Desde el periodo posinvasión a Panamá, se ha consolidado la práctica de que, de hecho, el exacerbado “presidencialismo” permite, que los magistrados y procuradores de la Nación, más allá de lo que establezcan las normas jurídicas y la consabida separación de poderes, se nombran políticamente y en atención a los requerimientos del Ejecutivo.	Entonces, ¿por qué aspirar a una Magistratura o a una Procuraduría? Quizás por protagonismo, cerrar una hoja de vida con ese cargo, o por tener ínfulas de sabérselas todas. El resultado, inestabilidad judicial, malos mensajes morales a la sociedad y un profesional del Derecho inserto en el factor determinante de poder y dinero, más allá de su prestigio, honra y deber patriótico.	A futuro, consideramos que más que títulos universitarios, en materia de Derecho, se debe apostar a la probidad manifiesta, al sentido de respeto ciudadano y a la entrega que tan conspicuas designaciones exigen. Se necesita un profesional del Derecho capaz de No prestarse para acciones más allá de la Ley; un profesional que sepa renunciar al cargo o a denunciar presiones y, sobre todo, con estatura moral para tomar decisiones que sean verdaderas piezas de jurisprudencia y de recato en el cumplimiento de la norma.	Parece una quimera pretender que en nuestro país se hagan las cosas bien en materia de justicia, pero, nuestro juicio, es lo que Panamá reclama con urgencia notoria y todos, de una u otro forma, debemos coadyuvar para cambiar las reglas de juego y lograr, por el bien de la sociedad, la escogencia de personalidades que No acarreen escándalos, investigaciones subsecuentes y dudas abisales en el manejo de la norma. Esto fortalece la institucionalidad, la democracia y envía un sólido mensaje a nuestra juventud.