L'accidentato viaggio dei riders in Spagna. Analisi della legge 12/2021
10.6092/issn.2421-2695/14956
Il contributo esamina il contenuto della legge spagnola n. 12/2021. 
Partendo dal rapporto con l'Accordo sociale sull'impiego dei rider al servizio delle piattaforme digitali, l'Autore analizza tra specifiche questioni: quella qualificatoria del rapporto tra rider e piattaforma, la gestione algoritmica delle relazioni di lavoro e infine il coinvolgimento sindacale attraverso specifici diritti di rappresentanza e negoziazione collettiva senza trascurare il ruolo dello sciopero. 
application/pdf
2421-2695
14956
1
es
Antonio Baylos Grau
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
Labour & Law Issues
Collective bargaining
L'accidentato viaggio dei riders in Spagna. Analisi della legge 12/2021
Text.Serial.Journal
https://labourlaw.unibo.it/
8
Comparative & International Overview
2022-07-04
2022-05-26
2022-07-04
2022-07-04
C.1-C.38
LLI
Antonio Baylos Grau
2022/07/04
10.6092/issn.2421-2695/14956
C.1
Univerdidad de Castilla - La Mancha
2421-2695
1
Collective bargaining
es
C.38
Valverde Asencio, A.J., Implantación de sistemas de inteligencia artificial y trabajo, Bomarzo, Albacete, 2020.
El accidentado recorrido hacia la laboralidad de los riders en Espana. Analisis de la ley 12/2021
https://labourlaw.unibo.it/article/download/14956/14273
8
El accidentado recorrido hacia la laboralidad
          de los riders en España.
          Análisis de la ley 12/2021




             ANTONIO BAYLOS GRAU
         Universidad de Castilla – La Mancha




                 vol. 8, no. 1, 2022
                   ISSN: 2421-2695
 El accidentado recorrido hacia la laboralidad
           de los riders en España.
           Análisis de la ley 12/2021
                                                  ANTONIO BAYLOS GRAU
                                          Universidad de Castilla – La Mancha
                                           Catedratico de Derecho de Trabajo
                                                     Antonio.Baylos@uclm.es



                                 ABSTRACT

       The purpose of the contribution is to examine the contents of the
Spanish Law n.12/2021.
       The Author focuses on the relationship with the Social Agreement on
the use of riders at the service of digital platforms, analyzing three specific
themes: the qualification of the rider's work, the algorithmic management and
the Union’s involvement through specific representation rights, collective
negotiation without finally neglecting the role of the strike.


Keywords: riders; workers’ statute; subordination; right to information;
collective bargaining.



                              https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/14956
       El accidentado recorrido hacia la laboralidad de los riders
                              en España.
                       Análisis de la ley 12/2021

SUMARIO: 1. Digitalización y relación de trabajo: un largo debate. – 2. La calificación jurídica de los
      trabajadores de reparto de comida mediante plataformas digitales. – 3. El Acuerdo social sobre la
      laboralidad de los repartidores al servicio de plataformas digitales y su conversión en norma legal:
      la Ley 12/2021. – 3.1. La declaración de laboralidad de los riders. – 3.2. El derecho de información
      sobre los algoritmos. – 3.3. Derechos de representación, negociación colectiva y huelga de los riders.




        1.      Digitalización y relación de trabajo: un largo debate

        El convencimiento de que existe una dependencia directa entre el modo de
regulación del trabajo y la transformación de las estructuras productivas sugiere el
planteamiento de la hipótesis de que los elementos clásicos que definían la inclusión en el
ámbito de tutela del Derecho del Trabajo han cambiado sustancialmente. Es decir, que
subordinación y autonomía son nociones que se tienen que leer de forma diferente a la que
hasta el momento se efectuaba ante la evidencia de la decisiva transformación de los
modelos organizativos de la empresa y del trabajo que ha producido la irrupción de la
digitalización (Rodriguez Fernández y Pérez del Prado, 2018).
        En efecto, como es sabido, la “vocación hegemónica” del prototipo normativo
(Romagnoli, 1992) se afirmaría en la legislación laboral hasta las crisis económicas y políticas
que marcan el final de siglo pasado y dan inicio al ciclo largo del ”iuslaboralismo liberal” en
toda la Unión Europea (Mariucci, 2020:22) En medio de un gran debate sobre la definición
del modelo como estático o dinámico, entre la declinación del trabajo en singular o en plural
(Romagnoli, 1997), se desenfocaron ciertas prestaciones laborales llevadas a cabo por
“sujetos débiles” para situarlas sin embargo fuera del espacio de tutela del Derecho del
Trabajo. Es una tendencia que se detecta en varios ordenamientos europeos, pero en
España esta tendencia legislativa se manifestó fundamentalmente en la reforma del Estatuto
de los Trabajadores de 1994, con la exclusión del ámbito de aplicación de la norma de los
transportistas con vehículo propio(1), aunque su plasmación más compleja se llevaría a cabo
en el 2007 con la creación de una categoría intermedia entre el trabajador subordinado y el
trabajo autónomo que mantenía la independencia en el plano jurídico pero constataba la

         (1) Poniendo fin de esta manera a una tendencia jurisprudencial que expandía a otras categorías la
laboralidad de los “mensajeros”, lo que provocó un amplio debate sobre la “huida” del Derecho del Trabajo
(Rodriguez Piñero, 1992) y en otras categorías como los agentes comerciales o de seguros. Sobre la exclusión
de los transportistas y la STC 227/1998 de 26 de noviembre, que declara la constitucionalidad de la misma,
cfr. Suárez Corujo (1999)
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

subordinación en el plano material económico de un cliente principal(2). Se trataba de la
figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE) que regulaba el
art. 11 de la Ley del Estatuto de Trabajo Autónomo (LETA).
        La normalización de esta figura intermedia podía leerse como una forma de
adaptación del prototipo normativo laboral a nuevas profesiones o trabajos, como
manifestación de una suerte de apropiación parcial del área del trabajo autónomo mediante
el reconocimiento de ciertos derechos laborales limitados (Álvarez del Cuvillo 2008). Pero,
por el contrario, podía interpretarse como una forma de establecer una protección más
reducida de una serie de actividades caracterizadas por una subordinación material
merecedora de su inclusión plena en el área de tutela del Derecho del Trabajo y como una
“puerta abierta a la legalización del fraude” (Alarcón Caracuel, 2009). Ambos enfoques se
alternaban en los muy numerosos comentarios a esta Ley, cuya efectividad posiblemente
quedó reducida ante la irrupción de la crisis financiera a partir del 2009, con el subsiguiente
trastorno del marco regulatorio de las relaciones de trabajo en el ciclo de las políticas de
austeridad 2010-2012.
        Sin embargo, más allá de la escasa efectividad práctica de la figura en el marco del
trabajo autónomo(3), la consideración por el derecho español de una nueva categoría que
rompía la relación binaria entre trabajo subordinado / trabajo autónomo interponiéndose
entre ambas va a ser muy importante en el debate posterior sobre el encuadramiento de las
nuevas realidades laborales que nacen de la irrupción de la digitalización. La inserción de
este amplio fenómeno económico con repercusión inmediata en lo laboral se ha volcado
fundamentalmente en el sector del transporte – la uberización de la economía como palabra
de orden – en el de la entrega de mercancías y en los servicios de cuidados, dentro del
horizonte común de lo que se ha venido a definir como gig economy en tanto economía digital
que marca las transformaciones muy relevantes que han tenido lugar en la organización de
la empresa y del trabajo (Trillo Párraga, 2016).
        El debate sobre la repercusión en el conjunto del mundo del trabajo de esta nueva
revolución industrial ha sido intenso también entre los juristas, prisioneros del dilema de
sobredimensionar la envergadura de estos cambios o por el contrario minusvalorarlos sobre
la base de considerarlos una nueva variante de la transformación productiva que acentúa


