Una breve nota sulla legge spagnola in tema di lavoro dei riders
10.6092/issn.2421-2695/13116
Dopo aver ricostruito le vicissitudini che hanno preceduto l’emanazione della norma che modifica lo Statuto dei lavoratori, nel commento l’Autore analizza le innovazioni allo statuto prodotte dalla legge del 2021; nello specifico, l’A. evidenzia che due sono le innovazioni fondamentali: l'ampliamento dei diritti di informazione delle rappresentanze unitarie e la presunzione di occupazione delle persone che lavorano in questo settore. Tali modifiche non sono esenti da possibili conflitti, ad esempio per quel che riguarda le norme sull'orario di lavoro, sulla retribuzione e sul sistema di prevenzione dei rischi sul lavoro, oppure l’attuazione dei diritti di rappresentanza collettiva, ma rendono comunque pioneristica la norma nella misura in cui una portata generale, valida per qualsiasi azienda che utilizza questi strumenti di intelligenza artificiale per determinare l'organizzazione del lavoro e fissare le condizioni di lavoro o di impiego.
application/pdf
2421-2695
13116
1
es
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
Labour & Law Issues
right to information
Una breve nota sulla legge spagnola in tema di lavoro dei riders
Text.Serial.Journal
https://labourlaw.unibo.it/
7
Comparative & International Overview
2021-06-29
2021-06-21
2021-06-29
2021-06-29
C.1- C.27
LLI
Antonio Baylos Grau
2021/06/29
10.6092/issn.2421-2695/13116
C.1
Universidad de Castilla - La Mancha 
2421-2695
1
right to information
es
C.27
Todolí Signes A., Nueva ley rider y un pequeño comentario a la norma, https://adriantodoli.com/2021/05/12/nueva-ley-rider-texto-y-un-pequeno-comentario-a-la-norma/
Una breve nota sobre la ley española  de la laboralidad de los riders
https://labourlaw.unibo.it/article/download/13116/12697
7
Una breve nota sobre la ley española
  de la laboralidad de los riders




        ANTONIO BAYLOS GRAU
     Universidad de Castilla La Mancha




            vol. 7, no. 1, 2021
              ISSN: 2421-2695
         Una breve nota sobre la ley española
           de la laboralidad de los riders


                                                    ANTONIO BAYLOS GRAU
                                             Universidad de Castilla-La Mancha
                                             Catedratico de Derecho de Trabajo
                                                       Antonio.Baylos@uclm.es


                                  ABSTRACT

        After reconstructing the vicissitudes that preceded the adoption of the
regulation amending the Workers' Statute, in the comment, the author analyses
the innovations to the statute produced by the 2021 law; specifically, the author
points out that there are two fundamental innovations: the extension of the
information rights of unitary representatives and the presumption of
employment of persons working in this sector. These changes are not free from
possible conflicts, for example with regard to the rules on working time,
remuneration and the system of occupational risk prevention, or the
implementation of collective representation rights, but they nevertheless make
the rule pioneering insofar as it has a general scope, valid for any company that
uses these artificial intelligence tools to determine the organisation of work and
set working or employment conditions.


Keywords: Food delivery; workers' statute; subordination; right to information.



                                https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/13116
          A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



                    Una breve nota sobre la ley española
                      de la laboralidad de los riders(1)


SUMARIO: 1. Los precedentes de la norma española. – 2. La presunción de laboralidad de los
      riders – 3. El derecho de información sobre el algoritmo.




    1. Los precedentes de la norma española

        Los avatares que precedieron a la firma del Acuerdo social son ya
conocidos de los lectores de L&L Issues, porque arrancan de la ofensiva jurídica
de las empresas de plataformas para conseguir un pronunciamiento judicial que
situara en el área del trabajo autónomo – precisando después en el del trabajo
autónomo económicamente dependiente, con la figura del TRADE digital(2) –
la relación de trabajo de los repartidores en el sector de la entrega de comida,
dominado por grandes empresas multinacionales del sector.
        Esta ofensiva se saldó de manera negativa para dichas empresas, y la STS
805/2020, de 25 de septiembre(3) consagró la plena laboralidad de este tipo de

           (1) Il testo della legge spagnola segue il commento di Antonio Baylos, anche in
traduzione italiana.
           (2) Es decir, precisando mediante una norma especial que los trabajadores de reparto
eran económicamente dependientes pero jurídicamente autónomos, con lo que podrían gozar
de una protección mínima correspondiente según la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo
del 2007, una figura especial que sin embargo apenas ha tenido recorrido en la realidad
económica y social española. Según las informaciones de las propias organizaciones de
trabajadores autónomos, en el año 2019, los TRADE (Trabajadores Autónomos
Económicamente Dependientes) representaron el 12% del total de autónomos, es decir, unos
400.000 profesionales cuyos ingresos dependían en más de un 75% de un solo cliente, que es
el requisito que marca la ley para orientar la dependencia o subordinación económica. Sin
embargo este cálculo no se corresponde con el registro de contratos de TRADE al que obliga
la ley, que apenas supera las 10.000 personas, de manera que aunque materialmente puedan ser
autónomos dependientes, para el sistema jurídico siguen siendo trabajadores autónomos a los
que no se les aplica el régimen demediado de derechos que prevén los arts 11 y ss. de la Ley
del Estatuto del Trabajo Autónomo y permanecen completamente extra muros del derecho del
trabajo.
           (3) A. Todolì Signes, Commento alla sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che considera i
riders lavoratori subordinati. Tribunal Supremo Sala de lo Social, 25 settembre 2020, n. 805, in LLI, 2020,
2, 2, R.1-R.13. En la base de esta sentencia se encuentra la doctrina de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de 27 de noviembre de 209. Cfr. R. Morón Prieto, El necesario
fortalecimiento del concepto de trabajador por cuenta ajena: algunas reflexiones con ocasión del caso Glovo,
Revista de Derecho Social, 2019, nº 88, 153-165.


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                         C.3
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



trabajadores. Sobre esta base, y pese a que algunas empresas de plataformas,
modificando los contratos con sus empleados, siguieron pleiteando en los
tribunales para intentar obtener pronunciamientos diferentes(4), a la vez que
reduplicaban sus esfuerzos para intentar acudir al Tribunal de Justicia con
idéntico objetivo, la negociación, larga y complicada entre las partes sociales en
una mesa de diálogo que se constituyó a finales de octubre de 2020, se prolongó
hasta llegar al acuerdo alcanzado el 10 de marzo de 2021, cinco meses
después(5). Un acuerdo que resultó demasiado corto para los sindicatos y que
no obtuvo un consenso generalizado en el sector empresarial, pero que sin
embargo fue valorado muy positivamente por la doctrina académica en la
medida en que establecía un piso mínimo de derechos y abría importantes
espacios de desarrollo respecto de la mejora de las condiciones de trabajo y la
propia organización del mismo(6).
       A partir de esta fecha, se iniciaron los trámites internos para poder
aprobar en el Consejo de ministros la norma de urgencia, dos meses de obligadas
consultas técnicas durante las cuales ha seguido existiendo presiones internas
para modificar si no el acuerdo, si al menos matizar su contenido mediante la
introducción de ciertas matizaciones en la Exposición de Motivos, presiones
internas en el seno del Gobierno originadas por el potente lobby de las empresas
de plataformas que tiene una gran influencia en el área económica del gobierno,
que sin embargo no han obtenido su objetivo.
        De hecho, la fuerza de esta norma reside en su prolongado proceso de
negociación que ha culminado en un acuerdo tripartito, con el consenso expreso
por tanto de la CEOE-CEPYME que ha justificado su apoyo al texto como una
forma de defensa de la competencia para evitar la utilización de falsos
autónomos en este sector(7), un sector en el que algunas empresas de

          (4) En la saga judicial se entremezclan casos de las compañías Glovo y Deliveroo. El
Tribunal Supremo, en un Auto de 26 de mayo de 2021, ha reiterado su doctrina inadmitiendo
a trámite un recurso de casación de la empresa Deliveroo contra una Sentencia del Tribunal
de justicia de Madrid que declaró la laboralidad de 532 repartidores de esta firma.
          (5) F. Ferrando Garcia, Algunas reflexiones sobre la regulación del trabajo a través de las
plataformas digitales, https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/03/ALGUNAS-
REFLEXIONES-SOBRE-LA-REGULACION-DEL-TRABAJO-A-TRAVES-DE-
PLATAFORMAS-DIGITALES.pdf efectúa un recorrido sobre la resistencia empresarial de
las empresas de plataformas frente a la calificación de laboralidad de los trabajadores a su
servicio.
          (6) E. Rojo Torrecilla, La laboralidad de los repartidores. Un buen acuerdo en el diálogo social,
https://www.net21.org/la-laboralidad-de-los-repartidores/; J. Cruz Villalón, Una presunción
plena de laboralidad para los ‘riders’, https://elpais.com/economia/2021-05-12/una-presuncion-
plena-de-laboralidad-para-los-riders.html
          (7) J. Cruz Villalón, Una presunción plena de laboralidad para los ‘riders’, cit.


