Prestazione di servizio attraverso le piattaforme digitali nella giurisprudenza spagnola. Lavoratori subordinati o autonomi?
10.6092/issn.2421-2695/9628
La questione della qualificazione dei lavoratori delle piattaforme digitali è un problema comune a molti paesi. Il ruolo che stanno giocando le Corti, di fronte alla crescita del contenzioso giurisprudenziale, è rilevante.Lo scopo del presente studio è individuare i principali criteri di cui la giurisprudenza spagnola sta facendo uso nel risolvere i casi concreti che sono sorti negli ultimi mesi in questo settore.
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2421-2695
9628
1
es
Eusebi Colàs-Neila
Labour & Law Issues
Prestazione di servizio attraverso le piattaforme digitali nella giurisprudenza spagnola. Lavoratori subordinati o autonomi?
Text.Serial.Journal
https://labourlaw.unibo.it/
5
Saggi
2019-07-01
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2019-07-01
2019-11-05
18-46
LLI
Eusebi Colàs-Neila
2019/07/01
10.6092/issn.2421-2695/9628
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Universitat Pompeu Fabra
2421-2695
1
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Veneziani B., Nuove tecnologie e contratto di lavoro: profili di diritto comparato, DLRI, 1987, n. 33.
Prestación de servicios a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española. ¿Trabajadores por cuenta ajena o autónomos?
https://labourlaw.unibo.it/article/download/9628/9408
5
Prestación de servicios a través de plataformas
   digitales en la doctrina judicial española
¿Trabajadores por cuenta ajena o autónomos?




               Eusebi Colàs-Neila
             Universitat Pompeu Fabra




                vol. 5, no. 1, 2019
                  ISSN: 2421-2695
Prestación de servicios a través de plataformas
  digitales en la doctrina judicial española.
¿Trabajadores por cuenta ajena o autónomos?

                                                       EUSEBI COLÀS-NEILA
                                                     Universitat Pompeu Fabra
        Grup de recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTiSS)
                          Profesor agregado interino de Derecho del Trabajo
                                                         eusebi.colas@upf.edu



                                  ABSTRACT

        The issue of the employment status of workers on digital platforms is a
matter of concern common to many countries in Europe. The role that the
Courts at national level are playing, in the face of increasing judicialisation of
labour rights, is becaming even more relevant.
        The aim of this study is to point out the main criteria and solutions that
Spanish Courts have adopted in law cases emerging in the plaform economy
field. The issues investigated concern the qualification of platform workers
between dependent work area or self employment area.


      Keywords: Platform Economy; Employment Status; Dependent work;
Independent work; Spanish Court Cases.
     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



            Prestación de servicios a través de plataformas
              digitales en la doctrina judicial española.
            ¿Trabajadores por cuenta ajena o autónomos?


SUMARIO: 1. Introducción: nuevos escenarios, viejos problemas. – 2. Elementos básicos para
      determinar la existencia de una relación laboral en el caso español. – 3. Los
      repartidores de la plataforma Take Eat Easy son trabajadores subordinados. – 4. Los
      repartidores de Deliveroo, también son trabajadores subordinados (y no sólo para la
      jurisdicción social). – 5. Con Glovo llegó el desencuentro: trabajo autónomo, para
      unos; trabajo dependiente, para otros. – 6. Reflexiones finales: la infraestructura
      digital es la clave de la laboralidad. Bibliografía. Anexo: Doctrina judicial de
      instancia.



1. Introducción: nuevos escenarios, viejos problemas

        El impacto digital en las relaciones laborales pone de nuevo sobre la
mesa problemas tradicionales en nuestra disciplina, como el de la huida del
Derecho del Trabajo.1 Los debates en el derecho comparado, tanto a nivel
doctrinal como jurisprudencial, en relación con la naturaleza jurídica que deba
predicarse de la prestación de servicios realizada a través de plataformas
digitales como Glovo o Deliveroo, son una buena muestra de ello. 2 De hecho,
en el caso español, se revive en cierta forma el problema sobre la laboralidad
de los mensajeros que tuvo lugar principalmente durante la década de los 80
del siglo pasado.
        Existen muchos paralelismos con las controversias suscitadas en la
actualidad por el trabajo de los nuevos mensajeros que prestan sus servicios en
el marco de plataformas digitales.3 La jurisprudencia tuvo un papel muy


        1  Expresión utilizada hace más de un cuarto de siglo por Rodríguez-Piñero (1992).
En el derecho comparado, pueden encontrarse términos parecidos para aludir a la misma
problemática, como “fuga” (Ichino, 1990) o “flight from labour law” (Freedland y
Kountouris, 2011).
        2 Son diversos los tipos de plataforma y las prestaciones de servicios desarrolladas en

su seno. Para profundizar en estos aspectos puede verse De Stefano (2016), Prassl y Risak
(2016) y, en el caso español, Todolí Signes (2017).
        3 Entre ellos, y no es una cuestión menor, en los años 80 la problemática de los

mensajeros tuvo, al nivel y contexto mediático de la época, repercusión en la prensa, como
puede comprobarse en este articulo digitalizado en la hemeroteca del diario El País, que fue
publicado        en      su      edición       impresa       de      12       marzo       1986



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     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



importante afirmando la laboralidad de estas prestaciones, a partir de la STS de
26 de febrero de 1986 (RJ 1986\834), conocida como la «sentencia de los
mensajeros».4 Hasta esa fecha, se entendía que la propiedad del vehículo era
fundamental para excluir del ámbito laboral estas prestaciones de servicios,
pues implicaba la asunción del riesgo de la actividad y la facultad de
autorganizar su desarrollo. No obstante, aquella sentencia da inicio a una línea
jurisprudencial que afirma la laboralidad de estas actividades a partir de la
relativización del papel de los instrumentos utilizados (principalmente cuando
el valor económico del vehículo y su envergadura no es importante) y
acentuando la importancia, en estos casos, de la actividad personal
desarrollada.5
        Un ejercicio interesante y útil, a la luz de los problemas que presenta el
desarrollo de la actividad de reparto en el contexto de las plataformas digitales,
es tener en cuenta algunas de las cuestiones abordadas en aquella sentencia.
Así, por ejemplo, en relación con los hechos probados en instancia o cuando
analiza las notas típicas del contrato de trabajo.
        Sobre las circunstancias fácticas, es relevante considerar que la empresa
desarrolla su actividad de recepción, transporte y entrega de paquetería,
valiéndose «de los llamados mensajeros», que utilizan a tal fin un vehículo de
su propiedad (motocicletas); corren con los gastos (mantenimiento,
combustible…), reciben una cuantía por viaje con independencia de lo que
cobra la empresa; son responsables del deterioro o pérdida del objeto en casos
de negligencia, llevan la marca de la empresa en vestimenta y vehículo. En el
caso, los mensajeros debían telefonear a diario a la empresa para saber qué
viajes debían realizar, siendo penalizados de hacerlo con retraso. En el
contrato, denominado de transporte, se señalaba la no exclusividad de los
mensajeros, pudiendo realizar el servicio directamente o a través de tercero, y


«https://elpais.com/diario/1986/03/12/economia/510966014_850215.html»                  (último
acceso: 2 Junio 2019).
         4 En esta línea, pueden verse también STS de 26 octubre 1987 (RJ 1987\7192) o STS

de 11 julio 1988 (RJ 1988\5783). Al respecto, pueden verse los trabajos de Pedrajas Moreno
y Valdés-Dal Ré (1986) y de Rivero Lamas y García Blasco (1986).
         5 A contrario, un valor y tamaño notables dan cuenta de que se persigue una

finalidad de obtención de lucro empresarial no predicable del trabajo por cuenta ajena. Es
más, el carácter laboral de la prestación «no se desvirtúa ni desaparece por el hecho de que el
trabajador aporte su vehículo propio siempre que… no tenga la relevancia económica
necesaria para convertir su explotación en elemento fundamental de dicha relación…sino
que… lo predominante es el trabajo personal del interesado, quedando configurado el
vehículo como una mera herramienta de trabajo» (STS 4 noviembre 1993, RJ 1993\8543 y
STS 5 noviembre de 1993, rcud 798/1992, y sentencias en ellas citadas).



