La Asamblea basa la decisión en una nota enviada el 7 de agosto por el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada donde hacen referencia a una supuesta denuncia por 'acoso sexual y laboral' en perjuicio de una funcionaria de la Defensoría por parte del Defensor del Pueblo. Según la nota, la Asamblea creó una subcomisión e investigó las denuncias, que también afectaba a otras funcionarias. Los detalles, sin embargo, son de carácter 'restringido'.	El periodo de Castillero Hoyos debía culminar en 2021. La fricción entre la Asamblea y la Defensoría surgió a raíz de la designación de la militante perredista Maribel Cocó como defensora adjunta. El nombramiento de Cocó provocó duras críticas tanto a lo interno de la entidad como de la ciudadanía en las redes sociales.