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                        C.4
        A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



plataformas ya reconocían la condición de trabajadores por cuenta ajena a los
riders. Esta es la razón por la que Glovo, la principal empresa del sector y la más
implicada en la batalla jurídica junto con Deliveroo, haya hecho pública su
decisión de abandonar la CEOE haber “dado la espalda” a esta compañía al
pactar la ley, que “lastra el desarrollo de la economía digital”. La salida se hará
efectiva en junio de este año y lleva aparejada la formación de una nueva
asociación empresarial de compañías de reparto, llamada APS, por el momento
“solo formada por empresas perseguidas por la Inspección de Trabajo por usar
fraudulentamente a autónomos en el reparto”, según informaciones
periodísticas(8).
         No obstante, según esas mismas fuentes, la CEOE ha anunciado que
Deliveroo, Amazon y Uber Eats siguen en la organización empresarial, junto
con la patronal de empresas digitales Adigital, que también defendía el
mantenimiento del modelo de repartidores autónomos a través de la figura del
TRADE digital. Veremos qué consecuencias puede tener esta escisión de
algunas importantes empresas del reparto de la organización empresarial, un
hecho infrecuente en nuestro país que coincide con algunos movimientos
relevantes que cuestionan el monopolio representativo del asociacionismo
empresarial en la pequeña y mediana empresa, como la creación de una nueva
asociación empresarial que une a pequeños empresarios y a trabajadores
autónomos y que se denomina CONPYME(9).
         El caso es que, con el retraso indicado, el Boletín Oficial del Estado del
12 de mayo, publicaba el RDL 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas
digitales(10). En su Exposición de Motivos se enuncia una visión propositiva y
favorable a la regulación estatal de estas relaciones sobre la base de hacer
compatible el progreso inducido por la introducción de la digitalización y el goce
de los derechos básicos que permiten hablar de ciudadanía también en las
relaciones de subordinación en el trabajo. “La aplicación de estos medios
tecnológicos – la digitalización - ha introducido elementos novedosos en las
relaciones laborales, cuyas ventajas son evidentes. Las ventajas y consecuencias


        (8) https://www.eldiario.es/economia/glovo-marcha-ceoe-pactar-ley-rider-forma-
asociacion-empresas-sancionadas-falsos-autonomos_1_7873510.html
        (9) Una noticia de la constitución de esta nueva patronal en
https://baylos.blogspot.com/2021/05/representacion-y-representatividad.html
        (10) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840


      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.5
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



positivas sobre las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras son
perfectamente compatibles con la finalidad del derecho del trabajo en su función
reequilibradora de intereses, protectora de la parte más débil contractualmente
o de gestión de los recursos humanos y mejora de la productividad de las
empresas”. Y añade, de manera enfática: “Un mercado de trabajo con derechos
es garantía de una sociedad moderna, asentada en la cohesión social, que avanza
democráticamente; un mercado centrado en las personas, que convierte a su
tejido productivo en menos volátil y más resiliente ante los cambios”.
        Frente a otros supuestos de la regulación efectuada en medio de la crisis
de aspectos no directamente relacionados con la misma, aunque tengan
evidentes puntos de conexión, como sucede con la regulación del trabajo a
distancia (RDL 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia(11)) no se
ha optado en esta ocasión por una estrategia de “circunvalación” del Estatuto
de los Trabajadores(12), promulgando una norma especial al margen de éste. Por
el contrario, el RDL 9/2021 procede a reformar el Estatuto de los Trabajadores
en dos puntos. Uno mediante la ampliación de los derechos de información de
las representaciones unitarias y electivas en la empresa(13), y el otro mediante la
incorporación de una Disposición Adicional 23ª que incorpora la presunción de
laboralidad de las personas que trabajen en este sector.
        De esta manera el RDL 9/2021 se define como norma pionera en esta
materia en relación con el derecho comparado, y hace hincapié en lo que sin
duda constituye el elemento que le blinda frente a posibles críticas desde todos
los ángulos, el de que el texto legal supone “la solución compartida por los
interlocutores sociales más representativos cuyas aportaciones han resultado
decisivas”. Esa “aportación decisiva” del diálogo social se condensa en dos
elementos: se reconoce un derecho de información de los representantes de los
trabajadores sobre el mecanismo algorítmico de la gestión del personal y la
organización del trabajo y se inserta una declaración inclusiva de laboralidad de
las personas que trabajan en este sector. Este es el elemento que se va a priorizar
a continuación.




          (11) Una exposición de los contenidos de la norma en S. Bini, Il lavoro a distanza in
Spagna: dalla emergenza alla normalità, LLI, 2020, 2, C.1-C.22.
          (12)Mª E. Casas Baamonde, El Derecho del Trabajo, la digitalización del trabajo y el trabajo a
distancia, Derecho de las Relaciones Laborales, 2020, nº 11, 1413-1437 e qui 1425.
          (13) Es decir, Comités de Empresa y Delegados de Personal, regulados en el Título II
del Estatuto de los Trabajadores.


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                     C.6
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



    2. La presunción de laboralidad de los riders

        La norma establece una presunción fuerte y específica de laboralidad, que
se conecta con la general del art. 8.1 ET(14), de manera que se considera que la
relación es laboral y sometida al derecho del trabajo y en consecuencia también
hace nacer por tanto de manera superpuesta a ésta, la relación jurídico-pública
de seguridad social con las obligaciones consiguientes de alta y cotización por
estos sujetos, si concurren los tres requisitos siguientes:
        a)     Debe tratarse de una actividad que sea de reparto o distribución
“de cualquier producto de consumo o mercancía”;
        b)     la empleadora tiene que ejercer facultades de organización,
dirección y control, sea “de forma directa, indirecta o implícita” a través de una
plataforma digital, y
        c)     consecuentemente se ha de utilizar un algoritmo para gestionar el
servicio o para determinar las condiciones de trabajo en dicha empresa o en
dicho servicio.
        Son requisitos claros a partir de los cuales no será necesario, como sin
embargo se debatía principalmente en los pleitos planteados, insistir en la
intensidad mayor o menor de la dependencia o subordinación de las personas
que trabajan para una empresa de reparto a través de plataformas digitales, sino
que la ley presume de manera terminante que la inclusión en el ámbito laboral
se produce en cuanto se trate de una actividad de reparto gestionada u
organizada mediante algoritmos a través de una plataforma digital, sin atender a
la intensidad mayor o menor de la subordinación, que puede ser indirecta o
implícita.
        Se trata de una declaración inclusiva en el ámbito del Derecho del
Trabajo que sólo puede destruirse mediante el cuestionamiento de los elementos
básicos que la componen. Se puede conjeturar que el supuesto concreto no
coincida con ese ámbito típico – como puede suceder con la confusión entre el
sector del reparto de mercancías y el del transporte del art. 1.3 ET(15) – o, lo que

         (14) “El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización
y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel”.
         (15) “Se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras
del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares,
realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público
cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se
realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador”, un precepto que
proviene de la reforma de 1994, tras la declaración de laboralidad de los llamados “pony-
express” o mensajeros por los tribunales laborales. En ese caso la acción legislativa incidió


