El Duque de Almodóvar y las libertades inglesas
10.6092/issn.2421-4124/5138
This article focuses on the analysis developed by the Duke of Almodóvar on the English constitution, which due to the wise dosage of authority and freedom he considers first a valuable subject of study, and then a model to imitate due to the perfection degree it acquired. The Duque is interested above all on the “English freedoms” which development he follows through history, society and politics. Our analysis follows his intellectual journey showing the ideas he stresses and the institutional order in which they are based, and then he criticizes some of their shortcomings which in place were motivated by passion as their object, as well by their pro aristocratic parti pris, which in this case works as a bias.
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2421-4124
5138
es
Antonio Hermosa Andújar
Montesquieu.it
Duke of Almodóvar
El Duque de Almodóvar y las libertades inglesas
Text.Serial.Journal
https://montesquieu.unibo.it/
2
Articles
2010-12-01
2015-05-25
2010-12-01
2019-04-10
109
Mont
Antonio Hermosa Andújar
2010/12/01
10.6092/issn.2421-4124/5138
109
Universidad de Sevilla
2421-4124
Duke of Almodóvar
es
109
El Duque de Almodóvar y las libertades inglesas
https://montesquieu.unibo.it/article/download/5138/4882
2
El Duque de Almodóvar y las libertades inglesas*



di Antonio Hermosa Andújar
(Universidad de Sevilla)




This article focuses on the analysis developed by the Duke of Almodóvar on the English
constitution, which due to the wise dosage of authority and freedom he considers first a valuable
subject of study, and then a model to imitate due to the perfection degree it acquired. The Duque
is interested above all on the “English freedoms” which development he follows through history,
society and politics. Our analysis follows his intellectual journey showing the ideas he
stresses and the institutional order in which they are based, and then he criticizes some of their
shortcomings which in place were motivated by passion as their object, as well by their pro
aristocratic parti pris, which in this case works as a bias.


Keywords:      Constitution     of   England,     Power,     Freedom,      Political    Model,    Duke     of
Almodóvar



1. Introducción

El singular espectáculo que, bajo el sintético nombre de constitución Inglesa, el Duque
de Almodóvar 1 contempla en el triple escenario de la historia, la sociedad y la política
inglesas, adolece, cierto, de “algunas dolencias nacidas de su propia robustez”, y



1
  Pedro Francisco Góngora y Luján (Madrid, 1727-1794), primer Duque de Almodóvar del Río (desde
1780) entre otros varios nombres y seudónimos, inauguró con el texto que aquí estudiamos (cfr. nota 3) los
estudios constitucionales en España. Hombre dedicado a la acción y al pensamiento, fue a la vez destacado
diplomático, que ejerció su labor en San Petersburgo, Lisboa y Londres, e intelectual notable y conocido en
su época (aunque el fracaso en sus intentos de reforma política le envolvió en una repentina nube de olvido
que sólo recientemente se ha empezado a disipar). Culminó ambas actividades llegando a ser Consejero de
Estado y Director de la Real Academia de la Historia. Un viaje a Inglaterra entre 1778 y 1780 resultó
decisivo en su carrera, pues a la vuelta del mismo dio a la luz sus dos obras principales, la Década epistolar
sobre el estado de las letras en Francia (1781) y la magna, la Historia política de los establecimientos
ultramarinos de las naciones europeas (redactada sobre la base de la Histoire Philosophique et Politique
des Établissemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes, del Abate Raynal), de la que
publicó cinco volúmenes entre 1784 y 1790 aunque permaneció incompleta. Aristócrata e ilustrado, quiso
redimir a su clase social en una España moderna y liberal reasignándole una nueva función: un empeño
que, como el de tantos otros novatori en los regímenes autoritarios, condenó su memoria al ostracismo
histórico, al punto que hasta ayer mismo, y por decirlo con versos sublimes de Baudelaire, su nombre llevó
toujours le châtiment / d’avoir voulu changer de place (la de su país, en este caso, aún más que la suya
propia).
ocasionalmente aun de “una especie de delirio en sus crisis” 2; pero tanto en términos
generales como en sus detalles particulares goza sin duda de su aprobación. Mejor aún:
si bien quiere proceder en su análisis con la neutralidad del científico que describe sin
valorar, su entusiasmo por cuanto sucede ante sus ojos es de por sí un juicio de valor,
al que acompañan valoraciones y comentarios sobre el mismo que lo elevan, si no a
ideal, sí al menos a algo no muy lejano: a criterio con el que medir la existencia de las
libertades en otros países, incluido, naturalmente, el suyo propio 3.
   Son precisamente las libertades el objeto preferido de su entusiasmo, y por eso sigue
su recorrido por la historia que las forja, la sociedad que las apuntala y la política que
las despliega. La sólida articulación de tales ámbitos da como resultado un objeto
extraño y difícilmente aprehensible, un abigarrado y confuso sistema de poder inédito
hasta ahora, en el que pese a la coexistencia de prerrogativas y derechos, de mezcla de
jurisdicciones, de divisiones de órganos y cooperación de poderes, de experiencia y
razón, de sociedad y derecho, o mejor, gracias a ello, las flores de la libertad han
arraigado en suelo inglés con mayor vitalidad y consistencia que en ningún otro hasta
ese momento 4.
   Es el intento del Duque de Almodóvar por desenredar tan confusa madeja, así como
el señalamiento de ciertas deficiencias en la tarea, lo que ahora ocupará la nuestra.



2. Libertades e historia

¿Cómo empezó todo?, podríamos preguntarnos, remedando a Giuseppe Galasso en sus
Nozze di Cadmo e Armonia. Si las libertades políticas no son sin más un atributo
inherente a un sistema político cualquiera, ¿por qué en Inglaterra empezaron a gestarse
tan rápida y sostenidamente?
  Al comienzo no fue la acción, como en el Fausto de Goethe, sino el temor. En su
Historia, el Duque atribuye a la “Nación” inglesa un casi congénito “espíritu de
inquietud, que tarde o temprano debía conducirla à la libertad”. Pero tras esa propiedad
psico-sociológica no se adivina la mano de la naturaleza, sino la de la historia, dado
que el agente de la misma fue “la absurda tiranía de Guillermo el Conquistador” 5. No
es pues un objeto claro y distinto lo que originariamente aparece ante la mente al


