L'uso della tecnologia e il diritto di sciopero: realtà in conflitto
10.6092/issn.2421-2695/8373
application/pdf
2421-2695
8373
1
es
Maria Carmen Aguilar Del Castillo
Labour & Law Issues
L'uso della tecnologia e il diritto di sciopero: realtà in conflitto
Text.Serial.Journal
https://labourlaw.unibo.it/
4
Comparative & International Overview
2018-07-03
2018-07-02
2018-07-03
2019-05-20
C. 1-30
LLI
Maria Carmen Aguilar Del Castillo
2018/07/03
10.6092/issn.2421-2695/8373
C. 1
Universidad de Sevilla
2421-2695
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30
Toscani Giménez D., La prohibición de esquirolaje durante la huelga con especial mención al esquirolaje tecnológico, Observatorio temático de jurisprudencia, Rvta. Trabajo y Derecho, 2017, n. 30;
El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto
https://labourlaw.unibo.it/article/download/8373/8028
4
El uso de la tecnología y el derecho de huelga:
            realidades en conflicto



   Mª CARMEN AGUILAR DEL CASTILLO
           Universidad de Sevilla




                vol. 4, no. 1, 2018
                  ISSN: 2421-2695
El uso de la tecnología y el derecho de huelga:
            realidades en conflicto

                             Mª CARMEN AGUILAR DEL CASTILLO
                                                        Universidad de Sevilla
                                  Profesor Colaborador de Derecho del Trabajo
                                                             carmenag@us.es

                                  ABSTRACT

        Article 28.2 of the Spanish Constitution recognises the right to strike to
defend workers’ interests. As the positive regulation of this right is contained
in a pre-constitutional provision dated 1977, its configuration as a fundamental
right comes from interpretation and constitutional case law.
        The application of the Royal Decree 1977 to technology-based actions
of the employer has led the Constitutional Court to deny the violation of the
right to strike, and therefore to consider technological strike-breaking as a
guarantee for workers' rights.
        Including the simple absence from work in the right to strike and
excluding the ability to limit employer’s power, is a restrictive interpretation of
the essential content of the right. According to this, we consider the
technological strike-breaking as an abusive conduct of the employer
detrimental to the right to strike.
        The Constitutional Court does not take into account its previous
rulings. It states that, without express prohibition, there is no technological
strike-breaking if the employer, during a strike, uses the material resources at
his disposal to avoid the harmful consequences of collective abstention, as
such conduct expresses freedom of enterprise. The Court does not take into
account the primacy of the right to strike on the freedom of enterprise and not
only because of its position in the constitutional text, but also because the
interpretation of a fundamental right cannot imply a denial of the right itself.

Keywords: Constitution; Constitutional Court; Right to strike, Freedom of
enterprise; Strike and technical means
             M.C. AGUILAR, El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto



             El uso de la tecnología y el derecho de huelga:
                         realidades en conflicto*
SUMARIO: 1. Introducción. – 2. La función social del derecho de huelga. – 3. La
      contextualización del esquirolaje como conducta. – 4. El esquirolaje y su prohibición
      legal. – 5. La “nueva” doctrina constitucional sobre el esquirolaje tecnológico. – 5.1.
      Ausencia de regulación legal. – 5.2. El derecho de huelga y sus límites. – 6. La
      prestación de trabajo y la bicefalia en los poderes empresariales. – 7. tecnología
      «límite» natural al derecho de huelga. – 8. La Inter temporalidad de una norma. – 9.
      La conducta pasiva como cooperación necesaria del empresario a la huelga. – 10. La
      tecnología y la reinterpretación del derecho de huelga. – 11. Conclusiones



1.       Introducción
        Cualquier referencia que se haga, en la actualidad, a la relación laboral y
al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores dentro de la
misma, pasa por una referencia obligada a las nuevas tecnologías, a la
digitalización de los medios o a la robotización del trabajo.
        Nos encontramos ante una realidad en la que la neutralidad de la
tecnología no constituye una amenaza en sí misma a los derechos de los
trabajadores, será el uso que se hagan de ella la que va a condicionar de forma
más o menos amplia el ejercicio de estos derechos, favoreciéndolos o
limitándolos en función de su disponibilidad por los poderes empresariales1.
        Las relaciones laborales individuales y colectivas no son inmunes a la
tecnología y a sus avances como lo demuestra una prolífica jurisprudencia y
doctrina constitucional, no siempre pacífica, en torno al contenido y al
ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores. La modulación
que sufren estos derechos cuando se ejercen dentro de la relación laboral
deriva de la posición de subordinación o dependencia que los trabajadores
tienen frente al empresario. El derecho de libertad de empresa conlleva un
conjunto de derechos y facultades sobre la organización de la prestación de
trabajo que la legislación laboral ha ido ampliando tras las sucesivas reformas
laborales y sobre los que la utilización de las nuevas tecnologías va a ejercer un
efecto amplificador.
        El poder del empresario se define por el concurso de un conjunto de
derechos y normas jurídicas que tienden a limitarlo o modularlo siendo el
         *
            En el contexto del Proyecto de Investigación: Instrumentos normativos sociales
ante el nuevo contexto tecnológico 3.0 DER 2015-63701-C3·-3-R
         1 En este sentido Perez Rey J, El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico (o

que la huelga no impida el futbol), Rvta. Derecho Social, 2017, n. 77, p. 151.



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             M.C. AGUILAR, El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto



derecho de huelga uno de estos derechos al desplegar sus efectos jurídicos
principales dentro de la relación laboral2. No obstante, la existencia de distintas
tecnologías y de las técnicas avanzadas en su uso evidencia su versatilidad de
tal manera que, incluso puede llegar a preverse la existencia de factores o
situaciones concretas y el cómo reaccionar ante ellos.
        Existen productos tecnológicos que se adquieren para cubrir una
función cerrada, no modificable, pero, también existen otros que han sido
diseñados por la propia empresa o por otra, proveedora de aquella que,
aunque su función originaria está predeterminada y necesiten del trabajador
para ser usadas, son susceptibles de ampliación o de una utilización distinta de
la que se adquirió3.


2.       La función social del derecho de huelga
        El papel que desarrollan los medios técnicos dentro de la organización
de la actividad de la empresa, cada vez más relevante y autónomo, dificulta la
identificación de su espacio y el del trabajador y, paralelamente, favorece el
poder del empresario en su disponibilidad. Todo ello facilita la adaptación de
la tecnología a las situaciones de excepcionalidad que se generan ante el
ejercicio del derecho de huelga, pudiéndose mantener la actividad o la
prestación de servicios incluso en aquellos supuestos en los que la huelga ha
sido secundada mayoritariamente.
        Aunque el sector de producción es determinante, al menos en la
actualidad, para generar confusión en los espacios reservados a los
trabajadores y a la tecnología, lo cierto es que cada vez con mayor frecuencia
su utilización se entiende como parte integrante del poder del empresario. Se
trata de decisiones que revisten una aparente legalidad difícilmente
cuestionable, lo que dificulta de forma considerable su calificación jurídica
cuando entran en colisión con otros derechos como es el de huelga. Solo
cuando estas decisiones conllevaran la anulación o disminución de los efectos
         2    Sempere Navarro A.V. - Mareos Y De Cabo O., Uso y control de herramientas
informáticas en el trabajo (marco legal, pautas judiciales y convencionales), en San Manrtín Mazzucconi
C., Tecnología de la información y la comunicación en las relaciones de trabajo: nuevas dimensiones del
conflicto jurídico, ed. EOLAS, 2014, p. 107.
           3 Existen tecnologías en las que se conocen los factores en los que son diseñadas,

considerándose al trabajador como un factor externo a la misma, por lo que sus funciones,
en caso de ausencia pueden ser traducidas a un nuevo factor o parámetro de esa tecnología.
En otro orden de cosas la utilización de autómatas programables, cada vez más frecuentes,
solo necesita de la actividad de un diseñador de automatización para extraer de ellos
funciones para las que originariamente no estaban pensados, pero sí estaban previstas.



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de este derecho haciéndolo prácticamente impracticable podríamos afirmar
que se está vulnerando su contenido esencial.
        La delimitación del contenido esencial de un derecho parte, según el
TC de la identificación de los “intereses jurídicamente protegidos como núcleo
y médula de los derechos subjetivos”, es decir, será “aquella parte del
contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos”4. Desconociendo su “contenido esencial cuando el
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección” 5La
controversia interpretativa que provoca la existencia conflictiva de dos
derechos como el de huelga y el de libertad de empresa ha generado respuestas
divergentes en la jurisprudencia y dentro de la propia doctrina constitucional,
lo que va a demandar un acercamiento al contenido esencial del derecho de
huelga como límite natural a los poderes del empresario.
        La aproximación al contenido esencial del derecho de huelga se puede
hacer desde una forma exclusivamente descriptiva entendiéndola como, la
cesación de trabajo o, de forma funcional como “la manera en que el conjunto
de facultades en que consiste la huelga resulta ordenadas a la satisfacción real
de los intereses de los trabajadores”6. Esta doble interpretación, literal o
finalista y no necesariamente incompatible7, genera una tensión dialéctica entre
el derecho de huelga y el de la libertad de empresa que en función del
momento en el que nos encontremos y de la casuística en la que se produzca
limitará en mayor o menor medida los poderes empresariales.
        El artículo 28.2 de la Constitución Española pone en conexión la
consagración constitucional del derecho de huelga para la defensa de los
intereses de los trabajadores con la idea de lograr la igualdad económica y
social que se persigue en el artículo 9.2 CE. En este precepto se busca
restablecer el equilibrio entre partes de fuerza económica desigual 8, garantizar
su igualdad efectiva y, con ella la justicia, entre aquellos individuos y grupos en
los que se integran. Su carácter tuitivo incluye como finalidad la protección


         4  STC 11/1981, de 8 de abril (BOE 25/04/1981) FJ.8º
         5  STC 11/1981, de 8 de abril FJ.8º
          6 Baylos Grau A., Continuidad de la producción o del servicio y facultades empresariales en casos

de huelga, en Estudios sobre la huelga, coord. por Baylos Grau A., ed. Bomarzo, Albacete, 2005,
p. 92.
          7 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ. 8º. (RTC 1981/11)
          8 STC 11/1981 FJ. 22.