      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                  C.7
        A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



seguramente podrá producirse, por la concurrencia de una relación societaria
como sucede en las cooperativas de trabajo asociado que puedan constituirse en
este sector del delivery. Sin embargo, hay que tener en cuenta la fuerza expansiva
de esta presunción legal, que incide de manera decisiva en la eliminación de la
figura de falsos autónomos y por lo tanto asimismo en la desvirtuación de la
utilización fraudulenta de estas formas societarias para escapar a la calificación
de laboralidad plena de la relación de trabajo.
        Un intento de fraude de ley que puede intentarse y ante el cual la
Inspección de Trabajo y los propios sindicatos han de estar atentos. La
experiencia italiana nos muestra, además, la posibilidad de que las empresas
reticentes al Acuerdo Tripartito alcanzado en marzo – que ya antes cuestionaban
el fallo del Tribunal Supremo – y ahora a la norma recién publicada, puedan
utilizar la vía del convenio colectivo para intentar introducir a su través
elementos de desvirtuación de la laboralidad de la relación. En estos casos, la
ilegalidad de una cláusula convencional que pretenda limitar la declaración
inclusiva producida por la ley, resulta evidente, cualquiera que sea la naturaleza
jurídica del acuerdo.
        La norma solo tiene por objeto la declaración de laboralidad de las
personas que prestan servicios a las empresas de reparto a través de plataformas
digitales. Reacciona ante la consideración generalizada de figuras de falsos
autónomos como forma de eludir las obligaciones laborales y de seguridad social
por parte de los empleadores. Deja por tanto abierta toda la problemática de la
adaptación de los derechos laborales individuales y colectivos a esta categoría de
personas que trabajan, lo que posiblemente será objeto de nuevas y posteriores
decisiones judiciales, hasta el momento centradas en la calificación jurídica de la
relación a partir de demandas de oficio de la Inspección de Trabajo o,
residualmente, de despido. La imperatividad de las normas sobre jornada, salario
y sistema de prevención de riesgos laborales, es un primer terreno de conflicto.
        La puesta en práctica de los derechos de representación colectiva y la
implantación sindical supondrá sin duda otro momento complicado. Hay que
tener en cuenta que el RDL 9/2021 introduce el derecho de la representación
colectiva a ser informado sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que
se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, incluidos los perfiles,
que afectan a la toma de decisiones sobre la organización del trabajo,
condiciones de trabajo y mantenimiento del empleo, de manera que esta


excluyendo expresamente a los transportistas de un cierto tonelaje (pequeños camiones o
furgonetas).


      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.8
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



prescripción exige la constitución de un sujeto colectivo que pueda gestionar
esta información para proceder por tanto a la negociación de estas condiciones.
La peculiar estructura organizativa de este sector, en donde el centro de trabajo
no existe, impone la necesidad de una adaptación de la normativa del Titulo II
del Estatuto de los Trabajadores(16). Además, la estructura asociativa y el tejido
sindical entre los riders se diferencia por el momento de manera importante del
que es característico de otros sectores en donde la presencia sindical confederal
está asegurada(17).
        Un convenio colectivo de sector sería una iniciativa muy interesante en
la medida que posibilitaría generalizar unas condiciones salariales y de empleo
homogéneas en el sector y ayudaría a impulsar experiencias de representación
en la empresa y de fijación de una cierta institucionalidad colectiva en el sector,
con determinación de la audiencia electoral y la delimitación a su través de los
sujetos representativos. Sin embargo, la separación que se ha dado en el sector
empresarial junto con la actual imprecisión de sujetos sindicales por parte de los
trabajadores, puede permitir el ensayo de fórmulas de acuerdo colectivo
extraestatutario donde las empresas de plataformas – o la asociación de
empresas disidentes de la CEOE – seleccionen previamente un interlocutor y
elaboren un acuerdo colectivo que les “blinde” respecto de los contenidos
laborales que impone, en defecto de convenio, la legislación laboral. La
utilización de la negociación colectiva con esta finalidad puede ser la siguiente
ofensiva de las multinacionales que actúan en el sector del food delivery en su largo
combate contra la consecución de derechos laborales para el personal a su
servicio. Habrá que estar atentos a esta posible nueva fase del conflicto.


    3. El derecho de información sobre el algoritmo

       El segundo punto que aborda el RDL 9/2021 es el derecho de
información sobre los algoritmos que organizan el servicio y las condiciones de
trabajo de esta actividad. Se trata de una prescripción original, que se hace cargo,
según se explica en la exposición de motivos de la norma, de “la incidencia de
las nuevas tecnologías en el ámbito laboral y la necesidad de que la legislación
laboral tenga en cuenta esta repercusión tanto en los derechos colectivos e

          (16) Que regula el derecho de representación en la empresa a través de la audiencia
electoral a los órganos unitarios o electivos: Comités de empresa y Delegados de Personal.
          (17) Cfr. E. Garrido Pérez, La representación de los trabajadores al servicio de plataformas
colaborativas, Revista de Derecho Social, 2017, nº 80, 209-232.


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                   C.9
          A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



individuales de las personas trabajadoras como en la competencia entre las
empresas”. En realidad estas afirmaciones son de una gran vaguedad, se
relacionan con los derechos digitales que la nueva Ley de Protección de Datos
Personales – Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre - formuló en su momento
como manifestaciones reforzadas del poder de dirección que sólo conoce el
límite del derecho a la intimidad en la protección de datos digitales del
trabajador, configurado como un derecho individual(18) y como tal reiterado en
la referencia a la capacidad regulativa de la materia por los convenios colectivos
a tenor del art. 91 LOPDP sobre los “derechos y libertades relacionados con el
tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de
derechos digitales en el ámbito laboral”(19).
         El enfoque que adopta el RDL 9/2021 es diferente. Parte en efecto de la
importancia que progresivamente la digitalización reviste en la determinación de
las condiciones de trabajo y de empleo de un número creciente de empresas,
pero desplaza el eje de su intervención al campo de los intereses colectivos y de
la representación, electiva o sindical, de las personas que trabajan en las
empresas y centros de trabajo. De esta manera, “los cambios que están
introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos
los aspectos de las condiciones de trabajo”, merecen que el legislador dirija su
atención y análisis a los algoritmos, “sobre todo porque dichas alteraciones se
están dando de manera ajena al esquema tradicional de participación de las
personas trabajadoras en la empresa”, una forma elegante de señalar el dominio
unilateral por parte del empleador de las medidas de control del proceso de
producción y la determinación de las condiciones de trabajo.
         El mecanismo elegido por la norma ha sido el de ampliar los derechos
de información básicos de los órganos de representación de los trabajadores en
la empresa, añadiendo al apartado 4 del art. 64 ET(20) un nuevo párrafo según
el cual el comité de empresa, “con la periodicidad que proceda en cada caso”,
tendrá derecho a “ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e
instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia
artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las

          (18) Cfr. J.L. Goñi Sein, El impacto de las nuevas tecnologías disruptivas sobre los derechos de
privacidad (intimidad y “extimidad”) del trabajador, Revista de Derecho Social, 2021, nº 93.
          (19) Cfr. A. Baylos, Il ruolo della contrattazione collettiva nella legge sulla protezione dei dati
personali e la garanzia dei diritti digitali in Spagna, LLI, 2019, 1, C.1-14.
          (20) “El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el
empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la
situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en
este artículo”