2
  DUQUE DE ALMODÓVAR, Constitución de Inglaterra, Madrid, CEPC, 2000, p. 4 [en lo sucesivo, CI].
Todas las citas del texto corresponderán a esta edición, a cargo de Jesús Vallejo, que la acompaña de un
documentadísimo e imprescindible estudio introductorio (pp. XV-CXXVIII).
3
  Esto se adivina más que se toca, pero se da. Y la crítica que de ahí sale hacia el ordenamiento español, no
por elegante deja de ser radical (cf. Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area
mediterranea tra la fine del ’700 e la prima metà dell’’800, Atti del Seminario Internazionale di Studi in
memoria di F. Tomás y Valiente, ed. A. Romano, Milano, Giuffrè, 1998).
4
  1784, año de la redacción del texto.
5
  Cf. CI, nota p. 4.
conjuro del nombre libertad, sino un deseo casi físico, sin duda teñido de cierta
pigmentación moral, de no sufrir los efectos del arbitrio de un poderoso.
   Empero, antes del temor está su causa. Si indagamos qué lo origina, y queremos
determinarlo con precisión, llegaríamos a un punto de inflexión importante en la
historia inglesa: la batalla de Hastings, librada en 1066 y que terminó con la victoria de
Guillermo I, “llamado el Bastardo, y el Conquistador”. Importante, decimos, pero de
ningún modo revolucionario, pues el derecho de conquista –“el más efectivo y común,
pero el menos justo de los derechos” 6– activado tras la victoria sólo repercutió sobre
las sienes en las que a partir de entonces descansaría la Corona; produjo, sí, un cambio
en la dinastía gobernante, mas en absoluto sobre el poder representado en ella, ni, por
ende, un cambio de régimen.
   El derecho de conquista, prosigue Almodóvar, es decir, el derecho que mediante la
nuda violencia entroniza a su titular, es un castillo en el aire que lleva impreso en su
naturaleza el sello de su debilidad. No hay sustancia moral alguna en él, sino sólo
fuerza, un elemento puramente cuantitativo. Justo por ello, el poderoso que lo esgrime
pronto devine vasallo de otro con más fuerza que él. En ocasiones, cierto, da para que
un Guillermo I, que ha jurado mantener los privilegios de la nación inglesa, una vez
proclamado rey se desdiga de su juramento y rompa con el filo de su espada el delgado
hilo que ata en un soberano absoluto su voluntad a sus promesas. Pero el tirano que de
ahí surge ha empezado, en el mismo acto de su nacimiento, a cavar su propia fosa al
abrir involuntariamente sus flancos a sus enemigos.
   ¿Quiénes son éstos? Ante el tirano, los poderes de la nación ceden, pero la vida
sigue. El miedo a la espada no sólo segrega odio en el corazón de los inesperados
súbditos, perdidos ya sus privilegios; también une: a las clases antes enfrentadas, la
nobleza y el pueblo. Y maquina: pues el tiempo antaño empleado en la política, ahora
la mente lo dedica a pensar, y llega a una gran idea, a una gran verdad: no hay
autoridad si su fin no es la felicidad de los gobernados. Y no hay poder personal capaz
de resistir la alianza del corazón y la cabeza de una nación unida, decidida a enmendar
la discontinuidad temporal entre presente y futuro, y a restaurar el vínculo entre poder
y legitimidad, las dos fracturas del orden político engendradas por el tirano al
incumplir su juramento. La historia política inglesa será, precisamente, la narración de
esa empresa, la demostración de tal verdad.
   El odio colectivo filtrado por la razón no parece odio. Almodóvar no lo dice, si bien
quepa deducir de su exposición que casi se ha metamorfoseado en prudencia. Al tener
todo el tiempo para él ha aprendido a ser paciente, lo que, etimologías aparte, ha
desatado los cabos que lo anudaban a la pasión (además de volverse poderoso). Al no
querer cambiarlo todo, sino simplemente todo cuanto es necesario cambiar, ha
aprendido a no golpear en falso, dando un paso quizá irreparable, sino a servirse de
instrumentos impensables para el odio pasional, a realizar sus objetivos valiéndose

6
    CI, p. 5.
hasta de la necesidad, sirviéndose de mediaciones que sellan un igualitario pacto de
deseos entre las partes.
   Intentamos explicarnos. En su revuelta puntual contra el tirano, y en su rebelión
permanente contra la tiranía, la nación va arrancando sin tregua parcelas de poder a la
soberanía, con las que de inmediato da forma a nuevas libertades; hoy despoja a esa
sustancia absoluta de su facultad de decidir cuándo, dónde y como quiera,
estableciendo un órgano de decisión, o bien reasignándole nuevas funciones, y un
procedimiento que le regula: el parlamento; así, al poco le arranca también la
capacidad de decidir lo que quiera, justamente porque ha conseguido introducirse
mediatamente en el ámbito de la decisión política, vale decir: ciudades y villas entran
en el parlamento en representación del pueblo; mañana la debilita un poco más al
sustraerle la capacidad de legislar, pasado la de obtener impuestos si no es con el
consentimiento de aquellos representantes, que libremente votan en su órgano
específico, etc. Por otro lado, y con esto pretendemos aclarar el párrafo anterior sobre
las mediaciones, la nación recién unida por el temor a la violencia ejercida contra ella
por su conquistador, aprovecha la ocasión presente en el deseo del futuro Enrique I,
hoy sólo hermano de Guillermo I, de sucederle usurpándole el trono. Aquél, en efecto,
ya se ha percatado de la nulidad de la nuda violencia para mantener el gobierno
conquistado, por lo que busca una fuerza mayor que lo respalde, menos visible quizá,
pero mucho más sólida y duradera; así resurge en la política inglesa la figura de la
adhesión del pueblo, que éste concede cuando voluntariamente consiente en obedecer
a su señor. Lo cual sólo es posible si aquél refrena su voluntad sometiéndose a pactos
que concedan cierto poder a sus futuros gobernados. Fue así como se mitigarían
“algunas ordenanzas del derecho feudal”, una medida portadora de beneficios para
ambas clases opuestas, la de los señores y la de los vasallos.
   Con el transcurrir del tiempo nuevas libertades fueron sumándose a las iniciales; la
Carta Magna quedó establecida en 1215, y ha quedado desde entonces como uno de
los grandes monumentos de la legislación libertaria inglesa, pese a ser mucho menos lo
aportado como novedad que lo restablecido con ella; poco después se instituiría el
principio normativo del tallagio non concedendo, en virtud del cual se requería el
consentimiento del parlamento para recaudar impuestos, que pronto se revelaría como
el otro gran pilar de la constitución inglesa, nos dice Almodóvar, por cuanto “aquella
es el baluarte que defiende las libertades individuales; éste el que la protege a ella
misma, y con su ayuda debía hacer en adelante las conquistas legales, que ha hecho,
sobre la autoridad del rey” 7. Otros pactos anteriores de la historia inglesa con la
libertad, como “el derecho de hacer oir sus quexas en comun y sin peligro, y tener un
influxo legal en las disposiciones del gobierno” 8, adquirieron de pronto una mayor