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         M.C. AGUILAR, El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto



última de los más desvalidos9. El derecho de huelga como instrumento de
presión busca equilibrar las fuerzas en oposición ante situaciones límite10, por
lo que una interpretación contraria o restrictiva de su contenido desvirtuaría el
derecho de los trabajadores privándolos materialmente de su contenido.
       Cuando dentro de la relación laboral entra en colisión el derecho de
huelga y el de libertad de empresa el problema fundamental que se plantea es
delimitar y definir las prácticas empresariales permitidas o prohibidas desde el
contenido constitucional del derecho de huelga. La exigua regulación legal
prevista en el RDLRT 17/199711 sobre este derecho y su ejercicio, nos lleva
indefectiblemente a la interpretación jurisprudencial y doctrina constitucional
para definir y delimitar su contenido esencial, “acudiendo, en muchas
ocasiones, a categorías y conceptos de alcance general”12
       Las diversas cuestiones que se suscitan de esta relación conflictiva
aparecen necesariamente entrelazadas en la que, un análisis individualizado de
cada una de ellas dificulta considerablemente poder aportar una solución
homogénea a las mismas. En este trabajo se va a estudiar el derecho de huelga
desde el poder del empresario, centrándonos fundamentalmente en el
esquirolaje como práctica empresarial y, dentro de él, en el denominado
tecnológico. Nos vamos a encontrar ante una conducta empresarial que, en
función de su interpretación jurisprudencial y/o constitucional nos vendrá
dada como prohibida en su utilización por constituir un límite al derecho de
huelga o como parte integrante de los poderes inherentes del empresario.


3.      La contextualización del esquirolaje como conducta
      El esquirolaje es un término que ha sufrido un acuñamiento
prosentencia por parte de la doctrina constitucional, los tribunales de justicia y
          9 Esta es la dirección en la que se encamina el artículo 9.2 CE, según su FJ. 1 de la

STC 123/1992, (BOE 29 /09/1992 ) FJ 4º, la idea del Estado social y democrático de
Derecho, “entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses
de grupos y estratos de la población socialmente dependientes”. La Carta Social Europea, de
18 de octubre de 1961 (ratificada por instrumento de 29 de abril de 1980), cuyo Preámbulo
señala que persigue garantizar “el goce de los derechos sociales”, en su artículo 6.4 reconoce
“el derecho de los trabajadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones
colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan
dimanar de los Convenios Colectivos en vigor”.
          10 STC 123/1992, de 28 de septiembre (BOE 29 /09/1992 ) FJ.2º
          11 Real Decreto-Ley 17 /1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (BOE 09-

03-1977)
          12 Sempere Navarro A.V. - Mateos Y De Cabo O., Uso y control de herramientas

informáticas en el trabajo, op. cit., p. 107.



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        M.C. AGUILAR, El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto



principalmente por la doctrina científica pero que no figura, ni en su versión
ampliada, como tal palabra en nuestro diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española resultando difícil como sustantivo su conceptualización. El
esquirolaje solo se entiende o encuentra su encaje como límite del derecho de
huelga. Con este término se ha querido identificar una conducta, generalmente
prohibida, de un sujeto, el empresario, ante el ejercicio del derecho de huelga
por parte de sus trabajadores.
        El esquirol, palabra más próxima al esquirolaje, es definida por la RAE
como “la persona que sustituye en el trabajo a un huelguista”, entendiéndose
esta sustitución como la asunción de las funciones propias de un trabajador
huelguista por otro. El “esquirolaje” equivaldría a la acción de sustitución de
estas funciones con la finalidad de anular o eliminar los efectos del ejercicio
del derecho de huelga de un trabajador. La proyección de este derecho dentro
de las relaciones de trabajo hace que sea el empresario, por la posición que
ocupa en la misma, el único sujeto que puede adoptar y ejecutar esta decisión.
Esto puede explicar el cambio de significación de esta conducta cuando quién
la realiza es la persona que sustituye a otra en sus funciones frente a quien
adopta la decisión de la sustitución. Para el primero tiene unas connotaciones
de reprobación, peyorativas y “condenables”, para el segundo, solo será una
conducta integrada en su haz competencial, permitida o prohibida en función
de los límites que se le impongan.
        La acción del esquirolaje adquiere toda su extensión cuando se utiliza
como limitador de los poderes empresariales durante el desarrollo de una
huelga. La interpretación restrictiva o amplia de su contenido va a generar, en
su relación de causalidad con los derechos opuestos, la primacía del derecho
de libertad de empresa en el primer caso y del derecho de huelga y su eficacia
en el segundo.
        En todo caso nos estamos refiriendo a una única conducta en la que el
esquirolaje constituye una reducción semántica de “la sustitución de los
trabajadores huelguistas” a la que habría que añadir y “de sus funciones” y en
la que, es el procedimiento seguido por el empresario para ejercerla el que nos
permite hablar de una triple tipología en su conceptualización.


4.     El esquirolaje y su prohibición legal
       En la actualidad el derecho de huelga y su ejercicio está regulado
positivamente por el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre




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Relaciones de Trabajo13, se trata de una norma preconstitucional que ha sido
adaptada en su contenido a la Constitución por la STC 11/1981, de 8 de abril.
El artículo 6.5, sin citarlo expresamente, es el único precepto, dentro de la
misma, que se refiere al esquirolaje y en concreto al externo cuando prohíbe al
empresario sustituir a los trabajadores huelguistas por personas que no
estuviesen vinculadas a la empresa en el momento en el que la huelga es
notificada al empresario14. Así mismo, el legislador también extiende esta
prohibición a los supuestos de cesión temporal de trabajadores a través de la
realización de un contrato de puesta a disposición con una empresa de trabajo
temporal15.
        La externalización de las actividades a través de procesos de
subcontratación como recurso para evitar los efectos de una huelga plantea
más problemas interpretativos judiciales y doctrinales. La falta de una
previsión legal sobre esta posibilidad y la incardinación del derecho del
empresario a elegir su modelo de organización empresarial en la libertad de
empresa ha dificultado la interpretación jurisprudencial. 16 Se trata de un
supuesto al que la doctrina ha denominado “esquirolaje impropio” que genera
problemas interpretativos que se están viendo acrecentados por la facilidad de
derivación que ofrecen las nuevas tecnologías al mantenimiento de la
producción hacia otras empresas. La STC 41/2006, de 13 de febrero, FJ 4º,
“sostiene que el ejercicio de las facultades organizativas del empleador no
puede traducirse en la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de
los derechos fundamentales del trabajador, ni en la sanción del ejercicio
legítimo de tales derechos por parte de aquél”17.

         13 BOE 09/03/1977
         14 Artículo 3.3 RDLRT 17/1977, “La comunicación de huelga deberá hacerse por
escrito y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación.
Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los trabajadores
mediante votación, el plazo de preaviso comenzará a contarse desde que los representantes
de los trabajadores comuniquen al empresario la celebración de la misma...”
         15 Artículo 8.a) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas

de trabajo temporal (BOE 02/06/1994) “Las empresas no podrán celebrar contratos de
puesta a disposición en los siguientes casos: a) Para sustituir a trabajadores en huelga en la
empresa usuaria”.
         16 La STS de 27 de septiembre de 1999 (RJ 1999/7304) considera que es lícita,

aunque una jurisprudencia más consolidada la considera atentatoria contra el derecho de
huelga, como la STS de 25 de enero de 2010 (RJ 2010/3125)
         17 En similar sentido la STC 75/2010, de 19 de octubre (BOE 17/12/2010) FJ. 7º.