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                        C.10
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la
elaboración de perfiles». Se trata de un precepto cuyo significado innovador ha
sido puesto de manifiesto por varios comentaristas(21), al tratarse de un cambio
de perspectiva normativa, que en esta ocasión sitúa el tema del control digital de
la dirección de la organización del trabajo en el espacio del interés colectivo y
por tanto hace entrar en juego a los sujetos que lo representan, tanto los órganos
de representación unitarios y electivos como las secciones sindicales y el
delegado sindical.
        Conviene señalar además que, frente a lo que constituye el elemento más
reconocido de la norma, la regulación laboral de las personas que trabajan en el
sector de reparto de comida a través de las plataformas digitales, la regla prevista
en el art. 64.4 ET no se limita a este sector, sino que tiene un alcance general,
para toda empresa que utilice estos instrumentos de inteligencia artificial para la
determinación de la organización del trabajo y fijación de las condiciones
laborales o de empleo.
        Se ha advertido sin embargo que el reconocimiento de este derecho se
sitúa en el nivel de participación más débil, el que se refiere a los derechos de
información, sin que por consiguiente se haya intentado establecer un deber de
iniciar un proceso de consultas sobre este particular, como sucede en supuestos
más importantes como la modificación de condiciones de trabajo, traslados de
empresa, sucesión de empresas o despidos colectivos, por ejemplo. Sin
embargo, el reconocimiento de este derecho de información tiene una gran
potencialidad si resulta bien interpretado. En efecto, aunque la información se
restringe en el propio art. 64 ET a la transmisión de datos por el empresario al
comité de empresa a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión
determinada, sin que por consiguiente implique la apertura de un diálogo con el
mismo, que es lo que caracteriza los derechos de consulta, lo cierto es que el
párrafo 6 del mismo artículo señala que la información debe facilitarse “en un
momento, en una manera y con un contenido apropiado” que permitan a los
representantes de los trabajadores “proceder a su examen adecuado y preparar,
en su caso, la consulta y el informe”. Lo relevante es el reconocimiento de este
derecho de información que traslada al empresario el deber de informar sobre
esta materia. No hay realmente compartimentos estancos en la graduación de


          (21) A. Todolí Signes, Nueva ley rider y un pequeño comentario a la norma,
https://adriantodoli.com/2021/05/12/nueva-ley-rider-texto-y-un-pequeno-comentario-a-la-
norma/; E. Rojo Torrecilla, Y llegó la norma que declara la relación laboral de ‘las personas dedicadas al
reparto en el ámbito de las plataformas digitales’. Primeras notas y comentarios al RDL 9/2021 de 11 de
mayo, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/05/y-llego-la-norma-que-declara-la.html.


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                      C.11
        A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



derechos de representación, todos ellos convergen al final en un proceso de
negociación, y a este fin es al que está directamente encaminado el precepto
previsto en el RDL 9/2021.
        Hay que tener en cuenta que lo que se viene a conocer como Algorithmic
Management, que refuerza el poder de dirección y de control a través de
instrumentos tecnológicos sofisticados de supervisión digital no sólo facilita el
control disciplinario y la evaluación del desempeño o capacidad profesional de
las personas trabajadoras, sino que actúa mediante una inmensa recolección de
datos personales de las personas que trabajan en la empresa y encauza la
conducta digital de éstas, con repercusiones evidentes sobre la salud laboral y
los riesgos psíquicos, o decisiones relevantes en orden a la contratación y
evaluación en el acceso al empleo. El elemento decisivo y original que aporta
este derecho de información reconocido en la norma recién publicada es el de
la transparencia de los parámetros y criterios empleados en la toma de decisiones
del empleador tanto en las condiciones de trabajo como en las de empleo. Ello
implica el cuestionamiento de la neutralidad de estos parámetros por
discriminatorios o impeditivos del ejercicio de derechos fundamentales, como
ya ha sido efectuado ante los jueces por los sindicatos italianos, pero a este
problema de enorme relevancia se une la determinación a través de estas
herramientas digitales de las condiciones concretas de prestación del trabajo, el
impacto sobre las condiciones de trabajo.
        Por eso el derecho de información sobre el algoritmo va directamente
encaminado a su utilización sindical en el marco de la negociación colectiva. O
dicho de otra manera, es evidente la idoneidad de la negociación colectiva para
imponer y regular los criterios, reglas e instrucciones de inteligencia artificial que
afecten a los procesos de toma de decisiones sobre la organización del trabajo y
sus efectos sobre las condiciones de desarrollo de la prestación laboral. La
importación de un principio de transparencia informativa que permita el
“contenido apropiado” que facilite y oriente la intervención colectiva de la
representación de los trabajadores es el eje de esta facultad, y dentro del
programa de acción de la Confederación Europea de Sindicatos, esta propuesta
quiere ser llevada al proyecto de norma europea sobre Inteligencia Artificial22.
        Ciertamente que el reconocimiento de este derecho, cuya omisión por
parte del empresario es una infracción grave a tenor del art. 7 de la LISOS, y
puede ser objeto de un conflicto colectivo, requiere su utilización efectiva en la


      (22)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-
down-harmonised-rules-artificial-intelligence


      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.12
       A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



práctica sindical negocial. En principio, parecería particularmente encaminado
hacia la negociación colectiva de empresa, lo que plantea el problema de la doble
legitimación, unitaria y sindical, para la elaboración del convenio colectivo, si
bien abre también, en este mismo espacio, la posibilidad de acuerdos informales
de empresa. Pero además los convenios sectoriales pueden establecer reglas de
carácter general, la adopción de un principio de transparencia y la eliminación
de elementos previsiblemente discriminatorios u obstaculizadores del ejercicio
de derechos fundamentales, sin perjuicio de posteriores concreciones en el nivel
de empresa. La estrategia sindical sobre la negociación colectiva en el período
post-Covid deberá tener muy en cuenta estas posibilidades.




     LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.13
          A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



Bibliografia
Baylos A., Il ruolo della contrattazione collettiva nella legge sulla protezione dei dati personali e la garanzia
          dei diritti digitali in Spagna, in LLI, 2019, 1, C.1-14.
Bini S., Il lavoro a distanza in Spagna: dalla emergenza alla normalità, in LLI, 2020, 2, C.1-C.22.
Casas Baamonde Mª E., El Derecho del Trabajo, la digitalización del trabajo y el trabajo a distancia, in
          Derecho de las Relaciones Laborales, 2020, nº 11, 1413-1437.
Cruz Villalón J., Una presunción plena de laboralidad para los ‘riders’,
          https://elpais.com/economia/2021-05-12/una-presuncion-plena-de-laboralidad-
          para-los-riders.html
Ferrando Garcia F., Algunas reflexiones sobre la regulación del trabajo a través de las plataformas digitales,
          https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/03/ALGUNAS-
          REFLEXIONES-SOBRE-LA-REGULACION-DEL-TRABAJO-A-TRAVES-DE-
          PLATAFORMAS-DIGITALES.pdf.
Garrido Pérez E., La representación de los trabajadores al servicio de plataformas colaborativas, in Revista
          de Derecho Social, 2017, nº 80, 209-232.
Goñi Sein J.L., El impacto de las nuevas tecnologías disruptivas sobre los derechos de privacidad (intimidad
          y “extimidad”) del trabajador, in Revista de Derecho Social, 2021, nº 93.
Morón Prieto R., El necesario fortalecimiento del concepto de trabajador por cuenta ajena: algunas reflexiones
          con ocasión del caso Glovo, in Revista de Derecho Social, 2019, nº 88, 153-165.
Rojo Torrecilla E., La laboralidad de los repartidores. Un buen acuerdo en el diálogo social,
          https://www.net21.org/la-laboralidad-de-los-repartidores/
Rojo Torrecilla E., Y llegó la norma que declara la relación laboral de ‘las personas dedicadas al reparto en
          el ámbito de las plataformas digitales’. Primeras notas y comentarios al RDL 9/2021 de 11 de
          mayo, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/05/y-llego-la-norma-que-declara-
          la.html.
Todolì Signes A., Commento alla sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che considera i riders lavoratori
          subordinati. Tribunal Supremo Sala de lo Social, 25 settembre 2020, n. 805, in LLI, 2020, 2, 2,
          R.1-R.13.
Todolí Signes A., Nueva ley rider y un pequeño comentario a la norma,
          https://adriantodoli.com/2021/05/12/nueva-ley-rider-texto-y-un-pequeno-
          comentario-a-la-norma/




        LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                           C.14
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



                     DISPOSICIONES GENERALES
                          JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito
de plataformas digitales
         I.
         Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido la virtualidad de
transformar, en todo el mundo, las relaciones sociales, los hábitos de consumo y, con ello, han
generado oportunidades de nuevas formas de negocio que giran, entre otros factores, en torno
a la obtención y gestión de datos y a la oferta de servicios adaptados a esta nueva etapa.

