Castillero envió ayer mismo una nota a la presidenta de la Comisión, la diputada Zulay Rodríguez, en la que advirtió de que los actos de la administración pública no deben vulnerar derechos fundamentales esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el doble juzgamiento, el juez natural, el contradictorio, que a su vez pudiesen afectar el derecho a la defensa, debilitando y lesionando la institucionalidad que todos los servidores públicos estamos llamados a garantizar.	Castillero comunicó en la misiva que en el ejercicio de ese derecho de defensa designó a una profesional del derecho para solicitar copia íntegra de la documentación que guarda relación con las supuestas denuncias que sirvieron de antecedentes para la creación de la subcosión, sin que a la fecha haya recibido respuesta.	A pesar de la nota remitida por Castillero, los diputados Zulay Rodríguez, Corina Cano, Alina González, Petita Ayarza, Ana Giselle Rosas, Bernardino González, Juan Diego Vásquez y Elva Torres, esta última diputada suplente de Fernando Arce, votaron a favor de la resolución con la que piden al Pleno removerlo del cargo.	La resolución aprobada establece que luego de analizada la información contenida en el informe rendido por la subcomisión, así como la gran cantidad de documentos adjuntos, “se puede concluir que existen elementos, situaciones o hechos contrarios al ejercicio del cargo por parte del Defensor del Pueblo, de conformidad con la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 por la cual se creó la Defensoría del Pueblo, modificada por la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005”.	De igual manera, indica que los actos incurridos por el defensor del Pueblo configuran causales de remoción del cargo y están íntimamente relacionados con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 7 de 1997, que establece como requisito para el cargo, el tener solvencia moral y prestigio reconocido.