Miñarro Yanini M., Huelga y contratas en el grupo PRISA: el plus de tutela del Tribunal Supremo frente
a la Audiencia Nacional, Rvta. CEF, 2015, n. 387, p. 117; Sempere Navarro V. - San Martín
Mazzucconi C., ¿Puede una empresa minorar los efectos de la huelga?, en Gómez-Acebo&Pombo,
Noticias Breves, enero 2014, p. 2; Escribano Gutiérrez J., El derecho de huelga en el marco de la



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        Más casuística ha generado el denominado esquirolaje interno,
relacionado con la facultad de la empresa de emplear sus poderes de dirección,
sustituyendo directamente a los trabajadores huelguistas por otros de la propia
empresa a través de su alteración funcional, de la reordenación de la actividad
productiva o del tiempo de trabajo, pudiendo afectar a los turnos, vacaciones,
permisos18 o a través de la aplicación de las reglas de la movilidad geográfica.
        La existencia de un esquirolaje interno ha sido negada por la
jurisprudencia de forma reiterada en sus primeras interpretaciones por
entender, entre otras razones, que la falta de una prohibición expresa por parte
de la Ley19, implica una habilitación al empresario para reducir los efectos de la
huelga siempre que se haga a través de la utilización de medios propios o de la
reordenación del trabajo de los trabajadores no huelguistas. (STS)
        La aceptación de la existencia del esquirolaje interno continua sin ser
pacífica, aun cuando una acertada doctrina constitucional, en primer lugar y la
interpretación judicial generada a partir de ella en segundo, han ido
considerando que el uso del ius variandi del empresario20, durante los periodos
de huelga, también ha de ser considerados prohibidos cuando afectan a su
reconocimiento como derecho21.
        Otro tipo de esquirolaje es el denominado tecnológico que puede
definirse como la utilización, por parte del empresario, de medios automáticos


descentralización empresarial, Sentencias 75 y 76/2010, de 19 de octubre, y 98 a 112/2010, de 16 de
noviembre de 2010 del Tribunal Constitucional, Rvta. Temas Laborales, 2011, n. 110, pp. 198-202;
Sanguinetti Raymond W., La tutela sustancial del derecho de huelga en las estructuras empresariales
complejas, Rvta. de Derecho Social, 2016, n. 74, p. 11ss.
          18 SSTC 123/1992, de 28 de septiembre (BOE 29/10/1992) y 33/2011, de 28 de

marzo (BOE 28/04/2011). Toscani Giménez D., La prohibición de esquirolaje durante la huelga
con especial mención al esquirolaje tecnológico, Rvta. Trabajo y Derecho, 2017, n. 30, pp. 2-7.
          19 Toscani Giménez D., La prohibición de esquirolaje durante la huelga con especial mención al

esquirolaje tecnológico, op. cit., p. 1.
          20 STC 33/2011, FJ. 4º “en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no

puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por
parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones”. Hay que tener
en cuenta que el poder de dirección del empresario se ha visto fuertemente incrementado a
través de las medidas flexibilizadoras introducidas tras las sucesivas reformas laborales,
principalmente a partir del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral. (BOE 11/02/2011)
          21 La sustitución de trabajadores durante una huelga, aun cuando se trate de

trabajadores de la propia empresa, “reduciría la eficacia de la huelga y, por ende, atentaría
contra el derecho esencial del derecho fundamental” en Toscani Giménez D., La prohibición
de esquirolaje durante la huelga con especial mención al esquirolaje tecnológico, op. cit. p. 1; Escribano
Gutiérrez J., El esquirolaje interno como ataque al derecho fundamental a la huelga (STC 33/11, de 28
de marzo, del Tribunal Constitucional, Rvta. Temas Laborales, 2012, n. 116, pp. 211-214



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o mecánicos propios de la empresa para sustituir a los trabajadores en huelga22,
sin la intervención directa de personas.
         En los distintos supuestos de esquirolaje la conducta del empresario
reduce la eficacia del derecho de huelga de los trabajadores, aunque, no
siempre, en la misma proporcionalidad en la que se aplica el poder de
dirección o el poder de organización del empresario. Es en esta relación en la
que parece definirse un esquirolaje despojado de su carácter de conducta
prohibida, integrado, por el contrario, en el haz de facultades del empresario
que solo pueden ser limitadas por la acción del legislador. Así, al menos,
parece deducirse de nuestro derecho positivo y de una larga trayectoria
interpretativa de nuestra jurisprudencia y de la doctrina constitucional, que se
ha visto muy afectada con los últimos pronunciamientos de nuestro Tribunal
Constitucional.
         De los distintos tipos de esquirolaje es el denominado tecnológico el
que constituye el objeto de este trabajo. No obstante, no puede entenderse
éste sin la confluencia interpretativa de los dos anteriores, principalmente del
interno por la similitud de sus elementos identificativos.


5.    La “nueva”              doctrina        constitucional           sobre      el     esquirolaje
tecnológico
        Con el esquirolaje tecnológico se incorpora una importante distinción
respecto del externo y el interno y estriba en que la actividad que desarrollan
los trabajadores huelguistas es suplida directa o indirectamente a través de la
utilización de máquinas o del empleo de diferentes tecnologías y no de
personas. Lo realmente importante, en este supuesto, no va a ser tanto la
sustitución del trabajador cuanto la afectación de la conducta empresarial a la
eficacia del derecho de huelga. La utilización de estos medios permite el
mantenimiento de la actividad sin necesidad de ocupar directamente un puesto
de trabajo, su relevancia dentro del conjunto de la actividad pueda ser
subsumida por otra área o sección de la empresa e incluso por agentes
externos a la misma a través de la tecnología, anulando o reduciendo los
efectos de la huelga en la actividad productiva, en el resultado final del
producto o en la prestación del servicio.



         22 Pedrajas Quiles A., El esquirolaje tecnológico, Observatorio de Recursos Humanos y

Relaciones Laborales, http://www.observatoriorh.com/revista/rr-ll-el-esquirolaje-tecnologico.



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        Con la STC 17/2017, de dos de febrero23 el Tribunal Constitucional se
pronuncia sobre la utilización durante la huelga de medios técnicos de uso no
habitual en la empresa, dando repuesta a una faceta del derecho de huelga
sobre la que no existe previamente doctrina constitucional 24 y refiriéndose con
ello al esquirolaje tecnológico.
        Los hechos que dan lugar a esta sentencia derivan de la emisión de un
partido de la Champions League, el día 29 de septiembre de 2010, por la
cadena de televisión Telemadrid, cuando prácticamente la totalidad de la
plantilla había secundado la huelga convocada. Durante todo el día solo se
emitió un programa de televisión y fue la retransmisión del partido de fútbol.
        En un día normal “la señal del partido llega a la antena de Telemadrid
sin locución. De la antena va a control central, aquí un trabajador la envía a un
locutorio, que tiene que estar encendido por un técnico y, en el que hay un
trabajador que efectúa la locución. La señal se devuelve automáticamente a
control central donde un trabajador la envía a continuidad, allí otro trabajador
pone la mosca (el símbolo de Telemadrid), y envía dos señales: una de ellas va
directamente al codificador o emisor A, con el que la continuidad tiene línea
directa e independiente, y, otra, va de nuevo a control central donde un
trabajador la envía al codificador o emisor B o línea de reserva que solo se
utiliza en casos excepcionales.
        El partido se emite durante la huelga porque hay un trabajador que no
la ha secundado y, aun cuando no es su función habitual, envía la señal al
departamento de grafismo en lugar de al de continuidad al haber secundado la
huelga todos sus trabajadores. Aunque en grafismo no tiene por cometido
introducir la mosca ni cursar la señal, el coordinador de la sección la introduce
con máquinas propias del departamento y devuelve la señal a control central,
donde se redirecciona al descodificador B que, como se ha dicho solo se utiliza
para situaciones excepcionales y como alternativa por si el descodificador A,
que es el predeterminado por la cadena, no pudiera emitir la programación
habitual.
        La organización sindical y el Ministerio Fiscal solicitan el amparo al
Tribunal Constitucional por considerar que “la actuación de la empresa se
dirigió a minimizar los efectos de la huelga” sirviéndose para ello de la
sustitución de los trabajadores huelguistas por dos trabajadores de la empresa
que desarrollaron funciones que no le eran propias y porque se han utilizado


       23   BOE 10/03/2017
       24   STC 17/1977, de 2 de febrero (BOE 10/03/2017) FJ. 3º



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medios técnicos de uso no habitual que permitieron la retransmisión del
partido25.
        El Tribunal Constitucional deniega el amparo por entender que se trata
de un hecho probado26 que las funciones que han desarrollado los trabajadores
no huelguistas estaban dentro de las suyas habituales y que los medios técnicos
utilizados, aun sin ser los habituales, están en posesión del empresario en el
momento de la huelga por lo que entra dentro su competencia su uso27.
        Aunque son diversas las cuestiones planteadas y no plenamente
resueltas en esta sentencia en relación con la propia doctrina de nuestro más
alto Tribunal, la utilización de los medios técnicos constituye su principal
aportación.