7
    CI, p. 9.
8
    CI, p. 8.
fuerza normativa de la pensada originalmente gracias a la entrada en vigor del nuevo
principio.
   La causa de la libertad siguió ganando adeptos con la entrada en la legislación de
nuevas prácticas políticas, que sólo vamos a enumerar, y entre las que descuellan la
que fijaron los Comunes al unir en un único acto sus Peticiones al rey con “los Bills en
los que autorizaban los subsidios”; el reconocimiento de responsabilidad penal para los
miembros del gobierno, excepto para el rey; el establecimiento del Habeas Corpus
(del que se hablará más tarde), el del Bill of Rights, o, incluso, con el traslado de la
genuina sede de la soberanía desde la persona del Rey al Parlamento, del que éste, por
cierto, titular único del poder ejecutivo, forma ineludible parte.
   Ahora bien, la constitución histórica de la nueva Roma, en la que la libertad, como al
acecho de la ocasión propicia en la que ir descargando nuevos ingredientes suyos en la
legislación, y al igual que en el modelo original que Cicerón describiera 9, no siempre
fue haciéndose con el viento a favor. A diferencia de las constituciones racionales de
sello ilustrado, que, cual Atenea de la cabeza de Zeus, urden en un solo golpe de
tiempo, y al margen de la historia, sus tablas de derechos y su orden jurídico-político
en el laboratorio de la Razón, la constitución inglesa se vio constreñida por el
absolutismo, que nunca renunció voluntariamente a lo que creía su derecho de imponer
su arbitrio, a dar pasos atrás: y, en consecuencia, a reconquistar nuevamente las plazas
ganadas antaño para la libertad y perdidas un día en manos de ese gran forjador de
tiranos que es la guerra. El absolutismo se valía de las crisis desembocadas en guerras
para insuflar a toda prisa vigor en sus miembros, los de un cuerpo extremadamente
debilitado por su pugna histórica con la libertad.
   Frente a esa treta de la que pretende valerse el absolutismo a fin de realizar su ideal
tiránico, la libertad ha pertrechado orgánicamente a sus sociedades con un eficaz
antídoto; Almodóvar, en efecto, parece estar recibiendo la lección directamente de
Maquiavelo o Guicciardini cuando apela a la memoria como el palladium de la
libertad de los pueblos, un fortín inexpugnable para ninguna tiranía, incluida la más
radical de ellas, la del olvido, que el tiempo impone suave, dulcemente al pasar.
Precisamente, desde ese templo que guarda l’alta cremor del foc de llibertat, según
dirá en su día el poeta catalán Salvador Espríu, llegado el momento, se reconstruirá ad
hoc la legitimidad perdida de la libertad, según nos revela el ejemplo, único10, de
Guillermo III, luego de la Revolución Gloriosa de 1688.
   La libertad volvió a adquirir su sitial en la constitución inglesa porque la nación hizo
uso de una ficción, la de que el trono quedó vacante tras su abandono por Jacobo II


9
  M. TULIO CICERÓN, Sobre la República, ed. de Á. d’Ors, Madrid, Gredos, 2000. E incluso, cabría añadir,
cómo cuando parece hecha las crisis demuestran que el régimen de la libertad está siempre por hacer
(véase a este respecto la explicaciones que ofrece Cicerón sobre la decadencia contemporánea de las
virtudes morales que hicieron grande a Roma y sobre la desaparición de los hombres que les servían de
estandarte; cf. libro V, pp. 148 ss.).
10
   Cf. CI, p. 15.
una vez derrotadas sus ínfulas de tiranía. Hubiera bastado al respecto su autoridad,
pues la nación disponía de fuerza para imponerla, incluso sin apelar a la justicia del
hecho o su misma conveniencia, vale decir: sin justificarla mediante la necesidad. Pero
añade nuevos elementos al proceso relegitimizador, como la equidad de la que se hizo
gala, el gran instrumento mediante el cual la ficción se hizo realidad, al determinarse
que se respetaba el espíritu de la tradición justo por violar su letra. O incluso la misma
eficacia del resultado logrado, pues se saldaba con una mejor delimitación de la
prerrogativa real, lo cual concordaba a los fines asignados al gobierno. Por último, se
resaltó la continuidad política entre el nuevo acto y la tradición libertaria, pues el
nuevo soberano elegido para el trono debió jurar antes el Bill of Rights que resumía las
libertades de la nación.



