Since the mid-1980s, the Mexican State, like many other States in Latin America, has implemented public policies and government programs centered around all types of dispossession of public goods and commons belonging to the people.
El Estado mexicano, como muchos otros Estados en América Latina, ha implementado desde mediados de los años ochenta, políticas públicas y programas de gobierno centrados en todo tipo de despojos de los bienes públicos y de los bienes comunes de los pueblos.