo infantil y sus peores formas', el cual es un documento de planificación que organiza las diversas acciones que realizarán los miembros del comité dentro de la política social.	Uno de los estudios que se realizan para diagnosticar el Trabajo infantil es la encuesta bianual de trabajo infantil (ETI) realizada por el Instituto de Estadística y Censo (INEC), siendo la primera encuesta realizada en el año 2000 y efectuada sin interrupción desde el año 2008, siendo su última edición la del año 2016.	Tomando en cuenta lo heterogeneidad de las características de la explotación laboral infantil, como también los diversos contextos en los cuales se da esta situación, se identifican aspectos propios de los territorios que tienen dimensiones culturales, económicas e institucionales diferenciadas. La atención oportuna para la restitución de derechos de la infancia desde la localidad implica una visión diferenciada de una política social centralizada.	En este sentido, en el marco del proyecto de la ‘OIT: Construcción de políticas efectivas contra el trabajo infantil en Ecuador y Panamá', se constituyeron a nivel municipal capítulos del CETIPPAT integrados por gobiernos locales, juntas comunales, líderes comunitarios, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, y a partir de estos se estructuró las que corresponden a las rutas de atención local, definidas participativamente con los actores sociales y aportando una comprensión desde su territorio sobre la explotación laboral infantil, definiendo las medidas para la restitución de los derechos de la infancia vistas desde lo local.	Es necesario apuntar que a pesar de que estén constituidos los espacios institucionales, su funcionalidad depende de la prioridad -en cuanto política social- que establezca el gobierno de turno. En definitiva, la complejidad de la explotación infantil como fenómeno social para su discusión, comprensión e intervención, requiere la contribución de diversos actores sociales e institucionales, como también la incorporación desde los territorios por parte de municipios, juntas comunales, gobiernos locales, autoridades tradicionales y comunidad para el abordaje y discusión programática de la definición de la política de prevención, atención y erradicación de trabajo infantil a nivel local y territorial.