5.1 Ausencia de regulación legal
       Existe un paralelismo casi idéntico entre la base argumental adoptada
por el TC sobre la existencia de un esquirolaje tecnológico y el esquirolaje
interno como conductas limitativas de la eficacia del derecho de huelga,
aunque con interpretaciones y resultados divergentes. Para ambas la falta de
una regulación expresa dificulta, de forma considerable, la extensión del
presupuesto previsto para el esquirolaje externo en el RDLRT 17/1977. No
obstante, una interpretación inclusiva del TC sobre el contenido esencial del
derecho de huelga entiende, que la <<sustitución interna>> de huelguistas o
esquirolaje interno, durante la medida de conflicto, constituye un ejercicio
abusivo del ius variandi empresarial derecho que, con los límites legalmente
previstos, está imaginado “para situaciones corrientes o excepcionales, incluso
como medidas de emergencia, pero siempre en un contexto de normalidad

        25  STC 17/1977 FJ. 1º
        26  Sobre la prohibición prevista en el artículo 44.1 b) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE 05/10/1979), de entrar “a conocer sobre los
hechos que dieron lugar al proceso en que se alega se ha producido la vulneración” STC
17/2017 FJ. 6º. Pero como se señala en el voto particular a esta sentencia formulado por el
Magistrado Sr. D. Valdés Dal-Re, F. al que se adhieren la Magistrada Sra,. Dª Asua Batarrita,
A y el Magistrado Sr. D. Xiol Ríos, JA. “esa sujeción no obsta para <<alcanzar una
interpretación propia del relato fáctico conforme a los derechos y valores constitucionales en
presencia>>, ni veda, entonces, una valoración discrepante, sin que <<suponga una revisión
de la valoración de la prueba hecha por el juzgador, función privativa suya, sino una
interpretación nuestra de ese relato a la luz de los valores constitucionales>>
         27 STS 17/1977 FJ. 7º in fine “en el presente supuesto no ha existido lesión del

derecho de huelga. El empresario en el ejercicio de su poder de organización ha hecho un
ejercicio regular de sus funciones. La emisión del partido fue posible porque en la empresa
existían medios técnicos que permitían hacerlo y porque varios trabajadores no secundaron la
huelga.”



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con un desarrollo pacífico de la relación laboral, al margen de cualquier
conflicto”28. Considera, sin embargo, que “en un contexto de huelga legítima,
el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían
haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones
ordinarias no tiene asignadas tales funciones ya que, en tal caso, quedaría
anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a
través de la paralización del trabajo”29.
        En caso de conflicto entre el derecho de huelga y el de libertad de
empresa, es necesaria “la ponderación de los intereses en pugna a la luz de los
principios constitucionales respectivos” 30 y no, desde un discurso desde la
igualdad de posiciones entre ambas partes, unido a una interpretación
restrictiva de la prohibición del esquirolaje. Como se señala en doctrina
asentada por el TC y por el propio TS, la falta de una regulación a contrario
sensu del contenido de una norma, no puede implicar, sin más la legalidad de
cualquier conducta. La afirmación de lo que no está prohibido está permitido,
entraña una esencial ambigüedad que ha sido rechazada con vehemencia por
nuestros tribunales, por la doctrina constitucional31 y por la mayor parte de la
doctrina científica32.
        El TC en la Sentencia 17/2017, si bien reconoce la extensión analógica
del artículo 6.5 del RDLRT a los supuestos del ius variandi, aunque no lo
aplique al caso concreto por entender que los trabajadores no realizaron
funciones ajenas a las suyas, desconoce, sin embargo, su propia doctrina sobre
el contenido esencial del derecho cuando lo plantea desde la posibilidad de la
existencia de un posible esquirolaje tecnológico. En la interpretación del
derecho de huelga, que se hace en esta sentencia, se ignora el juicio de
constitucionalidad sobre su contenido para “operar desde el mero terreno de
la legalidad ordinaria y no desde la construcción de los derechos que
constituye su principal función”.
         28 STC 123/1992, FJ-3º En contra totalmente de la interpretación que el TC hace

sobre el esquirolaje interno, por entender que “la sentencia tenía el propósito previo de
mantener a toda costa la indemnidad del derecho de huelga, … El derecho de huelga es por
definición preeminente e intangible, y de ahí que no pueda tan siquiera soportar la licitud de
la conducta empresarial de suplir los huelguistas con otros trabajadores propios” en
DIEGUEZ, G.: “<<Esquirolaje>> interno y otras cuestiones (comentario a la Sentencia de
la Cassazione Italiana n. 20164, de 26 de septiembre 2007)” Rvta. Anuario Coruñéz de
Derecho Comparado del Trabajo, 1/2009, pág. 48
         29 STC 33/2011 FJ. 4º
         30 STC 123/1992, FJ. 3º
         31 STC 123/1992, FJ. 2º
         32 En contra de esta interpretación DIEGUEZ, G.: “<<Esquirolaje>> interno y

otras cuestiones .", op. cit. pág. 48



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       Se realiza una interpretación del derecho de huelga, ajena al juicio de
constitucionalidad y desciende al plano de la legalidad el ejercicio del derecho y
su eficacia. El análisis que hace sobre la posibilidad de extender
analógicamente la garantía prevista en el RDLRT al esquirolaje tecnológico se
centra en una interpretación más legal que constitucional del derecho,
coincidiendo con las antiguas posturas del TS33. El TC “cae una vez más en el
vicio de operar desde el mero terreno de la legalidad ordinaria y no desde la
construcción ex constitutione desde los derechos”34 que es lo propio de su
función.
       En la garantía legal del ejercicio de derecho de huelga, prevista en el
RDLRT 17/1997, por la que se prohíbe el recurso a trabajadores externos a la
empresa, no encuentra acomodo, ni por analogía, como ocurre para el
esquirolaje interno, la prohibición de utilización, por parte de la empresa, de
los medios técnicos con los que cuenta en el momento de la huelga. La falta de
una prohibición expresa facilita la apariencia de legalidad de la conducta del
empresario que sólo se podría hacer decaer si con su ejercicio se limitase el
derecho afectando a su contenido35. El problema se plantea cuando, como
ocurre en esta sentencia, el análisis no se hace desde la proyección que estos
hechos tienen sobre el contenido esencial del derecho de huelga sino desde la
existencia o ausencia de un precepto legal.




         33 Tascón López R., El esquirolaje Tecnológico, ed. Aranzadi, 2017
         34 Pérez Rey J, El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico …, op. cit. p. 161.
         35 SSTC 90/1997, de 6 de mayo (BOE 9/06/1997) y 66/2002, de 21 de marzo

(BOE 16/04/2002) FJ. 3º “la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del
trabajador no sean desconocidos por el empresario, …, pasa por considerar la especial
dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos
judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad solo aparente
del acto empresarial”. Un efecto colateral de entender que esta conducta forma parte del
poder empresarial es la imposibilidad de invertir la carga de la prueba, es decir, será el
demandante el que debe probar que realmente se ha vulnerado su derecho de huelga.
Mientras que si se plantea la posibilidad de que el uso de estos medios haya afectado a su
derecho bastaría con que el trabajador aporte un inicio razonable de que el acto empresarial
lesiona su derecho y si el empresario no es capaz de probar lo contrario, los indicios
aportados por el trabajador despliegan “toda su operatividad para declarar la lesión del
derecho fundamental concernido”, entre otras la STC 75/2010, de 19 de octubre, (BOE
18/11/2010) FJ. 4º. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el indicio no consiste en la
mera alegación de la vulneración constitucional de un derecho, sino que debe permitir
deducir la posibilidad real de una lesión, entre otras, SSTC 87/1998, de 21 de abril (BOE
20/05/1998), 214/2001, de 29 de octubre, (BOE 30/11/2001) o la 17/2003, de 30 de enero
(BOE 5/03/2003).



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5.2       El derecho de huelga y sus límites
        El derecho de huelga consiste esencialmente en la cesación del trabajo
con el objetivo de interrumpir la producción de bienes o servicios por parte de
la empresa, suspendiéndose temporalmente la relación laboral y limitando con
ello la libertad del empresario36. Pero con su ejercicio también se ha de
garantizar su eficacia, es decir, la satisfacción real de “los intereses de los
trabajadores para cuya consecución el derecho se otorga” 37. “El derecho de
huelga es un instrumento de presión respecto de la empresa, para equilibrar en
situaciones límite las fuerzas en oposición”38, con la paralización parcial o total
del proceso productivo se va a provocar el necesario perjuicio que el ejercicio
de este derecho provoca al empresario39, lo que significa que no puede
neutralizar sus efectos con actos o conductas dirigidas principalmente a
mantener la normalidad productiva de la empresa, amparándose en el ejercicio
de otros derechos del empresario ya sean “fundamentales” o
“infraconstitucionales”40.
        Constitucionalmente ningún derecho puede considerarse absoluto e
ilimitado y, mucho menos cuando se contextualiza en el marco propio de las
relaciones laborales en las que tiene lugar su práctica 41, como ocurre con el
derecho de huelga. La ponderación de los derechos en conflicto exige superar
el juicio de proporcionalidad al que quedan sometidos, no pudiendo derivarse
“la legitimidad de una actuación limitadora de un derecho fundamental como
es la huelga, de una interpretación sensu contrario de un precepto legal como
tampoco puede ampararse en el ejercicio de potestades directivas que, en
definitiva, derivan del principio de libertad de empresa”42, y que quedan fuera
de la protección del ordenamiento jurídico cuando se ejercen en una situación
de conflicto.
        El ejercicio del derecho de huelga puede venir limitado por el legislador
o forma mediata o indirecta por la propia Constitución. En el primer caso


         36  STC 66/2002 FJ.7 “Los poderes del empresario se encuentran limitados por el
derecho fundamental de huelga, constituyendo un resultado prohibido su utilización lesiva”
         37 La STC 183/2006, de 19 de junio (BOE 20/7/2006) FJ.10º; SSTC 29/2002,

30/2002, ambas de 11 de febrero (BOE 14/03/2002). Baylos Grau A., Continuidad de la
producción o del servicio y facultades…, op. cit., p. 97.
         38 STC 123/1992 FJ. 2º.
         39 STC 11/1981, FJ 10
         40 Pérez Rey J., El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico…, op. cit., p. 161.
         41 STC 33/2011 FJ. 6º
         42 VP. del Sr. Magistrado D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, a la STS, de 11 de

junio de 2012 (apartado 4º).