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no quedaban sometidos a horario; en el caso, los actores no habían utilizado a
tercera persona y habían trabajado casi el 75 por 100 de las jornadas laborales.
        En relación con las consideraciones realizadas por el Alto Tribunal
sobre la existencia de las características definitorias del contrato de trabajo,
deben tenerse en cuenta las relativas a la ajenidad, dependencia y el carácter
personal de la prestación. Como se verá, algunas cuestiones no distan mucho
de lo que en la actualidad sucede 6. Afirma la Sala, en primer lugar, la existencia
de ajenidad:
        «…el trabajador no asume los riesgos ni los beneficios del contrato de
transporte existente entre la empresa y el cliente, no interviene en la fijación
del precio de este, ni su retribución depende del resultado; se limitaba
fundamentalmente a aportar su actividad y a percibir la retribución que por ella
le corresponde, que devenga por el hecho de realizarla. El que responda, no de
los riesgos del transporte, sino de los perjuicios causados por su negligencia,
no es más que una consecuencia del incumplimiento del deber que impone el
artículo 5.a) del Estatuto de los Trabajadores; deriva de las normas generales
del derecho de obligaciones, art. 1101 del Código Civil».
        Sobre la dependencia del trabajador a la empresa, el Tribunal Supremo
señala que:
        «…aparte de su exteriorización en ese llevar en la ropa y en el vehículo
el nombre de la empresa, se manifiesta también, en la necesidad de llamar
diariamente a la misma, bajo penalización de no hacerlo, para recibir las
órdenes de trabajo del día, respecto de las que asume la obligación de
realizarlas sin demora ni entorpecimiento alguno; no tiene trascendencia a
estos efectos el que el trabajador no esté sometido a un régimen de jornada y
horario riguroso. La no asistencia de los actores al trabajo en todos los días
laborables es un mero efecto de la configuración que la empresa pretende dar
al contrato para eludir la calificación de laboral, y no constituye un dato
esencial para determinar su verdadera naturaleza, pues ese comportamiento
empresarial, impide conocer las causas de la inasistencia, que en un contrato de
trabajo debidamente regularizado se puede producir por motivos tan

        6 A fin de profundizar en los criterios seguidos por la jurisprudencia para distinguir
entre contrato de trabajo y contrato de transporte: Valdés Dal-Re (1992) y Prado Laguna
(1996). Así, en orden a comprobar la existencia de ajenidad, el TS tuvo en cuenta si el
transportista participaba de algún modo en la fijación de precio, cuál era la verdadera
naturaleza de las cuantías recibidas (laboral o perseguía un lucro empresarial), o sobre qué
sujeto recaía la responsabilidad de lo transportado; entre otros indicios que permitían colegir
la dependencia, se atendía a si la empresa fijaba los horarios, determinaba qué ruta debía
seguirse…



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     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



justificados como permisos, licencias, vacaciones, enfermedad o, incluso
períodos intermedios de inactividad laboral en contratos discontinuos o a
tiempo parcial. Por otra parte la posibilidad de compatibilizar el trabajo en
otras empresas es algo que, debidamente autorizado, no desnaturaliza el
contrato, según cabe deducir de los artículos 5.d) y 21.1 del Estatuto de los
Trabajadores».
        Por último, otra cuestión relevante que nos interesa en nuestro estudio
se refiere al carácter personal de la prestación, que también estaba presente en
el caso según el Tribunal Supremo. La «posibilidad de sustitución que no ha
tenido virtualidad en la ejecución del contrato, pues el trabajo lo han realizado
siempre los demandantes de modo directo y personal… más parece una
cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato, que
un pacto trascendente a la realidad del servicio».
        No obstante, debe señalarse la decisiva reacción legislativa a aquel giro
jurisprudencial del Tribunal Supremo, que tuvo como finalidad la limitación de
la laboralidad de la actividad de mensajeros y transportistas con vehículo
propio. Así, la DA 7ª de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se
modifican determinados artículos de Estatuto de los trabajadores, del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones del Orden Social, añadió un nuevo apartado en el art. 1.3 del
Estatuto de los Trabajadores, la letra g), excluye la laboralidad de los
transportistas con vehículo propio atendiendo al tonelaje de este; de este
modo, a parte de excluir del ámbito de aplicación del Estatuto de los
trabajadores «en general todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación
distinta de la que define el apartado 1 de este artículo», se añadió un inciso
final, introduciendo una exclusión constitutiva, del siguiente tenor: «a tales
efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las persones
prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones
administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente
precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder
directo de disposición ostenten, un cuando dichos servicios se realicen de
forma continuada para un mismo cargador o comercializador»7.
        Como se recordaba al inicio, no es una práctica novedosa esquivar la
aplicación de las normas laborales. Ello no tiene sólo repercusiones para la

        7 No vamos a entrar aquí en esta cuestión, pero baste decir que esta polémica

exclusión fue objeto de sendas cuestiones de constitucionales que el Tribunal Constitucional
resolvió de forma acumulada concluyendo que se trataba de una medida acorde a la
Constitución (STC 227/1998, de 26 noviembre).



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empleadora y la persona trabajadora, sino que, en última instancia, de forma
derivada, también afecta al Estado, como obligado constitucionalmente a
mantener un sistema público de Seguridad Social. De ahí la importancia de la
calificación jurídica de la relación como laboral, pues supone, de forma directa,
el reconocimiento y la aplicación del conjunto de derechos individuales y
colectivos reconocidos por el ordenamiento jurídico; y de forma derivada, en
el plano de la protección social, implica el encuadramiento de estas personas
en el Régimen General de la Seguridad Social y la obligación compartida con el
empleador de ingresar las cuotas correspondientes. De lo contrario, de
considerar que estamos ante un trabajo autónomo, como pretenden las
empresas que explotan estas plataformas digitales, se produce la traslación a
los propios trabajadores de un conjunto de responsabilidades que las normas
les imponen a aquellas como empleadores. De este modo, las personas
trabajadoras ven reducidos sus derechos notablemente, sin olvidar el impacto
que puede llegar a tener sobre el Estado y el conjunto de los ciudadanos desde
la perspectiva de sostenibilidad financiera de los sistemas públicos de
pensiones.
        Esta contribución está dirigida a analizar los primeros
pronunciamientos judiciales que están teniendo lugar en España, danto lugar a
un cuerpo de doctrina judicial de instancia creciente, a la espera de que los
Tribunales Superiores de Justicia empiecen a resolver los recursos de
suplicación que se vayan planteando; para saber el posicionamiento del
Tribunal Supremo habrá que esperar más tiempo.
        Debe señalarse, no obstante, la importancia de esta doctrina judicial
desde la perspectiva procesal. Al valorar conjuntamente todos los medios de
prueba de que se hayan valido las partes, la juzgadora debe declarar qué
hechos quedan probados. Ello es de vital importancia, pues deben tenerse en
cuenta las características particulares de la prestación de servicios en cada caso
para concluir si estamos ante una relación laboral o civil/mercantil. Como se
verá a continuación muy brevemente, antes de abordar las concretas sentencias
objeto de este trabajo, la doctrina y la jurisprudencia han venido construyendo
una serie de indicios que permiten afirmar la existencia de un contrato de
trabajo, a partir de la genérica formulación realizada por el artículo 1.1 del
Estatuto de los trabajadores, que dispone: «Esta ley será de aplicación a los
trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o
jurídica, denominada empleador o empresario».




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2. Elementos básicos para determinar la existencia de una relación
laboral en el caso español

        A partir del precepto anterior, se han señalado cuatro elementos que
caracterizan la existencia de una relación laboral: la voluntariedad en la
prestación de los servicios, la retribución recibida como compensación, la
ajenidad y la subordinación, como notas, para muchos, principalmente
definitorias y delimitadoras de otras prestaciones de servicios, como el trabajo
autónomo. El papel que ha desarrollado la jurisprudencia en la construcción
del concepto de empleado ha sido muy importante, no únicamente desde una
perspectiva aplicativa, sino que «podría ser definida como law making» (López
López, 2014), sin tener en cuenta el nomen iuris que las partes le otorguen sino
el real contenido obligacional.8
        La voluntariedad, más allá de implicar, obviamente, la libertad en la
prestación del consentimiento al obligarse a realizar una prestación de
servicios implica, también, el carácter personal de la misma, lo que, en
principio, supone la imposible sustitución de la persona trabajadora como
parte del contrato. De otra parte, la retribución, como contrapartida
económica garantizada por la prestación de servicios, implica la ausencia de
asunción de riesgo en la ejecución. Pero sin duda los elementos centrales son
la ajenidad y la dependencia.
        Desde la doctrina, se han ofrecido diversas teorías para explicar la
ajenidad como característica del contrato de trabajo.9 En un primer momento,
Bayón Chacón (1961) indicó las tres características que, a su juicio, definían el
contrato por cuenta ajena: el empresario carga con los costes de la actividad;
los resultados o frutos del trabajo pasan a formar parte de su patrimonio; y,
finalmente, «el resultado económico favorable o adverso» recae sobre él, «sin
que el trabajador sea afectado por el mismo, ni exista, pues, participación suya

