Ganancias privadas, pérdidas socializadas; fortunas construidas no a partir de innovación sino a partir de conexiones políticas; regímenes regulatorios hechos a la medida de una empresa o grupo empresarial o de determinados grupos empresariales. Los antes mencionados son elementos característicos del llamado capitalismo de compadrazgo (“crony capitalism”, en inglés), que a su vez se relaciona con el mercantilismo. No son libre mercado, son sinvergüenzura, al utilizar el aparato estatal para enriquecer a unos a expensas de otros.	Ganancias privadas, pérdidas socializadas. Esto ocurre cuando el estado asume costos o riesgos que deberían ser asumidos estrictamente por las empresas que llevan a cabo una actividad económica. Un ejemplo de esto se vio durante la crisis financiera de 2008, cuando el Gobierno federal de los Estados Unidos de América (EUA) asumió deudas de bancos y empresas del sector financiero. Lo hizo con el argumento de evitar un contagio sistémico. Pero desde la perspectiva del liberalismo, si usted con su empresa es capaz de generar riesgo sistémico que requiera que luego el Estado, para proteger al sistema, asuma las deudas de esa empresa, de salida hay un problema en la forma como está estructurada su empresa, o en el marco regulatorio, o en la asignación de costos (probablemente porque su empresa externaliza costos a la sociedad, ya sea de manera transparente o solapada).	Fortunas construidas a partir de conexiones políticas. Concesiones mineras, concesiones eléctricas, de telecomunicaciones, de explotación de recursos, son ejemplos de esto. Cierto, hay recursos en que el mecanismo de la concesión es el mejor método de explotación. Pero no es menos cierto que también se abusa de ello. Cuando se abusa del poder discrecional para determinar quién será el beneficiario, el resultado es que quien sea cercano al poder tiene acceso así a oportunidades privilegiadas de generar riqueza. Y en el otorgamiento de concesiones, siempre hay márgenes de discreción.	Regímenes regulatorios hechos a la medida. Dos elementos fundamentales en un sistema de libre mercado son la libre competencia y la libre concurrencia. Esta última consiste en que cualquier persona pueda emprender y ofrecer un bien o servicio, siempre que se trate de una actividad lícita. Si bien han sido abolidos en teoría los regímenes jurídicos medievales de las guildas, que hacían extremadamente difícil y artificialmente costosa la incursión en una actividad artesanal para alguien que no formase parte ya de un gremio de artesanos, en la práctica sigue habiendo regímenes regulatorios hechos con toda la intención de establecer barreras artificiales a la entrada de nuevos oferentes en determinados mercados. Hay regulaciones que pueden cumplir funciones de salud pública, seguridad y transparencia, pero también las hay muchas que bajo el disfraz de servir el interés público, son diseñadas realmente para blindar a los incumbentes frente a la competencia. El sistema de cupos de transporte es un caso flagrante, pero puede haber otras modalidades más sutiles.	En el mundo real no existen los sistemas puros de libre mercado, en todo país existe en mayor o menor grado medidas que riñen, en principio, con el “ideal” del libre mercado. Esto no es un problema en sí, pues nada en el mundo real es exactamente tal como su “idea” (aclaro: no me gusta el platonismo). Calificamos un mercado como más o menos libre cuando predomina un ambiente de libertad económica. En tal sentido, en los índices de libertad económica (en los que, ciertamente, hay un importante grado de subjetividad, como en cualquier evaluación de fenómenos humanos) generalmente califican los países de América Latina como de medianamente libres o poco libres. Incluso Panamá, que marca muy bien en materia de política monetaria, principalmente por no tener banca central —la banca central es la matriarca de los esquemas de capitalismo de compadrazgo—, no marca tan bien en otros renglones.	Los países que más prosperan son aquellos en que predomina la libertad económica, y no esquemas de capitalismo de compadrazgo. Lamentablemente, en América Latina predomina lo segundo. La corrupción no es solo “robar fondos estatales”. Usar el poder estatal para favorecer fortunas es una forma sutil de corrupción, no tipificada como delito.