         (2) Una categoría que se quiere situar fuera del “ámbito típico” de la relación laboral (Calvo Gallego,
2005) y que se quiere explicar como la consecuencia del “declive” del empleo asalariado (Valdés Alonso,
2008). No obstante, la resolución de los conflictos que pueden plantearse entre los TRADE y el empresario
cliente se encomiendan a la legislación laboral (Llorente Sanchez-Arjona, 2009).
         (3) Aunque en 2019 el Banco de España calculaba que los TRADE representaban el 12% del
colectivo de trabajadores autónomos, lo que términos absolutos, suponían 400.000 profesionales cuyos
ingresos dependían en más de un 75% de un solo cliente, el INE reducía esa cifra en la Encuesta de
Población Activa a 143.000 personas, y, respecto de los contratos en los que se reconocía formalmente esta
condición y estaban registrados como tal en el Servicio Público de Empleo, a tan sólo 10.000 personas sobre
un total de 1.500.000 trabajadores autónomos independientes sin trabajadores a su servicio.
www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/espana-tiene-mismo-numero-trades-alemania-
francia/20190618200820019862.html
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                  C .4
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

elementos ya presentes en el panorama común de la relación de trabajo. El discurso de
fondo se movía entre la definición de un cierto neotaylorismo digital que posibilita formas
más complejas de coordinación y de desterritorialización de la producción, o un vector de
transformación del trabajo que impone un cambio de paradigma en las reglas que lo
disciplinaban hasta el momento y que exige por tanto nuevas nociones de los modos de
producir, organizar y colaborar. Lo que se planteaba a la postre era la incompatibilidad del
prototipo normativo clásico sobre la noción de trabajador con el nuevo horizonte de
servicios ofrecido por la digitalización. Señaladamente, ¿el concepto de trabajador que
integra el prototipo normativo del art.1.1 ET puede asumir las nuevas figuras que nacen de
un contexto tecnológico digital? ¿Cambia la noción de trabajador ante una “nueva
autonomía” (Perulli, 2021) que proviene de las nuevas características de la economía digital?



    2. La calificación jurídica de los trabajadores de reparto de comida mediante
       plataformas digitales

        El debate sobre la (in)adaptación del modelo de trabajador al que se emplea en la
nueva organización digital de la empresa se centra en España en el tratamiento jurídico que
debían recibir las personas sobre las que reposaba el enlace entre el proveedor de servicios
– la plataforma – y el cliente en el reparto de mercancías, a los que se les conoció como
riders.
        La primera aproximación al tema se efectúa desde la invisibilización de la plataforma
como organizadora del proceso de mediación entre el proveedor de la comida y el cliente,
que asume el mero papel de intermediario y relega al trabajador que efectúa el servicio al
rol principal de un trabajador independiente o autónomo. En este primer paso, el discurso
argumentativo no habla de trabajo sino que se desplaza al área del emprendimiento en
relación con las nuevas identidades caracterizadas por una mayor libertad individual que
acuden a la prestación de su actividad en función de su exclusivo interés personal que se
hace compatible con otras muchas capacidades y preferencias vitales. Más que insistir en la
definición de esta actividad como propia del trabajo prestado con plena autonomía, con
infraestructura y medios propios y con plena libertad, el centro de gravedad se coloca en
una descripción del trabajo prestado como ocupación opuesta a la subordinación del trabajo
asalariado, una actividad que da libertad y autonomía a los sujetos que la prestan. En
definitiva, esta primera aproximación al tema se puede asimilar plenamente a las tendencias
que acogen el emprendimiento como una referencia central “con el que nombrar el empleo
e imaginar su regulación política” (Serrano Pascual y Fernández Rodriguez, 2018). La
relación se califica expresamente como mercantil, con un precio por cada entrega
efectivamente realizada, a través de una oferta de servicios en la que se establecen los días
y las franjas horarias en las que la empresa puede solicitar sus servicios que se efectúan a
través de un dispositivo móvil con conexión de datos y la bicicleta como materiales de
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .5
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

trabajo de su propiedad. El propio trabajador autónomo es responsable directo de cumplir
la obligación de solicitar su alta, y en su caso, su afiliación, con la posibilidad de beneficiarse
de las medidas de promoción del autoempleo merced a la instauración de la llamada “tarifa
plana”, una cuota mensual reducida, de 60 € a partir de 2019, al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)(4).
        Sin embargo, esta perspectiva que entendía la prestación laboral de los repartidores
incompatible con las notas caracterizadoras del trabajo asalariado presentes en la legislación
laboral, fue objeto de un amplio debate entre los juristas del trabajo con atención recíproca
al dato comparado, es decir a las primeras experiencias normativas en Francia y en Italia, y
ante todo a las decisiones de los tribunales que en otros países se iban produciendo (Serrano
García y Borelli, 2017, Gramano, 2019). En España, la posibilidad de encontrar una figura
intermedia entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo autónomo favoreció el
desplazamiento de las propuestas hacia la creación de una categoría especial del trabajo
autónomo económicamente dependiente, el llamado TRADE digital, que pronto sería el
frente común de defensa de las empresas de plataforma de reparto y de una parte de los
agentes jurídicos que asumieron su defensa(5).
        Pero más allá del intenso debate doctrinal que recuperaba análisis y reflexiones sobre
los temas clásicos en la configuración de la relación de trabajo sometida al derecho laboral,
como las nociones de dependencia o subordinación o el criterio de ajenidad en el mercado
(Cruz Villalón, 2020, Sanguineti, 2022), la discusión más determinante habría de efectuarse
en el terreno judicial. Ante los tribunales de lo social se planteaba la naturaleza de la relación
que ligaba al rider con la plataforma que lo empleaba, pero a través de dos vías convergentes.
De un lado las demandas por despido por desconexión del recadero de la plataforma, de
otro las impulsadas por la autoridad laboral en el llamado proceso de oficio en el que el
órgano judicial debe resolver si existe la relación laboral que la Inspección de Trabajo ha
declarado como base para sancionar a la empresa de plataforma por no haber dado de alta
y cotizado por los trabajadores a su servicio, considerados falsos autónomos.