3. Libertades y política

Hasta el momento hemos tenido ocasión de constatar cómo, a lo largo de la historia, la
nación inglesa ha ido arrancando a la soberanía regia parcelas de libertad. Con ellas no
sólo puso frenos al arbitrio del monarca, sino que reconfiguró el mapa político
existente originariamente y lo metamorfoseó en uno nuevo, en el que cabe reconocer
tanto el orden antiguo como las diferencias a favor de la libertad del actual,
sustanciadas básicamente en un nuevo reparto de poder entre sus titulares, un
desplazamiento de la soberanía del rey al parlamento y el establecimiento de la
división de poderes, con pleno reconocimiento de la independencia del poder judicial.
Tal es el orden político estatuido por la libertad en Inglaterra, y que el Duque de
Almodóvar, par al barón de Montesquieu en su día, quisieran ver exportado hacia
pagos respectivamente más próximos y aun más allá 11. Veamos la casuística de los
diversos poderes.
  De “gobierno mixto” ha sido tildado el régimen inglés, en el que el elemento
monárquico era individuado en el Rey, y los elementos aristocrático y democrático en
las cámaras, en la de los Pares y en la de los Comunes respectivamente. Pero no es el
fenómeno de la representación frente a la presencia directa de la plebe en Roma lo que
más pone en desacuerdo al Duque con dicha calificación, sino la supremacía histórico-
constitucional del Rey frente a las Cámaras, que hacía de aquél el titular “de todas las
prerrogativas, y derechos de la soberanía”, y de éstas el contrapeso político que
limitaba su fuerza impidiéndole caer en el absolutismo. De ahí que prefiriese otra
11
   El desalentador destino personal del Duque, al que hacíamos alusión en la nota 1, no acabó ni con su
deseo, ahíto de ilusiones, ni con la idea en que cristalizaba. Ni siquiera dos décadas después, en efecto, en
la segunda de sus Cartas, dirigida con máxima probabilidad a Albany Christie, José María Blanco White
escribirá: “Quiera el cielo que se nos presente una oportunidad para reformar nuestra Constitución de
acuerdo con el único sistema político sancionado por la experiencia de muchos siglos: me refiero al de
ustedes los ingleses” (J.M. BLANCO WHITE, Cartas de España, ed. de A. Garnica, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2001, p. 110).
calificación, la de “Monarquía modificada” 12. No obstante, esa posición era la original,
por así decir –el Parlamento había sido una creación de la Carta Magna, aunque luego
evolucionase en otra dirección–, era ya historia en la época en la que Almodóvar
escribía: la sección anterior, recuérdese, contaba las más significativas de esas
modificaciones sustraídas por las cámaras a la soberanía, tan importantes como para
permitir considerar a la constitución inglesa actual como una “Monarquía ligada” 13.
   La Constitución Anglicana está compuesta por el Rey, un Parlamento bicameral y
un Poder Judicial independiente, y el “equilibrio de poder” es su nota distintiva.
   Cuando se observa la figura del Rey por fuera no puede menos que advertirse el
brillo de la púrpura de una persona declarada “sagrada” por la ley, el aura de un sujeto
muy por encima de cualquier ciudadano en cuanto titular de prerrogativas
“indelebles”; mas ese fulgor que rodea su persona anteponiéndola a los demás es ya
solo la pompa de la majestad real, en absoluto el resplandor de la soberanía 14. Vista su
figura por dentro, como uno más de los órganos constitucionales, se advierte a un
individuo dotado con un poder político básico y una función simbólica fundamental,
pero de ningún modo al poder supremo del Estado.
   Preserva, sí, su independencia en el acceso al trono al haber conservado el derecho
hereditario, pero la Nación, que se lo ha otorgado indirectamente al mantener en vigor
la “ley común” o “el uso” en el que tal derecho se basa, se resguarda frente a privilegio
semejante facultando al Parlamento a intervenir en la herencia, llegando incluso a
alterar el orden de la sucesión.
   Otros atributos y competencias contribuyen a singularizar al Rey dentro del esquema
constitucional. La ley le considera irresponsable ante los hombres, pero no lo exime de
su responsabilidad ante ella (como ante Dios): le fija sus deberes y exige su
cumplimiento mediante juramento. Por otro lado, en una de las numerosas ficciones
jurídicas que deambulan por la constitución inglesa, la ley le atribuye “una perfección
absoluta”, gracias a la cual preserva intacta una independencia totalmente necesaria
para el equilibrio del poder en dicha constitución. De este modo, cuando hay abuso de
poder la ficción atribuye al mal consejo de un ministro el origen del mal, y es a él a
quien se juzga y condena. A cambio, se concede al “vasallo” la capacidad de presentar
demandas contra el Rey, en asuntos concernientes a su propiedad, ante la Corte de la
Chancillería; las Cámaras, por su parte, tienen derecho a hacer representaciones y
quejas al monarca, e incluso los ministros, destinatarios de los castigos cuando hay
delitos en el ámbito del poder ejecutivo, cuyo titular es el Rey, se esforzarán por evitar
aquéllos no cometiendo éstos 15.

12
   CI, p. 4.
13
   CI, p. 18. Una mala calificación más, cabría añadir, máxime tras reconocer que la soberanía tiene ahora
su sede en los Comunes.
14
   Cf. CI, p. 19.
15
   Otro atributo, la perpetuidad (cf. CI, p. 21), tiene el mismo y singular efecto en la ‘singularización’ del
rey: subordina la persona física del monarca a la Corona, ante cuyo brillo aquélla desaparece.
  El Rey, decimos, es el titular del poder ejecutivo. Como tal está en disposición de
emitir proclamaciones –ordenanzas, edictos– que son de obligado cumplimiento para
sus súbditos: siempre y cuando, según dictan las leyes, tales proclamaciones se
atengan a las leyes. Pero cuando lo hacen vinculan a los vasallos tanto como aquéllas.
Incumbe asimismo al Rey el derecho de gracia y el de otorgar honores, ambos basados
en la ficción, funcional al ordenamiento, que convierte al Rey en “propietario universal
del Reyno” 16. Por último, compete al Rey en relación con el Parlamento la facultad de
convocarlo, prorrogarlo o disolverlo. De esto, empero, hablaremos después.

   Si el Rey es el titular del poder ejecutivo, el Parlamento –esto es: el Rey y las
Cámaras– es el titular del poder legislativo, especialmente las últimas, por cuanto el
primero simplemente rechaza o aprueba los proyectos de ley iniciados, debatidos y
aprobados en ellas.
   En las Cámaras están presentes “los tres estados del Reyno: el Eclesiástico, el
Noble, y el General”: los “señores” espirituales y temporales, en la Alta, los
“Diputados del Pueblo” en la Baja. Sus miembros se hallan en cierto sentido
personalizados ante la ley común mediante privilegios, que en el primer caso son
vitalicios y en el segundo se hallan asociados a la duración del cargo.
   La Cámara Alta presenta otras diferencias notables en relación con la Baja. El
número de Pares que la integra varía, pues el Rey los crea a voluntad, si bien, en todo
caso, es inferior al de los Comunes, y transmiten su cargo por derecho hereditario, no
mediante elecciones periódicas a lo largo y ancho del reino (si bien el sufragio activo,
como el pasivo, se hallan sumamente restringidos 17, como el propio Almodóvar, muy a
su gusto, reconoce), como sucede en la Cámara Baja. Es, además, la sede del mérito, y
a ella van a parar cuantos se han significado por sus servicios a la patria, cuyos actos
sirven de ejemplo y emulación a otros. Por último, la Cámara Alta, en obligada
consecuencia corporativa de sus especiales privilegios, se constituye en único tribunal
cuando el acusado es uno de sus integrantes, una anomalía sólo a ellos consentida 18.
   Es verdad que el Parlamento –se supone que en su integridad– tiene un poder y una
jurisdicción sin “límites” 19; empero, frente al Rey queda clara la supremacía de las
Cámaras, en cuanto pueden inmiscuirse en el orden sucesorio, que teóricamente le
pertenece por derecho, y designar a otro heredero. E igualmente, porque tienen el