          Del mismo modo, los métodos de cálculo matemáticos o algoritmos se han aplicado
a las relaciones de trabajo revolucionando la forma en que se prestan los servicios, optimizando
recursos y resultados. Estos métodos presentan un fuerte potencial para contribuir a mejorar
las condiciones de vida de las personas. Buena muestra de ello han sido los resultados de una
digitalización forzada o acelerada a lo largo de la crisis sanitaria, habilitando servicios y atención
sanitaria personalizados a distancia, permitiendo el mantenimiento de negocios a través de
servicios en línea; o garantizando la continuidad de las prestaciones de trabajo a distancia.

         La aplicación de estos medios tecnológicos ha introducido elementos novedosos en
las relaciones laborales, cuyas ventajas son evidentes. Las ventajas y consecuencias positivas
sobre las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras son perfectamente compatibles
con la finalidad del derecho del trabajo en su función reequilibradora de intereses, protectora
de la parte más débil contractualmente o de gestión de los recursos humanos y mejora de la
productividad de las empresas.

        Esta es la fórmula de compatibilidad que garantiza que la revolución tecnológica
aporte sus efectos positivos de forma equitativa y redunde en el progreso de la sociedad en la
que se ha instalado. Un mercado de trabajo con derechos es garantía de una sociedad moderna,
asentada en la cohesión social, que avanza democráticamente; un mercado centrado en las
personas, que convierte a su tejido productivo en menos volátil y más resiliente ante los
cambios.

         A pesar de las enormes dificultades, especialmente las técnicas, que ha supuesto
afrontar este reto, el diálogo social ha permitido que nuestro país avance de forma pionera en
esta materia y lo haga de la mano de un diagnóstico y una solución compartida por los
interlocutores sociales más representativos cuyas aportaciones han resultado decisivas. Este
real decreto-ley, por tanto, es fruto del Acuerdo adoptado, el pasado 10 de marzo de 2021,
entre el Gobierno, CC. OO., UGT, CEOE y CEPYME, tras el trabajo desarrollado por la
Mesa de Diálogo constituida, a tal efecto, el 28 de octubre de 2020.



       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                  C.15
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



        II.

         El presente real decreto-ley cuenta con un artículo y dos disposiciones finales, cuya
finalidad es la precisión del derecho de información de la representación de personas
trabajadoras en el entorno laboral digitalizado, así como la regulación de la relación trabajo por
cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

          El artículo único modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en dos
aspectos. En primer lugar, modifica el artículo 64, relativo a los derechos de información y
consulta de la representación legal de las personas trabajadorasañadiendo un nuevo párrafo d)
a su apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por
la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o
sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las
condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de
perfiles.

         En segundo lugar, introduceuna nueva disposición adicional sobre la presunción de
laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o
mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control,
mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una
plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del Estatuto de
los Trabajadores.

         La labor esencial realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se
encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor o en contra
de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto y que han
culminado con la STS 805/2020, de 25 de septiembre.

         La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por
el Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, valiéndose
para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por sentencias
precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero de 1986, o STS de 20 de enero de 2015,
recurso 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de adaptar los requisitos de
dependencia y ajenidad al contexto actual. En dicha sentencia se fundamenta lo siguiente:

         «Desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual hemos asistido a
una evolución del requisito de dependencia-subordinación. La sentencia del TS de 11 de mayo
de 1979 ya matizó dicha exigencia, explicando que “la dependencia no implica una
subordinación absoluta, sino sólo la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la empresa”. En la sociedad postindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado. Las
innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control digitalizados
de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva obliga a adaptar
las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las
normas (artículo 3.1 del Código Civil)» (FJ 7.º).

         Partiendo de esta máxima, el Alto Tribunal analizó la relación entre la plataforma de
reparto demandada y el trabajador concernido por el recurso, reiterando, como ya lo había
establecido en numerosas ocasiones con anterioridad (por todas, SSTS de 22 de abril de 1996,
recurso 2613/1995; y de 3 de mayo de 2005, recurso 2606/2004), que las facultades
empresariales de dirección, organización o control de la actividad y, en tal sentido, las notas de
dependencia y ajenidad, pueden traducirse a la realidad de formas diferentes a las clásicas
cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es beneficiaria de sus frutos,


      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                  C.16
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



realizando una labor de coordinación, organización o control de la prestación u ostentando la
potestad sancionadora, y ello aunque sus prerrogativas se manifiesten de forma indirecta o
implícita, a través de la gestión algorítmica, de las condiciones de trabajo o del servicio
prestado.

        A través de una nueva disposición adicional vigesimotercera, y por acuerdo adoptado
en la mesa del diálogo social, se traslada a la ley la jurisprudencia sobre esta materia, con el
objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores refleje estas nuevas realidades de forma clara.

         De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla que las facultades
empresariales, a las que se refiere el artículo 20 de dicha norma, pueden ser ejercidas de
numerosas maneras y, entre ellas, por medio de la gestión algorítmica del servicio o de las
condiciones de trabajo a través de una plataforma digital, que son, por lo tanto, los activos
clave y esenciales de la actividad. En consecuencia, la forma indirecta o implícita de ejercicio
de las facultades empresariales abarca los supuestos en los que una cierta flexibilidad o libertad
por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea solo aparente, por llevar en
realidad aparejada consecuencias o repercusiones en el mantenimiento de su empleo, en su
volumen o en el resto de sus condiciones de trabajo.

        Asimismo, se refuerza, a través de la invocación explícita del artículo 8.1 del Estatuto
de los Trabajadores, la importancia de valorar la naturaleza real del vínculo, el contenido de las
prestaciones, y la configuración asimétrica y efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo
contractual, como un elemento necesario para garantizar el efecto útil y protector que
corresponde al derecho laboral.

         Los algoritmos merecen nuestra atención y análisis, por los cambios que están
introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos los aspectos
de las condiciones de trabajo y, sobre todo, porque dichas alteraciones se están dando de
manera ajena al esquema tradicional de participación de las personas trabajadoras en la
empresa. En este sentido, otra de las reflexiones compartidas por la mesa de diálogo social
consiste en señalar que no podemos ignorar la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito
laboral y la necesidad de que la legislación laboral tenga en cuenta esta repercusión tanto en
los derechos colectivos e individuales de las personas trabajadoras como en la competencia
entre las empresas.

         La eficacia de la nueva disposición adicional vigesimotercera, basada, como se ha
expuesto, en la valoración de la naturaleza real del vínculo, va a depender en gran medida de
la información verificable que se tenga acerca del desarrollo de la actividad a través de
plataformas, que debe permitir discernir si las condiciones de prestación de servicios
manifestadas en una relación concreta encajan en la situación descrita por dicha disposición,
siempre desde el mayor respeto a los secretos industrial y comercial de las empresas conforme
a la normativa, que no se ven cuestionados por esta información sobre las derivadas laborales
de los algoritmos u otras operaciones matemáticas al servicio de la organización empresarial.

        Por último, se incluye una disposición final primera relativa al título competencial y
una disposición final segunda relativa a la entrada en vigor, que establece un periodo de tres
meses, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», periodo que se
estima necesario para posibilitar el conocimiento material de la norma y la adopción de las
medidas necesarias para su aplicación.

        III.




      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                  C.17
        A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



         En relación con la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y
urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional,
resumida en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio, conforme a la
cual se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han
sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», y, por otro, «la existencia de una
necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para
subvenir a ella».

        A la hora de justificar la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad,
debemos referirnos a la litigiosidad comentada en esta exposición de motivos y la doctrina
contenida en la STS 805/2020, de 25 de septiembre de 2020, que impone, de lege ferenda, la
adopción de una solución legislativa que procure un panorama necesario de normalización y
seguridad jurídica para personas trabajadoras y empresas.

