Claro está que nuestra discusión, en vez de ser diplomática, esto es, sobre las razones de interés nacional que pueden inducir en el tratado, que pueden dictar su necesidad o probar su conveniencia, tendrá solo por objeto examinar los fundamentos de la ley constitucional, que reserva al soberano, congreso de los representantes de España, la facultad de consentir en la permuta, en la venta, o en la cesión por otro título cualquiera del dilatado país de la América septentrional, conocido con el nombre de las Floridas. Primeramente suponemos declarado en la constitución que estos actos de magnación de una parte grande o pequeña, del territorio español, forman propios del príncipe o sea del poder ejecutivo. Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las cortes, son propios de la autoridad real (art. 171 párr. 3.). En este derecho está indudablemente que el legislador consultó las circunstancias en que se hallan especialmente las naciones del continente americano, entre las cuales quedaría lógicamente inferior estricto respeto y fines el uso de sus mismas fuerzas, la que no autorizase al jefe del estado para unas declaraciones, que son por su índole instantáneas, según la conducta o los designios de los demás gabinetes, y los resultados de la guerra. No eran aplicables a nuestro siglo ni a nuestra organización social los ejemplos de las repúblicas antiguas de la Grecia o de Italia, donde el pueblo ejercía este derecho, dirigiéndolo comúnmente la prudente aprobación de un senado. Y si en ese sistema efímero, aunque asamblear, respetable por un gran número de aciertos, se cayó en Francia en el error de dejar solamente al rey la proposición formal y necesaria de la guerra, exigiendo para decidirla un decreto de la cámara legislativa; las siguientes constituciones que tuvieron algún uso, especialmente las que admitieron el elemento monárquico, dejaron al poder ejecutivo este derecho, conforme a la opinión más sensata, y al principio de la... 