This contradiction implies the notion of "legitímate use of force", which is generally defined and specified by political actors, who determine when and how its use is acceptable, against them or against other groups, and assumes that there is consensus regarding the democratic criteria of social control.
Esta contradicción implica la noción de "ejercicio legítimo de la fuerza", que es por lo general definido y precisado por los actores políticos, quienes determinan cuándo y cómo es aceptable su empleo, contra ellos o contra otros grupos, y que supone un consenso sobre los criterios democráticos de control social.