         De un lado, la urgente necesidad de articular equilibradamente una realidad económica
nueva –en su forma de organización– con la protección de quienes son personas trabajadoras
que, si bien prestan servicios de un modo que se aparta del tradicional, están sometidas a un
control en su prestación, básicamente sobre los procesos y los resultados.

         En este sentido, debe entenderse la propuesta y su urgencia bajo el principio de
protección inherente, que no puede dejarse al albur de actuaciones administrativas o judiciales
a las que se encomienda la función de garantizar el efecto útil de los derechos incluidos en el
Estatuto de los Trabajadores.

         Resulta fundamental para conseguir este nivel de protección adoptar un concepto
material de persona trabajadora y un concepto funcional de empresa, superando elementos
instrumentales que impidan garantizar el efecto útil de un conjunto de derechos mínimos de
los que se ocupa de manera genuina el Derecho del trabajo. De otra manera, corremos el riesgo
de que un número creciente de personas que desempeñan su actividad en el contexto atípico
de las plataformas digitales de reparto queden excluidas de su ámbito de aplicación y
condenadas a una situación de extrema vulnerabilidad.

          Los ingresos que perciben las personas trabajadoras, las cotizaciones a la Seguridad
Social, la renta disponible de los hogares y otros efectos adicionales y añadidos que inciden en
la fortaleza y capacidad de recuperación del tejido empresarial, hacen especialmente necesaria
esta regulación, ante los retos comprometidos con la Unión Europea en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

         Por ello, es urgente contar con un medio que procure certezas, seguridad y
previsibilidad mediante la adopción de esta nueva técnica que refleja en el texto del Estatuto
de los Trabajadores las características de una realidad productiva altamente digitalizada, pero
que no altera el contenido ni el alcance de las notas que definen la naturaleza laboral de una
relación de servicios conforme a lo establecido en el artículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores, ni sus consecuencias. Resulta igualmente urgente, además, garantizar la igualdad
de trato entre las empresas «tradicionales» y las que utilizan medios de control digital basadas
en la gestión de datos algorítmicos, sobre la base de una competencia transparente y leal entre
unas y otras.

         Todo lo anterior pone de manifiesto la urgencia de garantizar condiciones de trabajo
justas en la economía de las plataformas digitales de reparto, a través de una presunción de
laboralidad de las personas que prestan servicios en dicho ámbito, que asegura la igualdad de
trato de las empresas, ya operen con formas de trabajo estándar o no estándar; así como




      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.18
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



procurar, por último, la efectividad de la modificación legislativa operada, mediante la
incorporación de mecanismos para conseguir su cumplimiento y aplicación efectivos.

        En este sentido, la aprobación y publicación de la medida otorgará seguridad jurídica
a los operadores, que dispondrán de un plazo razonable para realizar las adaptaciones
necesarias al nuevo marco legal, periodo de tiempo que se considera como mínimo
indispensable a tal fin.

        IV.

        Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

          Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se
encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines
perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para
garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley son
adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, habiéndose constatado
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garantía del principio de seguridad jurídica,
esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico,
nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita
su conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y
empresas afectadas.

         Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del texto
y en el apartado correspondiente de la memoria del análisis de impacto normativo, sin que se
hayan realizado los trámites de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los reales
decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto.

        Por último, en relación con el principio de eficiencia la norma no incorpora ninguna
carga administrativa adicional.

         Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en las materias de
legislación laboral.

          La inmediatez con la que es necesario incorporar las modificaciones referidas al
Estatuto de los Trabajadores exige la adopción de la presente norma a través del instrumento
del decreto-ley, toda vez que la situación a la que se pretende dar respuesta no puede abordarse
mediante el procedimiento legislativo ordinario o a través de su tramitación urgente. En este
sentido, ha de tenerse en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, en base a la
cual el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata
en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia
para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho
procedimiento no depende del Gobierno (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002,




       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.19
          A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 68/2007,
F. 10, y 137/2011, F. 7).

        En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de
Trabajo y Economía Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 11 de mayo de 2021,

                                                  DISPONGO:

         Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

       El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:

         Uno. Se introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, con la siguiente redacción:

         «d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que
se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones
que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo,
incluida la elaboración de perfiles.»

        Dos. Se introduce una nueva disposición adicional vigesimotercera, con la siguiente
redacción:

           «Disposición adicional vigesimotercera. Presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas
digitales de reparto.

          Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de
esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto
o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que
ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa,
indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de
trabajo, a través de una plataforma digital. Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo
1.3 de la presente norma.»

         Disposición final primera. Título competencial.

         Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado las competencia exclusiva en materia de
legislación laboral.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de mayo de 2021.

                                                                                              FELIPE R.

                                     El Presidente del Gobierno,

                            PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                        C.20
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



Regio Decreto Legge 9/2021, dell’11 maggio, che modifica
il testo rivisto della Legge sullo Statuto dei Lavoratori,
approvato dal Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23
ottobre, per garantire i diritti lavorativi delle persone
dedicate alla consegna nel campo delle piattaforme digitali.
        I.
         Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno avuto la virtualità di
trasformare, in tutto il mondo, le relazioni sociali, le abitudini di consumo e, con questo, hanno
generato opportunità per nuove forme di business che ruotano, tra gli altri fattori, intorno alla
raccolta e alla gestione dei dati e all’offerta di servizi adeguati a questa nuova fase.

          Allo stesso modo, metodi di calcolo matematico o algoritmi sono stati applicati ai
rapporti di lavoro, rivoluzionando il modo in cui vengono forniti i servizi, ottimizzando le
risorse e i risultati. Questi metodi hanno un forte potenziale per contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita delle persone. Un buon esempio sono stati i risultati della
digitalizzazione forzata o accelerata nel corso della crisi sanitaria, permettendo servizi
personalizzati a distanza e assistenza sanitaria, permettendo il mantenimento del business
attraverso servizi online; o garantendo la continuità dei servizi di lavoro a distanza.

          L’applicazione di questi mezzi tecnologici ha introdotto elementi nuovi nei rapporti
di lavoro, i cui vantaggi sono evidenti. I vantaggi e le conseguenze positive sulle condizioni di
lavoro dei lavoratori sono perfettamente compatibili con lo scopo del diritto del lavoro nella
sua funzione di riequilibrare gli interessi, proteggere la parte contrattualmente più debole o
gestire le risorse umane e migliorare la produttività delle imprese.

         Questa è la formula di compatibilità che garantisce che la rivoluzione tecnologica porta
i suoi effetti positivi in modo equo e ridonda al progresso della società in cui è stata installata.
Un mercato del lavoro con diritti è garanzia di una società moderna, basata sulla coesione
sociale, che avanza democraticamente; un mercato centrato sulle persone, che rende il suo
tessuto produttivo meno volatile e più resistente di fronte ai cambiamenti.

          Nonostante le enormi difficoltà, soprattutto tecniche, che comporta affrontare questa
sfida, il dialogo sociale ha permesso al nostro paese di fare progressi pionieristici in questo
campo e di farlo di pari passo con una diagnosi e una soluzione condivisa dalle parti sociali più
rappresentative, i cui contributi sono stati determinanti. Il presente Regio Decreto Legge,
pertanto, è il risultato dell’accordo adottato lo scorso 10 marzo 2021 tra il Governo, le CC.
OO., UGT, CEOE e CEPYME, a seguito del lavoro svolto dal Tavolo di Dialogo istituito a
tal fine il 28 ottobre 2020.

        II.

         Questo regio decreto legge ha un articolo e due disposizioni finali, il cui scopo è quello
di specificare il diritto all’informazione della rappresentanza dei lavoratori nell’ambiente di


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.21
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



lavoro digitalizzato, così come la regolamentazione del rapporto di lavoro nel campo delle
piattaforme digitali di consegna.

         L’articolo unico modifica il testo rivisto della Legge sullo Statuto dei Lavoratori,
approvato dal Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, in due aspetti. In primo luogo,
modifica l’articolo 64, relativo ai diritti d’informazione e di consultazione della rappresentanza
legale dei lavoratori aggiungendo un nuovo paragrafo d) alla sua sezione 4, che riconosce il
diritto del comitato aziendale di essere informato dall’azienda su parametri, regole e istruzioni
su cui si basano gli algoritmi o i sistemi di intelligenza artificiale che influiscono sul processo
decisionale che può influenzare le condizioni di lavoro, l’accesso e il mantenimento
dell’occupazione, compresa la profilazione.