         (4) El programa “Nuevos emprendedores” en principio pensado para menores de 30 años, luego
ampliado a cualquier edad, establece esta exención actualmente solo para los doce primeros meses.
También cabe la reducción de la base de cotización por pluriactividad en el RETA.
         (5) El documento de referencia lo elaboró la Asociación Española de la Economía Digital
(ADIGITAL, 2019), la asociación empresarial que pertenece a la Junta directiva de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que explica esta propuesta como una forma de
reaccionar ante “una situación de riesgo laboral para las empresas ya que la posibilidad de que dicha relación
se laboralice está siempre presente, a modo de contingencia global, bien como consecuencia de demandas
individuales ante la Jurisdicción Social, bien como consecuencia de actuaciones de la Inspección de
Trabajo.” Para estas empresas, la laboralización “no solo alteraría el modelo, sino que también excluiría a
muchos trabajadores que precisamente buscan independencia, libertad en la forma y tiempos de prestar el
servicio y una forma simple de acceder a ingresos”. Por ello, y buscando la seguridad jurídica,” las empresas
están trabajando proactivamente en encontrar soluciones que mejoren su seguridad jurídica y su relación
con los usuarios de la plataforma, de ahí el encaje en la figura del trabajador autónomo económicamente
dependiente (TRADE) y la consecución de acuerdos de interés profesional, como la contratación de pólizas
de seguro globales con coberturas adicionales para los trabajadores de plataformas”.
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                C .6
                A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

        De esta manera, tanto los particulares como la autoridad laboral coincidían en la
impugnación de la calificación jurídica que se había dado a la prestación de servicios de los
riders como trabajadores autónomos aunque dependientes económicamente, sobre la base
de la presunción de existencia de una relación laboral entre todo aquella persona que presta
un servicio “por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otra” a cambio
de una remuneración (art. 8.1 ET), sin que por tanto fuera determinante al respecto el
nombre o la calificación que las partes hubieran dado a su relación por medio del contrato
individual. Mientras que para unos el litigio se centraba en la relación jurídico-contractual
para poder deducir de ésta la existencia de un despido improcedente, para la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social la laboralidad de la relación funcionaba como el presupuesto
necesario para poder inferir la obligación de alta y cotización en el régimen general de estas
personas, con la consiguiente deuda por impago de cotizaciones sociales.
        Planteado en esos términos el debate jurídico (Pérez Rey, 2018), los primeros fallos
conocieron un resultado desigual, pero progresivamente, a partir de las decisiones del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los casos Glovo y Deliveroo (Morón Prieto,
2019), la mayoría de las decisiones judiciales se decantaron por la laboralidad de los
repartidores al servicio de las plataformas(6), a través de una doctrina que implicaba una
cierta evolución de las notas de dependencia y ajenidad y la reconstrucción del concepto
actual del trabajador asalariado mediante la revalorización de la teoría de los indicios (Pérez
Capitán, 2019). Una sucesión de sentencias a las que puso punto final la Sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020 (STS 805/2020) que
definitivamente estableció que los riders eran trabajadores por cuenta ajena y que por tanto
su consideración como trabajadores independientes debía ser considerado como un
supuesto de falsos autónomos (Todolí Signes, 2020; Monereo Pérez y Martín Muñoz,
2020). Con ello explícitamente afirmaba la capacidad del ordenamiento laboral de adaptarse
a las nuevas realidades organizativas surgidas de la digitalización de los procesos
productivos y simultáneamente desbarataba la tesis de la “nueva autonomía” que sostenía
la propuesta del TRADE digital como contraria a la realidad de una relación materialmente
subordinada a otro que dirigía y organizaba la actividad laboral del reparto(7).


         (6) Cfr. las Sentencias de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de 17 de enero y 3 de febrero de
2020, las del TSJ de Cataluña, de 21 de febrero, 7 y 12 de mayo y 16 de junio de 2020, y la del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de febrero de 2020.
         (7) “La dependencia y la ajenidad son conceptos abstractos que se manifiestan de forma distinta
según cuál sea la actividad y el modo de producción y que guardan entre sí una relación estrecha”. La
sentencia deduce la existencia de subordinación, entre otros indicios, de la imposición de las condiciones
(plazo máximo de entrega, forma de dirigirse a los usuarios, etc.) en que ha de realizarse la prestación (salvo
el horario y la ruta por la que se ha de llegar al destino fijado); del control férreo de la prestación a través del
algoritmo que asigna los servicios, de la geolocalización constante por GPS y de la valoración del servicio
por parte de los clientes y de la facultad que se arroga la plataforma de penalizar o sancionar a los repartidores
cuando incumplen las condiciones de prestación, estableciéndose determinadas causas de resolución del
contrato (retraso continuado, ofensas verbales o físicas, transgresión de la buena fe contractual, etc.)
análogas a las previstas en el art. 54.2 ET. En lo que concierne al requisito de ajenidad, el mismo queda
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                      C .7
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

        La STS 805/2020 no detuvo sin embargo la sucesión de nuevas iniciativas derivadas
de la ingeniería jurídica de las plataformas de reparto, que procedieron a modificar las
condiciones de los contratos concertados con los repartidores de manera que pudieran
alegar nuevas condiciones de trabajo diferentes de las que habían dado lugar a la decisión
del Tribunal Supremo. No se trataba solo de reinventar elementos que permitieran un
nuevo enfoque basado en la autonomía organizativa del trabajador de reparto, sino
fundamentalmente imponer el desplazamiento de la carga de la prueba de la laboralidad a
los riders, que deberían de nuevo iniciar el camino de la impugnación de sus contratos para
obtener de los órganos judiciales la condición de trabajadores asalariados.


