Es por ello que, los sectores más retrógrados del sector privado, así como en las alturas de las desgastadas cúpulas de los partidos políticos y de un gran número de sindicatos, gremios y asociaciones, se concentran y apuran el paso para cerrar las puertas, ventanas y rendijas a cualquier asomo de participación ciudadana.	Las decisiones y acciones políticas llevadas a cabo desde el 1 de Julio por el bloque oficialista, el cual controla no solo al Ejecutivo, sino también la Asamblea Legislativa, las alcaldías y Consejos Municipales, así como Corte Suprema y Contraloría, presagian tiempos difíciles para las reivindicaciones de cualquier naturaleza, que vienen siendo, y querrán ser, planteadas por las grandes mayorías nacionales, hoy excluidas de cualquier proceso de toma de decisión.	La irracionalidad en el ejercicio del poder político aflora sin medida o contemplaciones, ante la ausencia de mecanismos de control ciudadano. Esto contribuye a extender aun más la crisis de legitimidad. Ello es así porque, día a día se pierden las ilusiones de que el régimen sea capaz de cambiar y/o mejorarse.	La crisis de legitimidad afecta en grado superlativo al Ministerio Público, a la Corte Suprema y a la Asamblea Nacional. El juicio y castigo a los que practican la corrupción, los sobornos, la extorsión, las coimas, el prevaricato, etc, ya no ilusiona a las grandes mayorías. La impunidad se pavonea, dueña y señora del escenario, de la mano de Odebrecht, uno de sus principales promotores y protectores.