In the first instance, the role of the Ombudsman was to 'juridify' the conflict through providing procedural legitimacy. That is, according to our first hypothesis, the office of the ombudsman increased the possibilities of affecting environmental policy through establishing associations with civil society organizations.
El rol de la Defensoría del Pueblo en sus inicios fue la juridificación del conflicto a través de la legitimación procesal, retomando nuestra primera hipótesis, la Defensoría aumentó sus posibilidades de incidir en la política ambiental a través de la alianza con las organizaciones de la sociedad civil.