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siempre que no se contravenga su contenido esencial43 o que no afecte al
mismo. En el segundo, cuando entra en colisión con otros derechos o bienes
constitucionales a los que también hay que proteger o preservar44.
        En ambos supuestos nos encontramos ante una cuestión interpretativa
en la que el criterio a seguir debe “ser el de mayor amplitud posible del
derecho fundamental y la restricción del límite a lo necesario” 45. Este criterio
queda garantizado cuando se trata del establecimiento de servicios mínimos o
de los servicios de mantenimiento durante la huelga.
        Cuando la actividad de una empresa consiste en la prestación de un
servicio esencial a la comunidad, la autoridad gubernativa fijará unos servicios
mínimos como garantía necesaria para asegurar su mantenimiento46. La
aplicación de estos servicios trae su causa en, la satisfacción de otros derechos
y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación de los bienes
de idéntica significación”47, sin que el poder empresarial forme parte de esta
calificación48. Nos encontramos ante un límite o restricción al ejercicio del
derecho de huelga, implícito en el artículo 28.2 CE, en el que, no obstante, y
en ningún caso, “podrá rebasarse su contenido esencial, hacerlo impracticable,
obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección”49.
        El legislador impone otro límite al derecho de huelga de carácter
excepcional, cuando prevé el establecimiento de servicios de seguridad y
mantenimiento en la empresa a la que pertenecen los trabajadores huelguistas.
En los primeros se adoptan medidas de seguridad de las personas y cosas y en
los segundos, de mantenimiento sobre los locales, maquinaria, instalaciones o
materias primas. La fundamentación de estas medidas se encuentra en el
hecho de que la huelga es un derecho de hacer presión sobre el empresario,
         43  Artículo 53.1 CE “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo
del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y
libertades…”
          44 SRC 183/2006, FJ. 7º
          45 STC 183/2006, FJ.6
          46 STC 183/2006 FJ.7, se trata de la “prestación de los trabajos necesarios para la

cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero
sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual. Alzaga Ruíz I., La sustitución interna de los
trabajadores huelguistas: un supuesto de vulneración del derecho de huelga. Comentario a la STSJ Cataluña
16 de abril de 2002 (AS 2002, 1847), Rvta. Aranzadi Social, 2002, n. 2, p. 2.
          47 STC 53/1986, de 5 de mayo (BOE 20/05/1986) FJ. 3º, STC 11/1981 FJ. 18 y 19.
          48 STC 183/2006, FJ. 3º b) “a priori, no existe ningún tipo de actividad productiva

que, en sí misma, pueda ser considerada como esencial”; STC 53/1986, FJ. 3º.
          49 STC 183/2006 FJ. 3º. Aparicio Wilhelmi M., Crisis financiera y recortes de derechos: la

austeridad como dispositivo de desposesión constitucional, Rvta. De Derecho Social, 2016, n. 76, pp. 34-
36.



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“pero no es una vía para producir daños o deterioros en los bienes de
capital”50.
        Las medidas de seguridad, a diferencia del establecimiento de servicios
mínimos, corresponden a la potestad del empresario, en su condición de tal,
“y, en virtud de ello, como consecuencia de las facultades de policía de que en
el seno de la empresa está investido” 51. La adopción de estas medidas
constituye un límite claro al ejercicio del derecho de huelga, por esa razón el
ejercicio de esta potestad ha de entenderse muy restrictivamente, solo para la
adopción de medidas consideradas como imprescindibles para evitar daños o
perjuicios de imposible o muy costosa subsanación, entre las que no pueden
incluirse, en ningún caso, las orientadas al mantenimiento de la producción. La
excepcionalidad de estas medidas queda garantizada con la participación del
comité de huelga en su adopción junto al empresario.
        Las situaciones de excepcionalidad que justifican la existencia de límites
al derecho de huelga no alcanzan a explicar por qué cuando el conflicto afecta
exclusivamente al ejercicio de los poderes empresariales la interpretación que
se hace de los mismos tiende a restringir los límites del poder empresarial
constriñendo paralelamente el contenido del derecho de huelga.


6.   La prestación de trabajo y la bicefalia en los poderes
empresariales
       Los poderes del empresario derivados de su derecho de libertad de
empresa son muy amplios y abarcan multitud de facetas, entre las que se
incluyen todas aquellas que afectan a la prestación de trabajo, ya sea en su
relación con el trabajador a través del poder de dirección previsto en el artículo
20 TRET52, como en la organización del proceso productivo en el que la
relación laboral se desarrolla53. Intentar constreñir el contenido del derecho de
huelga solo al ámbito del poder de dirección nos parece, cuanto menos,
cuestionable, principalmente porque la prestación de trabajo y el ejercicio de
este poder no se entienden si no se enmarcan en una organización productiva
previa a la propia relación laboral.



        50 STC 11/1981 FJ. 20
        51 STC 11/1981 FJ. 20
        52 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 24/10/2015)
        53 STC 33/2011 FJ. 6º




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       Las alteraciones que se produzcan en la organización de los recursos
materiales de la empresa van a afectar, con mayor o menor intensidad, a la
prestación de trabajo lo que implica la necesaria adaptación de los trabajadores
a las mismas. Cuando esta alteración se produce durante el desarrollo de una
huelga hay que analizar si la medida adoptada desactiva la presión producida
por el paro en el trabajo54 limitando el derecho, con independencia de que
haya habido intencionalidad en el resultado generado55.              El control
constitucional sobre una pretendida vulneración del derecho de huelga debe
concentrarse en analizar si los actos del empresario son la consecuencia de
“una conducta estratégica u objetivamente contraria al derecho fundamental
consagrado en el art. 28.2 CE, pues la perturbación lesiva de este tipo de
derechos puede cobijarse tanto en una estrategia empresarial como en un
quebrantamiento objetivo, al margen de aquella voluntad o intencionalidad”56.
       En la STC 17/1977 FJ. 7º no se analiza la conducta del empresario, su
intencionalidad en la adopción de estas medidas, ni si la misma ha provocado
un resultado lesivo al derecho de los trabajadores. Tan solo disecciona los
poderes empresariales entre los de dirección de los trabajadores y los de
organización del proceso productivo, en el que se incluye la utilización de
todos los medios materiales con los que cuenta la empresa para mantener la
actividad. Entre ambos solo los primeros pueden verse afectados por los
límites del derecho de huelga. Esta separación no parece razonable en la
medida en la que la empresa es un todo y es la conjunción de los medios
personales y materiales con los que cuentan los que permiten desarrollar la
actividad productiva.
       La proporcionalidad y los sacrificios mutuos que se exigen al ejercicio
del derecho de huelga no puede amparar, como parece deducirse de la
sentencia de referencia, el mantenimiento de la producción o parte de ella a
través del uso de medios técnicos propios de la empresa, bajo el argumento de
que las facultades de organización del proceso productivo son independientes

         54  STC 66/2002 FJ. 7º
         55   SSTC 107/2000, de 5 de mayo (BOE 07/06/2000) y 225/2001, de 26 de
noviembre (BOE 27/12/2001) ya aprecian la existencia de una conducta antisindical (y en el
derecho de huelga está implicada la libertad sindical) “por el resultado para el derecho o bien
objeto de tutela y no por la intencionalidad del sujeto que la lleva a cabo, al margen por tanto
de factores psicológicos y subjetivos de arduo control”; Pérez Rey J., Tertulias, reportajes de
actualidad y esquirolaje tecnológico en la huelga general (a propósito de la STS de 11 de junio de 2012),
Rvta. Derecho Social, 2012, n. 59, p. 209.
          56 STC 66/2002, de 21 de marzo FJ 3; SSTC 107/2000, 225/2001. Todolí Signes A.,

El esquirolaje tecnológico como método de defensa ante una huelga (1), Rvta. Actualidad Laboral, 2014, n.
7-8, pp..833-855.



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de las facultades de organización y dirección de la prestación de trabajo,
aunque ambas integren el poder empresarial.


