Since the 1980s, Mexican administrations have gradually abandoned the economic development project, thereby undermining constitutional precepts regarding the sovereign control of natural resources, which began to serve as a mere reminder of what the path of economic development could have been.
Y si los gobiernos que se fueron sucediendo a partir de los años ochenta abandonaron el proyecto de alcanzar el desarrollo económico, los preceptos constitucionales sobre control patrimonial de los recursos naturales no perdían validez y servían para recordar lo que podría ser el camino del desarrollo económico.