        8  Entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en unificación de doctrina trata
los criterios que se han venido utilizando reiteradamente para delimitar la relación laboral de
prestaciones de servicio de carácter privado, pueden verse la STS de 29 noviembre 2010 (RJ
2011, 1355) y la STS de 7 octubre 2009 (RJ 2009, 5663). En particular, respecto al principio
de realidad del contenido obligacional derivado de la relación, STS de 12 diciembre 2007 (RJ
2008, 524) o de 12 de febrero de 2008.
         9 A modo de ejemplo, sobre la existencia de diferentes manifestaciones de la

ajenidad: STS 16 febrero 1998 (RJ 1998, 1809) o STS 10 abril 1995 (RJ 1995, 3040); sobre
ajenidad en los frutos: STS 29 octubre 1990 (RJ 1990, 7721); sobre ajenidad en los riesgos de
la actividad: STS 29 enero 1991 (RJ 1991, 190). En particular, sobre mensajeros o
transportistas: STS de 19 febrero 2014 (rcud 3205/2012) o STS de 11 febrero 2015 (rcud
2352/2013).



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en el riesgo económico». Pone el acento en este último dato, en los riesgos de
la actividad, como «elemento diferenciador de las relaciones clásicamente
laborales y otras relaciones de trabajo».
         Por su parte, Alonso Olea (1967) se fija principalmente en la ajenidad
en los frutos, siendo relevante para definir el trabajo por cuenta ajena la
«atribución originaria [que se produce en el contrato de trabajo], en que los
frutos, desde el momento mismo de la producción, pertenecen a otra persona,
nunca al trabajador».
         Para Montoya Melgar (1972), lo relevante es que el trabajador es ajeno a
la utilidad patrimonial derivada de su actividad, que se atribuye al empresario
que, en compensación, debe retribuir al trabajador. También se ha puesto el
acento en el hecho que el trabajador es ajeno a la titularidad de la organización
productiva (Albiol Montesinos, 1971). El trabajador ejecuta su prestación de
servicios mediante instrumentos que pertenecen al empresario, lo cual justifica
la atribución de frutos a este y el poder de dirección que ostenta, «en definitiva,
el sometimiento al círculo rector, ordenador y disciplinario del titular
empresario».
         Finalmente, Alarcón Caracuel (1986), pone el foco en las relaciones que
tienen lugar en el mercado de bienes y servicios, que considera no sólo la
figura de trabajador y empleador, sino también la existencia del cliente o
consumidor. El trabajador, al ejecutar la actividad laboral, no accede
directamente al mercado a ofrecer el resultado de dicha prestación, sino que es
el empresario, para quien ejecuta el trabajo a cambio de un salario, quien se
presenta en el mercado y pone en circulación aquellos. Lo relevante, desde una
perspectiva teórica, es la ausencia de vínculo entre trabajador y destinatario
final del producto de su trabajo.
         Alarcón Caracuel trata de ofrecer un macro concepto de ajenidad que
comprenda las diferentes teorías ofrecidas. Así, se producen diversas
manifestaciones de la ajenidad, conectadas entre sí, en dos ámbitos: relaciones
en el ámbito de la producción y relaciones en el ámbito de la circulación de
producto. En el primero, dado que el empresario es titular de los medios de
producción y el trabajador únicamente aporta la fuerza del trabajo, existiendo
una relación de dependencia entre ellos, el resultado es que el producto de la
ejecución del trabajo pertenece al empresario originariamente. Por su parte, en
el ámbito de la circulación del producto, dato que el trabajador, como sostiene
Alarcón Caracuel, es ajeno al mercado de bienes y servicios, y el empresario
obtendrá la utilidad patrimonial de aquellos, el fracaso en su comercialización
no afectará al trabajador, que será ajeno a estos riesgos.



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        La referencia del Estatuto al ámbito de organización y dirección del
empresario es indicativa que el trabajo que interesa a esta norma es el que se
realiza bajo la dependencia o subordinación de este sujeto. La conceptuación
de este elemento ha ido flexibilizándose a lo largo del tiempo, pasando de un
carácter económico (dependencia económica) o técnico (dependencia de las
instrucciones empresariales cuanto a la ejecución del trabajo) a una sumisión a
los poderes empresariales de forma genérica, como inserción en el círculo
rector y organizativo del empresario, superando la inicial consideración que la
jurisprudencia había tenido sobre la sujeción estricta a órdenes empresariales. 10
Es en este punto donde los indicios tienen importancia, para apreciar la
subordinación o autonomía en la ejecución del trabajo. Así, indicios
habitualmente utilizados por la jurisprudencia para aprecia la existencia de
subordinación han sido la realización personal del trabajo, la asistencia regular
y continuada al lugar de trabajo, el seguimiento de un horario regular
establecido por el empresario, la utilización de las dependencias de la empresa
de forma estable, el sometimiento a instrucciones el empleador, a su control y
vigilancia…11 Por el contrario, la posibilidad de sustitución de la persona del
trabajador o la aportación de instrumentos de trabajo, han sido, en ocasiones,
interpretados como indicios de autonomía. La importancia de esta
característica del trabajador subordinado es tal que el propio Estatuto prevé,
en su artículo 8.1, una presunción de laboralidad: el contrato de trabajo «(s)e
presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro
del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de
una retribución a aquel».
        Como advertía González Ortega (2004), la irrupción de la digitalización
en las organizaciones productivas tiene como consecuencia la profundización
en el fenómeno de la pérdida de valor de la subordinación en el sentido más
tradicional de dependencia directa del trabajador a los poderes empresariales y
uno de los impactos más visibles es la pérdida de «virtualidad calificatoria» de
los criterios que han venido usándose para determinar la existencia de una
relación laboral. Ahora bien, por otro lado, señala acertadamente cómo se
«revalorizan» nuevas formas de dependencia, singularmente una «dependencia
tecnológica», en tanto que los instrumentos digitales permiten controlar la


        10 Esta formulación más genérica es la respuesta a la debilidad con la que pueden
aparecen en ocasiones los indicios tradicionalmente utilizados para la subordinación. Entre
muchas otras sentencias, pueden verse: STS 26 enero 1994 (RJ 1994, 380), STS 6 mayo 1992
(RJ 1992, 3315), STS 16 febrero 1990 (RJ 1990, 1099) o STS 9 febrero 1990 (RJ 1990, 886).
        11 STS 10 julio 2000 (RJ 2000, 8326).




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     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



actividad laboral12. Una cuestión esta que fue destacada en la doctrina italiana
mucho antes. Así, para Veneziani (1987), las TIC y la forma en que el
trabajador se integra en la empresa a través de estas, determinada por el
empresario, puede sustituir la disminución o desaparición del tradicional
control directo de la prestación. La forma en la que se organiza esta prestación
a través de las plataformas digitales puede imponer o sugerir la utilización de
algunos indicios clásicos, o fijarse en otros nuevos, para apreciar con mayor
claridad la existencia de las notas típicas del contrato de trabajo, en particular
la dependencia y la subordinación, que se manifiestan aquí de forma diferente,
más matizada o flexible.
        A continuación, se analizará de qué manera se ha venido aplicando
todo lo anterior por la doctrina judicial acerca de la naturaleza jurídica que
debe predicarse de la relación de prestación de servicios entre las personas que
realizan tareas de reparto en el ámbito de las plataformas digitales y las
empresas propietarias de estas. La mayoría de las sentencias enjuician casos
relativos a la plataforma digital Glovo, con resultados diversos en cuanto a la
calificación jurídica de dicha relación, aunque existen dos casos relativos a
Deliveroo y Take Eat Easy13.


