A new law on education is no good if it merely focuses on patching fiscal holes in the public universities, and above all if it fails to clearly determine the educational model for the next 20 years, as a tipping point that could improve quality and thereby eliminate incentives leading to accepting corruption and inevitably participating in it.
Una nueva ley de educación no es buena si solo se centra en tapar los huecos fiscales de las universidades públicas, y sobre todo si no determina claramente el modelo de educación para los próximos 20 años, como un punto de quiebre que puede mejorar la equidad y por tanto, eliminar los incentivos que llevan a aceptar la corrupción e inevitablemente, a participar de ella.