7.      La tecnología «límite» natural al derecho de huelga
        En otro orden de cosas, la afirmación que hace el TC sobre la falta de
doctrina constitucional sobre el esquirolaje tecnológico resulta cierta
parcialmente, las SSTC 183/2006, de 19 de junio y 191/2006, de 19 de junio 57
lo contemplan implícitamente en su relación con los servicios esenciales. En
ellas se plantea la inconstitucionalidad del artículo 3 a) y b) del RD 351/2002,
de 14 de junio58 en el que se consideraba que constituían servicios mínimos
esenciales “la emisión, dentro de los horarios habituales de difusión, de una
programación previamente grabada” y “la producción y emisión de la normal
programación informativa, durante su horario habitual”. Resulta evidente que
la producción, grabación o emisión de programas de diversa índole forman
parte de la actividad normal de la radiodifusión al igual que la utilización de los
medios técnicos que los hacen posible. La declaración de inconstitucionalidad
de este precepto no se basa en el contenido y emisión de unos programas
“enlatados”, en la medida en la que constituye una práctica habitual en la
actividad de las empresas de radiodifusión, sino en su emisión y, con ella, en la
utilización de la tecnología para poder llevarla a efecto durante el paro
provocado por una huelga. En la aplicación del juicio de constitucionalidad de
este precepto no puede separarse el carácter “enlatado” del contenido de los
programas59, de los medios utilizados para emitirlos porque, son éstos y no
aquellos los que la hacen posible privando, según el Ministerio Fiscal y la
propia STC 183/2006, “de repercusión apreciable a la huelga, sustrayéndole su
virtualidad de medio de presión y de inequívoca exteriorización de los efectos
del paro laboral efectivamente producido mediante la exigencia de una
apariencia de normalidad del servicio contrario al derecho de huelga”. Es la
condición de programa pregrabado y su emisión en ausencia de los
trabajadores lo que realmente vulnera el derecho de huelga y convierte en

        57  BOE 20/07/2006
        58  RD 351/2002, de 14 de junio, por el que se establecen las normas para garantizar
el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en el ámbito de la gestión indirecta de
los servicios públicos esenciales de radiodifusión sonora y de televisión, bajo competencia del
Estado (BOE 15/06/2002).
         59 STC 183/2006 FJ. 8º, “la propia característica de la información que se quiere

emitir, no encuentra justificación en la preservación de derecho a comunicar y recibir
información” previsto en el artículo 20.1 d) CE.



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excesivos a los servicios mínimos previstos en el RD 351/2002 y por tanto
inconstitucional al precepto que los prevé.
         Esta interpretación constitucional, sin embargo, al centrarse en la
fijación de servicios mínimos y no en la utilización –necesaria- de los medios
técnicos por parte del empresario para mantener su proceso productivo con la
emisión de programas “enlatados” sirvió de argumento para que, esta doctrina,
no adquiriera continuidad en las STS de 11 de junio de 2012, en la que la
emisión de publicidad de forma automática solo estaría prohibida si se asignase
a ella trabajadores encargados de los servicios mínimos60.
         El propio TS da un giro en su interpretación excluyente de la existencia
de un esquirolaje tecnológico, en su STS de 5 de diciembre de 2012, cuando
considera en este caso, que la emisión de publicidad de forma automática
lesiona el derecho de huelga por impedir su exteriorización, dejando “una nula
transcendencia social de la huelga”61 .


8.       La Inter temporalidad de una norma.
       En nuestro ordenamiento jurídico el RDLRT 17/1977 reconoce un
“tipo ideal” de huelga62 centrado principalmente en la cesación de la
prestación de servicios del trabajador63, lo que sin ignorar completamente los
efectos que determinados actos del empresario pueden tener sobre la eficacia
del derecho de huelga, se centra en la licitud de todas aquellas conductas que
no están específicamente prohibidas. (se centra en un concepto trasnochado
de huelga)

         60   VP. Magistrado Sr. D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, para quién la sentencia
llega a una conclusión radical con la que “el derecho de huelga puede llegar a constreñirse
hasta extremos que le hagan prácticamente ineficaz en su ejercicio, al amparo de una
protección ilimitada de la libertad empresarial”. Talens Visconti E.E., Esquirolaje tecnológico:
interrogantes abiertos, Rvta. Aranzadi Social, 2013, n. 5, p. 4; Pérez Rey J., Tertulias, reportajes de
actualidad y esquirolaje tecnológico, op. cit., p.195ss.
           61 Talens Visconti E.E., Esquirolaje tecnológico: interrogantes abiertos, op. cit., p. 5; López

Lluch M.I., El derecho de huelga: nueva doctrina sobre el “esquirolaje tecnológico” en la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 5 de diciembre de 2012” cit., BIB 2013\1667; Miñarro Yanini M., Huelga
y contratas en el grupo PRISA: el plus de tutela del Tribunal Supremo frente a la Audiencia Nacional,
Rvta. CEF. Trabajo y Seguridad Social, 2015, n. 387, p. 120; Todolí Signes A., El esquirolaje
tecnológico como método de defensa ante una huelga (1), Rvta. Actualidad Laboral, 2014, n. 7-8, pp. 835-
837; Pérez Rey J., El esquirolaje tecnológico: un importante cambio de rumbo de la doctrina del Tribunal
Supremo (STS de 5 de diciembre de 2012), Rvta. Derecho Social, 2013, n. 61, p. 163 ss.
           62 Baylos Grau A., Continuidad de la producción o del servicio y facultades, op. cit., pp. 3-19.
           63 Este cese “implica a su vez la facultad de declararse en huelga, estableciendo su

causa, motivo y fin y la de elegir la modalidad que se considera más idónea al respecto dentro
de los tipos aceptados legalmente” STC 123/1992, FJ. 4



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        Bajo este criterio es perfectamente entendible las dificultades
interpretativas que nuestros tribunales han tenido y tienen sobre las
actuaciones del empresario tendentes a minimizar los efectos de la huelga, más
allá de la situación especialmente prohibida de sustitución de los trabajadores
huelguistas por personas ajenas a la empresa 64, tal y como se ha ido poniendo
de manifiesto a lo largo de este trabajo.
        El test de constitucionalidad al que se sometió esta norma con la STC
11/1981, solo adecuó su contenido a los principios del Estado social y
democrático de Derecho que la Constitución defiende, pero no asumió una
potestad legislativa que, por otro lado, no le corresponde. El hecho de que no
se contemple como garantía la prohibición de un esquirolaje interno o
tecnológico no puede implicar a sensu contrario su licitud como se señala en la
STC 183/2006 FJ 6º, cuando afirma que la falta de una “Ley
postconstitucional no puede valer para adoptar actitudes de tolerancia respecto
de la utilización de criterios restrictivos del ejercicio del derecho”65
        La STC 17/2017 en su interpretación analógica sobre la utilización de
medios técnicos con la garantía prevista en el artículo 6.5 RDLRT 17/1977,
desciende a un plano de legalidad el contenido y la eficacia de un derecho
fundamental como, por otra parte, lo han hecho de forma recurrente los
tribunales de justicia. La STC 66/2002, de 21 de marzo, en su FJ 7º, afirma
que “las conductas realizadas por el empresario no pueden analizarse en un
plano de legalidad sino desde su eventual afectación al derecho de huelga, esto
es, atendiendo al menoscabo que podría, en su caso y a su través, haberse
causado en aquel derecho”66.
        Situar al derecho de huelga en un plano de legalidad, significa desactivar
la presión producida por el paro, manteniendo “la asimetría de poder que
establece la normalidad laboral regida por el principio de subordinación” 67.
Supone interpretar los poderes empresariales desde la perspectiva de la libertad

         64  Art. 6.5 RDLRT 17/1977
         65  STC 183/2006 FJ.6, aunque referido a los servicios esenciales, nuestro Tribunal
recuerda que “no existe ningún tipo de actividad productiva que, en sí misma pueda ser
considerada como esencial”, siendo necesario al no existir una ley reguladora del derecho de
huelga, examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en una huelga para determinar
si se han lesionado los servicios esenciales. Si la falta de previsión legal obliga a interpretar
restrictivamente el concepto de servicio esencial a la comunidad, resulta difícil entender que
la misma falta de previsión legal para la existencia de un esquirolaje interno o tecnológico,
implique una interpretación restrictiva del derecho de huelga frente al poder del empresario
que puede desplegar en toda su amplitud.
          66 STC 66/2002 FJ. 7.
          67 Perez Rey J., El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico…, op. cit., p. 163.




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amparándose en uno de sus principios rectores, “lo no prohibido
expresamente por la Ley ha de considerase permitido”. Con esta interpretación
el TC no concilia los derechos de libertad de empresa y el derecho de huelga,
sino que anula la función constitucional de un derecho fundamental
relacionado con la igualdad sustancial prevista en el artículo 9.2 CE68.
       El razonamiento utilizado por la STC 17/2017 sobre la prohibición del
esquirolaje tecnológico se centra en un juicio de legalidad por lo que, al hilo de
la normativa vigente, se trata de un mero ejercicio del poder empresarial en el
que la bicefalia a la que nos hemos referido permite extender analógicamente
la garantía prevista en el RDLRT 17/1977 sobre el ejercicio de las facultades
derivadas de poder de dirección del empresario, mientras que no es posible
esta extensión a la sustitución de los trabajadores por medios técnicos por
formar parte de las facultades de organización del proceso productivo y, en
consecuencia, de plena disposición por parte del empresario. Con esta
interpretación se está partiendo de una concepción totalmente restrictiva del
derecho de huelga en el que se está olvidando parte de su contenido esencial.


