Sobre  este  punto  no  hubo  discusión  entre  los  moralistas.  Pero  Vio-
lado el  precepto  de  la  ley,  ¿hay  obligación  moral  de  cumplir  la
pena  señalada  á  esa  violación?

Alfonso  de  Castro,  para  contestar  á  esta  pregunta,  distingue  las
dos  clases  de  leyes  penales  que  antes  hemos  indicado.  Si  la  ley  se
dirige,  no  al  reo,  sino  al  juez,  encargándole  que  sea  él  quien  deter-
mine é  imponga  la  pena,  ésta  sólo  obliga  cuando  ha  precedido  sen-
tencia judicial.  Pero  si  la  ley  es  de  aquellas  que  se  refieren  direc-
tamente al  reo,  y  por  sí  mismas  determinan  é  imponen  la  pena,
ésta  obliga  aun  antes  de  la  sentencia  del  juez  (1).
Esta  opinión  de  Castro,  en  que  se  ve  algo  del  formulismo  del
antiguo  derecho  romano,  fué  unánimemente  rechazada  por  todos
los  moralistas  que  escribieron  después  de  él,  entre  los  cuales  me-
rece citarse  Santiago  Simancas,  que  demostró  la  necesidad  del  pro-
ceso judicial  para  que  el  delito  sea  públicamente  conocido,  el  reo
pueda  defenderse  y  se  discuta  el  hecho  apreciando  todas  las  cir-
cunstancias. Por  otra  parte,  sería  absurdo  que  en  una  misma  per-
sona se  juntasen  el  reo  y  el  juez.  Y  tratándose  en  particular  de  los
herejes,  dice  contra  el  mismo  Alfonso  de  Castro,  que  son  legítimos
poseedores  de  sus  bienes,  y  que  ni  la  ley  civil  ni  la  eclesiástica
pueden  obligarles  á  entregarlos  al  fisco  sin  que  preceda  sentencia
judicial  (2).
7.  De  la  extensión  de  la  ley  penal  en  cuanto  al  territorio,  ape-
nas hablan  los  antiguos  jurisconsultos  más  que  para  resolver  las
cuestiones  de  jurisdicción  y  competencia.  Luis  de  Peguera  (3)  y


(1)    De  potest.  leg.  poeii.,  1,  I,  c.  9.  Y  con  más  amplitud  en  su  obra  De  insta  haerct.pnnit
{2,     De  catholicis  instit.,  tít.  IX.