3. Los repartidores de la plataforma Take Eat Easy son trabajadores
subordinados

        La primera sentencia dictada en España fue relativa a la plataforma
Take Eat Easy, que resuelve una demanda por despido de un grupo de
trabajadores a quiénes la empresa, que fue declarada meses más tarde en
concurso voluntario de acreedores, comunicó verbalmente el fin de sus
operaciones14. Además de otras cuestiones de orden procesal y relativas a la
institución del despido, uno de los temas principales que aborda esta
resolución es el relativo a la naturaleza jurídica de la relación. Una


        12  En este sentido, Supiot (2000) señaló hace casi dos décadas cómo la expansión de
nuevo modos de organizar la producción podía tener como consecuencia la disolución
progresiva de la dependencia, una flexibilización que, al entender de Mercader Uguina (2002),
podría resultar en «una auténtica mutación» por lo que abogaba por repensar el sistema
indiciario.
         13 Véase el cuadro incluido al final de este trabajo, en el que se listan todos los

pronunciamientos judiciales.
         14 Sentencia del Juzgado de lo Social de Barcelona núm. 11 de 29 mayo 2018

(ECLI:ES:JSO:2018:2390).



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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



particularidad del caso, no menor, es la utilización de una falsa cooperativa de
trabajo asociado (Factoo, que también se organizaba como plataforma) para el
empleo de algunos trabajadores; el resto, vinculados con la empresa a través de
contratos mercantiles, estaban dados de alta como falsos autónomos o
trabajaban informalmente, sin estar dados de alta.
        Las condiciones de prestación del “servicio” más destacadas, recogidas
en los hechos probados, hacen referencia a las facultades que posee la
empleadora: facilita los instrumentos de trabajo (uniformes, mochilas y móvil
con aplicación), previa fianza de 150 € por prestar dicho material; pone
formularios a disposición de los trabajadores a través de correo electrónico
para solicitar vacaciones; fija unilateralmente un régimen disciplinario (entre
otras faltas, destaca el reparto sin bolsas con el logo, sin hacer uso de la
amabilidad exigida, la impuntualidad…). La empleadora aprueba igualmente
los horarios: existen dos turnos de trabajo, de 4 horas cada uno (mediodía - de
12h30 a 16h30 - y noche - 20h00 a 0 horas), que se distribuyen con una
antelación de 4 semanas; se señala, así mismo, que los trabajadores deben estar
conectados a la App 30 minutos antes de su turno, no siendo remunerado este
periodo de tiempo (circunstancia que da cuenta del nivel de precarización de
las condiciones de la prestación en tanto que el salario se vincula en exclusiva
al tiempo efectivo de prestación).
        También es importante el dato relativo a quién remunera la prestación
de servicios: la empresa propietaria de la plataforma, ni los restaurantes ni las
personas a quiénes se entregan los pedidos. Existe una parte de sueldo fijo y
otra variable. Se fija una retribución genérica por pedido (5 €), que es superior
en algunos casos: viernes, sábados y domingo noche (6,5 €) y en caso de lluvia
(se incrementa en 1 € sobre las retribuciones anteriores). Se garantiza un
salario mínimo por turno en caso de no realizar entrega alguna o de no llegar
al umbral señalado (18€ en el de mediodía, 20€ en el de noche). En ese
sentido, la empresa garantizaba en la oferta de trabajo una remuneración de
200€ mínimo y 1.600 € máximo. Finalmente, un dato fáctico relevante es la
fijación, en los contratos mercantiles, una cláusula de exclusividad.
        El magistrado llega a la conclusión de que se trata de una relación
laboral por reunir todos los requisitos exigidos por el art. 1.1 ET, aplicando el
principio de realidad de los hechos. Entiende que la actividad se realiza
«dentro del círculo organizativo, directivo y disciplinario del empresario» y,
como muestra de ello, enfatiza el uso de instrumentos facilitados por la
empresa quién, además, fija una jornada laboral, organiza el disfrute de las
vacaciones y abona unas cuantías que, afirma, tienen naturaleza salarial. En



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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



apoyo de estas conclusiones, cita jurisprudencia de Tribunales Superiores de
Justicia que, a su vez, se fundamentan en la doctrina clásica del Tribunal
Supremo relativa a la interpretación de las notas de dependencia y ajenidad y a
los indicios o manifestaciones de su existencia.
        En el hecho probado 2º, el magistrado realiza una afirmación
fundamental, extrapolable al resto de casos que se analizarán a continuación:
«(L)os puestos de trabajo desarrollados… eran absolutamente esenciales para
el servicio que prestaba la empresa a los clientes, pues esta no se limitaba a
poner a disposición de estos una aplicación con la que se podía pedir comida
en los establecimientos, sino que ponía a disposición una auténtica flota de
repartidores en bicicleta que eran los encargados de transportar los pedidos
desde el origen a su destino».
        Una idea que entiendo fundamental en este asunto, con independencia
del funcionamiento particular de cada una de las plataformas, es que la
organización productiva es, en esencia, la conjunción de la infraestructura
tecnológica y humana, como aquí se destaca. La primera permite afirmar que la
empleadora se relaciona directamente con los clientes en el mercado de bienes
y servicios (ajenidad en el mercado): de un lado, con los restaurantes, a quienes
permite vender sus productos a domicilio, y de otro con los usuarios finales, a
quiénes permite adquirirlos y recibirlos en el lugar indicado. Pero, además, la
ausencia de infraestructura humana no permitiría dar cumplimiento a la
finalidad empresarial, pues eso es lo que se oferta: el servicio. En este sentido,
resulta muy gráfico el título de la monografía Prassl (2018): detrás de la
tecnología que ofrece un servicio al consumidor, se encuentran seres humanos.
        No obstante, otros supuestos pueden resultar de mayor complejidad en
la medida que los indicios considerados no son los habitualmente tenidos en
cuenta en la jurisprudencia.


4. Los repartidores de Deliveroo también son trabajadores subordinados
(y no sólo para la jurisdicción social)

        Cronológicamente, el siguiente pronunciamiento judicial fue relativo a
la plataforma Deliveroo, respecto de la cual sólo se ha dictado una sentencia
(que ha devenido firme, pues no ha sido recurrida por la demandada), aunque
se esperan más en fechas próximas.15 Destacan unos detallados hechos

       15   Se trata de la SJS de Valencia núm. 6 de 1 junio 2018 (ECLI:ES:JSO:2018:1482).



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     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



probados, especialmente la inclusión del texto completo del correo electrónico
que reciben los trabajadores al contratar con la empresa, que es muy revelador
de las características de la prestación (laboral) de servicios. Pero, además, el
esfuerzo exegético de la magistrada es también notable, al conectar los
diferentes rasgos de la prestación de servicios con aquellas notas típicas del
contrato de trabajo de la que son expresión, singularmente ajenidad y
dependencia.
        Entiende la juzgadora que la dependencia es patente por cuanto la
prestación de servicios debe realizarse siguiendo las indicaciones de la empresa
y las condiciones que fija de forma unilateral. En este sentido, va desgranando
todas las circunstancias, que quedan acreditadas como hechos probados, sobre
las que fundamenta su conclusión:
        ⎯      El trabajador debe descargar una APP de la empresa, a la que
debe conectarse, tras la previa autorización proporcionando usuario y
contraseña personal. Debe también formar parte de un canal de Telegram en
el que se dan cita el resto de compañeros y personal de la empresa. La
prestación debe tener lugar acudiendo al punto de control, en la zona asignada,
el día y hora asignado; una vez allí, el repartidor debe abrir la APP, no siendo
posible su apertura si no se encuentra en aquel lugar.
        ⎯      En relación con lo anterior, es la propia empresa quien decide la
zona de trabajo y establece las franjas horarias. A pesar de que el trabajador
pueda ofertar las franjas que desearía trabajar, decide en última instancia qué
horario deberá desarrollar, pues muchas veces el horario solicitado no acababa
asignándose. A tal fin, la empresa tiene en cuenta el nivel de excelencia.
Durante el horario asignado, no es posible rechazar pedidos pues tanto el
rechazo como a falta de disponibilidad reiteradas son causa de despido;
        ⎯      La empresa da instrucciones muy concretas de cómo debe
desarrollarse la prestación, señalando, en el correo electrónico remitido una

         Cabe destacar dos demandas presentadas por la Tesorería General de la Seguridad
Social contra la empresa, en Valencia y Madrid, fundadas en previas actas de liquidación de
cuotas impagadas por los trabajadores (97 y 532, respectivamente) que, como empleados por
cuenta ajena, debían estar encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Las
vistas    tuvieron    lugar    el   pasado     mes      de    febrero    y   mayo.      Ver
«https://www.eldiario.es/cv/Primer-colectivo-Deliveroo-autonomos-
Valencia_0_871763091.html» y «https://www.eldiario.es/economia/Deliveroo-Inspeccion-
Trabajo-imparcialidad-Gobierno_0_905010027.html». Recientemente ha tenido lugar, en el
Juzgado de lo Social de Barcelona núm. 21, vista oral a raíz de la demanda que diversos
trabajadores      de     Deliveroo      presentaron      contra     la     empresa:     ver
«https://www.eldiario.es/catalunya/economia/Deliveroo-repartidores-denigrar-propaganda-
situacion_0_906759398.html» (último acceso: 2 Junio 2019).