16
   CI, p. 24.
17
   La “infame plebe” (CI, p. 40), en efecto, queda proscrita como sujeto político.
18
   El Duque detalla bastantes más diferencias entre ambas Cámaras relacionadas con los privilegios de la
Alta, pero nosotros las omitiremos aquí, no si antes apuntar la mera condición formalista de todas ellas.
19
   “Por su autoridad soberana puede confirmar, ampliar, restringir, revocar, y explicar las leyes sobre todas
las materias posibles, eclesiásticas, temporales, civiles, criminales, militares y marítimas”, nos dice
Almodóvar (CI, p. 34), si bien cabe entender que los procedimientos de elección de los miembros (de las
Cámaras) son selectivos, y que el conjunto de condiciones en que se materializan operan a modo de
restricciones sobre él. Mas, en todo caso, nada garantiza que el poder moral e intelectual que ahí se crea o
se potencia ejerza como un control jurídico al ejercicio del poder político.
poder tanto de presentar reclamaciones y quejas contra él, como de juzgar la obra de su
antecesor en el trono y corregir, en sentido tradicional, las posibles alteraciones del
orden establecido producidas en su operar. Es decir, de devolver la Constitución, con
cada nuevo rey, a su punto de partida, y de consolidarla mediante el juramento de
obediencia por parte del renovado titular de la Corona.
   Empero, es igualmente verdad que el poder de las Cámaras no es idéntico, y aunque
el Duque utilice sus colores más brillantes al hablar de la Cámara Alta –queda claro
que la cabra tira al monte incluso cuando habla de libertades para todos–, hasta el
extremo de convertir a la nobleza sociológica inglesa en la aristocracia moral del país,
él mismo ya ha detectado y señalado el proceso imparable que la presencia del Pueblo
en la Cámara Baja supone hacia su auto-proclamación como soberano único de
Inglaterra, así como de su traducción parlamentaria, esto es, la proclamación por ley de
la supremacía de los Comunes frente a los Lores, lo que finalmente tendrá lugar en
1907. Al menos son dos las señales con las que el Duque registra dicho fenómeno;
una, al reconocer a la Cámara Baja como la sola con “derecho de imponer
contribuciones, reglar los medios de exigirlas, y por conseqüencia regir los intereses de
la Nación”; la otra, justo a continuación, al afirmar que en dicha materia el celo de
aquélla es tan grande que sólo permite a su oponente “admitir o desechar” la ley, pero
“sin sufrir que haga la menor mudanza, ó corrección” de la misma (prohibición que
también extiende al Rey y a su Consejo Privado) 20. Al cifrar en el dinero el nervio de
la política, y al reconocer en aquélla a su exclusivo gestor, Almodóvar está
identificando correctamente al genuino poder del poder y asignándole su sede en la
Constitución Anglicana.
   Con todo, más aún que la composición y función del Parlamento, meramente
pespunteada aquí en ambos casos, y con sonoras omisiones 21 respecto de la exposición
del Duque, lo que en ésta nos parece decisivo en lo concerniente a las libertades
inglesas se halla asociado a su significado político de “balanza de la constitución” o
“equilibrio del poder”, tal cual hiciera Montesquieu algunas décadas antes22. Al punto

20
   Cf. CI, pp. 39-40.
21
   Omisiones, en realidad, las hay también en Montesquieu, como ha demostrado Sergio Cotta, donde con
suma agudeza hace notar que, en el siglo XVIII, la diferencia entre lo que él llama “monarquía
institucional” (de la que la inglesa sería su principal encarnación) y la “monarquía tradicional”
(representada por la francesa mejor que por ninguna otra) oculta sólo aparentemente alguno de los aspectos
institucionales comunes de ambas, que conciernen tanto a la composición sociológica y territorial de las
cámaras como a la importancia que determinadas leyes fundamentales (las lois du pays, en Francia, casi
replicadas en Inglaterra por el law of the land) adquieren en la constitución (S. COTTA, Montesquieu e la
libertà politica, en Leggere l’Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu, ed. D.
Felice, Napoli, Liguori, 1998, pp. 108-109).
22
   En este punto, como quizá aún más en la importancia que concede a la independencia del poder judicial
respecto de los otros dos poderes constitucionales, Montesquieu se distancia netamente del que es su más
claro antecedente, esto es, John Locke, quien en su Second Treatise on Civil Government por un lado
declara “supreme” al poder legislativo frente al ejecutivo, y a éste “visibly subordinate and accountable to
it”; mientras, por otro, el poder judicial desaparece casi por ensalmo del tratado apenas establecido. Por lo
demás, no es la única diferencia, pues Locke adjudica al titular del poder ejecutivo una serie de funciones,
que van mucho más allá de las atribuidas a un más que equívoco poder federativo, que Montesquieu habría
que a veces nos parece estar escuchando la identificación sin más de dicha balanza con
“la libertad Inglesa” 23.
   En el equilibrio del poder, propiedad constitutiva de la Constitución Inglesa, el
Duque cree haber (re)descubierto el grial de la política, o mejor, el santo y seña de la
libertad, exportable a otras latitudes. Se trata de una estructura constitucional en cuyo
juego de relaciones los diversos poderes suponen tanto un freno de unos a otros en su
ejercicio como, y a la vez, cooperación entre sí. No habrá ley sin el acuerdo entre ellos
y sólo la habrá tras su previo acuerdo. La autonomía de una institución frena la carrera
de otra en su usual curso hacia la tiranía, y todas juntas, de consuno al ver sus
divergentes intereses satisfechos, concurren a la formación de la voluntad estatal que
preserva la libertad de la Nación. Frenos recíprocos y cooperación mutua, por tanto, de
unos poderes que, lejos de estar separados, se hallan simplemente divididos: Voltaire
ha ganado la partida a Montesquieu cuando, en su epítome de la constitución inglesa,
habla más de heureuse mélange 24 que de séparation des pouvoirs (que,
contradictoriamente 25, es asimismo la posición del Duque).
   Ahora bien, ¿cuáles son los poderes que se equilibran? La pregunta tiene más
sentido del que parece, pues la citada clave de bóveda del sistema político guarda en el
Parlamento un número de relaciones más complejas de lo que a simple vista se suele
divisar. Con todo, nosotros, aquí, nos limitaremos a poco más que a enumerarlas.
   La primera balanza de poderes26 se da entre ambas Cámaras y el Rey, es decir, entre
el poder legislativo y el ejecutivo, nos dice Almodóvar, si bien no se trata aquí de un
equilibrio tan perfecto como aparenta, ya que el Rey, recuérdese, también forma parte
de la función legislativa desde el momento en que le correspondía la tarea de rechazar
o aprobar las leyes hechas por aquéllas. Como se ve, cuanto más perfecta sea la
oposición entre dichos poderes, mayor es su separación, esto es, la definitiva expulsión
del Rey, si no del Parlamento, sí al menos de su dimensión legislativa.
   La siguiente balanza es la existente entre las propias Cámaras parlamentarias, entre
la de los notables –eclesiásticos y nobles– y el Común; una balanza, nótese bien, que