    3. El Acuerdo social sobre la laboralidad de los repartidores al servicio de
       plataformas digitales y su conversión en norma legal: la Ley 12/2021

         A partir de la STS 805/2020 era indiscutible que el trabajo realizado para las
plataformas digitales de reparto entraba dentro del ámbito de aplicación del Derecho del
Trabajo, pero también se instalaba la necesidad de que esta decisión debía asumir la forma
general de regulación a través de una norma legal. El gobierno, a través del Ministerio de
Trabajo y Economía Social, derivó este cometido al diálogo social tripartito a partir de una
mesa de negociación con los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas.
Mientras que para la perspectiva sindical era la ocasión para extender esta misma condición
de laboralidad a la totalidad de los trabajadores de plataformas y realizar un registro de las
mismas, la CEOE pretendía centrar el problema exclusivamente en el supuesto del reparto,
mientras mantenía como línea de acción el reconocimiento en el texto legal de un derecho
de opción entre la condición laboral o la de trabajador autónomo como la que cada
trabajador individual entendiera más favorable a sus intereses.
         La negociación, larga y laboriosa, culminó con acuerdo el 11 de marzo del 2021, y
con ella se puso fin a la reivindicación por parte de las empresas de plataformas digitales de
una regulación propia y diferenciada como autónomo dependiente digital del personal que
les presta el servicio de reparto (Rojo Torrecilla, 2021), aunque a cambio, la laboralización
de estos trabajadores de plataformas se limitaba a este servicio, sin alcanzar a otros sectores
en donde la digitalización había impactado fuertemente. Sin embargo, el acuerdo incluía el
reconocimiento de un derecho de información colectivo sobre el algoritmo como un
elemento central en la organización del trabajo, la determinación salarial y el registro del
tiempo de trabajo que se configuraba como un elemento común a todas las empresas que
los utilizaran. El acuerdo logrado tuvo importantes resistencias en el seno del empresariado
y fundamentalmente en el lobby de las multinacionales que gestionaban las plataformas
digitales del reparto, que presionaron fuertemente para la “reconsideración” de algunas

acreditado en cuanto los repartidores no perciben sus honorarios de los clientes sino de la plataforma, que
fija el precio de los servicios prestados, la forma de pago y la remuneración. (Ferrando García, 2021).
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .8
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

partes del acuerdo para obtener el derecho de opción individual de los riders por el régimen
jurídico que les resultara más conveniente, logrando tan sólo que se retrasara tres meses su
trasposición normativa.
        Ésta se produjo mediante el Real Decreto Ley 9/2021, de 11 de mayo, que a su vez
preveía un período de tres meses entre su publicación y la fecha de sus efectos, que de esta
manera se proyectaban al mes de agosto del 2021. La norma tuvo una fuerte contestación
con apoyo mediático sobre la base de su “rigidez” que debería tener efectos muy negativos
sobre el empleo, a la que se unió alguna movilización de trabajadores que reclamaban el
derecho a no ser considerados tales. De las dos empresas más afectadas por la acción de la
Inspección de Trabajo, una, Glovo, abandonó la CEOE en protesta por el acuerdo y la otra
Deliveroo, anunció que abandonaba España. Junto a ello, en el plano político, la norma
contó con el voto en contra de PP, Ciudadanos y de Vox, cuyo grupo parlamentario
impugnó la norma por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. El Decreto Ley fue
convalidado por el congreso en junio, iniciándose los trámites para su tramitación por el
procedimiento de urgencia como proyecto de ley y, en un tiempo corto, se promulgó la Ley
12/2021, de 28 de septiembre que recogía sin cambios el resultado del acuerdo social
incorporado a la norma de urgencia.


             3.1.         La declaración de laboralidad de los riders

        La norma incide sobre el ET de manera peculiar: No modifica el art. 1.1 ET en su
definición del trabajo sometido a la tutela del Derecho del Trabajo, sino que añade una
Disposición Adicional vigésimo tercera a dicho texto legal en la que procede a una inclusión
constitutiva en la relación laboral de un sector concreto, el de los “servicios retribuidos
consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía
por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización,
dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica
del servicio o las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”. Se trata de un
“refuerzo de la laboralidad” frente a la interpretación por la jurisprudencia de los indicios
de ajenidad y dependencia, una referencia prácticamente constitutiva del vínculo jurídico
laboral que liga a la persona trabajadora con la empresa de plataforma digital (Trillo Párraga,
2021).
        En la propia Exposición de Motivos se conecta esta fórmula legal con la necesidad
de adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual de la digitalización,
de forma que, con cita expresa de la STS 805/2020, se recuerda que
                «Desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual hemos
        asistido a una evolución del requisito de dependencia-subordinación. La sentencia
        del TS de 11 de mayo de 1979 ya matizó dicha exigencia, explicando que “la
        dependencia no implica una subordinación absoluta, sino solo la inserción en el

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .9
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

        círculo rector, organizativo y disciplinario de la empresa”. En la sociedad
        postindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado. Las innovaciones
        tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control digitalizados de
        la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva obliga a
        adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que
        deben aplicarse las normas (artículo 3.1 del Código Civil) (FJ 7.º).»
        Lo relevante por tanto es que
                 “las facultades empresariales de dirección, organización o control de la
        actividad y, en tal sentido, las notas de dependencia y ajenidad, pueden traducirse a
        la realidad de formas diferentes a las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos
        de la operación y es beneficiaria de sus frutos, realizando una labor de coordinación,
        organización o control de la prestación u ostentando la potestad sancionadora, y ello
        aunque sus prerrogativas se manifiesten de forma indirecta o implícita, a través de la
        gestión algorítmica, de las condiciones de trabajo o del servicio prestado”.
        Todo ello conduce por consiguiente a dos consecuencias importantes. Ante todo a
la consideración de las personas trabajadoras que realizan este servicio como sujetos
incluidos dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, pero asimismo,
de manera paralela, a la conceptuación de las plataformas digitales como empresas que
ejercen sus facultades de dirección y control del proceso no sólo a través de la dirección de
la prestación laboral sino de la organización del mismo, aunque éste pueda ser efectuado de
manera directa, indirecta o implícita, como subraya la norma. Porque “la forma indirecta o
implícita de ejercicio de las facultades empresariales” incluye en la misma supuestos de “una
cierta flexibilidad o libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo”,
pero esta autonomía es simulada, porque realmente el poder de dirección repercute
directamente “en el mantenimiento de su empleo, en su volumen o en el resto de sus
condiciones de trabajo”. Es en esa “configuración asimétrica” de la relación contractual
como elemento definitorio de la realidad material del intercambio desigual de prestaciones
en la que se basa la acción normativa que quiere, de esta manera garantizar “el efecto útil y
protector que corresponde al derecho laboral”. Se debe resaltar que en este esquema de
razonamiento, la referencia a una tercera categoría intermedia ha desaparecido, porque toda
la explicación reposa sobre la adaptabilidad de las categorías centrales de dependencia y
ajenidad a la gestión algorítmica de las condiciones de trabajo y de empleo del personal del
mismo.
        La presunción de existencia de relación laboral implica el desplazamiento de la carga
de la prueba sobre la no laboralidad de la misma a los empresarios, de manera que son éstos
quienes deben refutar la condición de trabajadores que se presume legalmente para quienes
prestan sus servicios en las plataformas de reparto y entrega de cualquier producto de
consumo o mercancía. El desbordamiento que las plataformas digitales llevan a cabo de la
noción tradicional de empresa al intentar desvanecer su función como empleadoras, que se
acompañaba del recurso generalizado a un empleo informal y precario, en un intento de

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .10
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

borrado de la condición de trabajador del personal que utilizan, se diluye con esta
normativa, aunque eso no impedirá que prosigan nuevos tanteos para eludirla sobre la base
de renovadas operaciones de ingeniería legal impulsadas por los asesores de estas empresas.
        En efecto, resultará difícil que a través de fórmulas contractuales directas las
plataformas eludan la dicción legal sobre sus facultades de heterodirección, control y
organización, definidas de manera indirecta o implícita, sobre las personas que trabajan para
ellas, pero si puede ser factible la interposición de fórmulas societarias como las
cooperativas de trabajo asociado que puedan constituirse en este sector (Baylos Grau, 2021)
o mediante mecanismos de subcontratación en las empresas de plataformas digitales en las
que la doctrina ha advertido la existencia de las notas caracterizadoras de la cesión ilegal
(Esteve Segarra y Todoli Signes, 2021). Todo un reto que presagia que la litigiosidad
derivada de la regulación laboral en este sector va a continuar tanto en el plano colectivo
como en el judicial, desvelando así la naturaleza estratégica del mismo para la reorganización
del tejido cultural e ideológico que vertebra el discurso sobre la digitalización y su supuesta
incompatibilidad con un proceso intenso de formalización del trabajo.