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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



vez ingresado el trabajador, cuestiones tales como horarios, cambio de turnos,
zonas de reparto, cómo desarrollar el reparto (incluyendo indicaciones de
cómo comportarse y dirigirse a los clientes), respuesta de la empresa ante el
falseo de métricas…
        ⎯      El trabajador está geolocalizado a través de la APP de la
empresa instalada en su teléfono móvil, lo que permite controlar los tiempos
de cada reparto y, en su caso, ofrecer explicaciones sobre la prestación del
servicio en atención a los datos que de dicha APP tiene conocimiento la
empresa;
        ⎯      La empresa asigna el reparto a realizar y, si bien es posible que el
trabajador sea sustituido, precisa autorización empresarial; La posibilidad de
subcontratación no aminora la dependencia en tanto que, como se destaca, no
sólo «era totalmente residual» sino que, además, era precisa autorización previa
por parte de la empresa. Si se recuerda el famoso caso de los mensajeros, de
los años 80, el Tribunal Supremo tampoco consideraba que esta posibilidad de
sustitución fuera lo suficientemente relevante como eliminar toda existencia de
dependencia en la relación.
        ⎯      La cesación temporal en la prestación de servicios tampoco es
plenamente libre, pues debe ser comunicada a la empresa con dos semanas de
antelación.
        Un dato muy relevante, a mi juicio, es el hecho de que si bien el
trabajador aportaba los instrumentos de trabajo (teléfono móvil y bicicleta),
como señala la sentencia, «carecía de organización empresarial, siendo la
empresa la titular de la plataforma virtual, con el nombre comercial
DELIVEROO en la que, a través de una aplicación informática -APP-, se
organizaba la actividad empresarial». Esto es, sin duda, fundamental. En la
línea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre mensajeros señalada al
inicio de estas páginas,
        En relación con la ajenidad, los elementos que la sentencia entiende
reveladores de su existencia son los siguientes: la empresa es quien decide el
precio del servicio; la remuneración se abona con independencia del cobro del
servicio por la empresa; la factura que el repartidor extiende a la empresa era
realizada por esta misma (quién la emitía cada 14 días con pedidos realizados,
incentivos y propinas); la propia empresa es quien fija las condiciones del
servicio que oferta a restaurantes y clientes finales; los repartidores no tienen
conocimiento de qué restaurantes están adheridos al servicio ni la identidad de
los clientes finales, a quién debían entregar los pedidos; la empresa fija el
precio de sus servicios y lo cobra a través de la APP (en el contrato se fija un



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precio 3,88 euros por entrega realizada efectivamente, en dos pagos mensuales,
previa aportación de la factura); y, finalmente, «según manifestaciones de la
propia empresa, los trabajadores eran ‘la imagen de la compañía de cara al
cliente’»;
        La sentencia tiene en cuenta el acta de liquidación que la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Valencia levantó con fecha 11 diciembre 2017
contra Roofods Spain, S. L., la empresa propietaria de la plataforma (citada en
hecho probado 24º), que concluía que existía relación laboral y, por tanto, los
trabajadores debían estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, requiriendo a la empresa al abono de las correspondientes
cotizaciones.16 Esta es la opinión de la Inspección, tal y como se indica en el
Plan Director 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, 17
teniendo en cuenta que a través de la plataforma la empresa propietaria, de
forma unilateral, establece una serie de instrucciones, fija los mecanismos de
retribución, asigna los servicios, utiliza sistemas de evaluación y existe la
posibilidad de desconexión.
        Ciertamente, entre las medidas operativas, se incluye, como punto 6,
«(a)frontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo». Se sostiene que,
en la «economía de las plataformas… han aflorado en ciertos casos
determinadas prácticas empresariales irregulares que están promoviendo una
precarización del mercado de trabajo» que tiene su base en reducir los costes a
través del incumplimiento de la normativa laboral y afecta a personas
trabajadoras altamente cualificadas y también a quiénes tienen menos
posibilidades de acceder a puestos de trabajo más estables, generando
trabajadores pobres. Es muy cierto, como se afirma en el Plan Director de la
Inspección, que la infraestructura virtual permite desdibujar «el concepto
tradicional de centro de trabajo» y utilizan personas a las que exigen darse de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos aún siendo, en
realidad, trabajadores por cuenta ajena: «…bajo el anonimato que proporciona
la red, podrían ampararse situaciones de economía irregular, ya sean faltas de

        16 El principal elemento sobre el que se sustenta toda la argumentación es la
existencia de la plataforma, los medios tecnológicos. Debe hacer notar, no obstante, que
previamente la Inspección de Trabajo había sostenido que en la prestación de servicios en
plataformas digitales no se daban todas las notas de laboralidad, como en informes de la
Inspección de Trabajo de Madrid y Barcelona, emitidos a finales de 2016, respecto a
Deliveroo y Glovo, que se vinculaban estrechamente a la descripción de la actividad fijada en
los contratos.
        17 Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan
Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 (BOE 28 julio 2018).



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alta tanto en el Régimen Especial de Autónomos como en el Régimen General
de la Seguridad Social».
        De hecho, en el caso enjuiciado, Deliveroo da soporte a las personas
que entran a prestar sus servicios en ella para realizar todas las gestiones
administrativas con tal finalidad. Como queda patente en el hecho probado 8º,
existe un procedimiento estandarizado, una vez firmado el contrato: se pasaba
una entrevista previa con una persona que trabajaba para la empresa, quién
explicaba las características del servicio; se descargaba la APP, a la que se
accedía a través del usuario y contraseña personal facilitado por la empresa;
debían integrarse en el grupo de Telegram creado y administrado también por
la empresa; se visionaba un video formativo (Formación teórica en Deliveroo);
se facilitaban instrucciones para darse de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos y a efectos fiscales, en el Impuesto de Actividades
Económica; finalmente, tras la sesión formativa, recibían un extenso y
detallado correo electrónico sobre distintos aspectos del desarrollo de la
prestación y su integración en los servicios ofrecidos a través de la plataforma,
como se vio más arriba.
        Para hacer frente a toda esta problemática, el Plan Director establece
tres medidas: dotar a la Inspección de mecanismos para la identificación de los
sujetos que intervienen en las plataformas digitales y el comercio electrónico,
editar una Guía que facilite la actuación de los profesionales de Inspección en
este ámbito y puedan especializarse en estas cuestiones, y desarrollar de una
campaña específica en este terreno.


5. Con Glovo llegó el desencuentro: trabajo autónomo, para unos;
trabajo subordinado, para otros

       Como se avanzó, la plataforma Glovo es la que ha motivado más
resoluciones judiciales hasta la fecha y la que ha abierto la puerta a una
corriente de opinión en la jurisdicción social que entiende que se trata de
trabajo subordinado. Hasta el punto de que la atención mediática respecto a
estos casos va actualizando el marcador de sentencias a favor de cada una de
las opciones, para ir situando a quiénes leen la notica que reporta la última
sentencia, como si de un evento deportivo se tratara.