juzgado como algo más vinculado a un poder despótico (sobre el alcance de dicha categoría en la doctrina
de dicho pensador, véase D. FELICE, Una forma naturale e mostruosa di governo: il dispotismo, en Leggere
l’Esprit des lois, cit., pp. 9-102]): cf. J. LOCKE, Two Treatises of Government, ed. de P. Laslett, Cambridge,
Cambridge U.P., 19672, pars. 149, 150, 152 y cap. XIII; y al respecto, cf. S. COTTA, Montesquieu e la
libertà politica, cit., pp. 114-124; y mi Ley y poder en Locke, en Liberalismo y neoliberalismo. Temas para
el debate, coords. V. Alarcón Olguín y J. Velázquez Delgado, México, Torres asociados, 2007, pp. 113-
136.
23
   CI, p. 27.
24
    VOLTAIRE, Lettres Philosophiques, Paris, Gallimard, 1986. Cfr. la célebre Lettre IX, sobre la
Constitución Inglesa. Es también allí donde Voltaire habla de gobierno mixto para calificar dicha
constitución.
25
   Cuando, por ejemplo, habla de la Cámara Alta como tribunal de los Pares no cabe duda de que los
mezcla, pero su idea de un equilibrio perfecto de poderes presupone su total separación. Sin duda, los
poderes judicial y legislativo se hallan aquí totalmente separados; la función judicial, en cambio, se halla
simplemente dividida entre ambos.
26
   Para todo esto y lo que sigue, véanse sobre todo los caps. III y IV de CI.
es al mismo tiempo política y social, siendo el ámbito político el que en este punto
reconcilia y aúna intereses y opiniones sustancialmente opuestas entre sí. El Rey es
aquí el garante del equilibrio, el poder neutral que vigila por la limpieza y continuidad
conflictiva de las partes (en el primer caso no había garante reconocido, pero dado que
la Constitución establece la división de poderes, un posible conflicto entre ellos
debiera ser resuelto por el poder judicial).
  El tercer equilibrio tiene lugar entre el poder del Pueblo y el poder del Rey, siendo
en este caso la nobleza el fiador del mismo. Es ella la que vigila a los dos sujetos que
más naturalmente tienden a concentrar el poder en sus manos, apoyando siempre al
más débil a fin de reequilibrar el fiel de la balanza que el ocasionalmente más fuerte
descompensara. A la tan reiteradamente afirmada necesidad de la nobleza difícilmente
se le tributará mejor homenaje.
  Hay una cuarta balanza, quizá menos reconocida pero de ningún modo menos vital
para la existencia de la libertad, y es la que se da entre cada uno de los dos cuerpos en
los que cada Cámara se halla a su vez dividida. Ésa es la vida política del pluralismo
social, que divide a cada una de las grandes clases de la sociedad interiormente en
facciones, y que al ser funcionales en cada ocasión, vale decir, al ser móviles y no
constitutivas, en lugar de anquilosar el conflicto en la sociedad y dejar como solución
única la destrucción de una parte por la otra, garantizan su pervivencia en función de la
coyuntura, y con ella, asegurándose así, como dijeran Maquiavelo en su día y Madison
en su tiempo, la existencia de la libertad con la vitalidad de la sociedad.
  Esas cuatro dimensiones del equilibrio del poder constituyen a título individual una
porción de esa otra balanza superior, que a todas engloba, entre la declarada soberanía
absoluta del Parlamento (ya claramente sin el Rey) 27 y la proclamada libertad de los
individuos.

   A decir verdad, cuando hablamos de libertades de los individuos nos estamos
adentrando en una fase nueva de las relaciones entre política y libertad, diferenciada, si
bien no del todo separada, del antevisto equilibrio de poderes. En realidad, se está
aludiendo a uno de los elementos definidores del liberalismo de la constitución
histórica inglesa, junto a la mencionada separación de poderes y el rule of law (aspecto
éste que el Duque apenas ha llegado, lógicamente, a vislumbrar y que por lo mismo
omitiremos por completo en nuestra exposición).
   Hasta el momento, al tratar de la libertad nos hemos referido, sobre todo en la
primera sección, a su dimensión colectiva de protección frente al arbitrio 28, es decir, a
la continua sustracción al rey por parte de la sociedad y del Parlamento de ese poder

