Even though the national attorney had gathered important evidence that governor Reyes Baeza and the state attorney had provided protection to the Juárez Cartel , the federal government strategically declined to prosecute them or leak information to the media -as it did in Michoacán- and decided instead to cooperate with the incoming PRI state governor -as it did in Baja California.
A pesar de que el procurador federal había reunido evidencias importantes de que el gobernador Reyes Baeza y el procurador estatal habían protegido al cártel de Juárez , el gobierno federal estratégicamente decidió no enjuiciarlos ni filtrar información a los medios -como sí lo hizo en Michoacán- y más bien decidió cooperar con el gobernador estatal entrante del PRI.