             3.2.         El derecho de información sobre los algoritmos

         El Acuerdo tripartito y la norma legal posterior incluía una referencia muy valiosa
ante la automatización de la gestión del trabajo y la llamada valoración del desempeño
mediante el control del algoritmo por parte del empleador. La opacidad de este modo de
control de la prestación del trabajador se une a su presentación autoritaria como elemento
inmodificable y objetivo de medición del rendimiento laboral. La Ley 12/2021 introduce
este tema en el esquema tradicional de la representación colectiva en la empresa que como
se sabe en el ordenamiento español supone la institucionalización de un modelo dual que
contiene tanto una representación electiva unitaria – el Comité de Empresa o los Delegados
de Personal – como la representación sindical en la empresa a través de las secciones
sindicales representativas en la misma.
         La exposición de motivos de la norma explica la incorporación de este punto sobre
la base de una “reflexión compartida” en la mesa del diálogo social sobre la necesidad de
atender a “la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral y la necesidad de que
la legislación laboral tuviera en cuenta esta repercusión tanto en los derechos colectivos
e individuales de las personas trabajadoras como en la competencia entre las
empresas”. Así expresada, la reflexión colectiva de los interlocutores sociales no iría más
allá de la genérica referencia que el art. 20 bis ET, introducido por la Disposición Final 13ª
de la nueva Ley de Protección de Datos Personales –Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre – que establece el derecho de los trabajadores a la intimidad en el uso de los
dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y
a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, derechos

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .11
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

que se inscriben realmente en la protección de datos digitales del trabajador configurado
como un derecho individual (Goñi Sein, 2021) que puede sintetizarse en un derecho a la
“autodeterminación informativa” del trabajador (Fernández Ramírez, 2021) y que el art. 91
de la citada Ley Orgánica 3/2018 extiende de manera ya más genérica a las “garantías
adicionales” de los derechos relacionados con el tratamiento de los datos personales de los
trabajadores y “la salvaguarda” de sus derechos digitales en el ámbito laboral, en una
fórmula más amplia (Baylos Grau, 2019).
        La relevancia del algoritmo en materia laboral se había puesto de manifiesto en
algunos estudios doctrinales en lo referente a su utilización en los procesos de selección de
personal, advirtiendo del sesgo de los mismos y la posibilidad de un trato discriminatorio,
señando en todo caso la necesidad de garantizar un principio de transparencia algorítmica
de especial interés en este ámbito (Todolí Signes, 2018, Rivas Vallejo, 2020; Alvarez Cuesta,
2020; Valverde Asencio, 2020; Aragüez Valenzuela 2021). La Ley 12/2021 retoma este
asunto enfocándolo también hacia el control de los métodos de inteligencia artificial y de
gestión algorítmica de las condiciones de trabajo, y lo hace reconociendo un derecho de
información a los representantes de los trabajadores en la empresa sobre “los parámetros,
reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial
que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el
acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles” (art. 64.4 d) ET).
No se trata de una norma que sólo se aplique a las empresas y trabajadores del servicio de
reparto o distribución de mercancías por plataformas digitales, sino que se prescribe con
carácter general, reconociendo la importancia que progresivamente asume la digitalización
en los modelos de organización y control del trabajo y en la determinación de las
condiciones de trabajo y de empleo de un número creciente de empresas, y desplaza
el eje de su intervención al campo de los intereses colectivos y de la representación, electiva
o sindical, de las personas que trabajan en las empresas y centros de trabajo.
        Esta innovación normativa ha sido valorada positivamente tanto por su originalidad
como por su oportunidad (Gómez Gordillo, 2021), puesto que muestra una rápida
capacidad de respuesta del ordenamiento a una transformación productiva y organizativa
muy extensa. El derecho de información que se reconoce a los órganos de representación
electivos y unitarios y, por extensión también a las secciones sindicales representativas y a
los delegados sindicales en las grandes empresas supone un deber correlativo de
transparencia algorítmica que se debe poder manifestar en un control colectivo tanto previo
como posterior a su adopción por la empresa para la selección de personal, evaluación del
desempeño o determinación de las condiciones de trabajo y su repercusión en la
remuneración o en la distribución del tiempo de trabajo. Hay que tener en cuenta que lo
que se viene a conocer como Algorithmic Management, refuerza el poder de dirección y
de control a través de instrumentos tecnológicos sofisticados de supervisión digital que
no sólo facilitan el control disciplinario y la evaluación del desempeño o capacidad
profesional de las personas trabajadoras, sino que actúan mediante una inmensa recolección

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .12
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

de datos personales de las personas que trabajan en la empresa encauzando la
conducta digital de éstas, con repercusiones evidentes sobre la salud laboral y los
riesgos psíquicos, o decisiones relevantes en orden a la contratación y evaluación en
el acceso al empleo(8).
        El derecho de los representantes de los trabajadores en la empresa a ser informados
ocupa el nivel inferior de los derechos de participación, sin que por consiguiente se haya
intentado establecer un deber de iniciar un proceso de consultas sobre este particular, como
sucede en supuestos más importantes como la modificación de condiciones de trabajo,
traslados de empresa, sucesión de empresas o despidos colectivos, entre los más
significativos(9). Sin embargo, la información en el contexto de los derechos de
representación – y de la libertad de acción sindical – se conecta funcionalmente con la
capacidad de negociar colectivamente condiciones de trabajo y de empleo y el marco
institucional de la organización del trabajo. Aunque la información se restringe en el art. 64
ET a la transmisión de datos por el empresario a los representantes colectivos a fin de
que éstos tenga conocimiento de una cuestión determinada, en este caso la existencia
de determinados parámetros y reglas que regulan los algoritmos en materia de selección o
de gestión de personal, sin que por consiguiente esta facultad implique el derecho a la
apertura de un diálogo con el mismo, lo cierto es que el art. 64. 6 ET señala que la
información debe facilitarse «en un momento, en una manera y con un contenido
apropiado” que permitan a los representantes de los trabajadores “proceder a su examen
adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe». No se prevé en la norma fecha
precisa para evacuar esta información, que debe efectuarse en relación con la finalidad
concreta que pretende satisfacer, el conocimiento del funcionamiento del algoritmo, pero
debe atenderse la recomendación doctrinal de que no baste con un control “ex post”, sino
que debe establecerse éste desde el principio (Todolí Signes, 2018 :88). No hay realmente
compartimentos estancos en la graduación de derechos de representación, todos ellos
convergen al final en un proceso de negociación, que es en definitiva el fin último al que
apunta el precepto reformado por la Ley 12/2021.
        Información por tanto requiere transparencia algorítmica, lo que en primer lugar
supone el cuestionamiento de la neutralidad de estos parámetros que pueden ser
discriminatorios o impeditivos del ejercicio de derechos fundamentales como ya se ha
puesto de manifiesto no sólo doctrinal sino también judicialmente en alguna experiencia
comparada (Fernández Sánchez, 2021), pero este no es el propósito exclusivo de combatir


