Los últimos quince años, pero particularmente la década pasada (2009-2019) se caracterizó por círculos ceros, contrataciones directas, sobrecostos, adendas, partidas in-discrecionales, compra-venta de ‘lealtades', para fines opuestos al servicio público; violación de la privacidad de presuntos enemigos, revanchismo, procuraduría paralela, enjuiciamientos mediáticos, elaboración de expedientes espurios, en síntesis, manipulación de la administración de justicia; desmantelamiento progresivo de la institucionalidad, corrupción galopante y endeudamiento para financiar despilfarro, saqueo y tantas otras tracalerías, que terminaron postrando la economía, con aumento del desempleo, incremento de la inseguridad y mayor violencia social.	La empresa Odebrecht, entró a Panamá en el 2006, durante la administración Torrijos. Hasta mayo del 2016, a esta empresa se le adjudicaron diecinueve (19) contratos, por un total de nueve mil doscientos setenta y cuatro millones de dólares y la acusación, por supuestos sobornos asciende a la irrisoria suma de cincuenta y nueve (59) millones, equivalente al 0.006 % del total recibido. Algunos cómplices y otros tantos beneficiarios, intentaron convencer a la ciudadanía de que los sobornos únicamente ocurrieron en el periodo 2009-2014; como si durante la gestión precedente y la subsecuente, la empresa y las respectivas autoridades, hubieran mantenido absoluta rectitud y transparencia. Desafortunadamente, otros eventos de similar naturaleza ocurrieron durante esos períodos, por citar solo dos, el caso Cemis y el ataque al grupo GESE conjuntamente con el despojo de SOHO Mall, comedia teatral a cargo del procónsul, ¡que acusó, públicamente, a dos panameños, de ser los más grandes narcotraficantes y blanqueadores de capitales de la historia!, bodrio escenográfico en el cual el Ejecutivo hizo el papelón.	La estructura de administración de justicia, particularmente en lo relativo a la investigación de los delitos, deja mucho que desear, precisamente dada la evidente selectividad en la instrucción de algunos procesos, el abuso de la detención preventiva y la escandalosa falta de transparencia y de resultados concretos, como debió ser, al menos en casos de alto perfil, como Odebrecht y Blue Apple, de los cuales, no obstante el tiempo transcurrido, lo único que han dicho es que la investigación continúa; lo cual parece menosprecio, sino que flagrante irrespeto, porque la actuación de los funcionarios a cargo debe ser coherente con una recta y oportuna administración de justicia, con resultados fiables, que traduzcan confianza, hoy día inexistente. La mayoría exigimos rendición de cuentas, ya que la impunidad solo garantiza el fortalecimiento de la corrupción, dado que el mensaje para los políticos delincuentes, valga la redundancia, sería: el saqueo de los recursos públicos tiene la más alta rentabilidad y lo mejor, está exento de riesgos.	Nos urge hacer un alto, y reflexionar en torno al estado actual del sistema de administración de justicia, para consensuar la manera menos traumática de sanearla, porque la manipulación, la selectividad y la impunidad han causado y continúan causando gran daño, y lo peor, constituyen fuertes incentivos para el aumento de la criminalidad, la violencia y la inseguridad colectivas. Deberíamos evitar riesgos innecesarios, que puedan afectar la paz social y la estabilidad política y si el Buen Gobierno, dispuesto como afirma estar, a combatir la corrupción, cuanto antes debería dar pruebas fehacientes. El desfalco con las partidas no solo ocurrió en la Asamblea Nacional, y no únicamente en el Gobierno pasado; obvio, se debe investigar y los responsables ser juzgados y de resultar condenados, secuestrarles los bienes mal habidos. Lo mismo procede para el caso Odebrecht, para Blue Apple, y para todos los involucrados en la procuraduría paralela.	La corrupción en el Legislativo exige recordar que el presupuesto, donde se asignan las partidas, se elabora en el Ejecutivo y se refrenda en la Contraloría; además, en caso de ilicitudes, la Corte Suprema tiene el deber y la competencia para investigar y sancionar. Los expertos en desplegar cortinas de humo, no deben excluir a los favorecidos con contratos, concesiones, adendas y demás, y a la banca tampoco, porque sin la participación de todos ellos, no habrían saqueado tanto y sin el encubrimiento del sistema de administración de justicia no habría impunidad, que de paso, es el mejor incentivo para perpetuar la corrupción.	El cráter en las finanzas confirma que el problema es muy serio, pero los ‘honorables' no son los únicos responsables de las fechorías conocidas; que además, ningún mesías resolverá y menos aún, tratando de identificar a presuntos culpables, viendo a través de una rendija y cumpliendo instrucciones de los principales protagonistas del drama; tampoco se resolverá forzando la renuncia de un miembro prominente del salón de la infamia. Basta de manipulación, de distracciones y de farsa; la patria boba no es tal como los piratas y filibusteros modernos consideran. Es evidente que tras bambalinas lo que hay es una lucha del poder económico por controlar el poder político. Y la vía racional, pacífica y genuinamente democrática es la Constituyente Originaria, que nos permitiría corregir el rumbo, de lo contrario, podría no haber barranco que nos ataje...	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