De las 7 proposiciones, continuó, las pruebas están en substancia redactadas a que responda en sus destinos a todo simple que hubiesen sido separados por los ministerios, desde el 7 de marzo de 1814, y se hace seguridad que muy extraño que no se haya pensado en extender esta disposición a todos los que han tenido igual suerte en el año 14. Yo no veo para esta diferencia otra que una razón, y es que los empleados del año de 1814 han sido separados por adictos al sistema constitucional, y por aptos para servir los destinos, circunstancias que no se podrían decir en muchos de los renovados desde el 7 de Marzo, y aun me parece que no cabe comparación entre unos y otros; ¿no se pudiera creer que la reposición de los empleados removidos desde dicho día dejaba abierta la puerta para que el general Elío volviese a tomar el mando, para que ese autor Pérez saliese de la junta apostólica de Portugal donde está metido y volver a colocar en el puesto que antes tenían? A tales resultados podrían conducir las proposiciones que voy examinando; pero sin citar más ejemplos, diré que por la Constitución es una de las atribuciones peculiares del poder ejecutivo el nombramiento de los empleados, que en todas las naciones civilizadas del mundo son amovibles a voluntad del gobierno; ¿cómo podría de otra suerte exigirse la responsabilidad de los ministros, si se les obligara a valerse de gentes que no merecen su confianza? Se supone que el poder ejecutivo ha de proceder con justa causa para la separación o remoción de los empleados; de contrario sería darle un espíritu de arbitraria y injustísimo; pero no por eso es preciso que haya de preceder la formación de una causa como se establece en dichas proposiciones, porque esto sería lo mismo que hacer de un empleo un patrimonio, una propiedad, un mayorazgo; y luego ¿quién había de sentenciarla? El gobierno? El poder ejecutivo? Los secretarios del despacho, se debería seguir ante el poder judicial? Y entretanto ¿se obligaría a los ministros a que se sirviesen de unos hombres en quienes no tenían confianza? La intención de dichas proposiciones no teniendo otro objeto, que el de acreditar las cualidades que han de acompañar a los empleados y las reglas que han de guardar en su colocación, no aporta los inconvenientes que las anteriores y pertenece con efecto a las cortes el número de empleados, sus sueldos &c; pero la comisión de hacienda tiene en este ramo meditado un proyecto, que acaso llenará los deseos del congreso, y cuando se presente será la ocasión más oportuna de que se examine bien a fondo este asunto. El señor conde de Toreno apoyó lo dicho por el señor Sierra Pambley, y dijo que las proposiciones de que se trata, aunque 