27
   CI, p. 34.
28
   Quizá convenga puntualizar que cuando aquí hablamos de arbitrio lo hacemos de esa dimensión
liberticida del mismo contra la cual, precisamente, alzará un día el rule of law su cabeza jurídica. Vale
decir, que no estamos haciendo referencia a la dimensión decisionista obligadamente presente en la acción
política, incluso en la jurídicamente reglada, y que tiene necesariamente mucho de arbitraria.
suyo con el que pretende erguirse por encima de las leyes y por debajo de dios,
sirviendo de mediación entre la divinidad y los hombres, y con el que pretende
transfigurarse como legibus solutus. Pero cuando ahora escuchamos las explicaciones
del Duque sobre la función socio-política de la prensa en Inglaterra, o sus
consideraciones sobre la seguridad de los ingleses frente al intervencionismo
autoritario de los poderes públicos, es otra realidad la que nos sale al paso –individual
y no colectiva, como antes, igualitaria y no personal, como tantas veces antes–, en la
que se ha operado una transformación extraordinaria: la que convierte algunas de las
antiguas libertades en derechos, es decir: en garantías frente al poder y en títulos para
la acción personal –sea de forma individual o asociativa– en las esferas social y
política. Será precisamente la extensión y generalización de tales derechos lo que
ampliará el caudal de libertad individual, introduzca y consolide en la vida pública el
principio de igualdad, antaño humillado por la constelación de privilegios reconocidos,
y termine por reconfigurar definitivamente a un viejo sujeto político, el Pueblo,
conformando otro que comprende a todos los individuos: lo que, en suma, transforme
el liberalismo anterior en democracia.
   Al considerar “la libertad de la prensa” Almodóvar no usa la pluma del filósofo del
derecho que en lenguaje normativo debate sus íntimas conexiones con la libertad de
pensamiento y de expresión, la tolerancia o el pluralismo político y social, sino que la
suya sigue siendo la del analista que al juzgar el actual mapa político inglés desea
simplemente explicar la función y el significado de cada uno de los elementos que
contribuyen a configurar la topografía de la libertad. De hecho, la aparición de la
mentada libertad tiene lugar a la hora de exponer los riesgos que se corren cuando las
leyes se dejan sin aplicar, y al objeto justamente ayudar a paliarlos.
   La prensa, nos viene a decir Almodóvar, es una de esas grandes conquistas de la
libertad mediante las cuales ella misma se auto-perpetúa 29. Su presencia en la escena
pública es, de suyo, la manifestación en acto de una nueva política, en la que los
ciudadanos, el Pueblo todo, vigila, examina y critica a los hasta ahora únicos actores:
el Rey y sus representantes. La libertad de prensa, naturalmente, no elimina ni la
jerarquía ni la subordinación, pero sí la división entre cielo y tierra que, como en la
iconografía medieval o en algún cuadro de El Greco, la representaba.
   Ahora, en los límites establecidos por las leyes, la libertad de prensa autoriza al
ciudadano a actuar contra el Rey y las Cámaras, confiriéndole al respecto el poder de
apelar al nuevo sujeto constituido precisamente por dicha libertad, la opinión pública,
sirviéndose del recurso de la imprenta. Es así cómo gobernantes y gobernados,
guardando las distancias, se sitúan frente a frente, y cómo, por ende, la igualdad sigue
29
   La idea la retomará más tarde Tocqueville al reconocerla como uno de los medios que la democracia
americana produce contra su propia degeneración política y moral, si bien el genial político francés aún le
adscribirá otro significado más (junto al de garantir la liberté) y no menos importante: el de preservar “la
civilisation” (A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, 2 vols., ed. de A. Jardin, Paris,
Gallimard, 1995); cfr. vol. 1, II, cap. IX y, para las expresiones entrecomilladas, vol. 2, II, cap. 5, p. 161.
Puntualicemos que esta última función la reserva para los “journaux”, la sede de la libertad de prensa.
ganando espacio en el ámbito público; es así cómo el debate público deja de ser cosa
de iniciados para ser cosa cada vez más común, y cómo, por ende, la publicidad
disuelve ciertas grandes verdades sagradas otrora enarboladas por la razón de Estado
en el polvo de los mitos; es así cómo la libertad creada se recrea y cómo, por ende, su
usuario real, los individuos que conforman la sociedad, consolida su presencia en el
escenario de la política 30.
   Por otro lado, son esos mismos individuos, en cuanto ciudadanos, los que poseen
ciertos bienes, que “son llamados comúnmente las libertades”, y a los que el Duque
llama correctamente por su nombre: son “derechos absolutos” (“de todo Inglés”). Las
libertades han dejado de estar vinculadas a personas o entidades abstractas y de ser
restrictivas para generalizarse al conjunto de los sujetos de una sociedad, la inglesa,
como derechos. Y entre ellos prevalece el derecho a la seguridad personal, “que
consiste en el goce personal, legal, y no interrumpido de la vida, del cuerpo, de los
bienes, y de la reputación” 31.
   A tal fin, la legislación sanciona un conjunto de instrumentos que obran como otras
tantas garantías para su cumplimiento: el Habeas Corpus, que protege a toda persona
de la violación de su correspondencia o de la detención y arresto arbitrarios, y que
incorpora el principio de legalidad aplicado al ámbito penal, en virtud del cual nadie
puede ser encarcelado sin acusación formal, es decir, sin que se le comunique el delito
tipificado por la ley o se le garantice el derecho a la defensa. Asimismo, se eliminan
los castigos inhumanos, como la tortura, se prohíben los tratos vejatorios a los
detenidos, y todo ello, además, luego de ser juzgado por un jurado, esto es, por
conciudadanos que ocasionalmente han participado en la administración de la justicia,
a algunos de los cuales, como a ciertos testigos, el acusado puede recusar. Casi hubiera
podido decir el Duque que Beccaria había regresado a la vida en la jurisdicción
inglesa.
   Son por lo tanto derechos que hacen que el ciudadano al que se le reconoce el
derecho de participación política no pierda su condición de sujeto en la vida privada,
ni siquiera en ocasión de un eventual paso por la jurisdicción criminal.



4. Libertades y sociedad

¿En qué medida el orden social ha impulsado la libertad y ha contribuido a
preservarla? Tal es la cuestión a la que muy rudimentariamente intentaremos
responder en el presente apartado.
  Las consideraciones del Duque al respecto son vagas y ambiguas, ya que en vez de
afrontar directamente la cuestión tienen otro cometido, por lo que en ese sentido se

30
     Véase todo el cap. V de CI.
31
     CI, p. 55.
pierden a veces en recovecos que poco o nada tienen que ver con ella. Ni siquiera
cuando parecen tener que ver con el asunto andan sobradas de claridad, desde el
momento en que sus páginas acogen dos visiones de la estructura social inglesa –una
más tradicional y la otra más moderna– que, al superponerse, conforman la imagen de
una sociedad en transición.
   La primera de tales visiones es la de una sociedad piramidal tremendamente
jerarquizada, coronada por el Rey, y en la que se nos sitúa el lugar que ocupan los
diversos miembros de la nobleza principal y de la “segunda nobleza”; ahí tienen
reconocido el honor de la mención también los diversos estratos de las clases medias,
pero nadie más. Las dos clases, pese a las diferencias, logran un todo armónico 32 en el
que los intereses llegan a fundirse en algún punto común que deja intacta la pirámide.
Almodóvar considera esa unión social nada menos que como “efecto necesario de la
constitución misma” 33. Pero, con igual razón, podía haberla considerado como causa
de la misma –en tanto que, y ése es su débil vínculo con ella, esa estructura social es la
base de la división bicameral del Parlamento–, en cuanto la “conexión de los intereses
no causa confusión en las Gerarquías” 34.
   La segunda visión se centra en una fracción de la nobleza, específicamente inglesa,
y que nada tiene que ver con la tradicional. Esta nueva, la de los Gentilmans, se dedica
al comercio, con el que ha acumulado enormes riquezas, es urbana y sus miembros “no
pretenden el roze ni igualdad con los Personages y Señores de la alta esfera” 35; o lo
que es igual, que vive apegada a sus negocios y, por tanto, alejada de la política.
Creada por así decir por el comercio, las enormes riquezas atesoradas han dejado sentir
su perfume en los altos estratos dominantes de la sociedad, contribuyendo a cambiar
parcialmente sus valores. La nueva modalidad de riqueza, como la nueva profesión
que la produce, gozan ahora de un alto crédito entre sus antiguos detractores, y quienes
la ejercen, de considerable estima en el conjunto de la sociedad. Por lo demás, ningún
vínculo, ni directo ni indirecto, se establece aquí entre el señorío de la nueva subclase
aristocrática y la constitución de la libertad.



