The integration center model was legally supported by the Political Constitution of the United Mexican States, which, in Article 26, states that democratic planning is the basis of national development, to meet social demands and promote the participation of diverse segments of the population.
El método de trabajo de los centros integradores se sustentó jurídicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su Artículo 26, sitúa a la planeación democrática como base para el desarrollo nacional, para la atención de las demandas sociales y para promover la participación de los diversos sectores poblacionales.