She proposes for Chile that the road should be that of regulatory reform. In addition, she writes that public authorities must be convinced of the need to recognize the rights of the Chilean community within an international perspective and, thus, with a degree of certainty in the case of controversies in the international arena.
Propone para Chile que el camino debe ser la reforma normativa, además de que se requiere la convicción de las autoridades públicas sobre la necesidad de reconocer a la comunidad chilena sus derechos con una mirada internacional y, por tanto, con un grado de certeza en el caso de controversias en el ámbito internacional.