9.     La conducta pasiva como cooperación necesaria del empresario a
la huelga
       Junto a la falta de una regulación expresa la STC 17/2017 trae a
colación otro argumento que, parecía haber sido superado por su propia
doctrina y es la idea de colaboración del empresario con la huelga que subyace
en la prohibición de usar los medios de que dispone. Entiende que el
empresario ha de soportar un daño derivado de la interrupción de la actividad
por sus trabajadores, pero considera desproporcionado exigirle que se
abstenga de utilizar los medios de los que dispone para paliar sus efectos o que
desarrolle una conducta “dirigida a propiciar la divulgación de la situación de la
huelga”69. Cualquiera de estas exigencias supondría, a juicio del TC, imponerle
al empresario una obligación o un deber de colaboración por acción u omisión
con los huelguistas en el logro de sus propósitos y, todo ello, porque entiende
que la Constitución garantiza el derecho a realizar la huelga, pero no el
resultado o éxito de la misma.70

         68  Perez Rey J., El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico…, op. cit., p. 163.
         69  STC 183/2006, FJ 10.
          70 STC 17/2017 FJ. 7º. En este mismo sentido Toscani Giménez D., La prohibición de

esquirolaje durante la huelga…, op. cit, p. 4: “De otra parte, exigir al empresario que no utilice
medios técnicos con los que cuenta en la empresa supone imponer al empresario una



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       El TC resucita una jurisprudencia obsoleta por atentatoria al contenido
del derecho de huelga en la que se parte de una igualdad “inexistente” entre los
sujetos de la relación laboral, lo que facilita el ejercicio de los poderes del
empresario por encima de cualquier limitación no prevista legalmente 71. Esta
afirmación nos llevaría a encontrarnos con lo que se ha denominado la
“intangibilidad de la disposición técnica del proceso de producción por parte
del empresario”72.
       El TC olvida su propia doctrina al considerar que la licitud de las
decisiones del empresario proviene de la ausencia de prohibiciones expresas y
no de la afectación que las mismas tienen sobre la interrupción de la
producción empresarial durante el periodo de huelga73. Todos los derechos y
potestades empresariales se ejercen en ausencia de conflicto por lo que no
puede mantenerse en toda su amplitud cuando éste existe.
       La preeminencia del derecho de huelga sobre el derecho de libertad de
empresa basada, no en la posición que ocupan en el texto constitucional 74,
sino en la relación que se establece entre ambos derechos sobre la base de su



conducta de colaboración en la huelga no prevista legalmente. La utilización de medios ya
existentes en la empresa es compatible con el derecho de huelga y no puede extenderse, por
vía analógica, a este supuesto la prohibición prevista en el art. 6.5 RDL que se refiere al
empleo de los recursos humanos en la empresa, pero no a la utilización de sus recursos
materiales y tecnológicos”
          71 STS, de 4 de julio de 2000, FJ. 2º (RJ 2000/6289) en la que se dice que “no se

impone al empresario el deber o la obligación de colaboración con los huelguistas en el logro
de sus propósitos y no hay precepto alguno que prohíba al empresario usar los medios
técnicos de los que habitualmente dispone en la empresa, para atenuar las consecuencias de
la huelga”.
          72 Baylos Grau A. - Valedés De La Vega B., El efecto de las nuevas tecnologías en las

relaciones colectivas de trabajo, en Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación u Derecho del
Trabajo, coordinado por Caracuel M.R. - Esteban Legarreta R., Ed. Bomarzo, Albacete, 2004,
p. 154; Perez Rey J., El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico…, op. cit., pp. 160-
161.
          73 Baylos Grau A., Continuidad de la producción o del servicio y facultades, op. cit., p. 3;

Pérez Rey J., Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje tecnológico, op. cit., p. 208.
          74 Toscani Gimenéz D., La prohibición de esquirolaje durante la huelga…, op. cit., p. 2; por

otra parte es precisamente esta posición la que se utiliza como argumento en el segundo voto
particular formulado por el Magistrado Sr. D. Antonio Martín Valverde, al que se adhieren
los Magistrados D. José Manuel López García de la Serrana y D. Jesús Souto Prieto a la STS,
de 5 de diciembre de 2012, en el que se dice que la preeminencia que el artículo 28.2 CE
tiene respecto al artículo 38 CE, se funda en un reforzamiento o una especial protección
basado en la mayor eficacia procesal (artículo 53.1 y 2 CE), pero no significa que "los
huelguistas tengan una mayor consideración o dignidad sustantiva respecto al resto de
afectados, como los trabajadores que no secundan la huelga, los empresario y los demás
usuarios de los servicios".



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eficacia y de su función75, no puede ignorarse cuando nos referimos a las
facultades organizativas del empresario derivadas de su libertad de empresa.
Eso es lo que se hace en esta sentencia cuando califica de conducta prohibida
solo la adquisición ex profeso de bienes materiales para paliar los efectos de la
huelga. Esta interpretación acarrea un doble resultado: entender que todos los
medios técnicos que se encuentren en posesión del empresario en el momento
de la huelga, pueden ser utilizados indiscriminadamente, lo que convierte a la
capacidad de actuación técnica del empresario en un poder ilimitado frente al
derecho de huelga y, por otro lado, condicionar la vulneración del derecho a la
intencionalidad del empresario de mitigar los efectos de la huelga, obviando la
consideración objetiva que, según doctrina constitucional consolidada, ha de
primar en la interpretación de los derechos fundamentales.
        La imposición, prohibida, de una pretendida obligación de colaboración
o cooperación del empresario con la huelga solo puede entenderse desde la
imposibilidad de establecer límites al poder del empresario, lo que supone ir en
contra del contenido esencial del derecho de huelga que, en atención a sus
fines, incluye como parte integrante del mismo, la capacidad de limitar las
facultades empresariales76.
        Durante una huelga los poderes del empresario se mantienen, así como
la posibilidad de continuar con su actividad si cuenta con los trabajadores y los
medios para hacerlo77, pero esta conducta no queda amparada por el
contenido del derecho de huelga cuando el procedimiento habitual se altera o
se produce una adaptación de los medios a la nueva situación. La lectura que
se haga desde una situación conflictiva, hay que realizarla desde el derecho de
huelga y de la interpretación restrictiva de la imposición de límites a su
ejercicio y no desde el poder del empresario que no incorpora en su contenido
facultades de reacción frente al paro78. La única medida de conflicto que se

           75 Baylos Grau A., Derecho de huelga, crisis económica y gestión sindical del conflicto, Rvta.

Derecho Social, 2014, n. 66, p. 23;
           76 Perez Rey J., Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje tecnológico..., op. cit., pp. 208-

209.
           77 La conducta del empresario se entenderá lícita en función del grado de afectación

que el uso de estos medios tenga sobre la interrupción de la actividad productiva, Baylos
Grau A., Continuidad de la producción o del servicio y facultades…, op. cit., p. 3; Cruz Villalón J., 25
años de relaciones laborales colectivas. Regulación del derecho de huelga: balance y propuestas normativas,
Rvta. Relaciones Laborales, 2012, n. 23, p. 15.
           78 STS, de 5 de diciembre, de 2012. Pérez Rey J., El Tribunal Constitucional, ante el

esquirolaje tecnológico…, op. cit., pp. 155-156 y 162; Baylos Grau A., Derecho de huelga, crisis
económica y gestión…, op. cit., p. 23; Pérez Rey J., Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje
tecnológico..., op. cit., p. 208; Casas Bahaonde M.E., Derecho de huelga y Constitución. ¿Nuevas
perspectivas?, Rvta. Relaciones Laborales, I, 1994, p. 6.



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contempla para el empresario es el cierre patronal y es de carácter defensivo y
no ofensivo. Su uso está previsto solo para los supuestos contemplados en el
art. 12.179 del RDLRT 17/1977, siendo muy restrictivo en su contenido y,
considerándose ilícito en su uso cuando “vacía de contenido el derecho
constitucional de hacer huelga o se alza como barrera que lo impide porque un
simple derecho cívico no puede impedir el ejercicio de un derecho
fundamental”80.


