Inicio señalando que la periodista Adelita Coriat no tuvo contacto conmigo antes de publicar el artículo, faltando a la ética del periodista panameño, quienes están comprometidos a buscar la verdad para mantener a la sociedad bien informada. De plano, el título menciona mi nombre en letra muy grande, su contenido fue agresión a mi honra y a mi imagen profesional, a base de calumnia e insinuaciones temerarias sin pruebas.	El artículo cita que fui dado de baja de forma deshonrosa, una gran calumnia, mi destitución fue por ‘Reestructuración Administrativa', una causal no contemplada en la ley ni Decreto ley Orgánico de las Instituciones de Seguridad, no fui destituido por falta disciplinaria, ni procesado por junta disciplinaria, es decir, mi baja es considerada ilegal y no puede ser catalogada de ‘deshonrosa'.	Se menciona que sobre mí pesan quejas, una recusación y una querella, durante mi gestión como Director de la DIASP, el señor Álvaro Gormáz, suscriptor y Director de la empresa, Asociación Panameña de Portadores de Armas, APPA S.A., sociedad anónima y lobby de las armas en Panamá (no veo la manera que sea sin fines de lucro), interpuso quejas que no prosperaron ante varias entidades. Recuerdo que una vez respondí a la ANTAI, expresando una cantidad considerable de notas (quejas) que habíamos contestado al señor Gormáz, por sus interpretaciones de la ley cuestionando el cumplimiento de requisitos establecidos en ella.	Un claro ejemplo, es la afirmación que le atribuyen al señor Gormáz en el artículo, sobre que yo retrasaba los trámites para revisar los antecedentes penales de los solicitantes, lo cual a criterio del señor Gormáz ‘carece de fundamento', pues con ese criterio deja en evidencia su falta de disposición en el cumplimiento de lo establecido en la ley 57, artículo 38, numeral 10, que establece: ‘aportar certificado de antecedentes penales'. Además, recuerdo que el señor Gormáz representaba a algunos extranjeros, pretendiendo aportar únicamente antecedentes penales de nuestro país, cuando sus clientes tenían buenos años de haber vivido en su país de origen, entonces, con mayor razón deben ser aportados para el porte y tenencia de armas de fuego en cumplimiento de la ley para demostrar la condición de aptos o no.	En cuanto a una querella, nunca en mi vida he sido citado ni notificado de una querella en mi contra, leí en el artículo que el señor Gormáz interpuso junto a otras personas una querella por el ‘supuesto delito de calumnia e injuria' porque los demandantes alegan que ‘la DIASP publicó un Resuelto con una estadística', pues esa parte agradezco que la publicara, porque sería una de mis pruebas a favor, dado el caso que me llegaran a citar. Me queda claro que, en esta publicación la periodista Adelita, solo se basó en que los denunciantes le mostraran denuncias, aunque no tuvieran resolución en mi contra, sino, el solo hecho de la denuncia fue suficiente para empañar mi honra y mi imagen profesional de esa despiadada manera sin importarle la ‘presunción de inocencia'.	De plano, inicio dejando en evidencia la intención parcializada en mi contra desde el título del artículo, donde se menciona mi nombre en letra grande con mucha visibilidad, manifestando que mi reintegro al SPI genera críticas e interrogantes entre los tenedores de armas, cuando en realidad este título lo que generó, por su contenido, fue agresión a mi honra y a mi imagen profesional, a base de calumnias e insinuaciones temerarias sin pruebas y la más poderosa de las acciones de mala fe: que el Decreto Ejecutivo que me reintegró fuera derogado, como finalmente sucedió.	Lo primero que hace mención el artículo es que sobre mí pesan quejas, una recusación y una querella, puedo manifestarle que, durante mi gestión como Director de la DIASP, el señor Álvaro Gormáz, suscriptor y Director de la Asociación Panameña de Portadores de Armas, APPA S.A., sociedad anónima y lobby de las armas en Panamá (no veo la manera que sea sin fines de lucro), interpuso quejas que no prosperaron ante varias entidades. Recuerdo que una vez respondí a la ANTAI, expresando una cantidad considerable de notas (quejas) que habíamos contestado al señor Gormáz, prácticamente teníamos que empeñar gran parte de nuestro tiempo de trabajo mensual en la DIASP, para responder las quejas de un solo usuario, en este caso, el señor Gormáz, por sus interpretaciones de la ley cuestionando el cumplimiento de requisitos establecidos en ella.	