         (8) La relación entre tecnología y poder en el trabajo es un tema clásico. Bajo el algoritmo, se oculta
una relación desigual de poder y la “decisión algorítmica” es una “nueva vía de expresión” del poder en la
empresa (Fischman y Gomes, 2020) o “modalidad oculta” del ejercicio del poder del empleador, en el marco
de un férreo respeto a un estándar preconfigurado que no consiente consideraciones o excepciones
personales, prevé situaciones, no circunstancias individuales (Lassandari, 2017).
         (9) Sobre el encaje de este nuevo derecho de información en el cuadro de derechos que recoge el
Título II del Estatuto de los trabajadores, poco respetuoso con la Directiva-Marco europea sobre derechos
e información y consulta del 2002, Gómez Gordillo 2021 : 164-172. También Trillo Párraga, 2021 : 30-33.
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                  C .13
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

la opacidad del algoritmo, que por definición tiende a reducir y simplificar la complejidad
de la realidad. Es importante visibilizar los procesos de construcción del algoritmo en la
determinación que imponen sobre las condiciones concretas de prestación del trabajo, el
impacto sobre las condiciones de empleo, la recogida de datos y su tratamiento
estandarizado (Bossu, 2020). Por eso el derecho de información sobre el algoritmo va
directamente encaminado a su utilización sindical en el marco de la negociación colectiva.
O dicho de otra manera, es evidente la idoneidad de la negociación colectiva para imponer
y regular los criterios, reglas e instrucciones de inteligencia artificial que afecten a los
procesos de toma de decisiones sobre la organización del trabajo y sus efectos sobre las
condiciones de desarrollo de la prestación laboral.
        El reconocimiento de este derecho, cuya omisión por parte del empresario es
una infracción grave a tenor del art. 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (LISOS), y puede ser objeto de un conflicto colectivo, requiere su utilización efectiva
en la. práctica sindical negocial. En principio, parecería particularmente encaminado hacia
la negociación colectiva de empresa, lo que plantea el problema de la doble legitimación,
unitaria y sindical, para la elaboración del convenio colectivo, si bien abre también, en este
mismo espacio, la posibilidad de acuerdos informales de empresa. Pero además los
convenios sectoriales pueden establecer reglas de carácter general, la adopción de un
principio de transparencia y la eliminación de elementos previsiblemente discriminatorios
u obstaculizadores del ejercicio de derechos fundamentales, sin perjuicio de posteriores
concreciones en el nivel de empresa.


     3.3.        Derechos de representación, negociación colectiva y huelga de los
    riders

        Aunque el reconocimiento del derecho de información y su correlativo principio de
transparencia informativa que permita el “contenido apropiado” que facilite y oriente
la intervención colectiva de la representación de los trabajadores al respecto tenga un
alcance general en el “entramado algorítmico de las empresas” (Fischman y Gomes, 2020),
el reconocimiento de la laboralidad de las personas que trabajan para las plataformas
digitales en el sector del reparto no sólo lleva consigo el acceso a los derechos individuales
plasmados en el Estatuto de los Trabajadores, sino que posibilita que en este mismo sector
de desplieguen los derechos colectivos de representación en la empresa, negociación
colectiva y huelga como elementos centrales de la condición laboral.
        El problema en este sector es doble porque no sólo las formas organizativas
colectivas en el mismo se diferencian de las que tradicionalmente se estructuran en otras
actividades, en especial a partir del encuadramiento en los sindicatos “clásicos”, sino porque
las referencias básicas de la representación institucional prevista en la ley, que se sitúa en el
centro de trabajo, no tiene un respaldo material en los términos en los que el art. 1.5 ET se

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .14
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

refiere al mismo, como “unidad productiva con organización específica”, dada de alta ante
la autoridad laboral, y son muchas las dificultades para organizar el proceso electoral en los
términos que señala el Título II ET. La doctrina laboralista ha propuesto diferentes formas
de adaptar la normativa electoral y representativa al sector del reparto de las plataformas
digitales que requerirían reformas legislativas que las acomodaran(10), pero el modelo dual
de representación en la empresa que caracteriza a nuestro sistema hace que la vía de la
representación sindical resulte más adecuada, por su configuración esencialmente
autónoma, para enfocar el hecho representativo de las personas que trabajan en esta
actividad. Mientras que son más conocidas las aportaciones doctrinales sobre este
problema, lo son menos las transformaciones de la estructura interna de los sindicatos y las
formas de colaboración con las experiencias organizativas propias del sector como la
plataforma reivindicativa riders x derechos, que se han plasmado en una serie de actividades
de enorme interés, incluido la creación de aplicaciones específicas para los repartidores a
efectos de información sindical. En general se puede decir que se da una situación de
convivencia entre las formas específicas y autónomas de representación y organización de
las personas trabajadoras del reparto al servicio de plataformas digitales y las organizaciones
sindicales “clásicas”, con intercambios provechosos entre ambas materializado en acciones
conjuntas.
        Siendo la representación colectiva y sindical el tema más importante a la hora de
precisar los derechos de carácter colectivo, lo cierto es que en gran medida las reflexiones
que sobre la vertiente de la regulación jurídica de la representación se llevan a cabo están
también dirigidas a facilitar la negociación colectiva en este sector, un hecho que se asocia
a la consolidación de la condición formal de trabajadores de quienes desempeñan su
actividad en el mismo. Al margen de las posibilidades que se ofrecen, se trata de un terreno
en todo inexplorado, tanto en cuanto al ámbito funcional de aplicación, como en lo relativo
a los propios contenidos del convenio.
        Se plantean, como opciones probables tres, la de un convenio de sector para todas
las empresas de plataformas digitales del sector del reparto, la de crear ámbitos funcionales
específicos en los convenios del sector (de la logística, o la hostelería), o finalmente, la de
establecer convenios de empresa. La situación actual es embrionaria, y aunque se pueden
encontrar ejemplos de estas opciones en otras experiencias comparadas europeas, por el
momento en España se ha optado por adelantar la vía del acuerdo de empresa. En efecto,
el 17 de diciembre de 2021 se ha presentado en público el convenio colectivo entre los
sindicatos CCOO y UGT y la empresa Just Eat con la intención de que se convierta en el


