Acuerdo del Lago Meech
# Acuerdo del Lago Meech

El acuerdo del Lago Meech (en inglés Meech Lake Accord y en francés Accord du lac Meech) fue un proyecto fallido de reforma de la Constitución de Canadá pactado entre el gobierno federal, presidido por Brian Mulroney, y las diez provincias del país. Su contenido tenía un carácter descentralizador, y pretendía conseguir la ratificación de la Constitución en la provincia de Quebec y aumentar así el apoyo al federalismo en la provincia. El rechazo al acuerdo creó una crisis territorial y dio un mayor impulso al soberanismo quebequés, desembocando en el referéndum sobre la soberanía de 1995.

## Antecedentes

La provincia de Quebec sufrió grandes transformaciones económicas y sociales durante la década de 1960, que recibieron el nombre de revolución tranquila. El proceso dotó de más peso al sector público en la economía y supuso una liberalización cultural y política. Estos cambios trajeron como consecuencia un notable auge del nacionalismo quebequés, que denunciaba la situación desigual del Canadá francófono.Su éxito condujo a una amplia victoria del Partido Quebequés en las elecciones de 1976 y a cambios en el sistema de partidos de la provincia. Sin embargo, su principal propósito, transformar Quebec en un estado soberano asociado con Canadá, fracasó estrepitosamente en un referéndum celebrado en mayo de 1980.

En octubre de ese año, el primer ministro Pierre Trudeau, de ideología federalista, anunció su propósito de «repatriar» la Constitución de Canadá, que aún requería la aprobación del Parlamento británico para su reforma. Este proceso formaba parte de sus promesas de campaña en el referéndum, e incluía la aprobación de una carta de derechos fundamentales.Para ello, se convocó una Conferencia Constitucional en 1981, que alcanzó un acuerdo la noche del 4 de noviembre. Ese pacto constituyó la base de la Ley sobre la Constitución de 1982, instrumentada como una enmienda de la Ley sobre la Norteamérica Británica.

Sin embargo, el pacto de enmienda no contó con la participación ni el apoyo de Quebec, que denunció la madrugada en la que se llegó el acuerdo como una noche de los cuchillos largos. Por ello, el primer ministro René Lévesque y la Asamblea Nacional de Quebec rechazaron su ratificación. Además, la provincia impugnó la constitucionalidad del procedimiento, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Canadá que reconocía el derecho a consulta vinculante de las provincias en los procesos de reforma constitucional. En respuesta a dicho recurso, el alto tribunal dictaminó que Quebec carecía de la legitimación jurídica y constitucional para vetar la reforma.Como la sentencia fue publicada durante la tramitación de la reforma en el Parlamento británico y poco antes de su promulgación, Quebec fue la única provincia canadiense que no apoyo el proceso de “repatriación”.

Una serie de cambios de gobierno en Canadá y Quebec favorecieron la posibilidad de un acuerdo para zanjar la controversia. A nivel federal, los liberales sufrieron una gran derrota frente al líder conservador Brian Mulroney. Este prometió integrar a Quebec en la Constitución «con honor y entusiasmo», con un modelo territorial cooperativo y proclive al diálogo con las provincias. Esta postura condujo a una división entre nacionalistas ortodoxos y posibilistas en Quebec. Como consecuencia, René Lévesque, que había apoyado las negociaciones con Mulroney, presentó su dimisión. Tras elecciones anticipadas, el Partido Liberal de Quebec, liderado por Robert Bourassa, puso fin a ocho años de gobierno del Partido Quebequés y condujo a una postura más posibilista.

En su programa electoral, Bourassa establecía cinco demandas clave para que Quebec “entrara” dentro de la Constitución. Estas incluían el reconocimiento de veto constitucional a la provincia, competencias compartidas en materia de inmigración, consulta y participación en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo procedentes de Quebec, límites al gasto público federal en materias de competencia provincial, o el reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta dentro de Canadá.Estas condiciones fundamentaron el inicio de negociaciones entre ambos gobiernos y su satisfacción se estableció como un requisito para iniciar un proceso de reforma constitucional en agosto de 1986.