Un claro ejemplo, es la afirmación que le atribuyen al señor Gormáz en el artículo que estoy replicando, sobre que yo retrasaba los trámites para revisar los antecedentes penales de los solicitantes, lo cual a criterio del señor Gormáz ‘carece de fundamento', pues con ese criterio deja en evidencia su falta de disposición en el cumplimiento de lo establecido en la ley 57 General de Armas, en su artículo 38, numeral 10, que establece: ‘aportar certificado de antecedentes penales'. Además, recuerdo perfectamente que el señor Gormáz representaba a algunos extranjeros con estatus de residentes permanentes, pretendiendo aportar únicamente antecedentes penales de nuestro país, cuando sus clientes tenían buenos años de haber vivido en su país de origen, y esos antecedentes son aportados para efectos migratorios, entonces, con mayor razón deben ser aportados para el porte y tenencia de armas de fuego en cumplimiento de la ley para demostrar la condición de aptos o no.	En cuanto a una querella, nunca en mi vida he sido citado ni notificado de una querella en mi contra, leí en el artículo que el señor Gormáz interpuso junto a otras personas una querella por el ‘supuesto delito de calumnia e injuria' porque los demandantes alegan que ‘la DIASP publicó un Resuelto con una estadística', pues esa parte agradezco que la publicara, porque sería una de mis pruebas a favor, dado el caso que me llegaran a citar.	Sobre las estadísticas puedo mencionar que nuestra gestión levantó una base de datos para realizar un estudio científico con información sustentada de cinco (5) años desde el 2011 hasta el 2015, que generó resultados estadísticos sobre procedencia de las armas de fuego incautadas involucradas en delito, la cual arrojó que el 72% de los casos, su procedencia era del registro nacional de armas, estas cifras pueden cotejarse con las consultas efectuadas por el Ministerio Público a la DIJ en su momento y luego de forma permanente a la DIASP.	Estas consultas, por lo general, preguntan si el arma está registrada, y en caso de estarlo, a nombre de quién está registrada, si tiene permiso y si el permiso está vigente, por tal razón las cifras estadísticas son comprobables. El problema radica en que el señor Gormáz ha interpretado inadecuadamente nuestras comunicaciones cuando nos atribuye palabras que no hemos expresado. Nunca he dicho que los ‘delitos cometidos con armas de fuego eran de procedencia legal', sino que un 72% de las armas incautadas involucradas en delitos tenían procedencia del registro nacional de armas, lo cual es cierto y verificable objetivamente. Tampoco he dicho, ni supone el análisis, que los portadores con licencia de armas cometen delitos, sino que lo más probable es que una buena cantidad de estas armas, ya sea por pérdida, hurto o robo a su legítimo dueño, caigan en manos criminales y con ellas se cometan delitos, información que no debe ser interpretada de calumnia e injuria como el señor Gormáz ha pretendido hacerle ver a la opinión pública, reitero que no he sido citado jamás en mi vida, por calumnia e injuria y reto al lobby de las armas a que sustente sus afirmaciones.	El artículo también cita que fui dado de baja de forma deshonrosa, otra falsedad, debido a que, mi destitución fue por ‘Reestructuración Administrativa', una causal que nunca ha existido en alguna ley ni Decreto ley Orgánico de las Instituciones de Seguridad, ni incluso, he sido destituido por falta disciplinaria, nunca fui citado ni procesado por una junta disciplinaria, es decir, mi baja es considerada ilegal y no puede ser catalogada de ‘deshonrosa'.	