Unlike in Aguascalientes and Guanajuato, where federal authorities worked closely with PAN governors to avoid spillover effects from violence in neighboring states, federal authorities accused the Zacatecas governor of corruption and ineptitude when federal prisoners who had been relocated in the state escaped.
A diferencia de Aguascalientes y Guanajuato, donde las autoridades federales trabajaron con los gobernadores panistas para evitar daños colaterales de la violencia en estados colindantes, las autoridades federales acusaron a la gobernadora de Zacatecas de corrupción e ineptitud cuando los presos federales que habían sido reubicados en su estado se escaparon.