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        Existe un primer grupo de cuatro sentencias que concluyen que se trata
de trabajadores autónomos.18 De un lado, la Sentencia del Juzgado de lo Social
de Madrid núm. 39 de 3 septiembre 2018 concluye que se trata de un
trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante, TRADE),
partiendo sustancialmente del contrato estandarizado que la empresa utiliza
con los repartidores. Son seis las consideraciones para llegar a esta conclusión:
        ⎯      La existencia de dos contratos de trabajo autónomo cuyos
contenidos son amplios y detallados. Según entiende la juzgadora,
probablemente en una interpretación excesivamente formalista, no se acredita
que la realidad material sea diferente de la formal. En este sentido, se detallan
en la sentencia algunos contenidos en la línea de sostener el carácter autónomo
del trabajo prestado: el trabajador puede organizar su trabajo, responden del
buen fin del servicio frente al cliente final, la retribución se vincula a los
repartos realizados, la empresa no es responsable en tanto que mero
intermediario, los servicios se realizan según indicaciones del cliente, las
herramientas de trabajo son del trabajador…
        ⎯      Sobre las condiciones de trabajo, se afirma la plena capacidad
del trabajador para organizar toda su actividad: puede elegir jornada y horario,
pedidos a repartir, ruta, queda conectado directamente con el cliente una vez
aceptado el reparto, cuyas indicaciones, y no las de la empresa, debía seguir.
Las ausencias no deben justificarse, sólo comunicarse a la empresa.
        ⎯      No existe poder de control ni poder disciplinario. En cuanto al
primero, se concluye que la geolocalización tiene la finalidad de contabilizar el
kilometraje a efectos de facturación. En cuanto al segundo, la empresa tiene
capacidad de desistimiento y lo que se califica como «pequeña penalización» en
la puntuación de los trabajadores. Entiende, de forma muy discutible, que no
tiene naturaleza sancionatoria, sino tan sólo pretende regular el acceso a la
elección de horarios: «…no equivale a sancionar al menos puntuado, ya que
premiar a unos trabajadores por la superior calidad o cantidad de trabajo no
equivale a castigar a los demás, siempre que se le sigan entrando pedido y

        18 En realidad, son cinco las sentencias dictadas resolviendo demandas presentadas
contra Glovo. La quinta, no obstante, no analiza directamente sobre la naturaleza laboral del
vínculo, dando por hecho que se trata de un TRADE. Se trata de la Sentencia del Juzgado
Social núm. 4 de Oviedo de 25 febrero 2019, que resuelve un supuesto de reclamación de
cantidad. En ningún momento el demandante pretende la calificación como laboral de la
relación, ni la sentencia se pronuncia expresamente sobre el particular, si bien realiza
afirmaciones en la que entiende que se trata efectivamente de un trabajo autónomo:
referencias al trabajador como “profesional independiente”, a su libertad para organizar la
prestación, fijar su horario, falta de exclusividad, pago por servicio realizado…



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pueda seguir trabajando con normalidad… más puntos por prestar servicios
en horas de mayor demanda (horas diamante) no es una sanción sino un
incentivo…».
        ⎯      También de forma poco acertada, se afirma que no existe
sometimiento a estructura empresarial alguna, pues la empresa sólo decide
tarifas, lugar de prestación y herramienta para ofertar los pedidos, una APP
programada para minimizar los costes totales, siendo que el cliente puede dar
ciertas indicaciones técnicas al repartidor.
        ⎯      En conexión con esa minimización de la importancia de la
existencia de la plataforma digital, y de la APP que regula las relaciones
internas (con los repartidores) y externas (con los restaurantes y clientes), sin
considerar la importancia relativa que se le otorga en el caso Deliveroo y en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, se señala que las principales
herramientas de trabajo pertenecen al trabajador: moto y teléfono.
        Afirma, además, la sentencia comentada, que concurren las notas
propias del TRADE según se definen en los arts. 11 y ss. de su normativa de
aplicación (FD 6º y 7º): no existen trabajadores a su servicio, no desarrolla la
actividad de forma indiferenciada con los trabajadores de la empresa para la
que presta servicios, dispone de la infraestructura y material precisos para
ejercer el servicio (moto y teléfono móvil), realizándolo bajo criterios
organizativos propios (escoge la franja horaria, qué servicios realiza, qué ruta
sigue, qué periodos de descanso disfrutará), recibe alguna indicaciones técnicas
de la empresa (zona geográfica de trabajo, uso de su APP, cómo realizar las
compras para los clientes a través de la tarjeta facilitada por la empresa) y,
finalmente, percibe una contraprestación económica según el resultado. Una
última circunstancia, puramente formal, es el hecho de que, en este caso, tras
un primer periodo en el que estuvo contratado como trabajador autónomo,
comunicó a la empresa demandada su condición de TRADE, procediéndose a
contratarlo como tal.
        En un sentido muy similar, marcadamente formalista, se manifiesta el
Juzgado de lo Social de Madrid núm. 17,19 que considera acreditado que la
prestación de servicios se realizaba conforme al criterio del trabajador
demandante: escogía libremente qué pedidos repartir y, en su caso, una vez
aceptado, podía rechazarlo; establecía sus horarios y días de trabajo; elegía el
medio de transporte y el itinerario; no se sometía al poder disciplinario ni
organizativo de la empresa; no existía régimen de exclusividad en la prestación;

       19   SJS de Madrid núm. 17 de 11 enero 2019 (ECLI:ES:JSO:2019:269).



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las cuantías percibidas, a través de factura, respondían a los repartos realizados.
Como en el caso anterior, argumenta el cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos para los TRADE. No obstante, el acento se pone en
exceso en la posibilidad de elegir los días de trabajo y las franjas en las que
desarrollar la actividad, sin valorar adecuadamente que es la empresa quien
señala estas franjas ni que la posibilidad de escogerlas depende de la valoración
del trabajador; en la posibilidad de escoger o rechazar servicios, dependiendo
de la modalidad de asignación utilizada, incluso una vez iniciado, sin
considerar que la eficiencia es un elemento que se tiene en cuenta para la
valoración; o, por último, sin valorar adecuadamente la libertad de
organización, manifestada singularmente en la selección de la ruta, y en la
pretendida aceptación de un mecanismos de facturación que considera la
distancia lineal o real óptima.
        Dentro de esta línea de opinión, se inserta también el Juzgado de lo
Social núm. 24 de Barcelona, con dos sentencias recientes que se expresan en
idénticos términos20. En el primer caso, resuelto por sentencia de 21 mayo
2019, se concluye que se trata de un trabajador autónomo pues posee «una
capacidad de organización propia que excede del ámbito de una relación de
carácter laboral». Así, se subrayan cuestiones ya utilizadas en los anteriores
pronunciamientos: realizan el recorrido que escogen libremente, corren con
los gastos del desplazamiento, no prestan sus servicios en una zona
predefinida, pueden configurar su jornada (eligen días y franjas horarias),
pueden escoger o rechazar pedidos, pueden disfrutar de unos días de
vacaciones sin comunicarlo a la empresa, perciben ingresos en función de
pedidos entregados (aunque minimiza, erróneamente, el hecho de que es la
empresa quien determina las tarifas. Pocos días después, con fecha 29 de
mayo, el mismo juzgado dictó otra sentencia que se expresaba en términos
idéntico, añadiendo como elemento adicional a favor de la autonomía la
inexistencia de logos de la empresa en la ropa que portan los mensajeros ni la
sumisión a un régimen disciplinario.
        Para otro conjunto de sentencias, por el contrario, estamos ante un
trabajador subordinado. La primera de ellas es dictada por el Juzgado de lo
Social núm. 33 de Madrid, en fecha 11 febrero 2019,21 en un caso de cese de


        20Sentencias de 21 y 29 mayo 2019 (Sentencia Nº 202/2019).
        21SJS   núm. 33 de Madrid de 11 febrero 2011 (ECLI:ES:JSO:2019:279).
Posteriormente, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid, fundamentándose en esta
resolución, resuelve tres casos planteados contra Glovo: SSJS núm. 1 de Madrid de 3 abril
2019 (Sentencia Nº 128/19) y de 4 abril 2019 (Sentencias Nº 134/19 y Nº 130/19).



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un trabajador por participar en una huelga e incitar a los compañeros a
hacerlo. Se trata de una sentencia extensa, repleta de valiosos argumentos que
ponen en evidencia el real vínculo laboral existente entre las personas que
prestan sus servicios en las plataformas y la empresa propietaria de esta, cuya
detenida lectura es altamente recomendable. Son, así, muchos los aspectos
reseñables de este pronunciamiento, cuya lectura es muy recomendable,
empezando por la comparación entre los modos y formas de trabajar propios
del s. XX y los que imponen la introducción de las TIC y la robotización, en
particular en cuanto a la evaluación y retribución de aquél: el control directo es
sustituido por sistemas automatizados y digitales, y la retribución por tiempo
de trabajo pierde peso a favor de fórmulas vinculadas al resultado de la
activida. O los efectos que las TIC tienen, como se advirtió más arriba, en la
necesidad de evaluar nuevos indicios y revalorar los que tradicionalmente se
han venido utilizando.
        En primer lugar, se señalan los indicios alegados por cada una de las
partes, a favor de sus intereses. Quedan acreditados, como indicios de falta de
ajenidad y dependencia señalados por la empresa: la libertad para decidir los
días de trabajo; la franja horaria; el rechazar los pedidos que se asignan dentro
de la franja escogida e incluso cancelar los seleccionados; los periodos de
descanso; la organización de la prestación (medios de transporte, rutas…); la
falta de exclusividad… No se acredita, en cambio, la asunción de los riesgos y
la responsabilidad frente al usuario por los daños causados.
        De otro lado, se enumeran circunstancias fácticas que han sido
acreditadas y que demuestran la existencia de subordinación a las órdenes e
instrucciones de la empresa. Nótese la apreciación que realiza el magistrado
respecto al contrato, que como bien aprecia, es claramente un contrato de
adhesión: «el repartidor no interviene en la conformación del contenido del
contrato, limitándose a asentir a las condiciones impuestas de contrario, lo que
demuestra la inicial posición de desigualdad entre partes». Entre otras,
destacan como rasgos definitorios de la prestación laboral presentes en el
contrato: los criterios para la compra de productos y para relacionarse con el
cliente; el límite de 40 minutos para realizar el servicio; la prohibición de
utilización de símbolos corporativos propios o de la empresa; la inclusión de
un listado de causas justificativas para que la empresa resuelva el contrato,
fundados en incumplimientos contractuales…
        En lo relativo a la determinación y abono de la retribución, se señala la
falta de capacidad del trabajador para negociar tal extremo, pues es fijado por
la empresa y puede variar en función de parámetros establecidos por aquélla.



