Es un deber de los Gobernadores en el mes de febrero de ca< *\?/
ño, y en vista de los datos previamente reunidos, dar cuenta á los Mi-
nisterios respectivos del estado moral, intelectual y económico de la
provincia, del resultado de los servicios en el año anterior y de las re-
formas y mejoras de que sean susceptibles los ramos sujetos á su inspec-
ción y vijilancia; todo sin perjuicio de proponer y dar cuenta en todo
tiempo de lo que se ha referido antes y de cuanto mas consideren digno
de atención y remedio.
No puede formarse causa al mismo Gobernador por sus actos, co-
mo tal funcionario público, sin previa autorización acordada en Consejo



_36—
de Ministros á propuesta del de la Gobrnaeion, cuya autorización no es
necesaria para los delitos de imposición de castigo equivalente á pena
personal arrogándose facultades judiciales, exacción ilegal, falsedad en
las listas electorales y percepción de multas en dinero; no siendo tam-
poco necesaria dicha autorización para proceder contra aquellos cuando
no entreguen á los tribunales competentes en el término de ocho dias
las personas detenidas de su orden con las dilijencias que hubiere prac-
ticado; entendiéndose concedida la autorización cuando el Gobierno de
S. M. oido el Consejo de Estado, remita el tanto de culpa al Tribunal
Supremo de Justicia para que proceda contra el Gobernador.