## Versión preliminar del acuerdo

El acuerdo fue negociado el 30 de abril de 1987 en una reunión entre Mulroney y los primeros ministros provinciales en la Casa Willson, a las orillas del lago Meech, situado en las Colinas de Gatineau (cercanas a Ottawa). Los participantes aceptaron las cinco demandas del gobierno de Quebec y añadieron un acuerdo para reformar el sistema de elección del Senado de Canadá. Las conclusiones acordadas fueron:

* Un mandato a todas las autoridades federales y provinciales para comenzar el proceso de reforma constitucional.
* Otorgar competencias compartidas a la provincia de Quebec en cuanto a selección de inmigrantes y refugiados y cuotas de inmigración, y la eliminación de los servicios federales de inmigración en Quebec, salvo en materia de nacionalidad.
* Permitir acordar con otras provincias idénticos repartos competenciales.
* Establecer, hasta una reforma total del Senado, que el nombramiento de senadores provenga de listas propuestas por las provincias y dictaminadas favorablemente por el Consejo Privado de la Reina, en vez de por designación directa del primer ministro.
* El reconocimiento de la francofonía como un hecho diferencial de Canadá, sin perjuicio del papel de las personas anglófonas en la sociedad canadiense y en la de Quebec.
* El establecimiento de una cuota de al menos tres miembros de la Corte Suprema provenientes de Quebec y el nombramiento de nuevos jueces a propuesta de las provincias, en vez de por designación directa del primer ministro.
* El reconocimiento de compensación económica a las provincias que decidan no ejecutar programas federales que afecten a competencias propias, siempre y cuando desarrollen programas con fines idénticos en ejercicio de sus competencias.
* El establecimiento de conferencias sectoriales en materia económica.
* Un nuevo procedimiento de reforma constitucional cualificada por unanimidad en una serie de materias como la Jefatura del Estado, los límites provinciales, la admisión de nuevas provincias, el reparto de representantes en la Cámara de Comunes o la elección del Senado, entre otras.
* La convocatoria de conferencias constitucionales de carácter anual desde 1988 para la reforma del Senado, el establecimiento de la política pesquera y cuantas otras materias se acuerden.

Como el acuerdo, de ser aprobado, cambiaría la fórmula de reforma constitucional, debería obtener consentimiento de todas las provincias y del Gobierno federal en un plazo máximo de tres años. Brian Mulroney llamó a este proceso “ronda de conversaciones sobre la reforma constitucional con Quebec” y prometió reformas adicionales al acuerdo en sí.

La oposición apoyó, por lo general, el proyecto. El líder del Partido Liberal John Turner se vio en una situación difícil, pues la aprobación del acuerdo supondría un mayor apoyo al Partido Progresista-Conservador en Quebec (feudo liberal por excelencia hasta que Trudeau “repatrió” la Constitución, cosa que le ha costado a los liberales el no lograr mayorías en Quebec desde entonces) y la renuncia al ideal de federalismo formulado por el carismático ex primer ministro y reconocida figura pública Pierre Trudeau. Más tarde respaldó el acuerdo, lo que provocó una profunda división en el seno liberal. El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, con su líder Ed Broadbent, también dio su visto bueno. El Partido Reformista, de corte populista y conservador, rechazó el pacto sobre la base de que violaba la igualdad de las provincias. Un punto importante fue el apoyo de la Corona (cosa excepcional), que se hizo presente cuando la reina Isabel II expresó los días 22 y 23 de octubre de 1987 su apoyo personal al acuerdo del Lago Meech, lo que le ganó las críticas de sus detractores.

