Cártel inmobiliario
# Cártel inmobiliario

El cártel inmobiliario es el nombre que utiliza la Fiscalía de la Ciudad de México para nombrar los casos de corrupción que envuelven a ciertos políticos del Partido Acción Nacional y empresas del sector inmobiliario respecto a entrega ilícita de permisos y de facilidades para la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la cual es gobernada por el partido de forma ininterrumpida desde el año 2000.

El modus operandi consistía en el intercambio de favores entre los políticos panistas y las empresas constructoras, que al entregar dinero o inmuebles a los funcionarios, recibían permisos de construcción extrajudiciales y podían realizar edificaciones y ampliaciones de estas fuera del marco de la ley y los parámetros de construcción que se establecen. Todo lo anterior se realizó por medio de empresas fantasmas y extorsiones, siendo señalados principalmente los ex delegados Mario Palacios (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018) este último incluso pasó a ser prófugo de la justicia, siendo emitida una alerta en a todos los países miembros de la INTERPOL para poder detener al acusado, quien sería dado de baja del congreso capitalino debido a su ausencia. Finalmente sería arrestado en el estado de Tamaulipas tras un intento de fuga hacia los Estados Unidos.

## Implicaciones y afectados

Los permisos otorgados por los funcionarios públicos permitirían a las empresas constructoras la realización de complejos de departamentos y de oficinas de forma desproporcionada y sin cumplir las normas de seguridad, lo que terminaría detonando con el sismo del 19 de septiembre del 2017, donde varios de los inmuebles se verían parcial o totalmente afectados por su mala edificación y algunas personas perderían la vida. De igual forma, diversos medios y activistas señalan que el Cártel Inmobiliario es responsable de la especulación inmobiliaria y el aumento de precios, desplazamiento y gentrificación que esta conlleva.

Múltiples vecinos, inquilinos y compradores se han quejado de los departamentos en mal estado, los edificios mal construidos y los riesgos que implica establecerse en este tipo de vivienda debido al riesgo que conlleva al estar en una zona sísmica y no contar con los protocolos de seguridad respectivos. A esto hay que sumarle que los residentes de los edificios se encontraron departamentos distintos a los prometidos en la publicidad, además de goteras, instalaciones de gas mal realizadas, pisos extra, etc.

El actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, también es mencionado en las investigaciones y se le acusa de ser parte de esta red de corrupción, él niega estas acusaciones y afirma que son parte de una campaña de difamación y persecución política encabezada por la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheimbaum y su partido MORENA.

Se calcula que más de 198 edificios fueron realizados dentro de este accionar ilegal entre la alcaldía y las constructoras.