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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



Igualmente es la empresa quien, a través de la aplicación, designa la persona en
particular que va a realizar el servicio. En efecto, la aplicación evalúa las
previsiones de demanda y señala el número de repartidores precisos para cada
franja horaria. Hay algo, empero, que es fundamental tener en cuenta y que
pone de manifiesto el magistrado: «la encomienda de un concreto reparto lo
realiza G.SL asignándola siguiendo el criterio del menor coste mediante la
solución que proporciona el algoritmo a tal efecto creado y atiende a diversos
parámetros, entre ellos el mejor perfil de los repartidores potenciales elaborado
a través de criterios de eficacia, pedido atendidos en ocasiones anteriores y
valoración entre los clientes y proveedores».
        Y es que nuevamente la plataforma digital es destacada como el
elemento clave para determinar la laboralidad o no de los servicios prestados
en su ámbito. Sin formar parte de esta, el repartidor no puede realizar la
actividad: «(s)i decidiera emprender por si mismo este tipo de actividad como
auténtico autónomo, estaría condenado al fracaso…». La infraestructura
tecnológica y la imagen de marca es lo que permite traficar en el mercado de
bienes y servicios a estas empresas. Todo ello, en la línea de la jurisprudencia
tradicional del Tribunal Supremo a partir de los mensajeros y transportistas,
lleva a concluir lo que es obvio, a pesar de lo que se ha visto en otros casos:
los instrumentos utilizados por el trabajador (vehículo y teléfono) poseen un
escaso valor en comparación con aquellos elementos.
        Se produce, por tanto, una integración en la actividad empresarial
cuando «cada microtarea se encomiendo y acepta». A partir de ese instante, es
asumida por la empresa, que responde ante proveedores y clientes, sin constar,
a pesar de lo que señala el contrato, que asuma el repartidor. Es la propia
empresa quien factura por su actividad, integrando en el coste el servicio
prestado por el repartidor. Es evidente también, para el juzgador, que la
empresa hace suyos los frutos y riesgos de la actividad, y que en tanto que es
intermediario necesario entre repartidor y cliente, se produce también la
ajenidad en el mercado.
        Dos reflexiones finales sobre esta interesante sentencia. De un lado,
estamos ante un problema global que, a pesar de resolverse en atención a los
instrumentos particulares con que cuenta cada ordenamiento jurídico, tiene en
cuenta qué sucede en otros países. Así, aunque es habitual que las sentencias se
apoyen en jurisprudencia de otros órganos judiciales nacionales para
fundamentar su argumentación y posterior fallo, en algunos casos, como
sucede en esta sentencia, está teniendo lugar una práctica interesante. En
paralelo al uso (global) de estas plataformas, se amplía (globalmente) el ámbito



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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



de las decisiones judiciales que se consideran. Así, en el fundamento de
derecho decimocuarto, el magistrado refiere sentencias extranjeras en este
ámbito. Otro elemento destacable es la utilización de mecanismos soft law para
perfeccionar unos argumentos sólidamente presentados. En este sentido, con
crítica al carácter procastinador del legislador doméstico, se consideran la
Recomendación de la OIT núm. 198/2006, sobre la relación de trabajo, o la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Agenda
Europea para la economía colaborativa, de 2 junio 2016.
        Hay que poner también en valor la argumentación realizada en la
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Gijón.22, que plasma muy
claramente la «verdadera sumisión» existente entre empresa y trabajadores. En
el fundamento de derecho tercero analiza, uno a uno, los diferentes rasgos
delimitadores del contrato de trabajo conforme al artículo 1.1 del Estatuto de
los trabajadores. En particular, respecto a la ajenidad, se detiene a analizar la
concurrencia de ajenidad en los frutos y en los riesgos. En el primer caso,
como es evidente, señala que el fruto, el servicio de reparto, pertenece a la
plataforma, que gira las facturas que posteriormente valida el trabajador. Una
única matización respecto esta afirmación que, por otro lado, comparto
plenamente: el fruto pertenece a la empresa o empleador; la plataforma es un
instrumento, es “el” instrumento, que determina en última instancia la
existencia de la relación laboral, y que pertenece al empresario. Precisamente
sobre este punto gira el siguiente argumento, en el que se sustenta la existencia
de ajenidad en los riesgos. A pesar de entender que uno de los argumentos de
la empresa que mayor peso tiene para sustentar que no se trata de una relación
laboral es, efectivamente, la propiedad del vehículo y los gastos de su
mantenimiento y utilización, que corren a cargo del trabajador, centra su
atención, muy acertadamente, en algo que, como se destacó previamente, es lo
esencial en este problemática: «En un entorno tecnológico el gran aporte
logístico lo supone la propia aplicación, que es de titularidad de la empresa y
cuyo control ostenta ésta en exclusivo». Y añade, con gran sentido común: «La
prestación de servicios en tal marco sería posible sin un vehículo (el repartidor
podría hacer los repartos andando o en transporte público) pero no sin la
aplicación que pone en contacto a los repartidores y a los clientes».
        En segundo lugar, se detectan adecuadamente elementos de
dependencia o subordinación en la prestación de servicios aún cuando, como

       22   SJS núm. 1 Gijón de 20 febrero 2019 (ECLI:ES:JSO:2019:280).



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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



destaca expresamente la sentencia, los contratos poseen una «esmerada
redacción» y se caracterizan por «la huida constante de las notas propias del
contrato laboral por parte de la empresa». Así sucede con la existencia de
órdenes de trabajo y procesos estandarizados respecto a cómo desarrollarlo,
que elimina la libertad propia del trabajador autónomo. Especial énfasis se
pone en la «pretendida libertad en la elección de horas o franjas»: el sistema de
puntuación, del que depende la posibilidad de elección, implica que, como se
advierte, «el trabajador tiene que plegarse a las exigencias empresariales si
quieres configurar un horario rentable»; en otras palabras, como se señala con
gran acierto, la flexibilidad es sinónimo de competencia entre compañeros para
obtener un mayor rendimiento de su actividad (desde el punto de vista
empresarial, en tanto que son las que se consideran más rentables
económicamente). Finalmente, se sostiene que existen notas que permiten
afirmar el ejercicio del poder de control y disciplinario. De nuevo la aplicación,
como instrumento, es señalada en el ámbito de la dependencia, pues es a su
través, de forma indirecta, y mediante sistema de geolocalización, que se
desarrolla el control. De este control se derivan consecuencias importantes:
sirve para fijar la retribución y distribuir futuros servicios, bajo criterios de
eficiencia empresarial. De otro lado, la correcta interpretación del contenido
del contrato, en particular la cláusula 8ª, permite colegir la existencia de un
poder disciplinario, en tanto que existe un paralelismo notable entre las causas
de resolución contractual y los motivos genéricos de extinción del contrato de
trabajo.
       Por último, un tema no menor que destaca la sentencia es sobre el
mecanismo de retribución que se sigue como práctica en esta plataforma.
Como es obvio, se repercute este coste en el cliente final, pero no debe
perderse de vista que es la empresa quien realiza la factura (el trabajador sólo la
valida) y abona la cuantía (también siguiendo criterios impuestos por la
empresa).


