La Ley 93 de 4 de octubre de 1973, que dicta las medidas sobre los arrendamientos y se crea en el Miviot la Dirección General de Arrendamientos, señala que todo contrato de arrendamiento debe ser inscrito o registrado ante la Dirección General de Arrendamientos, para garantizar el depósito de arrendamiento y que el Estado panameño pueda regular la materia.