Los cacerolazos fueron la última etapa de una jornada de protestas y manifestaciones en varias ciudades de Colombia y sobre todo Bogotá. Marchas, consignas, sentadas en la céntrica carrera (avenida) séptima han evidenciado un estado de inquietud que se nutre de componentes sociales, económicos y, sobre todo, políticos; no en un solo país, sino que con diversos matices palpitan en la región latinoamericana.	La convocatoria de gremios, organizaciones, grupos que impulsan demandas específicas ha recibido el respaldo de plurales sectores de la población que han coincidido para hacer públicas sus peticiones. La primera impresión es de confusión, por creer que estas acciones son promovidas por ciertas orientaciones ideológicas que provienen de fuentes locales o internacionales interesadas en el estado de desasosiego generalizado.	Esa explicación olvida que la realidad no es escenario de influjos que aparecen de pronto en forma dirigida. La complejidad sociopolítica va más allá, porque está definida por relaciones que oscilan desde conductas específicas hasta condiciones culturales que fijan a los colectivos humanos y que impulsan hacia determinados procesos que se van forjando con el tiempo y hacen eclosión en circunstancias específicas.	Cuando se produce la ruptura entre los componentes o actores de tal acuerdo nacional, surge la crisis que se desajusta en una coyuntura concreta y aparecen síntomas más visibles o graves que se encaminarán a alcanzar una solución o nuevo acuerdo entre las partes afectadas. Eso ha ocurrido en todo el continente desde hace algún tiempo, que se acentúa en las últimas semanas y que en ciertos países presenta episodios de una crudeza no vista hasta ahora.	Los acontecimientos en el Ecuador, Chile, el Perú o Bolivia; así como en la tranquila Costa Rica y Centroamérica; el enfrentamiento del Gobierno de México contra las bandas criminales que retan al propio Estado; la falta de acuerdos en Venezuela y Nicaragua; la intranquilidad caribeña, en República Dominicana y Haití, donde una silenciosa zozobra se prolonga, mientras la población hace frente a todo tipo de desastres, son la tónica del momento.	En un libro excepcional sobre problemas de gobernabilidad, Norberto Bobbio expone que “el deterioro del Estado de derecho agrava la crisis de la democracia dando lugar a un auténtico y real círculo vicioso”. Por lo general, cuando los sectores responsables de la conducción republicana enfrentan un quiebre del statu quo, tienen la tendencia a olvidar que él, no importa su carácter, contiene factores que le vinculan con el poder.	Y esto es así, porque, tal como apunta más adelante Bobbio, “... en el propio seno de la democracia se desarrollan situaciones que la contradicen y amenazan con derrocarla ...”. Basta mirar los múltiples episodios que caracterizan a un conato de intranquilidad para rescatar tales elementos, que pueden estar presentes en algunos de los tres nichos que resalta este autor: la ingobernabilidad, la privatización de lo público y el poder invisible.	Las lecciones de estas anomalías del conjunto de los hermanos países latinoamericanos deben ser consideradas por Panamá para encausar sus cambios, sobre todo aquellos que se relacionan con el ejercicio de las reformas constitucionales. Cada paso que se alcanza, debe ser el resultado de una amplia y transparente actividad de comunicación, cuyo mensaje alcance a ser consensuado por los diferentes actores de la población.	Tal iniciativa es una poderosa prueba. No del Gobierno o un grupo en especial, pues se trata de determinar las reglas del juego que configurarán el mañana de esta nación. Quienes prefieren no avanzar, se quedarán postrados en un desajuste del tiempo. Aquellos que apuestan a recomponer las bases del Estado, deben saber que es una tarea complicada, porque enfrenta lo desconocido, pero racionalmente posible.