          In secondo luogo, introduce una nuova disposizione aggiuntiva sulla presunzione di
occupazione delle attività di consegna o distribuzione di qualsiasi tipo di prodotto o merce,
quando l’azienda esercita i suoi poteri di organizzazione, gestione e controllo, mediante la
gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro, attraverso una piattaforma
digitale. Questa presunzione non pregiudica le disposizioni dell’articolo 1.3 dello Statuto dei
lavoratori.

          Il lavoro essenziale svolto dall’Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale è
all’origine di molte delle sentenze che si sono pronunciate a favore o contro lo status di impiego
della prestazione di servizi su piattaforme di consegna digitale, culminate nella STS 805/2020,
del 25 settembre.

        La nuova disposizione aggiuntiva riprende i criteri e i parametri stabiliti dalla Corte
Suprema in detta sentenza, la prima emessa in conformità alla dottrina, utilizzando a tal fine la
prevalenza del principio di realtà nel senso indicato dalle sentenze precedenti, come la STS
263/1986, del 26 febbraio 1986, o la STS del 20 gennaio 2015, ricorso 587/2014, e che
evidenzia anche la necessità di adattare i requisiti di dipendenza e alienità al contesto attuale.
Tale sentenza si fonda su quanto segue:

         “Dalla creazione del diritto del lavoro fino ad oggi abbiamo assistito ad un’evoluzione
del requisito di dipendenza-subordinazione. La sentenza del CS dell’11 maggio 1979 aveva già
qualificato questo requisito, spiegando che ‘la dipendenza non implica una subordinazione
assoluta, ma solo l’inserimento nel circolo direttivo, organizzativo e disciplinare dell’impresa’.
Nella società post-industriale la nota di dipendenza è diventata più flessibile. Le innovazioni
tecnologiche hanno portato alla creazione di sistemi di controllo digitalizzati per la fornitura
di servizi. L’esistenza di una nuova realtà produttiva obbliga ad adattare le note di dipendenza
e dipendenza esterna alla realtà sociale dell’epoca in cui le norme devono essere applicate
(articolo 3.1 del Codice Civile)" (FJ 7.º).

         Sulla base di questa massima, la Corte Suprema ha analizzato la relazione tra la
piattaforma di consegna convenuta e il lavoratore interessato dal ricorso, ribadendo, come
aveva stabilito in numerose occasioni precedenti (per esempio, SSTS del 22 aprile 1996, ricorso
2613/1995; e del 3 maggio 2005, ricorso 2606/2004), che i poteri di direzione, organizzazione
o controllo dell’attività da parte del datore di lavoro e, in questo senso, le note di dipendenza
e di lavoro esterno, possono tradursi in realtà in modi diversi da quelli classici quando il datore


       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.22
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



di lavoro assume i rischi dell’operazione ed è beneficiario dei suoi frutti, svolgendo l’opera di
coordinamento, organizzazione o controllo della prestazione o detenendo il potere
sanzionatorio, e questo anche se le sue prerogative si manifestano indirettamente o
implicitamente, attraverso la gestione algoritmica delle condizioni di lavoro o del servizio
prestato.

          Con una nuova ventitreesima disposizione aggiuntiva, e con un accordo adottato al
tavolo del dialogo sociale, la giurisprudenza in materia viene trasferita nella legge, con
l’obiettivo di assicurare che lo Statuto dei lavoratori rifletta chiaramente queste nuove realtà.

          Così, lo Statuto dei Lavoratori contempla che i poteri imprenditoriali, di cui all’articolo
20 di questo regolamento, possono essere esercitati in numerosi modi e, tra questi, attraverso
la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro attraverso una piattaforma
digitale, che sono, quindi, gli asset chiave ed essenziali dell’attività. Di conseguenza, la forma
indiretta o implicita di esercizio dei poteri dell’azienda copre i casi in cui una certa flessibilità o
libertà da parte del lavoratore nell’esecuzione del servizio sia solo apparente, perché in realtà
ha conseguenze o ripercussioni sul mantenimento del loro impiego, sul suo volume o sul resto
delle loro condizioni di lavoro.

          Allo stesso modo, attraverso l’esplicita invocazione dell’articolo 8.1 dello Statuto dei
Lavoratori, si rafforza l’importanza di valutare la natura reale del rapporto, il contenuto delle
prestazioni e la configurazione asimmetrica ed effettiva degli obblighi assunti nell’accordo
contrattuale come elemento necessario per garantire l’effetto utile e protettivo che corrisponde
al diritto del lavoro.

          Gli algoritmi meritano la nostra attenzione e analisi per i cambiamenti che stanno
introducendo nella gestione dei servizi e delle attività aziendali, in tutti gli aspetti delle
condizioni di lavoro e, soprattutto, perché questi cambiamenti stanno avvenendo al di fuori
dello schema tradizionale di partecipazione dei lavoratori nell’impresa. In questo senso,
un’altra delle riflessioni condivise dalla tavola rotonda del dialogo sociale è quella di
sottolineare che non si può ignorare l’impatto delle nuove tecnologie nella sfera del lavoro e la
necessità che la legislazione del lavoro tenga conto di questa ripercussione sia sui diritti
collettivi e individuali dei lavoratori che sulla concorrenza tra imprese.

         L’efficacia della nuova ventitreesima disposizione aggiuntiva, basata, come detto, sulla
valutazione della natura reale della relazione lavorativa, dipenderà in larga misura dalle
informazioni verificabili disponibili sullo sviluppo dell’attività attraverso le piattaforme, che
dovrebbero permettere di discernere se le condizioni della prestazione di servizi espresse in
una specifica relazione rientrano nella situazione descritta da tale disposizione, sempre con il
massimo rispetto per i segreti industriali e commerciali delle aziende in conformità con la
normativa, che non sono messi in discussione da queste informazioni sui derivati del lavoro
degli algoritmi o altre operazioni matematiche al servizio dell’organizzazione aziendale.

        Infine, include una prima disposizione finale relativa al titolo di competenza e una
seconda disposizione finale relativa all’entrata in vigore, che stabilisce un periodo di tre mesi
dalla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale dello Stato», periodo ritenuto necessario per




       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                   C.23
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



consentire la conoscenza materiale del regolamento e l’adozione delle misure necessarie alla
sua applicazione.

         III.

          In relazione al concorso dei presupposti abilitativi di straordinaria e urgente necessità,
deve essere presa in considerazione la dottrina del nostro Tribunal Constitucional, sintetizzata
nella base giuridica 4 della Sentenza 61/2018, del 7 giugno, secondo la quale, da un lato, è
richiesta “l’esposizione esplicita e motivata delle ragioni che sono state prese in considerazione
dal Governo nella sua approvazione”, e, dall’altro, “l’esistenza di un collegamento necessario
tra la situazione di emergenza definita e la misura specifica adottata per porvi rimedio”.

          Nel giustificare la concomitanza della necessità straordinaria e urgente, dobbiamo fare
riferimento alla litigiosità commentata in questa relazione e alla dottrina contenuta nella STS
805/2020, del 25 settembre 2020, che impone, de lege ferenda, l’adozione di una soluzione
legislativa che fornisca un necessario panorama di normalizzazione e certezza giuridica per i
lavoratori e le imprese.

         Da un lato, l’urgente necessità di bilanciare una nuova realtà economica - nella sua
forma di organizzazione - con la protezione di coloro che sono lavoratori che, pur fornendo
servizi in un modo che si discosta da quello tradizionale, sono soggetti a controllo nella loro
prestazione, fondamentalmente sui processi e sui risultati.

         In questo senso, la proposta e la sua urgenza devono essere comprese sotto il principio
della protezione intrinseca, che non può essere lasciata alla mercé di azioni amministrative o
giudiziarie a cui è affidata la funzione di garantire l’effetto utile dei diritti inclusi nello Statuto
dei Lavoratori.

