A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la norma que ampliaba la veda para la publicación de encuestas electorales, el Tribunal Electoral dispuso una limitación de 48 horas previas al día de las elecciones, dicha disposicióno la eliminación total de la limitación debe quedar consagrada en el Código Electoral.	Durante el periodo denominado de “veda” debido a la prohibición de hacer propaganda antes del periodo establecido para la campaña política el Tribunal Electoral prohibió la colocación de vallas promoviendo la no reelección. Esta decisión generó una polémica pública ante la posibilidad de que se tratará de una violación a la libertad de expresión. Una vez terminada la veda, el Tribunal Electoral siguió 5 impidiendo la campaña debido a que no permitió que en los artes fueran usadas imágenes de candidatos que buscaban la reelección en sus cargos. Es importante ahondar en el debate que asegure el pleno derecho de los ciudadanos, de manera individual o agrupados, en lo que a al derecho a expresarse sobre la valoración del desempeño de servidores públicos se refiere.	Una sociedad adecuadamente informada está mejor preparada para cumplir con sus deberes y proteger sus derechos. La Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, fue importante avance en su momento, pero requiere una revisión a fin de profundizar en la facilitación del acceso a la información pública.	Adicionalmente, a las revisiones de las normas legales y a un mayor compromiso de la Corte Suprema, se requiere el empoderamiento de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), para dar pleno cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017, que adopta la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno.	Todos los órganos del Estado, las instituciones públicas, entidades autónomas, semiautónomas, municipios, gobiernos locales, juntas comunales, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte deben facilitar el acceso a la información de carácter público que genera el Estado, fomentar su uso y reutilización en pro de la transparencia y la rendición de cuentas.	En el periodo constitucional anterior se aprobó la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019 sobre “Protección de Datos personales”, que establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales, considerando su interrelación con la  vida privada y demás derechos y libertades fundamentales de losciudadanos, por parte de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, lucrativas o no, que traten datos personales.	Como bien ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “la desinformación y la propaganda afectan intensamente a la democracia: erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad”.	Las filtraciones sobre supuestas conversaciones del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, en lo que respecta al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión permiten reiterar lo que es ampliamente reconocido, que corresponde a los medios de comunicación informar sobre las mismas, independientemente de la legalidad de su obtención, siempre y cuando logre establecer que en los contenidos existe información relevante y de interés público.	Hechos perfectamente confrontables con las interacciones dadas a la luz con las filtraciones, demuestran cómo se utilizó el poder político para amedrentar, manipular o intimidar a quienes ejercen el periodismo osimplemente su derecho a opinar. Investigaciones consecuentes podrían conllevar claridad sobre las fronteras que no se deben traspasar en el respeto a la libertad de expresión y el libre periodismo.	En el marco de las recientes protestas contra las reformas constitucionales, desarrolladas fundamentalmente en torno a los predios de la Asamblea Nacional de Diputados, en el mes de octubre, es importante señalar que la cobertura de las demostraciones en la vía pública no debe conllevar violencia contra los periodistas. Es admisible que toda sociedad democrática imponga limitaciones razonables para que las manifestaciones se realicen de manera pacífica, siempre teniendo en cuenta que tales acciones de las autoridades se den dentro	Cabe recordar que el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad delas mismas.”	Durante el último año han proliferado demandas por cuantías millonarias contra periodistas, medios de comunicación y hasta articulistas de opinión, que guardan relación con los denominados “delitos contra el honor”, estas demandas merecen mención especial, porque sus montos exorbitantes pueden terminar convirtiéndose en formas de amedrentar periodistas o rutas indirectas para provocar el cierre de medios de comunicación.