          (10) Recurriendo a fórmulas similares a las previstas en la reforma del ET de 2006 para los
trabajadores de las contratas o subcontratas que no tuvieran representación propia, mediante la creación por
convenio colectivo de fórmulas de representación ad hoc para los trabajadores que confluyan en un mismo
centro de trabajo, o creando y registrando un centro virtual de trabajo para quienes compartan los elementos
organizativos que caracterizan al sector (Trillo Párraga, 2021 : 36-37). En la doctrina laboralistas, estas
doctrinas van en paralelo a una corriente de revisión crítica de los mecanismos de representación electiva
en el título II ET. Un enfoque previo a la ley 12/2021 en esta dirección en Garrido Pérez, 2017.
LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .15
               A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

texto de referencia para todo el sector. El contenido del convenio colectivo se centra
fundamentalmente en tres puntos: salario, tiempo de trabajo y salud laboral, una
aproximación básica a la regulación de los elementos centrales del proyecto contractual de
los repartidores de esta empresa. La comparación con otras experiencias europeas sobre las
materias que van incorporándose a los primeros convenios colectivos en estos sectores
puede resultar también muy útil al respecto para concebir nuevos desarrollos de los
contenidos de la negociación (Rodríguez Fernández, 2021:529-532).
        En cuanto al derecho de huelga, el sistema español tiene la ventaja de ser
extremadamente flexible en cuanto a las formas de organización de la vertiente colectiva
del mismo sobre la que reposan las facultades de convocatoria, precisando
fundamentalmente la duración y la modalidad de la medida adoptada, de manera que, junto
a los sindicatos, la asamblea de trabajadores o formas parasindicales de organización del
interés colectivo están legitimadas para poner en marcha esta acción de protesta y
reivindicación, que asume la forma específica para los riders de la desconexión de la
plataforma como manifestación concreta de la “cesación de prestación de servicios” a la
que se refiere, como forma típica de hacer huelga, el art. 7 del Decreto Ley de Relaciones
de Trabajo (DLRT). Esta posibilidad tiene que ser incorporada al algoritmo que asigna los
encargos y organiza el trabajo para que éste diferencie este tipo de desconexión o
cancelación de reserva de turno en función de la causa por la que se ha efectuado ésta, sin
excluirla del ciclo productivo al elaborar los rankings reputacionales de los riders, que
condicionan de hecho las futuras oportunidades de trabajo y las prioridades de reservas
para las entregas. El algoritmo no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga
reduciendo futuras ocasiones de acceso al trabajo, porque ello implica una retorsión por el
ejercicio del derecho de huelga prohibida por el art. 6.1 DLRT y que se conecta con la
preocupación ya expresada sobre la capacidad discriminatoria y vulneradora de los derechos
fundamentales del algoritmo “ciego” o “inconsciente” frente a las situaciones generadoras
de derechos (Fernández Sánchez, 2021). Ya ha habido experiencias muy instructivas de
conflictividad organizada en este sector, como la exitosa huelga de repartidores de
supermercados y cocinas propias de Glovo en Barcelona, o previamente en pleno estado
de alarma los riders de Glovo y Uber Eats por la rebaja salarial. Estas situaciones de conflicto
se ven frecuentemente acompañadas a su vez de comportamientos antisindicales de
respuesta consistentes en la desconexión unilateral por parte de la plataforma ante la
constatación de que se estaban celebrando reuniones entre los riders en lugares o espacios
no programados y en número no previsto. La normalización de derechos fundamentales
para este colectivo permitirá combatir estas actuaciones ilícitas de las empresas propietarias
de las plataformas digitales.
        La larga marcha de los riders desde su total desprotección social y laboral hacia un
estatus de formalidad en el reconocimiento de derechos, está alcanzando sus objetivos.
Queda ciertamente un largo trecho en la determinación de condiciones de trabajo y empleo
dignas y suficientes, pero sin duda los avances en esta materia han sido muy importantes.

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                               C .16
                  A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

Referencias bibliográficas

ADIGITAL,            Propuesta      normativa     en      materia       de      trabajo      en      plataformas      digitales,
        https://www.adigital.org/media/propuesta-regulatoria-plataformas-digitales.pdf
Alarcón Caracuel, M., Aspectos críticos del Estatuto del Trabajador Autónomo, en Agustí Juliá, J. y Pumar Beltrán,
        N. (Coords), El trabajo por cuenta ajena y sus fronteras, Bomarzo, Albacete, 2009, 109-129.
Álvarez Cuesta H., El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo: desafíos y propuestas, Aranzadi / Thomson
        Reuters, Cizur Menor, 2020.
Álvarez del Cuvillo A., El régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente, en Cruz Villalón,
        J. y Valdés Dal-Re, F. (Dirs), El Estatuto del Trabajo Autónomo, La Ley / Wolters Kluwer, Las Rozas,
        2008, 237- 290.
Aragüez Valenzuela L., Los algoritmos digitales en el trabajo. Brechas y sesgos, en Revista Internacional y Comparada de
        Relaciones laborales y Derecho del empleo, 2021, 9 (4), 119-146.
Baylos Grau A., Il ruolo della contrattazione collettiva nella legge sulla protezione dei dati personali e la garanzia
        dei diritti digitali in Spagna, en Labour & Law Issues, 2019, vol. 5, C.1 ss.
Baylos Grau, A., Una breve nota sulla legge spagnola in tema di lavoro dei riders en Labour & Law Issues, 2021, vol.
        7, 1, C.I ss.
Bossu B, Gestion par algorithme du personnel et exigence de loyauté et de transparence, en Adam, P., Le Friant, M. y
        Tarasewicz, Y. (Dirs), Intelligence artificielle, gestión algorithmique du personnel et Droit du Travail, Dalloz,
        Paris, 2020, 115-119.
Calvo Gallego F.J., Los trabajadores autónomos dependientes: una primera aproximación, en Temas Laborales, 2005,
        81, 41-78.
Cruz Villalón, J., El debate en torno a la adaptación o superación de la subordinación como elemento referencial del Derecho
        del Trabajo ante las nuevas formas de trabajo. Un debate global desde la perspectiva española, en Labour & Law
        Issues, 2020, 6, 2, C.1 ss.
Esteve Segarra A. - Todolí Signes A., Cesión ilegal de trabajadores y subcontratación en las empresas de plataforma
        digital, en Revista de Derecho Social, 2021, 95, 37-64.
Fernández Ramírez M, El derecho del trabajador a la autodeterminación informativa en el marco de la actual empresa
        ‘neopanóptica’, Aranzadi / Thomson Reuters, Cizur Menor, 2021.
Fernández Sánchez S., Análisis de actualidad. Frank, el algoritmo consciente de Deliveroo. Comentario a la Sentencia del
        Tribunal de Bolonia 2949/2020, de 31 de diciembre, en CEF. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2021,
        457 ss.
Ferrando García F., “Algunas reflexiones sobre la regulación del trabajo a través de plataformas digitales”,
        Net21, en https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/03/ALGUNAS-REFLEXIONES-
        SOBRE-LA-REGULACION-DEL-TRABAJO-A-TRAVES-DE-PLATAFORMAS-
        DIGITALES.pdf
Fischman S. - Gomes B., Intelligences artificielles et droit du travail: contribution à l’étude des plateformes numériques, en
        en Adam, P., Le Friant, M. y Tarasewicz, Y. (Dirs), Intelligence artificielle, gestión algorithmique du personnel
        et Droit du Travail, Dalloz, Paris, 2020, 37- 54.
Garrido Pérez E, La representación de trabajadores al servicio de plataformas colaborativas, en Revista de Derecho Social,
        2017, 80, 209-232.
Gómez Gordillo R., Algoritmos y derecho de información de las personas trabajadoras, en Temas Laborales, 2021, 157:
        161-182.
Goñi Sein, J.L., El impacto de las nuevas tecnologías disruptivas sobre los derechos de privacidad (intimidad y “extimidad”)
        del trabajador, en Revista de Derecho Social, 2021, 93, 25-66
Gramano E., Contribución al debate sobre trabajo y gig-economy a la luz del ordenamiento jurídico italiano, en Revista de
        Derecho Social, 2019, 85, 213-232.

LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                                 C .17
                  A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

Jeammaud A., El derecho del trabajo francés entre reforma y cambio, en Revista de Derecho Social, 2021, 95, 199-250.
Lassandari A., Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali, en Riv. Giur.
         Lav., 2017, 2, 59-70
Llorente Sánchez-Arjona M., La tutela judicial de los TRADE. Un estudio dela atribución de la competencia a la
         jurisdicción social, en Temas Laborales, 2009, 102, 157-186.
Mariucci L., Iuslaboralismo y sindicatos en la era del ocaso del neoliberalismo, en Revista de Derecho Social, 2020, 92, 21-
         40.
Monereo Pérez J.L. - Martín Muñoz R.M., La laboralidad de quienes prestan servicios a través de plataformas digitales,
         en Revista de Jurisprudencia Laboral, 2020, 9.
Morón Prieto R., El necesario fortalecimiento del concepto de trabajador por cuenta ajena: algunas reflexiones con ocasión
         del "caso Glovo", en Revista de Derecho Social, 2019, 88, 153-165.
Pérez Capitán L., La controvertida delimitación del trabajo autónomo y asalariado. El TRADE y el trabajo en las
         plataformas digitales, Aranzadi /Thomson Reuters, Cizur Menor., 2019.
Pérez Rey J., ¿Son los «riders» trabajadores? Comentario a los primeros escarceos judiciales en torno a las identidades débiles
         de la economía «uberizada», en Actum social, 2018, 141, 20-27.
Perulli A., Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del Diritto del Lavoro, Giapichelli,, Torino, 2021.
Rivas Vallejo P., La aplicación de la Inteligencia Artificial al trabajo y su impacto discriminatorio, Aranzadi / Thomson
         Reuters, Cizur Menor, 2020.
Rodríguez Fernández M.L.; Pérez del Prado D., El impacto de la economía 4.0 sobre las condiciones de trabajo y
         empleo. Estudio de caso en dos empresas de base tecnológica en Cuadernos de Relaciones Laborales, 2018, 36, 2),
         355-372.
Rodríguez Fernández M.L., La negociación colectiva en las plataformas digitales, en Cruz, J., González-Posada, E.,
         Molero, M.L. (Dirs), Lahera, J. y Murcia, A. (Coords), La negociación colectiva como institución central del
         sistema de relaciones laborales. Estudios en homenaje al profesor Fernando Valdés Dal-Re, Bomarzo, Albacete,
         2021, 521-537.
Rodriguez-Piñero M., La huida del Derecho del Trabajo, en Relaciones Laborales, 1992, 1, 85-94.
Rojo Torrecilla E., La laboralidad de los repartidores. Un buen acuerdo en el diálogo social, Net21,
         https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/03/La-laboralidad-de-los-repartidores-
         EDUARDO-ROJO.pdf
Romagnoli U., La desregulación y las fuentes del Derecho del Trabajo, en Cuadernos de Relaciones Laborales, 1992, 1,
         15-32.
Romagnoli U., Del trabajo declinado en singular a los trabajos en plural, en Relaciones Laborales, 1997, 1, 153-162.
Sanguineti W., El test de laboralidad y la dialéctica de los indicios de subordinación y autonomía en Revista de Derecho
         Social, 2022, 97, 15-39.
Serrano García J. - Borelli S., El necesario reconocimiento de los derechos sindicales a los trabajadores de la economía
         digital, en Revista de Derecho Social, 2017, 80, 233 – 266.
Serrano Pascual A. - Fernández Rodríguez C.J., De la metáfora del mercado a la sinécdoque del emprendedor: la
         reconfiguración política del modelo referencial de trabajador en Cuadernos de Relaciones Laborales, 2018, 36, 2,
         207-224.
Suárez Corujo B., La controvertida figura de los transportistas con vehículo propio y su exclusión del ordenamiento laboral,
         en Revista Española de Derecho del Trabajo, 1999, 94, 251-280.
Todolí Signes A., La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales: big data, creación de perfiles,
         decisiones empresariales automatizadas y derechos colectivos, en Revista de Derecho Social, 2018, 84, 69-88.
Todolí Signes A., Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo español que considera a los Riders empleados laborales,
         en Labour & Law Issues , 2020, vol. 6, 2.
Trillo Párraga F.J., Economía digitalizada y relaciones de trabajo, en Revista de Derecho Social, 2016, 76, 59-82.
Trillo Párraga F.J., La ‘Ley Rider’ o El arte de volver, en Revista de Derecho Social, 2021, 94, 19-38.


LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                                  C .18
                A. BAYLOS GRAU, El accidentato recorrido hacia la laboralidad de los riders en España

Valdés Alonso A., El concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente, en Cruz Villalón, J. y Valdés Dal-
        Re, F. (Dirs), El Estatuto del Trabajo Autónomo, La Ley / Wolters Kluwer, Las Rozas, 2008, 197 –
        235.
Valverde Asencio, A.J., Implantación de sistemas de inteligencia artificial y trabajo, Bomarzo, Albacete, 2020.




LLI, Vol. 8, No. 1, 2022, ISSN 2421-2695                                                                     C .19