5. Epílogo

Expuesto someramente el orden constitucional inglés en el resumen del Duque, ¿en
qué medida cabe afirmar que la libertad lo reconoce como suyo? En él, por ejemplo,
vemos un Rey ya no soberano, pero sí independiente y dueño del ejecutivo; dos

32
   Son tan fuertes los lazos clientelares que cuando algún sujeto logra escalar por su propio esfuerzo, o lo
que es igual, sin la ayuda de una parte, hasta un cargo acorde a sus méritos, todas las facciones se le echan
encima y hasta le acusan de enemigo nacional (cf. CI, p. 74). El individualismo, ahí, tiene poco futuro.
33
   CI, p. 72.
34
   CI, p. 73.
35
   CI, p. 78.
Cámaras que concentran el poder de la nobleza y del pueblo, pero también un buen
número de prerrogativas, que, en el caso de los miembros de la Cámara Alta –la meca
del prestigio político– son, además, vitalicias; etc. ¿Qué asegura al orden de que el
Rey, aprovechando su condición de independiente, es decir, de árbitro del orden, no se
aproveche de su condición, máxime con la fuerza del ejecutivo a su disposición? ¿Qué
le garantiza de que no quiera convertir su prestigio en poder? ¿O de que dos órganos
no pacten entre sí contra un tercero? ¿Qué le defendería de una posible tentativa de la
Cámara Baja, la actual soberana, de convertir su soberanía limitada en otra absoluta
siendo el amo del dinero, es decir, del resorte que mueve el entero mecanismo y en
grado de comprar toda voluntad?
   La libertad se vería menoscabada con cada intento, y se extinguiría con el éxito de
uno solo de ellos. Y sería una fácil escapatoria apelar al buen funcionamiento del
orden en contra de los defectos del orden, no sólo porque las prácticas no resuelven las
contradicciones en que pueden incurrir, sino básicamente porque el mismo orden, al
cifrar dicho funcionamiento en usos y no en el Derecho, facilita el deseo de un
poderoso por inclinar la balanza a su favor 36.
   Aunque esto no fuera así, ¿garantiza la propia división de poderes la seguridad de la
libertad? ¿Y la distribución de las competencias entre los diversos órganos, sirve
igualmente de garantía a su existencia? Antes de responder a la primera cuestión, y
revisando de nuevo el modelo constitucional inglés, lo que salta a primera vista es más
la división de funciones que la de poderes, pues mientras legislar, ejecutar y juzgar son
tareas claramente separadas en sí mismas, los órganos que las desempeñan no lo están
tanto como el espíritu constitucional parecería exigir. El Rey carece de iniciativa
legislativa, pero no de capacidad legislativa, pues dispone del poder de veto ante una
ley aprobada por las Cámaras. Las Cámaras intervienen en el derecho sucesorio regio,
por lo que añaden a sus facultades legislativas una cierta competencia ejecutiva;
finalmente, la Cámara Alta es la sede donde se juzga a sus miembros, y dicha
competencia es estrictamente judicial (todo ello, añadamos, sin hablar del valor del
precedente en el derecho común inglés, que le confiere en la práctica un preciso
significado legislativo al poder judicial).
   Con todo, es innegable que con la posición arbitral del Rey, la independencia del
poder judicial y la división bicameral, que facilita el control del ejercicio del poder de
una por la otra, el sistema político inglés, pese a sus contradicciones, es el que mejor
ha sabido vencer la tentación absolutista de todo poder constituido. ¿Significa eso que
con él ha salido triunfante la causa de la libertad? Sí y no.



36
   Es verdad que tampoco el Derecho resiste siempre los embates del poder, pero, al menos en el caso
inglés, el absolutismo podría llegar antes mediante un cambio en los usos (por ejemplo, haciendo que los
Comunes acaben expulsando al Rey del Parlamento y aun de la política inglesa), que mediante un cambio
en el Derecho, pues, en el primer caso, el Pueblo inglés seguiría eligiendo a sus representantes como antes,
mientras en el segundo tendría, precisamente, que protegerse de sus representantes.
   Sí, porque lo que de verdad aporta consigo la división de poderes es la protección de
la comunidad frente al arbitrio, al exigir la cooperación de los poderes para el buen
funcionamiento del sistema, lo que implica un acuerdo de los intereses respectivos y,
sobre todo, un obstáculo insuperable al libre ejercicio de la voluntad de cada uno de
sus titulares.
   No, en cambio, porque todo eso no se traduce obligadamente en un conjunto de
garantías de la acción individual frente a los demás individuos y frente a los diversos
poderes del Estado, al que tanto éstos como aquéllos deben reconocimiento y, en los
límites establecidos, sumisión. Naturalmente, en la lectura de Almodóvar, como en el
texto en el que lo lee, es decir, el devenir histórico de la constitución inglesa, derechos
y equilibrio de poderes conforman un sistema tan intrínsecamente imbricado a lo
largo, además, de un periodo tan vasto de tiempo, que juntos forman parte de la cultura
política inglesa, lo que redunda en una inimaginable acción parlamentaria contraria a
las libertades individuales. Un sinfín de prácticas, usos y costumbres refuerza el poder
de las leyes con el de su aprobación por la conciencia de los ciudadanos, y el orden
político de ahí resultante resulta en apariencia poco menos que indestructible.
   Aun así, los hechos, que en cierto sentido han venido a dar la razón al Duque, nunca
han sido tan radicalmente optimistas como la visión que él nos ha dejado de los
mismos, y si bien la constitución inglesa ha continuado a imperar por encima de las
barreras y de las trampas del tiempo, los numerosos cambios experimentados en su
interior –la conversión del rey en una figura meramente decorativa desde el punto de
vista legislativo, si bien aumentando su peso simbólico; la degradación legislativa de
la Cámara Alta ante el empuje de la Baja; el aumento de la capacidad legislativa del
gobierno o la disminución de la separación de poderes, características ambas de todo
gobierno parlamentario; etc.–, además de disolver como un fantasma la cacareada
perfección del equilibrio de poderes, invitan a multiplicar las cautelas frente a la
sanción constitucional de un órgano al que se le atribuye una soberanía ilimitada. Y es
que si bien no quepa concebir que el Parlamento, hoy que sí puede, se distraiga
convirtiendo a un hombre en mujer, sí le es posible, apoyándose en una mayoría
partidista siempre ocasional, libar sacrificios de libertad en el altar de la seguridad
ganando una simple votación. Ciertos vetos jurídicos ayudarían entonces cuando
menos a no simplificarle la tarea.
   Con todo, pese a que la pasión por su objeto traslade tranquilamente al enamorado
ciertas deficiencias lógicas del ser amado, y pese a algunas otras que él graciosamente
le atribuye cegado en parte por su parti pris pro-aristocrático, los fines a los que el
Duque aspiraba, así como el concepto constitucional que los traduce, poseían el más
alto valor y no era menester refugiarse en los cielos de la utopía para soñarlos.
Aspiraba a un orden político regido por la libertad, y se hallaba convencido tanto de
que el modelo era exportable como de la necesidad de exportarlo; y aunque dudaba de
su amable recepción en una sociedad como la española, en la que el cultivo de la
holganza por parte de los mil y un haraganes pobres o ricos flagelaban su presente e
hipotecaban su futuro, confiaba en que la luz del modelo acabara por disipar las nubes
de prejuicios e ignorancia que impedían el establecimiento en España de un orden
político racional contrario al arbitrio, y en el que si bien privilegiaba el momento de la
soberanía y –su contrapeso– el de la obediencia, se distinguiera asimismo por su
garantía de los derechos individuales, por su capacidad de limitar y controlar el
ejercicio del poder en nombre de la libertad.