         Per raggiungere questo livello di protezione, è essenziale adottare una concezione
materiale del lavoratore e una concezione funzionale dell’impresa, superando gli elementi
strumentali che impediscono di garantire l’effetto utile di un insieme di diritti minimi dei quali
si occupa il Diritto del lavoro. Altrimenti, corriamo il rischio che un numero crescente di
persone che lavorano nel contesto atipico delle piattaforme di consegna digitale siano escluse
dal loro campo di applicazione e condannate a una situazione di estrema vulnerabilità.

          Il reddito percepito dai lavoratori, i contributi di sicurezza sociale, il reddito
disponibile delle famiglie e altri effetti aggiuntivi e aggiunti che incidono sulla forza e la
resilienza del tessuto imprenditoriale, rendono questo regolamento particolarmente necessario,
date le sfide impegnate per l’Unione europea nel piano di recupero, trasformazione e resilienza.

          Pertanto, è urgente disporre di un mezzo che dia certezza, sicurezza e prevedibilità
attraverso l’adozione di questa nuova tecnica che riflette nel testo dello Statuto dei Lavoratori
le caratteristiche di una realtà produttiva altamente digitalizzata, ma che non altera il contenuto
e la portata delle note che definiscono la natura lavorativa di un rapporto di servizio in
conformità con le disposizioni dell’articolo 1.1 dello Statuto dei Lavoratori, né le sue
conseguenze. È altrettanto urgente, inoltre, garantire la parità di trattamento tra le imprese




       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                   C.24
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



«tradizionali» e quelle che utilizzano mezzi digitali di controllo basati sulla gestione algoritmica
dei dati, sulla base di una concorrenza trasparente e leale tra loro.

         Tutto ciò evidenzia l’urgenza di garantire condizioni di lavoro eque nell’economia delle
piattaforme digitali di consegna, attraverso una presunzione di impiego delle persone che
prestano servizi in questo settore, che assicuri la parità di trattamento delle imprese, sia che
operino con forme di lavoro standard o non standard; così come assicurare, infine, l’efficacia
della modifica legislativa apportata, incorporando meccanismi che garantiscano il suo effettivo
rispetto e applicazione.

         In questo senso, l’approvazione e la pubblicazione della misura fornirà certezza
giuridica agli operatori, che avranno un periodo di tempo ragionevole per fare i necessari
adattamenti al nuovo quadro giuridico, un periodo di tempo che è considerato il minimo
necessario per questo scopo.

        IV.

        Il presente regolamento rispetta i principi di buona regolazione contenuti nell’articolo
129 della legge 39/2015, del 1° ottobre, sul procedimento amministrativo comune delle
pubbliche amministrazioni, in particolare i principi di necessità, efficacia, proporzionalità,
certezza del diritto, trasparenza ed efficienza.

         Così, in conformità con i principi di necessità ed efficacia, l’iniziativa normativa è
giustificata da un motivo di interesse generale, avendo identificato gli scopi perseguiti e
comprendendo che il Regio Decreto Legge è lo strumento più appropriato per assicurare la
sua realizzazione. D’altra parte, le misure contenute nel Regio Decreto Legge sono adeguate e
proporzionate alle necessità che richiedono la sua emanazione, avendo constatato che non
esistono altre misure meno restrittive dei diritti, o che impongono meno obblighi ai destinatari.
A sua volta, come garanzia del principio della certezza del diritto, questa iniziativa normativa
viene adottata in modo coerente con il resto del sistema giuridico nazionale e dell’Unione
Europea, generando un quadro normativo di certezza, che facilita la sua conoscenza e, di
conseguenza, l’azione e la decisione delle persone e delle imprese interessate.

          Allo stesso modo, si osserva il principio di trasparenza con questo regolamento,
definendo chiaramente la situazione che lo motiva e i suoi obiettivi, descritti nella parte
esplicativa del testo e nella sezione corrispondente del rapporto di analisi dell’impatto
normativo, senza che si siano realizzate le procedure di partecipazione pubblica stabilite
nell’articolo 26 della legge 50/1997, del 27 novembre, del Governo, con l’eccezione che, per i
regi decreti legge, regola la sezione 11 del precetto citato.

       Infine, in relazione al principio di efficienza, la norma non prevede alcun onere
amministrativo aggiuntivo.

         Il presente Real Decreto-Legge è emanato ai sensi dell’articolo 149.1.7 della
Costituzione spagnola, che concede allo Stato la competenza esclusiva in materia di
legislazione del lavoro.




       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.25
         A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



         L’immediatezza con cui è necessario incorporare le modifiche di cui allo Statuto dei
lavoratori richiede l’adozione di questo regolamento attraverso lo strumento del decreto-legge,
dato che la situazione a cui si intende rispondere non può essere affrontata attraverso la
procedura legislativa ordinaria o attraverso il suo trattamento urgente. In questo senso, si deve
prendere in considerazione la dottrina del Tribunal Constitucional, secondo la quale il decreto-
legge costituisce uno strumento costituzionalmente legittimo, a condizione che il fine che
giustifica la legislazione d’urgenza sia quello di affrontare una situazione specifica, all’interno
degli obiettivi governativi, che per ragioni difficilmente prevedibili richiede un’azione
normativa immediata in un periodo più breve di quello richiesto dalla procedura normale o
d’urgenza per l’elaborazione parlamentare delle leggi, soprattutto quando la determinazione di
detta procedura non dipende dal Governo (Sentenze 6/1983, del 4 febbraio, FJ 5; 11/2002,
del 17 gennaio, FJ 4, 137/2003, del 3 luglio, FJ 3, e 189/2005, del 7 luglio, FJ 3; 68/2007, F.
10, e 137/2011, F. 7).

         In virtù di ciò, avvalendosi dell’autorizzazione contenuta nell’articolo 86 della
Costituzione spagnola, su proposta del Terzo Vicepresidente del Governo e Ministro del
Lavoro e dell’Economia Sociale, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione
dell’11 maggio 2021,

                                                  DISPONGO:

         Articolo unico. Modifica del testo consolidato della Legge sullo Statuto dei Lavoratori, approvato
dal Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre.

       Il testo consolidato della Legge sullo Statuto dei Lavoratori, approvato dal Regio
Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, è modificato come segue:

         Uno. Una nuova lettera d) è introdotta nell’articolo 64.4, con la seguente formulazione:

         «d) Essere informati dall’azienda dei parametri, delle regole e delle istruzioni su cui si
basano gli algoritmi o i sistemi di intelligenza artificiale che influenzano il processo decisionale
che può avere un impatto sulle condizioni di lavoro, l’accesso e il mantenimento
dell’occupazione, compresa la profilazione».

        Due. Viene introdotta una nuova ventitreesima disposizione aggiuntiva, con la
seguente formulazione:

          «Ventitreesima disposizione aggiuntiva. Presunzione di impiego nell’ambito delle piattaforme
di consegna digitale.

         In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8.1, si presume che l’attività delle
persone che forniscono servizi a pagamento consistenti nella consegna o distribuzione di
qualsiasi prodotto di consumo o merce da parte di datori di lavoro che esercitano poteri
aziendali di organizzazione, gestione e controllo direttamente, indirettamente o
implicitamente, mediante la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro,
attraverso una piattaforma digitale, sia inclusa nell’ambito della presente legge.




       LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                       C.26
        A. BAYLOS GRAU, Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders



       Questa presunzione non pregiudica le disposizioni dell’articolo 1.3 del presente
regolamento».

        Prima disposizione finale. Titolo competente.

         Il presente Real Decreto-Legge è emanato ai sensi dell’articolo 149.1.7 della
Costituzione spagnola, che concede allo Stato la competenza esclusiva in materia di
legislazione del lavoro.

        Seconda disposizione finale. Entrata in vigore.

       Il presente decreto legge reale entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dello Stato.

        Dato a Madrid, l’11 maggio 2021.

                                                                                        FELIPE R.

                                        Il presidente del governo,

                              PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN




      LLI, Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2421-2695                                                 C.27
