En una nota dirigida a este medio, la cual reproducimos en su totalidad (con ilustración) refutan como ‘falso y tendencioso' lo reportado en el artículo de ayer de este medio, en el cual se indicaba que la empresa había sido inhabilitada por tres años para contratar con el Estado. Sin embargo, en el sitio de Panamá Compra, en el historial de la licitación número 2010-0-12-0-08-LV-009910 para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento de cinco hospitales bajo la modalidad llave en mano constan las resoluciones 407 y 408 del 30 de abril de 2014, donde en la parte resolutiva se inhabilita a IBT por el incumplimiento de los contratos 184-2010 (Hospital de Bugaba) y el 182-2010 (Hospital de Metetí), respectivamente. La resolución de inhabilitación es de 2014, no de 2019, como se reportó en la nota del lunes.	La empresa apeló la medida en 2014 y alega que al haberse renegociado los contratos y adendas que aprobó en ese momento el gobierno de Juan Carlos Varela, en el año 2015, las resoluciones quedaban sin efecto. Pero fue solo hasta el 10 de mayo de 2019 que se revocó legalmente la medida a través de las resoluciones 380 y 392 del Ministerio de Salud, después que IBT desistiera del recurso de apelación que había introducido ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, lo que a su vez habría evitado que la inhabilitación surtiera efecto originalmente, según reseñan las mismas resoluciones en Panamá Compra.	También achacan a la gestión del Minsa de las administraciones de Martinelli y Varela retrasos por el cambio de supervisión, el cambio de ministros, la falta de ‘coordinación necesaria' entre el Minsa y los bomberos para la aprobación de los diseños, el permiso de construcción y el permiso ambiental, todo lo que ‘afectó la ejecución del cronograma de obras'.	Las últimas adendas solicitadas en 2017 con ajuste de precio y mayor permanencia para los hospitales de Metetí, Bugaba y Colón no fueron aprobadas por Contraloría, confirmó la Dirección de Infraestructura de Salud del Minsa en un informe, sin especificar los montos solicitados. El representante de IBT, Jacky Esayag, calculó ese monto en unos $40 millones adicionales, que según el empresario, sería la diferencia del precio en 2017 de las obras ejecutadas. ‘Falta agregar lo que corresponde a 2018 y 2019', aclaró.	Las obras se encuentran detenidas desde el 30 de noviembre de 2018, fecha en que vencieron los contratos y la fianza. La apuesta de la empresa es la negociación que logren con el gobierno actual, al que piden ‘seguridad jurídica y seguridad financiera'. Y advierten que con base al equilibrio contractual, ‘no deben ni pueden construir actualmente a precio de 2010'.	Ver más Martinelli: ‘Lo único que no han hecho fue violarme sexualmente’. Futuro de Martinelli, en manos de Cortizo Polonia recuerda el comienzo de la II Guerra Mundial con las heridas aún abiertas Víctimas de ‘pinchazos' apelan mientras denuncian ‘venta' de fallo El drama de un migrante, un encuentro con la desesperanza y la muerte