"¡Para el actual Gobierno, esta fórmula de pago es inaceptable! Lo que está en el galeón San José puede tener gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo", dijo en esa ocasión Ramírez.	El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).	En octubre, Ramírez recordó que para rescatar el San José, el Gobierno de Santos puso en marcha un proceso de contratación mediante una Alianza Público-Privada (APP) que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón, siempre que no fueran declaradas como patrimonio sobre la base de una polémica ley aprobada poco antes de que se hiciera público su hallazgo.	Con el cambio de Gobierno, en agosto de 2018, Colombia suspendió la contratación de una empresa para extraer el San José ante el temor a que suponga la pérdida de patrimonio nacional, especialmente por "la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón".	Allí se deja claro que forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".