## Oposición

Cuando llegó el momento de debatir el acuerdo en la Asamblea Nacional de Quebec (último paso para acabar el proceso), el independentista Parti Québécois se opuso al mismo. El apoyo de los diez premiers provinciales implicó asimismo un respaldo mayoritario de los canadienses al acuerdo, según las encuestas iniciales; sin embargo, los resultados de esas mismas encuestas de junio de 1990 mostraban un rechazo absoluto del mismo. El descenso de apoyo se atribuyó al concepto de “sociedad distinta”, entendido por el Canadá anglófono como el reconocimiento de un “estatus especial” a Quebec. Al mismo tiempo, el uso por parte del primer ministro de Quebec Robert Bourassa de la Trigésimocuarta Enmienda de la Constitución canadiense (la llamada “cláusula derogatoria”, que permite el no cumplimiento de otras disposiciones en determinados casos) para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Canadá de declarar inconstitucionales partes de la Carta de la Lengua Francesa de Quebec (en concreto, las referidas a la rotulación en establecimientos) fue considerado como una provocación por muchos federalistas canadienses, sobre todo del Canadá anglófono (a pesar de ser una medida totalmente legal).

También fue muy controvertida la discusión sobre el reparto de competencias y su cesión a las provincias: Pierre Trudeau denunció esta parte del acuerdo como la “venta” de Mulroney a los intereses de las provincias. Trudeau argumentaba que el hecho de que Quebec fuese distinto no era de especial importancia, pues la provincia no era mucho más diferente que otras del país, y apostaba por un reparto claro de las competencias en un contexto totalmente federal. En un artículo de opinión, escribió que “la federación estaba pensada para durar unos mil años. Lamentablemente, solo se veía un problema de fondo: que el Gobierno de Canadá cayese en manos débiles. Ese momento ha llegado”. Algunos diputados liberales apoyaron esta visión y consideraron al ex primer ministro su “líder espiritual”, criticando la decisión tomada por el líder grit John Turner de apoyar el acuerdo.

Por otro lado, el criticismo también englobaba la falta de transparencia del proyecto: la opinión pública veía el proceso como una reunión de “once tipos con traje y corbata” decidiendo el futuro de Canadá en un despacho a puerta cerrada.

## Compromiso y negociación

A medida que se acababa el plazo, comenzó a romperse el consenso. La presión de los votantes puso a muchos primeros ministros, sobre todo del oeste de Canadá, contra las cuerdas. El apoyo o no al acuerdo se convirtió en materia electoral: en Nuevo Brunswick, la victoria liberal implicó la revocación del apoyo dado por el anterior gobierno conservador al acuerdo. Ocurrió lo mismo en Terranova.

Unos pocos meses antes de la fecha límite para llegar a un acuerdo, una comisión liderada por el ministro Jean Charest recomendó algunos cambios al mismo. Esto provocó el abandono del partido de múltiples figuras reconocidas, como Lucien Bouchard, que había servido en el gabinete Mulroney en diversos cargos de responsabilidad. Su unión con otros liberales desencantados desembocó en la creación del Bloc Québécois (representante del soberanismo quebequense a nivel federal).

El más presionado fue, supuestamente, Robert Bourassa. El acuerdo, que era el mínimo exigible de muestra del compromiso federal con Quebec para el 80% de la población, supondría una gran derrota para Bourassa si su contenido y alcance se redujeran.

La situación provocó una reunión de ministros el 3 de junio de 1990 (20 días antes del tope). Tras una semana de negociaciones, se acordó una ronda de conversaciones más antes de ratificar el acuerdo. Todos los primeros ministros, incluido el de Newfoundland, que defendió sin embargo un referéndum, estuvieron de acuerdo en firmar el “nuevo” pacto, que incluía el compromiso de reformar el Senado antes del 1 de julio de 1995. La cámara alta sería electa por voto popular en vez de por el primer ministro, tendría más influencia sobre la Cámara de los Comunes y sería más representativa, estableciendo un número de senadores por provincia de no llegar a acuerdo sobre la materia. El paquete de reformas incluía además un debate mucho más amplio (competencias provinciales para nombrar senadores, diálogo sobre temas relacionados con los aborígenes, regulación del proceso de creación de provincias y una nueva fórmula para enmendar la Constitución).

