No cabe duda, decía entre otras cosas, que sin la fuerza que sirve de apoyo a las leyes, éstas perdían pronto todo su vigor, ni que la disciplina militar reconoce por base la subordinación que exige el que no se oponga a los mandatos de su jefe, ni examine el sentido de sus órdenes. Las mismas Cortes extraordinarias que formaron el código penal de la Constitución tuvieron mucho presentes estos principios, y al paso que examinaron la libre opinión política de todos los españoles, reconocieron la absoluta necesidad de conservar esta subordinación en el ejército y de hacer recaer todo el rigor de la ley militar sobre los que fallasen a su deber, imponiendo la más estrecha responsabilidad a los jefes encargados de mantener la disciplina. En el procedimiento del marqués de Castelar no hay por de modo directo ni indirectamente intercedió de parte de las ordenanzas, se sabe que la profesión de oficial es libre, y que al abrazarla por su propia elección renuncian al ejercicio de aquellos derechos que los ciudadanos no militares pueden usar con mayor amplitud, es decir que renuncian al ejercicio de los derechos contrapuestos con las obligaciones que determina la ordenanza. Esta prohibe al subalterno el murmurar ni hablar mal de sus jefes, y con aún mayor razón el escribir contra ellos. El marqués de Castelar no ha considerado el exceso de Aguilera sino principalmente militar; no acudió a la justicia de Carranza porque trataba de que se culpara a la muchachita por haber tenido imprudencia escritos, y así se ve que continuó influyendo en la vida de Aguilera por medio de tales procedimientos contra su subalterno por haberle sido fiel a su palabra y respeto que la disciplina le impone con sus superiores; la constitución instruye a conocer estos fueros, cuya disposición en el artículo previene que los militares gocen de algún privilegio aparte de la ordenanza. En concluyendo, no está diciendo que sin subordinación no hay disciplina, y que si ésta faltaba parcialmente la seguridad del estado. 