El señor ex Presidente Varela en conjunto con el ex Ministro de la Presidencia en una acción tan legal como legítima y en uso de sus facultades, me honraron con la firma del Decreto Ejecutivo que finalmente me reivindicó por la injusticia cometida en el pasado, que había truncado mi carrera policial. En el tema de la homologación, la ley le otorga facultades al Presidente de establecer los cargos, hay muchos precedentes de homologaciones que se dieron en gobiernos pasados, donde se reintegraron a miembros en similares circunstancias, sin embargo, en esta oportunidad, en pleno proceso de ejecución de mi reintegro, salió la desafortunada publicación con la mayor saña posible y sin darme el derecho de expresar mi versión antes de publicarla, dando como resultado, no solo la suspensión del proceso de ejecución del reintegro, sino, la motivación de derogarlo, como efectivamente sucedió y claro está, es probable que quien asesoró para la derogación del reintegro, actuó más influenciado por las infamias del lobby de las armas que por los criterios legales.	El decreto que derogó mi reintegro equivocó el fundamento legal en el ‘Considerando', porque por un lado menciona modificaciones del Decreto ley 6 de 2008 al Decreto ley 2 de 1999, sobre procedimientos para el ingreso al servicio activo, pero, lo que no mencionó es que estas condiciones ‘solo' aplican cuando el reintegro es por orden judicial, mientras que mi reintegro se dio por iniciativa propia de la autoridad nominadora establecido en el artículo 89 Del Decreto ley 2 que no fue modificado y en cuanto al cargo, el artículo 92 que tampoco está modificado, atribuye facultades al Presidente de otorgar cargos.	Salí de la Dirección de la DIASP en octubre de 2016, nunca se me informó ni personalmente ni por escrito, que mi reasignación se daba por una Recusación interpuesta por el señor Gormáz, además, me reasignaron como Director de otra unidad administrativa, así que con mayor razón lo refuto, no obstante, parece que el fundamento del señor Gormáz para empañar mi imagen se basa en denuncias presentadas que no han prosperado.	Otras de las menciones que me causa total indignación, son varios entre dichos o insinuaciones, primeramente, la del señor Molina, que esbozó: ‘puede esconder la intención de propiciar oportunidades para pagos indebidos por prestación de servicios', luego las del señor Gormáz: ‘los permisos no salían, pero en realidad ya habían sido emitidos. Daba la impresión que los retenían en la DIASP bajo instrucciones de Zegarro' y ‘que los usuarios supuestamente habrían sido presionados para pagar sobornos'.	Mi pregunta para ambos es ¿por qué no afirmaron sus temerarias insinuaciones?, les voy a dar la respuesta a mi entender: porque son chismes y saben que son acusaciones calumniosas, siempre dije en televisión y otros medios que quien pagara coimas por trámites se debería considerar estafado, porque si no cumplía requisitos no se le iba a firmar su permiso, tengo muchos testigos de mi afirmación, además expliqué claramente que no se trataba de retención, sino, de revisar y no firmar a ciegas todo lo que venía de otra institución, como muchos pretendían. Al final, me siento muy satisfecho de haber cumplido un trabajo profesional honrando a mi familia y con lealtad a la gestión de gobierno y a quienes me dieron la oportunidad de servirle al país a favor de los mejores intereses de la Seguridad Ciudadana.	Obviamente estoy muy claro en las respuestas a estas interrogantes enunciadas, básicamente, el lobby de las armas no quiere a Luis Zegarro dentro del engranaje gubernamental por la influencia que pueda ejercer con la autonomía de criterio que me caracteriza y el conocimiento técnico en el tema de regulación y control de armas.	Lo que tal vez no analizó el lobby de las armas es que, estando fuera del engranaje gubernamental en ‘libertad de expresión', de la que me privó la periodista Adelita Coriat, al no permitirme mi versión antes de publicar el artículo en mi contra, puedo tener más libertad de expresar los criterios sobre todos los vacíos legales de la ley 57 de armas de fuego, que el lobby de las armas no desea que sean modificados y que si se abre la Veda de importación de armas, antes de hacer las modificaciones necesarias a la ley 57, se estaría abriendo una caja de pandora con consecuencias lamentables para el país, en el aumento de delitos de alto impacto y tasas de homicidios con armas de fuego, ‘Atención y Alertas de medios de comunicación'.	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