El primer ministro de Terranova, Clyde Wells, declaró a este respecto:

“Este proceso de reforma constitucional no debe ser seguido nunca más. Es imposible para once primeros ministros tomar unas decisiones tan importantes y que exigen tanta deliberación, y es más que injusto tener a un primer ministro que toma decisiones en secreto que afectan a tantas personas, sin decir a 26 millones de canadienses qué hay en juego y qué normas estamos siguiendo para cambiar todo”.

Nuevo Brunswick aceptó el nuevo acuerdo y su premier recorrió el país para anunciar su apoyo al proyecto.

En Manitoba, sin embargo, la cosa no fue tan sencilla. A pesar de las constantes protestas indígenas, la asamblea legislativa de la provincia determinó aprobarlo. La decisión en la cámara debía ser unánime para evitar la vía de la consulta, y el cuórum se rompió cuando el diputado Elijah Harper levantó una pluma de águila para mostrar su oposición. Harper apoyaba el referéndum como manera de consultar a las Primeras Naciones, aisladas del proyecto.

A pesar de crear una ley para permitir que Manitoba tuviese más tiempo (tres meses y la posibilidad para Quebec de reconsiderar su decisión), Newfoundland determinó anular la votación que se iba a llevar a cabo en la Asamblea provincial, porque el resultado sería contrario al deseado. El acuerdo había muerto.

## Consecuencias

La derrota del acuerdo se notó sobre todo en Quebec. En un discurso a la Asamblea Nacional de Quebec dado momentos después del fracaso del acuerdo, Bourassa expresó el sentimiento nacionalista del momento:

“...el Canadá inglés ha de entender que, haga lo que haga o diga lo que diga, Quebec es, hoy y siempre, una sociedad distinta que es libre y capaz de asumir el control de su destino y desarrollo”.

Este discurso y otras acciones de Bourassa dieron a los quebequenses la impresión de que los liberales estaban abiertos a todas las opciones, incluida la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Las encuestas en este momento mostraban una mayoría a favor de la soberanía-asociación. La consecuencia de esto fue la creación del llamado Informe Allaire y la promesa de celebrar un referéndum sobre la soberanía o sobre un nuevo acuerdo constitucional en 1992.

El primer ministro de Ontario, el conservador-progresista David Peterson, había sido una figura clave a la hora de crear el acuerdo y continuó apoyándolo a pesar de la creciente oposición. Esto provocaría inquietud en su propia provincia. A pesar de que los medios de comunicación no hicieron mucho hincapié en la relación de Peterson con el acuerdo, el gobierno federal estaba lidiando directamente con las consecuencias de no aprobarlo. Por tanto, y con este tema por bandera, el electorado, convocado por él mismo en 1990, lo derrotó y eligió por primera vez al candidato del NDP Bob Rae.

La popularidad de Mulroney se desplomó. La manera de manejar el acuerdo fue muy criticada y los exhaustivos e interminables debates sobre el tema desembocaron en una total incertidumbre en el tema de la reforma constitucional.

En noviembre de 1990, Mulroney decidió contar con la voluntad de los canadienses a través de la convocatoria del Foro de los Ciudadanos sobre la Unidad Nacional. Este foro es más conocido como la Comisión Spicer, pues su líder era Keith Spicer.

Tras una serie de conferencias constitucionales y gracias a los esfuerzos del ex primer ministro Joe Clark, se logró llegar a un nuevo acuerdo, el acuerdo de Charlottetown, que incluía, aparte del paquete de reformas constitucionales, la intención de dialogar sobre el problema étnico con las Primeras Naciones. Este último acuerdo fue sometido a referéndum, con una mayoría en contra en casi todas las provincias, incluyendo Quebec.

