En Panamá estamos acostumbrados a escuchar a los políticos reclamar que se vele por la “separación de poderes” cuando sus iniciativas se ven truncadas por funcionarios de otro órgano. Esto no sería un problema si esto del balance de poderes solo se tratara de la no injerencia. Por un lado, el principio garantiza que no se den intromisiones políticas en las distintas ramas de poder del Estado para que cada una pueda llevar a cabo sus tareas sin imposiciones o presiones. Pero por otro, invita a que los órganos se evalúen y critiquen entre sí. Es difícil balancear estas dos posiciones. Anoche el Tribunal Electoral (TE) rechazó los “ataques” hacia sus colaboradores por “parte de quienes, sin reparar en los daños que pueden causar a la democracia y a la estabilidad social en el país, pretenden solventar intereses políticos por la vía de descalificar al árbitro de la justa electoral del próximo 5 de mayo”. El hecho se produjo después de una rueda de prensa en la que Rómulo Roux y su equipo amenazaran al TE con tomarse las calles si se inhabilita al expresidente encarcelado Ricardo Martinelli para competir por la alcaldía de Panamá en las elecciones del próximo 5 de mayo. En este panorama tenemos al TE exigiendo respeto hacia las decisiones que toma y a su institucionalidad; y a un partido político, Cambio Democrático, que lo acusa de dejarse llevar por presiones de otros –el Ejecutivo actual y el Partido Revolucionario Democrático (PRD)-. No se sabe si “la casa democrática” está siendo influida o no, pero el hecho de que Roux reclame que haya injerencias políticas en los procesos democráticos con vistas al 5 de mayo y amenace con acciones de presión para influenciar decisiones sobre los mismos preocupa. Sus imposiciones, de llevarse muy lejos y convertirse en algo más que su derecho a expresar una preocupación de tal magnitud, pudieran ejercer la misma coacción que él denuncia. El pleno del TE calificó de “infamantes, temerarios e irresponsables los infundios divulgados a través de redes sociales y algunos medios de comunicación que pretenden mostrar, como irregulares, actuaciones adoptadas por el Tribunal Electoral con sujeción tanto a las normas electorales, como a los códigos y procedimientos de Ley vigentes en nuestro Estado de Derecho”. Las presiones han resaltado la fuerza que pueden ejercer las redes sociales y apariciones públicas. Con un solo tweet un político o cualquier ciudadano puede dar lugar a un debate acalorado a nivel nacional. Para algunos, decir que estamos en la época de las	es solo una moda y una exageración. Pero, varias campañas electorales –en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia-; algunas protestas masivas en países como Francia e Inglaterra; y el auge de iniciativas globales como la lucha contra el cambio climático y la legalización del aborto han estado en la mira de los expertos por la sospecha de haber ganado terreno gracias a noticias generadas por partes interesadas que han funcionado como campañas de presión en línea. Puede que los reproches y amenazas de unos a otros no lleguen a tanto, pero hay que estar alerta. No se puede permitir que un partido político le haga	a la institución que debe garantizar que se hagan bien las cosas en los próximos comicios. Pero tampoco podemos desentendernos de sus acciones. Como ciudadanos tenemos el deber de estar vigilantes ante cualquier intromisión que afecte nuestro derecho a decidir libremente en las próximas elecciones. No se pueden tolerar abusos de ningún lado. Tanto el TE como los partidos políticos tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y acogerse a la ley.Valentina Hilaire@valihilaireLa autora es estudiante de Periodismo