Basta a nuestra idea observar que el príncipe conserva la prerrogativa esencial de nombrar, destinar o separar del encargo a sus ministros, y que el poder de estos es por consiguiente delegado del poder real. No de otro modo imposibilitada la nación de ejercer en masa las soberanas funciones legislativas, delega periódicamente su poder originario en sus representantes o diputados, para que juntamente con el príncipe den la perfección y complemento a los actos de la legislación. Mas así, como ni la nación entera, ni una sección de ella por numerosa y calificada que sea, puede absorber aquel supremo poder comunicado para ejercerle por sí misma; así tampoco puede el príncipe en caso alguno ejercer inmediatamente por sí función alguna de las que la ley le comete, sino que le es indispensable ejercerlas, y expresar su voluntad en todos y en cada uno de los actos, por el conducto legal de sus ministros en el departamento respectivo. Esto es lo que ha establecido sabiamente nuestra carta constitucional en el art. 325, cual dice:

"todas las órdenes del rey deberán ir firmadas por el secretario del ramo a que el asunto corresponda y para que no falte precaución que asegure el cumplimiento de esta regla capital de los gobiernos representativos, "ningún tribunal, ni persona pública (añade el mismo artículo) dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito." Ni hay en estas disposiciones más que un espíritu de orden y de justicia, juntamente con el de un perdurable y sagrado respeto a la persona del príncipe. El jefe visible y permanente del estado no conviene que pierda el afecto de sus súbditos y es una invención, honrosa para el entendimiento humano, crear una entidad moral inviolable y inaccesible a la influencia de los intereses personales. Por otra parte no conviene que los hombres ejerzan poder alguno, sin que se someten a la responsabilidad que corresponde a los abusos que hagan de él. 