Starting at the end of the 1990s, the clause began to be interpreted more broadly, including not only the legal position, but also the obligation of payment, which required the debtor government to pay its creditors with prorated payments.
A partir de finales de los años noventa, la cláusula implicó una interpretación más amplia que incluyó no sólo la posición legal, sino también la obligación de pago, lo que requirió que el gobierno deudor pagara a sus acreedores bajo pago prorrateado.