Pero  ademas  ¿se  quiere  mas  evidencia  de  la  confusión  y  obscuridad  en  que  yace  esta
interesante  materia,  que  la  que  resulta  de  que  personas  sumamente  entendidas  en  admi-
nistración f  que  en  este  ramo  tienen  principios  que  kan  estado  y  eetán  aplicando  recien-
temente, y  después  de  la  ley  de  i  de  abril  de  1845  no  han  podido  ponerse  de  acuerdo
acerca  de  lo  que  se  entiende  y  debe  entenderse  por  negocio  contencioso-administrativo?
^Podrá  negar  nadie  la  mas  fundada  competencia  á  los  Sres.  D.  Juan  Felipe  Martipez
Almagro,  consejero  real  en  la  sección  de  lo  contencioso-administrativo ,  D.  Vicente  Vaz*
quez  Qúeipo,  subsecretario  del  ministerio  de  la  Gobernación,  y  D.  Pedro  Gómez  de  la
Sema  subsecretario  y  ministro  que  ha  sido  del  mismo  ramo?  Pues  estos  tres  señores  que
son  diputados,  estuvieron  en  desacuerdo  acerca  de  lo  que  debe  considerarse  contencioso-
adminislrativo  (1).
Sin  embargo,  de  los  discursos  de  estos  trca  entendidos  señores  diputados  puede  cole-
girse que  para  calificar  un  negocio  de  contencíoso-administrativo  son  necesarios  tres  re-
quisitos, á  saber:

1.^    Que  haya  un  acto  de  adminislracion:

2.»    Que  este  acto  perjudique  al  derecho  de  un  particular:

3.*"    Que  la  materia  no  pertenezca  al  derecho  civil  ni  al  penal.
Se  añado  que  por  utilidad  publica  puede  concederse  la  calidad  de  negocio  contencioso  ad-
ministrativo á otros,  qqe  no  siéndolo  por  su  naturaleza,  la  ley  cree  deber  atribuirse.
