A una semana del cierre del Congreso y el llamado a elecciones decretado por el presidente Martín Vizcarra -el suceso político más grave que ha vivido Perú en lo que va de siglo- la situación está plenamente normalizada, sin dramas y con una oposición que reconoce una situación de la que ha salido muy dañada.	Una ciudadanía que ha vivido estos hechos, que han probado los límites de la Constitución, no solo con normalidad, sino mostrando su apoyo abrumador a la medida; un Gobierno sólido que no ha ido más que recabando apoyos, y una facción de congresistas opositores, dominados por el fujimorismo, cuyos coletazos e intentos para revertir la situación o alterar en su relato parecen haber caído en saco roto, son las claves que explican la situación.	Apenas un 22% de los encuestados defiende la postura de los legisladores fujimoristas y sus aliados de derecha y extrema derecha de que se trató de un "golpe de Estado", revelando la paradoja de que muchos de los encuestados defienden al Gobierno incluso pese a considerar que su accionar fue ilegal.	Sin embargo, los diez ministros y el premier que abandonaron sus cargos participaron de forma activa y sonriente en la transferencia de poderes y la jura de sus sustitutos, descartando así que las "observaciones" que varios de ellos presentaron ante Vizcarra por la disolución supusieran un quiebre con la línea del presidente.	El nombramiento de María Antonieta Alva, una tecnócrata de 34 años, al frente del Ministerio de Economía, fue también un golpe de efecto que habla, por un lado, del afán por mantener las políticas macroeconómicas ya vigentes en el país y por otro de renovar la imagen del Ejecutivo con nuevas opciones, mucho más frescas.