6. Reflexiones finales: la infraestructura digital es la clave de la
laboralidad

      En el transcurso de la redacción de esta contribución, Pujan Koirala, un
joven de 22 años, que prestaba sus servicios como repartidor de la empresa
Glovo, fallecía en un accidente de trabajo al ser arrollado por un camión en




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     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



Barcelona.23 Más allá de la respuesta solidaria de sus compañeras y
compañeros que, como sucede en muchos lugares del mundo, se han
organizado para enfrentar la situación de explotación que padecen, ha puesto
en evidencia que se trata de un tema que va más allá del interés académico por
una cuestión novedosa. Es, en cambio, un ejemplo visible en las calles de
muchas ciudades del progresivo deterioro que las condiciones de vida y trabajo
están experimentando en muchos países, incluidos aquellos etiquetados como
avanzados económicamente, socialmente y desde una perspectiva de los
derechos reconocidos a los ciudadanos en general y las personas trabajadoras,
en particular.
        Como se ha visto, los principios genéticos del derecho del trabajo, de
carácter tuitito, son más necesarios que nunca. Así, el principio de realidad de
las cosas, desechando el nomen iuris que las partes hayan decidido otorgarle, es
el punto de partida utilizados en la doctrina judicial. La desigual aplicación de
los criterios de laboralidad del art. 1.1 del ET y de la presunción de laboralidad
del art. 8.1 ET, lleva a respuestas diversas, como se ha visto. El capital que
explota estas plataformas digitales para obtener beneficios se ampara en la
sofisticación tecnológica, organizativa y terminológica, para ofrecer una irreal
libertad a los trabajadores (que pretende interesadamente autónomos), que
sólo cabe calificar de eufemística, y liberarse, de ese modo, como sujetos de
derecho, de las responsabilidades de diferente orden, particularmente laboral y
de seguridad social, que el ordenamiento jurídico les imputa. Reduciendo sus
costes laborales y de Seguridad Social, reducen los derechos en estos ámbitos
de las personas trabajadores, a quiénes traslada responsabilidades que el
ordenamiento jurídico reserva en estos casos al empleador.
        Más allá de las consideraciones de la doctrina judicial reseñada en las
páginas previas, singularmente la SJS núm. 33 de Madrid, pueden traerse a
colación las conclusiones a las que el Tribunal Supremo llega en el asunto
Offilingua, que posee ciertos paralelismos en tanto que la empresa utiliza una
plataforma informática para proveer traductores jurados a la Administración
de justica, policía, etc.:24 a pesar de la aparente libertad de decisión en cuanto a
lo servicios que realizar, tal y como se configura la relación, existe un riesgo no
menor de que no vuelva a ser llamado; no existe estructura empresarial por

        23    Entre otras, puede verse la siguiente noticia de prensa:
«https://www.eldiario.es/economia/repartidor-servicio-domicilio-accidente-
camion_0_903259694.html» (último acceso: 31 Mayo 2019). Ver también, en relación al
mismo asunto: «https://www.eldiario.es/economia/Glovo-mensajero-fallecido-registrado-
repartiendo_0_903610764.html » (último acceso: 31 Mayo 2019).
         24 STS de 16 noviembre 2017 (ES:TS:2017:4552).




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    E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



parte del trabajador, que se insertaba en la organización de la empresa
demandada; la falta de exclusividad y de prestación a tiempo completo no
desvirtúa la naturaleza laboral; por último, la sustitución esporádica por
familiares, dado el tipo de trabajo, no supone eliminar el carácter personal de
la prestación.
        Es fundamental distinguir la plataforma, como infraestructura
organizativa de base tecnológica, y la empresa o empleadora, que es su
propietaria. En muchas ocasiones, el halo de fascinación que rodea las
tecnologías digitales que se suceden a un ritmo vertiginoso, y las diferentes
aplicaciones en múltiples terrenos que permiten, tienen como consecuencia
confundir planos, sujetos e instrumentos, complicando la necesaria
consideración de nuevos elementos para valorar la laboralidad de la prestación.
        En este sentido, resultan necesarias nuevas formas de identificación de
la relación laboral en la línea defendida por González Ortega (2004), de «una
idea más global, simbolizada en la existencia real de una organización
económica de otro con la que el trabajador colabora prestacionalmente,
integrando sus servicios en una estructura productiva [que]… ofrece el
conjunto del producto al [mercado de bienes y servicios]». Conecta con la
propuesta del concepto de macroajenidad de Alarcón Caracuel, como vía para
incluir dentro de la protección jurídico-laboral aquellas prestaciones de trabajo
cuya dependencia se atenúa en los entornos digitales. Y la plataforma digital, y
los instrumentos tecnológicos que permiten a los sujetos relacionarse con ella,
son los que determinan en esencia el carácter laboral de la prestación de
servicios.
        Las condiciones de trabajo, el control y, en su caso, el ejercicio del
poder disciplinario, se producen de manera en cierta medida soterrada,
indirectamente a través del uso de algoritmos que, aparentemente, organizan
autónomamente la actividad de las personas que tienen en la plataforma un
pretendido punto de encuentro de individuos que ofrecen y demandan
servicios. Como se apuntó más arriba, es preciso resaltar dos ideas: de un lado,
debe tenerse en cuenta la existencia de una “dependencia tecnológica”
(González Ortega, 2004) en estos casos, en tanto que la plataforma controla la
actividad prestacional; de otro, la integración de los trabajadores en la
plataforma (como ámbito no físico de la organización que sustituye el




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      E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



tradicional centro de trabajo), a través de la tecnología digital, que viene
determinada por el empresario25.


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Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer M., La huida del Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales, 1992,
         1.

        25 Adaptando al actual desarrollo tecnológico digital las consideraciones realizadas

hace décadas por Veneziani (1987).



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                                                   Anexo

                                    Doctrina judicial de instancia

Sentencia                                    Plataforma / empresa               Naturaleza jurídica de la
                                             (empleador)                        prestación de servicios

Juzgado de lo Social núm. 11 de              Take Eat Easy / Take Eat           Relación laboral
Barcelona de 29 Mayo 2018                    Easy Spain, S. L.)
(ECLI:ES:JSO:2018:2390)
                                             Factoo / Fidelis Factu,
                                             Societat Cooperativa

Juzgado de lo Social núm. 6 de               Deliveroo / ROOFOODS               Relación laboral
Valencia de 1 junio 2018                     SPAIN, S. L.
(ECLI:ES:JSO:2018:1482)

Juzgado de lo Social núm. 39 de              Glovo / GLOVOAPP23, S.             TRADE
Madrid de 3 septiembre 2018                  L.
(ECLI:ES:JSO:2018:3042)

Juzgado de lo Social núm. 17 de              Glovo / GLOVOAPP23, S.             TRADE
Madrid de 11 enero 2019                      L.)
(ECLI:ES:JSO:2019:269)

Juzgado de lo Social núm. 33 de              Glovo / GLOVOAPP23, S.             Relación laboral
Madrid de 11 febrero 2019                    L.
(ECLI:ES:JSO:2019:279)

Juzgado de lo Social núm. 1 Gijón de         Glovo / GLOVOAPP23, S.             Relación laboral
20 febrero 2019                              L.
(ECLI:ES:JSO:2019:280)

Juzgado de lo Social núm. 4 de Oviedo        Glovo / GLOVOAPP23, S.             TRADE
de 25 febrero 2019                           L.

Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid        Glovo / GLOVOAPP23, S.             Relación laboral
de 3 abril 2019 (Sentencia Nº 128/19,        L.
Autos nº 944-18)

Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid        Glovo / GLOVOAPP23, S.             Relación laboral
de 4 abril 2019 (Sentencia Nº 134/19,        L.




       LLI, Vol. 5, No. 1, 2019, ISSN 2421-2695                                                            45
     E. COLÀS-NEILA, Prestación a través de plataformas digitales en la doctrina judicial española



Autos nº 946-18)

Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid     Glovo / GLOVOAPP23, S.           Relación laboral
de 4 abril 2019 (Sentencia Nº 130/19,     L.)
Autos Nº 947-18)

Juzgado de lo Social núm. 24 de           Glovo / GLOVOAPP23, S.           TRADE
Barcelona de 21 mayo 2019 (Sentencia      L.
Nº 202/2019)

Juzgado de lo Social núm. 24 de           Glovo / GLOVOAPP23, S.           TRADE
Barcelona de 29 mayo 2019                 L.




       LLI, Vol. 5, No. 1, 2019, ISSN 2421-2695                                                      46