10.      La tecnología y la reinterpretación del derecho de huelga
        Hablar de esquirolaje tecnológico implica la utilización de medios
técnicos, mecánicos o automáticos para continuar con la producción durante
el periodo de una huelga81. La tecnología genera problemas adicionales
respecto de los otros tipos de esquirolaje y es que, con su uso se puede
lesionar el derecho de los trabajadores con independencia del procedimiento
seguido por el empresario durante el paro. Actualmente la tecnología permite
mantener la producción aun en los supuestos en los que no se altere su uso
habitual o regular de los medios. También permite, en sectores como los de
comunicación e información, mantener la producción durante todo el día de
forma automática, sin que, en puridad, se haya producido una sustitución de
los trabajadores huelguistas82. La complejidad que presenta el esquirolaje
tecnológico no puede solucionarse, al menos no completamente, desde la
legalidad actual, aunque sí puede preverse sus líneas esenciales desde la
interpretación judicial o constitucional. Las enormes posibilidades que genera
la tecnología exigen un análisis individualizado de cada una de las situaciones
conflictivas en las que se vea implicada. Aunque consideramos que el
contenido esencial del derecho de huelga tiene carácter finalista, no puede
afirmarse a priori que todo aquello que reduzca su eficacia conlleva una
lesividad del derecho. A sensu contrario tampoco podemos afirmar de forma
plena que el empresario puede utilizar todos los medios de los que dispone
siempre que no sean adquiridos durante el transcurso de la huelga. En ambos

         79  Art. 12.1 RDLRT a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o
de daños graves para las cosas. b) Ocupación ilegal del centro o de cualquiera de sus
dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca. c) Que el volumen de la inasistencia o
irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción.
          80 STC 11/1981 FJ 22.
          81 Rota A., La acción sindical en la sociedad altamente tecnológica. Una reflexión sobre el contexto

italiano, Rvta. del Trabajo y de la Seguridad Social, 2018, n. 420, pp. 77-99, spec. 81
          82 STS de 5 de diciembre de 2012




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casos se debe hacer prevalecer “el criterio de la máxima efectividad del
derecho fundamental en juego, no pudiéndose sustraer virtualidad a la huelga
como medida de presión”83
        La falta de una acepción concreta sobre el “esquirolaje” dificulta su
interpretación, pero también nos permite reformularlo sin contradecir su
contenido. Si originariamente se equipara a la sustitución de trabajadores por
trabajadores externo o internos, actualmente quizás sea necesario equipararlo a
los efectos de esta sustitución. La prohibición de sustitución de los
trabajadores deriva de la necesidad de garantizar la efectividad del derecho de
huelga incluida su faceta dirigida a lograr su proyección exterior 84, por lo que
toda conducta que impida o restrinja el contenido del derecho de huelga sería
susceptible de ser prohibida por contraria al mismo85.
        Durante los últimos años se ha producido un viraje importante en el
reconocimiento de los derechos de los trabajadores, individuales86 o
colectivos87 y dentro de éstos el derecho de huelga no ha sido una excepción.
La huelga aparece en la STC 17/1977 como un derecho “funcional al ejercicio
de la libertad de empresa o a las libertades económicas de mercado”88, en la
que se está valorizando en exceso la dimensión privada, patrimonialista y
mercadotécnica de los intereses en juego89 y en los que están primando los



          83 STC 183/2006; en el mismo sentido las alegaciones del MF en su antecedente

octavo en la STC 17/2017. PEREZ REY, J.: “El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje
tecnológico…” op. cit. pág. 152
          84 En este sentido las SSTC 186/2006, FJ. 10º y 33/2011 FJ. 3º
          85 STC 186/2006;
          86 TEDH caso “López Ribalda y otros” contra España (asuntos 1874/13 y

8567/13), de 9 de enero de 2018; STC 39/2016, de 3 de marzo de 2016 (BOE 8/04/2016)
          87 SSTC 119/2014, de 16 de julio (BOE 15/08/2015) y 8/2015, de 22 de enero

(BOE 24-02-2015)
          88 Baylos Grau A., Derecho de huelga, crisis económica y gestión…, op. cit., p. 23.
          89 Romagnoli U. - Cazzetta G., Sobre la crisis del derecho laboral (una entrevista), Rvta.

Derecho Social, 2018, n. 80, p. 18, aunque referido al tratamiento constitucional del derecho del
trabajo en Italia, consideramos que es de plena aplicación al tratamiento que sobre el mismo
se está haciendo por nuestro Tribunal Constitucional. Este es el mismo sentido que se da en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos Laval y Viking (C-
438/05 de 11 de diciembre de 2007, C-341/05, 18 de diciembre de 2007, respectivamente),
en los que se pone en cuestión la primacía del derecho de huelga sobre el de libertad de
establecimiento, contemplándolos en un plano de igualdad o considerando la primacía del
segundo. Se trata de unas sentencias censuradas por el Comité Europeo de Derechos
Sociales del Consejo de Europa, en Baylos Grau A., Derecho de huelga, crisis económica y gestión…,
op. cit., p. 23; Baylos Grau A., El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción
legal de sus capacidades de acción, Rvta. De Derecho Social, 2008, n. 41, p. 123 ss; Rota A., La acción
sindical en la sociedad altamente tecnológica. Una reflexión sobre el contexto italiano, op. cit., pp. 92-95.



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derechos empresariales frente a derechos fundamentales de los trabajadores
como el de huelga90.
        Esta nueva situación está provocando por parte de los trabajadores
nuevas formas de reivindicaciones colectivas que también se están sirviendo de
la tecnología, favorecida por internet, para oponerse a los poderes
empresariales.
        Por otro lado, la tecnología está provocando que la manifestación del
derecho de huelga esté evolucionando. La táctica de las empresas está
cambiando sobre la preferencia del cierre patronal como medida de conflicto
del cierre patronal y actualmente su acción se dirige, fundamentalmente, a
mantener la producción a través de distintos medios propios o ajenos. Por su
parte, los trabajadores están desarrollando nuevas formas de reivindicación
colectiva, conscientes de que cada vez como mayor frecuencia, sobre todo en
determinados sectores fuertemente tecnificados, la paralización de la actividad
no es suficiente para conseguir su finalidad, es necesario reconducir el paro
laboral “hacia aspectos más exteriores relacionados con la comunicación y
expresión”91 la imagen externa de la empresa hoy en día supone un valor en
alza, que puede llegar a movilizar a millares de personas en un sentido u otro,
la digitalización de la sociedad engulle a todos los que la componen y la
empresa pervive gracias a ella. Esto está generando una interesante casuística
sobre la licitud de estas acciones que, hoy por hoy, está encontrando más eco
en la doctrina que en los tribunales92.


11.      Conclusiones
       La principal conclusión a la que se llega en el análisis de la evolución de
la doctrina constitucional en su interpretación de los derechos fundamentales
es que los trabajadores se encuentran en permanente conflicto con la
tecnología y están perdiendo.
       El derecho fundamental de huelga es una herramienta necesaria para
mantener el equilibrio con el poder del empresario en caso de conflicto. Es
una medida de presión que alcanza su más alto nivel de protección en nuestro
texto constitucional por entenderse que forma parte del carácter Social del

         90   Sempere Navarro A.V. - Mateos Y De Cabo O., Uso y control de herramientas
informáticas en el trabajo…, op. cit., p. 107.
          91 Pérez Rey J., El Tribunal Constitucional, ante el esquirolaje tecnológico…, op. cit., p. 152.
          92 Véase el interesante artículo sobre esta problemática en Italia de Rota A., La acción

sindical en la sociedad altamente tecnológica. Una reflexión sobre el contexto italiano, op. cit. pp. 77-99.



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Estado de Derecho, sin embargo, el imparable y necesario desarrollo
tecnológico de nuestras empresas está poniendo en jaque a los derechos de los
trabajadores y, la jurisprudencia y la reciente doctrina constitucional están
colaborando a ello.
         El denominado esquirolaje tecnológico dentro de las relaciones
laborales evidencia una realidad a la que no se le está dando respuesta o, se
está haciendo de forma equivocada. La nueva doctrina del TC sobre la
imposibilidad legal de entender como sustitución, de un trabajador huelguista,
la utilización de medios mecánicos nos lleva a la nueva dimensión en la que se
encuentra el Derecho del Trabajo, la intangibilidad del poder tecnológico
como parte integrante del derecho de libertad de empresa.
         La capacidad de limitar el poder empresarial, que integra el contenido
esencial del derecho de huelga, se está vaciando de contenido desde el
momento en el que se diseccionan los poderes que lo integran. Separar el
poder de dirección y organización de la prestación de trabajo, del poder de
organización de los medios productivos significa reservarse una parcela de
poder que, afectando directamente a los trabajadores por la posición de
subordinación que ostentan, se les niega la posibilidad de reacción contra las
decisiones que se adopten.
         El TC hace una interpretación reduccionista del derecho de huelga,
ignora su condición de derecho fundamental y su necesario juicio de
constitucionalidad ante la colisión de derechos constitucionales en conflicto, y
condiciona su ejercicio a la cobertura legal de una casuística concreta como es
la utilización de la tecnología para impedir la imposición de límites al poder
empresarial. Casuística que, por otro lado, en el año 1977 era impensable.
         Los nuevos trabajos, las nuevas estructuras empresariales, la
digitalización de muchos servicios y todas aquellas formas de trabajo y trabajos
que están por llegar encuentran su denominador común en la tecnología.
Ignorarla en su afectación a los derechos de los trabajadores va a implicar una
reconquista de los mismos a, los que probablemente, también les sirva la
tecnología.
         Actualmente la tecnología solo existe y es necesaria, el conflicto que
genera no le corresponde a ella sino a quién la utiliza. Nos encontramos ante
un nuevo poder, el tecnológico el cual, a diferencia de la mayor parte de los
poderes, lo ostenta quien lo controla y no siempre coincide con el titular del
mismo.
         La reducción de la eficacia del contenido esencial del derecho de huelga
a una mera cuestión de legalidad impide a nuestro juicio que podamos hablar



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de la existencia de una doctrina constitucional capaz de condicionar los
pronunciamientos judiciales posteriores a ella.


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